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Boletin 750. Del 10 AL 20 de marzo 2017

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ÍNDICE

01. RAJOY ELUDE CONTESTAR EN INGLÉS A UN PERIODISTA DE LA BBC

02. RAJOY AMENAZA CON EL ADELANTO ELECTORAL TRAS EL BLOQUEO DEL DECRETO DE LA ESTIBA

03. EL GOBIERNO FRACASA Y NO LOGRA CONVALIDAR EL DECRETO DE LOS ESTIBADORES

04. LOS LETRADOS DEL CONGRESO RECHAZAN LOS VETOS DEL GOBIERNO

05. EL PSOE LOGRA QUE SE RECONSIDEREN LAS COMPATIBILIDADES DE LOS DIPUTADOS

06. EL CONGRESO CONSTITUYE LA PRIMERA COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN DESDE 2004

07. EL GOBIERNO GASTA 25 MILLONES DE EUROS EN ASESORES A DEDO PARA LOS MINISTROS

08. LA CONDECORACIÓN POLICIAL A LA VIRGEN DEL AMOR LLEGA AL SUPREMO

09. EL MINISTRO DE JUSTICIA, DE FIESTA CON UN DEFRAUDADOR A HACIENDA

10. LAS ASOCIACIONES DE JUECES SE UNEN CONTRA LESMES

11. JUECES PROGRESISTAS ACUSAN AL SUPREMO DE LEGITIMAR "PURGAS IDEOLÓGICAS"

12. LA ELECCIÓN DEL TC SE RETRASA TRAS IGNORAR OLLERO LA LLAMADA DEL GOBIERNO A RETIRARSE

13. WERT PRESIDE EN 'SECRETO' LA COLOCACIÓN DE SU CUADRO DE 20.000 EUROS EN EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN

14. 72 COLEGIOS QUE SEPARAN A SUS ALUMNOS POR SEXOS RECIBEN 113 MILLONES AL AÑO DE SUBVENCIÓN PÚBLICA

15. LOS ESTADÍSTICOS DEL ESTADO PIDEN A ECONOMÍA LA DESTITUCIÓN DEL PRESIDENTE DEL INE POR LA “DEGRADACIÓN” DEL ORGANISMO

16. EL GOBIERNO DEL PP NO HA RETIRADO NI UN SOLO VESTIGIO FRANQUISTA EN SUS CINCO AÑOS DE MANDATO

17. ALICANTE REPONE EL NOMBRE DE CALLES FRANQUISTAS POR ORDEN JUDICIAL

18. VÍCTIMAS DEL FRANQUISMO DENUNCIAN A RAFAEL HERNANDO POR CALIFICAR DE "ENTRETENIMIENTO" LA BÚSQUEDA DE FAMILIARES DESAPARECIDOS

19. EL PP IMPIDE RETIRAR LOS HONORES A FRANCO EN LA LOCALIDAD TOLEDANA DE MORA

20. CAJA ESPAÑA PRESTÓ A SU PRESIDENTE 79 MILLONES SIENDO CONSEJERO MARTÍNEZ MAÍLLO

21. MAILLO DECLARARÁ COMO IMPUTADO EN EL FIASCO DE CAJA ESPAÑA

22. LA FISCALÍA INVESTIGA OPERACIONES DE LAS CAJAS ESPAÑA Y DUERO QUE PERDIERON 120 MILLONES

23. LA BAJA PARTICIPACIÓN EN LOS CONGRESOS DEL PP DEJA AL DESCUBIERTO CENSOS INFLADOS

24. EL PP MUESTRA UNA "AMNESIA GENERALIZADA" ANTE EL IMPAGO DEL CONGRESO DE 2008

25. DIPUTADOS DEL PP QUE PIDEN INVESTIGAR LA FINANCIACIÓN DE LA OPOSICIÓN, SEÑALADOS POR CORRUPCIÓN

26. COSPEDAL, SALVADA POR SOLO EL 5% DE LOS MILITANTES DEL PP DE CASTILLA‑LA MANCHA

27. C.A.ANDALUCÍA. LA FISCALÍA PIDE INVESTIGAR 25 EMPRESAS VINCULADAS AL LÍDER DEL PP DE ALMERÍA

28. C.A.ANDALUCÍA. UNA TRÁNSFUGA CON SUELDO DE PORTAVOZ BLINDA AL LÍDER DEL PP DE ALMERÍA ANTE UNA MOCIÓN DE CENSURA

29. C.A.BALEARES. EL JUEZ ENVÍA DE NUEVO A MATAS AL BANQUILLO POR PREVARICACIÓN Y FRAUDE

30. C.A.BALEARES. EL JUEZ CASTRO SIENTA EN EL BANQUILLO AL PRESUNTO FINANCIADOR DEL PP DE MADRID POR PREVARICACIÓN Y FRAUDE

31. C.A.MADRID. EL GOBIERNO DE CIFUENTES TOMA EL CONTROL DEL NUEVO PP DE MADRID

32. C.A.MADRID. CIFUENTES INSISTE EN QUE LA DOCUMENTACIÓN QUE PIDE LA UCO ES DE GOBIERNOS ANTERIORES Y SE DESLIGA DE FUNDESCAM

33. C.A.MADRID. EL 'HOMBRE FUERTE DE CIFUENTES', DE 'COMIDA' EN UN BAR FRANQUISTA

34. C.REGION DE MURCIA. EL EXPRESIDENTE DE MURCIA SE PLANTEA IRSE DEL PP Y CREAR OTRO PARTIDO

35. C. REGIÓN DE MURCIA. EL INVESTIGADO PEDRO ANTONIO SÁNCHEZ TOMA LAS RIENDAS DEL PARTIDO POPULAR MURCIANO

36. C.VALENCIANA. GÉNOVA ESTABA AL TANTO DE LOS PAGOS EN 'B' EN LA CAMPAÑA DE RITA BARBERÁ

37. C.VALENCIANA. EL FISCAL DEL CASO TAULA APRECIA UNA "DINÁMICA DELICTIVA" EN EL GRUPO MUNICIPAL DEL PP DE VALÈNCIA

38. C.VALENCIANA. GRAU ENTREGÓ 350.000 EUROS EN BILLETES DE 500 PARA PAGOS DE LA CAMPAÑA DE BARBERÁ, SEGÚN SU EXASESOR

39. C.VALENCIANA. LA GUARDIA CIVIL REFUERZA LOS INDICIOS DE FINANCIACIÓN ILEGAL DEL PP DE RITA BARBERÁ


01. RAJOY ELUDE CONTESTAR EN INGLÉS A UN PERIODISTA DE LA BBC

"Bueno, no, hombre, no vamos a hacer...", respondió el presidente del Gobierno sin dejarle terminar

Es bien sabido que el inglés no es uno de los fuertes del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy. Este viernes, en una rueda de prensa en Bruselas, donde ha asistido a una reunión del Consejo Europeo, ha eludido contestar a un periodista de la BBC. "Una pregunta en inglés sobre el Brexit, si no le importa", le dijo el periodista después de presentarse. "Bueno, no, hombre, no vamos a hacer... Venga, adelante", respondió Rajoy apuntando con el dedo para dar la palabra a otro reportero, presumiblemente español.

Después del conocido "it's very difficult todo esto" que dijo a sus entonces homólogos británico y holandés, David Cameron y Mark Rutte en 2012, el presidente del Gobierno ha dado muestras de sus dificultades con el inglés en varias reuniones europeas. La última fue en octubre de 2016. Le preguntaron cuándo sería su debate de investidura. Quería decir que se celebraría en una semana, pero lo que respondió fue: "Bueno, one hour".

En el programa En la tuya o en la mía, de Bertín Osborne, el presidente reconoció que el inglés, pese a las clases particulares que recibe, "le cuesta".

http://politica.elpais.com/politica/2017/03/10/actualidad/1489158432_274175.html

02. RAJOY AMENAZA CON EL ADELANTO ELECTORAL TRAS EL BLOQUEO DEL DECRETO DE LA ESTIBA

El presidente del ejecutivo reprocha que "para castigar al gobierno no se puede jugar con el prestigio y el crédito de España"

El bloqueo vivido el pasado viernes con el decreto de la estiba, contraviniendo la sentencia europea que obliga a la reforma del sector, "no se puede volver a repetir nunca", según ha asegurado hoy el presidente del Ejecutivo Mariano Rajoy, apelando al efecto que ese tipo de situaciones provocan en "la imagen y el crédito" internacional de España e incluso entre los posibles inversores. Así, ha asegurado que su intención es agotar la legislatura, pero ha emplazado para lograrlo a que los partidos de la oposición "se fijen en el interés general y actúen con responsabilidad". "Para castigar al gobierno no se puede jugar con el prestigio y el crédito de España", ha reprochado.

Rajoy ha viajado a Málaga para clausurar el cónclave del PP andaluz que ha reelegido presidente a Juan Manuel Moreno Bonilla. Allí ha cargado contra quienes "han roto las reglas de juego", atribuyendo a PSOE y Ciudadanos la responsabilidad del fracaso del Congreso el pasado viernes, y ha considerado que "uno de los parlamentos más importantes de Europa no puede votar en contra de una sentencia del tribunal europeo".

Así, recordó que tras las pasadas elecciones de junio de 2016, "la gente nos pidió pactar y dialogar para gobernar", aseveró, "pero los pactos obligan a todos, a los que son gobierno y a quienes son oposición porque lo han querido", sentenció. Minutos lanzó una pulla en este sentido al PSOE: "algunos aún no se han aprendido que solo tienen 85 diputados". No obstante, se mostró confiado en que "podamos arreglarlo" para dar imagen de estabilidad, política y por extensión económica. "Haré todo cuanto esté en mi mano, pero pido un poco de responsabilidad al resto, que también están obligados".

En este punto, Rajoy rememoró que se han dejado atrás años muy duros, en los que se tomaron "decisiones difíciles pero sin las cuales no estaríamos aquí", y que lo que toca ahora es perseverar en las reformas económicas para dejar atrás definitivamente la crisis y recuperar la posición de liderazgo. El líder del PP ha insistido de nuevo en la posibilidad de recuperación del empleo, alcanzando 20 millones de trabajadores en 2020. A su juicio, nada será posible si se da marcha atrás a las reformas emprendidas, no se adoptan otras nuevas y no se genera la confianza y estabilidad para atraer a nuevos inversores que crean empleo y permiten mantener unos servicios de atención a las personas como no hay en ningún lugar. "Hablemos bien de España", animó, "hablemos bien de nuestra casa y nuestra patria, de aquello en lo que creemos".

En su intervención se refirió además al "enésimo anuncio" de ETA, en alusión al plan de desarme anunciado estos días, aunque ha pedido que dé un paso más allá de entregar las armas y "de paso, se disuelva". Por si acaso, ha dejado clara que la postura de los conservadores no se mueve. "En este país ni se paga precio político por eso, se cumple la ley, que es la voluntad de la gente".

http://www.elconfidencial.com/espana/2017-03-17/eleccion-presidente-constitucional-ollero-ignora-llamada-gobierno_1349802/

03. EL GOBIERNO FRACASA Y NO LOGRA CONVALIDAR EL DECRETO DE LOS ESTIBADORES

La derogación del texto legal es un duro varapalo parlamentario al Ejecutivo sin precedentes desde 1979

El Gobierno ha sido incapaz de convalidar en el pleno del Congreso el real decreto ley que regula la liberalización de los estibadores y que aprobó el consejo de ministros del 24 de febrero. El Ejecutivo sufre en el Congreso un triple varapalo: parlamentario, económico y europeo. Destaca el coste parlamentario, porque nunca desde 1979 —y salvo un error que se solventó inmediatamente en 2009—, un Gobierno no había podido reunir la mayoría simple necesaria para convalidar un decreto ley. El Ejecutivo da muestra de debilidad política al no haber podido sumar apoyos a la norma, porque finalmente solo ha tenido la abstención de Ciudadanos y el voto a favor del PNV, frente al resto de la Cámara para dibujar la sonora derrota parlamentaria. La derrota en la votación anticipa las dificultades de Mariano Rajoy para sacar adelante los Presupuestos y avanzar en la legislatura.

Incluso sale aún más deteriorada la relación del PP con su principal socio, Ciudadanos, por el malestar del Gobierno por los giros de Albert Rivera y por abandonarles en el último momento en estas circunstancias. Han sido 142 votos a favor, 175 en contra y 33 abstenciones (Íñigo Errejón se ha abstenido por error).

Una sentencia europea del 11 de diciembre de 2014 obligaba a cambiar el sistema de funcionamiento de la estiba en España. Hasta ahora no se había llevado a cabo la reforma. Pero el Gobierno este año, justo cuando no tiene mayoría absoluta, aceleró el proceso: a principios de febrero de este año presentó su reforma. Con el decreto ley del Gobierno, de solo cuatro artículos, se rompieron los monopolios con los que todavía opera el sector de la estiba: se liberalizó el establecimiento de las empresas en los puertos y la contratación de trabajadores. Las compañías que quisieran operar, no tendrían que participar de una Sagep (la sociedad anónima de gestión de estibadores portuarios que ahora tiene el control) ni contratar obligatoriamente a sus estibadores con determinadas condiciones laborales. Sin embargo, la norma necesitaba el apoyo parlamentario, y no lo ha logrado.

El decreto ahora queda derogado y el conflicto laboral seguirá abierto una vez que los sindicatos de estibadores han rechazado todas las ofertas de la patronal y del Gobierno. Los trabajadores de la estiba, eso sí, han desconvocado la huelga prevista para mañana en los puertos.

El varapalo económico y laboral deja al Ejecutivo inerme ante las exigencias de los trabajadores del sector, que piden que se mantenga un sistema de listas cerradas para acceder a los puestos de estibador. La derrota parlamentaria lanza mensajes de debilidad sobre el margen de maniobra del Ejecutivo en esa negociación y en futuros conflictos.

Además, según ha explicado desde la tribuna el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, el decreto ley es consecuencia de una sentencia europea que ha acumulado una multa a España de 27.500 euros al día desde la resolución de la justicia europea en 2014 hasta hoy, acumulando una deuda de 23 millones de euros. La multa pasará a ser de 134.000 euros al día, siempre según su versión. Para eso falta una decisión judicial que todavía debe llegar de Bruselas.

Ese dinero todavía no ha tenido que desembolsarse, pero es cierto que la comisaria europea de Transporte, Violeta Bulc, advirtió de que España debería hacer frente a la sanción si no lograba una regulación que se adaptara al mandato comunitario. Y, como le han hecho ver varios portavoces durante el debate, el Gobierno de la mayoría absoluta y la entonces ministra de Fomento y ahora presidenta del Congreso, Ana Pastor, no solucionaron el problema desde 2014.

Derrota ante Bruselas

Reacciones del ministro de Fomento tras el rechazo del decreto de la estiba. VÍDEO: ATLAS
La derrota hacia Europa se refiere al hecho de que la Unión Europea había bendecido el texto del decreto y ahora España queda en situación difícil ante las autoridades comunitarias al no poder cumplir sus exigencias. Rajoy exhibe ante Bruselas una estabilidad que ahora queda cuestionada.

El Ejecutivo buscó el acuerdo con Ciudadanos y con el PNV, aunque los votos de estos partidos junto a los del PP, tampoco eran suficientes. Quiso completarlos con abstenciones de diputados de otros grupos como el PDeCAT, pero tampoco lo logró. Desde el inicio, el PSOE se mantuvo en el no, por más presiones que hizo el Gobierno.

Incluso, el miércoles hubo un estrambote con el intento del Gobierno de aprovechar la ausencia de tres diputadas de los grupos que rechazaban el decreto que estaban en viaje oficial en Nueva York, que tuvieron que volver precipitadamente y que, finalmente, han estado presentes en la votación.

Ciudadanos anunció solemnemente el miércoles que votaría a favor y su apoyo junto al del PNV hubiera sido suficiente con la ausencia de las tres diputadas. Pero el partido de Albert Rivera rectificó con la misma solemnidad justo antes del debate hacia la abstención al conocer la imposibilidad de sacar adelante la votación, abandonando así al Gobierno cuando pasaba su peor trago parlamentario.

"No se me ha dicho ningún punto que haya que cambiar, no se ha entrado en el fondo o contenido de este decreto y se han tenido en cuenta otras circunstancias", ha señalado el ministro. De la Serna ha expuesto en la tribuna compromisos pactados con el PNV para lograr su apoyo, aunque sea insuficiente.

El ministro ha culpado al PSOE del mantenimiento del conflicto laboral de los estibadores por haber insistido desde el principio en que no apoyaría el decreto cuya retirada se pide en la huelga. Y ha advertido de las graves consecuencias de que las grandes empresas abandonen puertos españoles si se mantiene el monopolio.

Críticas a la gestión

Ana Oramas, portavoz de Coalición Canaria, y apoyo de Rajoy en su investidura, ha arremetido significativamente contra el Gobierno, acusándole de "falsedad" y criticando duramente al Ejecutivo por la gestión del decreto que ella ha rechazado con su voto.

César Ramos, en nombre del PSOE, ha exigido un pacto previo con los trabajadores, antes de aprobar un decreto. "Señor ministro, siéntese mañana a negociar y que no haya paros de los sindicatos para, en un tiempo razonable, buscar un acuerdo", ha concluido.

"El no va a ganar porque la multa la van a pagar los españoles y no los causantes con su salario. Han dado un sopapo al Gobierno en el rostro de los españoles", según Miguel Barrachina, diputado del PP, que ha lamentado la "falta de altura del Parlamento". Según sus cálculos, la multa supondría la contratación de mil médicos y el decreto solo cumple la condena de Europa y, por eso, es de obligado cumplimiento.

Tras la derrota de su Gobierno en la votación, Rajoy ha traspasado la nube de periodistas en el pasillo del Congreso remitiéndose al ministro de Fomento. Y éste compareció para lamentar "la falta de responsabilidad política de quienes no han impedido que los españoles paguen la multa" que, según él, empezará a acumularse desde el 24 de marzo. No ha aclarado si el Gobierno intentará aprobar otro decreto y ha criticado a los grupos por no haber permitido la convalidación y luego haber forzado su tramitación como proyecto de ley para incluir enmiendas.

http://economia.elpais.com/economia/2017/03/16/actualidad/1489651738_641246.html

04. LOS LETRADOS DEL CONGRESO RECHAZAN LOS VETOS DEL GOBIERNO

Un informe jurídico respalda que la Mesa no frene iniciativas de la oposición

El Gobierno basa parte de su estrategia para sobrevivir en minoría frente al Parlamento en los vetos a las proposiciones de ley, argumentando que afectan a los Presupuestos. El asunto de fondo que ha llegado al Tribunal Constitucional es si esa potestad es absoluta. La Mesa del Congreso ha recibido un informe de los servicios jurídicos de la Cámara, al que ha tenido acceso EL PAÍS, que argumenta en 40 folios que esa capacidad puede ser limitada por las Cortes, porque de otra forma se impediría el funcionamiento del poder legislativo.

Un informe legal de los letrados del Congreso avala la posición de la Mesa de la Cámara de rechazar vetos del Gobierno a proposiciones de ley de la oposición. El informe detallado lo firma la letrada jefe de la Asesoría Jurídica de la Secretaria General del Congreso, Paloma Martínez Santa María, será estudiado en los próximos días por la Mesa del Congreso, y formará parte de las alegaciones de las Cortes en su conflicto con el Gobierno ante el Tribunal Constitucional.

El Gobierno ya ha vetado 23 iniciativas de la oposición en aplicación del artículo de la Constitución que le permite hacerlo cuando afectan a los Presupuestos. En dos casos concretos , la reforma del estatuto de los trabajadores y la ley de Educación, la Mesa hizo caso omiso de los vetos y siguen el trámite de enmiendas parciales, tras ser aceptado en el pleno. Y la Moncloa decidió ir al Constitucional por entender que las Cortes no pueden limitar su facultad, es decir que es ilimitada. Está en juego el desarrollo de toda la legislatura y saber si la Mesa puede levantar esos vetos. El informe de los letrados deja claro que esa capacidad de veto “Debería configurarse en términos excepcionales y restrictivos”, porque “se impide que las Cámaras ejerzan la potestad legislativa”.

Y puede ser aún más importante porque en teoría el veto puede establecerse también para las enmiendas a los Presupuestos, es decir, que el Gobierno puede utilizar ese instrumento en el trámite parlamentario de las cuentas del Estado, con el argumento de que las descuadra.

Hasta ahora los tres representantes del PP en la Mesa se oponen siempre a que se rechacen los vetos del Gobierno. Los dos del PSOE y los dos de Unidos Podemos cuestionan la mayoría y, en todo caso, defienden la potestad de la Cámara de limitarlos.

El Gobierno ha presentado ya 23 vetos a todo tipo de iniciativas, incluidas algunas votadas por el PP. Por ejemplo, una procedente del Parlamento de Galicia y aprobada por la mayoría absoluta de los populares.

La semana pasada vetaron una proposición de Podemos para equiparar los permisos de maternidad y paternidad.

Y los dos miembros de Ciudadanos mantienen una posición intermedia en la que admiten la limitación pero casi siempre apoyan al PP y, por tanto, los vetos que proceden de La Moncloa. Es decir, a falta de un pronunciamiento del Constitucional que aún no tiene fecha siquiera para empezar a debatir una resolución, se discute uno a uno cada uno de los vetos que comunica el Gobierno.

El informe legal asegura claramente que “el Parlamento debe poder modificar la actuación del Gobierno, pero ello es imposible si tiene limitada la posibilidad de realizar sus propias propuestas legislativas”. Es decir, que si el Congreso se limitara a darse por enterado de los vetos del Gobierno, quedaría en nada su capacidad para actuar como poder del Estado que establece la Constitución.

El informe hace un recorrido histórico y de la jurisprudencia del Constitucional para desmontar los argumentos del Gobierno y concluir que la “capacidad de calificar de la mesa está avalada” por el Tribunal.

Potestad limitada

"La potestad del Gobierno se configura como una potestad limitada que no puede ser ejercida arbitrariamente o de forma manifiestamente irracionable por el Gobierno. Y, en esos mismo límites, controlable por la Mesa del Congreso. La limitación del citado veto deriva de la Constitución", añaden los letrados del Congreso.

Incluye un análisis de contexto político y social para concluir que “lo que ahora se exige al Parlamento, integrado por los representantes directos de los ciudadanos, es capacidad de interactuar con la realidad ciudadana y de responder adecuadamente a las necesidades legislativas planteadas por los ciudadanos”.

Los vetos, según la Constitución, deben referirse estrictamente a proposiciones de ley que afecten a los Presupuestos en vigor. Sin embargo, los letrados del Congreso enmiendan el argumento del Gobierno y señalan que en algunos casos no se refieren a las cuentas en vigor sino a las futuras y ni siquiera “se identifican las partidas presupuestarias”.

La crítica de los letrados incluye el reproche a que ni siquiera se aclaran las partidas cuando el Congreso les pide explicaciones. Reiteradamente, según le dicen al Ejecutivo, evita aclarar esos datos. Por ello, el informe explica que “las razones no son objetivas y suficientes”.

El PSOE recurre el veto sobre el impuesto al sol

El PSOE presentó este jueves mismo un escrito en la mesa del Congreso para que se reconsidere el veto del Gobierno al autoconsumo eléctrico, es decir, la proposición de ley que pretende derogar el llamado impuesto al sol.

