Las otras noticias + PPOPULARES de los  Genoveses, SA

Boletin 744. del 07 al 31 de diciembre 2016

CONSULTAR ÚLTIMOS BOLETINES 2016

ÍNDICE

01. EN EL AÑO DE GÜRTEL, LAS BLACK Y LA FINANCIACIÓN VALENCIANA, RAJOY NO DEDICA NI UNA PALABRA A LA CORRUPCIÓN

01BIS. RAJOY SE TOMA MES Y MEDIO DE VACACIONES SIN ACUDIR AL CONGRESO

02. RAJOY SOBREVIVE A SU MINORÍA MAYORITARIA

03. EL 'MARTES NEGRO' DEL PP: UNA RISTRA DE DERROTAS PARLAMENTARIAS

04. RAJOY RECHAZA DEROGAR LAS LEYES DEL PP QUE CUESTIONA EL ACTUAL CONGRESO

05. EL GOBIERNO APRUEBA CON PSOE, CIUDADANOS Y PNV LAS MEDIDAS ECONÓMICAS MÁS URGENTES

06. CASO GURTEL

6.1. PIDEN QUE TESTIFIQUE EL PRESIDENTE DE LA CÁMARA DE CUENTAS DE MADRID POR LOS CONTRATOS FRACCIONADOS CON LA GÜRTEL

6.2. EL EXALCALDE DE MAJADAHONDA DICE QUE LAPUERTA LE PIDIÓ "ECHAR UNA MANO" A UN EMPRESARIO QUE "COLABORABA CON EL PARTIDO"

6.3. EL RESPONSABLE DEL 'PITUFEO' DEFIENDE A CORREA: "SU PRINCIPAL CLIENTE ERA EL PP, QUE LUCHABA CONTRA LA CORRUPCIÓN"

6.4. MORENO: "GRANADOS NOS DIJO QUE LOS AYUNTAMIENTOS TENÍAN QUE DAR DINERO A GÉNOVA POR LOS CONTRATOS"

6.5. PEÑAS ASEGURA QUE EL PP INSTÓ A "RECOMPENSAR" A VARIAS EMPRESAS QUE FINANCIARON SU CAMPAÑA EN LAS MUNICIPALES DE 2003

6.6. EL DOCUMENTO CLAVE SOBRE ACS CON EL QUE LAS ACUSACIONES QUIEREN REABRIR ‘LA CAJA B’ DEL PP

6.7. VARIAS ACUSACIONES POPULARES QUIEREN QUE SE REABRA EL 'CASO BÁRCENAS', QUE INVESTIGA UNA CAJA B DENTRO DEL PP

6.8. LA JUEZ ESPEJEL NO JUZGARÁ A LA TRAMA GÜRTEL DE BOADILLA: DECIDE APARTARSE DEL TRIBUNAL

6.9. ELPLURAL.COM PUBLICA EL INFORME DE ADJUDICACIÓN A LA ‘GÜRTEL’ QUE LA DIPUTADA DE CIFUENTES DICE QUE NUNCA FIRMÓ

6.10. EL JUEZ RUZ RECLAMA JUZGADOS ESPECIALIZADOS EN CORRUPCIÓN


07. CASO PÚNICA

7.1. EL CGPJ QUITA EL REFUERZO AL JUEZ ELOY VELASCO, QUE INVESTIGA LA TRAMA PÚNICA

7.2 PÚNICA COMIENZA A HACER SOMBRA A GÜRTEL: 150 IMPUTADOS, 390 TESTIGOS, 200 TOMOS...

7.3. EL CNI PAGÓ A UN IMPUTADO DE LA PÚNICA PARA QUE SE INFILTRARA EN FOROS INDEPENDENTISTAS

7.4. LA GUARDIA CIVIL ACUSA AL DIPUTADO VALENCIANO VÍCTOR SOLER (PP) DE FRAUDE, COHECHO Y MALVERSACIÓN

7.5. LAS 63 PRUEBAS QUE ACORRALAN EN PÚNICA A UN DIPUTADO DEL PP Y AL EXALCALDE DE GANDÍA

7.6.PIDEN QUE COSPEDAL Y FLORIANO DECLAREN EN EL JUICIO DE LA TRAMA LEONESA DE PÚNICA

7.7."NUEVOS HALLAZGOS" DE LA UCO "CORROBORAN" TRATOS DEL PRESIDENTE DE MURCIA CON PÚNICA

7.8. LOS AUDIOS DE LA DECLARACIÓN DE GRANADOS: "AGUIRRE ES UNA PERSONA HONRADA Y CABAL"

08. LA COMISIÓN ANTICORRUPCIÓN ARRANCA AL FIN SU TRABAJO... Y ELIGE UN MODELO DE PUERTA CERRADA

09. EL CONGRESO PIDE LA DEROGACIÓN DE LA REFORMA LABORAL DEL PP

10. SORAYA Y SU JEFA DE GABINETE METEN MANO EN TVE PARA PONER A ‘AMIGOS’ Y LA REDACCIÓN SE CABREA

11. LA VICEPRESIDENTA APARCA EL COCHE OFICIAL EN EL CARRIL BUS DE LA GRAN VÍA PARA IR A PRIMARK

12. SORAYA 'SE ENCAPRICHA' DEL DESPACHO DE CARRERO Y MANDA REMOZAR SUS 73 M²

13. DASTIS INSISTE SOBRE LOS EMIGRADOS: “NO ME PARECE UNA TRAGEDIA SEPARARSE DE AMIGOS Y FAMILIA”

14. EL MINISTRO DE EXTERIORES ABOCHORNA AL CONGRESO: LOS ESPAÑOLES EMIGRAN “POR AMPLITUD DE MIRAS”

14BIS. LAS PENSIONES SUFRIRÁN EN 2017 LA MAYOR PÉRDIDA DE PODER ADQUISITIVO EN CINCO AÑOS

15. LA SEGURIDAD SOCIAL SACA OTROS 936 MILLONES DEL FONDO DE RESERVA PARA PAGAR EL IRPF DE LAS PENSIONES

16. BÁÑEZ NOMBRA DIRECTOR GENERAL AL ECONOMISTA DE CCOO QUE APOYÓ EL INFORME DEL COMITÉ DE EXPERTOS SOBRE PENSIONES

17. 250 ABOGADOS DEL ESTADO TRABAJAN PARA EL SECTOR PRIVADO

18. EL PSOE FRENA LA AUTORIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE LOS DIPUTADOS

19. DIPUTADOS 'PLURIEMPLEADOS': ABOGADOS, TERTULIANOS, ASESORES... CON DOBLE SUELDO

20. LA 'ARREPENTIDA' Y EX SENADORA DEL PP, ANA TORME, PRESENTA NUEVAS PRUEBAS CONTRA MARTÍNEZ PUJALTE

21. HACIENDA INVESTIGA LOS LAZOS DE LA PETROLERA FAMILIAR DE CAÑETE CON SOCIEDADES 'OFFSHORE'

22. HACIENDA INSPECCIONA LOS VÍNCULOS CON PARAÍSOS FISCALES DE UNA PETROLERA EN LOS DOS ÚLTIMOS AÑOS QUE LA PRESIDIÓ CAÑETE

23. EL JUEZ DE LA MATA ESTRECHA LA INVESTIGACIÓN SOBRE ARÍSTEGUI Y DE LA SERNA

24. SOLO EN EL 17% DE SEDES DEL PP HABÍA MÁS CANDIDATOS QUE COMPROMISARIOS

25. LAS DOS ALMAS DEL PARTIDO PREFERIDO POR LOS CATÓLICOS

26. AZNAR RENUNCIA A LA PRESIDENCIA DE HONOR DEL PP

27. AZNAR, CONTRA SANTAMARÍA POR CUESTIONAR LA ACTUACIÓN DEL PP CON EL ESTATUT

28. ASÍ HAN ACABADO EN LA QUIEBRA LAS AUTOPISTAS RADIALES QUE PUEDEN TERMINAR CERRADAS

29. EL GOBIERNO PROPONDRÁ A PÉREZ DE LOS COBOS COMO JUEZ ESPAÑOL EN EL TEDH

30. EL PP QUIERE QUE SU EX DIPUTADO Y CATEDRÁTICO OLLERO PRESIDA EL CONSTITUCIONAL

31. C.A.CASTILLA Y LEON. VALDEÓN ES FINALMENTE CONDENADA A PAGAR 1.800 EUROS Y NO PODRÁ CONDUCIR EN 8 MESES

32. C.A.GALICIA. ABREN JUICIO ORAL POR COHECHO CONTRA LOUZÁN, EXPRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN DE PONTEVEDRA

33. C.A. GALICIA. UN EMPRESARIO IMPUTADO POR CORRUPCIÓN REGALÓ A FEIJÓO BOTELLAS DE VEGA SICILIA POR VALOR DE 2.300 EUROS

34. C.A.MADRID. LA POLICÍA ACUSA AL SENADOR JUAN SOLER DE AMAÑAR CONTRATOS CUANDO ERA ALCALDE DE GETAFE

35. C.A.MADRID. EL ARQUITECTO DE LOS FAMOSOS, JOAQUÍN TORRES, IMPUTADO EN LOS PUFOS DE GETAFE

35BIS.C.A.MADRID. SOLER UTILIZA SU AFORAMIENTO PARA ‘CARGARSE’ AL JUEZ QUE LLEVA SU CASO

36. C.A.MADRID. SOLER PIDIÓ A SU EQUIPO "BORRAR LOS HISTORIALES" ANTES DE DEJAR EL AYUNTAMIENTO DE GETAFE

36BIS. C.A. MADRID. EL CONVULSO GRUPO DE CIFUENTES: 19 BAJAS EN 18 MESES Y SIN APOYOS PARA LOS PRESUPUESTOS DE 2017

37. C.A.MADRID. ¿CORRUPCIÓN? «NO HAY CONSTANCIA DE TAL AFECCIÓN» EN LAS ARCAS REGIONALES

38. C.A.MADRID. LA COMUNIDAD FRACCIONÓ CONTRATOS CON EL AVAL DE CIFUENTES

39. C.A.MADRID. CIFUENTES ENERVA A LOS MÉDICOS: SEGUIRÁN SIN LIBRAR DOS DÍAS TRAS UNA GUARDIA DE 24 HORAS

40. C.A.MADRID. EL CONSEJERO DE EDUCACIÓN DE CIFUENTES DIO A DEDO DOS PLAZAS EN LA REY JUAN CARLOS CUANDO ERA VICERRECTOR

41. C.A.MADRID. CIFUENTES SUBVENCIONA CON 53.000 EUROS LA RESTAURACIÓN DE UNA IGLESIA QUE HOMENAJEA A FRANCO

42. C.A.MADRID. TELEMADRID: LAS ENTRETELAS DE UN CONCURSO PÚBLICO BAJO LA SOMBRA DEL “PUCHERAZO”

43. C.A.MADRID. EL CANDIDATO A DIRIGIR TELEMADRID NO LOGRA EL APOYO DEL PSOE Y PODEMOS

44. C.A.MADRID. CRISTINA CIFUENTES QUIERE TENER SU PROPIA 'LEY MORDAZA' EN MADRID
 
45. C.A.MADRID. EL CONSEJERO DE MEDIO AMBIENTE DICE QUE NO CONOCE “DE NADA A MARJALIZA”

46. C.A. MADRID. DIMITE EL ALTO CARGO DE CIFUENTES QUE LOGRÓ UN PISO DEL PLAN JOVEN EN 20 DÍAS SIN FIGURAR EN LA LISTA DE ASPIRANTES

47. C.A.MADRID. CONDENADA A SEIS MESES LA EXALCALDESA DE SERRANILLOS POR COMPRAR DOS BOLSOS CON UNA TARJETA DEL AYUNTAMIENTO

48. C.A.MADRID. CIUDADANOS DA DE PLAZO A CIFUENTES HASTA ENERO PARA QUE APARTE AL ALCALDE QUE INSULTÓ A LAS FEMINISTAS

49. C.A. MADRID. CIFUENTES NO PEDIRÁ AL ALCALDE DE ALCORCÓN QUE DIMITA PORQUE CONSIDERA QUE HA PEDIDO DISCULPAS

50. C.A. MADRID. EL AYUNTAMIENTO DE MADRID ACUSA DE MALVERSACIÓN A EXCARGOS DEL GOBIERNO AGUIRRE POR EL 'CASO ESPIONAJE'

51. C.A.MADRID. LA FISCALÍA SOLICITA ARCHIVAR EL CASO DEL ESPIONAJE A POLÍTICOS DE LA COMUNIDAD DE MADRID

52. C.A. MADRID. LA AUDIENCIA DE MÁLAGA CALIFICA DE "GRAVES" LOS DELITOS POR LOS QUE SE INVESTIGA A IGNACIO GONZÁLEZ

53. C.A.MADRID. DOS EMPRESAS DEL MARIDO DE AGUIRRE ACUMULAN 5,8 MILLONES EN SUBVENCIONES TRAS RECIBIR OTROS 300.000 EUROS EN 2015

54. C.A. MADRID. EL DIPUTADO POPULAR LUIS PERAL DEJA SU ESCAÑO EN LA ASAMBLEA DE MADRID

55. C.A. MADRID. EL JUEZ ANULA LA COMISIÓN QUE INVESTIGABA LOS GOBIERNOS DE BOTELLA Y GALLARDÓN

56. C.A.MADRID. LA CUÑADA DE IGNACIO GONZÁLEZ COMUNICA SU PARTICIPACIÓN EN UNA EMPRESA DEL IBEX SEMANAS DESPUÉS DEL PLAZO LEGAL

57. REGIÓN DE MURCIA. MARJALIZA REGALÓ A LA SENADORA PILAR BARREIRO UN BOLSO (AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA)

58. REGIÓN DE MURCIA. EL SUPREMO EXCULPA A PILAR BARREIRO POR 'NOVO CARTHAGO' DE MANERA PROVISIONAL

59. C.A. PAÍS VASCO. EL TRIBUNAL DE CUENTAS ABSUELVE A MAROTO Y ALONSO POR EL ALQUILER GRAVOSO DE UNAS OFICINAS EN VITORIA

60. C. VALENCIANA. LA GENERALITAT DENUNCIA A LA FISCALÍA NUEVAS FACTURAS IRREGULARES EN EL HOSPITAL PROVINCIAL DE CASTELLÓN POR CASI 8 MILLONES

61. C. VALENCIANA. EL SUPREMO ARCHIVA LA CAUSA CONTRA UN DIPUTADO DEL PP POR MALVERSACIÓN

62. C. VALENCIANA. LA UCO ACREDITA QUE CONTRATISTAS PAGARON LAS CAMPAÑAS DE RITA BARBERÁ

63. C. VALENCIANA. EL JUEZ INVESTIGA SI LA UCO MANIPULÓ PRUEBAS CONTRA EL PP DE RITA BARBERÁ


01. EN EL AÑO DE GÜRTEL, LAS BLACK Y LA FINANCIACIÓN VALENCIANA, RAJOY NO DEDICA NI UNA PALABRA A LA CORRUPCIÓN

El presidente no ha mencionado ni ha sido preguntado por la segunda preocupación de los españoles

Entre las pocas cosas fructíferas que Mariano Rajoy ha respetado de la herencia recibida del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero está la tradición creada por el presidente socialista de dar una rueda de prensa con un balance anual. El actual presidente, después de 10 meses de interinidad, ha comparecido en Moncloa con un tono triunfalista.

Viene siendo habitual que Rajoy salga de este y otros percances atosigando a los presentes con una ristra infinita de cifras y datos macroeconómicos que ayuden a ilustrar su imagen de recuperación económica. Incluso ha llegado a sacar pecho por las exportaciones, como “una cosa buena que nos ha dejado la crisis”, y ocultando que pueda estar provocado por la caída del consumo interno.

Entre ese batiburrillo de números también ha habido tiempo para presumir de que ha acabado con el “filibusterismo parlamentario” y ha elogiado a Ciudadanos como el partido al que considera “socio preferente”, al haber pactado 150 medidas para sacar adelante su investidura.

Rajoy respondía así a la pregunta de cuál era su socio de cara al resto de legislatura, si PSOE o Ciudadanos. Aunque Rajoy ha dicho que también quieren hablar con el PSOE de los grandes temas que importan para el futuro de España, como las pensiones, la educación, el techo de gasto, los objetivos de déficit, la OTAN o el diseño europeo. Eso sí, se ha atribuido en parte el mérito de haber superado “el año de la incertidumbre” gracias a que ha “conseguido corregir" esa "imagen y sensación de inestabilidad", gracias a los acuerdos con otras fuerzas políticas para la formación del Gobierno.

El presidente también ha tenido tiempo de hablar de política internacional. Ha aludido a la victoria de Donald Trump como "un vuelco político de indudable magnitud cuyas consecuencias no conoceremos con certeza". Y ha hablado de referendos internacionales como el de Colombia, el de Italia, o el del Brexit, aunque se ha olvidado del nombre de Theresa May, la premier británica. Y ha provocado sorpresa al hablar de “fuerzas extremistas” que han avanzado y que buscan en "el nacionalismo, la xenofobia o el comunismo" dar "una respuesta equivocada" a los retos "cada vez más exigentes" de la sociedad.

Sin embargo, a nivel nacional, el presidente es donde ha sacado al Rajoy puro y duro. Preguntado sobre si María Dolores de Cospedal, presente en la sala de prensa, seguirá como número dos del PP y si temía que José María Aznar fundara un nuevo partido de derechas, Rajoy ha emulado aquel “la segunda ya tal”. Tras asegurar que “eso son asuntos que no me corresponden”, ha respondido a ambos temas de un plumazo: “Lo primero ya se verá y lo segundo también”.

Pese a todo, la ominosa ausencia en esta comparecencia que resume el año ha sido, como es habitual, la corrupción, que atenaza al Partido Popular de especial manera. En este año hemos vivido el macrojuicio de la Gürtel, la financiación del PP valenciano o las tarjetas black, pero ninguno de esos temas ha resultado relevante para Rajoy.

Y no sólo porque él lo haya ignorado en su discurso, sino porque ninguno de los periodistas, a los que Rajoy ha dejado preguntar, pero antes les ha exigido explícitamente que se identificaran ellos y su medio, ha optado por este tema para sus cuestiones. Un tema que, no hay que olvidar, es la segunda preocupación de los españoles, sólo por detrás del paro. Una preocupación que ha batido récords durante el Gobierno de Rajoy, llegando a ser la respuesta del 63,8% en 2014, y que ahora está en el 37,6%, cuando en el último mes de Zapatero era del 5,4%. Hay herencias recibidas que no se respetan.

http://www.elplural.com/politica/2016/12/30/en-el-ano-de-gurtel-las-black-y-la-financiacion-valenciana-rajoy-no-dedica-ni

01BIS. RAJOY SE TOMA MES Y MEDIO DE VACACIONES SIN ACUDIR AL CONGRESO

La Cámara baja no volverá a reunirse hasta principios de febrero tras las “vacaciones parlamentarias” del mes de enero y suspende su actividad la segunda semana por los congresos partidistas que celebrarán tanto Podemos como el PP

El Congreso de los Diputados estará mes y medio sin celebrar sesiones plenarias, según el calendario de sesiones aprobado por la Mesa de la Cámara baja en su reunión de este martes. El último pleno de la cámara se celebró los pasados días 20 y 21 de diciembre y no volverá a reunirse hasta principios del mes de febrero. Este amplio plazo está justificado, al menos formalmente, por el hecho de que el mes de enero está considerado inhábil para celebrar reuniones plenarias ordinarias.

El calendario ordinario de plenos se “suspenderá” la segunda semana del mes de febrero a petición de los representantes del PP y de Podemos en la Mesa con el argumento de que el fin de semana del 10, 11 y 12 sus respectivas formaciones celebran los congresos partidistas. Los representantes socialistas han respaldado este calendario que ha variado ligeramente la propuesta inicial.

“No debemos permitir que los asuntos internos de los partidos interfieran en la actividad parlamentaria normal”, han afirmado diputados de Ciudadanos

En contra se han manifestado los dos miembros de Ciudadanos que han propuesto que el mes de febrero se celebrasen sesiones plenarias durante las cuatro semanas dado que el mes anterior, el de enero, no se celebra ningún pleno. “No debemos permitir que los asuntos internos de los partidos interfieran en la actividad parlamentaria normal”, han explicado a Público fuentes de la formación naranja. En realidad, este partido ha sido “perjudicado” con este calendario ya que celebra su propio congreso los días 4 y 5 de febrero.

Pero la consecuencia más llamativa de este largo periodo de inactividad consiste en que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, se tomará estos casi dos meses como unas “vacaciones parlamentarias” sin aparecer por el Congreso de los Diputados. O lo que es lo mismo, sin someterse al control de la oposición y sin tener que contestar a sus preguntas.

La última vez que Rajoy respondió a las preguntas de los diputados de la oposición fue el pasado día 14 de diciembre cuando contestó a las preguntas de los portavoces del grupo socialista, Antonio Hernando, del grupo del PNV, Aitor Esteban, y del único diputado de Foro Asturias, Isidro Martínez Oblanca. Ciertamente, fue una sesión de control sin mayor trascendencia y que no supuso ningún brete para el presidente del Gobierno.

Desde su investidura el pasado 2 de noviembre Rajoy apenas ha acudido tres veces al hemiciclo de la Cámara baja para responder a las preguntas de los grupos de la oposición. En total, apenas nueve preguntas que han sido despachadas en tan solo unos veintidós minutos. Además, el presidente del Gobierno ha asistido a otras dos sesiones de control en el Senado en las que ha respondido a otras seis preguntas de la oposición.

Desde su investidura Rajoy solo ha acudido tres veces al hemiciclo para responder a las preguntas de los grupos de la oposición

Hasta su investidura Rajoy se negó a someterse al control de los grupos de la oposición mientras se mantuvo en funciones, es decir desde las elecciones de hace ahora un año. En la pasada legislatura, de apenas cuatro meses de duración, ni Rajoy ni los miembros de su Gobierno acudieron a cualquiera de las dos cámaras para responder al control parlamentario. En este tiempo se generó un conflicto de atribuciones entre el poder ejecutivo y el legislativo que acabó ante el Tribunal Constitucional por iniciativa del ex presidente del Congreso de los Diputados, el socialista Patxi López.

Pero tras las elecciones del pasado mes de junio que dieron paso a la actual legislatura ese contencioso se ha mantenido hasta el mismo momento de la investidura de Rajoy; ni el propio presidente ni el reto de miembros del Gobierno acudieron a las llamadas de los parlamentarios. Es decir, en todo este tiempo Rajoy ha estado un año sin responder las preguntas de los diputados en el Congreso y más de quince meses sin hacer lo propio en el Senado.

Ahora, con las “vacaciones parlamentarias” tanto Rajoy como los miembros del Gobierno estarán otros dos meses sin tener que someterse al control de los diputados, un periodo excesivamente largo en un sistema de democracia parlamentaria, según fuentes parlamentarias consultadas por Público. “Fue algo sorprendente estando en funciones, y de hecho hay un conflicto planteado ante el Tribunal Constitucional que debería resolverse cuando antes; pero es que en este momento tanto el presidente Rajoy como su Gobierno están en ejerciendo en plenitud de facultades”, añaden las mismas fuentes.

No obstante, otras fuentes de la Cámara baja dan por seguro que en el mes de enero se celebrarán reuniones de varias comisiones parlamentarias, aunque su calendario no está fijado ya que depende de las respectivas mesas y portavoces. También se da por hecho que habrá una reunión de la Diputación Permanente, que es el órgano que sustituye al pleno entre los periodos ordinarios de sesiones.

El día 31 de enero se celebrará un pleno extraordinario, a petición

http://m.publico.es/politica/1983107/rajoy-se-toma-mes-y-medio-de-vacaciones-sin-acudir-al-congreso

02. RAJOY SOBREVIVE A SU MINORÍA MAYORITARIA

A pesar de varios revolcones parlamentarios, el gobierno de PP afronta el futuro con mejores perspectivas de las que podrían esperarse tras pactar el techo de gasto y los objetivos de déficit

Nunca un presidente español había arrancado su legislatura en una posición tan débil. Tras dos elecciones, diez meses de gobierno en funciones y solo 137 diputados propios, Mariano Rajoy lograba sacar adelante su investidura a finales de octubre, en segunda votación, gracias el apoyo negociado de Ciudadanos y la polémica abstención de buena parte del PSOE.

La minoría mayoritaria del PP no auguraba un arranque sencillo para Rajoy. De hecho, en estas primeras semanas de gobierno, la oposición ha logrado tumbar la LOMCE, iniciar los trámites para hacer lo mismo con la ley mordaza o la reforma laboral y ha forzado al PP a dar al exministro Fernández Díaz un puesto más discreto que el que se le había reservado en el Congreso de los Diputados. La comisión de Peticiones en lugar de la de Exteriores.

Pero a pesar de estos revolcones parlamentarios, el gobierno de Rajoy afronta el futuro con mejores perspectivas de las que podrían esperarse. El PP ya ha logrado sacar adelante los objetivos de déficit y el techo de gasto con la abstención del PNV, CiU o Coalición Canaria y con el apoyo de Ciudadanos y también del PSOE aunque a cambio de concesiones como la subida del salario mínimo.

Los socialistas anuncian que será muy difícil que se repita ese resultado en la futura votación de Presupuestos ya que no tienen previsto respaldarlos, aunque el PP tratará de negociar en busca de su apoyo.

Y mientras, el Gobierno del PP sobrevive. Con el PSOE esperando a su nuevo líder y con Podemos en plena batalla interna previa a su Asamblea de Vistalegre, por ahora, el camino de Rajoy se presenta más o menos despejado.

http://cadenaser.com/ser/2016/12/16/politica/1481929015_376647.html

03. EL 'MARTES NEGRO' DEL PP: UNA RISTRA DE DERROTAS PARLAMENTARIAS

La pérdida de la mayoría absoluta está causando estragos entre los 'populares', quienes ya cuentan con un catálogo de fracasos que aumenta cada día

Tras cuatro años gobernando a golpe de decreto al PP se le ha acabado su bicoca particular: la mayoría absoluta. Una legislatura completa imponiendo sus leyes sin tener en cuenta la opinión del resto de formaciones y desestimando por completo la idea de alcanzar consensos han provocado que el topetazo de la minoría sea aún más acusado para el Gobierno del PP. La pérdida de mayoría absoluta y la entrada en el Congreso de Podemos y Ciudadanos han fomentado que los de Rajoy acumulen una ristra de derrotas parlamentarias: LOMCE, reforma laboral... Y van tan solo dos meses de legislatura.

Este martes ha sido, sin duda alguna, el martes negro del PP igual que aquel fatídico 29 de octubre de 1929 lo fue para la economía estadounidense, cuando se produjo la mayor caída de las bolsas durante el crack del 29. En el caso de los populares, sufrieron hasta cinco derrotas en el Parlamento: fueron espectadores directos de cómo el resto de formaciones aceptaban tramitar proposiciones de ley. Hasta Ciudadanos se ha unido en alguna ocasión a la fiesta de la oposición.

El cerco al Constitucional

La primera de las derrotas la patrocinó el PNV, quienes llevaron al Congreso una proposición no de ley para impedir que el Tribunal Constitucional pudieran suspender a los cargos públicos que no respetaran sus sentencias. De esta manera, se revoca la reforma de la Ley del Tribunal Constitucional. Ahora, se introducirán las enmiendas a la totalidad y se debatirá en el Pleno su aceptación como ley. Necesitará en su momento 176 votos favorables al tratarse de una ley orgánica. Sin embargo, el hecho de que PSOE, Unidos Podemos-En Comú-En Marea, Esquerra Republicana y del Partit Demòcrata Europeu Català (Pdecat) se unieran a la iniciativa del PNV mientras PP y C’s votaban en contra, tornó la tez de los populares.
La reforma del Estatuto de los Trabajadores

El PSOE ya ha anunciado en alguna ocasión que si el PP no deroga la reforma laboral al completo lo harán ellos “pieza por pieza”. En este sentido, ya ha comenzado. Este martes se ha aprobado la proposición de ley para equiparar los salarios de los trabajadores subcontratados. Un golpe que los socialistas han asestado en una de las medulares de Rajoy: su reforma laboral.

La mejora de las condiciones de las camareras de piso

La proposición no de ley que ha presentado Unidos Podemos con el apoyo de PSOE y ERC y a la que se han sumado el PNV, Coalición Canaria y la antigua Convergencia, instará a los de Rajoy a abordar un Plan Sectorial de Empleo negociando con los agentes sociales para mejorar las condiciones laborales de las camareras de piso. PP votó en contra y Ciudadanos se abstuvo. Tercer strike.

El PSOE y la lucha contra la pobreza

Los socialistas presentaron una moción para luchar contra la pobreza que ha sido respaldada por el Congreso de los diputados. El Plan integral de lucha contra la pobreza incluye un ingreso mínimo vital para aquellas familias en situación vulnerable. En un comunicado el PSOE explicó que "una vez agotadas el resto de prestaciones, proporcionar a las familias sin ningún tipo de ingreso una renta que les permita afrontar las necesidades más básicas". El PP votó en contra.
Enfrentamiento con Ciudadanos

Si hay una pata de las cuatro principales (PP, PSOE, Ciudadanos y Unidos Podemos) que sustente el banco de Rajoy, esa es el partido naranja de Albert Rivera y sus 150 medidas que pactaron. Sin embargo, este martes Ciudadanos sacó adelante una iniciativa sobre energías limpias que el PP no ha querido apoyar: se ha limitado a abstenerse.
Rajoy, contigo empezó todo...