El veto del Gobierno fue avalado en la Mesa el martes por los representantes del PP y de Ciudadanos.

http://politica.elpais.com/politica/2017/03/16/actualidad/1489688087_699857.html

05. EL PSOE LOGRA QUE SE RECONSIDEREN LAS COMPATIBILIDADES DE LOS DIPUTADOS

El Congreso retira del orden del día el informe que iban a rechazar los socialistas en solitario

El PSOE ha logrado que se reconsideren las compatibilidades de todos los diputados para tener actividades remuneradas al margen del escaño. Este jueves iba a votarse en el pleno el informe de la Comisión del estatuto del Diputado que autoriza esos trabajos.

Finalmente, la presidenta del Congreso, con el visto bueno de todos los grupos, ha decidido retirarlo del orden del día y devolverlo a la Comisión para que se estudie de nuevo y se compruebe que se cumple lo declarado.

En esa comisión el PSOE se opuso a conceder la compatibilidad de casi 40 diputados hasta que no se les hiciera comparecer para explicarlas. PP, Podemos y Ciudadanos rechazaron que se pidieran esas explicaciones y aprobaron el informe. Los socialistas iban a rechazarlo este jueves en el pleno en la parte referida a los más de 30, frente a los otros tres partidos, algo que no había ocurrido nunca.

Fuentes del Grupo Socialista aseguran: "Esta decisión nos parece acertada y que esperamos que en comisión se tomen las medidas necesarias para evitar que se repitan casos como los de Martínez Pujalte o Gómez de la Serna ".

http://politica.elpais.com/politica/2017/03/08/actualidad/1488994010_629448.html

06. EL CONGRESO CONSTITUYE LA PRIMERA COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN DESDE 2004

Investigará si el Ministerio del Interior hizo un uso partidista de las fuerzas de seguridad

El Congreso constituyó este jueves la primera comisión de investigación desde 2004, cuando se creó la referida a los atentados del 11-M. "Comisión de Investigación sobre la utilización partidista en el Ministerio del Interior, bajo el mandato del ministro Fernández Díaz, de los efectivos, medios y recursos del Departamento y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado con fines políticos", es el nombre concreto de la comisión que presidirá Mikel Legarda del PNV. PP y PSOE intentan, frente al resto de grupos, limitar su alcance.

Aún no ha hecho más que constituirse la primera comisión de investigación de la legislatura, la primera en casi 13 años, y ya se apunta una primera batalla entre los grupos sobre su alcance y el nivel de los comparecientes. PP y PSOE ya advierten de que se opondrán a que comparezcan agentes de policía y quieren limitar las citaciones a responsables políticos de ese ministerio, empezando por Jorge Fernández Díaz, ahora diputado popular.

Por lo contrario, Unidos Podemos, ERC y PDECat avisaron de que solicitarán la comparecencia de policías vinculados al caso, como el comisario José Villarejo, ya jubilado, que declaró ante el juez que trabajó para la llamada Operación Cataluña. Esos partidos quieren también que comparezca el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y la expresidenta del PP catalán y actual secretaria primera de la Mesa del Congreso Alicia Sánchez-Camacho, y el jefe de gabinete del presidente, Jorge Moragas. Ni populares ni socialistas son partidarios de citarles.

Para el socialista Antonio Trevín el testimonio de Fernández Díaz es clave porque, en su opinión, organizó una “policía política” que actuó “fuera de la legalidad para perseguir a adversarios políticos”.

Todas las decisiones, incluidas las comparecencias y las conclusiones, se adoptan por mayoría, con voto ponderado; es decir, los dos principales partidos tendrán capacidad de decidir. La próxima reunión será el día 21 para estudiar el plan de trabajo. Las comparecencias son públicas, pero sus trabajos a puerta cerrada, como una ponencia de cualquier comisión parlamentaria.

La creación se aprobó en el pleno el mes de septiembre pasado a instancias del PSOE y, básicamente, se refiere a las conversaciones reveladas por Público entre el entonces ministro y el director de la oficina antifraude de Cataluña en las que hablaban de crear acusaciones contra rivales políticos. Esas gestiones están relacionadas con lo que se llamó “policía patriótica” o grupo de agentes que buscaba desacreditar a políticos vinculados al proceso independentista en Cataluña.

“Es una de las prácticas más fuertes del Estado contra las libertades. Es el watergate español”, señaló en el inicio el representante de Unidos Podemos-En Comú, Xavier Domènech.

Populares y socialistas acordaron retrasar el inicio de la comisión por la enfermedad de Jorge Fernández, pero ahora prefieren que no se prolongue para facilitar que avancen otras.

Está aprobada la comisión de investigación sobre la crisis bancaria y que presidirá Ana Oramas (Coalición Canaria), a la espera de que se constituya en abril y no ha pasado de la petición en el registro la firmada por PSOE, Podemos y Ciudadanos sobre las cuentas del PP y la de los populares sobre las cuentas de todos los partidos.

Discrepan sobre finanzas

En principio, está asegurada la aprobación de la referida a las cuentas del PP, incluso aunque este partido vote en contra. La pedida por los populares es rechazada a día de hoy por socialistas, Podemos y Ciudadanos.

Los tres partidos entienden que lo prioritario es buscar las responsabilidades políticas de casos que están en los tribunales sobre las cuentas del PP. Añaden como argumento que el resto de partidos pueden ser investigados en la que el PP sí puede crear en el Senado con sus votos.

Para la comisión sobre el PP también piden la comparecencia de Rajoy algunos de los promotores, empezando por Podemos.

Además, la próxima semana comparecerán en una subcomisión que estudia medidas contra la corrupción los tesoreros de todos los partidos.

http://politica.elpais.com/politica/2017/03/09/actualidad/1489058332_933084.html

07. EL GOBIERNO GASTA 25 MILLONES DE EUROS EN ASESORES A DEDO PARA LOS MINISTROS

Cuatro eventuales cobran más que el presidente y 18, más que los ministros a los que asesoran

El primer Gobierno de Mariano Rajoy gastó al menos 25,6 millones de euros en contratar asesores eventuales para sus ministerios. Esa fue la cantidad que destinó entre 2012 y 2015 a pagar los sueldos de trabajadores que no pasan por ningún proceso selectivo para ocupar puestos retribuidos con más de 60.000 euros brutos de media al año. Entre 2012 y 2015, el gasto en asesoría creció un 16,7%.

En el primer año de la X legislatura, los 13 ministerios contaban con 123 asesores eventuales, con el Ministerio de Industria, Energía y Turismo, entonces dirigido por José Manuel Soria, a la cabeza de la lista con 18 de estos puestos de confianza. En 2015 también Industria, con 19 asesores, lidera la clasificación, pero en todos los departamentos ministeriales han aumentado estos puestos, que suman 137.

Cuatro de los asesores eventuales que trabajan directamente para ministros y secretarios de Estado cobran más que el propio presidente Mariano Rajoy. Tres de ellos asesoran a Cristóbal Montoro en el Ministerio de Hacienda y uno, a Luis de Guindos en el de Economía. La directora de Comunicación de Montoro percibe hasta un 21% más que Rajoy porque roza los 100.000 euros; el sueldo del presidente en 2015 fue de 78.185 euros.

Cobrar más que un ministro

Hasta 18 de estos trabajadores cobran más que los propios ministros a los que asesoran. Estos últimos percibieron 68.982 euros de retribución bruta en 2015, y hay 18 consejeros cuyos sueldos anuales oscilan entre los 69.000 y los 99.000 euros brutos. Entre ellos hay directores de gabinete de secretarios de Estado, directores de comunicación, asesores parlamentarios y asesores de comunicación.

Pese a que trabajan para todos los ciudadanos y sus sueldos proceden de los Presupuestos Generales del Estado, los asesores de los ministros y del presidente del Gobierno eran hasta la entrada en vigor de la Ley de Transparencia poco menos que un secreto de Estado: ni sus nombres ni sus retribuciones eran públicos. Organizaciones como Civio llevan años reclamando que se conozca quién asesora al Gobierno.

En 2015 el Gobierno publicó por primera vez un listado que los identificaba e informaba del servicio que realizan y su retribución en 2012 y 2013. Sin embargo, desde entonces no solo no lo ha actualizado, sino que ha tratado de evitar por todos los medios volver a dar los datos. Varios de los asesores que vieron sus nombres publicados se quejaron y el Gobierno decidió ocultarlos.

Sus currículos nunca han sido públicos, por lo que los ciudadanos no pueden comprobar si tienen la formación y experiencia necesarias para desempeñar su labor. Algunos son muy versátiles. Al menos cinco asesores han cambiado de ministerio en un mismo año. Ha habido trasvases de Exteriores a Educación, de Fomento a Presidencia, de Agricultura a Presidencia y de Educación a Justicia.

La diferencia con otros puestos es evidente. Cuando se nombra a un funcionario asesor por procedimiento de libre designación, es decir, se le cambia de puesto dentro de la Administración, sí se conoce porque se publica en el Boletín Oficial del Estado, con su nombre y dos apellidos.

Después de una serie de peticiones de información amparadas en la Ley de Transparencia, y de un trámite administrativo de casi año y medio, EL PAÍS ha conseguido los datos de 2014 y 2015 de los asesores de los ministros.

El gasto anual en este tipo de asesoría supone, de media, más de 490.000 euros al año por ministerio, según el análisis realizado a partir de estos datos. El ministerio más austero fue Exteriores, que en 2014 gastó 235.687 euros en los cinco asesores a los que retribuyó ese año. Industria empleó más del triple, 845.208 euros, en los sueldos de sus 19 asesores en 2015.

Por ahora no es posible comparar con Gobiernos anteriores, porque entonces no había una Ley de Transparencia que amparara este tipo de solicitudes.

Los asesores del presidente, un misterio

Al dato de los 25,6 millones de euros empleados en cuatro años para pagar las nóminas de estos trabajadores habría que sumar a los que asesoran directamente al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy. Pese a que son el grupo más numeroso, este diario no ha conseguido que Presidencia del Gobierno desvele quiénes son ni cuánto ganaron en 2014 y 2015. Sí se sabe, porque así lo hizo público el propio gobierno, que en 2013 eran 26 personas, y costaron más de 1,5 millones de euros al erario público.

"Celebramos que el Gobierno cumpla con la resolución del Consejo en un tema tan relevante para la transparencia y la rendición de cuentas. Esperamos que publiquen los datos del personal del ministerio de Presidencia también", asegura Alba Gutiérrez, portavoz de la organización Access Info. "Hacemos un llamamiento al Gobierno para que las retribuciones con dinero público de publiquen de forma proactiva y no haya que esperar un año y medio para conocer la información", añade.

En los ministerios hay muchas decenas más de trabajadores eventuales nombrados a dedo que en la relación de puestos de trabajo (RPT) de la Administración aparecen, por ejemplo, bajo la figura de "consejero técnico". Habría que sumarles para conocer el gasto total del Gobierno en asesores de confianza, como a los funcionarios de carrera nombrados a dedo para un puesto en el que cobran más que en su plaza. Estos datos, por ahora, son imposibles de obtener.

Nombres que no aparecen

EL PAÍS también ha detectado varios casos de errores y omisiones, tanto en el listado hecho público con datos de 2012 y 2013 como en los datos que los propios ministerios han aportado gracias a la Ley de Transparencia. Hay asesores dedicados a tareas de comunicación cuyos nombres no aparecen (ni sus salarios). Otros han estado contratados por empresas públicas pese a dedicarse a asesoría en gabinetes de secretarios de Estado. Ni el Ministerio de Presidencia ni el de Hacienda y Función Pública explicaron qué criterio se sigue para facilitar unos nombres y no otros.

El número de asesores que pueden tener los miembros del Gobierno se recoge en el Real Decreto 1887/2011. Los gabinetes de los ministros están formados por un director, con rango de director general, y por un máximo de cinco asesores.

Los gabinetes de los secretarios de Estado también tienen director y un máximo de tres asesores. Los directores son altos cargos y se da cuenta de sus nombres y retribuciones en una relación que sí se publica en el Portal de Transparencia. A diferencia de lo que ocurre con los asesores, también se pueden consultar sus currículos.

Los nombres y sueldos de los asesores eventuales deben ser públicos, según el criterio conjunto elaborado por el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno y la Agencia Española de Protección de Datos, porque ocupan "un puesto de especial confianza" y están en él por "un procedimiento basado en la discrecionalidad". Como en el caso de los altos cargos, estas plazas, obtenidas a dedo y donde trabajan directamente bajo las órdenes de ministros y secretarios de Estado, prima el interés público sobre la protección de datos y la intimidad, concluyen los dos organismos públicos.

"No deberíamos tener que esperar tanto para conocer las retribuciones de cargos públicos; si hubiera verdadera voluntad de transparencia se publicarían de forma proactiva", afirma Gutiérrez. "Este cumplimiento de la resolución del Consejo demuestra la importancia de disponer de una Ley de Transparencia", añade.

Qué hacen otras Administraciones

La Comunidad de Madrid (PP) publica en su página web los nombres y sueldos brutos anuales de sus asesores. Tiene unos 140 que cuestan a los madrileños alrededor de 7,5 millones de euros al año. La Generalitat de Catalunya (Junts pel Sí) también mantiene un listado actualizado mes a mes de sus altos cargos y asesores, con mención incluso a la fecha en la que empezaron a trabajar.

El Ayuntamiento de Madrid, en manos de Ganemos Madrid, publica asimismo mucha información sobre sus cargos a dedo: son 134 asesores que cuestan casi 8,8 millones de euros. Incluye los currículos, de forma que cualquiera pueda comprobar qué formación y experiencia tienen.

Transparencia fuerza a Guindos a revelar quién le asesora

El único ministerio que se negó oficialmente a desvelar las retribuciones de la mayoría de sus asesores fue el de Economía. Ocho de los 12 trabajadores a dedo del departamento de Luis de Guindos, entre ellos su directora de comunicación, alegaron cuestiones relativas a protección de datos de carácter personal, y su propio ministerio aceptó esas alegaciones. Sin embargo, sus datos no se consideran especialmente protegidos, es decir, no entran en las excepciones que prevé la ley (ideología, afiliación sindical, religión...). De hecho, los nombres de algunos de ellos figuran en la página web del ministerio. Lo que pretendían ocultar, por tanto, era únicamente su sueldo.

El Consejo de Transparencia tuvo que remitir en enero de 2017 un oficio de reiteración a Economía instando a cumplir su resolución de julio de 2016 en la que daba la razón a EL PAÍS. "No se entiende las razones por las cuales se ha estimado necesario abrir un trámite de alegaciones", afirma el oficio, que recuerda que la propia Administración publicó datos sobre personal eventual en 2015 que siguen disponibles online. Finalmente, y después de casi año y medio, todos los ministerios tuvieron que entregar la documentación.

http://politica.elpais.com/politica/2017/03/10/actualidad/1489167016_017099.html

08. LA CONDECORACIÓN POLICIAL A LA VIRGEN DEL AMOR LLEGA AL SUPREMO

La polémica concesión en 2014 de la Medalla de Oro al Mérito Policial a Nuestra Señora María Santísima del Amor vuelve a los tribunales. En esta ocasión, al Supremo. Europa Laica y el Movimiento Hacia un Estado Laico (MHUEL), las dos asociaciones que hace tres años denunciaron ante la Audiencia Nacional dicha condecoración, han presentado un recurso extraordinario de revisión para que la Justicia anule la sentencia de la Audiencia Nacional que a finales de 2015 dio validez a la concesión de dicha distinción. Para ello esgrimen como nueva prueba un documento de 2012 de la Dirección General de la Policía desconocido cuando se produjo el fallo en el que se detallaban los criterios para otorgar dichas medallas policiales y que, en opinión de ambas asociaciones, fueron vulnerados por el Ministerio del Interior en el caso de la concedida a la Virgen del Amor. En 2014 el departamento que dirigía Jorge Fernández Díaz rechazó que el caso siguiese la vía contencioso administrativa porque la Virgen del Amor no era "funcionaria".

El recurso destaca que dicha resolución interna implementó en mayo de 2012, ya con Fernández Díaz al frente del Ministerio, “los criterios y procedimientos a seguir para las propuestas de ingreso en la Orden del Mérito Policial”. Entre ellas, dicho documento señalaba que estas medallas debían ser propuestas por unidades policiales, jefes de las mismas o las organizaciones sindicales de los agentes junto con una explicación de los hechos que merecían ser objeto de distinción, para que posteriormente la Subdirección General “competente por área de actividad” emitiese un informe como paso previo para su traslado a la Junta de Gobierno de la policía, que es el órgano que finalmente concede dichas distinciones. En opinión de Europa Laica y MHUEL ninguno de estos pasos se dio en el caso de la condecoración a la Virgen del Amor.

En su escrito, las dos asociaciones destacan que dicho documento no se incorporó en su día a la causa que se siguió en la Audiencia Nacional porque los denunciantes desconocían su existencia dado su carácter interno y porque Interior no lo mencionó en sus escritos de defensa ni lo aportó a la causa. De hecho, Europa Lacia y MHUEL aseguran que tuvieron noticia de ella después de que un medio de comunicación publicase el pasado mes de diciembre que la Audiencia Nacional había fallado en otra causa a favor del Sindicato Unificado de Policía (SUP) para que este tuviera acceso a la información contenida en el historial profesional de los agentes propuestos para recibir una medalla y utilizara precisamente la resolución de mayo de 2012 de la Dirección General de Policía para argumentar su decisión.

El recurso de revisión presentado ahora ante el Tribunal Supremo incluye tanto esta sentencia como el documento interno de la Policía, y asegura que si la Audiencia Nacional hubiera tenido noticia de este último “habría declarado la nulidad de las actuaciones por haber prescindido la Administración actuante, total y absolutamente, de este procedimiento legalmente establecido. La Resolución de 11 de mayo de 2012, por tanto, habría puesto de manifiesto el error de la resolución recurrida al no apreciar la nulidad de la orden por motivos formales”, añaden las asociaciones en su escrito.

La decisión de Europa Laica y el MHUEL de presentar este recurso de revisión alarga un proceso judicial que dura ya casi tres años. Iniciado en abril de 2014, la primera magistrada que lo asumió, la titular del Juzgado Central de lo Contencioso Administrativo número 7, Ana María Jimena, llegó a poner fecha para la vista: el 11 de junio de aquel año. Sin embargo, un escrito de Interior obligó a suspender la misma poco antes de celebrarse al alegar entonces que la Virgen no era "funcionaria" y que, por lo tanto, era obligatorio que la causa fuera tramitada y fallada por una sala compuesta por cinco jueces. Ese escrito obligó a la magistrada a plantear un "incidente de competencia" en el que finalmente acordó remitir la causa a sus compañeros de la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional.

Estos también tuvieron que demorar su decisión durante varios meses por diversas incidencias procesales planteadas por la Abogacía del Estado en representación del departamento de Fernández Díaz, hasta que finalmente en noviembre de 2015 dictó la sentencia que avaló la concesión de la medalla a la Virgen del Amor por tres votos contra dos. Parecía que entonces el pleito llegaba a su fin. Sin embargo, Europa Lacia y MHUEL decidieron en marzo de 2016 recurrir en amparo ante el Tribunal Constitucional, que cuatro meses dictaba una providencia para rechazar la admisión del mismo al no apreciar “especial trascendencia constitucional” al caso. Ahora, el Tribunal Supremo tendrá la última palabra.

http://politica.elpais.com/politica/2017/03/14/actualidad/1489501001_326389.html

09. EL MINISTRO DE JUSTICIA, DE FIESTA CON UN DEFRAUDADOR A HACIENDA

Rafael Catalá asistió al cumpleaños de Manuel Torreblanca, el empresario que fue condenado a dos años de prisión y tuvo que devolver 4 millones de euros

Ocurrió hace un par de semanas. Manuel Torreblanca, el marido de la empresaria y mecenas Liliana Godia, celebró su cumpleaños en un exclusivo restaurante de Baqueira Beret.

Pese a que Torreblanca acabó pactando con la Fiscalía, en junio de 2015, una pena de dos años -con lo que evitó entrar en prisión, a cambio de devolver más de cuatro millones de euros defraudados-, el ministro del Partido Popular no tuvo reparos en dejarse ver en la estación de esquí situada en el valle de Arán con la pareja que defraudó a Hacienda. Todo ello a pocos días de que se conociera la sentencia del TSJC sobre el expresidente de la Generalitat, Artur Mas.

Las confidencias del ministro

Según desvela ‘Economía Digital’, además de Rafael Catalá, importantes empresarios como Enrique Lacalle o Javier Faus también acudieron a la fiesta organizada por los Godia. Un evento en el que el ministro reflejó su preocupación por la posible evolución de la convocatoria del referéndum, por parte del presidente catalan, Carles Puigdemont.

Confidencias que Catalá compartió con el matrimonio Godia, que llegó a estar acusado de cometer hasta nueve delitos contra la Hacienda Pública.

El último escándalo

La participación en el cumpleaños de Torreblanca es el último escándalo de un ministro muy cuestionado entre el colectivo judicial debido a sus constantes injerencias a la independencia judicial y las precipitadas reformas procesales que ha impuesto el gobierno de Rajoy y que con indisimulado entusiasmo ha ejecutado sin cuestionar.

http://www.elplural.com/politica/2017/03/18/el-ministro-de-justicia-de-fiesta-con-un-defraudador-hacienda

10. LAS ASOCIACIONES DE JUECES SE UNEN CONTRA LESMES

El presidente del Supremo y del CGPJ dijo que la culpa de la politización de la Justicia la tienen las asociaciones

El presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General de los Diputados Carlos Lesmes ha conseguido que las cuatro asociaciones judiciales de planteamientos muy diferentes se hayan puesto de acuerdo… para exigirle unánimemente una rectificación pública. La causa son las palabras de Carlos Lesmes ante la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados, cuando afirmó que la culpa de la politización de la Justicia la tienen las asociaciones judiciales “ya que representan opciones ideológicas y se identifican con partidos políticos”.

En un comunicado firmado por la Asociación Profesional de la Magistratura, la de Jueces y Magistrados "Francisco de Vitoria", Jueces para la Democracia y el Foro Judicial Independiente califican, cuando menos como sorprendentes tales declaraciones “en quien ocupó cargos directivos en el Poder Ejecutivo durante dos legislaturas y actualmente preside el órgano encargado de velar por la independencia Judicial”.

“Titulares de libertad de pensamiento”

Para empezar, los jueces señalan que aunque no sería necesario recordarlo, el derecho de asociación de los miembros de la carrera judicial se reconoce de manera explícita en el artículo 127 de la Constitución, que se ve desarrollado en los artículos 401 y siguientes de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Al propio tiempo se prohíbe a jueces y magistrados la pertenencia a partidos políticos y sindicatos.

Considera por tanto que esta doble circunstancia significa que jueces y juezas son ante todo, personas integradas en la sociedad a la que sirven activamente y, como tales, “son titulares de la libertad ideológica y de pensamiento, como constantemente ha recordado el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos. Además, tienen derecho a la defensa de sus intereses profesionales siempre que contribuyan a la mejora de la Justicia”.

“El pluralismo es un valor constitucional que el Sr. Lesmes parece ignorar, lo que no impide una unidad de objetivos. El asociacionismo judicial, desde la diversidad, tiene un mismo objetivo, establecido en el art 401 LOPJ: mejorar la Administración de Justicia, la independencia judicial, e incrementar su confianza ante los ciudadanos a quienes servimos, lo cual es sobradamente conocido. Recordamos al presidente del CGPJ que son mucho más los puntos que nos unen que los que nos separan”, continúan.
La politización está en el CGPJ

Las cuatro asociaciones judiciales señalan que “ la politización de la justicia que pudiera deducirse de las palabras del Presidente es rotundamente falsa. Esa politización se identifica en realidad con otros motivos”.

Estos motivos que llevan a la politización los resumen así: “Junto con las indeseables injerencias del Ejecutivo, hay que destacar el actual sistema de designación de los Vocales del Consejo General del Poder Judicial, cuya reforma hemos solicitado conjuntamente todas las asociaciones, en línea con las recomendaciones del Consejo de Europa a través del último informe GRECO, que advierte del riesgo que comporta este sistema de designación con relación a la independencia judicial”.

“Por todo ello, no podemos aceptar las palabras del Sr. Lesmes, al que desde aquí reclamamos una rectificación pública. No podemos asumir que las Asociaciones seamos el problema. Como siempre hemos proclamado, entendemos que nuestro papel es necesario para el impulso permanente de mejorar la Justicia. Tratamos de buscar soluciones y, desde luego, nuestra diversidad de planteamientos merece un respeto”.

http://www.elplural.com/sociedad/2017/03/17/las-asociaciones-de-jueces-se-unen-contra-lesmes

11. JUECES PROGRESISTAS ACUSAN AL SUPREMO DE LEGITIMAR "PURGAS IDEOLÓGICAS"

Duro comunicado contra la Sala III por avalar el rechazo del Poder Judicial a que la juez Angels Vivas presida la Audiencia Provincial de Barcelona

Discriminación por sexo, asunción de la postura del Consejo General del Poder Judicial, reproches a la magistrada… Jueces para la Democracia ha hecho pública su crítica ante la sentencia de la Sala III del Tribunal Supremo que ha validado la postura del CGPJ en su decisión de que Angels Vivas pese a su mayor antigüedad en el escalafón e igual o mayor número de méritos que el candidato elegido, haya sido rechazada para la presidencia de la Audiencia Provincial de Barcelona. Y consideran inadmisible “que se legitimen las purgas ideológicas”.

La magistrada fue una de las firmantes del Manifiesto de los 33, un grupo de jueces que apoyaron en Cataluña el derecho a decidir. Para el Supremo a la magistrada “nadie la obligó a bajar a la arena política”, según hace constar la sentencia. No admitió la Sala III que el CGPJ fuera discriminada por ser mujer o que se vulnerase su derecho a la libertad de expresión al tener en cuenta sus posiciones políticas.

Haciendo un resumen de los hechos Jueces para la Democracia recuerda que la Sentencia de la Sala Tercera del Tribunal Supremo 419/2017, de 9 de marzo, que cuenta con un voto particular de un magistrado en desacuerdo, se refiere al acuerdo del Pleno del Consejo General del Poder Judicial de 31 de marzo de 2016 que decidía que el juez Antonio Ramón Recio Córdoba fue nombrado presidente frente a la magistrada Angels Vivas Larruy que era la otra candidata. Esta sentencia obedece a un recurso presentado por el acuerdo del Consejo.

Más antigua y con más méritos

JpD reprocha a sus colegas que “el citado Acuerdo se adoptó sabiendo que la magistrada Àngels Vivas es mucho más antigua en el escalafón y con o más méritos que el magistrado finalmente nombrado, y, como deja entrever el voto particular que se formula a la Sentencia, en clara vulneración del principio de no discriminación por razón de sexo porque no se justificó la preferencia del magistrado elegido en este supuesto”.

La asociación judicial progresista califica la sentencia de “decisión sin precedentes”, en un claro “ejercicio de voluntarismo que en absoluto está justificado”, “situándose la Sala en la posición del Consejo General del Poder Judicial y sustituyendo a éste en el ejercicio de sus funciones”, y “(sin) juzgar los hechos”, citando a quien firma el voto particular.

“El Tribunal Supremo no sólo no restaura a Àngels Vivas en sus derechos anulando el acto discriminatorio que ha sufrido, sino que, además, le reprocha el haber suscrito un manifiesto en el que, como jurista, expresó una opinión jurídica sobre el encaje constitucional del “derecho a decidir” del pueblo de Cataluña. Y ello, a pesar a que el Acuerdo del Consejo General del Poder Judicial no efectúa análisis alguno sobre dicho aspecto, precisamente porque la jurisprudencia constitucional se lo prohíbe.”, añaden.

El manifiesto de los 33

Para JpD “resulta paradójico, que se diga que “aun admitiendo que los jueces y magistrados no tienen restringida su libertad de expresión sobre temas políticos y que, más en concreto, la firma del «Manifiesto de los 33» fue ejercicio legítimo de dicho derecho fundamental -algo que esta Sala ni afirma ni niega-, eso sólo significa que la Sra. Vivas no incurre en responsabilidad disciplinaria”. Pero eso no impide que el Consejo General del Poder Judicial “no pueda tener en cuenta las actuaciones y manifestaciones de índole política que, aun siendo legítimas, hayan realizado los distintos candidatos”.

“Es llamativo –continúan- que la Sentencia del Tribunal Supremo señale a los miembros de Carrera Judicial por su ideología política, sin que lo haya hecho el órgano fiscalizador, el Consejo General del Poder Judicial.

A JpD le sorprende también algunas de las cosas que dice la sentencia como las siguientes: “Quien voluntariamente baja a la arena política y participa en el debate y la lucha propios de ese ámbito, no puede razonablemente esperar que se olvide ese dato”. Y que “(no) cabe exigir a cada uno de los Vocales del CGPJ singularmente considerados que borre de su mente ese tipo de datos a la hora de formar su convicción individual sobre la idoneidad del correspondiente candidato para ocupar una plaza de provisión discrecional”.

“Se legitiman las purgas ideológicas”

“Es por ello inadmisible que se legitimen las purgas ideológicas cuando ni tan siquiera el órgano que efectuó el nombramiento, el Consejo General del Poder Judicial, lo había hecho”, añaden . Y rechazan también “la discriminación por razón de sexo que ha sufrido la magistrada Angels Vivas, en un proceso que se alega vulneración los derechos fundamentales, específicamente el de la igualdad, la Sentencia se niegue a repararla con argumentos de índole formal”.

Recuerdan que los jueces al igual que toda la ciudadanía, “somos también titulares de los derechos fundamentales a la libertad de expresión y tenemos el derecho a no sufrir discriminación alguna, tal y como ha señalado reiteradamente el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos”.

“Igualmente, reclamamos la aplicación del principio de igualdad de mujeres y hombres en la carrera judicial, debiéndose tomar medidas para que las magistradas, actualmente infrarrepresentadas en los cargos discrecionales, no solamente no sean discriminadas en esos nombramientos, sino que se tomen medidas de acción positiva para que exista una presencia equilibrada de las mismas, equivalente al 52 por ciento de su presencia en la carrera judicial”, concluyen.

http://www.elplural.com/sociedad/2017/03/16/jueces-progresistas-acusan-al-supremo-de-legitimar-purgas-ideologicas

12. LA ELECCIÓN DEL TC SE RETRASA TRAS IGNORAR OLLERO LA LLAMADA DEL GOBIERNO A RETIRARSE

La vicepresidenta telefoneó al magistrado para pedirle que se apartara, pero éste hizo caso omiso y mantiene su candidatura cuando la capacidad de injerencia política se reduce considerablemente

La presión del Gobierno sobre los magistrados del Tribunal Constitucional ha llegado a escandalizar a los propios componentes de la institución. La vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría incluso telefoneó a Andrés Ollero, aún candidato a la presidencia del alto tribunal, para pedirle "que se quitara de en medio" y permitir de ese modo que se desbloqueara la negociación con el PSOE para renovar el organismo, dado que el exvicepresidente Alfredo Pérez Rubalcaba, erigido en portavoz de los socialistas en este tema, había vetado al catedrático y exdiputado popular precisamente por su pasado político.

La respuesta de Ollero, sin embargo, fue tajante. Le contestó que no se quitaría y que sería presidente si así lo decidía el resto de magistrados del Constitucional, ya que son éstos -alegó- los que tienen la competencia para tomar la decisión, tal y como establece la ley. La reacción del aspirante, por supuesto, no paralizó a la vicepresidenta, que siguió llamando a otros miembros del alto tribunal con el fin de que éstos se decantaran por el magistrado Juan José González Rivas, que ocupó la plaza de presidente de la Sección Séptima de la Sala Tercera del Tribunal Supremo antes de incorporarse al Constitucional en 2012 y que sería aceptado por el PSOE.

Las fuentes consultadas aseguran que el arma utilizada por Sáenz de Santamaría para presionar a los magistrados era que, de no apostar por González Rivas, la renovación de la institución volvería a bloquearse. Sin embargo, una vez consumada la entrada de los cuatro nuevos miembros del alto tribunal nombrados a instancia del Senado -Alfredo Montoya, Ricardo Enríquez, María Luis Balaguer y Cándido Conde-Pumpido-, que juraron su cargo ante el rey Felipe VI el pasado martes, la capacidad de la injerencia política es muy limitada.

"No había forma humana de entender el razonamiento de la providencia", ha dicho el diputado en la primera sesión del juicio celebrado contra él en el Tribunal Supremo

Son únicamente los magistrados quienes eligen al presidente del Constitucional, aclaran desde el propio organismo, que en este polémico contexto ha decidido retrasar la celebración del pleno del que saldrá el presidente, que estaba prevista para hoy, al próximo miércoles. Desde el alto tribunal aseguran que no hay ningún motivo más allá de que se ha decidido así. Otras fuentes, sin embargo, aseguran que hay quien aún no tiene claro su voto. En concreto, los cuatro nuevos integrantes podrían haber pedido más tiempo para reflexionar.

El miércoles a las 11 horas, por lo tanto, será cuando se reunan los 12 magistrados que conforman el organismo para decidir por quien se decantan finalmente para presidir la institución durante los próximos tres años. La ley prevé que haya una primera votación en secreto en la que el ganador tendría que serlo por mayoría absoluta. En caso de que no haya más de la mitad de los miembros del tribunal que apuesten por un solo aspirante, habrá una segunda votación, que se decidiría por mayoría simple. En caso de que se produjera un empate, habría una tercera ronda que, de no resolverse con ventaja para alguno de los aspirantes, provocaría que fuera designado el magistrado más antiguo.

El procedimiento, que se repetirá el mismo día para elegir al magistrado o magistrada que ocupará la vicepresidencia, se llevará a cabo después de que los miembros del tribunal debatan durante unos minutos con el fin de aclarar quién se postula y quien no, aunque el voto es secreto y cualquier componente del pleno puede optar por quien le parezca. Este sistema de elección hace imprevisible, por lo tanto, la posibilidad de adelantar el resultado, sobre todo tras los relatados intentos de intromisión política protagonizados por Rubalcaba y Sáenz de Santamaría.

Estas tentativas de injerencia han generado enorme malestar entre los magistrados, sobre todo por el veto impuesto por el PSOE contra uno de ellos, aunque queda por ver si realmente esos conatos de politización han servido para condicionar la opinión de los miembros del tribunal, algo que ni siquiera tras el pleno del próximo miércoles quedará claro.

El nuevo presidente del Constitucional tendrá que hacer frente al desafío soberanista catalán, que ya ha provocado el pronunciamiento del alto tribunal durante los últimos meses en no pocas ocasiones. La última, el pasado 14 de febrero, cuando el Constitucional declaró parcialmente nulas las resoluciones aprobadas por el Parlamento de Cataluña en octubre que pretendían impulsar el denominado 'proceso constituyente' a través, entre otras iniciativas, de la celebración de un referéndum a lo largo de este año. Ese mismo día, además, los magistrados autorizaron a la Fiscalía a abrir una nueva vía penal contra la presidenta de la cámara autonómica, Carme Forcadell, por permitir que fueran debatidas las citadas resoluciones.

http://www.elconfidencial.com/espana/2017-03-17/eleccion-presidente-constitucional-ollero-ignora-llamada-gobierno_1349802/

13. WERT PRESIDE EN 'SECRETO' LA COLOCACIÓN DE SU CUADRO DE 20.000 EUROS EN EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN

Hernando (PSOE), ha asegurado que es comprensible que el "ministro peor valorado de la democracia" no quiera que la prensa sea testigo de su vuelta al ministerio

El retrato fue pintado por un autor de moda y el preferido de la jet set, Rafael González Cidoncha, por 20.000 euros

El portavoz del PSOE en el Congreso, Antonio Hernando, ha comentado con sorna este martes que es comprensible que el "ministro peor valorado de la democracia", el extitular de Educación José Ignacio Wert, no quiera ahora que la prensa sea testigo de su vuelta al ministerio para inaugurar su retrato. Se refería así al acto de colocación del cuadro del exministro, en el que coincidirán Wert y el actual titular de la cartera Íñigo Méndez de Vigo, según ha informado Europa Press.

El acto fue convocado para cobertura exclusivamente gráfica porque, según han explicado a Europa Press en fuentes del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, no estaban previstas declaraciones públicas como, según aseguran, ocurre en multitud de actos que convocan constantemente diferentes instituciones públicas.

Sin embargo, el político socialista ha asegurado que el exministro "se tuvo que ir corriendo a una embajada en París con un sueldo millonario y un piso extraordinario", en alusión a su nombramiento como embajador ante la OCDE en la capital francesa.

"Ojalá estuviera avergonzado de lo que hizo y se arrepintiese", ha indicado, para apuntar que gracias a la pérdida de la mayoría absoluta del PP se están "derribando los efectos negativos de la legislatura de Wert".

El acto estuvo presidido por el actual ministro de Cultura y portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo. El cuadro fue pintado por un autor de moda y el preferido de la jet set, Rafael González Cidoncha, por 20.000 euros.

http://www.infolibre.es/noticias/politica/2017/03/14/wert_preside_secreto_colocacion_cuadro_000_euros_ministerio_educacion_62511_1012.html

14. 72 COLEGIOS QUE SEPARAN A SUS ALUMNOS POR SEXOS RECIBEN 113 MILLONES AL AÑO DE SUBVENCIÓN PÚBLICA

Los centros receptores defienden un ideario ultracatólico y la mayoría están próximos a la órbita del Opus Dei

Sólo Aragón, Canarias y Castilla-La Mancha no dedican dinero público a financiar centros de este tipo

Andalucía se rebela para no consolidar estos conciertos, a pesar de que cuentan con el aval de la ley educativa que aprobó el PP en 2013

Al menos 113 millones de euros salieron de los presupuestos públicos de 2016 para financiar los 72 centros educativos que se mantienen acogidos al régimen de conciertos a pesar de que separan en clase a alumnos y alumnas. Los citados colegios se ubican en catorce autonomías. Sólo Aragón, Canarias y Castilla-La Mancha no dedican dinero público a financiar centros de este tipo. Todos tienen un ideario educativo ultracatólico y 62 de ellos (más del 85%) están vinculados de forma directa a la prelatura del Opus Dei.

El debate sobre la pertinencia de que estos colegios se financien con dinero público ha vuelto a resurgir recientemente después de que la Junta de Andalucía se haya mostrado decidida a no consolidar estos conciertos. Y eso a pesar de que la legislación educativa actual –la reforma impulsada por el exministro José Ignacio Wert, en vigor desde el 30 de diciembre de 2013– señala de forma expresa que esta opción educativa puede estar financiada con dinero público.

El PP garantizó en su reforma el retorno de los conciertos a los colegios que los habían perdido después de que el Tribunal Supremo, en varias resoluciones, cuestionara que se sostuvieran con fondos públicos. Las resoluciones del Alto Tribunal, no obstante, estaban basadas en la ya modificada Ley Orgánica de Educación (LOE), que dejaba la decisión final sobre si financiarlos o no en manos de las autonomías al señalar que los colegios mixtos serían "objeto de atención preferente y prioritaria".

La legislación actual recoge que "en ningún caso habrá discriminación por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social" en las escuelas y añade que "no constituye discriminación la admisión de alumnos o la organización de la enseñanza diferenciadas por sexos". De ahí que los tribunales, bajo el paraguas de este texto, hayan fallado a favor de mantener los conciertos tras los recursos formulados por los defensores de este modelo en los últimos años.

A pesar de ello, Andalucía mantiene que "no está obligada a financiar una educación que no respeta el principio constitucional de no discriminación por razón de sexo". "Respetamos a quienes opten por otros modelos como una enseñanza que diferencia entre niños y niñas, que los separa y los segrega, pero esta no puede ser sostenida con fondos públicos", dice un portavoz a preguntas de infoLibre.

La Junta ha decidido denegar la financiación pública a las unidades del nivel de acceso a las enseñanzas, que son cuarenta de un total de 113 que estaban concertadas este curso. Por tanto, el alumnado ya escolarizado continuará con el concierto educativo. En cualquier caso, tanto las familias como los centros ya se preparan para acudir a los tribunales. Rafael Caamaño, secretario general de la patronal CECE Andalucía, asegura que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha dictado hasta cuarenta sentencias dándoles la razón ante denegaciones del concierto por parte de la Junta.

En conjunto, los nueve centros andaluces que segregan por sexo y acceden a la financiación pública tienen un coste para la Administración de alrededor de cinco millones de euros anuales. Siete de ellos (Albaydar, Altair, Elcható de Brenes, Ribamar, Torrealba, Yucatal y Zalima) están vinculados a la a la prelatura del Opus Dei y otros dos, Ángela Guerrero y Nuestra Señora de Lourdes, a las Hermanas de la Cruz.

Madrid y Cataluña, a la cabeza

No obstante, Madrid es la comunidad que cuenta con más centros concertados que separan en clase a niños y niñas, un total de 18, que fueron financiados con 27,7 millones de euros. Todos están relacionados de forma directa con el Opus Dei salvo cinco, que pertenecen a otras entidades de carácter ultracatólico: Edith Stein (Fundación Chesterton), Juan Pablo II en Alcorcón y Parla (Fundación Educatio Servanda), Monte Tabor (movimiento apostólico de Schoenstatt), y Stella Maris (Discípulos de Jesús y María).

En Cataluña el número de centros concertados que segregan por sexo asciende a 15 y su financiación anual es de 28,6 millones de euros, según datos facilitados por el Govern a la diputada del PSC Esther Niubó. El grupo de Catalunya Sí que es Pot presentó en marzo del año pasado una proposición de ley para modificar la Ley de Educación de Cataluña (LEC) con el objetivo de que sólo se pudieran concertar las escuelas privadas que garanticen la educación mixta. El texto fue tumbado por Junts pel Sí (incluidos los representantes de ERC) y el PP. "Es el modelo de Convergència de toda la vida y ERC parece haberlo comprado absolutamente: 28 millones para estos centros, cero para escuela infantiles públicas municipales y tres millones para guarderías privadas de iniciativa social", se queja Niubó.

La legislación establece que las comunidades autónomas pueden tomar como referencia los módulos económicos de distribución de fondos públicos para el sostenimiento de centros concertados que recogen los Presupuestos Generales del Estado o aprobar módulos propios en sus cuentas anuales, si bien las cuantías nunca pueden ser inferiores a las estatales. En todo caso, la subvención total a la que accede cada centro depende del número de unidades concertadas en cada etapa educativa. La cantidad total se realiza multiplicando el número de módulos concertados de cada enseñanza por la asignación presupuestaria de cada uno de esos módulos.

La Comunitat Valenciana, pionera en 1999 en concertar de golpe los cinco centros educativos privados vinculados al Opus Dei que había en ese momento, cuenta actualmente con siete centros de este tipo (Aitana, Altozano, El Vedat, Guadalaviar, Miralvent, Torrenova y Vilavella), todos vinculados también a esa institución. Recibieron el año pasado 12,3 millones de euros, una cantidad que el actual Gobierno valenciano (PSOE-Compromís) mantendrá a pesar de estar "totalmente en contra de la educación segregada" porque hay que "cumplir la ley", tal y como señala un portavoz a este periódico.

En el País Vasco hay cinco centros que segregan que reciben cada año, según datos del departamento de Educación vasco, 12,2 millones de euros. Son los colegios Eskibel, Erain, Ayalde, Munabe y Gaztelueta. Los cuatro primeros pertenecen al grupo educativo COAS y todos están ligados al Opus Dei. En Galicia hay otros cinco –Aloya, Las Acacias, Montecastelo, Peñarredonda y Montespiño– que son financiados con tres millones al año. El primero de ellos, exclusivamente de Formación Profesional, está ligado al Opus Dei y el resto pertenecen a la empresa Fomento, una institución educativa vinculada también a esta institución.

Hay otros dos en Castilla y León –Pinoalbar y Peñalba, ambos de Fomento– y uno en La Rioja –Alcaste, del grupo COAS–. Los primeros obtuvieron 1,1 millones entre los dos y el segundo, 1,7 millones. En Murcia, el colegio Nelva-Monteagudo computa administrativamente como uno, si bien cuenta realmente con dos edificios en los que separan a alumnos y alumnas. Recibió alrededor de cuatro millones de euros anuales de subvención. En Navarra hay otros dos centros educativos que segregan por sexo –Miravalles-El Redín e Irabia-Izaga–, que recibieron 13,6 millones de euros anuales. Y en Cantabria uno, el Torrevelo-Peñalabra, también de Fomento, que obtuvo 1,3 millones de euros.

Obligados por la ley

Otras comunidades gobernadas por los socialistas, como Asturias, Baleares y Extremadura, también mantienen los conciertos de este tipo de centros. Portavoces de las consejerías de Educación de las tres autonomías insisten en mostrar su preferencia por un modelo educativo mixto que garantice el acceso en igualdad de oportunidades, pero recuerdan que estos conciertos están amparados por la actual ley educativa.

En 2013, el Gobierno de Asturias retiró los conciertos a los dos centros de educación diferenciada de la empresa Fomento que hay en el Principado. Esa decisión fue avalada por el tribunal superior de la comunidad pero sólo tuvo efecto hasta que entró en vigor la actual norma educativa, unos meses después. Esos dos colegios, Los Robles y Peñamayor, cuentan actualmente con 29 unidades concertadas por las que recibieron 1,5 millones de euros en 2016.

En Baleares también hay dos colegios de educación segregada con doce aulas subvencionadas en total, Aixa y Llaüt. Los dos pertenecen a la fundación de carácter católico Educació i Familia Illes Balears y recibieron en 2016 alrededor de 460.000 euros. En Extremadura hay un único colegio concertado que solo admite a niñas, La Inmaculada y San Ignacio, regentado por la Congregación de las Hermanas de la Cruz. Percibió 224.000 euros el año pasado. "Se mantiene este concierto porque no se puede modificar. No hay ninguna cláusula legal que podamos poner para impedir la segregación por sexos", señala una portavoz.