Estas derrotas se suman al catálogo de fracasos parlamentarios del PP, que está demostrando su incapacidad negociadora. Ya en la primera sesión plenaria tras la investidura de Rajoy, la del 15 de noviembre, los populares se llevaron la primera en la frente al ver cómo a iniciativa del PSOE se paralizaban las reválidas. Tanto es así que, aunque la LOMCE continúa en pie, se han introducido significativas correcciones. El propio Sindicato de Estudiantes celebró la victoria al grito de “la primera gran derrota de Rajoy”. Esta fue la primera, pero no la única.

Las derrotas del PP podrían provocar el advenimiento de nuevas elecciones por su imposibilidad de gobernar

El 22 de noviembre el PP vio como la iniciativa del grupo Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea sacaba adelante su proposición de ley sobre la subida del Salario Mínimo Interprofesional. Ciudadanos se abstuvo y PP votó en contra. Sin embargo, Rajoy tuvo que claudicar y aceptar una subida del 8% del SMI, esta vez exigida por el PSOE, a cambio de un pacto de la nueva senda fiscal.

Las caras de los populares están cambiando. Se las veían muy felices tras la victoria del 26J, donde mejoraron sus resultados del 20D. Pero la pérdida de la mayoría absoluta y su incapacidad para alcanzar consensos les han puesto en jaque. El propio Rajoy ya se mostró reticente a adoptar las medidas del Parlamento y le confirmó a Pablo Iglesias durante una sesión de control que únicamente aplicaría aquellas medidas que fuera obligatorio aplicar. De seguir así, Rajoy podría ver cómo su estabilidad se tambalea derrota parlamentaria tras derrota, pudiendo incluso convocar nuevas elecciones ante la imposibilidad de gobernar. De hecho, algunos vieron en el desliz de la cena de Navidad del PP un posible anuncio de cara al futuro: “Hasta dentro de muy poquito y ya preparando las próximas elecciones”.

http://www.elplural.com/politica/2016/12/21/el-martes-negro-del-pp-una-ristra-de-derrotas-parlamentarias

04. RAJOY RECHAZA DEROGAR LAS LEYES DEL PP QUE CUESTIONA EL ACTUAL CONGRESO

El PSOE se compromete a cambiar la 'ley mordaza' y la reforma laboral

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha hecho este miércoles una defensa de su legado normativo y se ha opuesto en el Congreso a derogar sus leyes polémicas, aprobadas por la mayoría absoluta que tuvo el PP y cuestionadas ahora por la Cámara.

Rajoy ha respondido en la sesión de control al Gobierno en el pleno del Parlamento al portavoz del PSOE, Antonio Hernando, que expresamente le ha hablado de la ley de seguridad ciudadana, conocida como ley mordaza, y la reforma laboral. El actual Congreso ha aprobado ya proposiciones no de ley o mociones pidiendo la derogación de ambas normas, pero seguirán en vigor hasta que no sean sustituidas por otras.

El presidente del Gobierno ha empezado por asegurar que será "respetuoso" con las resoluciones de la Cámara en el ejercicio de sus competencias. "Y pido que también lo sean con las del Gobierno, pero ustedes sabrán lo que les conviene".

"Derogar todas las normas, muchas de las cuales tienen efectos positivos, no es la mejor manera de construir ni hacer una aportación al interés general", ha asegurado el presidente del Gobierno.

En defensa de la ley mordaza, Rajoy ha asegurado que "es una broma decir que España tiene un problema de libertad de expresión o de derecho de manifestación", y que nadie nunca le ha dicho fuera del Congreso "ni una sola palabra de este asunto".

Según ha explicado, las denuncias por manifestaciones sin permisos son el 0,02% del total y la mayoría se refieren a delitos de drogas y tenencias de armas y explosivos. "Ustedes están sobreactuando y alejándose de la moderación, que es donde está el sentido común y el interés de todos", ha concluido.

El socialista Hernando se ha comprometido a modificar esas normas y ha asegurado: "No pierda el tiempo, señor Rajoy; si usted no quita la mordaza, la quitaremos nosotros".

Para cambiar esas normas será necesario aprobar proposiciones de ley con el acuerdo de al menos tres grupos parlamentarios, si se excluye al PP, tras un largo proceso legislativo.

Hernando ha hablado de "ideología represiva" en la ley mordaza. Ha asegurado que se han abierto 6.000 procedimientos por falta de respeto a policías, denuncias por llevar una mochila, multa de 800 euros por hacer una foto a un coche o identificaciones, entre otros efectos negativos de la norma.

http://politica.elpais.com/politica/2016/12/14/actualidad/1481703414_509028.html

05. EL GOBIERNO APRUEBA CON PSOE, CIUDADANOS Y PNV LAS MEDIDAS ECONÓMICAS MÁS URGENTES

Incluyen la subida del salario mínimo y el aumento del impuesto de sociedades para grandes empresas

Mariano Rajoy superó este jueves el primer escollo parlamentario de la legislatura: la votación de las primeras medidas económicas, las más urgentes y que sirven para arrancar el mandato, incluso aunque no hubiera acuerdo para sacar adelante unos Presupuestos nuevos.

El Pleno del Congreso convalidó el decreto de medidas económicas urgentes que incluye la subida del Salario Mínimo Interprofesional y el aumento del impuesto de sociedades para grandes empresas, entre otras medidas, y la llamada ley de estabilidad que fija el techo de gasto de las administraciones y reparte el déficit público.

El presidente del Gobierno, además, ensayó en el pleno del Congreso el diseño de sus apoyos parlamentarios flexibles y el esbozo de lo que puede ser la legislatura en busca permanente de la incierta estabilidad. Así, el decreto lo convalidó con el voto a favor del PSOE y Coalición Canaria y la abstención de Ciudadanos y PNV; la ley de estabilidad (Acuerdo del Gobierno por el que se adecua el objetivo de estabilidad presupuestaria y de deuda pública para el conjunto de Administraciones Públicas y de cada uno de sus subsectores para 2016 y Acuerdo del Gobierno por el que se fijan los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública para el conjunto de Administraciones Públicas y de cada uno de sus subsectores para el periodo 2017–2019 y el límite de gasto no financiero del Presupuesto del Estado para 2017) con el voto del PSOE, más el de Ciudadanos, el del PNV y el de CC.

Lo que el portavoz del PP, Rafael Hernando, define como “los martes de pasión y los jueves de gloria”, es decir, reveses el día que se votan las proposiciones no de ley y mociones y acuerdos y votaciones ganadas el día que se someten proyectos de ley del Gobierno.

De esa forma, paso a paso, el Gobierno ha ganado ya casi la cuarta parte de la legislatura, porque aunque aspira a aprobar un nuevo Presupuesto para 2017 durante el próximo semestre, nada impide ya que se puedan volver a prorrogar las cuentas, una vez solventados los asuntos más urgentes. "Necesitamos unos nuevos Presupuestos Generales del Estado para 2017", aseguró Cristóbal Montoro, ministro de Hacienda, antes de añadir que con la prórroga de las cuentas de 2016 "no hay problemas en términos de habilitación de pagos", pero hay que "actualizar" partidas.

Enfrente y sin aparentes opciones de salir del no, se sitúan, y previsiblemente se situarán toda la legislatura, Unidos Podemos y los soberanistas o independentistas de PDECat (antes Convergència), ERC y Bildu. En el caso del partido de Pablo Iglesias, el rechazo a las medidas del Gobierno va unido a la crítica al PSOE por “ir de la manita del PP”, según la expresión utilizada por uno de sus portavoces durante el pleno.

Y con algunas singularidades como el rechazo al decreto de dos socios minoritarios, pero siempre fieles, del PP como Foro Asturias y UPN, que se abstuvieron en la convalidación del decreto, por rechazar la subida de impuestos que contiene.

El PSOE defendió el apoyo al decreto y al proyecto de ley con la referencia a lo que ha conseguido en la negociación, presentando la votación como el fruto de su oposición útil que obliga al Gobierno del PP a tomar decisiones que no tenía previsto tomar. Por un lado, la subida del 8% del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), la mayor de una sola vez desde 1986 y por otro, el establecimiento de la senda de déficit en un 0,6% del PIB para las comunidades autónomas, una décima más de lo que quería el Gobierno, lo que supone cientos de millones más para políticas sociales. También, según su versión, que el ajuste pendiente se haga por la vía de conseguir más ingresos, sobre todo con el impuesto de sociedades, y no recortando gasto social, de modo que es una "subida de impuestos necesaria".

“Nos hubiera gustado ir más allá. Pero entendemos que es positivo que no se recorte gasto”, aseguró el socialista Pedro Saura en la tribuna.

Ciudadanos mantuvo el papel de socio distante y vigilante. Apoyó la ley de estabilidad, pero se abstuvo en la convalidación del decreto, con referencias muy críticas de su portavoz, Juan Carlos Girauta: “El decreto es un cajón de sastre y una obra de arte surrealista”. Y, sobre todo, con el reproche a la subida de impuestos, resumida en la pregunta de Girauta a Cristóbal Montoro, ministro de Hacienda: “¿Hasta cuándo se puede ordeñar a la clase media?”.

El PP y PSOE han rechazado la pretensión de Ciudadanos de tramitar el decreto como proyecto de ley, con posibilidad de incluir enmiendas.

Una posición parecida mantuvo el PNV, aunque con motivaciones mucho más pragmáticas. Los nacionalistas vascos se abstuvieron en el decreto, porque la mayoría de asuntos que incluye el País Vasco tiene regulación propia, y en el proyecto de ley votó a favor como consecuencia de la negociación con el Gobierno y atendiendo a las cuentas de su comunidad.

El Ejecutivo confía en el PNV para poder aprobar los Presupuestos, pero al igual que Ciudadanos, argumenta que acuerdos como el de la ley de estabilidad no presupone aún pacto para sacar adelante las cuentas en los próximos meses.

El debate le sirvió al Gobierno para hacer alarde de su política económica y sus resultados. Así, Montoro aseguró que “esta propuesta es compartida, fruto de diálogo político y parlamentario, de la coincidencia en lo fundamental, lo que demuestra la capacidad de diálogo”.

"Entendemos que es la forma menos perjudicial para la continuidad de la recuperación”, dijo desde la tribuna para defender la subida de impuestos aprobada.

Podemos votó en contra de las dos iniciativas legislativas con la idea de que sirven para mantener los recortes y las subidas de impuestos injustas por afectar a tributos indirectos.

“Se ha consolidado la gran coalición para consolidar todos los recortes”, concluyó Alberto Montero, diputado de Podemos.

http://politica.elpais.com/politica/2016/12/15/actualidad/1481788122_713663.html

06. CASO GURTEL

6.1. PIDEN QUE TESTIFIQUE EL PRESIDENTE DE LA CÁMARA DE CUENTAS DE MADRID POR LOS CONTRATOS FRACCIONADOS CON LA GÜRTEL

La lista completa de los testigos que ha solicitado el PSM al tribunal

El abogado del PSM ya ha presentado la lista de altos cargos y funcionarios de la Comunidad de Madrid que testificarán en el macro juicio de la Gürtel. Este escrito se presenta después de que el presidente del tribunal, Ángel Hurtado, diera respuesta a la petición del PSOE de que testificaran medio centenar de personas de la Comunidad, en vista de las declaraciones de Isabel Jordán, administradora de las empresas de Francisco Correa, y que denunció diferentes consejerías para las que trabajaban las empresas de la red corrupta eran las que les pedían irregularidades en la facturación.

Hurtado consideró que era "razonable" la petición, pero reclamó al abogado de los socialistas, Wilfredo Jurado, que acotase esa lista a un "muestreo suficiente" de diez personas.

Entre los diez testigos solicitados está el actual presidente del Tribunal de Cuentas de Madrid, Arturo Canalda González, aunque se le llama por su gestión como Viceconsejero de Asistencia Sanitaria, cargo que desempeñó entre 2003 y 2006.

Esta es la lista completa:

- Eladio Tesouro González, inspector de Hacienda al que se le cita por sus funciones como Director General de Seguimiento Presupuestario y Régimen Económico y financiero de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid. Consiguió consolidar su puesto como inspector en un polémico concurso para funcionarios del Cuerpo Superior de Inspectores de Hacienda del Estado por beneficiar a funcionarios afines al PP.

- Mar Pérez Merino, quién ostentaba el cargo de Secretaria General Técnica de la Consejería de Presidencia de la Comunidad de Madrid.

- Tomás Criado Martín, Técnico de apoyo de Dirección de la Consejería de Empleo y Mujer de la Comunidad de Madrid.

- Gonzalo Cerrillo Cruz, antiguo Secretario General Técnico de la Consejería de Familia y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid.

- Antonio Garde Fernández-Fontecha, ex Director General de Deportes de la Consejeria de Cultura, Deportes y Turismo de la Comunidad de Madrid. Garde se vio envuelto en el escándalo de la Ciudad del Fútbol al ser imputado junto al exalcalde popular de Las Rozas Bonifacio de Santiago y otros siete ediles de los delitos de desobediencia y prevaricación administrativa continuada por no ejecutar una sentencia de 2004 sobre la Ciudad del Fútbol. Todos ellos fueron absueltos al considerar el Supremo que "los errores" en los que incurrieron no tenían condena penal.

- Pilar de Navascués Benlloch, exsubdirectora General de Museos de la Consejería de Cultura, Deportes y Turismo de la Comunidad de Madrid.

- Fernando Martínez Vidal, exdirector General de Relaciones Externas de la Consejería de Presidencia de la Comunidad de Madrid y actual concejal del PP en el Ayuntamiento de Madrid.

- Lourdes Manovel López, que estaba al frente Secretaria General Técnica de la Consejería de Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid.

- Patricia Flores Cerdán, exdirectora General de la Mujer de la Consejería de Empleo y Mujer de la Comunidad de Madrid.

Los socialistas quieren que aclaren la existencia de numerosos facturas fraccionadas de eventos contratados con las empresas de Francisco Correa durante su gestión. El propio Correa, su lugarteniente Pablo Crespo y la administradora de sus empresas, Isabel Jordán testificaron en el juicio que la Comunidad de Madrid les ordenaba trocear las facturas.

http://www.elplural.com/politica/2016/12/20/piden-que-testifique-el-presidente-de-la-camara-de-cuentas-de-madrid-por-los

6.2. EL EXALCALDE DE MAJADAHONDA DICE QUE LAPUERTA LE PIDIÓ "ECHAR UNA MANO" A UN EMPRESARIO QUE "COLABORABA CON EL PARTIDO"

El Ayuntamiento del municipio madrileño adjudicó contratos a las firmas Licuas y Coarsa por 43,7 millones de euros entre 2002 y 2008

El dueño de las constructoras, Joaquín Molpeceres, aparece en los papeles de Bárcenas como responsable de una donación de 60.000 euros

El exalcalde de Majadahonda (Madrid) y responsable de las campañas del PP madrileño en 1999 y 2003, Guillermo Ortega, ha asegurado al tribunal que juzga la primera época de la trama Gürtel entre los años 1999 y 2005 que el entonces tesorero nacional del partido, Álvaro Lapuerta, le llamó para que "intentara echar una mano a las empresas Licuas y Coarsa, porque era gente que colaboraba con la casa".

La causa contra el extesorero del PP Álvaro Lapuerta fue archivada tras constatar el tribunal presidido por Ángel Hurtado que el expolítico sufría demencia sobrevenida.

Ortega hizo estas declaraciones a preguntas de su letrado, César Canora, al que ha asegurado que él no ayudó a las citadas constructoras "porque era casi imposible", ya que en las decisiones municipales participan varios funcionarios y el concejal responsable.

Sin embargo, según los informes policiales, estas dos firmas recibieron entre 2002 y 2008 del Ayuntamiento de Majadahonda contratos por un valor superior a los 43,7 millones de euros.

60.000 euros en los papeles

Licuas y Coarsa pertenecen al empresario Joaquín Molpereces, cuyo apellido aparece en los conocidos papeles de Bárcenas o contabilidad B de la formación política como uno de los 19 donantes de la caja paralela, a la que habría aportado 60.000 euros.

Pero estas empresas también habrían donado entre 2002 y 2004, según los informes policiales, otros 185.000 euros a las empresas de Correa, que pasaron a engrosar la caja B del propio cerebro de la trama, y que sirvieron para financiar la campaña del PP (50.000 euros) para las elecciones generales de 2004.

El resto del dinero presuntamente pagado por Molpeceres a Correa, 135.000 euros, se utilizaron para los gastos personales de Guillermo Ortega, que días después de ser elegido alcalde abrió una cuenta en Suiza, según un informe de la Fiscalía Anticorrupción.

Ortega ha recalcado que su salida del Ayuntamiento de Majadahonda se debe a que el propietario de las empresas Licuas y Coarsa había advertido a Lapuerta que Ortega no le había adjudicado ningún servicio municipal, tal y como le comentó la exdiputada Carmen Rodríguez Flores en un encuentro por casualidad en un restaurante, según ha dicho.

No entregó dinero a Bárcenas

Asimismo, Ortega ha destacado que nunca le entregó ningún dinero al extesorero del PP Luis Bárcenas, mientras que ha asegurado que sí lo hizo a Álvaro Lapuerta. "Nunca he entregado al señor Bárcenas cantidad ninguna, no le conozco de ningún proyecto, ha sido un compañero de partido más", ha dicho al ser preguntado por su letrado. Ortega ha incidido en que "siempre" que ha hablado con el extesorero en Génova -sede del PP de Madrid y nacional- ha sido para tratar temas de partido a nivel regional.

"Nunca me ha llamado para recomendarme ni para decirme nada" sobre favorecer a algún empresario. "Para eso me llamaba Lapuerta", ha hecho recalcado, al tiempo que ha afirmado que a él si le entregó dinero en presencia de Bárcenas.

Además, ha destacado que le extraña que se haga referencia a Bárcenas como Luis, el cabrón -tal y como al parecer aparece en la contabilidad B de Correa- ya que "le llamábamos el alemán porque era muy cuadriculado".

Un hombre de partido

Ortega, que se ha definido en su declaración como un hombre de partido, ha dicho que las dos veces que ha dejado un cargo ha sido porque se lo ha pedido tanto la expresidenta del PP madrileño Esperanza Aguirre como el ex secretario general de la misma formación política a nivel regional Francisco Granados. "Acato órdenes de partido en todo momento", ha dicho, informa Europa Press.

Ha afirmado también que tiene "verdaderas lagunas" de cuando conoció a Correa. Aún así, dice que coincidió con él la primera vez entre 1994 y 1996 un domingo que se acerca el exalcalde a la sede regional del PP de Madrid en la calle de Génova, donde se encontró al empresario "vestido de sport", pero que sabía quién era porque organizó la campaña del expresidente del Gobierno José María Aznar para las elecciones generales de 1996.

Ortega, que ha descrito a Correa como una persona "afable pero con un sentido de humor bastante peculiar" -ha indicado que la persona que dice que el empresario cae bien desde el primer momento, "miente"-, ha continuado contando que su primer contacto profesional fue el día que le presentó un proyecto para organizar uno de los congresos regionales en el que es elegido el actual presidente del Senado, Pío García-Escudero, como presidente de los conservadores madrileños. "Me presentó una oferta que no pude rechazar", ha añadido.

En ese momento, Ortega ejercía de número tres del PP de Madrid, cuya responsabilidad -ha constatado- era de llevar la organización de campañas en la Comunidad de Madrid y por tanto tenía la capacidad de "contratar, de coordinar todos los equipos de trabajo", aunque no de revisar el presupuesto. "Tuve el honor de organizar dos campañas", ha añadido.

Le hizo "la vida imposible"

Sobre su dimisión ha relatado que todo comenzó cuando su sucesor en la alcaldía, Narciso de Foxá, que entonces era el responsable de la empresa que gestiona el suelo municipal Patrimonio Municipal de Majadahonda, S.A. (Pammasa), le hizo la "vida imposible" a raíz de una polémica por la adquisición de un terreno para la construcción de una urbanización de lujo en la localidad madrileña. Ha apuntado que el actual alcalde majariego es "amigo" del predecesor de Ortega, Ricardo Romero de Tejada, y "amigo personal" de la expresidenta de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre.

"A mí me hacen dimitir por el tema de las parcelas cuando yo llevaba razón", ha enfatizado y recordado que se le acusó de "corrupto" cuando no se ha presentado "ni una querella ni denuncia". En este sentido, ha ironizado que después de dejar ser alcalde le ascendieron para ser gerente del Mercado Puerta de Toledo: "A mi me dan una patada hacia arriba", ha afirmado.

Aún así, ha admitido que vio como un respiro que Aguirre y el exsecretario general del PP de Madrid Francisco Granados le pidiesen que dejara la alcaldía --poniendo como excusa la implantación de Oficina de Atención al Cliente (OAC), ha destacado-- porque estaba pasando por una enfermedad de corazón: "No tengo la cabeza para más ruido, no es que dimita es que me voy porque no os aguanto más, sois insoportables", ha recordado que dijo.

http://www.infolibre.es/noticias/politica/2016/12/20/el_exalcalde_majadahonda_recibi_una_llamada_lapuerta_para_que_las_empresas_licuas_coarsa_les_intentara_echar_una_mano_porque_era_gente_que_colaboraba_con_partido_58951_1012.html

6.3. EL RESPONSABLE DEL 'PITUFEO' DEFIENDE A CORREA: "SU PRINCIPAL CLIENTE ERA EL PP, QUE LUCHABA CONTRA LA CORRUPCIÓN"

El presidente del tribunal advirtió a Villaverde Landa que el Código Penal incluye un capítulo dedicado al blanqueo de capitales "con una campaña publicitaria de cierta envergadura"

El gestor de las empresas de la trama Gürtel, Luis de Miguel, que cumple una condena de 20 años de cárcel por blanqueo: "Yo era el que llevaba la pasta de UCD"

El responsable de enviar el dinero de Francisco Correa a Suiza mediante el denominado método del pitufeo, Antonio Villaverde Landa, aseguró este lunes al tribunal que juzga el caso Gürtel en la sede de la Audiencia Nacional en San Fernando de Henares que nunca desconfió del origen ilícito de la red, ya que el presunto cabecilla de la trama era un empresario "de éxito".

Y para justificar esta confianza en su cliente, que afronta una petición de cárcel de 125 años y un mes, Villaverde Landa declaró que nunca preguntó a Correa de dónde procedían sus fondos porque era "un empresario de éxito" que tenía "como principal cliente al Partido Popular, que era el partido del Gobierno en ese momento y el partido que luchaba contra la corrupción del régimen anterior". La justicia de Suiza ha bloqueado 22,2 millones que estaban a nombre de Francisco Correa.

"¿No sabía que al menos podía haber cometido un delito fiscal, porque no declarara ese dinero en Suiza?", preguntó entonces la fiscal Concepción Sabadell al procesado, que contestó: "Yo le veía muchos negocios y muchas empresas, y el banco había visitado su oficina y realizaba operaciones inmobiliarias en Europa. De otro tipo de persona me hubiera extrañado, pero no del señor Correa".

Villaverde Landa fue el encargado, según el escrito de acusación de la Fiscalía Anticorrupción, de sacar el dinero, al menos 1,8 millones de euros, que Correa le entregó en efectivo en España. Y este gestor le hacía llegar ese dinero mediante una transferencia a su banco suizo: "Lo hago como un favor a los clientes. [...] A mí me venía muy bien porque tenía clientes que querían traer dinero [a España] y aprovechaba la ocasión", justificó el procesado.

"Lo retiro totalmente"

Fue entonces cuando la responsable del Ministerio Público recordó la anterior declaración de Villaverde Landa ante el magistrado Pablo Ruz, en la que reconoció en varias ocasiones el posible origen irregular del dinero que enviaba a Suiza: "No tengo ni idea", ha explicado sin embargo este lunes el procesado, que ha cambiado de versión en el juicio: "Lo retiro totalmente, es temerario por mi parte, porque puede haber después una declaración, no podía pensar que fuera opaco".

En su testimonio, Villaverde Landa declaró, en varias ocasiones, que en la época juzgada, entre 1999 y 2006, el pago con efectivo era muy frecuente: "Hace 16 años el efectivo era el primer medio de pago. Antes se pagaba el 90% en efectivo y ahora es al revés, que sería el 10% del total".

El método del pitufeo consiste en el intercambio de dinero en metálico en España entre dos personas, que en ese mismo momento era compensado por los mismos clientes mediante una transferencia bancaria entre dos cuentas de un banco del país centroeuropeo. De esta forma no era necesaria la transferencia bancaria entre ambos estados, por lo que esa operación se realizaba al margen de la Hacienda pública española.

Así, la persona que tenía dinero en metálico en España cambiaba sus billetes, normalmente de 500 euros, por la misma suma en una cuenta en Suiza. En sentido contrario, la persona que disponía de dinero en la Confederación Helvética, recibía el dinero en efectivo en España.

Sin embargo, Villaverde Landa aseguró al tribunal que ese tipo de operaciones estaban permitidas en España y en Suiza: "No pusieron ninguna pega", manifestó el procesado, que confesó que utilizó sus propias cuentas en Suiza para compensar el dinero que le entregaba Correa en efectivo: "Las utilicé, me daban el dinero y yo lo compensaba", reconoció Villaverde Landa, que especificó que cobraban a sus clientes una comisión del 0,50%: "De todas formas constará en mis declaraciones de la renta: eran cantidades pequeñas. Nosotros teníamos unos 400 clientes y en Suiza sólo estaban 18 o 20. Era una cantidad muy pequeña y realmente era un favor que le hacíamos al cliente".

Conoció a Correa en 1994

Villaverde Landa, que declaró que conoció a Correa en 1994 tras presentárselo el ciudadano argentino residente en Suiza Jorge Navil, destacó que en ese año le abrió dos cuentas, cuyos fondos gestionó. Y pese a ello, y a preguntas de la fiscal, el procesado dijo que a lo largo de sus 40 años de experiencia profesional nunca supo el origen del dinero de sus clientes: "Yo no tenía conocimiento de la situación fiscal de los clientes y no les preguntaba nada. Yo no intervenía de ninguna manera".

La fiscal también interpeló a Villaverde Landa sobre si no sospechó sobre el posible origen ilícito del dinero de otro de los procesados en la trama, en concreto del ex secretario de organización del PP madrileño y exalcalde de Majadahonda, Guillermo Ortega: "Supe que era alcalde a lo largo de 2001. Yo estaba orgullosísimo de tener a un alcalde", explicó el procesado, que relató que ninguna de las operaciones de la trama le pareció sospechosa, al tiempo que hasta 2010, según especificó, no estaba obligado a aportar información para la lucha contra el blanqueo de capitales. "Hace 15 años no había que decir si era alcalde, magistrado del Supremo u obispo. Pues qué bien, yo tenía a senadores, diputados y ministros", destacó Villaverde Landa, sin identificar a ninguno de ellos: "En mi cartera de valores había gente de primer nivel y gente muy conocida", completó.

Pero la intervención del abogado de la acusación del PSOE, Virgilio Latorre, fue un punto de inflexión en la declaración de Villaverde Landa, que contestó a sus preguntas de forma irascible. Latorre le preguntó por el pitufeo, que el procesado no reconoció: "Yo nunca lo conocí así. Es un idioma policial, pero con otro tipo de personas y no identificadas. No es lo mismo, aquí se identifican las personas, en las cuentas en las que las reciben y son personas con ojos y cara, y ninguno de mis clientes tiene cuentas numeradas", se defendió el procesado.

"Era una indiscreción"

Pero ante la insistencia del letrado del PSOE Villaverde Landa, que en ese momento dio muestras de nerviosismo, espetó: "Nunca me he interesado por ningún cliente, por el origen del dinero, porque en ese momento, hace 15 años, era una indiscreción pedirle al cliente la procedencia del dinero. Si yo a un cliente le pregunto ¿de dónde has sacado el dinero?, el me diría: a ti qué le importa. Era una respuesta típica a cualquier banco. No se me ocurría preguntarle al cliente de dónde procedía el dinero. Era falta de todo...", respondió el procesado, visiblemente afectado, al tiempo que realizaba movimientos espasmódicos con sus brazos sus ojos.

Al final de su declaración, el presidente del tribunal, el magistrado Ángel Hurtado, advirtió a Villaverde Landa sobre si tenía conocimiento, en calidad de experto en la gestión de capitales, de que en 1995 el Código Penal incluyó un nuevo capítulo dedicado "al blanqueo de capitales", al tiempo que se llevó a cabo "una campaña publicitaria de cierta envergadura". Eso provocó que el letrado defensor de Villaverde Landa interrumpiera al magistrado, para asegurar que ese apartado era relativo al narcotráfico y al terrorismo, actividades a las que no estaba vinculado su defendido.

Pero a preguntas de su abogado, Villaverde Landa fue más allá, al tratar de convencer al tribunal que la compensación o pitufeo, lejos de posibilitar el blanqueo de dinero, permite identificar al propietario del mismo, ya que pasa de estar en efectivo en España a una cuenta en Suiza, a nombre de una persona, física o jurídica, cuya identidad conocen los bancos y autoridades de este país.

20 años de cárcel

Por la mañana fue el turno de Luis de Miguel, uno de los gestores de las cuentas de las empresas de Francisco Correa, cuya declaración se inició el pasado viernes. Y en su segunda jornada de comparecencia De Miguel, que cumple una condena de 20 años de cárcel por un delito contra la Hacienda Pública de Gipuzkoa, destacó que desde 1977 ya gestionaba activos ligados al mundo de la política.

En ese sentido, especificó que él era "el que se encargaba de la pasta de UCD", la formación política del que fuera presidente del Gobierno, Adolfo Suárez. Y fue el letrado del PSOE, Virgilio Latorre, el que en su turno quiso conocer más datos sobre estos hechos, y le preguntó sobre su papel concreto en la formación política centrista: "Durante un año controlábamos los fondos que tenían los candidatos de provincias, íbamos a los bancos a solicitar préstamos y después a que los anularan. Lo que quiero decir es que desde 1977 tengo experiencia en actividades políticas", completó.