Sin fondos públicos en tres comunidades

Precisamente la semana pasada el Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) condenó al Gobierno de esa comunidad a conceder sendos conciertos educativos a dos colegios privados de Zaragoza que separan a los alumnos por su sexo y a los que el Gobierno PP-PAR de Luisa Fernanda Rudi les había denegado la financiación pública en dos ocasiones la pasada legislatura, tal y como adelantó Público. Los colegios, Montearagón y Sansueña, pertenecen a la empresa Fomento.

Aragón era, hasta ahora, una de las tres comunidades que no destinaba dinero público a financiar colegios que segregan por sexo. En Canarias, los dos colegios de este tipo que existían se convirtieron en su día en mixtos para no perder el concierto. Y en Castilla-La Mancha, por su parte, existen centros que separan a niñas y niños, pero ninguno de ellos ha pedido ayudas públicas.

http://www.infolibre.es/noticias/politica/2017/03/13/financiacion_colegios_segregan_por_sexo_62319_1012.html

15. LOS ESTADÍSTICOS DEL ESTADO PIDEN A ECONOMÍA LA DESTITUCIÓN DEL PRESIDENTE DEL INE POR LA “DEGRADACIÓN” DEL ORGANISMO

Dos asociaciones profesionales culpan a Gregorio Izquierdo de los conflictos internos que ocasionan sus “actuaciones frívolas y arbitrarias”

El INE tacha de “manipulaciones” las denuncias de los funcionarios y asegura que la Junta Electoral Central le felicitó por su trabajo el 26-J

La Asociación de Estadísticos Superiores del Estado (AESE) ha enviado una carta a la secretaria de Estado de Economía, Irene Garrido Valenzuela, en la que pide la destitución del presidente del Instituto Nacional de Estadística (INE), Gregorio Izquierdo Llanes, por la “degradación estadística, administrativa y organizativa” que, a su juicio, “erosiona” el organismo desde hace "más de cinco años”.

En la carta, a la que ha tenido acceso infoLibre, la AESE culpa a Gregorio Izquierdo y a su consejo de dirección del “gran número de conflictos innecesarios” que padece el INE, “agravados por la contumacia en el error y la nula capacidad de autocrítica” de los máximos responsables del organismo. Los estadísticos critican las actuaciones del presidente por su “carácter arbitrario, frívolo y carente de todo plan definido por una estrategia y unos objetivos”. Según explican a la secretaria de Estado, las decisiones de Izquierdo Llanes han provocado un “ambiente enrarecido de trabajo”, han desmotivado al personal y mermado la calidad de las estadísticas elaboradas por el INE.

No es la primera vez que la AESE pide la destitución de Gregorio Izquierdo. En diciembre de 2015 reclamó su relevo en otra carta al entonces secretario de Estado de Economía, Íñigo Fernández de Mesa. Entonces, los estadísticos denunciaban que en el INE llevaban ya dos años “conviviendo dos estructuras orgánicas, una de facto y otra de iure”, que “destrozó los equipos técnicos de trabajo y la movilidad de funcionarios”.

Además, la AESE ha presentado un recurso contencioso-administrativo contra la rebaja de nivel de los delegados del INE en 20 provincias. Los estadísticos aseguran que esa rebaja se ha “cebado” en las delegaciones provinciales del País Vasco y Cataluña. Y amenazan con demandar al INE por prevaricación administrativa si decide modificar su estructura orgánica eludiendo los procedimientos normativos. La AESE se refiere a la intención del INE de suprimir la Subdirección General de Estadísticas del Turismo, tras jubilarse su último responsable, para aumentar, en cambio, la plantilla de la Secretaría General del organismo.

“Injerencias” en la redacción de las notas de prensa

También ha enviado una carta a la número dos de Economía mostrando su malestar la Asociación de Estadísticos Superiores del Estado para la Defensa de la Estadística Oficial (Esedeo), que dice aglutinar a dos tercios del personal del INE, sobre todo a los destinados en sus servicios periféricos. Esedeo denuncia que el organismo externalizó parte de las encuestas por culpa de la pérdida continua de personal laboral y funcionario de los máximos niveles (A1 y A2), lo que a su juicio “repercute en la calidad de los trabajos estadísticos”.

Por su parte, el INE ha declinado hacer ningún tipo de manifestación sobre las cuestiones “pendientes de resolución judicial o decisión administrativa”. Y ha negado a infoLibre las acusaciones de los estadísticos: “No se corresponden con la realidad y resultan del todo injustificadas”.

Los estadísticos de la AESE, una asociación que se integra en Fedeca, la federación de sindicatos de los Cuerpos Superiores de la Administración, como abogados del Estado, diplomáticos, inspectores de Hacienda o técnicos comerciales del Estado, acusan además al presidente del INE de “intentar modificar los criterios y formulaciones técnicas de los funcionarios responsables de las estadísticas”, mediante lo que califican como “torticeras injerencias” de Gregorio Izquierdo en la elaboración de las notas de prensa.

El INE niega tales actuaciones, por cuanto son “incompatibles con los principios establecidos en el Código de Buenas Prácticas de las Estadísticas Europeas”.

La polémica del voto por correo

En su carta, la AESE culpa también al presidente del INE de los “enfrentamientos internos” que, según dice, provocaron sus “decisiones equivocadas” respecto a la tramitación del voto por correo, tanto en las últimas elecciones generales como en las autonómicas de Galicia y el País Vasco. Entonces el INE cambió “de forma apresurada y no negociada” el sistema de retribución de las horas extraordinarias que el personal debe realizar durante el periodo electoral, cuando sufren una mayor carga de trabajo.

La Oficina del Censo Electoral, que depende del INE, es la encargada de actualizar y exponer el censo, atender las reclamaciones y recibir las papeletas del voto por correo. Hasta ese momento, a los trabajadores se les retribuía esa labor extra con un complemento de productividad. Pero el INE decidió cambiarlo, según dice a requerimiento de la Inspección de Trabajo, por una remuneración por hora de 14 euros brutos. Ese cambio suponía un recorte salarial del 60%, por lo que sólo se presentó voluntario el 55% del personal laboral. El INE recurrió a funcionarios de otras administraciones y a trabajadores eventuales para cubrir las necesidades. Sólo en Barcelona, por ejemplo, la Oficina del Censo Electoral firmó 20 contratos de 10 días y una decena de sólo tres días de duración. Hay que recordar que las solicitudes para votar por correo se duplicaron en las elecciones del 26 de junio de 2016, hasta alcanzar los 1,2 millones.

El INE asegura a este periódico que las denuncias de la AESE a este respecto no son más que una “manipulación”, puesto que su gestión del censo electoral el 26-J recibió la “felicitación expresa” de la Junta Electoral Central. El INE se refiere a la comunicación institucional que la Junta Electoral Central hizo pública el 22 de julio del año pasado, con la que formalmente daba las gracias “por su dedicación y esfuerzo” a los ciudadanos que formaron parte de las mesas electorales y al personal que prestó sus servicios “en las juntas electorales provinciales y de zona, en la Oficina del Censo Electoral, en la Dirección de Política Interior, en las Fuerzas de Seguridad, en los consulados y la Dirección de Asuntos Consulares, en los ayuntamientos y en Correos”.

http://www.infolibre.es/noticias/economia/2017/03/14/los_estadisticos_del_estado_piden_economia_que_destituya_presidente_del_ine_por_degradacion_que_sufre_organismo_62460_1011.html

16. EL GOBIERNO DEL PP NO HA RETIRADO NI UN SOLO VESTIGIO FRANQUISTA EN SUS CINCO AÑOS DE MANDATO

La última eliminación de símbolos de la Dictadura se produjo en abril de 2011, al final de la etapa de Zapatero

El Gobierno de Mariano Rajoy, que empezó en diciembre de 2011, no ha retirado ni un solo vestigio franquista aún presentes en ministerios y organismos públicos. La retirada de los mismos, en cumplimiento de la Ley de Memoria Histórica, se interrumpió en abril de 2011, pocos meses antes del fin del Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero, en cuyo mandato se retiraron 570 de los 705 símbolos de la dictadura catalogados. Procedimientos administrativos largos o el coste son las razones que arguye el Gobierno para explicar el parón de cinco años, según la respuesta que ha dado al senador de EH Bildu, Jon Iñarritu.

Este parlamentario, diputado en la anterior legislatura y ahora en la Cámara Alta, integrado en el grupo Mixto, preguntó al Gobierno su actuación para cumplir la Ley de Memoria Histórica respecto a la retirada de vestigios franquistas de ministerios y organismos públicos. En el año 2009 una comisión técnica elaboró un catálogo en el que se enumeraron 705 vestigios de la dictadura de Franco diseminados en la Administración del Estado, entre edificios ministeriales y de empresas y órganos públicos. Desde ese tiempo y hasta el final de la última legislatura del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en 2011 se retiraron 570, por lo que la nueva Administración del PP emanada de las elecciones de 2011 se encontró con el trabajo de retirar 135 de esos símbolos de la dictadura.

“¿Cuáles son los vestigios franquistas retirados de ministerios y organismos públicos desde el año 2012 por años?”, pregunta el senador Iñarritu. Cuáles quedan por retirar en este momento y cuál es el calendario de retirada previsto son las preguntas que completan la indagación sobre este asunto pendiente. Con fecha 27 de febrero el Gobierno responde al senador que los últimos vestigios retirados se produjeron en abril de 2011 y se trata de 570 de los 705 que deben ser eliminados. “El resto está en la actualidad en proceso de tramitación, bien porque requiere un procedimiento administrativo largo, bien por su coste”, se lee en la respuesta gubernamental.

Esa catalogación la elaboró una comisión técnica de expertos que valoró los vestigios susceptibles de ser retirados ya que otros se excluyeron por su significado histórico, su valor artístico-religioso o criterios técnicos. Esta comisión no examinó bienes de otras titularidades que no fueran estatales. “Es el titular del bien el que debe gestionar el proceso de retirada de los monumentos”, se recuerda en el escrito gubernamental para dejar claro que no todos los símbolos de la dictadura aún por retirar son de su incumbencia. SÍ es de su responsabilidad la retirada de los 135 pendientes desde hace cinco años.

http://politica.elpais.com/politica/2017/03/10/actualidad/1489133313_429831.html

17. ALICANTE REPONE EL NOMBRE DE CALLES FRANQUISTAS POR ORDEN JUDICIAL

El gobierno local, obligado a sustituir el rótulo de la Plaza de la Libertad por el de División Azul

El gobierno municipal de Alicante, integrado por la coalición PSOE, Guanyar y Compromís, ha comenzado este viernes a reponer los nombres de calles con reminiscencias franquistas que había sustituido en los últimos meses por orden judicial."Estamos avergonzados. Volvemos a los tiempos del Nodo, a cuarenta años atrás. Nos ha adelantado hasta la serie Cuéntame", ha dicho, con lágrimas en los ojos, María José Espuch, concejal de Memoria Histórica de Alicante.

El nuevo Ejecutivo local se propuso limpiar el callejero de Alicante de nombres vinculados a la dictadura de Francisco Franco, y un acuerdo de la junta local de gobierno de noviembre del año pasado así lo estableció, pero el PP lo recurrió porque no se cumplía con los trámites establecidos por la Ley de Memoria Histórica y pidió que no se hiciese nada hasta que se dirimiese el recurso.

El Consistorio procedió entre diciembre y enero pasados a cambiar los rótulos en unas 46 vías y plazas públicas de Alicante pero el auto de una magistrada de lo Contencioso-Administrativo ha obligado a revertir todo el proceso. La juez entendió que el Gobierno municipal le había "hurtado" la posibilidad de pronunciarse sobre la petición cautelar del PP de que se paralizase la retirada de las placas.

El auto, que hoy se ha hecho efectivo, ordena el "restablecimiento de las denominaciones primitivas" y frena cautelarmente todos los trámites desarrollados para aplicar la iniciativa. Todas esas gestiones quedan por tanto suspendidas sine die hasta que haya una sentencia sobre el fondo del caso. La coalición de gobierno de Alicante ha recurrido el auto de la magistrada ante el Tribunal Superior de Justicia valenciano.

El acto de retirada de la placa ha contado este viernes con la asistencia de activistas por la memoria histórica, que se han enzarzado en una discusión con vecinos partidarios de mantener el nombre fascista de su plaza. La edil Espuch (Compromís) ha asegurado sentir "rabia, impotencia y vergüenza" y ha culpado al PP de esta vuelta atrás, ya que fue el portavoz municipal de este partido, Luis Barcala, quien impulsó el recurso que ha propiciado la restitución del callejero franquista.

El alcalde socialista, Gabriel Echávarri, firmó un decreto hace unos días que ordenaba ejecutar el auto judicial. Su socio de gobierno, Guanyar Alacant, confluencia de Podemos, Izquierda Unida y colectivos sociales, era partidaria de esperar a que el TSJ valenciano resolviera el recurso de la Juan Local. El coordinador de Izquierda Unida en la ciudad, José Antonio Fernández Cabello, ha calificado esta mañana de "acto de indignidad" la reposición del nombre de la División Azul.

Rajoy, invitado

El consistorio alicantino había invitado al acto de esta mañana al presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, y a la líder del PP en la Comunidad Valenciana, Isabel Bonig, pues responsabiliza a este partido de la decisión que se ha visto obligado a adoptar por orden judicial. La invitación fue cursada de forma oficial. El alcalde Echávarri la había verbalizado incluso en una comparecencia con tono sarcástico este jueves. Pero no ha encontrado respuesta.

El tripartito acusa a los populares de "presionar a la juez", por boca de Espuch, para que interviniera en este asunto. La edil ha contrapuesto esta situación a la que ha vivido la ciudad en los últimos años, con una "alcaldesa que daba vergüenza en los medios de comunicación", ha dicho en alusión de la ex primera edil del PP Sonia Castedo, procesada por corrupción.

El gobierno local ya había comunicado los cambios de las nomenclaturas de las calles a varios departamentos municipales, así como a Iberdrola, Correos, policía, Subdelegación del Gobierno o a la contrata del transporte urbano, entre otros organismos, empresas e instituciones.

La jueza Begoña Calvet paralizó todos estos trámites, tras advertir en su auto de los “evidentes perjuicios para vecinos, comerciantes y ciudadanos en general” que ocasionaría la iniciativa si la sentencia acababa siendo favorable a las tesis del PP. Podría darse una “confusión generada por la indebida utilización, durante un dilatado periodo de tiempo, de unas denominaciones derivadas de un acto administrativo cuya legalidad es cuestionada”, dijo la magistrada.

La aplicación de la Ley de Memoria Histórica ha topado además con la oposición de muchos de los vecinos afectados. Lisandro Gabárrez, presidente de la asociación vecinal Barrio de José Antonio-Sol d'Alacant, una zona muy deprimida de la ciudad donde se ubica la plaza de la División Azul, ha explicado que su colectivo no se opone a la sustitución de la nomenclatura, pero ha lamentado que los políticos “vengan a hacerse la foto” ahora, cuando sus calles han estado abandonadas durante años. “Solo hay que mirar cómo están las fachadas", ha dicho.

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2017/03/10/valencia/1489143071_049710.html

18. VÍCTIMAS DEL FRANQUISMO DENUNCIAN A RAFAEL HERNANDO POR CALIFICAR DE "ENTRETENIMIENTO" LA BÚSQUEDA DE FAMILIARES DESAPARECIDOS

El presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica considera que estas declaraciones son "una demostración de poca cultura democrática"

Hernando ya afirmó en 2013 que "los familiares de las víctimas del franquismo se acuerdan de desenterrar a su padre solo cuando hay subvenciones"

Rafael Hernando califica de "entretenimiento" la búsqueda de familiares desaparecidos

"Me gusta que los muertos descansen en paz", dice respecto de la demanda de Garzón sobre sacar a Franco del Valle de los Caídos rechazada por el Supremo.

La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica ha presentado este martes un escrito ante la Fiscalía preguntando si unas declaraciones del portavoz del PP en el Congreso, Rafael Hernando, en las que calificó de "entretenimiento" la búsqueda de familiares desaparecidos podrían ser constitutivas de un delito tipificado en el Código Penal.

Los hechos se remontan al pasado 28 de febrero cuando, tras la decisión del Tribunal Supremo de no mover los restos de Franco del Valle de los Caídos, Hernando fue preguntado sobre este asunto. Entonces, contestó: “A mí me gusta que los muertos descansen en paz y esto de estar todo los días con los muertos para arriba y para abajo supongo que será el entretenimiento de algunos”.

La organización considera que estas declaraciones podrían incumplir el artículo 510 del Código Penal, que contempla penas de hasta 4 años de prisión para quienes públicamente "fomenten, promuevan o inciten directa o indirectamente al odio, hostilidad, discriminación o violencia contra un grupo, una parte del mismo o contra una persona determinada".

El presidente de la asociación ha preguntado retóricamente qué habría ocurrido "si un representante político hubiera dicho, refiriéndose a las víctimas del terrorismo, que se entretienen estando todo el día con sus muertos para arriba y para abajo porque se negaran a que el Estado les obligara a pagar la tumba de sus asesinos o porque buscaran el cadáver de un ser querido al que sus asesinos hicieron desaparecer?". Asimismo, considera que las declaraciones de Hernando son "una demostración de poco cultura democrática además de un síntoma de poca humanidad".

Recuerdan, además, que no es la primera vez que el portavoz del PP ejerce declaraciones de este tipo. En noviembre de 2013, Hernando afirmó en un programa de 13TV que "los familiares de las víctimas del franquismo se acuerdan de desenterrar a su padre solo cuando hay subvenciones". En aquella ocasión, la organización también le denunció por un delito de injurias graves.

http://www.infolibre.es/noticias/politica/2017/03/07/victimas_del_franquismo_denuncian_rafael_hernando_por_calificar_entretenimiento_busqueda_familiares_desaparecidos_62191_1012.html

19. EL PP IMPIDE RETIRAR LOS HONORES A FRANCO EN LA LOCALIDAD TOLEDANA DE MORA

Izquierda Unida lamenta que el equipo de Gobierno rechazase la moción presentada por el grupo municipal y la abstención de uno de los cuatro concejales del PSOE

Durante el pleno, vecinos de la localidad celebraron el "buen hacer de Don Francisco Franco"
"No me extraña que los concejales del PP se opongan a ello", afirma el coordinador provincial de IU, Mario García

Francisco Franco ostenta la Medalla de Oro de la conocida Fiesta del Olivo de la localidad toledana de Mora desde el 25 de mayo de 1966. Entonces, gobernaba el alcalde franquista Aurelio Cabeza Maestro. Izquierda Unida presentó una moción en la cual se pedía la retirada de dicha condecoración al dictador español. Se trataba, explica Mario García, el coordinador provincial de IU en Toledo, de una manera de cumplir la Ley de Memoria Histórica.

En dicho documento, se pedía al Ayuntamiento que mostrase su "total" desacuerdo con el reconocimiento al dictador Francisco Franco en la Fiesta del Olivo y que cumpliesen la Ley eliminando la distinción de Medalla de Oro. En la moción, Izquierda Unida establecía un plazo máximo de tres meses para retirar la medalla a Franco y también pedía al Ayuntamiento comprometerse a estudiar y retirar las otras referencias franquistas que se encontrasen en el municipio.

El equipo de Gobierno municipal, del PP, votó en contra de la moción mientras que uno de los cuatro ediles del PSOE, José Luis Cano, se abstuvo. La formación de izquierdas recuerda que en la Ley de Memoria Histórica se recoge que las administraciones públicas "tomarán las medidas oportunas para la retirada de escudos, insignias, placas y otros objetos y menciones conmemorativas de exaltación, personal o colectiva, de la sublevación militar, de la Guerra Civil y de la represión de la Dictadura".

"Evidente restricción democrática al debate político"

Según explica IU, el alcalde de la localidad, el popular Emilio Bravo, cerró el punto de debate de la moción con frases como "la historia es historia", "dejemos de remover estas cosas" o "parece que no conozcamos lo ocurrido y lo que tuvo que soportar nuestro pueblo en esa época". El portavoz del grupo municipal de IU, que cuenta con tres concejales, Javier Gómez-Pintado asegura que se le denegó la palabra para intervenir "por alusiones", algo que para la formación demuestra una "evidente restricción democrática al debate político".

El partido ha acusado a Bravo de no respetar las normas de funcionamiento del Pleno Municipal y ha tachado su autoridad de "caciquil y totalitaria". Izquierda Unida también ha señalado que en el turno de ruegos y preguntas, vecinos de la localidad intervinieron para celebrar el "buen hacer de Don Francisco Franco". Gómez-Pintado ha señalado que "queda claro que se trata de una exposición pública de exaltación franquista", y lamentó que se haga dicha exaltación "antidemocrática" en un Pleno municipal.

De la misma manera se expresa Mario García, coordinador provincial de la formación: "lo único que pedimos es que se cumpla la Ley de Memoria Histórica, pero no me extraña en absoluto que los concejales del PP se opongan a ello. Son al final un partido que fue fundado por famosos y reconocidos miembros del régimen franquista", afirma García.

Según García, lo ocurrido en Mora constituye "un ataque a la democracia, que no hace más que apoyar el modelo de impunidad en el único país que no condena ni tiene acciones judiciales contra dictadores que han mantenido el estado de represión, tortura y encarcelamiento, la falta de libertad e incumplimiento de los derechos humanos", concluye.

http://m.eldiario.es/clm/PP-Franco-localidad-toledana-Mora_0_623287797.html

20. CAJA ESPAÑA PRESTÓ A SU PRESIDENTE 79 MILLONES SIENDO CONSEJERO MARTÍNEZ MAÍLLO

El Frob envió el jueves a la Fiscalía operaciones "irregulares" realizadas por Caja España en la época en la que el dirigente del PP, Fernando Martínez Maíllo, era consejero de la entidad, entre 2006 y 2009. Un exconcejal de León del PP exigió ayer su dimisión.

Caja España prestó entre 2006 y 2009 más de 79 millones de euros a compañías inmobiliarias de su presidente, Santos Llamas. En esos años el dirigente del Partido Popular Fernando Martínez Maíllo era miembro del consejo de administración de la entidad financiera y vocal del comité de retribuciones de la caja.

La que fuera la primera caja de ahorros de Castilla y León aprobó su fusión con Caja Duero en 2010 y un año después inició su integración en Unicaja. El Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (Frob) aprobó en 2013 una ayuda pública de 604 millones de euros para recapitalizar CEISS (la fusión de Caja España y Caja Duero).

Martínez Maíllo recibió en 2007 una tarjeta de crédito de Caja España con 6.000 euros

El Frob comunicó ayer jueves que ha acordado el envío, "tras el análisis de los informes forensics recibidos", de nueve operaciones "irregulares" a la Fiscalía encontradas en Caja España y en Caja Duero. Las operaciones, informó el organismo en un comunicado, son anteriores a 2010 y estima que causaron perjuicios económicos por valor de 120 millones de euros, sin precisar más.

El organismo público español no especificó ayer en su comunicado si las operaciones "irregulares" en Caja España están relacionadas con los créditos entregados a su presidente entre 2006 y 2009. Los préstamos realizados a Santos Llamas en todo caso llaman la atención por la elevada cantidad acordada y porque fue empleada por sociedades inmobiliarias del presidente de Caja España en pleno pinchazo de la burbuja.

Fernando Martínez Maíllo (Zamora, 1969) fue miembro del consejo de administración de Caja España, y también de sociedades participadas, entre 2007 y 2010. En esos tres años Santos Llamas recibió la mayor cantidad de los préstamos logrados de la entidad.

Martínez Maíllo, ascendido recientemente por Mariano Rajoy a coordinador general del PP, recibió como consejero de Caja España un préstamo hipotecario de la entidad en el año 2009 por importe de 195.000 euros (euribor más 0,20%, 300 meses de vencimiento). En el año 2007 recibió de Caja España una tarjeta de crédito con 6.000 euros.

No puede ser que Maíllo esté investigado por lo que ocurrió en Caja España y Caja Duero y no ocurra nada", dijo ayer un exconcejal del PP de León

De acuerdo a los informes de Gobierno Corporativo de Caja España, la entidad prestó las siguientes cantidades a su presidente: 1,4 millones de euros en 2006; 19,7 millones en 2007; 50 millones en 2008; y 8,27 millones en 2009. En total, 79,37 millones de euros.

Los préstamos comunicados por Caja España en sus informes a Santos Llamas aparecen como créditos, préstamo promotor, o avales a "empresa vinculada". De acuerdo a datos del Registro Mercantil, a los que Vozpópuli ha accedido a través de Insight View, en el año 2008 la compañía Construcciones Carriegos, de Santos Llamas, recibió tres préstamos de Caja España por importes de 1,69 millones; 4,7 millones; y 7,7 millones de euros. La empresa del presidente de Caja España también percibió ese mismo año un préstamo de Caja Duero por valor de 8,3 millones de euros. Construcciones Carriegos, constructora y promotora inmobiliaria con presencia en León, Asturias, y Vigo, facturó 13,2 millones en 2008.

Guerra en el PP de León
La comunicación por parte del Frob de las operaciones irregulares localizadas en Caja España antes de 2010 coincide en el tiempo con un momento de elevada tensión en el PP de Castilla y León. El partido celebra hoy viernes su congreso autonómico y medios de León informaron ayer de cambios de última hora en el listado de votantes.

"El comité organizador del Congreso del PP de Castilla y León, que controla Raúl de la Hoz, ha movido ficha para entorpecer la candidatura del alcalde de León, Antonio Silván, y favorecer a Alfonso Fernández Mañueco, el otro candidato a suceder a Juan Vicente Herrera", publicó en la tarde de ayer jueves Diario de León. El periódico explicaba que el listado de afiliados de la provincia con derecho a voto en las elecciones de hoy viernes "ha sufrido un cribado exhaustivo que ha dejado fuera de las votaciones al 67% de los 1.550 militantes leoneses".

"Génova intenta evitar la ruptura del PP en la Comunidad tras conocer un recorte del 70% en los afiliados de León con derecho a voto", informó El Norte de Castilla.

El digital Leonoticias recogió declaraciones de afiliados al PP en León en las que se hablaba abiertamente de "pucherazo". "No puede ser que Maíllo esté investigado por lo que ocurrió en Caja España y Caja Duero y no ocurra nada", dijo Cecilio Vallejo, exconcejal del Ayuntamiento de León, del PP, en manifestaciones publicadas por este medio. «Exigimos su dimisión. No puede ser que en este partido se sigan utilizando los mismos métodos que en su día empleó Isabel Carrasco, no puede ser y no se puede permitir", añadió Vallejo.

http://www.vozpopuli.com/actualidad/Caja-Espana-presidente-Maillo-consejero_0_1008500485.html

21. MAILLO DECLARARÁ COMO IMPUTADO EN EL FIASCO DE CAJA ESPAÑA

El número tres del PP será citado a petición de Ecologistas en Acción e IU, que ejercen la acusación popular en este caso, abierto por una denuncia de la Fiscalía contra la excúpula de la entidad por causar un supuesto ‘agujero’ de 60 millones en créditos favorables a su presidente

El coordinador general del Partido Popular, Fernando Martínez Maillo, será interrogado como investigado (antiguo imputado) por el supuesto delito de administración desleal que habría cometido al aprobar una serie de créditos de Caja España en favor del propio presidente de la entidad, Santos Llamas, cuando el político formaba parte de su consejo de administración.

La acusación popular que ejerce Ecologistas en Acción e Izquierda Unida tienen previsto solicitar este viernes la citación de Martínez Maillo como investigado, junto con los otros quince imputados que conformaban la excúpula de la Caja de Ahorros Caja España y Caja Duero entre los años 2009 y 2012, según confirman fuentes jurídicas.

La Fiscalía estima en casi 60 millones de euros el perjuicio económico ocasionado a la entidad fusionada al conceder estos créditos fallidos a su entonces presidente, créditos que debían ser aprobados por el consejo de administración investigado en el que Martínez Maillo formaba parte.

La causa fue abierta en el juzgado de instrucción número 5 de León en el año 2013 a instancia de la Fiscalía tras investigar una denuncia interpuesta por Izquierda Unida.

Este viernes declaran ante la juez de instrucción del caso, Rocío González Boñar, los inspectores del Banco de España que realizaron un informe pericial sobre estos créditos ventajosos y de dudoso cobro aprobados por el consejo de administración de la entidad de ahorros en beneficio de las constructoras del entonces presidente de Caja España, Santos Llamas.

Los consejeros aprobaron estos créditos en favor de Santos Llamas, a pesar de las advertencias recibidas del Banco de España de que estaban infringiendo la ley.

Rescate de 1.200 millones públicos
Las pérdidas afectaron a los “intereses generales” de Caja España, fusionada después con Caja Duero y luego Banco Ceiss, según la Fiscalía. La entidad precisó de un total de 1.129.000.000 euros públicos para evitar la quiebra y fueron aportados por el Fondo de Reestructuración Ordenado Bancario (Frob).

Martínez Maillo fue elegido coordinador general del PP el pasado 12 febrero, cuando el 9 de enero anterior la Audiencia Provincial de León había confirmado la imputación del político por supuestos delitos societarios al igual que el resto de los miembros del consejo de administración de Caja España.

Las operaciones de refinanciación o reestructuración de deudas vencidas en favor del Grupo Santos Llamas que se investigan se centran en especial entre los años 2010, 2011 y 2012 y fueron otorgadas por Caja España y Caja Duero.

En el año 2010 entró en vigor la Ley de Cajas que prohíbe expresamente a los presidentes mantener u obtener créditos, avales o garantías de la entidad que presiden para el ejercicio de sus actividades profesionales o empresariales.

Santos Llamas Llamas fue presidente de Caja España desde julio de 2006 hasta el 1 de octubre de 2010, cuando pasó a ser consejero de Caja España-Duero, de nueva creación tras la fusión de la entidad con Caja Duero, hasta que cesó en octubre de 2012.

Fernando Martínez Maillo formó parte del consejo de administración de Caja España entre los años 2006 y 2010 en su condición de presidente de la Diputación de Zamora (2003-2015).

El resto de los exconsejeros imputados son: Miguel Ángel Álvarez Sánchez (UGT), Bernardo Fernández Álvarez (empresario, designado por UPL), Francisco Fernández Álvarez (ex alcalde de León, PSOE), Javier García Prieto (PP), Olga Palacio García (PSOE), María Begoña Núñez Díez (PSOE), Marcos García González (PSOE), Zeón Rodríguez Ridruejo (PSOE), Artemio Domínguez Fernández (PP), Alejandro Menéndez Moreno (catedrático), Juan Elicio Fierro Vidal (PP), Alfredo Fernández Salvadores (sindicato Csica) y José Antonio Turrado Fernández (Asaja).

58 millones de euros de 'agujero'
El informe pericial del Banco de España analiza 29 operaciones concedidas por Caja España y otras 17 concedidas por Caja Duero, entre los años 2007 y comienzos de 2012, a las empresas de Santos Llamas (Construcciones Carriegos, S.A; Construcciones Llamas Gil, S.L.; Sotabán, S.L. y Soliciones Inmobiliarias de León, S.L.).

Los créditos ascendieron a 67,5 millones de euros desde Caja España –con un riesgo vivo de 55 millones de euros- y de otros 8,8 millones desde Caja Duero, donde el riesgo vivo asciende a 3 millones de euros.

¿Refinanciación trampeada?
En la investigación destaca también una operación de reestructuración de deudas realizada el 8 de enero de 2009 en Caja España y aprobada por el consejo de administración del que formaba parte Maillo y a favor de Santos Llamas.Esta operación debió de haber sido clasificada como dudosas por morosidad y no como una reestructuración normal, conforme establece el Banco de España (Circular 4/2004), según los peritos.

En la refinanciación de esta morosidad se habría aumentado la tasación del valor de los inmuebles que el presidente de la Caja había puesto como aval, sin aportar más garantías para aumentar el crédito en 30 millones de euros, según la investigación a la que ha accedido Público.

La prejubilación de ‘Paco Raquetas’
En la causa figura también la denuncia por una prejubilación a favor del consejero Francisco Fernández, ex alcalde socialista de León y conocido con el apodo de ‘Paco Raquetas’.

El dirigente socialista fue promovido desde un escalón bajo –auxiliar administrativo- a un puesto de alta dirección de Caja Duero cuando estuvo 12 años en excedencia por cargo político.

‘Paco Raquetas’ se prejubiló en base a un ERE mientras se encontraba en excedencia, se postulaba como candidato al Congreso de los Diputados y era miembro del consejo de administración de la entidad. Recibió 420.000 euros, según la documentación que obra en la denuncia.

La prejubilación fue firmada por el presidente Santos Llamas y su director general, Ignacio Lagartos. El escándalo desatado en 2011 provocó la dimisión de 'Paco Raquetas' como secretario general del PSL-PSOE, portavoz y concejal socialista en León.

http://m.publico.es/politica/1992710/maillo-declarara-como-imputado-en-el-fiasco-de-caja-espana

22. LA FISCALÍA INVESTIGA OPERACIONES DE LAS CAJAS ESPAÑA Y DUERO QUE PERDIERON 120 MILLONES

El FROB envía para su investigación nueve actuaciones «irregulares» aprobadas por las dos entidades antes de 2010.

El Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), el órgano del Ministerio de Economía y Competitividad encargado de gestionar los procesos de reestructuración y resolución de las entidades de crédito que necesitaron acudir al rescate público, ha enviado a la Fiscalía un total de 9 operaciones realizadas tanto por Caja España como por Caja Duero, que implicaron un perjuicio económico para las entidades que calcula en 120 millones de euros. Operaciones que el propio FROB califica como irregulares en un comunicado, en el que señala también que las decisiones se tomaron antes de 2010 por parte de las dos cajas que después se fusionaron, y más tarde, tras ser rescatadas, se integraron en Unicaja Banco.

La Comisión Rectora del FROB decidió en su sesión de este martes enviar a la Fiscalía las «nueve operaciones irregulares», después de haber analizado los informes periciales independientes que había solicitado para decidir sobre la necesidad de investigar estas actuaciones.

Operaciones

Aunque el FROB no concreta de qué operaciones se trata, sí señala que «la operativa analizada en dichos expedientes se basa fundamentalmente en operaciones de financiación y refinanciación para la adquisición de inmuebles o participaciones en sociedades, renegociaciones de préstamos con reducción de garantías, y, en general, operaciones que han dado lugar a importantes pérdidas para las entidades; y presentan indicios de irregularidad o no responden a una finalidad económica lógica».

El Banco de España ya advirtió a las dos grandes cajas de Castilla y León sobre irregularidades en varias actuaciones, en dos informes emitidos en 2006 y 2008. Así lo ratificaron los peritos del supervisor en el juicio que se lleva a cabo por presunta administración desleal por parte de los consejeros en los créditos concedidos a las empresas de Santos Llamas, que ocupó la presidencia de la entidad desde julio de 2006 a octubre de 2009, aunque se mantuvo como miembro del consejo de administración hasta octubre de 2012. Precisamente hoy se retoman las declaraciones por este caso.

De los consejos de administración cuya actividad ahora se investiga formaban parte también varios cargos públicos aún hoy en activo, entre ellos el actual coordinador general del PP, Fernando Martínez Maíllo.

Ahora los consejeros están llamados también a declarar como investigados en el juicio de los créditos a Santos Llamas.

En todo caso, los informes del Banco de España advertían ya desde 2006 sobre la irregularidad de algunas operaciones que se habían aprobado; y obligó a recalificar decenas de grandes créditos que habían sido concedidos por las entidades, y que se pasaron a dudosos.

Incluso en 2008 la entidad supervisora advirtió con dureza sobre las «debilidades de gobernanza» de las cajas, «condicionada por importantes disputas entre partidos políticos en los órganos de gobierno, lo que se tradujo en una gestión debilitada por la inestabilidad del consejo». Los informes denunciaban también «la existencia de deficiencias en los informes de concesión de créditos y la inexistencia de informes de seguimiento», entre otras irregularidades.

http://www.diariodeleon.es/noticias/leon/fiscalia-investiga-operaciones-cajas-espana-duero-perdieron-120-millones_1146005.html

23. LA BAJA PARTICIPACIÓN EN LOS CONGRESOS DEL PP DEJA AL DESCUBIERTO CENSOS INFLADOS

Las direcciones de Madrid y Valencia actualizarán sus registros de militantes para eliminar a quienes han fallecido o desvinculado

Dicen en el PP que el empeño de Cristina Cifuentes por dar todo el protagonismo a la militancia en el congreso regional de Madrid ha obligado a su equipo a un esfuerzo extraordinario por movilizar a las bases, convocadas ayer a una primera votación. Pese a todo, solo 10.888 de los 94.511 afiliados que el partido tenía contabilizados en noviembre de 2.016, se inscribieron para elegir ayer en primera vuelta al próximo líder territorial. Cifuentes arrasó con 6.944 votos frente a los 1.095 obtenidos por Luis Asúa. No habrá segunda vuelta y Cifuentes es ya presidenta territorial. En Valencia, a falta de que hoy se revise la cifra, 8.052 de los 148.711 militantes se han mostrado interesados en participar. El debate que estos números dejan al descubierto se ha instalado entre los populares: ¿hay poco interés en tomar la palabra o los censos estaban inflados?

Probablemente, ambas tesis sean ciertas. En la mayor parte de las organizaciones del PP, los afiliados dispuestos a intervenir en la designación de su próximo presidente regional o no superan el 10% o apenas rondan esa cifra. Nunca hasta ahora habían estado bajo el foco mediático ni se les había otorgado un papel tan decisivo en el proceso. Y las «dinámicas», apuntan en las direcciones territoriales, son difíciles de cambiar. Fuentes populares distinguen a sus bases de las de otras formaciones. «Nuestro afiliado no está tan ideologizado como del PSOE -explican-; es generalmente una persona práctica, que apoya el proyecto del PP y no quiere complicaciones sobre la organización del partido, entiende que eso es cosa de los cargos que cobran por ello».

De hecho, el valor añadido que los populares otorgan a este tipo de perfiles es que están dispuestos a abrir la sede del PP en domingo y en el pueblo más pequeño y perdido de España para que el dirigente de turno prepare su acto del fin de semana. O incluso a desplazarse en autobuses para respaldar las campañas electorales. Son esa masa que garantiza el sostenimiento de la macroestructura conservadora, el elemento diferenciador respecto a otras fuerzas políticas. Pero poco o nada acostumbrada a pronunciarse sobre la composición del partido.

El debate sobre la implantación de primarias en las formaciones les ha sorprendido, de hecho, con el pie cambiado. No era hasta ahora una reivindicación de peso, aunque poco a poco la necesidad de una mayor participación y democracia interna se abre camino. El sistema ideado por el coordinador general, Fernando Martínez-Maillo, alumbra una fórmula híbrida. Por un lado, se asegura que los militantes que lo deseen, previa inscripción, puedan votar en una primera vuelta a su líder. Pero al final, son los compromisarios o delegados los que tienen la última palabra en un congreso.

El estreno de este mecanismo ha hecho aflorar que una parte de quienes figuran en los censos del PP no están al corriente de pago. Y esto ha originado conflictos y reproches cruzados en aquellas organizaciones, como Madrid, Valencia, Baleares, Asturias o Canarias, donde hay pugna entre dos candidatos y uno de ellos acusa al oponente de intentar hacer trampas con el registro y buscar afines que no abonan su cuota.

Lo cierto es que el PP contempla que en sus listas haya afiliados, que pagan, o simpatizantes, que apoyan. Pero los primeros reducirían y mucho la cifra total de la que presume el partido. A día de hoy, según los datos oficiales, la de Mariano Rajoy podría ser una de las organizaciones más potentes a nivel mundial con más 800.000 militantes, frente a los 180.000 del PSOE, los 22.765 de Ciudadanos o los 480.674 de Podemos. Aunque en el caso de la formación de Pablo Iglesias, sólo 151.340 personas participaron en su último cónclave, el de Vistalegre II.

Sin ir más lejos, la CDU de Angela Merkel asegura contar con el respaldo de 435.300 afiliados. Este contraste de cifras ha llevado a Cifuentes a prometer que cuando pasen los procesos congresuales, el partido en Madrid depurará sus listas y eliminará a aquellos que se desvincularon del proyecto o que han fallecido. Porque por extraño que resulte, estos últimos siguen poblando los censos del Partido Popular en toda España.

También en la Comunidad Valenciana, una de las organizaciones más fuertes del partido, Isabel Bonig tiene intención de revisar el registro. Y desde la dirección nacional se busca impulsar un sistema interno, el Lanza, para que todos los territorios obren del mismo modo. Pero en muchas autonomías aseguran que «ese debate no se ha planteado».

Lo cierto es que contar con un importante número de militantes tiene sus ventajas. Algunas fuentes recuerdan que, según los estatutos, el reparto de los compromisarios electos que designan al líder del PP depende «al menos en un 75%» de los niveles de afiliación. «Nadie quiere perder fuerza e influencia», reconoce un dirigente popular. El camino hacia la transparencia, sin embargo, puede ser imparable.

http://www.diariosur.es/nacional/201703/13/baja-participacion-congresos-deja-20170313014737-v.html

24. EL PP MUESTRA UNA "AMNESIA GENERALIZADA" ANTE EL IMPAGO DEL CONGRESO DE 2008

Los exaltos cargos Ángel Acebes, Luis Bárcenas y Ricardo Costa contestan en el juicio con un "no sé, no me consta, no me acuerdo" respecto a si el PP pactó pagar 568.511 euros a Feria Valencia por el alquiler de sus instalaciones para el congreso que reeligió a Mariano Rajoy como presidente del partido. Feria Valencia ha reclamado en los tribunales el pago. El PP se niega a pagar porque no existe contrato, y el demandante aduce que el acuerdo era verbal

El juzgado de primera instancia número 1 de Madrid ha celebrado este martes la vista oral por la demanda presentada por Feria Valencia contra el Partido Popular por el impago de 568.511 euros en concepto de alquiler de sus instalaciones, para el XVI congreso nacional del PP, celebrado entre el 20 y el 22 de junio de 2008, y que supuso la reelección de Mariano Rajoy como presidente del partido.

En el juzgado han declarado este martes como testigos el entonces secretario general, Ángel Acebes; quien fuera designado ese mismo congreso como tesorero nacional, Luis Bárcenas; o el exsecretario general regional del PP en Valencia, Ricardo Costa, y todos han evidenciado una “amnesia generalizada” según fuentes presentes en el interrogatorio, a las preguntas de si existía compromiso por parte del Partido Popular de asumir el coste del alquiler de las instalaciones, o quién negoció, por cuánto y de qué forma el arriendo.

Los tres han contestado con un “no sé, no me consta” o “no me acuerdo” a las preguntas formuladas al respecto.

Feria Valencia lleva más de ocho años reclamando el pago. Primero lo ha intentado de forma privada y ante la negativa del PP a llegar a un acuerdo, ha acudido a los tribunales. La institución defiende que hubo un “acuerdo verbal” con el partido para ceder el espacio a cambio de los 568.511 euros.

En el juicio, el representante legal del PP, Alberto Durán, ha manifestado que la formación conservadora no pagará porque “no constan el contrato ni el presupuesto y la factura no está justificada”. El letrado de Feria Valencia le ha recordado de forma irónica que entonces, el PP habrá declarado la “cesión gratuita” de las instalaciones “como una donación” ante el Tribunal de Cuentas y habrá tributado por ello, como es preceptivo, lo que ha provocado el enfado del representante legal del Partido Popular, según las mismas fuentes.

También ha declarado el expresidente ejecutivo de Feria Valencia, Alberto Catalá, quien ha manifestado que fue la exalcaldesa de Valencia, Rita Barberá, fallecida recientemente por un fallo hepático, quien le dijo “que el PP lo iba a hacer todo allí”, en referencia al congreso. Además, han comparecido la actual tesorera, Carmen Navarro; el cajero nacional, Luis Molero; y el exgerente, Cristóbal Páez.

El XVI congreso nacional del PP supuso en 2008 la reelección de Mariano Rajoy como presidente del partido en un momento convulso para el hoy presidente del Gobierno. Venía de perder por segunda vez el Gobierno ante José Luis Rodríguez Zapatero, y Esperanza Aguirre amagó con disputarle la presidencia

Organizado por la Gürtel pese a que Rajoy la "expulsó" por delinquir

La organización de aquel congreso también se ha visto envuelta en la polémica porque tal y como declaró Bárcenas en el juicio de la Gürtel, el entonces secretario general, Ángel Acebes, aceptó que la trama liderada por Francisco Correa produjese parte del mismo, cuando a priori, hacía cuatro años que Rajoy había expulsado a Correa al ser advertido de que estaba utilizando el nombre del PP para delinquir.

Al final, tal y como consta en el sumario de la pieza de la financiación ilegal del Partido Popular de Valencia del caso Gürtel, el PP pagó supuestamente en negro a la trama que organizase parte de aquel congreso.

http://cadenaser.com/ser/2017/03/14/tribunales/1489512696_513476.html

25. DIPUTADOS DEL PP QUE PIDEN INVESTIGAR LA FINANCIACIÓN DE LA OPOSICIÓN, SEÑALADOS POR CORRUPCIÓN

“La voluntad inequívoca del Partido Popular, ha sido la de dar transparencia a la financiación de los partidos políticos”. Esto es lo que dice el PP en su petición para que se cree en el Senado una Comisión de Investigación que arroje luz sobre la financiación de todos los partidos.

La semana pasada, PSOE, Podemos y Ciudadanos exigían una comisión para investigar la supuesta financiación irregular del PP y, los populares contestaban contraatacando y aumentando la apuesta. “No sólo la nuestra”, debieron pensar y pidieron que se estudiara la de todos.

Por eso, al PP se le ha llenado la boca en su escrito con frases como: “Toda corrupción es insoportable y corrosiva para el espíritu cívico, lesiona la democracia y desacredita a España”, sin recordar que han presentado la petición para investigar la financiación y supuestas corruptelas con la firma de 39 diputados populares, firmantes entre los que hay que destacar 10 personas que tienen vinculaciones con casos de corrupción o han desarrollado prácticas nada éticas en sus puestos públicos.

Ponemos nombre y apellidos a estas firmas y repasamos sus currículums.

1. Javier Arenas

Arenas lo ha sido todo en el PP: ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, ministro de Administraciones Públicas, ministro de la Presidencia, Vicepresidente Segundo del Gobierno, y Secretario General del Partido Popular. Pero también ha sonado su nombre en dos de los escándalos de corrupción que asolan al PP.