Y entonces especificó que había trabajado para clientes de "Izquierda Unida", y que también "tuvo algunos diputados socialistas y algún embajador socialista, aunque no voy a decir nombres", especificó el procesado, que negó haber trabajado para otros clientes del PP o Alianza Popular: "En ningún caso".

http://www.infolibre.es/noticias/politica/2016/12/19/el_responsable_del_pitufeo_defiende_correa_principal_cliente_era_que_luchaba_contra_corrupcion_anterior_58941_1012.html

6.4. MORENO: "GRANADOS NOS DIJO QUE LOS AYUNTAMIENTOS TENÍAN QUE DAR DINERO A GÉNOVA POR LOS CONTRATOS"

El exconcejal del PP en Majadahonda, Juan José Moreno, declara ante el tribunal de la Gürtel que en 2005, el entonces secretario general del PP en Madrid, Francisco Granados, le dijo que los municipios tenían que pagar ese peaje a la formación conservadora por las obras concedidas y que cesaron al exalcalde del municipio, Guillermo Ortega, porque "se quedaba con él"

El exconcejal del PP en Majadahonda que también grabó a los integrantes de la trama Gürtel, Juan José Moreno, ha ahondado este jueves en los motivos reales, a su juicio, por los que fue cesado en 2005 el alcalde de la localidad, Guillermo Ortega.

Moreno se ha pronunciado en similares términos a los expresados ayer por su compañero en el consistorio, José Luis Peñas, y ambos apuntan a que Ortega no fue destituido por la entonces presidenta, Esperanza Aguirre, porque descubriera su corrupción, sino porque se quedaba con las mordidas que abonaban las empresas a cambio de contratos, cuando ese dinero debía engrosar la contabilidad negra del Partido Popular.

Moreno ha explicado que en 2005 acudió junto a Peñas al despacho de Francisco Granados, por aquel entonces secretario general del PP en Madrid y número dos de Esperanza Aguirre, y les explicó que "cortaron la mano" del alcalde de Majadahonda, Guillermo Ortega, "porque los ayuntamientos daban dinero de los contratos municipales a Génova y Guillermo se había quedado con él".

En aquellos años en los que Granados era secretario general, tal y como refleja ahora el sumario de la 'operación Púnica' por la que permanece en la cárcel desde hace más de dos años, actuaba supuestamente como uno de los recaudadores de dinero negro para el PP de Madrid.

Por otra parte, Juan José Moreno ha mostrado un aparente desconocimiento de la organización. Apenas conocía al líder Francisco Correa, a su número dos Pablo Crespo y nunca tuvo tratos con Bárcenas.

Más de un centenar de veces ha pronunciado las palabras "ni idea" a preguntas de la fiscal Concepción Nicolás. Sí que ha admitido que cobraba dinero "en sobres" de la trama para montar el partido independiente Corporación Majadahonda junto a Peñas, cuando ambos fueron expulsados del PP, en febrero de 2005.

http://cadenaser.com/m/ser/2016/12/15/tribunales/1481832800_121683.html

6.5. PEÑAS ASEGURA QUE EL PP INSTÓ A "RECOMPENSAR" A VARIAS EMPRESAS QUE FINANCIARON SU CAMPAÑA EN LAS MUNICIPALES DE 2003

El denunciante de la Gürtel afirma que el partido mandó un fax con una lista de empresas a las que había que beneficiar por haber financiado la campaña de las elecciones municipales y autonómicas de 2003

"Entiendo que llevar dinero a Génova tiene muchas connotaciones negativas, pero el señor Correa si llevaba en 'cash'", apuntó el exconcejal de Majadahonda

José Luis Peñas, exconcejal del PP en el Ayuntamiento de Majadahonda y denunciante de la trama Gürtel, destacó este miércoles ante el tribunal que le juzga por su implicación en la primera época de actividades de la red (1999-2005) que el PP mandó un fax con un listado de empresas a las que había que beneficiar por haber financiado la campaña de las elecciones municipales y autonómicas de 2003.

Peñas, que continuó este miércoles contestando a las preguntas de la fiscal Concepción Nicolás, recordó que durante su declaración ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) en 2009 ya explicó que el PP, desde "tesorería o gerencia", envió un fax en el que informaba de una "serie de empresas" –las cuales no ha sabido concretar–, a las que había que "recompensar" por haber entregado "un donativo" a la formación política para dicha campaña electoral.

El acusado, que se enfrenta a seis años y cinco meses de prisión, afirmó que el entonces alcalde de Majadahonda, Guillermo Ortega, le informó de dicha misiva y debido a que no "tenía la necesidad" de favorecer a ninguna empresa presentó su renuncia como concejal del municipio madrileño.

"Salvo eso, nunca he tenido ninguna incitación a hacer ninguna irregularidad, ni ayudar a nadie", dijo para defender su inocencia al respecto. Continuó diciendo que Ortega le convenció para que volviese a desempeñar sus funciones en el ayuntamiento, pues le explicó que era un fax que el partido mandaba a todos los consistorios y le aseguró que no tendría que hacer nada "que no quisiese".

Peñas, que lamentó no haberse "mantenido" en su "primera posición", agregó que no sabe si Ortega "luego pudo hacer algo, si benefició o no benefició".

"Lo de "llevar a Génova" es una expresión"

Asimismo, matizó las palabras manifestadas en la sesión previa de este martes, en la que recordó que Correa había afirmado que llevaba maletines a la sede del PP y a la casa del extesorero Luis Bárcenas. "Lo de llevar a Génova es una expresión, no creo que sea llevar un maletín o una caja de zapatos, habría otros métodos más sofisticados", dijo.

"Entiendo que llevar dinero a Génova tiene muchas connotaciones negativas, pero el señor Correa si llevaba en cash", apuntó.

La jornada de este miércoles comenzó con las cuestiones relativas sobre el Manual de Identidad Corporativa que se adjudicó, de "forma irregular", según el escrito de acusación del Ministerio Público, a sociedades de Francisco Correa, y cuyo pago final reflejó un sobrecoste de 14.206,59 euros – el pago ascendió a 26.895,14 euros cuando su precio real era de 12.688,55 euros–.

Peñas explicó que esta campaña se realizó a iniciativa del entonces concejal de Comunicación de Majadahonda Ramón Losada con motivo de desarrollar "nueva ideas, nuevas gestiones", entre ellas la marca y un nuevo logotipo del Ayuntamiento, ya que Ortega había alcanzado la alcaldía del municipio madrileño.

En este sentido, en relación a otros contratos vinculados a la empresa municipal Patrimonio Municipal de Majadahonda SA (PAMMASA), Peñas simplemente dijo que no "tuvo sospecha de que hubo comisiones para nadie": "No sé si esas empresas tenían fijado una parte del contrato para darle (dinero) a nadie", añadió.

En cuanto a las cuentas denominadas Willy o Gabinete, el denunciante afirmó que conoció su existencia por el sumario. Del mismo modo, eludió su responsabilidad en los contratos relacionados con la Oficina de Atención del Ciudadano (OAC) de Majadahonda.

Según manifestó, la OAC comenzó a desarrollarse con anterioridad a que tanto él como el también acusado Juan José Moreno comenzasen a dirigir sus respectivas concejalías y recordó que esta oficina era el "proyecto estrella" del empresario Francisco Correa.

Por último, hizo hincapié en por qué decidió formar el partido político Corporación Majadahonda junto a Moreno, una vez que en 2005 fueron expulsados del PP: "Era un nexo de unión para estar cerca del señor Correa y poder grabarle", enfatizó.

6.6. EL DOCUMENTO CLAVE SOBRE ACS CON EL QUE LAS ACUSACIONES QUIEREN REABRIR ‘LA CAJA B’ DEL PP

La empresa de Florentino Pérez niega haber entregado dinero a la Gürtel, pero aparece como generosa donante de Génova

El año 2017 va a empezar judicialmente con un pelotazo. El 16 de enero, es decir, en poco más de dos semanas, la sala donde se celebra el juicio por la Gürtel va a convertirse en el centro de atención básico de la actualidad: es el día para que Luis Bárcenas comience su declaración. Las consecuencias políticas de su intervención son previsibles.

Reabrir la instrucción por los papeles Bárcenas

De momento, en el ambiente jurídico y su derivada política, la lucha está, sin embargo, en otro punto. Las acusaciones están peleando por reabrir la instrucción del caso de la caja B del PP, o caso de los papeles de Bárcenas, a partir de unas declaraciones que realizó en su deposición Francisco Correa el pasado 14 de octubre.

Entonces, Correa dijo que las constructoras ACS y OHL se habían beneficiado de contratos a cambio del pago de comisiones. Las reacciones fueron inmediatas. Tres días más tarde tanto la empresa de Florentino Pérez como la de Juan Miguel Villar Mir presentaban querellas criminales contra Correa por sus alegaciones.

Las acusaciones, por el contrario, aprovecharon la noticia destapada por el capo de la Gürtel para, con la misma celeridad, llevar las declaraciones ante el juez de la Audiencia que instruyó el caso de la financiación irregular del Partido Popular, José de la Mata, para pedir que se reabriera la instrucción.
El contenido de 'la carpeta amarilla'

ELPLURAL.COM ha podido tener acceso al contenido de un documento que parece relevante en este sentido. El principal de lo que se conoce en medios jurídicos como la carpeta amarilla, y que no es sino una de las carpetas, de diferentes colores, que entregó Luis Bárcenas en su declaración el 15 de julio de 2013 ante el entonces juez instructor, Pablo Ruz.

En la carpeta amarilla, como decimos, se incluía una serie de folios que acompañan esta información, y en la que de manera manuscrita y en ordenador, Luis Bárcenas implica en efecto a estas dos constructoras en la financiación irregular del partido.

En la nota manuscrita entregada por el propio extesorero popular se puede leer como OHL entregó “300.000 euros en campaña”, mientras que justo debajo escribía “ACS se comprom. a 1M€ ha dado 30.000€”. En el mismo escrito, Bárcenas recoge que FCC “daba 50.000€/mes, va a dar 12.000€/mes + ayuda campaña”. La nota manuscrita, el extesorero la concluye reconociendo “las empres. Siguen ayudando”.

En otro documento de la misma carpeta amarilla y en la que recoge una “RELACIÓN DE INGRESOS DEL 01-01.06 AL 31-12-06”, Bárcenas incluía de nuevo a ACS como donante de 60.100 euros para el partido de Génova.

En estos momentos, las acusaciones están pendientes de la decisión del juez José de la Mata sobre la aceptación o no de su requerimiento para que se reabra la instrucción del caso.

http://www.elplural.com/politica/2016/12/28/el-documento-clave-sobre-acs-con-el-que-las-acusaciones-quieren-reabrir-la-caja

6.7. VARIAS ACUSACIONES POPULARES QUIEREN QUE SE REABRA EL 'CASO BÁRCENAS', QUE INVESTIGA UNA CAJA B DENTRO DEL PP

El primer juicio de la trama Gürtel se reanuda el 16 de enero con la declaración de Bárcenas

Su testimonio puede ser clave para determinar el alcance de lo que ha ido saliendo a la luz a lo largo de estos tres meses de interrogatorios y que, en principio, ni era ni es objeto de la causa

El primer juicio de la trama Gürtel se reanudará el próximo 16 de enero con la declaración del extesorero del PP Luis Bárcenas. Su testimonio puede resultar clave para determinar el alcance de algo que se ha revelado en estos tres meses de interrogatorios y que no era, ni es, el objeto de la causa. Nos referimos a los nuevos indicios de financiación ilegal del PP nacional. Hay ya varias acusaciones populares que, en función de las nuevas revelaciones, han pedido en la Audiencia Nacional que se reabra el denominado caso Bárcenas, que investiga precisamente una caja b dentro del PP.

Las declaraciones de los principales imputados en la causa han desvelado el supuesto pago de comisiones ilegales que nutrían una de las cajas b del Partido Popular a cambio de adjudicaciones de obras de Ministerios y Ayuntamientos. Nueve años de investigación del caso Gürtel, una trama masiva de corrupción que colonizó administraciones gobernadas por el PP, dejaron al margen, en una pieza separada, los supuestos pagos de comisiones ilegales para alimentar la caja b que controlaba el extesorero Luis Bárcenas y en la que se ingresaron más de 8 millones de euros. La causa que se juzga en la Audiencia Nacional tan sólo intenta esclarecer si el PP participó a título lucrativo, es decir, si se benefició de las tramas corruptas de Majadahonda y Pozuelo que financiaron mítines de la formación conservadora.

Sin embargo, los tres primeros meses de interrogatorios del juicio oral han abierto distintas vías de investigación, hasta ahora cegadas, sobre el enriquecimiento del PP con comisiones ilegales pagadas por constructoras a cambio de la adjudicación de obras públicas. El principal acusado, el considerado cerebro de la trama, Francisco Correa, fue muy explícito en su primer día de declaración.

Ese testimonio ponía de un plumazo bajo sospecha la limpieza en la gestión de algunos de los ministros del Gobierno Aznar, que adjudicaron supuestamente obra pública a constructoras que, posteriormente, donaron dinero negro al Partido Popular. Al día siguiente, insistió dando nombres de constructoras directamente.

Recordemos que dos jueces de la Audiencia Nacional -Pablo Ruz primero y José de la Mata después- no pudieron acreditar durante la instrucción de la causa los sobornos pagados por constructoras a la caja b del PP a cambio de obras públicas. Sin embargo, eso es exactamente lo que han contado ahora algunos de los protagonistas de esa supuesta trama, algo que, por el contrario, han negado rotundamente las grandes constructoras a través de varios comunicados.

Sin embargo, no fue sólo Francisco Correa quien hizo esa revelación. La semana pasada llegó otra declaración en la misma línea. Ésta si cabe, más directa de la vinculación del PP con este asunto. El protagonista fue el exalcalde de Majadahonda Guillermo Ortega, quien aseguró que el que fue tesorero del PP Álvaro Lapuerta le indicó que beneficiase a unas empresas determinadas que aparecen en los papeles de Bárcenas como donantes de grandes cantidades de dinero negro.

El problema de la denuncia de Guillermo Ortega es que Álvaro Lapuerta, que es el único que podría aclarar esos hechos, ha sido excluido del juicio y se ha archivado la causa contra él por "demencia sobrevenida".

Antes de estas declaraciones de Francisco Correa y Guillermo Ortega, el juicio Gürtel se calentó con el testimonio de un imputado arrepentido que reconoció los hechos. Sus palabras tienen una especial trascendencia, ya que se trata del primer empresario que reconocía en el juicio haber pagado comisiones ilegales al PP a cambio de la adjudicación de obras públicas. Se trata de Alfonso García Pozuelo, expropietario de Constructora Hispánica, una de las principales donantes de la caja B del PP. Además de admitir que había pagado comisiones ilegales a la trama corrupta a cambio de contratos, deslizó que el dinero iba para "organismos centrales". Todo el mundo interpretó que hablaba de la sede nacional del PP, pero su declaración fue tan ambigua como escueta.

La persona que podría certificar que estos testimonios son verdaderos y que, por tanto, el PP se financió ilegalmente durante años gracias al pago de mordidas de contratistas públicos, es Luis Bárcenas, que declarará el próximo 16 de enero.

En su declaración ante el juez instructor Pablo Ruz, el extesorero del PP nunca llegó a admitir que los pagos de empresas que apuntó con detalle en la caja b durante casi 20 años tenían relación directa con la adjudicación de obras públicas. Bárcenas tan sólo explicaba que ese dinero servía para que los alcaldes, consejeros o presidentes autonómicos del PP tuvieran la deferencia de recibir a los constructores cuando se interesaban por algún concurso público.

¿Se pueden investigar esas denuncias?

Recordemos que la financiación ilegal del PP no es el objeto de investigación de este juicio. Aquí se dilucida lo que en el argot jurídico se ha conocido como la primera época de la Gürtel, esto es, desde 1999 a 2005. En el banquillo se sientan 37 personas a las que, entre multas y fianzas de responsabilidad civil, se les reclaman unos 450 millones de euros. Además de los 37 acusados hay tres partícipes a título lucrativo: el Partido Popular, la exministra Ana Mato y la pareja de uno de los principales acusados.

De momento, los testimonios oídos en el juicio -de Correa, de Guillermo Ortega o del empresario García Pozuelo- no han hecho cambiar de opinión al tribunal para tirar de ese hilo. Cuando el abogado de Bárcenas escuchó la novedosa denuncia de Correa sobre el pago de mordidas por obras públicas del Gobierno Aznar, pidió que se citará a cargos ministeriales de aquella época y a responsables de constructoras para investigar esos hechos. El Tribunal que juzga el caso Gürtel se retiró a deliberar y negó la petición. La Fiscalía Anticorrupción también se mostró en contra al considerar que las revelaciones de Correas eran "genéricas e inconcretas".

El abogado que representa a la Asociación de Abogados Demócratas Europeos, Francisco Montiel, la primera acusación popular que se personó en esta causa, considera que los testimonios escuchados hasta ahora en el juicio deben abrir la puerta a la investigación para dilucidar si existía una trama en la que se vinculaban adjudicaciones con el pago de comisiones ilegales al PP.

El juicio del caso Bárcenas, donde se determinará si el PP se financió ilegalmente durante al menos 20 años gracias a la generosidad de contratistas públicos, no se celebrará hasta finales de 2017. Antes conoceremos la sentencia del caso Gürtel donde se prevén fuertes condenas pero que dejará a un lado las comisiones ilegales que supuestamente cobró el partido.

http://cadenaser.com/programa/2016/12/27/hoy_por_hoy/1482826349_650150.html

6.8. LA JUEZ ESPEJEL NO JUZGARÁ A LA TRAMA GÜRTEL DE BOADILLA: DECIDE APARTARSE DEL TRIBUNAL

La presidenta de la Sección Segunda de la Audiencia, Concepción Espejel, ha comunicado su decisión de abstenerse del tribunal que juzgará la trama Gürtel en Boadilla del Monte (Madrid). En el banquillo se sentará el exalcalde Arturo González Panero alías El Albondiguilla y el PP como partícipe a título lucrativo.

La presidenta de la Sección Segunda de la Audiencia Nacional, la magistrada Concepción Espejel, no formará parte del tribunal que juzgará la trama Gürtel de Boadilla. Aunque le había correspondido formar Sala atendiendo a las normas de reparto del tribunal, la jueza -que fue recusada de las piezas Primera Época de la red Gürtel, papeles de Bárcenas, pieza separada de Aena y pieza de Jerez- ha decidido esta vez adelantarse y abstenerse de juzgar la red liderada por el empresario Francisco Correa y el ex alcalde del PP en Boadilla del Monte (Madrid), Arturo Gonzalez Panero, alías El Albondiguilla.

La magistrada y exvocal del CGPJ fue apartada de todos estos procedimientos por el Pleno de la Sala de lo Penal a instancias de la Fiscalía Anticorrupción. La mayoría de sus compañeros de tribunal entendieron que “en la sociedad” podía haber "dudas acerca de la apariencia de imparcialidad" de esta juez.

La decisión del Pleno fue muy polémica y causó un gran revuelo en los círculos judiciales donde se ha denunciado que "no se ha tratado con el mismo rasero" a los distintos jueces de la Audiencia Nacional; ya que Concepción Espejel y Enrique López fueron apartados del tribunal que debía juzgar la Primera Época de Gürtel y su compañero de Sección, el magistrado José Ricardo de Prada, no.

Según informan fuentes jurídicas, el pasado mes de noviembre la magistrada redactó una exposición razonada donde comunicaba su intención de abstenerse de formar parte de la Sala que juzgará la pieza separada de Boadilla del Monte.

El PP figura en esta pieza como partícipe a título lucrativo ya que habría percibido 204.198 euros de la trama Gürtel de Boadilla

En dicha causa se juzga a 27 personas por los contratos adjudicados a la trama Gürtel en la localidad madrileña. La Fiscalía Anticorrupción solicita penas de 76 años y 7 meses de cárcel para el líder de Gürtel, Francisco Correa; 40 años y 9 meses para el exedil González Panero y 23 años y medio para el exdiputado del PP Alfonso Bosch por la actividad de esa red en el citado municipio.

Además en esta causa, Anticorrupción reclama además 64 años y 7 meses de prisión para el número dos de la Gürtel, Pablo Crespo, otros 22 para el exconcejal José Galeote, 39 y un mes de cárcel para el ex jefe de la Empresa Municipal del Suelo y la Vivienda (EMSV) de Boadilla César Tomás Martín Morales, y 2 años y medio para el exalcalde de la localidad Juan Jesús Siguero, que sucedió a González Panero.

Además, de las pesquisas se desprende que el PP habría percibido 204.198 euros de la trama Gürtel, siendo parte de ese dinero destinado a sufragar campañas electorales de la ex presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre y del exalcalde de Boadilla del Monte, Arturo González Panero, alías 'el Albondiguilla'.

http://www.vozpopuli.com/actualidad/nacional/Espejel-Gurtel-Boadilla-apartarse-voluntariamente_0_978803081.html

6.9. ELPLURAL.COM PUBLICA EL INFORME DE ADJUDICACIÓN A LA ‘GÜRTEL’ QUE LA DIPUTADA DE CIFUENTES DICE QUE NUNCA FIRMÓ

María Josefa Aguado ha sido imputada por el juez de la Audiencia Nacional José de la Mata

La diputada de PP en la Asamblea de Madrid, María Josefa Aguado, ha sido invitada a declarar ante el juez de la Audiencia Nacional José de la Mata por su presunta relación con el 'caso Gürtel'. Se trata de la madre del torero que quería “abonar cunetas” con los “rojos” de Podemos. Tras conocer su imputación, Aguado defendió su inocencia y aseguró ante la prensa que en ningún momento había hecho "ninguna adjudicación, ningún informe ni ningún contrato" ya que no tenía "ninguna responsabilidad en Arganda del Rey".

Algo que, tal y como ha podido comprobar ELPLURAL.COM, no se ajusta a la verdad. Este periódico ha accedido a uno de los informes que analiza la justicia en los que se demuestra que la diputada de Cristina Cifuentes adjudicó una de las empresas de la Gürtel, Easy Concept, la organización de un evento que se celebró en el mencionado municipio madrileño.

El informe

En el informe que publica ELPLURAL.COM en exclusiva, y que está firmado por la propia Aguado el 9 de mayo de 2007, la dirigente del PP reconoce que adjudicó a Easy Comncept el “contrato para el diseño de una campaña de comunicación y de escenografía de los actos de inauguración y de clausura de las X Olimpiadas Escolares y del suministro del material técnico necesario” por un importe de 89.000 euros IVA incluido.


Dilatada trayectoria
Cabe recordar que Aguado fue diputada nacional en la legislatura 2000-2004 y gerente de una empresa municipal de 2007 al 2011. Antes de ser elegida diputada regional fue concejala de Barajas en la anterior legislatura municipal, aunque siempre ha estado vinculada a San Sebastián de los Reyes, donde presidió el partido y fue portavoz local durante 14 años.

http://www.elplural.com/politica/2016/12/06/elpluralcom-publica-el-informe-de-adjudicacion-la-gurtel-que-la-diputada-de

6.10. EL JUEZ RUZ RECLAMA JUZGADOS ESPECIALIZADOS EN CORRUPCIÓN

El instructor de los casos Bárcenas y Gürtel afirma que nunca ha recibido "presiones directas"; "otra cosa son las indirectas"

El juez Pablo Ruz, que ha instruido el caso Bárcenas y Gürtel, ha reclamado este jueves la creación de juzgados y tribunales especializados en la lucha contra la corrupción. A imagen, ha dicho, de los que se instituyeron para combatir la violencia machista.

El magistrado ha ofrecido sus recetas contra la corrupción en una conferencia en Valencia, ciudad especialmente sacudida por los escándalos, donde ha sido recibido con honores por la vicepresidenta de la Generalitat, Mónica Oltra.

Ruz ha resumido en siete puntos las mejoras urgentes que en su opinión necesita la justicia en la materia. Entre ellos, la protección de los “delatores o denunciantes” de casos de corrupción y una mejora en la colaboración de los bancos.

El juez, que en 2010 se hizo cargo de forma temporal del Juzgado de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional tras la suspensión de Baltasar Garzón y en 2015 regresó a su plaza en un Juzgado de Móstoles, ha asegurado que nunca ha recibido "presiones directas" sobre el curso que debían seguir sus investigaciones.

"Nadie me ha llamado por teléfono, ni he sido testigo de ello. Otra cosa es la presión indirecta que te puede llegar a través de un titular de prensa, de la opinión de responsables políticos o de los comentarios que un compañero puede hacerte sobre la marcha de un proceso. De una forma más natural de lo que pueda pensarse, a veces te llevan a reflexionar”, ha afirmado Ruz en el aula Magna de La Nau, la sede histórica de la Universitat de València, donde estaba invitado a pronunciar la conferencia La investigación de las causas de corrupción.

“¿Hasta cuándo vamos a seguir desamparando a los denunciantes o delatores de los casos de corrupción? Filesa, Malaya, Gürtel, ERE… En todos ellos, en algún momento, hubo un testigo o un partícipe que decidió denunciar los hechos”, ha afirmado.

El magistrado ha pedido medidas de calado para proteger a los arrepentidos como las que existen en Estados Unidos e Italia, y que en España están limitadas a casos de terrorismo y narcotráfico. Y ha lamentado que la última reforma procesal no incluyera la posibilidad, contemplada en un borrador legislativo, de que un juez pudiera decidir el sobreseimiento de la acusación contra el miembro de un grupo criminal que denuncie la actividad y si "colabora plenamente con la justicia".

Ruz ha contado que los directores jurídicos de entidades financieras le han trasladado que los juzgados les dan "mucho trabajo" solicitando información. "Debe ser verdad, pero es una cuestión muy importante. A menudo, nos vemos obligados a reiterar las peticiones y a llegar a ordenar registros de sedes bancarias por no darnos información o decirnos que no estaba disponible, cuando sabíamos por la Agencia Tributaria que no era así".

Utilizando viñetas de Forges y El Roto y citando a la cantante y activista norteamericana Joan Baez, de la que se ha declarado gran admirador, el juez ha desgranado otras medidas que considera necesarias, como la supresión de los aforamientos, del suplicatorio y de "privilegios procesales", como la posibilidad de ciertos cargos públicos de declarar como testigos por escrito.

Ruz ha planteado la conveniencia de limitar la acción popular y de dejar para un procedimiento al margen del penal la exigencia de responsabilidades civiles en las causas debido a lo mucho que alargan los procesos. Y ha subrayado la importancia de agilizar la cooperación internacional para recuperar el dinero defraudado.

"En la legislación penal estamos próximos al límite. Tanto en la gravedad de las penas, como en los plazos de prescripción y las conductas punibles, a falta quizá de que pudiera incluirse el delito de enriquecimiento ilícito", ha dicho. "La reforma pendiente clave es la procesal: cómo hacer que las investigaciones sean más rápidas y efectivas".

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2016/12/15/valencia/1481831295_292463.html

07. CASO PÚNICA

7.1. EL CGPJ QUITA EL REFUERZO AL JUEZ ELOY VELASCO, QUE INVESTIGA LA TRAMA PÚNICA

Esta semana, el magistrado Alejandro Abascal –juez de adscripción territorial de Madrid- dejará de estar en comisión de servicios en la Audiencia Nacional. El instructor de Púnica se queda sin refuerzo en su juzgado.

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha decidido no prorrogar el refuerzo con el que ha contado en los últimos meses el Juzgado Central de Instrucción Número 6 de la Audiencia Nacional, que capitanea el magistrado Eloy Velasco, según ha podido saber Vozpópuli.

Los secretos de la 'inverosímil' declaración de Granados que lo mantendrá en prisión
Fuentes de este órgano explican que el motivo es que el informe elaborado por el Servicio de Inspección no ha valorado muy positivamente el refuerzo del citado juzgado debido a que el número de causas no se ha reducido como se esperaba pese a que Velasco haya contado en el último año con la ayuda del magistrado Alejandro Abascal, en comisión de servicios para agilizar la sobrecarga de trabajo del Central 6.

Sin embargo, fuentes de la Audiencia matizan que si el número de causas no se ha reducido tanto como se espera en dicho juzgado es debido a que los procedimientos judiciales que investiga el magistrado Eloy Velasco son macrocausas donde se practican decenas de diligencias, como en la trama Púnica, pero que al no darse por finalizadas no contabilizan para el Servicio de Inspección. Por ejemplo, mientras la tramitación de una orden de extradición (OED) sí contabiliza para los inspectores el tomar declaración a decenas de testigos de Púnica no. De ahí, el malestar con el que se ha recibido esta noticia en el tribunal.

Fuentes jurídicas explican que el magistrado Alejandro Abascal ha hecho una buena labor como juez de apoyo de Velasco en la Audiencia Nacional

Esta semana, el magistrado Abascal –juez de adscripción territorial de Madrid- dejará de estar en comisión de servicios en la Audiencia Nacional. El magistrado ha pasado los últimos nueve meses asumiendo todas las guardias que correspondía al Juzgado de Instrucción Número 6 e investigando las causas que, por estricto turno de reparto, recaían en dicho órgano judicial.

Fuentes jurídicas explican que ha hecho una buena labor como juez de apoyo y que, en el juzgado de Velasco, aún hay faena suficiente como para que hubiera continuado en comisión de servicios en la Audiencia algunos meses más ya que el Juzgado Central 6 se investigan, junto a la macrocausa de Púnica, Acuamed, causas de yihadismo, o procedimientos importantes como la plataforma Herrira y el frente de cárceles de ETA o los Ángeles del Infierno.

El pasado mes de marzo la Comisión Permanente del CGPJ nombró al magistrado Abascal juez de apoyo del Juzgado Central de Instrucción Número 6 de la Audiencia Nacional. Tras una comisión de servicios de seis meses, el Poder Judicial concedió una segunda comisión de tres meses al magistrado. Ahora, Alejandro Abascal, juez de adscripción territorial de Madrid, será nombrado por el Tribunal Superior de Justicia de esta autonomía para un nuevo destino.

http://www.vozpopuli.com/actualidad/nacional/CGPJ-Eloy-Velasco-investiga-Punica_0_983601969.html

7.2 PÚNICA COMIENZA A HACER SOMBRA A GÜRTEL: 150 IMPUTADOS, 390 TESTIGOS, 200 TOMOS...

Sólo dos años después de las primeras detenciones, el sumario que instruye el juez Eloy Velasco alcanza cifras muy cercanas a las de la otra gran macrocausa de corrupción. La trama de Correa llegó a contabilizar 187 investigados en algunos momentos.

Todo comenzó con una comisión rogatoria enviada por las autoridades de Suiza a la Fiscalía Anticorrupción en febrero de 2014 para solicitar información sobre dos ciudadanos españoles que aparecían como titulares de cuentas con movimientos sospechosos de dinero. Eran Francisco Granados y el constructor David Marjaliza. Con aquel documento se iniciaba la 'Operación Púnica', que se convirtió en sumario en junio de ese mismo año y que el 27 de octubre siguiente, sólo nueve meses después del inicio de las pesquisas, registró las primeras detenciones. Hoy, dos años y una semana después de aquellos primeros arrestos, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6, Eloy Velasco, maneja una macrocausa formada por quince piezas separadas y que, por su alcance y cifras, ya hace sombra al otro gran escándalo de corrupción registrado en los últimos años en nuestro país, la Gürtel.

La investigación comenzó con una comisión rogatoria enviada por Suiza a España en febrero de 2014. Nueve meses después eran detenidas 50 personas

De hecho, en estos 24 meses, la investigación de la Guardia Civil suma ya una cifra cercana a los 150 investigados (denominación actual de imputados) y que ha hecho pasar por la Audiencia Nacional a 390 testigos. El sumario cuenta además con 200 tomos de diligencias y documentación, según confirman a Vozpópuli fuentes judiciales. Las pesquisas sobre la red de Francisco Correa llegó a alcanzar los 187 imputados entre todas sus partes, aunque al final esta cifra se ha ido reduciendo a algo más de un centenar. De ellos, 37 se sientan ahora en el banquillo de los acusados en el juicio por la primera etapa de la trama que se está celebrando.

124 empresas intervenidas

El caso Púnica ya comenzó, de hecho, con cifras de récord. Aquel día de octubre en el que eran detenidos los principales implicados de la trama, entre ellos Granados y Marjaliza, los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) procedieron al arresto o imputación de 50 personas, y a intervenir 124 empresas. En aquella primera fase de la operación, que tuvo que precipitarse por el 'chivatazo' que dio un agente al ex secretario general del PP madrileño, ya aparecían alcaldes entre los implicados.

Las primeras detenciones se produjeron el 27 de octubre de 2014. Aquel día fueron arrestadas o imputadas 50 personas, e intervenidas 124 empresas

En concreto, el de Parla, el socialista José María Fraile; el de Valdemoro, el 'popular' José Carlos Boza Lechuga; el de Collado Villalba, Agustín Juárez López de Coca, también del PP; el de Serranillos del Valle, el independiente Antonio Sánchez Hernández; y los de Casarrubuelos y Torrejón de Velasco, David Rodríguez Sanz y Gonzalo Cubas Navarro. Además figuraba el entonces presidente de la Diputación de León y primer edil de la pequeña localidad de Cuadros, Marcos Martínez Barazón, así como concejales, funcionarios, empresarios, los principales directivos en España de la filial española de la multinacional Cofely-GDF Suez y familiares de los principales implicados.

Nuevas detenciones
Desde entonces, el número de investigados ha seguido creciendo. En algunos casos, con nuevas detenciones, como ocurrió con el alcalde de Moraleja de Enmedio, Carlos Estrada, y con Ignacio Palacios, que fuera la mano derecha durante años de Francisco Granados. Además, el avance de la investigación ha hecho que algunas de las personas que en las semanas posteriores a las primeras detenciones habían declarado como testigos hayan sido citados meses después como imputados. Es el caso, por ejemplo, de Pedro Vicente Sánchez, alcalde 'popular' de la localidad leonesa de Puebla de Lillo.

Algunos de los que declararon como testigos las semanas siguientes a las detenciones al final han sido imputados por el juez Velasco

En este tiempo también han pasado a engrosar esta lista algunos políticos que en el momento en que se produjo la redada de octubre ocupaban un cargo público que les convertía en aforados. Tras perder esta situación, fueron encausados. Son los casos de los ex integrantes del Ejecutivo de la Comunidad de Madrid Salvador Victoria y Lucía Figar, los ex miembros del Grupo Popular en la Asamblea de Madrid Mario Utrilla y José Miguel Moreno Torres; y el ex consejero del Gobierno de la Región de Murcia Juan Carlos Ruiz. El último aforado (por ahora) en esta situación ha sido el ex alcalde de Móstoles y entonces parlamentario regional en Madrid, el también 'popular' Daniel Ortiz, quien renunció a su cargo cuando el Tribunal Superior de Justicia de Madrid dio luz verde a su imputación. Poco después declaraba ante el juez Velasco como investigado.

Piezas finalizadas
A él le han seguido en las últimas semanas asesores de políticos y empleados de las empresas del 'gurú' informático Alejandro de Pedro, uno de los principales implicados de la trama. Todos ellos forman parte del impulso final que el juez Velasco está dando a una de las quince piezas en las que ha dividido el sumario. En concreto, a la que investiga las 'andanzas' de la trama en la Región de Murcia y que salpica, entre otros, al mismísimo presidente del gobierno autónomo, Pedro Antonio Sánchez. De hecho, las previsiones del magistrado es finalizar la instrucción de esta pieza antes de que acabe el año . Fuentes cercanas a la investigación están convencidos que el magistrado lo hará elevando al Tribunal Superior de Justicia de Murcia una exposición razonada precisamente para que investigue al aforado jefe del Ejecutivo murciano.

Tras finalizar las piezas del 'chivatazo' y de León, el juez Velasco está a punto de culminar la que afecta a la Región de Murcia

Con ella, serían tres las piezas del sumario concluidas, después de que en los últimos meses y semanas lo haya hecho con la que investiga el 'chivatazo' que precipitó la operación y la que afecta a la Diputación de León. Por la primera van a ser procesados Francisco Granados y dos guardias civiles. Por la segunda, otras cinco personas, dos de ellos los cargos públicos del PP Martínez Barazón y Pedro Vicente Sánchez.

Dos piezas concluidas
Esa es otra de las características más llamativas del 'caso Púnica': la celeridad con la que se está concluyendo parte de la investigación. En ello ha jugado un papel importante el hecho de que desde junio de 2015 David Marjaliza, uno de los principales implicados, haya comenzado a colaborar con la Justicia. Con su ayuda y, en menor medida, con las de otros imputados, en sólo dos años el juez Velasco ha concluido en dos piezas, estáa punto de hacerlo con una tercera y una cuarta, en la que se investiga los amaños millonarios de los contratos de eficiencia energética de numerosos municipios, se encuentra muy avanzada. Quedan, no obstante, otras once piezas separadas.

El sumario de Púnica cuenta ya con 116 tomos en su pieza principal, otros 40 de documentales y medio centenar de otras cuestiones, además de los de responsabilidad civil

Algunas, como la que investiga supuestas irregularidades en el llamado Plan Prisma de inversiones de la Comunidad de Madrid, están en manos de una unidad de la Agencia Tributaria adscrita a la Fiscalía Anticorrupción. Casi todas las restantes siguen siendo investigadas por la UCO. En la actualidad, el sumario ya cuenta con 116 tomos en su pieza principal, a los que hay que sumar cerca de 40 documentales y medio centenar de otras cuestiones. En total, unos 200 tomos. Eso sin contar los de responsabilidad civil.

Los 1.000 tomos de Gürtel
Estas cifras están, sin embargo, aún muy lejos del volumen de 'papel' acumulado en la instrucción de las diferentes piezas del 'caso Gürtel', algunas de las cuales aún están en fase de instrucción. El pasado mes de mayo, la Fiscalía Anticorrupción esgrimía precisamente la existencia de más de 1.000 tomos en este sumario en el escrito con el que pedía la declaración de causa compleja de la misma. En el mismo se detallaba que 350 correspondía a la pieza principal, 47 más a diligencias pendientes, un centenar a comisiones rogatorias; 14 de documentales; 80 de información intervenida.

El sumario de Gürtel, algunas de cuyas piezas aún se están instruyendo, cuenta con más de 1.000 tomos, según destacaba un escrito de la Fiscalía

En total, casi un millón y medio de folios en siete años y medio de instrucción, según diversas estimaciones. Una cifra que seguirá aumentando en los próximos meses, aunque ya no al ritmo que registra su 'rival', el 'caso Púnica', que ya ha empezado a hacerle sombra con sus 150 imputados, 390 testigos y 200 tomos. Son los elevados números de la corrupción en España.

http://www.vozpopuli.com/actualidad/Punica-comienza-Gurtel-imputados-testigos_0_968903530.html

7.3. EL CNI PAGÓ A UN IMPUTADO DE LA PÚNICA PARA QUE SE INFILTRARA EN FOROS INDEPENDENTISTAS

Los servicios secretos españoles le contrataron para difundir noticias positivas sobre la sociedad y la economía españolas a través de páginas web y redes sociales

El CNI pagó a un imputado de la Púnica para que se infiltrara en foros independentistas

El Centro Nacional de Inteligencia (CNI), casa de los espías españoles, contrató al experto en reputación online Alejandro de Pedro -que actualmente está imputado por la trama de la operación Púnica- para que se infiltrara en foros de independentistas catalanes para mejorar la imagen en internet de los políticos españoles y de las administraciones del Estado. Así se desprende de las grabaciones de 12 llamadas y 25 mensajes de texto que el abogado de De Pedro ha pedido al juez Eloy Velasco que incluya en la causa de la Púnica.

El letrado presentó el escrito este lunes en el Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, según explica El Confidencial. Las llamadas y SMS fueron intervenidas por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil semanas antes del 17 de octubre de 2014, fecha en la que estalló la operación Púnica.

Las conversaciones de Alejandro de Pedro con el CNI, realizadas entre julio y octubre de 2014, estarían relacionadas con sus trabajos por encargo del CNI en los meses anteriores a su detención. Los servicios de inteligencia recurrieron a De Pedro para tratar de contrarrestar los ataques a España en foros independentistas catalanes. Su misión era difundir noticias positivas sobre la sociedad y la economía españolas a través de páginas web y redes sociales. Una tarea que se prolongó durante varios meses. Su trabajo nunca fue detectado hasta que la operación Púnica se cruzó en su camino y en el del CNI.

Lo que se desconocía hasta ahora es que esta relación laboral fue registrada y documentada por la Guardia Civil. El acusado pretende utilizar esas pruebas para demostrar que los servicios que realizó para políticos e instituciones que han provocado su imputación en Púnica eran perfectamente legales y que hasta el CNI decidió contratarlo para mejorar la imagen de España en foros radicales. También alega que parte de los 80.000 euros en efectivo encontrados en su vivienda durante los registros procedía del cobro de fondos reservados por esos trabajos secretos.

https://www.google.es/amp/www.lavanguardia.com/politica/20161220/412753175477/cni-imputado-punica-independentistas-catalunya-alejandro-de-pedro.html%3Ffacet%3Damp

7.4. LA GUARDIA CIVIL ACUSA AL DIPUTADO VALENCIANO VÍCTOR SOLER (PP) DE FRAUDE, COHECHO Y MALVERSACIÓN

De Pedro, considerado el "conseguidor" de la Púnica, prestó servicios de reputación online al exalcalde de Gandía

La UCO considera a Soler "conocedor" e "interlocutor directo" con De Pedro para la determinación de los trabajos y la manera de sufragar los servicios reputacionales

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil atribuye al concejal del PP en Gandía (Valencia) y diputado de las Cortes Valencianas, Víctor Soler, los delitos de fraude, cohecho y malversación de caudales públicos por ser "conocedor" e "interlocutor directo" en los servicios reputacionales que realizaron las empresas de Alejando de Pedro al exalcalde del municipio valenciano Arturo Torró entre los años 2012 y 2014, en el marco de la investigación del caso Púnica, según ha informado Europa Press.

Así se desprende de un informe de la UCO, con fecha del 17 de noviembre de 2016, sobre el pago irregular de servicios de reputación online para el exalcalde de Gandía prestados por el empresario Alejando de Pedro, que ha sido remitido al Juzgado Central de Instrucción 6 de la Audiencia Nacional, dirigido por Eloy Velasco.

La Guardia Civil afirma en su informe que, gracias a las conversaciones telefónicas intervenidas a De Pedro, se confirmó la existencia de una deuda del Ayuntamiento de Gandía con el empresario. La UCO destaca que De Pedro, considerado como "conseguidor" de la trama Púnica, comenzó su vinculación con el PP de Gandía en 2011, cuando comenzó a prestar trabajos con su empresa EICO.

Aprovechando que era un año electoral, el informe presume que los servicios eran destinados a la "promoción" de la formación política. Una vez que Torró consigue la alcaldía, dichos trabajos de reputación online pasan a facturarse al consistorio municipal.

Pago de la deuda para seguir trabajando con De Pedro

La UCO destaca que en 2013 comienzan a haber discrepancias debido a que quedaron varias facturas impagadas a EICO y Madiva por parte del Ayuntamiento de Gandía, pero debido al "fruto del deseo" de que continuase elaborando esos informes a su favor, Soler accede a pagar la deuda y acuerda un nuevo plan de pagos para los próximos trabajos, que se prolongarían hasta 2015.

Según cuenta el informe, el actual diputado contactó con el vicesecretario de organización del PP en Gandía, Dionisio Ollero, para buscar una fórmula de pago que solventara dicha deuda y concertaron con la constructora Construcciones Gomuñoz (empresa adjudicataria de obras en el consistorio valenciano y acreedor del mismo) para que sufragara la misma por supuestos trabajos de publicidad realizados por Madiva, otras de las empresas de De Pedro.

Estas cantidades se ingresaron con facturas a Madiva por "servicios no prestados, puesto que lo que pretendía pagar eran los servicios reputacionales al alcalde", resalta el informe. Concretamente, se acordó el pago de 2.633,75 euros más IVA durante ocho meses, según se puede ver en uno de los correos recogidos por la UCO entre empleados de la empresa de De Pedro.

No obstante, el informe señala que estos pagos nunca se llegaron a hacer efectivos por las actuaciones judiciales y policiales que se llevaron a cabo en ese momento.

Conocedor e interlocutor directo

Por todo ello, la UCO considera a Soler "conocedor" e "interlocutor directo" con De Pedro para la determinación de los trabajos y la manera de sufragar los servicios reputacionales. Por ello, le acusa de haber cometido los delitos de fraude, cohecho y malversación de caudales públicos.

El grupo de investigación del Instituto Armado considera a Ollero y a Turró autores de tráfico de influencia y cohecho. Además, al exalcalde se le acusa de fraude en contratación pública.

También cree que el empresario ha incurrido en los delitos de fraude en contratación pública, malversación de caudales públicos y falsedad en documento mercantil. Asimismo, considera autor de cohecho al dueño de la constructora, Sergio Múñoz, por acceder a sufragar la deuda del Ayuntamiento de Gandía.

Control de la información

Por otro lado, la UCO hace hincapié en los mensajes del concejal del municipio valenciano Vicente Soler con De Pedro en el que le informa de que el diario Ahora Gandía será la plataforma pagada con dinero municipal dirigida a recoger mensajes favorables de Turró, además de las redes sociales. Sin embargo, durante una de esas comunicaciones, el concejal de Gandía pide al empresario que controle a la única periodista con el que contaba el medio por el "trato informativo" que recibía el entonces alcalde.

"Vamos a hacer una cosa, si ella tiene que continuar, lo único que te pido es que controles la información que pone, porque en determinadas noticias barre mucho hacia la oposición y en negativo hacia nosotros", dice uno de los mensajes del concejal que envía a De Pedro. "Eso me genera problemas", continúa.

Ante esto, De Pedro intenta tranquilizar al concejal asegurando que, a partir de ese momento, él controlaría las informaciones de Ahora Gandía: "Verás como no vuelve a poner nada, y ante la duda que pregunte y yo te lo traslado", contestó.

http://www.infolibre.es/noticias/politica/2016/12/23/la_guardia_civil_acusa_diputado_valenciano_victor_soler_fraude_cohecho_malversacion_59137_1012.html

7.5. LAS 63 PRUEBAS QUE ACORRALAN EN PÚNICA A UN DIPUTADO DEL PP Y AL EXALCALDE DE GANDÍA

La UCO entrega al juez Velasco un nuevo informe sobre el supuesto pago irregular de trabajos de reputación 'online' para el antiguo regidor 'popular' de la localidad valenciana, Arturo Torró. El documento policial adjudica un papel relevante en la trama al actual parlamentario regional Victor Soler.

Diez llamadas de teléfonos, once documentos en formato digital, 32 'emails', tres cadenas de mensajes y siete declaraciones ante la Guardia Civil. La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha entregado recientemente al titular del Juzgado Central de Instrucción número 6, Eloy Velasco, un amplio informe en el que detalla todas las pruebas e indicios recopilados hasta ahora sobre las 'andanzas' de la trama Púnica en el Ayuntamiento de Gandía. El exhaustivo documento policial concluye que cinco personas pudieron tener responsabilidades penales en las mismas, entre ellos el antiguo alcalde del PP de esta localidad valenciana, Arturo Torró, y el actual concejal y diputado en las Corts Valencianes por el mismo partido Víctor Soler. Los autores del informe otorgan a éste último, que ha sido elegido recientemente compromisario para el Congreso 'popular' del mes de febrero, un papel clave en las supuestas irregularidades detectadas para el supuesto pago con dinero público de la reputación 'online' de su correligionario y jefe. De hecho, le atribuyen tres posibles delitos. Tantos como al propio Torró, quien dimitió como concejal del consistorio en enero pasado, siete meses después de que perdiera la alcaldía tras las elecciones municipales de mayo de 2015. Vozpópuli intentó ponerse en contacto con Soler por correo electrónico a través de su página web personal, pero al cierre de estas líneas no había respondido a los requerimientos de información de este diario.

El informe, fechado el pasado 17 de noviembre, cuenta con 64 páginas, además de 43 anexos con otros 300 folios de documentación

El informe cuenta con 64 páginas, 43 anexos con otros 300 folios y está fechado el pasado 17 de noviembre. En el mismo, los responsables de la investigación detallan que iniciaron las pesquisas sobre las supuestas actividades de la trama en Gandía tras interceptar el 14 de julio de 2014 una llamada de teléfono entre el 'gurú' informático Alejandro de Pedro y su socio, el exalcalde socialista de Cartagena José Antonio Alonso Conesa, ambos imputados en Púnica, en el que el primero asegura que había cerrado "un tema" en la localidad valenciana "por unos 2.500 [euros] al mes, sin contratar nada ni gastar nada". A partir de ahí, los agentes pudieron intervenir más conversaciones telefónicas, hasta sumar diez, con referencias a este municipio e, incluso, en alguna en la que figura como interlocutor un destacado miembro del PP de Gandía, Dionisio Ollero, así como referencias directas al hoy diputado autonómico Víctor Soler y el propio Torró. Tras las detenciones de octubre de 2104, cuando fue arrestado Alejandro de Pedro, la UCO se hizo en los registros con abundante documentación en papel y formato digital en la que también se han hallado nuevas pruebas sobre las supuestas irregularidades en el consistorio.

Así, los agentes han localizado hasta once informes de reputación 'online' elaborados por el 'gurú' informático para mejorar la imagen en Internet de Arturo Torró, así como 32 correos electrónicos intercambiados entre varias de los presuntos implicados y terceras personas, tres cadenas de mensajes (dos de whatssap y otra del 'messenger' de Facebook) y siete declaraciones, entre ellas la de los tres políticos del PP local salpicados por el escándalo. Con todo ello, el informe de la UCO concluye que durante los años 2012, 2013 y 2014 la trama Púnica trabajó para Arturo Torró y que dichos servicios fueron "sufragados por el Ayuntamiento" de Gandía. También que parte de esos trabajos iban a ser pagados por una empresa de la localidad, Construcciones Gomuñoz, que había recibido diversas adjudicaciones de obras del consistorio. La Guardia Civil concluye que en dichas irregularidades "podrían existir responsabilidades penales" de cinco personas. Entre ellos está el propio Torró, su segundo en el Ayuntamiento y hoy diputado regional, Víctor Soler, además de Dionisio Ollero, vicesecretario de organización del partido en Gandía. A ellos se suman el propio Alejandro de Pedro y el dueño de la sociedad que presuntamente iba a sufragar parte de los trabajos, Sergio Muñoz López. A los dos primeros, los agentes les adjudican tres delitos, mientras que a su correligionario y al 'gurú' les atribuyen dos, y al empresario, uno.

"Conocedor"
En el caso del hoy exalcalde, los agentes consideran que era "conocedor de la índole de servicios" que le prestaba Alejandro de Pedro y que que ésto "se pagaban con dinero de las arcas municipales", según se desprende de las comunicaciones entre su compañero de partido y el 'gurú' informático. Por ello lo considera presunto autor de los delitos de fraude en contratación pública, tráfico de influencias y cohecho. Sin embargo, el informe otorga un papel más relevante al hoy aforado Víctor Soler, a quien no sólo le sitúan como "conocedor" de las irregularidades, sino también como "el interlocutor directo de Alejandro de Pedro en la determinación de los trabajos reputacionales a realizar y la manera de sufragarlos". Eso sí, "con el visto bueno del alcalde Arturo Torró, beneficiario de los servicios reputacionales". En su exposición, los agentes destacan que los mismos fueron facturados al consistorio "como presuntos trabajos de posicionamiento 'online' del Ayuntamiento de manera continuada durante 15 meses", pero que en 2013 surgió "una discrepancia entre empleados municipales y Alejandro de Pedro" que hizo que éste dejara de recibir dinero y, como consecuencia de ello, decidiera dejar de trabajar para el alcalde 'popular'. Es en las gestiones realizadas para desbloquear esa situación donde Víctor Soler asume presuntamente un mayor papel protagonista.

La UCO concluye que el diputado regional medió ante De Pedro para que siguiera haciendo los trabajos de reputación 'online' del entonces alcalde Arturo Torró

Así, el informe destaca que "para solventar la deuda pendiente" con el 'gurú' informático y "para concertar los futuros trabajos de cara a los comicios [municipales] de 2015" el hoy diputado autonómico trató directamente con Alejandro de Pedro. También es él quien acude a su compañero de partido, Dionisio Ollero, "para buscar una fórmula de pago" con la que hacer frente a la cantidad que se debía al experto informático. Son estos tratos los que desembocaron "en que Construcciones Gomuñoz, empresa adjudicataria de obras en el Ayuntamiento de Gandía y acreedor del Consistorio" aceptase supuestamente asumir la deuda de "los trabajos pasados y los futuros de quien ostentaba el cargo de alcalde de Gandía [Arturo Torró] en aquellos momentos". Por ello, el documento policial concluye que Víctor Soler sería autor de los delitos de fraude, cohecho y malversación de caudales públicos. Por su parte, al vicesecretario de organización del PP local, Dionisio Ollero, le adjudica el papel de contacto con el constructor, por lo que le considera presunto autor de los delitos de tráfico de influencia y cohecho. A Alejandro de Pedro le señala por malversación y falsedad en documento mercantil, y al empresario, por cohecho.

Testimonio clave

La declaración que el pasado 5 de octubre prestó como imputado Francisco Javier Bueno González, antiguo empleado de una de las empresas de la trama Púnica que participó en las negociaciones de Gandía para que el PP saldara su deuda con Alejandro de Pedro, ha servido para conocer nuevos detalles de los tratos de la red de corrupción con Arturo Torró. En su relato ante el juez Eloy Velasco, este extrabajador de Madiva Editorial SL aseguró que su jefe le envió en septiembre de 2014 a este municipio valenciano a cobrar una deuda del PP local y que cuando se presentó en la dirección que le dieron "me veo que era una constructora", Gomuñoz SL. El imputado aseguró que el dueño de la misma, Sergio Muñoz, le confirmó que "se iba a hacer cargo de pagar la deuda" y que De Pedro debía emitir facturas por publicidad para camuflar dichos abonos. Bueno González también señaló que este empresario le dijo que "se iba a hacer cargo de pagar la deuda del ayuntamiento", aunque si "a los tres meses no le pagaba el Ayuntamiento, no lo iba a pagar".

http://www.vozpopuli.com/actualidad/UCO-diputado-PP-alcalde-Gandia_0_983302590.html

7.6.PIDEN QUE COSPEDAL Y FLORIANO DECLAREN EN EL JUICIO DE LA TRAMA LEONESA DE PÚNICA

Se trata de la petición formulada por la acusación popular Adade, que ha presentado su escrito de acusación en la Audiencia, en el que además reclama quince años de prisión para el expresidente de la Diputación de León, Marcos Martínez Barazón, por delitos de fraude, negociaciones prohibidas a funcionarios públicos, cohecho y malversación de caudales públicos.

La acusación popular ejercida por la Asociación de Abogados Demócratas por Europa (ADADE) ha presentado este lunes su escrito de acusación del juicio de la rama leonesa de la trama Púnica. En el citado documento, al que ha tenido acceso Vozpópuli, se solicita que declaren como testigos en la vista oral la actual ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, el exvicesecretario de organización del Partido Popular (PP) y diputado, Carlos Floriano, y la diputada y ex alcaldesa de Murcia, Pilar Barreiro; personas que habrían sido utilizadas por el ex presidente de la Diputación de León,Marcos Martínez Barazón, para posicionarse favorablemente dentro de la formación de Mariano Rajoy.

En el escrito de acusación, Adade solicita la pena más alta de prisión -quince años por varios delitos de corrupción- para Martínez Barazón y les siguen los once años de cárcel para los empresarios Alejandro de Pedro y José Antonio Conesa y los nueve para el excoordinador de la Diputación leonesa y alcalde de Puebla de Lillo (León), Pedro Vicente Sánchez García, entre otros investigados. En esta pieza separada del macro sumario de Púnica se van a juzgar delitos de cohecho, malversación de caudales públicos, fraude, tráfico de influencias etc.

Las pesquisas llevadas a cabo en los últimos dos años por el instructor de la Audiencia Nacional Eloy Velasco, la Fiscalía Anticorrupción y la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) han revelado que las empresas de De Pedro -considerado como el conseguidor de la trama- llevaban años realizando trabajos de reputación en internet para autoridades y cargos electos a cambio de beneficios personales.

En sintonía con esta afirmación, Adade defiende en su escrito de acusación que el ex dirigente popular "Marcos Martínez Barazón es obviamente quien encarga la estrategia de promoción personal y organiza las compensaciones, aprovechándose de la estructura previamente existente de promoción irregular de la Presidenta de la Diputación, Isabel Carrasco, y que él obviamente conocía y por haber sido su mano derecha como Vicepresidente de la Diputación".

Varios delitos de corrupción
"Su promoción dentro del Partido Popular, se realizaba mediante contactos con María Dolores de Cospedal, secretaria general del PP, Carlos Floriano, vicesecretario general o Pilar Barreiro, diputada nacional por el PP y alcaldesa de Cartagena que facilitaban, Alejandro de Pedro y José Antonio Alonso Conesa y de los que se aprovechó Marcos Martín Martínez Barazón para sus fines", recalca esta acusación popular que, por ello, pide que Cospedal, Floriano y Barreiro testifiquen en el juicio que se celebrará en la Audiencia.

En este caso, el papel del empresario de Eico y Madiva, Alejandro de Pedro, es el propietario de las mercantiles y "quien coordina los contactos, recibe los dosieres de prensa, y los traslada al personal de su empresa para que los mismos sean incluidos en los diarios digitales al igual que los banners que justificarán el pago del servicio”. Mientras tanto, para Adade el también empresario José Antonio Alonso Conesa "recibe los dosieres y realiza asesoramiento por sí o a través de terceros, a fin de diseñar y poner en marcha la estrategia de promoción de Marcos Martínez".

Las empresas de Alejandro de Pedro prestaron durante 2014 y años anteriores trabajos de reputación en internet para autoridades y cargos a cambio de beneficios personales

En un auto dictado el pasado mes de septiembre, el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6 de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco, acordó continuar esta causa penal contra Martínez Barazón (por los delitos de fraude, tráfico de influencias, negociaciones prohibidas a funcionarios, revelación de información privilegiada y malversación de caudales públicos); contra el ex coordinador de la Diputación de León y alcalde de Puebla de Lillo, Pedro Vicente Sánchez García (por delitos de fraude, cohecho y malversación); contra el interventor de la mencionada institución, Manuel Jesús López Sánchez (acusado de fraude y negociaciones prohibidas a funcionarios); contra los empresarios Alejandro de Pedro y José Antonio Alonso Conesa (investigado por los delitos de fraude, cohecho, malversación y aprovechamiento de información reservada); así como contra las empresas de reputación en internet Eico On Line SL y Madiva Editorial y Publicidad SL (a las que se le atribuye un delito de cohecho).