Por un lado, aparece como perceptor de pagos en B en los llamados Papeles de Bárcenas. Por otro, la UDEF considera que la Gürtel operó en Andalucía bajo el paraguas del entorno de Javier Arenas y así consiguió contratos.

El informe de la UDEF señala a Isidro Cuberos, exjefe de prensa del PP de Aznar, como persona necesaria para que las empresas de la Gürtel consiguiesen un importante contrato relacionado con la presencia de la ciudad de Jerez en Fitur 2004.

Además, es conocida su íntima amistad con Luis Bárcenas, una relación que se rompió tras fracasar la mediación de éste para lograrle un buen acuerdo de despido en Génova. En sus declaraciones ante el juez, Bárcenas ha asegurado que Arenas era su enlace directo con Mariano Rajoy.

2. Ignacio Cosidó

Tras ser uno de los directores generales de La Policía Nacional más polémicos, Ignacio Cosidó ha tenido su recompensa: un retiro más que dorado con 6.000 euros mensuales asegurados. En diciembre de 2016 juraba su escaño de senador que el Partido Popular le había estado guardando durante más de un año.

Como director general de La Policía son varias las polémicas que acumuló, pero quizás la más indicada para este listado fue cuando ordenó la destitución de la cúpula de la UDEF, la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal, encargada de las investigaciones ordenadas por el juez Pablo Ruz en la Gürtel y el Caso Bárcenas.

Pero este no es su único lazo de desunión con el juez Ruz. El magistrado tuvo que poner las cartas sobre la mesa cuando se descubrió que Luis Bárcenas se había puesto en contacto directamente con Cosidó para que este elaborase un informe en el que se demostrara que él no era Luis el Cabrón, que era otra persona. Para el juez Ruz no era normal que un imputado por corrupción pidiera algo así al director de La Policía Nacional.

3. Ángeles Muñoz Uriol

Ángeles Muñoz, la exalcaldesa de Marbella o, como también ha sido conocida, la otra Rita Barberá también ha tenido que ver con algún caso de corrupción.

De hecho, un juzgado de Marbella abrió en septiembre de 2016 diligencias contra ella por la supuesta falsedad en el proceso de aprobación del El Plan General de Ordenación Urbana (PGOU). La otra Rita está señalada por la presunta falsificación de 22 planos de los 71 que componían el PGOU de 2010, que fue probado de manera inicial en un pleno de julio de 2009, y que, al haberse cambiado, casualmente, afectaba a la mansión de la propia Muñoz.

Con estos cambios, tal y como denunció el PSOE, Muñoz revalorizó su patrimonio en 30 millones de euros. Sin olvidar que la exalcaldesa ha reconocido vínculos e intereses con empresas de Gibraltar.

4. Carmen Leyte Coello

Dentro de la Operación Pokémon aparece el nombre de la senadora y alcaldesa de Cartelle, Carmen Leyte Coello.

La jueza instructora pidió nueva documentación sobre la supuesta "financiación ilícita" del PP de Ourense por hasta cuatro delitos (falseamiento de cuentas, apropiación indebida, cohecho y tráfico de influencias). Entre esos documentos, una serie de facturas que estarían al nombre de la popular y otra veintena de personas del PP.

5. Pedro José Pérez

Aunque el Tribunal Supremo archivó la querella interpuesta contra el senador del Partido Popular por Murcia y exalcalde de la localidad de San Pedro del Pinatar, Pedro José Pérez Ruiz fue señalado por un caso de prevaricación y coacciones.

La denuncia fue presentada por el dueño de un local de hostelería. Tras varios años de actividad, el Ayuntamiento le pidió que firmara un convenio por el que el Consistorio obtenía la propiedad del establecimiento y permitía la explotación industrial durante quince años a los propietarios.

6. Dionisio García Carnero

El caso Zamora fue uno de los primeros casos de financiación irregular del PP. En 1987, tres constructores de Zamora entregaron un donativo de tres millones de pesetas para financiar la campaña de José María Aznar a la presidencia de la Junta de Castilla y León. A partir de este acto, se les concedieron adjudicaciones de obras por valor de casi 4.000 millones de pesetas.

Uno de los imputados por prevaricación, cohecho y usurpación de funciones, fue el senador Dionisio García. Aunque dimitió, tras las elecciones de 2008 vuelve a ocupar el escaño y, además, fue reelegido presidente provincial del PP. Cinco años después de los hechos, el juez archivó el caso.

7. Pérez Lapazarán

Este diputado del PP por Navarra, se ausentó de las 245 votaciones de las Presupuestos Generales del Estado de 2012 porque, a la misma hora, tenía que estar en Pamplona en la Junta General de Accionistas de la empresa Viscofán. Como consejero que era, se embolsaba 128.821 euros anuales.

8. Joel Delgado Cáceres

Como concejal del PP en el Ayuntamiento de Arrecife (Lanzarote), está imputado dentro del Caso Unión tras haber intentado enchufar a un familiar en el Consistorio.

9. Jorge Alberto Rodríguez Pérez

La Fiscalía pidió prisión para este diputado del PP acusado por dos delitos de tráfico de influencias por la Fiscalía Anticorrupción de Las Palmas. La Justicia le vincula con la trama del Grupo Europa.

Pidieron para él más de dos años de cárcel, 120.000 euros de multa y cinco años de inhabilitación. Fue portavoz parlamentario del PP entre 2003 y 2007.

10. Sebastián González Vázquez

En este caso se podría decir que el mundo es un pañuelo. Y es que, entre quienes citó a declarar el juez Ruz por el escándalo del contrato de las basuras de Toledo, la famosa mordida de 200.000 euros, está este dirigente popular que también es el cuñado de Acebes.

http://www.elplural.com/politica/2017/03/16/diputados-del-pp-que-piden-investigar-la-financiacion-de-la-oposicion-senalados

26. COSPEDAL, SALVADA POR SOLO EL 5% DE LOS MILITANTES DEL PP DE CASTILLA‑LA MANCHA

El Comité Organizador del Congreso regional de los conservadores proclama a Cospedal como candidata única. Solo 2.686 de los 52.035 afiliados que se podían inscribir en el proceso electoral han votado a la actual ministra de Defensa.

Los ‘populares’ castellano‑manchegos acuden este sábado a su XIII Congreso Autonómico, que se celebra en Cuenca, con una única candidata a presidir el partido, María Dolores de Cospedal. Como tal la proclamaba el Comité Organizador del Congreso este lunes, cumpliendo con lo establecido en el reglamento, aunque los afiliados interesados en participar en el proceso ya se habían pronunciado el pasado viernes al respecto.

Se cumple así con el guion previsto, y aunque en el camino se habían presentado algunos elementos discordantes, como la candidatura alternativa promovida por el presidente del PP de Puebla del Príncipe, Tomás Medina, finalmente se llega a la cita congresual con la propuesta de Cospedal en solitario tras ser confirmada por el 95% de los votos.

A pesar de ello, la actual ministra de Defensa y secretaria general de los conservadores a nivel nacional solamente ha sido respaldada por el 5% de los militantes que componen el Partido Popular de Castilla-La Mancha. Según datos ofrecidos por el portavoz del Gobierno regional, Nacho Hernando, de 52.000 afiliados que se podrían haber inscrito para participar en el proceso electoral interno solo lo hicieron unos 3.400, de los cuales algo más de 2.800 fueron quienes ejercieron su derecho.

Concretamente, el Comité Organizador ha informado que los resultados obtenidos en el conjunto de las mesas otorgan 2.686 votos a Cospedal y 112 a Medina; junto a ellos se emitieron 27 votos en blanco y 3 se han considerado nulos.

De este modo, sin que se haya producido ninguna reclamación en las actas de las mesas electorales, ni en la votación a candidato, ni en la votación a compromisario, la precandidatura de Cospedal ha obtenido un apoyo suficiente para apartar de la carrera a su rival.

De este modo, y atendiendo al artículo 13 de los estatutos del PP de Castilla-La Mancha, al haber obtenido uno de los precandidatos "más del 50% del total de votos válidos emitidos por los afiliados, hubiese logrado una diferencia igual o superior a 15 puntos sobre el resto de precandidatos y hubiera sido el más votado en la mitad de las circunscripciones", -condiciones todas ellas cumplidas por la precandidatura de Cospedal- se proclama a la actual presidenta de la formación como candidata única.

DATOS POR PROVINCIAS

Por provincias, fue en las mesas electorales de Toledo en las que Cospedal recibió un mayor número de apoyos, en total 896, frente a los 6 obtenidos por Medina. Le siguió en número de votos a favor Ciudad Real, con 738 para Cospedal y 59 a favor de Medina.

Los afiliados de Cuenca con derecho a voto también se decantaron del lado de la actual presidenta, con 629 votos a favor, y fueron 43 los que optaron por el precandidato alternativo. En cuanto a Albacete, la candidatura oficialista obtuvo 244 apoyos, frente a los 3 de Medina.

Por su parte en Guadalajara fue tan solo un voto el obtenido por Medina, frente a los 179 que se registraron para Cospedal.

Por otra parte, además de la proclamación de la candidata a la presidencia del PP regional, el Comité Organizador también procedía a designar a los 934 compromisarios que tendrá el congreso.

http://www.periodicoclm.es/articulo/politica/cospedal-candidata-unica-solo-cinco-por-ciento-militantes-pp-castilla-la-mancha/20170314110302006565.html

27. C.A.ANDALUCÍA. LA FISCALÍA PIDE INVESTIGAR 25 EMPRESAS VINCULADAS AL LÍDER DEL PP DE ALMERÍA

Roquetas de Mar, gobernado por Amat, adjudicó licencias a cuñados, primos y sobrinos del dirigente

La telaraña societaria conectada a primos, sobrinos y cuñados del hombre fuerte del PP en Almería, Gabriel Amat, está bajo sospecha. La Fiscalía de Delitos Económicos ha solicitado la investigación de 25 empresas vinculadas al líder popular y presidente de la Diputación de Almería. Se trata de firmas inmobiliarias relacionadas con familiares de este dirigente. Las mercantiles recibieron desde 2003 decenas de licencias urbanísticas del municipio presidido por Amat, Roquetas de Mar.

El Ministerio Público quiere que este Consistorio entregue los expedientes de las empresas bajo sospecha, según un escrito al que ha tenido acceso EL PAÍS. La solicitud está ya sobre la mesa de la titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Roquetas de Mar, que indaga desde 2012 si Amat benefició a un entramado de 103 sociedades relacionado con 53 parientes. Este periódico ha intentado sin éxito contactar con Amat.

En el punto de mira de la fiscalía figuran las empresas de Francisco Javier Amat, sobrino de Gabriel Amat. El Consistorio presidido por su tío concedió licencias para ejecutar 465 viviendas a sus firmas Arkimedes real estate, Altos de aguadulce, Global asesores y gestores inmobiliarios y Caniraga. Solo esta última sociedad recibió el visto bueno del Ayuntamiento de Roquetas, que Amat preside desde 1995, para levantar 256 viviendas con garaje en la zona de la localidad conocida como Playa Serena Sur.

El Ministerio Público quiere también conocer los detalles de las adjudicaciones de Amat a las firmas de su cuñado, Miguel Pintor Moreno. El Ayuntamiento de Roquetas de Mar –con Amat en la alcaldía- dio licencias para construir 239 viviendas a sus sociedades Gofeman, Inversiones Prodamasa y Promociones Rysefe.

El fiscal de Delitos Económicos de Almería, Álvaro Navarro García, también ha situado bajo el foco las adjudicaciones municipales otorgadas a Andrés López, primo del mandatario. Roquetas de Mar autorizó construir viviendas a las sociedades relacionadas con López Agrupaejido y Haza de las marinas.

Surponiente SA, un concesionario de coches que emplea a 89 trabajadores administrado por una hija de Amat y su marido, es otra de las firmas bajo el radar de la fiscalía. La sociedad, que vendió seis vehículos por 199.121 euros al Ayuntamiento de Roquetas de Mar, recibió una licencia urbanística en 2008.

Piezas separadas

El Ministerio Público pide que se abran 25 piezas separadas (una por cada sociedad) para indagar los presuntos delitos, según un escrito del pasado 21 de febrero. Un informe de la Unidad de Drogas y Crimen Organizado (UDYCO) de la Policía Nacional de 2015 relacionó la actividad investigada con el supuesto trato de favor y uso de información privilegiada durante 17 años.

Las pesquisas sobre el hombre fuerte del PP de Almería arrancaron en 2012 tras una denuncia de la Asociación Mediterránea Anticorrupción y Transparencia (AMAyT). Una entidad que sitúa a Amat en el corazón de una trama de familiares que ha saqueado más de 100 millones de euros de las arcas de Roquetas de Mar durante 15 años.

Los denunciantes solicitan refuerzos para acelerar la causa

La investigación sobre los presuntos manejos del factótum del PP de Almería, Gabriel Amat, un agricultor que hizo fortuna al calor de la compraventa de terrenos y la construcción, se prolonga desde 2012.

Los denunciantes, la Asociación Mediterránea Anticorrupción y Transparencia (AMAyT), consideran que la causa arrastra retrasos y han solicitado al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), máximo órgano de gobierno de la judicatura, la incorporación de un juez de apoyo para auxiliar a la titular del Juzgado número 1 de Roquetas de Mar, que indaga el caso desde hace cinco años. Sobre su mesa, reposan informes policiales que conectan al político del PP con un alambicado esquema de hasta 300 sociedades.

http://politica.elpais.com/politica/2017/03/15/actualidad/1489594423_414102.html?id_externo_rsoc=TW_CC

28. C.A.ANDALUCÍA. UNA TRÁNSFUGA CON SUELDO DE PORTAVOZ BLINDA AL LÍDER DEL PP DE ALMERÍA ANTE UNA MOCIÓN DE CENSURA

El alcalde de Roquetas, investigado por posible "trato de favor" a empresas de familiares, mantiene la liberación a una concejal salida del PSOE

C's había advertido de que dejaría caer a Gabriel Amat si era imputado, pero ya no sería posible

La edil niega que haya pactado con el PP

Gabriel Amat, presidente del PP de Almería y de la Diputación y alcalde del Ayuntamiento de Roquetas de Mar, tiene desde este martes un motivo menos de preocupación. Una concejal tránsfuga salida del PSOE y que ha pasado a no adscrita ha desactivado la opción de una moción de censura que se cernía sobre el regidor, investigado judicialmente. Con los votos a favor del PP y de dicha concejal, 13 sobre un total de 25, el pleno de Roquetas aprobó este martes, en la primera sesión de la edil fuera del grupo socialista, que ésta mantendrá su liberación completa, la misma que tenía antes como portavoz adjunta del PSOE. Es decir, 2.135 euros netos al mes, según la propia concejal María José López Carmona, que en declaraciones a infoLibre reconoce que su salida hace inviable la moción de censura contra Amat, pero culpa al PSOE, ya que ella no se considera tránsfuga, sino "expulsada".

El Gobierno local desvincula el trato dado a López Carmona de la desactivación de la opción de una moción de censura, ya que se trata –subraya– de una medida legal, con jurisprudencia de apoyo, que cumple con el acuerdo político de que cada "grupo" tenga un liberado. La edil tránsfuga recibe así consideración de grupo. El Gobierno local niega cualquier intencionalidad indebida: "Achacar al equipo de Gobierno las discrepancias que esta concejal haya podido tener con su partido tiene una clara intencionalidad"

Gabriel Amat es el político más influyente de Almería. Es alcalde de Roquetas (90.000 habitantes) desde 1995, presidente del PP provincial desde 2004 y de la Diputación desde 2011. Es miembro de la Junta Directiva Nacional del PP y de su Comité Ejecutivo Regional. En 2015 perdió su mayoría absoluta como regidor. Cosechó 12 de 25 concejales. Fue investido gracias a los tres ediles de Ciudadanos. El resto de partidos, PSOE (6 concejales), IU (3) y Tú Decides (1) llevan todo el mandato tentando con una moción de censura al partido naranja, que no la descarta pero recuerda que Amat no está imputado por ningún delito. Si lo acaba estando, C's siempre decía que apoyaría la medida, pero ya no será posible.

Un juzgado de Almería investiga una madeja de más de cien empresas vinculada a Amat a través de familiares, que la Policía considera que han podido recibir "trato de favor", si bien el regidor lo niega. Además La Fiscalía Provincial lo denunció en septiembre del año pasado por los supuestos delitos de prevaricación, fraude, tráfico de influencias y actividad prohibida a funcionario público. Entre 2008 y 2014, según la Fiscalía, el Ayuntamiento adjudicó cinco contratos, por valor de un millón de euros, a Jarquil Verde, una empresa de su yerno José Zapata Pomares, que además de estar casado con la hija de Amat era "socio comercial" del alcalde.

Si Amat fuera imputado, Ciudadanos teóricamente forzaría su salida si estuviera en su mano, siguiendo la línea que ha anunciado en relación al presidente de Murcia, o en coherencia con lo que hizo en el Ayuntamiento de Granada. Con el equilibrio de fuerzas que había antes, el partido naranja era decisivo, ya que toda la oposición sumaba 13 concejales. Ahora el mapa ha cambiado decisivamente. ¿Por qué este nuevo equilibrio de fuerzas hace imposible una moción de censura? La ley de régimen electoral general de 2011, que tiene entre sus principales propósitos evitar el transfuguismo, establece que si entre los proponentes de una moción de censura hay un concejal que se ha salido de su grupo (situación en la que está López Carmona), hará falta un proponente más. Es decir, en Roquetas ya no serían necesarios 13 proponentes de una moción, sino 14. Y eso es imposible porque el PP tiene 12 concejales de 25.

El mismo régimen de "dedicación exclusiva"
La concejal López Carmona se dio de baja del PSOE el 2 de marzo. Ese mismo día se dirigió por escrito al Ayuntamiento para informar de esta baja "voluntaria" y para pedirle que le aplicase los derechos que le corresponden como concejal no adscrita. "Yo no he recogido en mi escrito cuáles eran estos derechos, no sabía si se mantenía el sueldo o no. Eso lo establecido la propuesta de alcaldía, no yo", explica a este medio. Su antiguo partido no la cree.

La propuesta de alcaldía llevada al pleno de este martes es generosa con López Carmona: "Mantener en el mismo régimen de dedicación exclusiva que ostentaba hasta la fecha de presentación de la solicitud de 2 de marzo de 2017 a la Sra. Concejal López Carmona". El PSOE tenía dos liberados: el portavoz y la portavoz adjunta, que era López Carmona. Ahora esta edil, siendo concejal no adscrita, mantiene esa liberación, que se le concedió como miembro del grupo del PSOE. Los socialistas han solicitado un segundo liberado, el nuevo portavoz adjunto, Francisco Ibáñez.

En su propuesta llevada al pleno, el alcalde recuerda que según la ley de bases de régimen local, "los derechos económicos y políticos de los miembros no adscritos no podrán ser superiores a los que les hubiesen correspondido de permanecer en el grupo de procedencia, y se ejercerán en la forma que determine el reglamento orgánico de cada corporación". "Dicha previsión", continúa la propuesta que fue aprobada, "nos lleva a concluir que nada impide que un concejal perteneciente a un determinado grupo político que ocupaba un puesto respecto del cual se hubiera previsto un régimen específico de dedicación exclusiva, al abandonar el mismo y adquirir la condición de concejal no adscrito, pueda continuar ejerciendo el puesto en un régimen de dedicación exclusiva o parcial retribuido". Y como legalmente nada lo impide –aunque por supuesto tampoco lo obliga–, el alcalde lo llevó a pleno y se aprobó con los votos del PP y de López Carmona. C's se abstuvo. El resto de la oposición votó en contra.

Amat: el PSOE debió tener "cuidado"
"[Amat] se está garantizando que ya no haya moción de censura. Esto se conocerá a nivel nacional y será un escándalo", afirmó Manuel García, portavoz del PSOE en Roquetas, durante el pleno. Amat replicó: "El escándalo lo ha provocado su partido". Antes insistió en que lo ocurrido era un problema del PSOE. "Hay lenguas por ahí que dicen otras cosas, y quieren meter a otros partidos ahí que no tienen nada que ver en este fregao". También le dijo al PSOE que tendrían que haber tenido "cuidado". Un portavoz del Ayuntamiento insiste en que mantener la remuneración de López Carmona es conforme a la ley de bases del régimen local y cumple el acuerdo de remuneraciones de julio de 2015, que establece que cada grupo tiene al menos un liberado. Dicho acuerdo establece que al PSOE le correspondían dos liberaciones completas, con sueldos de 2.950 euros brutos al mes, si bien el grupo renunció a un 10% por ser "sensible" a la crisis económica.

IU acusó al PP de vulnerar el pacto antitransfuguismo, firmado por todos los partidos con representación parlamentaria en 1998. Dicho pacto recoge que "los partidos firmantes propiciarán las reformas reglamentarias en las corporaciones locales donde ostenten representación, con la finalidad de aislar a los concejales tránsfugas". También señala que los concejales no adscritos no deben "percibir o beneficiarse de los recursos económicos y materiales puestos a disposición de los grupos políticos de la corporación".

La edil culpa a su antiguo partido
López Carmona, en declaraciones a este medio, asegura que se considera "absolutamente expulsada del PSOE", aunque formalmente ella pidió la baja. Afirma que ha sido víctima de "acoso", de lo que es prueba su destitución como secretaria de organización local, entre otras medidas adoptadas contra ella. "Al final ni siquiera se me convocaba a actos del partido", añade. A su juicio, su salida del PSOE es producto de "problemas políticos" sobre los que el partido no ha querido dialogar. Señala que también ha influido que ella apoya a Susana Díaz, aunque por otra parte afirma no saber si actualmente el portavoz apoya a Pedro Sánchez. "Al principio sí lo apoyaba, desde luego. Ahora intentan disimular a ver lo que pasa", añade.

López Carmona niega que su salida haya sido pactada con el PP. Admite que impide que haya una moción de censura, pero culpa a su antiguo partido. "Es una posibilidad que se ha cargado el PSOE, no yo", afirma.

http://www.infolibre.es/noticias/politica/2017/03/14/una_transfuga_con_sueldo_portavoz_blinda_lider_del_almeria_ante_una_mocion_censura_62497_1012.html

29. C.A.BALEARES. EL JUEZ ENVÍA DE NUEVO A MATAS AL BANQUILLO POR PREVARICACIÓN Y FRAUDE

La fiscalía pide dos años de prisión para el expresidente por la concesión irregular de contratos

Nuevo juicio para el expresidente de Baleares Jaume Matas. El juez José Castro ha dictado la apertura de juicio oral para el exministro por delitos de prevaricación y fraude a la Administración por una pieza derivada del caso Palma Arena. El magistrado lleva a juicio la subpieza dos de la pieza 27 sobre la concesión presuntamente irregular de contratos por valor de 110.000 euros a la empresa Over Marketing para compensar los trabajos que esta empresa realizó para el PP en la campaña de las elecciones autonómicas de 2003.