En la resolución, el magistrado apuntaba a que la investigación ha revelado que las empresas de Alejandro de Pedro prestaron durante 2014 y años anteriores trabajos de reputación en internet para autoridades y cargos electos que generaban una deuda a su favor que más tarde sufragaban dichos cargos públicos por "procedimientos irregulares".

http://www.vozpopuli.com/actualidad/nacional/Piden-Cospedal-Floriano-declaren-Punica_0_982402762.html

7.7."NUEVOS HALLAZGOS" DE LA UCO "CORROBORAN" TRATOS DEL PRESIDENTE DE MURCIA CON PÚNICA

Un nuevo informe de la Guardia Civil sobre las actividades de la trama recoge varios documentos manuscritos que, en opinión de los agentes, confirman que la red ya había dado los primeros pasos para trabajar la reputación 'online' de Pedro Antonio Sánchez y la senadora del PP Pilar Barreiro.

Nuevos documentos localizados por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil durante la investigación del 'caso Púnica' ponen contra las cuerdas al presidente de la Región de Murcia, el 'popular' Pedro Antonio Sánchez, y a su correligionaria, la senadora Pilar Barreiro. El Instituto armado entregó el pasado 22 de noviembre un nuevo informe sobre las andanzas de la trama en esta región que incluye "nuevos hallazgos" que en opinión de los autores "amplían y corroboran" los indicios sobre las irregularidades cometidas presuntamente por ambos políticos aforados cuando estaban al frente de la Consejería de Educación y del Ayuntamiento de Cartagena, respectivamente. El reciente documento policial es una ampliación del que se incorporó al sumario el pasado mes de mayo y en el que ya se apuntaba que el presidente autonómico podría haber cometido un delito de "fraude" y su compañera de partido, de "malversación y tráfico de influencias".

Los nuevos documentos incorporados al sumario son tres notas manuscritas localizadas en los puestos de trabajos de sendos trabajadores de Alejandro de Pedro

El documento policial, de seis folios de extensión y al que ha tenido acceso Vozpópuli, recoge sendas anotaciones manuscritas localizadas en "los puestos de trabajo" de tres empleados del 'gurú' informático de la trama, Alejandro de Pedro. Los agentes las intervinieron durante los registros practicados durante las detenciones de octubre de 2014 en las sedes en Valencia de EICO Online Reputation Management SLy Madiva Editorial y Publicidad SL, pero ha sido ahora cuando las han podido encajar en el complejo puzle de la investigación. El primero de los documentos ahora localizados por la UCO se encontraba en la mesa que ocupaba Francisco Javier Bueno González, un trabajador de De Pedro que realizaba labores de comercial y que ahora colabora con la Justicia. Se trata, en concreto, de "anotaciones manuscritas relacionadas con la persona de Pedro Antonio Sánchez haciendo constar los trabajos proyectados y la forma de presupuestarlo", se lee en el reciente informe.

En opinión de la Guardia Civil, son "anotaciones previas que luego se volcaron en un informe preventa" sobre los trabajos de reputación 'online' que se iban a hacer al entonces consejero de Eduación de Murcia y hoy presidente del Ejecutivo regional. El nuevo documento de policial destaca que el hallazgo recoge "extremos" muy reveladores. Así, aparece el nombre del político 'popular' y que se trata de su "reputación". Además se recoge que se va a crear una "página estática" y que "la fecha proyectada de inicio de los trabajos es el 1 de noviembre" de aquel año. También se desprende que la partida para los dos meses que restaban de ese periodo se iba a desglosar "bajo el concepto formación" y que la trama tenía previsto "contratar un periodista, presumiblemente para el diario digital 'murcianoticias.es y la creación de un portal de educación".

Coincidente con informe 'preventa'
La Guardia Civil destaca que a su juicio ese diario digital y la página web iban a servir para dar "cobertura al coste de los trabajos reputacionales". En la nota manuscrita aparecen también palabras y frases sueltas como "EICO", "Madiva", "semana que viene Murcia", "profesores", "familia", "Ampas", "cooperativas religiosas/lacias", "concertada" o "visibilidad". La UCO considera que las notas de dicha hoja son coincidentes con el informe preventa fechado el 24 de octubre de 2014 que ya se incluyó en el informe como uno de los principales contra Pedro Antonio Sánchez. En el mismo ya se recogía que "a la reunión mantenida con autoridades de la Consejería [de Educación] asistieron como comerciales de EICO las personas de Alejandro de Pedro Llorca y Francisco Javier Bueno González", el empleado en cuyo puesto de trabajo se ha encontrado ahora el nuevo documento.

Un cuaderno de anillas recoge anotaciones con la duración -siete meses- y el precio de los trabajos de reputación 'online' para Pedro Antonio Sánchez y Pilar Barreiro

A continuación, el documento destaca la existencia de otros dos documentos intervenidos que "corroboran la aceptación de la aceptación de los trabajos reputacionales de Pedro Antonio Sánchez y de Pilar Barreiro". En concreto, anotaciones manuscritas que determinan "la fecha prevista de inicio [de éstos] y la previsión de pasos a dar [para] ponerlo en marcha", como "pasar hoja de requisitos" y "pasar oferta". Además, estos dos documentos amplían "la nómina de empleados de Alejandro de Pedro que conocían y participaron en los hechos". En este punto cita a Sara Gargallo y María José Gutiérrez, quienes si bien comparecieron ante el juez Eloy Velasco como testigos poco después de la detención de octubre de su jefe, el pasado mes de octubre lo hicieron ya como investigadas (nueva denominación de la figura de imputado).

Un cuaderno con anillas
Así, en el puesto del trabajo de la primera, también en las oficinas de Madiva e EICO en Valencia se encontró un cuaderno de anillas con anotaciones referidas a los supuestos trabajos de reputación 'online' que se iban a iniciar para ambos político. Así, se lee "reput. Pilar Barreiro" junto a la anotación "7 meses" [justo hasta las elecciones municipales del siguiente mes de mayo] y la cantidad "24.700 euros", ambas rodeadas por un círculo. Una flecha apunta a la frase "pedir hojas requisitos" que los agentes identifican como "la información que se solicita al cliente para empezar el proyecto". Una línea más abajo aparece escrito el nombre de Pedro Antonio Sánchez, la cifra de 21.000 euros y el nombre de uno de los asesores del hoy presidente murciano, David Conesa, ya imputado. Del nombre de este último sale una flecha que lleva al final de la cuartilla, donde aparecen anotadas "noticias Murcia", "Portal Educ. Murcia" y el correo electrónico particular de este colaborador del presidente autonómico. A un margen se puede leer además referencias a un "periodista" con un sueldo de "1.600 euros" y, de nuevo, las palabras "hoja requisitos".

Las anotaciones en la agenda de una imputada sugieren que los trabajos de reputación 'online' del presidente murciano y la senadora Barreiro iban a iniciarse el lunes 3 de noviembre de 2014

El tercer documento ahora incorporado al sumario es una agenda de 2014 hallada en el puesto de trabajo de María José Gutiérrez, otra empleada de De Pedro imputada. En este caso, los investigadores se fijan en la página del lunes 3 de noviembre, donde aparecen anotaciones que apunta a que ese día era el que iban a iniciarse presuntamente los trabajos de reputación 'online' para Pedro Antonio Sánchez y PIlar Barreiro "dado que el día (sic) 1 y 2 de noviembre de 2014 eran sábado y domingo respectivamente". De hecho, en la agenda se puede leer textualmente "empezar hoy" junto a los nombres de los aún hoy aforados. Todos estos hallazgos son considerados por la Guardia Civil como "nuevos datos objetivos" que confirman que los dos dirigentes 'populares' habían aceptado "los servicios ofertados por Alejandro de Pedro" y que, de hecho, se habían dado "los primeros pasos para materializarlo". El estrecho judicial contra ambos se cierra un poco más.

http://www.vozpopuli.com/actualidad/UCO-localizanuevos-presidente-Murcia-Punica_0_982703040.html

7.8. LOS AUDIOS DE LA DECLARACIÓN DE GRANADOS: "AGUIRRE ES UNA PERSONA HONRADA Y CABAL"

El Confidencial y La Sexta acceden a la grabación íntegra de la declaración del exsecretario general del PP de Madrid ante el juez del caso Púnica, Eloy Velasco

Francisco Granados solicitó declarar con urgencia ante el juez Eloy Velasco, pero no era para tirar de la manta del caso Púnica, el escándalo que le mantiene en prisión provisional desde octubre de 2014 por liderar presuntamente una trama corrupta que actuaba en los sectores inmobiliario, urbanístico, energético, de obras públicas y transportes, entre otros.

El Confidencial y La Sexta han accedido al contenido íntegro de sus tres horas de declaración, este miércoles en la Audiencia Nacional, y las conclusiones que pueden extraerse es que Granados negó todos los delitos que se le imputan; aseguró que los negocios que se le atribuyen nunca existieron; alegó que el único dinero que ocultó a las autoridades fueron los 1,3 millones de euros que la Agencia Tributaria encontró en Suiza en 2014, y que su antiguo socio y amigo David Marjaliza mintió una y otra vez durante los tres días que declaró para colaborar con la Justicia.

Ni rastro de la caja B del PP de Madrid ni tampoco de las donaciones ilegales de constructores que aparecieron en su agenda, mantuvo Granados. La financiación del PP siempre fue, manifestó, “absolutamente transparente”. Y en su opinión, la máxima dirigente de la formación durante más de una década, Esperanza Aguirre, se comportó en todo momento de manera “honrada y cabal”. Este es un extracto de los momentos más destacados de su declaración:

1. Las cifras de su agenda no son dinero, sino asistentes a actos

“Son anotaciones no tanto de una agenda sino de un libro de notas en el que había apuntadas muchas cosas. Desde luego no se trata de dinero. Aquí no aparece nada de dinero. No se trata de financiación irregular. La financiación del Partido Popular de Madrid es una financiación absolutamente transparente".

2. Ni JLM es Javier López Madrid (OHL) ni LD, Luis Delso (Isolux)

“Creo que se refieren a actos del Partido Popular que se iban a programar en campaña. Lo que se corresponden, fundamentalmente... Las letras, las siglas BG es Beltrán Gutiérrez, que ha sido durante todos estos años el gerente del Partido Popular y es el encargado de movilizar el número de personas que aparece aquí que estaba previsto para esos actos. Creo que JLM debe ser, porque ya le digo que de esto hace 12 o 14 años, debe ser de alguno de los colaboradores en la campaña, desde luego, creo recordar que se llamaba José Luis Moreno. ME (…) eran los Municipios Estratégicos. Había un programa de municipios estratégicos en la Comunidad de Madrid. Y este acto de LD era para la Lista de Diputados. Y esto de JEC, creo que esto era algo de Jornadas de Educación de la Comunidad de Madrid. Yo no sé quién ha interpretado esto. Parece ser que el señor Marjaliza, que no sé qué pinta interpretando papeles del Partido Popular de Madrid. Pero en cualquier caso, quien haya interpretado esto como dinero ha cometido un tremendo error porque, como le digo, se trata de asistentes a actos”.

3. Marjaliza solo declaró para salvarse

“Este señor [Marjaliza] ha seguido con su misma vida. Sigue abriendo negocios en los terrenos que han sido objeto de adjudicaciones, ninguna en la época en la que yo he sido alcalde. Sigue este señor inaugurando negocios. Incluso he tenido conocimiento de una demanda del portavoz del PP de Valdemoro, David Conde, porque le ha llamado para presionarle para que no esté a favor de que se rescaten esas concesiones, que eso también me parecería, lo digo de paso, que se hiciera por parte del ayuntamiento... en fin. Decir que ha mostrado superioridad desde el primer momento. Y desde luego, preservar e intentar encubrir a los que han sido de verdad sus colaboradores y yo diría hasta cómplices. Porque él [Marjaliza] reconoce esos delitos, que son fundamentalmente los que ha utilizado... Él sí que tiene testaferros, como queda demostrado y como él mismo ha reconocido a lo largo del sumario”.

4. Todos los cargos fueron nombrados por Esperanza Aguirre

“Nunca he sido vicepresidente, como digo. Y los altos cargos, en su inmensa mayoría, desde luego todos los de mi consejería, creo recordar, y todos, en general, los ha nombrado Esperanza Aguirre. Lo cual no quiere decir que yo establezca ningún velo de sospecha, ni de crítica, ni de nada sobre Esperanza Aguirre, a la que considero una persona honrada, cabal”.

5. Ni Ayjopen es suya ni tiene el 33% de la promotora Servicios Patrimoniales

“No sé cuál ha sido al final la última versión de la declaración. El señor Marjaliza empezó por un 10% [de la sociedad Servicios Patrimoniales Obras y Vías], luego dijo que un 15%, luego que un 20%. Un 20%. Algo sorprendente. Yo recuerdo la transcripción... Me parece sorprendente que él no se acordara de si su participación era del 20%, del 40% o del 30%. El 2%, en cualquier caso, no me hubiera garantizado absolutamente nada. Que Ayjopen tuviera el 2% no garantizaba que alguien no pudiera vender el 49% de esa sociedad. Yo lo que me pregunto por qué no, puesto a tener el 2%, por qué no el 33%, y siguiendo ese razonamiento, por qué no el 49%. No lo entiendo. Y es que ese 2% nunca se ha vendido. No ha pasado nada. No ha habido ninguna plusvalía. No se ha vendido”.

6. La UCO miente (en un 90%)

“El informe de la UCO dice que se han recalificado de un plumazo, que dice, incluso, 1,2 millones de metros cuadrados propiedad del señor Marjaliza y del señor Ramiro Cid. Y yo les aseguro que es una falsedad, no del 10%. Del 90%. Eso es una falsedad. El informe da datos sobre recalificación de suelos. Y yo les aseguro que eso es una falsedad. No creo que llegue ni al 10% de lo que dice el informe”.

7. Nunca ha tenido negocios. Con nadie

“No he sido socio de nadie. No he participado nunca jamás en ninguna empresa. Entonces, yo ni he tenido el 2%, ni he tenido el 33%, ni he vendido el 2%, que sigue siendo de esa sociedad, de Ayjopen. No he vendido el 33% porque no lo he tenido jamás. Es una falsedad, de la A a la Z”.

8. Solo escondió 500.000 euros de sus padres y dinero ganado en bolsa

“Era dinero no declarado. Como digo, una parte, en torno a unos 500.000 euros, eran de mi padre. Y el resto, lo que yo había ido ganando. Era dinero no declarado. El banco tenía unas normas ya muy estrictas, de 'compliance', de restricciones, en cuanto a las operaciones que podíamos hacer las personas que trabajábamos en bolsa, sobre todo en la parte de análisis, en mercados en general, y entonces, pues...”.

9. Sin más dinero fuera de España. Ni donaciones de constructoras

“Le aseguro que yo no tengo ni un solo euro fuera de España. Primero, porque no me he dedicado a enriquecerme con la política. Segundo, porque esas donaciones a las que se refiere son falsas. Y tercero porque, le aseguro, que si lo tuviera, ya se lo habría facilitado”.

10. El dinero llevaba nueve años en el altillo de los suegros

ELOY VELASCO: ¿El monto de dinero que tenía usted en Suiza ha dicho que era…?

FRANCISCO GRANADOS: “Un millón trescientos… Él me dio a mí en torno a un millón trescientos mil euros”.

EV: ¿El señor Marjaliza?

FG: Sí.

EV: ¿Dinero?

FG: Sí.

EV: ¿Físico?
FG: Sí.

EV: ¿Y ese es el que aparece en casa de sus suegros?

FG: Bueno, una parte. Aparecieron novecientos, creo, por lo que he visto en el sumario, porque no estuve presente en ese registro, aparecieron novecientos [interferencias].

EV: ¿Guardó nueve años ese dinero en un altillo?

FG: Desde el año 2007.

EV: Es lo que quería…

FG: Es que no lo había entendido que cuando apareció… que cuando lo llevó o cuando…

EV: En el 2007 ha dicho.

FG: En el año 2007, que es cuando se produce la mudanza.

http://www.elconfidencial.com/espana/2016-12-23/los-audios-de-la-declaracion-de-granados_1308459/

08. LA COMISIÓN ANTICORRUPCIÓN ARRANCA AL FIN SU TRABAJO... Y ELIGE UN MODELO DE PUERTA CERRADA

El órgano que preside Toni Cantó aprueba crear una subcomisión para analizar la financiación de las formaciones políticas, el funcionamiento de los reguladores y la protección del denunciante de corrupción. El uso parlamentario establece que las subcomisiones trabajan a puerta cerrada, cosa que los grupos pretenden cambiar.

Tres meses después de constituirse, la comisión anticorrupción ha echado a andar. Y su primera decisión ha sido derivar los asuntos prioritarios a una subcomisión, organismo que tradicionalmente trabaja a puerta cerrada, sin difundir las comparecencias ni permitir el acceso a medios de comunicación. El PP se opuso a constituirla aludiendo precisamente a la contradicción que ve en que la comisión para la calidad democrática, la lucha contra la corrupción y las reformas institucionales y legales vaya a desarrollar su labor sin publicidad. "Ésta, que nació como la comisión estrella de esta legislatura, puede acabar siendo la comisión estrellada", expresó la diputada Beatriz Escudero.

El PNV también lo rechazó, aunque en su caso por entender que ya hay demasiadas subcomisiones constituidas. La Mesa ha avalado ocho, y esta sería la novena, lo que sobrecargará de trabajo a los grupos más pequeños. Unidos Podemos, por su parte, expresó su convicción de que el "uso parlamentario" puede cambiarse y aseguró que "no está escrito en ningún lado" que estos órganos deban reunirse a puerta cerrada. De hecho, conminó al resto a buscar la fórmula de que las comparecencias sean públicas, algo en lo que todos parecen estar de acuerdo. La deliberación sobre las mismas y sobre las conclusiones, en cualquier caso, seguirían siendo privadas.

La ventaja de la subcomisión es que los dictámenes que realiza pasan a pleno y se consigue así dar mayor visibilidad y empaque a la labor. Toni Cantó, diputado de Ciudadanos que preside la comisión anticorrupción, se mostró desde el primer día favorable a conformarla por este motivo y para organizar mejor el trabajo. El resto lo asumió, con la excepción de un PP que además de verlo incoherente lo cree improcedente por ser esta una comisión no legislativa, con limitada carga de trabajo -"se roza la ilegalidad", dijo Escudero-.

"Ésta, que nació como la comisión estrella de esta legislatura, puede acabar siendo la comisión estrellada"

Beatriz Escudero (PP)
Todos los grupos, en cualquier caso, acabaron votando en bloque a favor de la resolución que aprueba crear la subcomisión y regula su composición, funcionamiento y objetivos. Los populares forzaron previamente una votación en contra de ese modus operandi, que perdieron por 20-14. Luego, evitaron la imagen de soledad sumándose a los postulados de la mayoría en la enmienda transaccional alumbrada para iniciar con consenso la andadura del órgano.

Financiación de partidos
“Régimen y financiación de los partidos políticos” será lo primero que se estudie en un órgano que ha tardado tres meses en ponerse en marcha y no iniciará las comparecencias hasta febrero. Los partidos han estado semanas enredados en cómo organizarse y qué temas tratar primero, dando múltiples bandazos y cerrando finalmente el acuerdo de este miércoles. Fue en la primera sesión en pleno de la comisión, que llegaba doce semanas después de aprobarse su constitución.

Las cuestiones procedimentales se negociarán a lo largo del próximo mes. La primera semana de febrero, cuando arranque el siguiente periodo de sesiones, se reunirán mesa y portavoces de la comisión para convocar la primera reunión del año y comenzar el trabajo efectivo. Entonces acordarán también los cupos de comparecientes para cada grupo, así como la composición concreta de la subcomisión. Cantó estará al frente; el PP designará a tres miembros; PSOE, Unidos Podemos y Ciudadanos, a dos cada uno; y ERC, PNV y el Grupo Mixto, a uno. En las decisiones se aplicará el criterio de voto ponderado.

El nuevo órgano parlamentario estará formado por tres miembros del PP; dos de PSOE, Podemos y C's; y uno de ERC, PNV y el Mixto

En cuanto a los asuntos a tratar, se empezará por el mencionado de la financiación de partidos y se continuará con el análisis de las “autoridades independientes y organismos de regulación económica” y la protección del denunciante de corrupción”. El funcionamiento de la CNMV, la CNMC o el Tribunal de Cuentas y la figura del denunciante centrarán el trabajo en cuanto se cierre el bloque de la financiación de partidos, dentro del periodo de sesiones febrero-julio. Si el trabajo no se hubiera terminado y todos estuvieran de acuerdo, la vigencia de la subcomisión podría prorrogarse seis meses más.

El ámbito de la financiación es lo suficientemente amplio como para que cada partido le quiera dar un enfoque, y así el PP tratará de priorizar el estudio de las reformas legislativas hechas en este campo por el Gobierno de Rajoy, mientras la oposición querrá poner la lupa en las presuntas irregularidades contables de los populares, informan fuentes de la comisión.

Cinco comparecencias por grupo
El acuerdo a que han llegado contempla que cada grupo proponga a primeros de febrero un abanico de cinco o seis comparecencias. Luego, se determinará cuántas puede pedir cada uno y se tratará de consensuar todas ellas. En paralelo, la comisión podrá abordar otras de carácter genérico -estas sí a puerta abierta sin problema- y de hecho ya están registradas las de Jorge Moragas, Florentino Pérez o Villar Mir.

Fuera de agenda quedan por el momento temas como la contratación pública y la creación de un órgano anticorrupción, que sí fueron incluidos en un acuerdo preliminar de la mesa y los portavoces en noviembre. Quedó en papel mojado tras aprobar el Gobierno medidas encaminadas a reformar la primera -y por eso es posible que la comisión ya no dedique ninguna atención a ella-, hecho que desató una disputa entre partidos para ver si se mantenía lo acordado o no y en este segundo caso qué nuevos asuntos se priorizaban. Finalmente, se llegó al acuerdo de este miércoles, donde todos votaron en bloque pero quedaron patentes enormes diferencias en fondo y forma que hacen pensar que los resultados del órgano, de llegar, difícilmente lo harán fruto del consenso.

http://www.vozpopuli.com/politica/comision-anticorrupcion-prioriza-financiacion-partidos_0_983002867.html

09. EL CONGRESO PIDE LA DEROGACIÓN DE LA REFORMA LABORAL DEL PP

Solo el PP vota en contra y Ciudadanos y PDCat se han abstenido

El pleno del Congreso ha aprobado este martes una proposición no de ley del PSOE en la que se pide la derogación de la reforma laboral que aprobó el PP en solitario en la legislatura de su mayoría absoluta.

La iniciativa de los socialistas ha tenido solo el voto en contra del PP. Se han abstenido Ciudadanos y PDECat, a pesar de que ambos grupos también están a favor de modificar la legislación laboral.

La aprobación de la proposición no tiene valor efectivo alguno, porque es una iniciativa no de ley y deberá formalizarse en una proposición de ley para que, tras un largo trámite parlamentario, quede derogada la reforma laboral. O, más exactamente, que puedan eliminarse de la legislación laboral los puntos más polémicos de esa reforma que, según el PSOE, supone desjudicializar las relaciones entre empresas y trabajadores y, por lo tanto, han eliminado garantías.

Sirve para constatar, una vez más, el rechazo en el Congreso de las leyes polémicas que aprobó el PP en solitario, como ya ocurrió con la ley de seguridad ciudadana, conocida como ley mordaza. Pero en ambos casos, las polémicas normas estarán en vigor mucho tiempo y no será fácil que el acuerdo de la mayoría de la Cámara en una votación en contra se traduzca en un acuerdo sobre un articulado alternativo.

"Queremos pasar de una economía injusta y sin garantías a una economía que proteja a sus trabajadores", ha asegurado el socialista Rafael Simancas en defensa de su iniciativa. En su opinión, la reforma del PP ha servido para la "desregulación y la ley del más fuerte", que siempre es la del empresario.

Simancas ha explicado que debe haber un acuerdo para un nuevo Estatuto de los Trabajadores que identifique las "injusticias". como el vaciamiento de los convenios colectivos, los falsos autónomos o la precariedad sin motivo, entre otros. El PSOE ha incorporado a su proposición no de ley aportaciones de Podemos, Ciudadanos y PDECat (antigua Convergència), a pesar de lo cual, este último partido anunció su abstención.

Partidos como Unidos Podemos, ERC, Compromís y Bildu han apoyado el texto del PSOE, pero dejando claro que debe derogarse no solo la reforma laboral del PP, sino también la anterior de José Luis Rodríguez Zapatero.

Toni Roldán, portavoz de Ciudadanos, ha pedido una profunda reforma del mercado laboral, pero sus diputados se han abstenido.

http://politica.elpais.com/politica/2016/12/13/actualidad/1481630381_403271.html

10. SORAYA Y SU JEFA DE GABINETE METEN MANO EN TVE PARA PONER A ‘AMIGOS’ Y LA REDACCIÓN SE CABREA

En Torrespaña apuntan a María Pico como responsable de la contratación de Álvaro Zancajo para dirigir el Canal 24H y otra gente del equipo de Lomana cercanos al PP

El gobierno está soltando su garra, la que le permitía aplicar la mayoría absoluta, sobre todo tipo de campos; desde la pobreza energética a la Ley de Educación, del déficit fiscal al techo de gasto…, Rajoy ha ido abriéndose a la oposición para buscar pactos. Pero en TVE nada ha cambiado. El reino de Soraya Sáenz de Santamaría y los suyos sigue impenetrable. Bien es verdad, que sin que nadie en los grupos de oposición parezca increíblemente demasiado preocupado por ello.

Desparpajo y soberbia

La última prueba ha sido la contratación de Álvaro Zancajo para dirigir el Canal 24H. Como les informábamos este miércoles, el Consejo de Informativos (el órgano de representación de los periodistas de la televisión pública) reaccionó con desagrado a esta noticia, porque consideraban que “existen en la plantilla profesionales de suficiente capacidad” para ocupar ese puesto.

Pero el desagrado en las horas siguientes ha pasado a ser un enfado abierto por varias razones. La primera, lo que consideran un desprecio por parte de la dirección, que incumpliendo lo que marca la ley de Radiotelevisión, no se cumplió con la obligatoriedad de oír al Consejo antes de llevar a cabo la contratación. La segunda porque este mismo miércoles, sólo minutos antes de hacer pública una nota anunciando la contratación de Zancajo, los miembros de este organismo habían estado reunidos con la dirección, que no les había advertido de la nueva incorporación.

Pero ¿por qué funciona con ese desparpajo y soberbia la dirección de esta RTVE? En Torrespaña los periodistas están convencidos de que ese comportamiento responde a un hecho innegable: son unos mandados. O lo que es lo mismo, están ‘protegidos’ para incumplir la ley. En concreto, por Moncloa. Aún más en concreto, por quien realmente controla RTVE: el despacho de Soraya Sáenz de Santamaría.

Zancajo y Pico, dos excelentes amigos

El caso de Zancajo es paradigmático en este sentido. Entre el periodista y la jefa de gabinete de la vicepresidenta, María Pico, hay una muy conocida, estrecha y buena relación que transciende a lo simplemente profesional. Y Zancajo, como recordaba en una nota pública la sección de UGT en RTVE este mismo jueves, ha dejado todo un historial de fidelidad al PP casi de récord.

En su nota, el sindicato enumera historias de los tiempos de Álvaro Zancajo en Antena 3, empresa en la que ejerció como presentador del informativo de la noche hasta que fue despedido el pasado mes de julio tras la salida de su protectora, Gloria Lomana, que muestran un clarificador retrato.

Pero hay más. Según ha sabido ELPLURAL.COM en fuentes de RTVE, desde Moncloa también se ha requerido a la dirección para que busque lo antes posible acomodo en las tertulias de la casa a otra de las protegidas del PP y de Gloria Lomana en Antena 3, Fátima Iglesias, que llegó a ser segunda de los informativos en la cadena de Planeta, y uno de los personajes menos queridos por su redacción.

La llegada de Zancajo para dirigir el 24H, una apuesta personal de Lomana (mujer cercana al mundo Aznar, pero siempre considerada en el PP) y el mimo del sorayismo hacia Fátima Iglesias, otra de sus apuestas de confianza, han llevado a que muchos en los pasillos de Torrespaña se pregunten si, ante la inminencia de cambios que se anuncian en TVE (con el presidente de la Corporación queriendo irse desde hace meses, y con el de Informativos también en una situación personal delicada) la propia Lomana no será el siguiente desembarco en la televisión pública.

http://www.elplural.com/comunicacion/2016/12/22/soraya-y-su-jefa-de-gabinete-meten-mano-en-tve-para-poner-amigos-y-la

11. LA VICEPRESIDENTA APARCA EL COCHE OFICIAL EN EL CARRIL BUS DE LA GRAN VÍA PARA IR A PRIMARK

Soraya Sáenz de Santamaría y su jefa de gabinete permanecieron cerca de un cuarto de hora en la tienda del centro de Madrid mientras el coche oficial esperaba aparcado en el carril bus
eldiario.es 132 comentarios

El coche oficial de la vicepresidenta del Gobierno y de su jefa de gabinete ha aparcado este lunes en el carril bus de la Gran Vía de Madrid durante doce minutos para que ellas entraran en la tienda de ropa Primark.

A las 10.23 horas de la mañana, un Audi y otro coche en el que viajaban sus escoltas estacionaron en el carril destinado a los autobuses y taxis frente a Primark. La Gran Vía ha sido la semana pasada el centro de los debates urbanísticos de Madrid durante los cortes de tráfico del puente ensayados por el Ayuntamiento. Esta semana Gran Vía vuelve a estar abierta a todo tipo de vehículos.

Soraya Sáenz de Santamaría y María Pico, su jefa de gabinete, entraron en la tienda mientras los dos vehículos esperaron con los intermitentes puestos. A las 10.35, ambas salían y volvían a meterse en el coche, como prueba la imagen de eldiario.es.

Dos redactores de eldiario.es han podido ver en persona tanto la entrada en Primark por parte de la vicepresidenta y su jefa de gabinete como su salida de la tienda, 12 minutos después.