En el auto, el juez también envía al banquillo de los acusados a la cuñada de Matas y exdirectora general de Tecnología del Gobierno balear, Encarnación Padilla, a quien la fiscalía acusa de propiciar un contrato irregular en favor de Over Marketing por valor de 100.000 euros para la difusión de la conexión a internet de las pequeñas y medianas empresas de la isla. También sienta en el banquillo al propietario de la sociedad, el empresario Daniel Mercado, para quien anticorrupción pide penas menores de cárcel sustituibles por multa al apreciarle circunstancias atenuantes como la confesión.

La fiscalía sostiene en su escrito que Matas dio las instrucciones a su cuñada Padilla para que encargase una campaña de fomento de las nuevas tecnologías entre empresas a la sociedad de Mercado. Según anticorrupción, la directora general de acuerdo con Mercado decidió fraccionar el coste del contrato para no superar los 12.000 euros "aparentando que se trataba de servicios independientes para eludir de forma fraudulenta las prescripciones legales y evitar la concurrencia". Sostiene el fiscal que "para culminar la simulación" ambos acusados decidieron conjuntamente que las facturas se emitirían por parte de diversas entidades del grupo de Mercado y luego se ingresarían en las arcas de la central.

Así, la fiscalía estima que las empresas del grupo de Mercado recibieron cerca de 110.000 euros que compensaban parte de los gastos electorales en los que Over Marketing incurrió durante la campaña de las elecciones autonómicas de 2003, donde realizó labores de comunicación y diseño. Anticorrupción sostiene que Mercado y Matas acordaron en una entrevista previa que una parte de los gastos electorales que debían abonarse en dinero negro "se compensarían con el volumen de contrataciones públicas que le adjudicarían desde distintos organismos públicos dependientes del Gobierno balear".

En las últimas semanas, el juez José Castro ha dictado varios autos de apertura de juicio oral contra el expresidente balear. En su último escrito, el magistrado envió a Matas al banquillo con una petición de cinco años de cárcel de la fiscalía por la presunta financiación en negro de parte de los gastos de las campañas del partido por la pieza central sobre la empresa Over Marketing. También mandó a juicio la pieza 14 del Palma Arena sobre los convenios para patrocinar el municipal de ciclismo, por los que anticorrupción le pide un año y medio de prisión.

http://politica.elpais.com/politica/2017/03/16/actualidad/1489672397_681404.html

30. C.A.BALEARES. EL JUEZ CASTRO SIENTA EN EL BANQUILLO AL PRESUNTO FINANCIADOR DEL PP DE MADRID POR PREVARICACIÓN Y FRAUDE

El juez José Castro abre juicio oral contra el empresario Daniel Mercado, propietario de la empresa Over Marketing, investigada por financiar ilegalmente las campañas del PP de Madrid, por los delitos de prevaricación y fraude a la administración. El titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Palma sienta a Mercado en el banquillo por beneficiarse de fondos públicos de las islas mediante contratos irregulares con los que al igual que en Madrid costeaba trabajos para el Partido Popular. Junto a Mercado será juzgado el ex presidente balear Jaume Matas y su cuñada Encarnación Padilla, a los que la Fiscalía Anticorrupción atribuye los mismo delitos.

La Guardia Civil y el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco han puesto el foco sobre los contratos de los que se beneficiaron las empresas de Mercado para averiguar si parte de ese dinero se desvió posteriormente a la caja b del PP.

La pieza de Palma se centra en la contratación presuntamente irregular de Over Marketing y su entramado empresarial por parte del Govern en 2005 y 2006, mediante varios contratos que sumaron 109.138 euros, como pago encubierto por las labores realizadas para la campaña electoral del PP balear en las autonómicas de 2003.En este caso, la Fiscalía Anticorrupción solicita 2 años de prisión contra Matas por el presunto fraude a la administración y 9 años de inhabilitación por prevaricación, y las mismas penas para Padilla.

En el caso de Mercado, la Fiscalía ha tenido en cuenta para fijar las penas la circunstancia atenuante de confesión y solicita que sea condenado a pagar una multa de 360 euros e inhabilitación para cargo o empleo público por 10 años y 6 meses.

Anticorrupción reclama además que Matas, Padilla y Mercado paguen 10.913 euros, un 10 % de la suma que calcula que el Govern pagó al entramado societario, que ascendió a 109.138 euros.

Según el instructor Padilla hizo que le fuera concedido de forma fraudulenta a Over por casi 30.000 euros el contrato para la difusión de una campaña para promover la conexión a internet de las pequeñas y medianas empresas de Baleares, a finales de 2006.En el auto en el que finalizó la instrucción, Castro también detalló que además las empresas públicas ParcBit y Bitel le concedieron ese año a la misma empresa varios contratos menores "deliberadamente fraccionados" en importes de menos de 12.000 euros para que quedaran "exentos de todo control administrativo" y le fueran adjudicados tras una "esquelética tramitación".

Anteriormente, Over Marketing ya había sido "agraciada" en 2005 con otros dos contratos menores, cuyas facturas aprobó Padilla.

Según el magistrado, Padilla seguía instrucciones de Matas, casado con la hermana del gerente del PP balear, Fernando Areal, marido de la entonces directora general.

La Fiscalía Anticorrupción asegura en su escrito de acusación que los responsables políticos pactaron con el empresario los contratos menores "al margen de cualquier expediente administrativo", lo que tuvo como consecuencia "la vulneración reiterada y flagrante de otras exigencias legales que debían imperativamente respetarse y que se obviaron para conseguir los ilícitos objetivos predeterminados".

Además de este juicio, el ex ministro de Medio Ambiente Matas tiene pendientes todavía otros cinco que derivan del Palma Arena, por las piezas 3, 8, 9, 14 y otra parte de la 27.

http://www.elmundo.es/espana/2017/03/16/58ca829e46163f2f7c8b45df.html

31. C.A.MADRID. EL GOBIERNO DE CIFUENTES TOMA EL CONTROL DEL NUEVO PP DE MADRID

La nueva Presidenta del partido en Madrid ha colocado a Ángel Garrido como nuevo Secretario General y a Jaime González Taboada como Coordinador General, un cargo que no existía hasta ahora

El PP de Madrid estrena una nueva etapa, “se abre un antes y un después”, según ha repetido en varias ocasiones Cristina Cifuentes, durante su discurso en el decimosexto Congreso Regional del PP madrileño. Se entierra la anterior etapa, la de Esperanza Aguirre, una etapa donde ha habido “errores”, según reconocía la nueva Presidenta del partido en Madrid. Como por ejemplo, “algunos casos de corrupción”, casos que según Cristina Cifuentes, “hicieron cundir el desánimo entre nuestra militancia y generaron alarma social entre los ciudadanos”. Su empeño, ahora como Presidenta del PP en Madrid es “recuperar a todos esos afiliados que se han quedado por el camino”.

Superado el pasado, el PP en Madrid inicia esta nueva etapa con la intención de hacer borrón y cuenta nueva. Con Cifuentes al frente del partido aspira a “transformar Madrid” y de paso a dejar también un “partido renovado”. Para lograrlo, vertebra su proyecto en varios ejes: “Un partido comprometido con la democracia, un partido beligerante con la corrupción, y un partido abierto, sin exclusiones y sin excluidos”.

La nueva ejecutiva

Con la vista puesta en el futuro, Cristina Cifuentes ha diseñado un nuevo equipo en el que su Gobierno toma el control del nuevo PP de Madrid. Cifuentes ha apostado por gente de su máxima confianza. El nuevo Secretario General del PP de Madrid será Ángel Garrido, actual Consejero de Presidencia y portavoz del ejecutivo madrileño. La nueva Presidenta también ha decidido importar el modelo de Mariano Rajoy, y ha creado la figura de Coordinador General, un cargo que ocupará el consejero de Medio Ambiente, Jaime González Taboada – aunque hay una diferencia evidente respecto al modelo naciona, Fernando Martínez Maillo no está en el Gobierno-.

En la lista de los nuevos 22 vocales, Cifuentes también ha recuperado a varios diputados como Isabel González, alcaldesas como Nieves Roses, y también exdiputados como Enrique Núñez, actual director de Seguridad de la Comunidad de Madrid.

Integración

Pero la sorpresa ha saltado en los cuatro vocales designado y nombrados directamente por Cristina Cifuentes. Entre ellos, está Íñigo Henríquez de Luna, número dos de Aguirre, que ha amagado hasta el final con presentarse a las primarias del PP de Madrid. También figuran, Ángeles Pedraza, expresidenta de la AVT, Luis Partida y Juan Van-Halen.

Según Cifuentes, es un equipo “integrado e integrador”, un equipo donde “no hay guerras de familias, ni luchas internas por el poder”, y donde según la nueva Presidenta, “no caben los personalismos”.

Este 16 Congreso del PP de Madrid ha confirmado que la etapa de Esperanza Aguirre ya es historia, ha llegado a su fin. Ahora está por ver qué ocurrirá con su futuro político. De momento, Cifuentes ha vuelto a repetir que entre sus prioridades está “recuperar las alcaldías perdidas”, entre ellas, Madrid, “para que los ciudadanos no tengan que sufrir las políticas disparatadas de Podemos”.

¿Quién asumirá ese reto? La respuesta sigue siendo una incógnita, de momento, Esperanza Aguirre ha guardado un escrupuloso silencio, no ha querido atender a la prensa, “porque ella hoy no es la protagonista”, según ha justificado su equipo.

http://cadenaser.com/m/emisora/2017/03/18/radio_madrid/1489849770_676290.html

32. C.A.MADRID. CIFUENTES INSISTE EN QUE LA DOCUMENTACIÓN QUE PIDE LA UCO ES DE GOBIERNOS ANTERIORES Y SE DESLIGA DE FUNDESCAM

Podemos critica que "no hubo tal etapa" del pasado de la que habla porque son "los mismos" en el PP de Madrid

La presidenta regional niega que interviniera en ninguna actividad en su etapa como vocal de la fundación

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, insistió este jueves en que la documentación que la Unidad Central Operativa (UCO) está solicitando al Ejecutivo autonómico en el marco de la operación Púnica se refiere a actuaciones de gobiernos anteriores; y se ha desligado de los contratos que la Asamblea de Madrid adjudicó al empresario Arturo Fernández y de Fundescam, dos cuestiones que está investigando el juez Eloy Velasco, informa Europa Press.

"Estamos colaborando plenamente con la justicia remitiéndoles cuanta documentación están solicitando, toda ella de gobiernos anteriores", afirmó Cifuentes en el pleno de la Asamblea de Madrid, donde ha asegurado que en su Gobierno no hay "ni un solo caso de corrupción".

Sin embargo, la portavoz de Podemos en la Asamblea de Madrid, Lorena Ruiz-Huerta, respondió a Cifuentes asegurando que "no hubo tal etapa" del pasado de la que habla porque son "los mismos".

"Ustedes, los de entonces, siguen siendo los mismos. Formaba parte del equipo de Esperanza Aguirre, era vocal de Fundescam y participó en la adjudicación de los servicios de cafetería", reprochó Ruiz-Huerta, quien ha dicho a Cifuentes que "no es muy leal negar los orígenes" y ella tiene una "larga historia" ligada al PP.

Por su parte, Cifuentes aseguró que ni ha elaborado, ni adjudicado el pliego de condiciones de los contratos del servicio de cafetería que la Asamblea adjudicó al expresidente de CEIM, Arturo Fernández, y que está investigando la justicia.

"Ni elaboré los pliegos de condiciones, ni los adjudiqué. Cosa diferente es que me tocara presidir, por delegación la mesa de contratación", continuó Cifuentes, quien precisó que en esa mesa estaban sentados técnicos y representantes de todos los partidos políticos. Explicó que la mesa tomaba las decisiones en base a informes técnicos y por unanimidad, y la que adjudicaba era la Mesa de la Asamblea, también por unanimidad.

En cuanto a Fundescam, fundación también investigada por el juez Velasco de la que ella fue vocal, indicó que aceptó el cargo de vocal "como tantos otros", pero añadió que no intervino en "ninguna actividad y mucho menos en decisiones económicas que corresponden exclusivamente a los apoderados".

En su intervención, Lorena Ruiz-Huerta felicitó a Cifuentes por su victoria en las primarias del PP de Madrid, pero añadió que en el PP cuando las mujeres alcanzan la cima "no miran nada, no saben nada y no tienen curiosidad de saber de dónde sale nada".

"Sus frases preferidas son: 'no sé', 'no me consta'", afeó la portavoz de la formación morada, quien afirmó que en Podemos están "hartos de mordidas, comisiones y adjudicaciones a dedo". "Indignados de que lleven años costeando campañas con dinero negro", añadió.

http://www.infolibre.es/noticias/politica/2017/03/16/cifuentes_insiste_que_documentacion_que_pide_uco_gobiernos_anteriores_desliga_fundescam_62605_1012.html

33. C.A.MADRID. EL 'HOMBRE FUERTE DE CIFUENTES', DE 'COMIDA' EN UN BAR FRANQUISTA

Jaime González Taboada publicó un mensaje en Twitter desde ‘El Mirador de Pelayos’, el establecimiento decorado con bustos y retratos de Franco

Jaime González Taboada, consejero de Medio Ambiente, Administración Local y Ordenación del Territorio de la Comunidad de Madrid, visitó el municipio de Pelayos de la Presa el 10 de octubre de 2013. Así lo compartió en Twitter el ‘hombre fuerte de Cifuentes’: “Visitando Pelayos de la Presa. Reunión con vecinos, comida rápida y a seguir la jornada”, afirmó el que está llamado a ocupar puestos de enorme responsabilidad en el nuevo PP madrileño.

Un mensaje que Taboada, por aquel entonces director general de Cooperación con la Administración Local de la Comunidad de Madrid, acompañó de una instantánea. En la imagen aparecía una piscina, rodeada de vegetación y en la que se podía observar el paisaje de montaña característico de esta localidad madrileña.

Desde el bar franquista

Aunque hasta ahora ha pasado desapercibido, el lugar exacto en el que esta fotografía fue tomada no es otro que a las puertas de ‘El Mirador de Pelayos’, el polémico establecimiento en el que pese a que se rinde tributo a la figura del dictador Francisco Franco, el Partido Popular de esta localidad madrileña conmemora el Día Internacional de la Mujer Trabajadora.

Se trata de un establecimiento en el que cuelgan hasta siete imágenes de Francisco Franco y abundan numerosos bustos del dictador, cuadros religiosos y banderas preconstitucionales. Por haber, incluso hay un maniquí vestido de Policía Nacional. Una estética que ha situado a este establecimiento entre uno de los más destacados de los bares franquistas que aún perduran en España.

El silencio del PP

ELPLURAL.COM se puso en contacto la semana pasada con el Partido Popular de Madrid para obtener explicaciones sobre la elección por parte del Gobierno de Pelayos de la Presa de un bar franquista con el objetivo de celebrar una fiesta tan emblemática como el 8 de marzo. El PP prefirió guardar silencio sobre el sitio desde el que ahora se desvela que el mismísimo consejero de Medio Ambiente, Administración Local y Ordenación del Territorio de la Comunidad de Madrid escribió en su red social tras parar su jornada laboral para realizar “una comida rápida”.

http://www.elplural.com/politica/2017/03/18/el-hombre-fuerte-de-cifuentes-de-comida-en-un-bar-franquista

34. C.REGION DE MURCIA. EL EXPRESIDENTE DE MURCIA SE PLANTEA IRSE DEL PP Y CREAR OTRO PARTIDO

Dos corrientes regionalistas han pedido a Alberto Garre que encabece sendas listas electorales.

Murcia sigue siendo un quebradero de cabeza para el Partido Popular. El presidente Pedro Antonio Sánchez protagoniza este fin de semana el congreso regional donde se hará con el control del partido al ser elegido presidente del PP en sustitución de Ramón Luis Valcárcel. Para respaldar públicamente su figura, desde Génova enviarán al cónclave en nombre de la dirección nacional al coordinador general, Fernando Martínez-Maillo. Sin embargo, la aparente tranquilidad que intentan transmitir desde Madrid puede saltar por los aires durante los próximos días.

Su antecesor en la Presidencia de Murcia, Alberto Garre, está muy descontento por la forma en la que el partido ha gestionado la crisis abierta en el PP murciano y en la región tras la imputación de Sánchez en el caso Auditorio. Según ha podido saber EL ESPAÑOL de fuentes muy cercanas al expresidente murciano, Garre está estudiando qué camino seguir una vez que Valcárcel traspase todos los poderes del partido regional a Pedro Antonio Sánchez.

Ciudadanos, el partido que también sustenta al PP en el Ejecutivo regional, dio de plazo hasta el 27 de marzo para que los conservadores cambien de presidente o, por el contrario, convoquen elecciones. La parálisis del PP, que no quiere ni una cosa ni la otra, ha provocado un movimiento interno que podría provocar la salida en estampida de militantes del partido que no comulgan con "el enrocamiento de Sánchez en la Presidencia de Murcia y el consentimiento de Génova", según han confirmado a este diario fuentes afines a esa corriente.

En Murcia ya han surgido dos partidos regionalistas: Unidos por la Región y Alternativa Regional Murciana. Los integrantes de estas dos corrientes ya se han dirigido a Garre para pedirle que encabece sus listas. El expresidente no se ha decantado por ninguna de las dos propuestas. Sin embargo, últimamente ha declarado que "cada vez se hace más difícil militar en este partido", el Partido Popular en el que ingresó hace más de treinta años.

Un partido regeneracionista

La afirmación ha sido interpretada por círculos internos del PP de Murcia reacios a que Pedro Antonio Sánchez siga como el "convencimiento" de que Garre "abandonará el PP" y se incorporará a las filas de otro movimiento. Fuentes cercanas al expresidente que prefieren mantener la cautela a la hora de adelantar los pasos que dará tras el congreso de este fin de semana. Sin embargo, reconocen que Garre cuenta "no solo con los apoyos de esos dos partidos", sino también con el respaldo de "un grupo de empresarios agroindustriales, conocidos representantes de la sociedad murciana y varios representantes de asociaciones juveniles, la mayoría de ellos con prestigio social pero sin experiencia política".

Quienes conocen de cerca a Garre aseguran que, "si finalmente da el paso hacia la formación de un partido", el nuevo partido que estaría dispuesto a liderar debería fundamentarse en tres pilares fundamentales: "la integración en el proyecto global de Estado español: un regionalismo alejado de posiciones nacionalistas; transversalidad y amplio espectro donde todos tengan cabida siempre y cuando antepongan el compromiso de que Murcia debe dejar de ser una autonomía aislada, abandonada, seca y maltratada por los gobiernos centrales de turno. Y que sea un proyecto regeneracionista con una apuesta clara y contundente para luchar contra la corrupción".

Escenario electoral

Si la amenaza de Ciudadanos se cumple y la oposición se alía para lanzar una moción de censura "instrumental" contra el presidente Sánchez, en el PP están convencidos de que con el mismo candidato mantendrán intacto su resultado electoral. Los seguidores de Garre, sin embargo, barajan la hipótesis de que los conservadores se dejen cuatro diputados por el camino en una nueva cita con las urnas. Un escenario a día de hoy impensable para Génova. La única manera de acelerar el proceso o calmar la tensión es conocer lo antes posible si el juez archiva la causa contra el presidente o, por el contrario, lo mantiene imputado. La dirección nacional del PP cree que "no será pronto", por lo que el futuro del partido murciano se antoja complicado.

http://www.elespanol.com/espana/20170315/200980533_0.html

35. EL INVESTIGADO PEDRO ANTONIO SÁNCHEZ TOMA LAS RIENDAS DEL PARTIDO POPULAR MURCIANO

El presidente de la Región de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, está siendo investigado por prevaricación continuada, fraude contra la administración pública, falsedad en documento oficial y malversación de caudales públicos

Sánchez ha sido proclamado este sábado presidente del PP en la región con más del 93% de los votos y ha reivindicado "poner en valor la política honesta, justa, limpia y decente"
En su discurso, Sánchez ha cargado contra el socialista González Tovar: "No es digno de presidir la Región de Murcia"

Pedro Antonio Sánchez ha sido elegido presidente del PP de Murcia en el XVI Congreso Regional y toma así el relevo a Ramón Luis Valcárcel, que ha liderado las filas 'populares' en la región durante más de dos décadas. El Partido Popular opta así por una táctica continuista en su estructura política. A pesar de la caída en las últimas elecciones de 2015, donde perdió la mayoría absoluta, el partido cambia algunas caras pero mantiene la idea que Ramón Luis Valcárcel ha construido durante los últimos 27 años.

Sánchez, único candidato en este congreso, ha sido elegido pese a estar siendo investigado por prevaricación continuada, fraude contra la administración pública, falsedad en documento oficial y malversación de caudales públicos en el marco del caso Auditorio y con su nombre apareciendo en diversos informes de la Operación Púnica. Ante estas "adversidades", como las han calificado constantemente durante el congreso, el Partido Popular ha cerrado filas y ha mostrado su total confianza en el exalcalde de Puerto Lumbreras que ha sido elegido con el 93,52% de los votos.

Manteniendo la misma idea, el presidente de la Región de Murcia ha optado por ofrecer a Maruja Marín la secretaría general del partido, lo que la convierte en la primera mujer en ostentar dicho cargo. Fernando López Miras, que sonaba para esa secretaría general, será definitivamente Coordinador General del Partido Popular en la Región de Murcia.

Pedro Antonio Sánchez pronunciaba antes de confirmarse su nuevo cargo que el Partido Popular "es el partido del futuro" y que él y su equipo de trabajo se dedicarán a "trabajar en las reformas realmente importantes, haciendo posible que cada infraestructura llegara en las mejores condiciones a los municipios de la Región".

Sánchez ha afirmado que el PP ha logrado que cada municipio en el que han gobernado creciera de manera importante, y que por ello su partido "está destinado a protagonizar el progreso de la Región de Murcia".

La "buena política" del PP murciano

Tras alabar la gestión de los populares en los últimos años, el presidente murciano ha querido hablar sobre su situación judicial. "No podría mirar a la cara a los 36.000 afiliados del PP de la Región de Murcia si no tuviera la conciencia tranquila", ha explicado, para después lanzar un ataque muy duro contra Rafael González Tovar y el Partido Socialista de Murcia. "Hay un político que desde su frustración, el menos votado de la historia de un partido centenario quiere entrar al Gobierno por las alcantarillas de la democracia", y aun sin pronunciar el nombre del líder socialista ha manifestado que "no es digno de presidir la Región de Murcia".

Sánchez ha expresado que él considera "respetable" tener rivales en lo político, pero que le parece "ruin" que sus rivales electorales se dediquen a "hacer el mal y robar lo que han votado los murcianos, tachando a Podemos de "populistas faltones que quieren crecer rápido a costa de lo que sea".

Sobre la situación judicial de Sánchez también se ha pronunciado el propio Ramón Luis Valcárcel antes de la intervención del nuevo presidente popular. "No sé qué pasará mañana. Hoy hay todo un partido unido entorno a Pedro Antonio Sánchez", ha explicado el ya expresidente del Partido Popular murciano, quien ha dicho sentirse "emocionado" ante el cariño de los componentes de su partido.

Los ocho minutos de Martínez Maíllo

No era un día para alabanzas políticas, pero sí para fortalecer la figura de Pedro Antonio Sánchez. Con esa misión ha ido el mensajero de Mariano Rajoy, Fernando Martínez-Maíllo, quien en una escasa intervención ha afirmado ante la petición de dimisión a Pedro Antonio Sánchez por parte de la oposición, que "el PP está hecho a prueba de golpes" y "vamos a aguantar".