Esta otra foto de los dos coches oficiales aparcados en la Gran Vía fue tomada por un periodista de eldiario.es a las 10:27, tres minutos después de que Soraya Sáenz de Santamaría abandonara el vehículo. Entre las 10:23 y las 10:35 los dos coches permanecieron aparcados en el carril bus de la Gran Vía, con los intermitentes encendidos. Aparcar en el carril bus, aunque sea un minuto, es una infracción grave que se multa con 200 euros.

Los vehículos, aparcados en el carril bus de Gran Vía, mientras la vicepresidenta permanecía en la tienda.

Los vehículos, aparcados en el carril bus de Gran Vía, mientras la vicepresidenta permanecía en la tienda. La foto fue tomada a las 10:27. ELDIARIO.ES

Este diario se ha puesto en contacto con la oficina de la vicepresidenta por si quería aportar algún comentario por la ocupación del carril bus, pero no ha recibido respuesta por el momento.

http://www.eldiario.es/politica/vicepresidenta-aparca-coche-oficial-carril-bus-Gran-Via-Primark_0_590041099.html

12. SORAYA 'SE ENCAPRICHA' DEL DESPACHO DE CARRERO Y MANDA REMOZAR SUS 73 M²

Ordena preparar su tercera oficina oficial en el que fue palacio del marqués de Villamejor, antigua sede de Administraciones Públicas.

Ni uno ni dos: la vicepresidenta del Gobierno y ministra de la Presidencia y para las Administraciones Territoriales, Soraya Sáenz de Santamaría, dispone desde la pasada semana de su despacho oficial número tres, una suntuosa dependencia en la planta baja del antiguo palacio del marqués de Villamejor, hasta ahora sede de la secretaría de Estado de Administraciones Públicas.

Desde su acceso al Gobierno en 2011 Sáenz de Santamaría viene utilizando unas dependencias en el palacio de La Moncloa. A ellas ha sumado recientemente un despacho en la sede de la Delegación del Gobierno de Barcelona. "Un sitio donde cargar el móvil", comentó con modestia durante la celebración del último aniversario de la Constitución. La vicepresidenta ha anunciado su intención de viajar "mucho" a Cataluña durante esta legislatura.

Algo más que cargar el móvil podrá hacer en los 73 metros cuadrados que Sáenz de Santamaría se ha adjudicado en el palacete del Paseo de la Castellana, 3, que visitó junto a su jefa de gabinete, María González Pico, pocas horas después de jurar su cargo en La Zarzuela.

Fuentes del Ministerio señalan que tras recorrer el inmueble -vendido al Estado en 1914 por su último propietario privado, Carlos de Borbón, padre de la abuela del rey Felipe VI, María de las Mercedes, que nació en este palacio- la vicepresidenta "se encaprichó" de un despacho, el que utilizó el almirante Luis Carrero Blanco durante los 32 años en que desempeñó cargos de colaboración directa con Franco, desde subsecretario a presidente del Gobierno.

Asesinado por ETA el 20 de diciembre de 1973, la capilla ardiente de Carrero fue instalada en el llamado 'salón de baile' del palacio, una lujosa dependencia de 130 metros cuadrados que hay que atravesar para acceder al despacho actualmente reservado para Sáenz de Santamaría. La vicepresidente no ha querido 'heredar' el despacho, mucho más pequeño, del que disponía Cristóbal Montoro en la anterior legislatura, situado en la segunda planta y que utilizó unas tres veces al mes.

González Pico dispondrá también de una oficina contigua a la de su jefa. En los últimos días se ha procedido al acondicionamiento de esas dependencias con la retirada de cortinas, estanterías, sillones, mesas y lámparas, entre otras instrucciones cursadas para remozar esas estancias.

Traslado de funcionarios

No es el único ni el más trascendente cambio. Tras la distribución de las competencias relacionadas con las administraciones públicas entre el Ministerio de Presidencia y el de Hacienda se ha ordenado un importante movimiento de funcionarios que afectará a unas 200 personas y cuyo coste para el erario público será elevado (aproximadamente unos 150-200.000 euros) pese a que su estricta necesidad es cuestionada.

En la sede de Castellana, 3 se encontraban hasta ahora funcionarios de la antigua secretaría de Estado de Administraciones Públicas, personal que previsiblemente pasará a depender de la nueva secretaría de Estado de la Función Pública, dentro del Ministerio de Hacienda.

Todos ellos serán trasladados a otras dependencias que Hacienda tiene en la calle de Santa Engracia, mientras que los funcionarios que trabajaban aquí pasarán a Castellana, 3 al estar relacionados con la coordinación de competencias entre el Estado y las comunidades autónomas y entes locales, ahora en los dominios de la vicepresidenta del Gobierno.

Las fuentes consultadas aseguran que este movimiento de funcionarios, con el coste que implica tanto en mudanzas como en horas de trabajo, no sería necesario si se tiene en cuenta que en Castellana,3 hay espacio para todos y que, además, es frecuente que los funcionarios de un Ministerio no estén en la misma sede que el responsable del departamento.

http://www.elespanol.com/espana/20161218/179232442_0.html

13. DASTIS INSISTE SOBRE LOS EMIGRADOS: “NO ME PARECE UNA TRAGEDIA SEPARARSE DE AMIGOS Y FAMILIA”

El ministro de Exteriores vuelve a meter la pata con los jóvenes que dejan el país

Ha sido uno de los temas del día y el estreno del ministro de Asuntos Exteriores, Alfonso Dastis, en la galería de metedura de pata ministeriales. Y eso que se le presuponía como un hombre de perfil bajo y moderado, sobretodo en comparación con su predecesor, José Manuel Margallo.

Dastis ha respondido hoy a una pregunta del diputado de Podemos Pablo Bustinduy sobre los datos que tenían de los “cientos de miles de compatriotas” que han tenido que emigrar del país. Y el ministro se ha salido por peteneras señalando que esos jóvenes “lo que muestran es una inquietud, una amplitud de miras, una adaptabilidad a nuevos horizontes… Ir fuera enriquece, abre la mente, fortalece habilidades sociales”.

El comentario no se ha quedado ahí, porque el ministro ha sido abordado por los periodistas después, en los pasillos, quienes le han recordado que las condiciones de los emigrados “no son demasiado buenas, tienen que separarse de sus familias y sus amigos”.

Y Dastis ha reincidido, como se ve en un vídeo subido a Twitter por el número dos de Podemos, Íñigo Errejón: “La verdad, a mí no me parece una tragedia separarse de amigos y familia”.

http://www.elplural.com/politica/2016/12/21/dastis-insiste-sobre-los-emigrados-no-me-parece-una-tragedia-separarse-de-amigos

14. EL MINISTRO DE EXTERIORES ABOCHORNA AL CONGRESO: LOS ESPAÑOLES EMIGRAN “POR AMPLITUD DE MIRAS”

De un perfil en principio más discreto el ministro de Asuntos Exteriores, Alfonso Dastis, ha sustituido en el cargo a alguien tan locuaz como José Manuel García-Margallo. Y sin embargo ya amenaza con provocar tantos incendios como los que generó su predecesor. Durante la sesión de control al Gobierno en el Congreso de este miércoles, el diputado Pablo Bustinduy (Podemos) preguntó al ministro sobre los datos que manejan sobre los “cientos de miles de compatriotas” que han tenido que emigrar con la crisis y sobre las redes de apoyo que encuentran en sus países de acogida para vivir allí y “para su retorno”.

Dastis se limitó a apuntar que los emigrantes tienen las embajadas como redes de apoyo “para que se sientan lo más próximo a nosotros”. El diputado de Podemos le reprochó entonces que no había dado datos porque “no saben” la gente que se ha ido pero que solo en Reino Unido el INE habla de 11.182 españoles que se fueron en 2015 mientras que la Seguridad Social británica apunta a más de 50.000 que se dieron de alta, lo que no incluye a los que se marcharon a estudiar o trabajan sin contrato. Le recordó asimismo las dificultades que encuentran esos emigrantes a la hora de acceder a la Sanidad española o incluso para votar por culpa del PP.

El ministro volvió a tomar la palabra y lo hizo para indignar a la Cámara al acusar al diputado de Podemos de “pintar una realidad que no se corresponde con lo que existe” y ofrecer una “visión apocalíptica y demagógica”. “No hemos expulsado a nadie”, insistió, acusando a Bustinduy de pintar un escenario propio “de los años 60 del pasado siglo” cuando actualmente ahora “quienes salen fuera lo que muestran es una inquietud, una amplitud de miras, una adaptabilidad a nuevos horizontes… Ir fuera enriquece, abre la mente, fortalece habilidades sociales”. “Ir fuera no significa rehuir responsabilidades sino adaptarse a un mundo mejor”, presumió el ministro mientras numerosos diputados se removían en sus escaños sorprendidos por lo que estaban escuchando.

http://www.elplural.com/politica/2016/12/21/el-ministro-de-exteriores-abochorna-al-congreso-los-espanoles-emigran-por

14BIS. LAS PENSIONES SUFRIRÁN EN 2017 LA MAYOR PÉRDIDA DE PODER ADQUISITIVO EN CINCO AÑOS

La subida del 0,25% y la previsión de que el IPC estará por encima del 1,5% arrojan la mayor pérdida de poder de compra desde 2010

El Gobierno baraja un aumento del 1% del salario de los empleados públicos, lo que también les supondría pérdida de poder adquisitivo, después de dos años con subidas salariales del 1% y cinco años de congelación

El año próximo, los pensionistas perderán poder adquisitivo. La subida del 0,25% de las pensiones que el Gobierno acaba de aprobar no llegará para cubrir el aumento de la inflación que todas las previsiones pronostican. Es más, los datos señalan que en 2017 sufrirán la mayor caída de su poder adquisitivo de los últimos cinco años. Todo indica que los funcionarios también perderá poder de compra si finalmente se materializa la subida del 1% que el Ejecutivo baraja.

El IPC ha terminado el año con un repunte de ocho décimas que lo sitúa en el 1,5%. Se trata de un dato que augura lo que le espera a la economía española el año próximo. Según todas las previsiones, la inflación superará el 1,5% en 2017. El Banco de España vaticina un 1,5%, mientras que la previsión de la Fundación de las Cajas de Ahorro (Funcas) es que la inflación termine el año que viene cercana al 2%.

El Ejecutivo acaba de aprobar una subida de las pensiones del 0,25% para 2017. Se trata del mínimo contemplado en la última reforma de las pensiones que aprobó el Ejecutivo de Rajoy. En principio, ese dato es el resultado de una fórmula que tiene en cuenta varios datos, como la evolución de la afiliación a la Seguridad Social o de sus cuentas. Esa fórmula, sin embargo, no se ha hecho pública, aunque a la luz de los malos resultados del organismo era previsible que no permitiera una subida mayor del 0,25%.

Esa subida junto a una inflación media que ronde el 1,5% arrojará una pérdida de poder adquisitivo de al menos 1,2 puntos para las personas que cobran una pensión. Una brecha que no eran tan grande desde 2011: ese año, el Gobierno congeló las pensiones y la inflación media fue del 3,2%. En 2012, la inflación media fue de un 2,4% y las pensiones subieron un 1%.

Después, la evolución ha sido desigual, combinando pequeñas pérdidas y ganancias (el IPC ha sido, de media, negativo en los dos últimos años), por lo que será 2017 cuando los pensionistas sufran el mayor palo. Este año, sin embargo, lo terminan en tablas: la inflación media ha sido del -0,2% y las pensiones han subido un 0,25%.

Toda la oposición, excepto Ciudadanos, y sindicatos han reclamado una subida de las pensiones del 1,2%, en línea con lo que subiría la inflación según los datos del Gobierno. La oposición presentó en el Congreso una proposición de ley para que se aplicara ese aumento, una iniciativa cuya tramitación ha vetado el Gobierno. El argumento es que la medida supondría un aumento del gasto inasumible.

La subida del salario de los empleados públicos quedará reflejada en los próximos presupuestos. El Ejecutivo baraja un aumento del 1%, lo que también supondría una pérdida de poder adquisitivo en 2017. El balance de 2016 es más positivo para los empleados públicos (la subida de su sueldo en 2016 fue del 1%, luego han ganado algo de poder adquisitivo), pero hay que recordar que arrastraban cinco años consecutivos de congelación salarial más un recorte de su sueldo de entre el 5% y el 7% que se aplicó en 2010.

De aprobarse la subida del 1%, en 2017 su pérdida de poder de compra será de al menos 0,5 puntos. Los sindicatos han exigido subidas mayores que compensen el esfuerzo soportado por los empleados públicos en los últimos años. Para CCOO era imprescindible una subida equivalente a la previsión de inflación. CSIF pide, además de la subida anual, un pacto para recuperar el recorte salarial del 5% que se ejecutó en 2010.

http://www.eldiario.es/economia/Funcionarios-pensionistas-perderan-poder-adquisitivo_0_596340556.html

15. LA SEGURIDAD SOCIAL SACA OTROS 936 MILLONES DEL FONDO DE RESERVA PARA PAGAR EL IRPF DE LAS PENSIONES

Tras esta disposición, la hucha de las pensiones se sitúa en 15.195 millones de euros

El pasado 1 de diciembre, la Seguridad Social sacó 9.500 millones de euros del Fondo de Reserva para afrontar la paga ordinaria y la extraordinaria de los pensionistas

La Tesorería General de la Seguridad Social ha dispuesto de 936 millones de euros del Fondo de Reserva para hacer frente a la liquidación del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) correspondiente a las pagas ordinaria y extraordinaria de las pensiones de diciembre. Tras esta disposición, la hucha de las pensiones se sitúa, a precio de mercado, en 15.195 millones de euros, equivalente al 1,41% del Producto Interior Bruto (PIB) de 2015.

La Tesorería de la Seguridad Social ya dispuso el pasado 1 de diciembre de 9.500 millones de euros del Fondo de Reserva para afrontar la paga ordinaria y la extraordinaria de los pensionistas, la disposición más elevada realizada de golpe desde 2012.

A precio de adquisición, el valor del Fondo de Reserva es de 15.020 millones de euros, el 1,4% del PIB de 2015, según ha informado el Ministerio de Empleo y Seguridad Social en un comunicado.

A fecha del pasado 1 de diciembre, el Fondo de Reserva ha generado desde su creación unos rendimientos netos de 28.759 millones de euros, de los que 2.664 millones de euros corresponden al año 2016.

Hasta el momento, las disposiciones realizadas alcanzan los 67.337 millones de euros, de los que 20.136 millones de euros corresponden a este año. Esta cifra es un 51,9% superior a los 13.250 millones de euros que se tomaron en 2015.

De acuerdo con el Departamento dirigido por Fátima Báñez, la Seguridad Social precisa cada año en el mes de diciembre de una "importante necesidad de financiación" para hacer frente al abono de las pagas ordinaria y extraordinaria y de la liquidación del IRPF correspondiente.

http://www.eldiario.es/economia/Seguridad-Social-Fondo-Reserva-IRPF_0_592841620.html

16. BÁÑEZ NOMBRA DIRECTOR GENERAL AL ECONOMISTA DE CCOO QUE APOYÓ EL INFORME DEL COMITÉ DE EXPERTOS SOBRE PENSIONES

El sindicato calificó entonces de “error” haber dejado participar a García Díaz en el grupo de 'sabios' que prediseñó la reforma de 2013

La ministra de Empleo, Fátima Báñez, ha nombrado director general de Ordenación de la Seguridad Social a Miguel Ángel García Díaz, que fue director del gabinete económico de CCOO y formó parte del comité de expertos que elaboró el proyecto de reforma de las pensiones de 2013.

García Díaz levantó toda una polémica en 2013 cuando votó a favor del informe del comité, que diseñó un mecanismo doble para recortar las pensiones. Su posición chocó con la mantenida públicamente por CCOO. Y una parte del sindicato, el sector crítico y el gabinete interfederal, criticaron en duros términos tanto el “paradójico y escandaloso” voto del director del gabinete económico como la tibieza de la primera respuesta de CCOO.

El informe de los expertos, que sirvió de base para la reforma de las pensiones del Gobierno, contó con tres votos particulares, pero sólo uno de los 12 sabios del comité lo rechazó, el catedrático de Economía Aplicada de la Universidad Autónoma, Santos Ruesga. El catedrático de Derecho del Trabajo de la Complutense José Luis Tortuero se abstuvo. Y Miguel Ángel García Díaz votó a favor, al tiempo que expresaba como voto particular únicamente su “preferencia” por desplazar hasta 2019 la aplicación del doble factor de sostenibilidad, en lugar de 2014 como acordó la mayoría del comité.

Los entonces compañeros de García Díaz le reprocharon su “desconocimiento de la realidad laboral inmediata y de los efectos de la crisis”, así como su “sucedáneo de voto particular” al informe. También cargaron contra el resto de los miembros del comité, a quienes no consideraban ni “independientes”, ni “imparciales” ni “objetivos”. “Son profesionales de parte interesada”, aseguraron entonces en una carta al secretario general, Ignacio Fernández Toxo, “con vínculos estrechos, conocidos y muy bien retribuidos económicamente, con entidades financieras y compañías aseguradoras”.

En la rueda de prensa donde los expertos presentaron el informe, García Díaz dejó claro que su participación en el comité había sido “a título individual” y elogió la “robustez” de las fórmulas propuestas. También dijo que las defendería allí adonde se le llamara para hacerlo. Luego, a los periodistas, les aseguró que antes de la reunión había comunicado a Fernández Toxo cuál iba a ser el sentido de su voto.

CCOO se desvinculó

El sindicato respondió que no se sentía ni “reflejado ni vinculado” al documento suscrito por García Díaz, a quien se refieren como “una persona asociada” a CCOO. Pero asumió como un “error propio” haber aceptado que su economista participara en el comité de expertos. El sindicato recalcó que el entonces director de su Gabinete Económico fue elegido por el Gobierno por su “reconocido prestigio en materia de pensiones y Hacienda Pública, y no como representante del sindicato”.

García Díaz también es analista senior de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) en temas laborales y sobre la Seguridad Social. Además, ejerce como profesor asociado en el Departamento de Economía Aplicada de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid.

http://www.infolibre.es/noticias/economia/2016/12/16/banez_nombra_director_general_economista_ccoo_que_voto_favor_del_informe_del_comite_expertos_sobre_pensiones_58876_1011.html

17. 250 ABOGADOS DEL ESTADO TRABAJAN PARA EL SECTOR PRIVADO

Sólo el 52,7% de los abogados del Estado están en activo. El resto, o trabajan para el sector privado (38,2%) o están en servicios especiales en la Administración pública (9%)

Estas cifras contrastan con otros altos funcionarios: el 98% de los registradores y el 97% de los notarios se encuentran en activo

La última actualización de la relación de abogados del Estado cifra en 654 el número de estos altos funcionarios. Del total, 250 (el 38,22%) están en situación de excedencia trabajando en el sector privado, 345 (52,75%) están en activo y 59 (9%) en situación de servicios especiales, es decir, en cargos públicos de la Administración o en órganos judiciales.

Además, de los 345 abogados del Estado que, según datos oficiales, están en activo, una treintena compatibiliza su puesto de funcionario con actividades privadas para las que han obtenido la compatibilidad. Como norma general se les autoriza al ejercicio de la abogacía siempre y cuando esa actividad no colisione con los intereses del Estado. Estas compatibilidades son no pocas veces polémicas.

También es controvertido el tránsito de abogados del Estado al sector privado, en muchos casos para asesorar a empresas que litigan contra el Estado. De ellos, las empresas privadas valoran su gran conocimiento del derecho público y de la legislación. Los funcionarios, a cambio, obtienen remuneraciones muchísimo más altas que en el sector público.

Si se les compara con los registradores de la propiedad y los notarios, los abogados del Estado son los altos funcionarios más proclives a solicitar una excedencia para dar el salto a la empresa privada. En el caso de los notarios, de un censo de 2.894, sólo 1 (0,03%) está en situación de servicios especiales, mientras que 63 se encuentran en excedencia (2,16%) y los 2.830 restantes (97,7%) están en activo. En el de los registradores de la propiedad, de un total de 1.062 que figuran en el escalafón, 2 (0,18%) están en servicios especiales, 19 (2,73%) lograron una excedencia y 1.041 (98%) se encuentran en activo.

Los datos, con fecha de este mes de diciembre, han sido facilitados a infoLibre a raíz de tres demandas de información al Portal de la Transparencia de la Administración General del Estado.

A continuación, este diario repasa los datos más relevantes que se desprenden de los listados actualizados de cada uno de estos cuerpos de funcionarios.

Abogados del Estado

Este cuerpo se encarga de prestar asistencia jurídica al Estado y a sus organismos autónomos, así como a los órganos constitucionales. La última oferta de empleo público para abogados del Estado apareció en el Boletín Oficial del Estado este mes de diciembre. El total de plazas para este proceso selectivo es de 20.

En el listado facilitado a través del Portal de la Transparencia figuran nombres tan conocidos como el de la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría; el de la secretaria general del PP y ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, o el del comisario europeo de Acción por el Clima y Energía, Miguel Arias Cañete.

Santamaría ocupa el puesto 683 en el escalafón oficial, en el que también conservan su número los funcionarios jubilados y fallecidos. A Cospedal le corresponde el número 555. La situación administrativa de ambas es en "servicios especiales". Arias Cañete, en la misma situación, ocupa el número 280.

Entre los 59 abogados del Estado que están en servicios especiales figuran nombres como el de Jaime Alfonsín, jefe de la Casa del Rey, o Eva María González Díez, secretaria general y del consejo de Loterías y Apuestas del Estado. También se encuentra el nombre de uno de los más jóvenes del Cuerpo: Álvaro Botella. Nacido en 1981 fue nombrado secretario general y del consejo de Correos en febrero de 2016. Ocupa el puesto 888 en el escalafón.

Dentro del mundo de los abogados del Estado tiene mucha fama la promoción de 1996. Es la conocida como La Gloriosa. Sus integrantes ocupan o han ocupado altos cargos tanto en el Gobierno como en la empresa privada. Es el caso de Jaime Pérez Renovales, subsecretario de Presidencia entre los años 2011 y 2015 y ahora de vuelta al Banco Santander, de donde fue fichado por el Ejecutivo de Mariano Rajoy. Ocupa el puesto 618 del escalafón y su situación es de excedencia.

También tuvo un cargo relevante en el primera legislatura de Rajoy otro de los nombres más conocidos de La Gloriosa: Leopoldo González-Echenique, expresidente de RTVE. Este abogado del Estado presentó el 25 de septiembre de 2014 su dimisión ante el consejo de administración de RTVE. Y el 6 de marzo de 2015 obtenía la autorización de compatibilidad para incorporarse a la consultora Sociedad Everis SLU. Se dio la circunstancia de que era la misma empresa a la que se le había adjudicado un análisis del Portal de la Transparencia, una de las iniciativas estrella del Gobierno.

Pérez Renovales y González-Echenique son compañeros de promoción de Iván Rosa. El marido de Soraya Sáenz de Santamaría ocupa el puesto 650 en el listado de los abogados del Estado y en la actualidad está en excedencia. Trabaja para Telefónica.

Tal y como informó este periódico, durante la primera legislatura de Rajoy, la vicepresidenta Santamaría fue la integrante de su gabinete que más se apartó a la hora de tomar decisiones en el Consejo de Ministros: 23. El grueso de sus abstenciones tuvieron que ver con el trabajo de su marido. Rosa fichó por Telefónica como asesor jurídico en marzo de 2012.

La influencia y el poder de los altos funcionarios del Estado en la primera legislatura de Rajoy provocó no pocos recelos en sectores del Gobierno y del PP. Uno de los puntos de mayor fricción fue la regulación del cargo público.

En los momentos de redacción de la ley reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado, dirigentes conservadores se quejaban de que pese a que el mensaje que se pretendía lanzar desde el Gobierno era el de que los controles a quienes se dedican a la actividad pública iban a ser mayores, lo que podía extraerse del proyecto de ley apuntaba a lo contrario. Se quejaban de que el Gobierno estaba dando pasos para hacer de la Administración un coto privado al que sólo tuviesen acceso los funcionarios.

La crítica venía sustentada en el artículo 2.6 de la ley, que establecía como norma general que los puestos de director general quedaban reservados para funcionarios de carrera.

Registradores de la propiedad y notarios

El máximo exponente de los registradores de la propiedad es el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, titular del registro de Santa Pola (Alicante). En la actualidad, con datos de diciembre, hay 1.062 registradores en España. El grueso de ellos está en activo (1.041), 19 en excedencia y dos en servicios especiales. Según el Ministerio de Justicia, la función es "la llevanza de los Registros de la Propiedad, Bienes Muebles y Mercantiles existentes en España".

Uno de los dos registradores en servicios especiales es Rajoy, que ingresó en el cuerpo con fecha del 21 de septiembre de 1978; el otro es Francisco Javier Gómez Gálligo, director general de los Registros y del Notariado. Gómez Gálligo, que se incorporó a la carrera en septiembre de 1984, es titular del registro número 5 de Las Palmas de Gran Canaria.

El apellido Rajoy Brey se repite en dos ocasiones más en el listado de registradores de la propiedad. Al presidente del Gobierno le acompañan en esta carrera sus hermanos Mercedes y Enrique. En el escalafón, en el que también figuran los fallecidos y los jubilados, Rajoy ocupa el número 61. Mercedes, titular del número 2 de Getafe (Madrid), ocupa el puesto 145, y Enrique, titular del registro número 3 de Valladolid, ocupa el 246. Ambos, a diferencia de su hermano, están en activo.

Según ha informado este diario, del expediente de Rajoy se desprende que el líder del PP cobró entre 1981 y 1985 como cargo público y también como registrador. Al conseguir su primer escaño, en octubre de 1981, tenía dos opciones legales: pedir la excedencia como registrador, con lo que su plaza saldría a concurso, o acogerse a la norma que le permitía recibir una parte de los honorarios registrales al tiempo que percibía retribuciones como diputado. Y optó por la segunda opción. Sólo renunció a esos honorarios en noviembre de 1985, es decir, 14 meses después de que hubiera entrado en vigor la ley que pasó a prohibir la doble cobranza a todos los funcionarios, incluidos los registradores.

El notario es el funcionario público autorizado para dar fe, conforme a las leyes, de los contratos y demás actos extrajudiciales. Dentro de los altos funcionarios este es uno de los grupos más numerosos. En la actualidad hay 2.894. Sólo 1 está en servicios especiales y 63 en excedencia. El único notario es excedencia es Ángel Aznárez Rubio, magistrado de la Sala Civil y Penal del TSJ de Asturias.

http://www.infolibre.es/noticias/politica/2016/12/23/250_abogados_del_estado_trabajan_para_sector_privado_59074_1012.html

18. EL PSOE FRENA LA AUTORIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE LOS DIPUTADOS

Los socialistas cuestionan la concesión de compatibilidades a 39 parlamentarios

El PSOE ha frenado el informe de actividades privadas de diputados, es decir, el escrito que autoriza la compatibilidad de los parlamentarios que debe aprobar el pleno. Los socialistas cuestionan que 39 parlamentarios tengan trabajos o ingresos al margen del escaño. La lista incluye a Pablo Iglesias, líder de Podemos, y a 20 diputados del PP. Los socialistas amenazaron con votar en contra del informe que deberá llevarse al próximo pleno, ya en el mes de febrero.

El PSOE quiere limitar al máximo las actividades privadas de los diputados y, por eso, ha frenado el informe de los letrados autorizándolas. Según el diputado Luis Carlos Sahuquillo, representante socialista en la Comisión del Estatuto del Diputado, esos diputados deben aclarar sus actividades o justificar los ingresos, con un criterio muy restrictivo. Esa comisión se encarga de elaborar un informe de actividades autorizadas que el pleno debe convalidar con su voto.

En teoría, la Ley Electoral establece la incompatibilidad absoluta de los diputados, con la excepción de actividades docentes. No obstante, el Congreso puede autorizarles expresamente otras actividades, con limitaciones genéricas como no contratar con la administración pública o no trabajar para entidades financieras.

El Parlamento actúa siempre con un criterio muy laxo, según el cual acepta los datos que aportan los diputados, sin cuestionarlos o investigarlos y sin sancionarlos si se aprecia alguna irregularidad. Por ejemplo, hace dos legislaturas, el ahora secretario de Estado de Defensa, Agustín Conde, no informó de su actividad de asesoría a una entidad financiera y cuando lo reveló la Cadena Ser se limitó a ampliar su declaración. O Miguel Arias Cañete, que aseguró que su empresa petrolera no contrataba con la administración, pese a recibir adjudicaciones públicas.

Incompatibilidad total, pero sólo teórica

El artículo 157 de la ley electoral asegura que “el mandato de los Diputados y Senadores se ejercerá en régimen de dedicación absoluta en los términos previstos en la Constitución y en la presente Ley”. A continuación establece, no obstante, que cada diputado debe hacer una declaración de bienes y actividades y que “el pleno aprobará las autorizaciones”.

Se excluyen expresamente las que supongan cualquier tipo de relación con la administración pública y empresas que “tengan un objeto fundamentalmente financiero y hagan apelación públicamente al ahorro y al crédito”.

En la anterior legislatura fallida, el PSOE intentó que si se produjera ese control y que se pidiera aclaración a diputados para que, por ejemplo, los que tienen despachos de abogados expliquen para qué clientes trabajan. Pedían también "condicionar la autorización a la comunicación periódica -cada tres meses-por parte de los autorizados, de la relación de sus clientes o personas físicas o jurídicas con las que mantengan o hayan mantenido relación profesional, a los solos efectos de que pueda la comisión verificar el cumplimiento de las prohibiciones".

El PSOE ha querido ahora aplicar tabla rasa a las incompatibilidades y no autorizar en ningún caso las que no aporten detalles de sus contratos o documentación acreditativa y con el resto ser muy restrictivos. Su representante amenazó con votar en contra del informe en el pleno, en medio de un duro debate a puerta cerrada. Ahora la Comisión debe decidir qué hace antes de someter en febrero su informe al pleno.

Entre los 39 diputados cuestionados hay 20 del PP; 11 de Unidos Podemos; seis de Ciudadanos y dos de ERC.

De los del PP hay alguno, como Teófilo de Luis, que pide autorización para “asesoría de empresas” y el PSOE quiere saber los detalles, porque es el mismo concepto que, por ejemplo, introdujo en su momento Vicente Martínez-Pujalte, hoy imputado por actividades realizadas desde su escaño. Celso Luis Delgado, Leopoldo Barreda, Pablo Matos, Francisco Martín Bernabé, Rafael Hernando, Francisco Molinero, José Vicente Marí, Juan Carlos Vera, Jaime Eduardo de Olano, Miguel Lorenzo y Javier Calvente han pedido autorización para ejercer como abogados.

Iglesias, cuestionado

Avelino del Barrio es procurador, Carmen Álvarez-Arenas es consejera delegada de una empresa familiar que recibe subvenciones, Ana Zurita es arquitecta y consejera del cabildo de Tenerife, Jordi Roca es administrador de una empresa dedicada a sistemas informáticos, Raquel Alonso es arquitecta y Javier Ruano es consultor de organización. La también ministra de Agricultura, Isabel García Tejerina, declara una “planta fotovoltaica”.

Los de Unidos Podemos cuestionados por el PSOE están encabezados por Pablo Iglesias que declara “charlas, talleres de carácter docente, conferencias, programas de televisión con o sin remuneración, presentador y director del programa de televisión Fort Apache”.

Junto a él están Noelia Vera que declara “publicación de libros y artículos, redactora y presentadora de La Tuerka, conferencias, encuentros políticos, académicos y participación en programas de televisión con o sin remuneración”; Íñigo Errejón que pide autorización para “libros, conferencias, charlas, participación en programas de televisión con o sin remuneración”; Rosa Martínez, para “conferencias y cursos, percibiendo compensación de fundación privada”; Juan López de Uralde “propietario de central solar fotovoltaica”; Rafael Mayoral, abogado “de manera esporádica”; Carolina Bescansa, “elaboración de estudios mediante contratos de investigación y/o consultoría”; Jaume Moya es procurador; Raimundo Viejo, socio en Artefakte; Diego Cañamero “recogida de cultivo y solicitud de baja del subsidio REASS”; y Sara Carreño, abogada.

De Ciudadanos figuran Patricia Reyes, concejal y abogada; Miguel Ángel Garaulet, “administrador único de Garaulet y Asociados, consultoría”; Félix Álvarez, actor; Diego Clemente, perito judicial y arquitecto; Elena Faba, “administradora de DTV Comunicación y estrella Digital, entre otras” y Toni Cantó, actor.

Los de ERC son Joan Capdevilla, accionista de C.V. Capdevila S-L. y Ana Surra que “comunica haber cursado al Banco de Previsión Social de Uruguay orden de suspensión de la percepción de la pensión de jubilación”.

http://politica.elpais.com/politica/2016/12/22/actualidad/1482396790_593897.html

19. DIPUTADOS 'PLURIEMPLEADOS': ABOGADOS, TERTULIANOS, ASESORES... CON DOBLE SUELDO

La cuestión la concesión de compatibilidades de Pablo Iglesias, Rafael Hernando, Carolina

El próximo mes de febrero, el Parlamento deberá votar el informe de actividades privadas de diputados, para autorizar en pleno la compatibilidad de los parlamentarios con otras actividades del sector privado. Se trata de dar vía libre a los diputados que quieran tener trabajos o ingresos al margen del escaño.

Una cuestión en la que el Parlamento ha actuado siempre con un criterio muy laxo, autorizando actividades que van más allá de las permitidas por la Ley Electoral -que establece la incompatibilidad absoluta de los diputados con la excepción de actividades docentes-.
Según ha informado el periodista Fernando Garea en el diario 'El País, el PSOE se ha propuesto limitar al máximo las actividades privadas de los diputados. En concreto, los socialistas cuestionan que 39 parlamentarios tengan trabajos o ingresos al margen del escaño. Una lista que incluye a Pablo Iglesias, líder de Podemos, y a 20 diputados del PP. Incluso, desde el PSOE amenazan con votar en contra del informe que deberá llevarse al pleno de febrero.

Antes de que eso suceda, consideramos de interés informativo echar una mirada sobre las actividades de las que los diputados han informado a la Comisión del Estatuto pidiendo compatibilidad. Repasamos los 10 casos más controvertidos de la lista de 39 parlamentarios que el PSOE ahora cuestiona.

1. Isabel García Tejerina

La ministra se declara titular de una planta fotovoltaica, a lo que se le da permiso siempre y cuando no perciba remuneración del sector público. Lo cual es difícilmente demostrable. La ministra, además, tiene ingresos por su participación en algunas empresas inmobiliarias.

2.Rafael Hernando

El portavoz del Grupo Popular en el Congreso de los Diputados, Rafael Hernando, ha pedido compaginar su actividad de parlamentario con el ejercicio de la profesión de abogado. Además, el polémico dirigente del Partido Popular también solicita poder cobrar de su participación en "conferencias y medios de comunicación". De este modo, Hernando obtendría ingresos si acudiese a medios de comunicación o universidades, salvo que estas fuesen públicas.

3. Teófilo de Luis

Pide autorización para “asesoría de empresas por cuenta propia sin relación con el sector público”. Es el mismo concepto que introdujo en su momento Vicente Martínez-Pujalte, hoy imputado por actividades realizadas desde su escaño. Además, el diputado del PP también está autorizado a ejercer la docencia en la Universidad privada, siempre que sea a tiempo parcial y en seminarios.

4. Carmen Álvarez-Arenas

Además de percibir una pensión de viudedad proveniente del sector privado, la diputada del Partido Popular María Carmen Álvarez-Arenas Cisneros, compagina su actividad de diputada con la participación en el Patronato de Fundación Benéfica Privada, aunque sin percibir ningún tipo de remuneración. Además es consejera delegada de una empresa familiar de prestación de servicios, que según indica la propia diputada, no contrata con el sector público. Sin embargo, una de sus empresas de servicios, como centro especial de empleo, sí que percibe subvenciones regladas de aplicación automática de la normativa vigente.

5. Pablo Iglesias

El líder de Unidos Podemos protagoniza una de las peticiones de compatibilidades más amplia del Hemiciclo. Iglesias pide permiso para dar conferencias, y participar en encuentros políticos y académicos, así como en tertulias, con el único compromiso de no cobrar cuando se trate de medios públicos. Es decir, se reserva el derecho de percibir emolumentos extras en caso de participar, por ejemplo, en tertulias en radios y televisiones privadas. Además, compatibiliza su trabajo como diputado con seguir presentando y dirigendo el programa 'Fort Apache', actividad para la que dice que tan sólo necesitaría un par de horas a la semana.

6.Iñigo Errejón

Al igual que su compañero de bancada, Iñigo Errejón se reserva el derecho de percibir emolumentos en caso de participar, por ejemplo, en tertulias en radios y televisiones privadas. El diputado de Unidos Podemos también manifiesta su intención de publicar libros que generarán derechos de autor. De forma paralela, manifiesta su asistencia -que califica de "puntual"-, a conferencias, charlas, talleres de carácter docente, encuentros políticos, académicos, sectoriales o regionales "de forma irregular".

7.Carolina Bescansa

De forma ocasional, retribuida o no, Carolina Bescansa compagina su labor de diputada con el desarrollo de actividades docentes en diferentes instituciones como impartición de cursos, conferencias y otras actividades académicas. Al igual que Errejón, la dirigente de Unidos Podemos también manifiesta su intención de publicar libros que generarán derechos de autor. A ello se suma su participación como tertuliana (pudiendo percibir ingresos extras si no provienen de medios de comunicación públicos), la participación en conferencias, encuentros políticos y académicos, así como la elaboración de estudios e investigaciones sociológicas de distinta naturaleza. A este respecto, Bescansa aclara que es una actividad desarrollada por "cuenta propia" mediante contratos de investigación y/o consultoría que no guardan "relación con ningún servicio público docente, ni existe relación con la Administración Pública".

8. Juan López de Uralde

Además de su participación esporádica en medios de comunicación (de los que no renuncia a percibir remuneración), el líder de Equo y diputado de Unidos Podemos, Juan López de Uralde, es propietario de una Central solar fotovoltaica de 2,5 Kw.

9. Noelia Vera

La diputada de Unidos Podemos, Noelia Vera, declara la “publicación de libros y artículos", así como la participación en "conferencias, encuentros políticos, académicos" y en programas de televisión con o sin remuneración". Además, reconoce ser "redactora y presentadora del programa de televisión 'La Tuerka, emitido en la página web del diario 'Público'.

10.'Felisuco'

El diputado de Ciudadanos Félix Álvarez, 'Felisuco', reconoce no querer aparcar su actividad profesional por la política. De hecho, pide autorización para compaginar su labor en el Hemiciclo con la "colaboración en medios de comunicación" en su condición de "actor de cine, teatro y televisión". Aunque eso sí, aclara, "sin relación contractual con sector público".

http://www.elplural.com/politica/2016/12/26/diputados-pluriempleados-abogados-tertulianos-asesores-con-doble-sueldo

20. LA 'ARREPENTIDA' Y EX SENADORA DEL PP, ANA TORME, PRESENTA NUEVAS PRUEBAS CONTRA MARTÍNEZ PUJALTE

La documentación está en manos de la juez que conoce el caso y acreditarían que cobró facturas en exclusiva

Parece que las cosas empiezan a complicarse cada vez más para el ex diputado del Partido Popular, Vicente Martínez Pujalte, en el caso que se sigue a raíz del cobro de informes presuntamente inexistentes. Lo último sobre este asunto lo ha aportado la defensa de la exsenadora, también popular, Ana Torme, también investigada, que ha dado traslado a la juez que investiga a Martínez Pujalte por esos trabajos a través de una empresa de la que eran socios. Dichos documentos acreditarían que el ex diputado del PP realizó cobros y facturas en exclusiva.

Los mismos figuran en un escrito dirigido al Juzgado de Instrucción 49 de Madrid, en el que el letrado de Torme aporta datos que dan cuenta de los trabajos que realizaba Pujalte a "sus clientes" para ser cobrados por él mismo en exclusiva, pero con facturas emitidas por Sirga, la empresa de la que ambos eran socios, hasta que en 2011 Torme le vendió su parte.

Además, la defensa solicita en este escrito que se cite a declarar al exdiputado popular Pedro Gómez de la Serna y al exembajador también del PP, Gustavo de Arístegui, si bien la magistrada las ha rechazado al considerar que por el momento no hacen falta, como tampoco la del exdiputado Alejandro Ballestero, quien esta semana quedó apartado del procedimiento al haber prescrito los delitos que se le imputan.

Entre diputados y altos cargos del PP

En relación con este último, la defensa ha recurrido la providencia de la magistrada, que pide citarle como testigo, y sobre Martínez Pujalte, de quien reclamó que declarara nuevamente a la luz de los nuevos documentos aportados y que la juez ha rechazado.

Pedro Gómez de La Serna es administrador de Scardovi, S.L.; Gustavo de Arístegui, de Karistia S.L., y Alejandro Ballestero, de Mind Talent Selection S.L., empresas que, según Torme, efectuaron pagos a Sirga XXI Constructores, de la que era socia al 50% junto a Pujalte, por trabajos que podrían no haberse realizado.

En este sentido, Torme defiende que no sabía quiénes eran los administradores de todas estas empresas, pese a que luego supo que les conocía e incluso eran amigos por ser diputados del PP, si bien Pujalte manifestó ante la juez que ella sí sabía que se trabajaba para ellos y que cobraba el 50%.

Cobraría de dos empresas

En concreto, señaló que ella participó de todos los ingresos a excepción de dos (Marcenado y Corporación Llorente), lo que da a entender que cobró de las empresas Scardovi y Karistia, pertenecientes a De la Serna y a De Aristegui.

Pero con la documentación aportada se acredita, según Torme, que esas facturas eran emitidas en nombre de Sirga XXI, pero que era Martínez Pujalte la única persona que cobraba por ellos y la que firmó las facturas emitidas a sus clientes y que soportarían, caso de existir, los trabajos de los que se tiene duda.

Destaca que de las 44 facturas emitidas por Sirga entre 2008 y 2011 a varias mercantiles, 39 tienen la firma de Pujalte, tres no llevan, una es de Torme y otra contiene una imitación de la firma de la exsenadora.

Hay cinco facturas de 15.000 euros a Corporación Llorente, 23 de 3.000 euros a Marcenado, siete a Scardovi -una de 4.500 y seis de 1.500- y nueve a Karistia, una de 4.500 y ocho de 1.500.

Torme acusa a Pujalte de mentir

Pero no es lo único. Torme acusa a Pujalte de mentir y le advierte de emprender acciones legales por ello.

La Fiscalía de Valladolid abrió diligencias el pasado mayo contra Pujalte y Torme por presuntos delitos de falsedad documental y cohecho en el Juzgado de Instrucción 5 de Valladolid, que decidió inhibirse en favor de los juzgados de Madrid al entender que los hechos ocurrieron en la capital de España.

El Ministerio Público inició la investigación tras una denuncia previa de la propia exdiputada del PP presentada el 15 de junio de 2015 contra Martínez Pujalte, al que acusa de haberla engañado.

Se da la circunstancia de que hace una semana, en el marco de este caso, Martínez Pujalte arremetió contra el ministro de Hacienda Cristóbal Montoro, debido a la filtración salida de la Agencia Tributaria de que había percibido en un año cerca de tres millones de euros, algo que el ex diputado del PP ha negado.

http://www.elplural.com/politica/2016/12/17/la-arrepentida-y-ex-senadora-del-pp-ana-torme-presenta-nuevas-pruebas-contra

21. HACIENDA INVESTIGA LOS LAZOS DE LA PETROLERA FAMILIAR DE CAÑETE CON SOCIEDADES 'OFFSHORE'

La Agencia Tributaria reclamó las operaciones de la firma con su sociedad pantalla en Holanda y Costa Rica. Una empresa de las Antillas Holandesas participa en el entramado

La Agencia Tributaria comenzó a investigar en julio de 2015 las relaciones de Petrologis Canarias, una de las dos sociedades del sector del petróleo de la familia política del comisario Miguel Arias Cañete, con sociedades en Holanda y Costa Rica. Así consta en las últimas cuentas de la sociedad, donde admite que están bajo investigación “las relaciones financieras con Havorad BV y Corporación Bilares” en años en los que Cañete era accionista. La primera es una “sociedad pantalla” en Holanda, como la calificó Hacienda en un pleito, y la segunda es una firma de Costa Rica. Entre ellas, hay una sociedad en Antillas Holandesas. Ni la empresa ni Cañete —que fue accionista hasta 2014, cuando se vio obligado a vender sus acciones— han querido comentar la información, pero en las cuentas restan importancia a la inspección. El entramado 'offshore' de la familia de Cañete sigue coleando.

El pasado mes de abril, cuando José Manuel Soria dimitió tras el escándalo de los papeles de Panamá, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, sentenció: "Nadie que haya operado en paraísos fiscales puede estar en el Gobierno”. El comisario europeo de Energía y Clima, Miguel Arias Cañete, excompañero del Consejo de Ministros de Montoro entre 2011 y 2014, cuando ocupó la cartera de Agricultura, bordea esa definición. En 2011, Arias Cañete declaró ante el Congreso que tenía acciones valoradas en 160.979 euros de Petrologis Canarias y una cartera tasada en 165.120 euros de Petrolífera Dúcar, con sede en Ceuta. Son dos empresas hermanas dedicadas al almacenamiento de combustible. Son propiedad de su familia política, pero con una opaca estructura que impide conocer quiénes son sus dueños. Petrologis Canarias surgió como escisión de Dúcar en 2008. Cañete fue presidente de Dúcar hasta que entró en el Gobierno de Mariano Rajoy. Ocultó al Congreso que sus empresas tenían relación con la Administración, según publicó 'El País'.

Los datos públicos revelan que Miguel Domecq Solís, su cuñado, tiene un 11% de las acciones de Petrologis. Aunque en el sector se le tiene por el dueño de la empresa, según el registro, el mayor accionista de la empresa es Havorad BV, que posee un 48% de la compañía. Esta es una vieja conocida de Hacienda. Una sentencia por un pleito de una de las sociedades del grupo dio detalles sobre esta opaca firma: "Havorad BV [es] una sociedad unipersonal, sin empleados y sin otra actividad que la fiduciaria, siendo calificada por la AEAT como sociedad pantalla". Además, "es propietaria de Gold Lion Cop NV, de Antillas Holandesas, la cual, a su vez, es filial asimismo al 100% de Corporación Bilares SA de Costa Rica". Es decir, que Petrologis y Dúcar tienen como principal accionista a una empresa pantalla en Holanda que a su vez posee una sociedad en las Antillas Holandesas relacionada con otra firma de Costa Rica. La tienen ahora y la tenían cuando Arias Cañete presidía Dúcar y tenía acciones de Petrologis.

El caso de Havorad es conocido por la Agencia Tributaria al menos desde 2013. Pero no fue hasta 2015 cuando abrió la inspección. "El 23 de julio de 2015 se han iniciado unas actuaciones de comprobación con carácter parcial del Impuesto sobre Sociedades en relación a los ejercicios 2010 a 2013 y limitada a la comprobación de las relaciones financieras con Havorad BV y Corporación Bilares", según señalan las cuentas de 2015 de la sociedad, auditadas en junio pasado, en el apartado de "impuesto sobre beneficios y situación fiscal".

Holanda, el agujero fiscal de Europa o por qué los escándalos fiscales conducen ahí

Delso, Pujol, Aristrain, Arístegui, Cañete... todos han usado sociedades BV holandesas. No es ilegal pero aparecen en multitud en casos de corrupción y están bajo la lupa de Hacienda

La empresa resta importancia a la inspección: "Las operaciones de estas empresas han sido prácticamente nulas en el caso primero y nulas en el segundo, por lo que la compañía no estima la posibilidad de tener que realizar un ajuste como consecuencia de la comprobación que pueda ser significativo". Admite que podría recibir una sanción por "las diferentes posibles interpretaciones de la legislación fiscal vigente", pero considera que no afectaría significativamente a los resultados. Ni Petrologis ni Cañete contestaron la semana pasada a los mensajes y llamadas de este diario.

Cañete fue ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente y mantuvo sus acciones en Petrologis y Dúcar. No apreció ningún conflicto de intereses, aunque se abstuvo en el Consejo de Ministros que protegió el Estrecho frente a repostajes contaminantes. Fue en 2014, al ser elegido comisario europeo de Energía y Cambio Climático, cuando tuvo que vender esas acciones apremiado por la Eurocámara. Nunca ha explicado a quién vendió sus acciones.

Las empresas siguen controladas por su familia política. Su esposa, Micaela Domecq y Solís-Beaumont, aparecía en los papeles de Panamá. Estaba autorizada, junto a 11 miembros de la familia, para gestionar cuatro cuentas corrientes depositadas, de numeración casi correlativa, en una filial suiza de Deutsche Bank. La cuenta estaba a nombre de Rinconada Investments Group SA, con sede en Panamá. Poco después, y mientras Arias Cañete era ministro, se acogió a la amnistía fiscal.

Utilizar una sociedad holandesa como punto intermedio para sacar dividendos de España hacia las Antillas Holandesas, un paraíso fiscal, es lo que se conoce en la jerga como 'el sándwich holandés'. Los dividendos suelen salir de España a la matriz holandesa, algo legal, ya que allí apenas tributa esta operación. A menudo vuelven a entrar a España como créditos ficticios o en operaciones de cambio de acciones. En ocasiones, de Holanda, pueden ir a un paraíso fiscal como las Antillas Holandesas, donde se pierde el rastro. Luis Delso, accionista mayoritario de Isolux, ha sido denunciado por la Fiscalía por delito fiscal por llevarse los dividendos a Holanda y en vez de invertirlos ahí repatriarlos mediante préstamos ficticios a su familia. La Audiencia Nacional ya ha condenado en firme a un empresario y a su asesor fiscal por este esquema.

http://www.elconfidencial.com/empresas/2016-12-19/hacienda-investiga-los-lazos-de-la-petrolera-familiar-de-canete-con-sociedades-offshore_1305356/

22. HACIENDA INSPECCIONA LOS VÍNCULOS CON PARAÍSOS FISCALES DE UNA PETROLERA EN LOS DOS ÚLTIMOS AÑOS QUE LA PRESIDIÓ CAÑETE

La AEAT indaga en las "relaciones financieras" de Petrologis con su socio mayoritario, una mercantil holandesa que conduce a las Antillas Holandesas

Hacienda también centra sus averiguaciones en otra mercantil costarricense clave en otro largo pleito por el que reclamó un millón al grupo

La Agencia Tributaria abrió en julio de 2015 unas “actuaciones de comprobación” sobre las “relaciones financieras” de la petrolera Petrologis Canarias SL con dos empresas esenciales del entramado empresarial internacional de la familia Domecq-Cañete, la holandesa Havorad BV y la costarricense Corporación Bilares SA.

Siempre según la última memoria anual de Petrologis, la comprobación iniciada en julio de 2015 se centra solo en el impuesto de sociedades y afecta al periodo 2010 y 2013. Es decir, a los dos últimos años en que el exministro del PP y hoy eurocomisario de Energía y Cambio Climático, Miguel Arias Cañete, presidió la compañía (2010 y 2011) y a los dos ejercicios posteriores.

Havorad BV figura como accionista mayoritario de Petrologis. Corporación Bilares fue a su vez accionista único de Havorad BV. Tanto la compañía holandesa como la costarricense aparecen directamente vinculadas en el Registro de los Países Bajos a otra mercantil del paraíso fiscal de las Antillas Holandesas, Gold Lion Corp. NV. La conexión de Havorad -que igualmente es accionista de control de la otra petrolera familiar, Petrolífera Dúcar SL- con ese entramado offshore cuyas ramificaciones llegan también hasta Panamá fue desvelada por infoLibre en 2014.

Según el diario El País, en la declaración de actividades presentada tras las elecciones de noviembre de 2011, Cañete anotó que en esa fecha aún mantenía el cargo de presidente de Petrologis, del que dimitió de inmediato para incorporarse al Gobierno de Mariano Rajoy. El cese fue publicado el 1 de febrero de 2012 en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (Borme).

El préstamo que Hacienda no se cree

Tanto Havorad como Bilares jugaron un papel clave en un supuesto préstamo a otra empresa del grupo, esta creada en Panamá -Angelmo International Inc.- pero finalmente trasladada a España, y cuya concesión real no se cree Hacienda. Por un importe equivalente a 734.000 euros, ese préstamo fue otorgado en 1997. Entonces, Miguel Arias y su cuñado Miguel Domecq representaban oficialmente los intereses de la sucursal española de la panameña Angelmo. En el año 2000, la mercantil se disolvió en Panamá y se inscribió como española bajo una denominación muy parecida a la original: Angelmo Development SL.

Hasta tal punto no se cree la Agencia Tributaria la existencia del préstamo que en una década y en medio de un largo pleito le ha exigido a Angelmo casi un millón de euros por impuestos que considera impagados y que la compañía se habría ahorrado aplicando una fórmula que cabría resumir así: al contabilizar la devolución de ese préstamo en su capítulo de gastos, habría obtenido peores resultados anuales y eso necesariamente conduce a que se reduzca la cifra a pagar en concepto de impuestos. Las cuentas de Petrologis relativas a 2015 confirman que también la petrolera mantiene concedido a Angelmo otro préstamo. El saldo inicial ascendía a dos millones de euros.

Havorad, a la que Hacienda considera una simple “sociedad pantalla” y así figura en una de las sentencias de ese largo pleito, ha alcanzado máxima relevancia para la familia de Cañete. Un ejemplo: es a través de ella como la familia controla nada menos que un tercio de la subsidiaria panameña de Cepsa.

Las cuentas depositadas por Havorad BV en el registro holandés atestiguan que en 2013 participaba en 21 sociedades, la mayor parte de ellas españolas.

"Ni una sola acción"

En septiembre de 2014, poco antes de su nominación como miembro de la Comisión Europea, Cañete vendió las acciones que conservaba en Petrologis Canarias y en la segunda petrolera familiar, Petrolífera Dúcar SL: un 2,5% del total en cada caso.

Ni él mismo ni su mujer, Micaela Domecq, ni sus hijos tienen ya “una sola acción” en ninguna de esas dos sociedades, recalcó hace dos meses en declaraciones a este diario una portavoz de Cañete. Así lo afirmó cuando este diario le pidió su opinión sobre el hecho de que fuese Petrolífera Dúcar la encargada de llevar el fuel a la flotilla rusa que navegaba hacia Siria y tenía permiso para hacer escala en Ceuta. La escala fue finalmente suspendida tras las protestas de la OTAN.

Adelantada este lunes por El Confidencial, la actuación inspectora de Hacienda sobre Petrologis es presentada por la compañía como un episodio de escasa envergadura. Su memoria anual lo expone así: “El 23 de Julio de 2015 se ha iniciado (sic) unas actuaciones de comprobación con carácter parcial del impuesto sobre sociedades en relación a los ejercicios 2010 a 2013 y limitada a la comprobación de las relaciones financieras con Havorad BV y Corporación Bilares”.

A renglón seguido, el documento añade esto: “Las operaciones financieras con estas empresas han sido prácticamente nulas en el caso primero y nulas en el caso segundo, por lo que la compañía no estima la posibilidad de tener que realizar un ajuste como consecuencia de la comprobación que pueda ser significativo”.

La redacción de ese segundo párrafo obvia lo que esa misma memoria, relativa al ejercicio 2015, detalla en otro apartado: que Havorad BV sigue siendo, con el 48% de los títulos, el principal accionista de Petrologis Canarias SL. A día de hoy, no se sabe quién controla el 19% de la petrolera: la memoria se limita a anotar ese porcentaje junto al epígrafe “Otros”.

Los datos que ya en 2014, dos años antes de la publicación de los llamados Papeles de Panamá, aportaron las primeras pistas sobre el enrevesado ovillo mercantil de la saga jerezana constan en distintas sentencias de una larga serie, la del ya mencionado pleito con Hacienda. El nombre de Havorad aparece por primera vez en una resolución judicial de 2002.

La relación de los Domecq-Cañete con la estructura societaria creada en el Istmo con Havorad como protagonista último no consta en los Papeles de Panamá: porque los documentos difundidos bajo esa denominación por el Consorcio Internacional de Periodismo de Investigación (ICIJ) provienen al completo de una filtración de documentos del bufete Mossack Fonseca. Y para crear la red empresarial panameña articulada en torno a Havorad BV -Angelmo, por ejemplo, pertenece a ella-, la familia recurrió a otro despacho de abogados.

De Fuenlabrada a Holanda y Costa Rica

La génesis de las múltiples reclamaciones de la Agencia Tributaria a Angelmo se remonta a julio de 1997. Fue en esa fecha cuando su sociedad precursora, la panameña Angelmo International Corp, constituyó la ya mencionada sucursal en España, a la que aportó una nave industrial de Fuenlabrada. La había comprado nueve años antes por 50 millones de pesetas (300.000 euros).

Al mismo tiempo, la sucursal española de Angelmo obtuvo un “préstamo” de 122,7 millones de pesetas (734.000 euros) para que, supuestamente, reformara la nave, algo que Hacienda sostiene que nunca ocurrió. Las últimas sentencias disponibles constatan que el acreedor de Angelmo terminó siendo la holandesa Havorad BV.

Pero, originariamente, en ese papel figuraba otra pieza del andamiaje fiduciario: la costarricense Corporación Bilares SA. En realidad, las fichas se han movido de posición pero sin abandonar nunca el tablero de los mismos accionistas: la familia Domecq-Cañete.

Porque resulta que Corporación Bilares SA, oficialmente ya disuelta en San José de Costa Rica, era la accionista única de Gold Lion Corp. NV, una compañía del paraíso fiscal de las Antillas Holandesas. Y Gold Lion Corp. NV ejerció entre mayo de 1989 y el 23 de diciembre de 2003 como accionista única de la holandesa Havorad BV.

Aunque todo apunta a que es la familia Domecq-Cañete la propietaria de Gold Lion Corp. NV, no hay forma de saberlo a ciencia cierta: el registro antillano, como de hecho ocurre en la mayoría de los paraísos fiscales, impide conocer quiénes son los beneficiarios reales de una sociedad.

En mayo de este año, infoLibre sí tuvo acceso en cambio a documentos oficiales que acreditan cómo en el registro costarricense quedó archivado el nombre de los dos principales directivos de Corporación Bilares, ambos empresarios mexicanos íntimamente ligados a la marca Domecq. Uno de ellos es hijo de de una de las dos figuras clave que catapultaron la marca Domecq en el país azteca en los años cincuenta del siglo pasado, Antonio Ariza Cabanillas. El otro es el dueño de una importante y controvertida constructora mexicana, Gutsa.

http://www.infolibre.es/noticias/politica/2016/12/20/hacienda_inspecciona_los_vinculos_con_paraisos_fiscales_una_petrolera_los_dos_ultimos_anos_que_presidio_canete_58944_1012.html

23. EL JUEZ DE LA MATA ESTRECHA LA INVESTIGACIÓN SOBRE ARÍSTEGUI Y DE LA SERNA

El magistrado pide información sobre cuentas del intermediario en los contratos de los expolíticos

El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata está estrechando la investigación por corrupción contra los exdiputados del PP Gustavo de Arístegui —antiguo embajador de España en India— y Pedro Gómez de la Serna. El magistrado ha ordenado a las empresas Elecnor e Internacional de Desarrollo Energético —que supuestamente pagaron comisiones millonarias a los expolíticos a cambio de obtener contratos en el extranjero— que le entreguen toda la documentación que guarde relación con sus movimientos de divisas a Argelia, Emiratos Árabes Unidos, Países Bajos, Marruecos e India.