"Aguantar, aguantar y aguantar. Eso es lo que va a hacer el PP de la Región", afirmaba Martínez-Maíllo, quien considera que hay que respetar las urnas y también las resoluciones judiciales porque si no, "lo que se hace es atacar el Estado de derecho y eso es lo que está ocurriendo en la Región".

Durante todo el congreso, se ha repetido una y otra vez, como si se esperara su presencia, que Mariano Rajoy ha tenido la obligación de acudir al congreso del Partido Popular del País Vasco tras conocerse el adiós definitivo a las armas de ETA, y tanto Ramón Luis Valcárcel como Martínez Maíllo y el moderador del congreso, el alcalde de Murcia José Ballesta han reiterado en diversas ocasiones la necesidad de que Rajoy estuviera en el País Vasco durante la jornada de hoy.

http://www.eldiario.es/murcia/Pedro-Antonio-Sanchez-PP-Murcia_0_623637945.html

36. C.VALENCIANA. GÉNOVA ESTABA AL TANTO DE LOS PAGOS EN 'B' EN LA CAMPAÑA DE RITA BARBERÁ

Página del diario que escribieron los recaudadores del PP de Valencia sobre las contrataciones con dinero negro para la campaña de 2007.

Los recaudadores escribieron un diario sobre los contratos de campaña y las órdenes del PPEl PP pagó una campaña de Rita Barberá con 700 billetes de 500

Nuevas pruebas incluidas en la pieza separada del caso Taula que investiga la presunta financiación irregular del PP de Valencia cuestionan los argumentos que hasta ahora Génova ha trasladado al juzgado para distanciarse del equipo de Rita Barberá y evitar así sentarse en el banquillo por blanqueo de divisas. Según apunta la documentación incluida en el sumario, los presuntos recaudadores del PP dejaron por escrito un diario de la campaña electoral de Rita Barberá de 2007 que revela cómo la gerencia nacional tenía conocimiento de la negociación que puso en marcha Laterne, una de las agencias que montó los eventos que se investigan, para ampliar el contrato con el proveedor de las banderolas, la empresa Sundisa, y así reforzar la imagen de la ex alcaldesa en un momento especialmente difícil para el PP. Un año antes, en 2006, tuvo lugar la tragedia del metro de Valencia, que dejó 43 muertos y 47 heridos, y el grupo municipal popular puso en marcha toda su maquinaria para que Barberá volviese a ganar. Vencer ese año a la oposición con los mejores resultados electorales era la mejor forma de defender que las urnas les habría absuelto de cualquier responsabilidad en su gestión.

Alfonso Grau, el centinela de la caja B a juicio policial y jefe de campaña, aceptó aumentar el gasto en banderolas tras recolectar tres millones de euros entre los donantes, grandes contratistas de la Administración, y Génova dio su visto bueno si se pagaban al contado, según se desprende de las anotaciones. Este documento ha sido entregado al juzgado que instruye las diligencias derivadas de la Operación Taula por Jesús Gordillo, el asesor que ha declarado que el PP liquidó las deudas electorales de 2007 con 700 billetes de 500 euros que le dio Grau.

Esta página concreta del diario se escribe el 4 de mayo de 2007 a las 12:50 horas tras una conversación con el representante de las banderolas, Joan Rovira. En el documento, uno de los presuntos recaudadores anota sobre las banderolas que «desde gerencia nacional de calle Génova no le dan las originales por lo que no puede comprometerse a coger más ampliaciones», que «se cobran al contado».

A continuación, el diario recoge otra conversación con José Ramón Moscardó, ex gerente provincial del PP en Valencia e imputado por la financiación irregular en las elecciones del año 2011. «Hablo con Moscardó el 27/03/07 por la mañana, y no tiene noticias suyas» en referencia al proveedor de las banderolas. «Parece ser que no quiere hacerse cargo de este asunto y le ha puesto en contacto con Laterne; dice que él (Moscardó) no paga nada».El diario continúa explicando que «la vez anterior», en referencia a las elecciones de 2003, el proveedor «debió tener problemas con algunos municipios para cobrar, por lo que han dicho desde gerencia nacional que si quiere coger alguna ampliación puede cobrarla al contado».El diario también incluía anotaciones a mano sobre las «impresiones» que los recaudadores del PP tenían de los proveedores. En este caso se añadió la siguiente anotación: «Una solo: no se acordaba de tu nombre, eso lo dice todo».En cambio, según consta en las facturas, Laterne acabó contratando a la empresa 1.402 banderolas más, de 90x120 centímetros, por 38.722 euros pese a que solo estaba facultado para ello la gerencia provincial. Primero se emitió una factura con la referencia «municipales 2007» y más tarde se fabricó otra sin referencia alguna a las elecciones para evitar los órganos de control. Las banderolas se pagaron con el dinero que entregaron los donantes.

http://www.elmundo.es/comunidad-valenciana/2017/03/15/58c83fcdca4741f63b8b45ae.html

37. C.VALENCIANA. EL FISCAL DEL CASO TAULA APRECIA UNA "DINÁMICA DELICTIVA" EN EL GRUPO MUNICIPAL DEL PP DE VALÈNCIA

El exasesor de Alfonso Grau asegura que el exvicealcalde pagó 350.000 euros de la campaña de Rita Barberá en 2007 en billetes de 500

El fiscal que investiga el caso Taula observa una "dinámica delictiva" en el grupo municipal del PP del Ayuntamiento de València a través de la cual se revela "un firme propósito de actuar al margen de la legalidad" para financiar ilegalmente al partido durante la campaña electoral de 2007 de Rita Barberá a la alcaldía de cap i casal.

De este modo, el ministerio público observa indicios de dopaje económico del PP de la ciudad de València, cuyos concejales y asesores están imputados en la causa que investiga la presunta financiación ilegal de la formación. El sumario de la pieza que instruye el conocido como Ritagate, cuyo secreto se ha levantado hoy, apunta a que empresas con contratos con el consistorio valenciano aportaron dinero a Laterne, la empresa que supuestamente recaudaba los donativos para sufragar la campaña electoral de 2007. Una campaña que gracias a esta aportación de fondos habría tenido un coste 20 veces superior a lo que decía el contrato que el grupo Municipal firmó con la empresa de Sáez Tormo (150.000 euros). Alguna de las facturas de los gastos de campaña aparecen modificadas a petición de Laterne para ocultar que se estaban pagando gastos electorales, según reveló el diario Valencia Plaza.

Entre las empresas citadas como 'donantes' se encuentran Secopsa, Sociedad de Agricultores de la Vega (SAV), Rulv Valencia (UTE de Secopsa), el Grupo Rover Alcisa, Urbana Ducat, Nou Litoral, PKL Real State, Pavasal, Luján, Lubasa, Edival, FCC y Ágora Patrimonial.

Según el fiscal, "resulta evidente que existe no solo una conexión, sino una manifiesta continuidad en una dinámica delictiva canalizada a través del grupo municipal del Partido Popular del Ayuntamiento de València, y que lejos de ser accidentes aislados rebelan un firme propósito de actuar al margen de la legalidad utilizando diferentes artificios para burlar la ley electoral en un aspecto tan importante como es el económico, dado que impide la necesaria igualdad y lealtad en los procesos electorales de todos los partidos que confluyen".

El sumario recoge además la declaración de Jesús Gordillo, exasesor de Alfonso Grau que asegura ante los agentes de la Guardia Civil que el concejal pagó 350.000 euros de la campaña de Rita Barberá en 2007 en billetes de 500 euros. Gordillo es el testigo que dio la voz de alarma sobre la presuna financiación ilegal del Partido Popular con anterioridad a las elecciones de 2011.

"Alfonso me entregó 350.000 euros en billetes de 500 e hizo que fuera a cobrar un cheque de 150.000 euros", explica el exasesor de Grau a los agentes de la UCO. En este sentido, el testigo, que declaró por voluntad propia ante la Guardia Civil, indica que el cuñado de Barberá, José María Corbín, era el abogado del grupo Laterne, y que asesoraba a la sociedad Product Management Council SL (PMC), mientras se pagaban las campañas de Barberá con billetes de 500 euros. Corbín, quien ahora ejerce de abogado de Mari Carmen García-Fuster, facturaba "por ello 3.000 euros al mes", según Gordillo.

http://www.levante-emv.com/comunitat-valenciana/2017/03/13/fiscal-taula-aprecia-dinamica-delictiva/1540608.html

38. C.VALENCIANA. GRAU ENTREGÓ 350.000 EUROS EN BILLETES DE 500 PARA PAGOS DE LA CAMPAÑA DE BARBERÁ, SEGÚN SU EXASESOR

El propio vicealcalde dio instrucciones para que recogiese de Secopsa un cheque bancario por importe de 150.000 euros, según su exasesor En el caso Imelsa se investigan delitos de cohecho, malversación y delito electoral en relación con la campaña electoral del PP de la ciudad de Valencia

Jesús Gordillo, exasesor del exvicealcalde de València Alfonso Grau (PP), declaró a principios del pasado mes de diciembre ante la Guardia Civil, y ratificó posteriormente ante el juez que investiga el caso Imelsa, que cuando trabajaba en Laterne, la empresa de comunicación que organizó la campaña municipal del PP para los comicios de 2007, Grau le entregó en efectivo 350.000 euros en billetes de 500 para pagar las cantidades que empresas subcontratadas exigían por servicios prestados relacionados con actos de campaña, en la que la exalcaldesa Rita Barberá se presentaba a la reelección.

Además, según su declaración como testigo, recibió instrucciones del propio Grau para recoger de Secopsa un cheque bancario por importe de 150.000 euros. Asimismo, relató que, por orden del exvicealcalde, desde el departamento de administración se giraron facturas a las empresas que habían aportado los 500.000 euros para dar soporte a esa entrada de dinero “y de esa forma ocultar que realmente eran distintas empresas las que asumían el coste de determinados gastos electorales en los que había incurrido el PP”.

Así consta en sus declaraciones ante Guardia Civil y juzgado, a las que ha tenido acceso Europa Press, tras el levantamiento del secreto del sumario que pesaba sobre una pieza de caso Imelsa, en la que se investigan delitos de cohecho, malversación y delito electoral, en relación con la empresa Laterne relacionada con la campaña electoral del PP de la ciudad de València del año 2007 a raíz de las donaciones de 1.000 euros efectuadas por concejales y asesores del grupo municipal popular, cantidad que presuntamente les era devuelta en dos billetes de 500 euros para blanquear dinero en efectivo de supuesta procedencia ilícita.

El auto en el que se declaraba en noviembre el secreto de las actuaciones, el juez explicaba que de la documentación obtenida en Fiscalía, existen indicios de que, a través de Laterne, se encargaron y pagaron servicios prestados por terceras empresas por actos de campaña del PP de 2007 y aportaciones económicas de terceras empresas y fundaciones públicas. Según se desprende del sumario, la documentación la proporcionó a Valencia Plaza el propio Gordillo, que trabajó como asesor de Grau, en Laterne (por mediación del exvicealcalde) y en Secopsa Concesiones.

En Laterne se dedicó a organización de eventos y, en concreto, trabajó en la campaña electoral del 2007, la esponsorización de la camiseta del Valencia Club de Fútbol, una conferencia de Barberá en EEUU en 2008 y trabajos para Valmor en relación con la Fórmula 1.

El motivo por el que Gordillo comenzó a trabajar para Laterne fue porque muchas de las empresas a las que esta firma había subcontratado para organizar servicios de la campaña no habían cobrado y llamaban tanto a la propia compañía como a Alcaldía de València para reclamar los pagos. Para llevar a cabo estos abonos, se organizó una reunión a la que asistieron el propietario, Grau y personal de administración, donde se le comunicó que sería el encargado de hacer los abonos.

Un “mandado”

Para ello, Grau le entregó los 350.000 euros “en un sobre”, cree recordar que en la sede de Laterne, y le dijo que era con el que pagar los gastos electorales. Ni le dijo por qué tenía esa cantidad y ni se lo preguntó, ya que era un “mandado” y entonces consideraba a Grau como “una persona honrada” y confiaba en él. Además, le indicó que debía recibir un cheque de 150.000 euros de Secopsa, que le dio una persona que tenían “de chófer” en la constructora y él puso un sello de Laterne e hizo un garabato.

Gordillo se llevó los 350.000 euros a su casa y pagó a los proveedores durante los días 29 y 30 de abril y 2 de mayo de 2008 “y de esa forma saldar la deuda”. Una vez pagados todos, le sobraron 15.000 euros que devolvió a Grau.

Preguntado por qué se le ordenó cobrar el cheque en Secopsa, aseguró que lo desconocía y que lo recibió a nombre de Laterne y usó el dinero para pagar parte de la deuda. También aseguró desconocer el motivo por el que esas empresas realizaron los pagos por los que se les facturó desde Laterne, ya que ellas tenían trato “directo” con Grau. Asimismo, no podía precisar con certeza que todas esas empresas fueran adjudicatarias de contratos municipales, pero cree que Secopsa, SAV, FCC, Luján y Lubasa sí.

Durante su declaración, explicó que Grau era “muy amigo” del dueño de Laterne y cuando supo que no se estaba pagando a los proveedores de campaña que había contratado, tenía interés en que se abonaran al haber sido el “organizador” de esa campaña.

Sobre los proveedores, señaló que se les encargó que realizaran trabajos para la campaña por lo que facturaron con los conceptos “auténticos” del servicio prestado. Pero como finalmente el partido no se iba a hacer cargo de determinados gastos, “se eliminaron las alusiones a la campaña electoral”. Entonces, los proveedores hicieron las mismas facturas, con el mismo número e importes pero “eliminando de ellas cualquier alusión a la campaña electoral”.

El exasesor del exvicealcalde aseguró recordar que el grupo municipal del PP pagó 150.000 euros a través de un cheque que le entregó María del Carmen García Fuster, la entonces secretaria del grupo municipal, que le entregó al propietario de Laterne y que se usó para pagar los servicios por la campaña.

Gordillo relató que Laterne Product Council (LPC), propiedad de Vicente Sáez, tenía un grupo de empresas con el mismo domicilio social, entre ellas Product Management Council (PMC), que fue creada para concurrir con otras firmas a licitaciones públicas de obras y servicios y tratar de repartirse el mercado.

En este caso, se mantenían reuniones a las que acudían empresarios y el letrado José María Corbín, —cuñado de la fallecida Rita Barberá—, contratado por PMC y que facturaba 3.000 euros mensuales por ello. Como requisito para entrar en este grupo se exigía una aportación de 150.000 euros.

http://www.infolibre.es/noticias/comunidades/comunitat_valenciana/2017/03/13/grau_entrego_350_000_euros_billetes_500_para_pagos_campana_barbera_segun_exasesor_62440_1761.html

39. C.VALENCIANA. LA GUARDIA CIVIL REFUERZA LOS INDICIOS DE FINANCIACIÓN ILEGAL DEL PP DE RITA BARBERÁ

La Guardia Civil ha reforzado los indicios de financiación ilegal del PP de Rita Barberá, que fue alcaldesa de Valencia entre los años 1991 y 2015. Así se desprende de un nuevo informe que la Unidad Central Operativa ha entregado al juez Víctor Gómez, instructor del caso Taula.

En él se recoge la declaración como testigo prestada por un exasesor del grupo municipal del PP en la que mantiene que Alfonso Grau, entonces vicealcalde de Valencia, le entregó en 2008, "en un sobre", 350.000 euros en billetes de 500, y le dijo que el dinero era para que "pagara los gastos electorales" de la campaña de 2007.

El testigo, Jesús Gordillo, afirmó en su declaración a la que ha tenido acceso EL PAÍS que se llevó "el dinero a casa y lo utilizó los días 29 y 30 de abril y 2 de mayo de 2008 para pagar a los distintos proveedores" electorales "y de esa forma saldar la deuda y cumplir lo que le habían encargado". Grau había dirigido la campaña de 2007 en la que Barberá obtuvo mayoría absoluta.

El exasesor municipal señaló igualmente que diversas empresas que tenían grandes concesiones municipales, entre las que cita a Secopsa, Sociedad de Agricultores de la Vega, FCC, Luján y Lubasa pagaron actos electorales de la campaña de Barberá en 2007 a Laterne, la agencia que montó toda la campaña del PP de Valencia para aquellos comicios.

El juez aprecia indicios de malversación, cohecho y delito electoral en la supuesta actuación del grupo municipal popular descrita por Gordillo.

Facturas falsas

Los proveedores buscados por Laterne para materializar la campaña de 2007 tuvieron que rehacer las facturas que inicialmente habían emitido al PP "con los conceptos auténticos de los trabajos realizados", indicó el testigo. "Como finalmente el partido no se iba a hacer cargo de determinados gastos, se eliminaron [de las facturas] las alusiones a la campaña electoral. Los proveedores hicieron las mismas facturas, con el mismo número y por los mismos importes eliminando de ellas cualquier alusión a la campaña política", pero esta vez dirigidas a Laterne por servicios simulados.

Conferencia de la exalcaldesa en Washington

La agencia Laterne Product Council estaba muy cerca del Ayuntamiento de Valencia, en la calle Correos. Fue en su despacho de esta mercantil donde el testigo Jesús Gordillo recibió de manos de Alfonso Grau 350.000 euros en billetes de 500 para pagar los gastos electorales de 2007, según su declaración.

El testimonio también indica que la agencia de eventos, en cuya sede estaban domiciliadas otras empresas del mismo grupo, realizó entre 2007 y 2008 otros encargos para el Consistorio. Entre ellos, conseguir que Rita Barberá diera una conferencia sobre Valencia en la Universidad George Washington, en la capital de Estados Unidos.

En aquellos años Laterne, al frente de la cual estaba Vicente Sáez Tormo, participó en el patrocinio de la camiseta del Valencia CF e hizo trabajos para Valmor Sports, la empresa investigada en el caso Fórmula 1 que, según la fiscalía, fue utilizada como pantalla por el expresidente de la Generalitat Francisco Camps para ocultar que era la Administración autonómica la que corría con el coste de organización del Gran Premio de Europa.

En paralelo, Laterne también emitió facturas por conceptos falsos a las empresas adjudicatarias de contratas municipales que habían entregado dinero para costear la campaña de Barberá, declaró el testigo. El objetivo de esa falsedad, ejecutada "por orden de Alfonso Grau", fue "ocultar que realmente eran distintas empresas las que asumían el coste de determinados actos electorales en los que había incurrido el partido".

Además de los 350.000 euros en metálico presuntamente entregados por Grau al testigo en un sobre, el que fuera mano derecha de Barberá también dio instrucciones a Gordillo para "recoger de la empresa Secopsa un cheque bancario por importe de 150.000 euros" e ingresarlos en la cuenta de Laterne como pago de gastos electorales, según la declaración. En total, 500.000 euros a los que hay que sumar otro cheque de 150.000 que, según el testimonio, la secretaria general del grupo municipal, Mari Carmen García Fuster, le entregó a Gordillo con destino a Laterne para cancelar deudas electorales.

La procedencia de este último supuesto pago es un misterio para los investigadores, ya que el cheque no procedía de ninguna de las cuentas, ni las oficiales ni las opacas al Tribunal de Cuentas, del grupo municipal del PP que han detectado los investigadores. Ello les lleva a pensar que al menos otra cuenta bancaria sigue oculta.

El origen, el blanqueo

La investigación sobre la financiación del PP de Valencia en la etapa de Barberá no ha finalizado, aseguran fuentes del caso. Pero sí se han reunido los indicios cuya posible destrucción justificaba el secreto de sumario de esta subpieza de la causa. Esta línea de investigación se deriva de las pesquisas sobre una supuesta operación de lavado de dinero negro para sufragar la campaña de las elecciones locales de 2015.

Por estos hechos están imputados medio centenar de miembros del grupo municipal del PP de Valencia, incluidos nueve de sus 10 concejales, que han negado las acusaciones. Y fue el motivo por el que Barberá tuvo que declarar en el Tribunal Supremo en noviembre, dos días antes de fallecer. La exalcaldesa también proclamó su inocencia.

En los cuatro meses que ha permanecido vigente el secreto, agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil han recabado papeles y testimonios en fundaciones públicas municipales y empresas que han tenido contratas del Ayuntamiento. Todas ellas son sospechosas de haber pagado actos electorales a Laterne, la agencia de eventos que organizó la campaña de Barberá en 2007.

El juez Gómez abrió la subpieza secreta en noviembre a petición de la fiscalía y la UCO, tras observar indicios de "aportaciones económicas de terceras empresas y fundaciones públicas" a aquella campaña, según un auto de 10 de noviembre hecho público este lunes. El magistrado apreció inicialmente que los nuevos hechos podían ser constitutivos de los delitos de malversación, cohecho y delito electoral. Y que resultaban indicativos de una "continuidad delictiva" en el grupo municipal que se extendía hasta el año 2015.

Los tres vértices de la financiación

Gordillo, el testigo que ha declarado que recibió 350.000 euros en metálico de Grau, era en 2008 trabajador de Laterne, después de haber sido asesor municipal del PP de Valencia. En la legislatura de 2011 a 2015 volvió a trabajar para el grupo municipal popular, pero antes de regresar al Ayuntamiento fue empleado, además, por Secopsa, empresa a la que el Consistorio adjudicó el mantenimiento de todo el mobiliario municipal.

La relación entre ambas empresas y el Ayuntamiento era tan estrecha que, según el testigo, entró a trabajar en ambas gracias a la influencia de Grau y fue el entonces vicealcalde el que "negoció el salario" que el ahora testigo iba a percibir en ambas mercantiles. Su testimonio, basado en su experiencia directa en las tres patas de la presunta financiación irregular del PP de Valencia, apuntala la tesis que mantiene la fiscalía.

El mismo sistema que en Gürtel

El sistema esbozado por la investigación es similar al que presuntamente utilizaron la trama Gürtel y la cúpula del PP de la Comunidad Valenciana que presidía Francisco Camps para financiar las campañas electorales del mismo año 2007 y de 2008.

En Gürtel, el papel de Laterne lo realizaba Orange Market, la empresa que administraba Álvaro Pérez, El Bigotes. Y el lugar de los contratistas municipales lo ocuparon nueve empresarios de la construcción y la obra pública, adjudicatarios de la Generalitat, que pagaron actos electorales a Orange Market. Así lo han reconocido ellos mismos en la parte del caso Gürtel en la que están procesados Vicente Rambla, Ricardo Costa y otros antiguos miembros de la dirección del PP valenciano.

El objetivo nuclear de la subpieza del caso Taula sobre la que ahora se ha levantado el secreto es reforzar los indicios de blanqueo de capitales de 2015. Esto es, la existencia de una práctica de pagos irregulares al grupo municipal que generaban dinero negro y explicarían el lavado de fondos de la última campaña local mediante el llamado procedimiento del pitufeo: muchas personas (50) lavan una pequeñas cantidad de dinero (1.000 euros cada una) para que la operación pase desapercibida.

El caso Taula es una macrocausa de corrupción que ha revelado, entre otros supuestos delitos, la existencia de una trama del 3% en el seno del PP valenciano.

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2017/03/13/valencia/1489394178_668690.html

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