El juez De la Mata, instructor del caso Voltar Lassen, también ha reclamado a cuatro entidades bancarias —Bankia, Sabadell, Catalunya Banc y Cajamar— que aporten todos los datos sobre cuentas de la sociedad Mediación y Consultoría Europea SL. Esta mercantil pertenecía a Cristóbal Tomé Becerra, supuesto agente internacional de Arístegui y De la Serna y ya fallecido.

En un auto —resolución razonada— firmado el pasado 28 de noviembre, De la Mata reclama a la unión temporal de empresas (UTE) que realizó el proyecto del tranvía de Ouargla (Argelia), con un presupuesto de 230 millones de euros, y en el que supuestamente mediaron los dos expolíticos, que entreguen las facturas y certificaciones de los trabajos realizados. En concreto, el juez se fija en el papel del ciudadano argelino Mohammed Moulay, que mantuvo una conversación con el fallecido Tomé Becerra, la cual fue grabada y almacenada en un disco duro al que ha tenido acceso la investigación.

En la UTE del tranvía argelino participaban Elecnor, Rover Alcisa SA y Assignia Infraestructuras. El juez De la Mata se dirige a todas ellas para que le faciliten toda la documentación sobre estas obras que posean.

Según la investigación, por su labor para facilitar los contratos de las empresas españolas en el extranjero, las empresas de Arístegui y De la Serna —Karistia SL y Scardovi SL— percibieron comisiones millonarias. Solo Elecnor, adjudicataria tanto del tranvía de Ouargla como de una desaladora en Souk Tetla, también en Argelia, abonó, según la investigación 3,4 millones de euros a ambos políticos del PP.

Ha sido la Policía Nacional la que ha pedido al magistrado, en un informe del pasado 11 de noviembre, que pida a Elecnor y a Internacional de Desarrollo Energético que justifiquen las transferencias internacionales a Argelia, Emiratos Árabes Unidos, Países Bajos, Marruecos e India. Se trata de seguir la pista del dinero que supuestamente acabó en las cuentas del exdiputado por Segovia y del diplomático.

La trama de cobro de comisiones fue denunciada por José Faya, agente comercial fichado por De la Serna y Arístegui para lograr empresas españolas interesadas en contratos en el extranjero, principalmente Argelia, donde aquellos tenían contactos con altos funcionarios. Antes de acudir a la Fiscalía Anticorrupción, Faya, a quien supuestamente los políticos habían tratado de ocultarle los beneficios, avisó a Jorge Moragas, jefe de Gabinete del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, de los negocios irregulares de ambos.

http://politica.elpais.com/politica/2016/12/08/actualidad/1481199112_859960.html

24. SOLO EN EL 17% DE SEDES DEL PP HABÍA MÁS CANDIDATOS QUE COMPROMISARIOS

De las 1.200 urnas puestas, se votó en las 208 donde se presentaron más afiliados que puestos a cubrir.

El Partido Popular cerró este lunes las 1.200 urnas repartidas por las agrupaciones locales de toda España para elegir a los 3.128 compromisarios que acudirán en nombre de todos los militantes al congreso nacional de febrero. Los datos de participación son verdaderamente alarmantes en un partido que presume de democracia interna y critica las primarias de sus rivales. Según datos oficiales, solo hubo “votación real” en 208 agrupaciones, el 17% del total. Son los únicos lugares donde había más militantes aspirantes a compromisarios que puestos a cubrir.

En Madrid capital, dividida en 21 distritos, solo ha habido votación en ocho circunscripciones, según los datos oficiales que maneja el partido. En el distrito de Salamanca, donde hay 5.000 afiliados, solo votaron 147 para elegir las siete plazas del congreso nacional. En el de Aravaca-Moncloa, Cristina Cifuentes y 266 militantes más; en Chamberí, apenas 98.

Los datos avalan la teoría de plataformas de militantes críticas con la democracia interna del PP como son Floridablanca o Foro Bases. Fuentes internas de las dos corrientes coinciden en el diagnóstico: “En la mayoría de las sedes no ha habido urnas para elegir a los compromisarios, que por norma general ocupan cargos orgánicos en el partido a nivel local o regional”.

Casi al mismo tiempo que cerraban las urnas y se elegían a los compromisarios que acudirán al congreso de febrero, el vicesecretario Fernando Martínez-Maillo desgranaba ante los periodistas el nuevo sistema de elección que la cúpula del PP propondrá en el cónclave para abrir la participación a los militantes. La fórmula ha sido bautizada por los conservadores como “doble vuelta”. Sin embargo, los militantes solo podrán votar en la primera. La segunda, la definitiva, queda reservada para los compromisarios. Todos aquellos militantes que quieran participar deberán inscribirse en un censo y votarán a los candidatos que lo deseen. Los candidatos que consigan el 10% de los votos de los afiliados pasarán a la segunda vuelta. Será aquí donde la última palabra la tengan los compromisarios que se habrán elegido previamente como se hace hasta ahora.

Con este nuevo sistema, la dirección nacional busca satisfacer a los dirigentes regionales como Cristina Cifuentes e Isabel Bonig, que piden abiertamente la participación de los militantes en la elección de sus dirigentes. Fuentes de la cúpula del partido se muestran convencidos de que el sistema funcionará y que será aceptado por todos. Además, alegan que han escuchado todas las peticiones y han buscado una fórmula de consenso que convenza a todos. De momento, los barones más críticos no se han pronunciado sobre la nueva ecuación que ha buscado el partido para contentarles.

La oficina del cargo popular

Los estatutos que presentará la dirección nacional del PP se someterá a votación en el congreso que los populares celebran a mitad de febrero en Madrid. La cúpula enviará los cambios que quieren ejecutar en el partido a todas las agrupaciones antes de final de año. A partir de entonces, serán las federaciones las que tienen la oportunidad de presentar las enmiendas que consideren oportunas al texto oficial. El resultado final se votará en las cinco ponencias que el partido ha dividido el cónclave.

Para prevenir casos de corrupción, la cúpula del PP creará un nuevo órgano que ha denominado la Oficina del Cargo Popular que formarán personas externas al partido y que se encargarán de "supervisar, vigilar y controlar el propio funcionamiento del partido". El objetivo de Génova es controlar a todos los cargos públicos, desde el ámbito territorial local hasta el nacional y evitar "algún tipo de irregularidad. Si lo comete, pillarle y mandarlo al juzgado".

Juicio oral

El PP no quiere claudicar ante Ciudadanos: el partido solo pedirá a sus militantes o altos cargos que abandonen el partido cuando se abra juicio oral, nunca antes salvo delito flagrante. De hecho, fuentes de la cúpula del partido recuerdan que el acuerdo de investidura para hacer presidente a Rajoy se firmó entre los portavoces parlamentarios del Congreso, no con el partido. Por eso se desvinculan de la imposición del partido de Albert Rivera de que se aparte al cargo público mucho antes, cuando se abre una investigación.

http://www.elespanol.com/espana/20161220/179733036_0.html

25. LAS DOS ALMAS DEL PARTIDO PREFERIDO POR LOS CATÓLICOS

El PP es la única formación política que incluye la palabra “cristiano” en sus estatutos

El PP ha convocado, con casi dos años de retraso, para el próximo febrero, el congreso nacional donde el partido promete “actualizarse” y "un debate ideológico de fondo", en palabras de su portavoz, Pablo Casado. Descartada la incorporación de primarias para elegir a su líder y candidato y sin grandes expectativas de cambios en su estructura, los populares anuncian una "revisión profunda" de su ideario. El PP es el partido con el mayor porcentaje de votantes que se declaran católicos, según los últimos datos de Metroscopia, y el único que incluye la palabra "cristiano" en sus estatutos. Intentó retirarse varias veces, pero la propuesta nunca prosperó y las fuentes consultadas indican que tampoco se eliminará esta vez.

El PP “se compromete en los valores del humanismo cristiano de tradición occidental”, reza el texto. En el último congreso nacional del partido, en 2012, fue la presidenta madrileña, Cristina Cifuentes, quien presentó, sin éxito, una enmienda para borrar esa referencia de la definición de la formación política. Ya en el congreso de 2004, Ana Pastor y Gabriel Elorriaga habían pedido borrar esa expresión, pero Jorge Fernández, el ministro del Interior que luego condecoraría a Vírgenes por "méritos policiales", se opuso.

Preguntado por si podría el PP permitirse eliminar esa etiqueta, Gonzalo Robles, miembro de la junta directiva del partido, admite que “un porcentaje muy alto” de sus votantes son católicos, pero niega que esa referencia en los estatutos sea religiosa. “Se refiere a una línea de pensamiento, una filosofía compartida por casi todo el centro derecha en Europa, que entronca con la declaración de los derechos humanos. El PP es un partido aconfesional”. Sus estatutos, no obstante, no recogen ese término. Sí lo hace el PNV en los suyos — “aconfesional y humanista”—. El PSOE, en su conferencia política, critica la “anómala y anacrónica influencia de la iglesia católica”; Podemos cita la declaración universal de los derechos humanos sin mencionar al humanismo cristiano. Ciudadanos no hace referencia alguna al asunto en sus estatutos y la antigua Convergència, el Partit Demòcrata Català, habla expresamente de “diversidad religiosa”.

“Creo que el PP no se podría permitir quitarse esa etiqueta, pero porque no es noticia que la palabra cristiano esté en los estatutos y sí lo sería que se sacase”, apunta un exministro de Mariano Rajoy. “No significa mucho y un teórico diría que el humanismo cristiano no está vinculado con la religión, pero la inclusión de esa palabra sirve para evitar que hubiese una tentación de coger la bandera de la religión para plantear una opción alternativa al PP”, añade.

En Francia, el nuevo líder de la derecha, François Fillon, ha exhibido su fe religiosa de forma militante, se ha mostrado comprensivo con el movimiento en contra del matrimonio gay y propone prohibir que los homosexuales adopten. En España, aunque el exministro del Interior confesó tener un ángel de la guardia llamado Marcelo y la nueva titular de Defensa, María Dolores de Cospedal, pidió "ayuda a Dios" en su toma de posesión, el PP prefiere otras banderas antes que la religiosa. "La religión ya no vende. No da votos", afirma un exministro.

La influencia del Opus

“En el partido hay dos almas”, asegura, no obstante, un veterano político popular. “Incluye a personas que desearían que el PP fuera un partido demócrata cristiano y a la rama liberal, que es la mayoritaria, la que va ganando. Y dentro del alma más próxima a la iglesia, hay una corriente intelectualmente honesta y desinteresada, que lideraría el sector próximo a Jaime Mayor Oreja y es vista con enorme respeto, y otra que genera más desconfianza internamente, que es la del Opus Dei. Estos últimos, nuestro tea party, son poco influyentes dentro, no están contentos, ven que no pueden crecer, y no descarto que en próximos años fragüen una alternativa fuera del partido porque tienen capacidad económica, contactos y lo que en la antigua aritmética parlamentaria de mayorías absolutas no les serviría para nada, ahora sí, porque con cinco diputados ahora puedes ser muy influyente”.

Hasta las elecciones de 2011, la Conferencia Episcopal emitía una nota ante cada fecha electoral con el fin de “orientar el discernimiento moral para la justa toma de decisiones” de los votantes. No señalaban a ningún partido en particular, pero no hacía falta, porque sí detallaban las medidas de los programas que no les gustaban. Por ejemplo, en su última nota, alertaban del “peligro que suponen determinadas opciones legislativas que no tutelan adecuadamente el derecho fundamental a la vida” y de los también “peligrosos y nocivos ordenamientos legales que no reconocen al matrimonio en cuanto unión firme de un varón y una mujer”. Por aquel entonces, el PP ya había recurrido ante el Constitucional las leyes socialistas de matrimonio gay y la del aborto.

Un portavoz de la Conferencia Episcopal explica que ante las últimas dos citas electorales decidieron no emitir ninguna nota porque su mensaje ya era “suficientemente conocido”. En cualquier caso, hubo prelados que hicieron campaña por su cuenta.

Fue un ministro del PP el que decidió conceder una medalla de oro al mérito policial a una virgen. Fue un Gobierno del PP el que hizo que la asignatura de religión contara lo mismo que las matemáticas. Fue, sin embargo, un Ejecutivo socialista el que mejoró las condiciones de financiación dio a la Iglesia, y el que más movilizaciones afrontó en la calle por leyes —la del aborto, la del matrimonio gay— que luego el PP no derogó.

El Gobierno de Rajoy no derogó finalmente ninguna de las dos leyes y retiró su reforma de la del aborto, lo que provocó la dimisión del ministro de Justicia Alberto Ruiz-Gallardón. Pero los prelados no promovieron movilizaciones en la calle. “Cuando la Iglesia ha ejercido presión de verdad ha sido para asuntos económicos, y no de doctrina. Son más pragmáticos que idealistas. Rouco llamó al Gobierno para que no les perjudicara con la LOMCE”, recuerda un miembro de su primer gabinete.

Una delegación episcopal se reunió, de hecho, el pasado 18 de octubre con el ministro de Educación, Íñigo Méndez de Vigo, preocupados por las consecuencias del pacto educativo que pretende alcanzar el Gobierno con los principales partidos. Gonzalo Robles insiste en que la Iglesia “no tiene un trato privilegiado” y que el diálogo es “el mismo que con cualquier otro sector”. También la Conferencia Episcopal asegura que la relación es de “mutua independencia y sana colaboración”. Todas las fuentes del partido consultadas para este reportaje descartan que en su próxima actualización, el PP toque asuntos como el aborto. “Es un tema que a Rajoy le ha incomodado siempre mucho y esas banderas ya no movilizan a los votantes. La religión no vende como antes”, concluye un veterano político popular.

http://politica.elpais.com/politica/2016/12/09/actualidad/1481246981_870197.html

26. AZNAR RENUNCIA A LA PRESIDENCIA DE HONOR DEL PP

El expresidente del Gobierno comunica la decisión a Rajoy mediante una carta

Tras un largo historial de desencuentros, José María Aznar rompió este martes con la dirección del PP. Por carta y por teléfono comunicó al hombre al que nombró sucesor, Mariano Rajoy, que renunciaba al cargo de presidente honorífico y que no acudirá a su congreso nacional. Dirigentes del partido expresaron una sensación de “alivio”. La duras criticas lanzadas desde su fundación -presentó a los suyos como un partido acomplejado— habían colocado al PP en la tesitura de tener que defenderse de su propio presidente de honor. Aznar dice que se va para mantener su “independencia” y en el partido ya esperan nuevos ataques.

Cada lunes, desde hace tres semanas, se le ha preguntado al PP en la rueda de prensa posterior a su comité de dirección si ya habían invitado a su presidente de honor, José María Aznar, a su congreso nacional, en febrero, y qué papel iba a tener. Hasta este martes, a las dos de la tarde, las respuestas fueron siempre evasivas, aunque en privado los populares no ocultaban que no querían que fuera. Tras conocer su renuncia, dirigentes del partido admitían su “alivio” porque temían que pudiera “aguar la fiesta” del cónclave en el que el PP pretende lanzar una imagen de renovación.

La relación nunca fue fácil, pero se recrudeció especialmente en la última semana, después de que la fundación de Aznar, FAES, aparato ideológico del PP durante más de 25 años, enviara a los medios de comunicación un “análisis” en el que presentaba a los populares como un partido acomplejado que se había dejado llevar por “el relato de sus adversarios” y que pretendía ahora “expiar” supuestas culpas pasadas por una actitud beligerante ante el desafío soberanista. El partido tuvo que salir en tromba a defenderse de su propio presidente de honor y respaldar a la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, a la que Rajoy ha encargado abrir un canal de diálogo en Cataluña.

La convocatoria del congreso del partido, donde los presidentes de honor tienen siempre un papel destacado, y el divorcio entre el PP y FAES firmado el pasado octubre, han sido la excusa definitiva. En su carta a Mariano Rajoy, Aznar justifica su decisión de renunciar al cargo para mantener su “independencia”, lo que fuentes populares interpretan que puede traducirse en barra libre para las críticas.

“Otras consideraciones”

En la misiva, el expresidente prefiere no explicar en detalle los motivos de su decisión, que engloba en “otras consideraciones que alargarían innecesariamente” su carta, pero en público Aznar ha dejado claro en cada una de sus comparecencias que no se identifica con el actual proyecto popular ni con el hombre al que nombró sucesor, en 2003. Ante Rajoy llegó a pedir, en mayo, “nuevos liderazgos”. En numerosas ocasiones le reclamó más disciplina y recortes. Tras la muerte de Rita Barberá reprochó que hubiera muerto habiendo sido “excluida” del partido. Y no quiso participar en las dos últimas campañas electorales, pese a que en diciembre, tras la pérdida de 3,6 millones de votos, se presentó por sorpresa en el comité ejecutivo nacional del PP para criticar los resultados y urgir a celebrar un congreso.

A los militantes dedica el expresidente en su carta cariñosas palabras de “gratitud, reconocimiento y afecto”. “Particularmente, por su generosidad y lealtad hacia mí”, añade. Para Rajoy apenas una línea en la que le desea “los mejores aciertos en estos momentos tan importantes y difíciles, feliz Navidad y feliz Año Nuevo”. La conversación telefónica entre ambos fue “cordial”, según fuentes conocedoras de la misma.

Aznar fue nombrado presidente de honor del PP hace 12 años. “Fue un orgullo”, afirma en su carta. Se centró entonces en su labor en FAES, la fundación de la que antes bebía el aparato ideológico del partido y que terminó por convertirse en un refugio de críticos del PP: Cayetana Álvarez de Toledo, Esperanza Aguirre... En noviembre, la fundación expulsó de su patronato a los políticos del PP en activo. En el nuevo órgano, no obstante, figuran viejas caras del partido, como Ángel Acebes y Eduardo Zaplana —a los que Rajoy apartó en 2008— o Alberto Ruiz-Gallardón —al que dejó caer tras retirar la reforma de la ley del aborto—.

Fuentes del PP descartan que Aznar impulse una alternativa política al partido, del que sigue siendo militante, como él mismo aclara en su carta a Rajoy. Pero sí temen que la escalada de críticas se recrudezca ahora que no va a haber lazos con la formación. Eso sí, este martes avanzaban que ellos no renunciarán a su legado. El vicesecretario de comunicación, Pablo Casado, muy próximo Aznar, lamentó su decisión. "Estoy muy agradecido por lo que ha hecho por el PP y por España", dijo.

En sus memorias, en 2012, el expresidente reveló que había designado presidente a Rajoy porque Rodrigo Rato, al que llamaba “sucesor natural”, lo rechazó dos veces. Paradójicamente, tras su renuncia, el último vestigio del aznarismo que quedará en el PP es su actual líder, que en febrero será reelegido sin rival.

http://politica.elpais.com/politica/2016/12/20/actualidad/1482250261_790466.html

27. AZNAR, CONTRA SANTAMARÍA POR CUESTIONAR LA ACTUACIÓN DEL PP CON EL ESTATUT

La fundación FAES ha publicado este martes un editorial en el que critica la tibieza del PP con Cataluña y carga especialmente contra la vicepresidenta del Gobierno

La fundación FAES que preside José María Aznar ha afeado este martes a la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, que cuestione la actuación que realizó el PP recogiendo firmas en 2006 contra el Estatut de Catalunya, algo que, a su juicio, evidencia "de nuevo" esa tendencia en el partido a "asumir el relato" de sus adversarios políticos.

Así se pronuncia FAES en un análisis bajo el título 'Para firmas, las del Tinnel' un día después de que la vicepresidenta admitiera en una entrevista que "fue un error" que PP y PSOE no trabajasen "previamente para llegar a un acuerdo" en el Estatut de Catalunya en lugar de "proceder unilateralmente unos y otros".

Según FAES, ante la pregunta concreta de si el PP cometió un error al recoger firmas contra el Estatut, Santamaría contestó con "un conciliador reparto de responsabilidades, indicando que el error de PP y PSOE fue no ponerse de acuerdo previamente sobre el nuevo Estatuto". En opinión de la fundación, esa "buena idea" de apurar las posibilidades de diálogo en Catalunya "no debería llevarse al extremo de prescindir de una historia reciente en detrimento de las posiciones que el PP adoptó en su compromiso con la Constitución y de la movilización de sus militantes". Ese compromiso, recuerda, incluyó en su día la acción ante el Tribunal Constitucional frente a un Estatut cuyos promotores sabían que ofrecía motivos claros de inconstitucionalidad.

FAES señala que en ese "cuidado reparto de responsabilidades con los socialistas" que realizó la vicepresidenta también admite que el PP "debería haberse esforzado más". "De nuevo el PP y sus carencias. Y de nuevo, esa tendencia en el PP a asumir el relato que hacen de él sus adversarios", lamenta. En este sentido, FAES critica duramente las declaraciones de Sáenz de Santamaría por "la culpa asumida y la autocrítica: en vez de pedir firmas en la calle, el PP debería haberse esforzado más" porque, "al parecer no lo hizo con suficiente dedicación", para "llegar a un acuerdo con el PSOE sobre el nuevo Estatuto".

"Quedaba Catalunya y la exigencia de que el PP expiara lo que la izquierda y el nacionalismo --que maridan tan bien--, por increíble que parezca, han conseguido convertir en el acontecimiento crítico, en el punto de inflexión histórico que abrió las compuertas del independentismo: pedir firmas en la calle para apoyar un recurso de inconstitucionalidad". Sin embargo, FAES recalca que ese pacto de izquierda y nacionalistas en Catalunya "firmado con pompa y solemnidad en el Saló del Tinell" se basaba "en excluir al PP de todo acuerdo".

"Así que el acuerdo con los socialistas no parece que fuera cuestión de esfuerzo. Fue una posibilidad vetada por quienes hicieron un Estatuto con plena conciencia de su inconstitucionalidad y con el objetivo de asentar, en Madrid y en Barcelona, un proyecto de poder que prolongaría la mayoría de Zapatero y el tripartito catalán sobre la base de la exclusión del PP", proclama. Por eso, la fundación de Aznar subraya que, por un "elemental sentido histórico y de fidelidad a los hechos", que, a su juicio, "no están reñidos con la voluntad conciliadora", si se habla de las firmas que se recogieron en aquellos días, hay que recordar que "para firmas, las que se estamparon en el 'pacto del Tinell'".

http://cadenaser.com/ser/2016/12/13/politica/1481649040_802094.html

28. ASÍ HAN ACABADO EN LA QUIEBRA LAS AUTOPISTAS RADIALES QUE PUEDEN TERMINAR CERRADAS

El último auto respecto a la situación de la R-3 y R-5 pone fecha a la liquidación de la sociedad concesionaria por lo que si Fomento no asumiera la gestión acabaría cerrada

La Responsabilidad Patrimonial de la Administración hace que el Estado tenga que pagar a las empresas en caso de liquidación y quedarse con la titularidad de las vías

El Gobierno cifra en 4.600 millones la deuda de la totalidad de las carreteras en concurso de acreedores en estos momentos

El presidente del Gobierno, José María Aznar (2i), junto a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre (i), el ministro de Fomento, Francisco Álvarez Cascos (2d), y el alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón (d), durante el acto de inauguración hoy de las nuevas autopistas radiales de peaje, R-3 (Madrid-Arganda del Rey), R-5 (Madrid-Navalcarnero) y el tramo oeste de la M-50 comprendido entre la A-5 y el enlace de Majadahonda, cuyas obras han tenido un coste total de 852 millones de euros y han sido realizadas por la empresa concesionaria "Accesos de Madrid". EFE/Manuel H. de León

Año 2004. El PIB de España crece un 3,1%, el precio de la vivienda comienza su escalada y nadie espera que una crisis económica mundial sacuda el mundo. José María Aznar, presidente del Gobierno, sonríe para la foto mientras inaugura las nuevas radiales de Madrid, la R-3 y la R-5. Unas infraestructuras que suponen un "antes y un después" en el proceso de modernización y competitividad de España, según el propio Aznar. Unas palabras que pronuncia entre Francisco Álvarez-Cascos, en aquel momento ministro de Fomento, Esperanza Aguirre, que era presidenta de la Comunidad de Madrid, y Alberto Ruiz Gallardón, por aquel entonces alcalde de Madrid. Doce años después de este "hito" del plan de infraestructuras 2000-2007, estas dos radiales están en quiebra junto con otras nueve. Esta semana se ha conocido que el magistrado que está llevando el caso de la liquidación ha dado un plazo de cinco meses para ejecutar la liquidación de las radiales R-3 y R-5 y la circunvalación de Alicante. Si Fomento no las asume, las carreteras pueden cerrar.

¿Qué ha pasado en estos doce años para acabar así?

La suma de varios factores han llevado a que nueve autopistas de peaje hayan terminado en quiebra. La R-2, la R-3, la R-4, la R-5, la M-12 (el eje del Aeropuerto de Barajas), la AP 36, la vía entre Almería a Vera y la circunvalación de Alicante están en proceso de liquidación. Por un lado, varios expertos consultados apuntan a que se hicieron previsiones demasiado elevadas del tráfico. A estos desvíos se suma el efecto de la crisis, la construcción o mejora de tramos alternativos gratuitos que transcurren paralelos a estos ejes junto con un diseño de las radiales que acababa desembocando en otras vías donde se generarían atascos. En el caso de las radiales, hubo además un aumento de los costes al incrementarse los precios a los que se debían expropiar los terrenos.

"Aznar quería tener los mismos accesos para Madrid que tenía París, once", recuerda Germà Bel, catedrático de la Universidad de Barcelona que fue diputado entre los años 2000 y 2004, pero como Madrid no tiene el mismo tráfico que París y la hora punta es muy "estrecha" esto no funcionó. Bel señala que la construcción de infraestructuras en España tanto en carreteras como en AVE ha tenido un diseño "administrativo y no económico", que se basa en un sistema radial de Madrid hacia el resto del territorio y en la consideración de que lo importante es "tener y no usar".

¿Qué quiere decir que son concesiones?

Las radiales de Madrid son concesiones públicas, al igual que otros proyectos de infraestructuras. El Estado concede durante un tiempo y con una serie de condiciones la explotación de estas infraestructuras a empresas privadas que corren con el coste de construcción, con una importante parte de financiación externa (créditos que piden a los bancos), según explican los profesores universitarios Juanjo Ganuza y Fernando Gómez en el blog económico Nada es Gratis. El Estado es el propietario de la infraestructura desde el comienzo y recupera su uso cuando termina el plazo de la concesión. Esta concesión puede resolverse antes de tiempo por supuestos que afecten a la explotación o a la empresa. Dentro de estos supuestos se encuentra la insolvencia del concesionario, que no obtenga de la explotación de la concesión los ingresos suficientes para pagar sus deudas como empresa.

Para la gestión de estas nuevas vías de peaje se crearon empresas propias para gestionar estas concesiones. En el caso de La R-3 y la R-5 están gestionadas por la compañía Accesos de Madrid. Entre las empresas constructoras y concesionarias del conjunto de las autopistas quebradas se encuentran Acciona, ACS, Abertis, Cintra, Sacyr, FCC, Ferrovial, OHL o Globalvía.

¿Qué ha pasado con el tráfico?

Varios expertos consideran que la proyección del tráfico de estas vías estuvo sobredimensionada. Por un lado, había un fuerte interés político en construir estas vías a lo que se sumaba un momento económico positivo. En 2013, el tráfico de las radiales había caído un 48% desde su momento máximo en 2007 y todas estaban en quiebra. La última fue la R-2 que va de Madrid a Guadalajara. Esta fue la primera de estas vías en abrise al tráfico en octubre de 2003, con un coste de 411 millones de euros y unas previsiones de tráfico de 30.000 vehículos diarios, de los que el 10% serían pesados. Entre enero y abril del 2013 –año en el que entró en situación de insolvencia–, el tráfico medio diario de la R-2 (participada por ACS, Abertis, Acciona y Bankia) ha sido de 4.672 vehículos, 25.328 menos que los previstos, un 84,4 % inferior.

¿Qué supone el último auto?

El último auto conocido se centra en las radiales R-3 y R-5 mientras que los juzgados ya habían declarado la liquidación de otras dos de estas autopistas en problemas, la M-12, Eje Aeropuerto de Madrid y AP-36 la Ocaña-La Roda. No obstante, en este caso, el auto de liquidación se ha emitido "sin efectos suspensivos" lo que quiere decir que no se quedará en suspenso por el hecho de que el Ministerio de Fomento o las empresas concesionarias lo recurran ante la Audiencia Provincial. Así, en el caso de que el próximo 1 de octubre Fomento no asuma la gestión de las autopistas, las vías quedarían sin servicio en esa fecha, dado que la administración concursal tiene el mandato del juez de tener para entonces resueltos todos los contratos, incluidos los de los trabajadores, según explicaron a Europa Press en fuentes jurídicas.

Fomento ha asegurado que va a recurrir este auto y que también recurrirá este periodo de margen que se da para la liquidación y considera que con el recurso se paralizaría la cuenta de este tiempo. Sin embargo, otras fuentes conocedoras del proceso aseguran que el reloj sigue adelante a pesar de los recursos que se presenten.

¿Cuáles son las soluciones posibles?

La Administración Pública ya propuso un plan de rescate de las autopistas quebradas. La propuesta de convenio recoge una quita del 50% de la deuda, así como el pago en un plazo de 30 años del resto. El Gobierno cifra en 4.600 millones la deuda de la totalidad de las carreteras. Además, proponía la creación de un fondo de titulización que emitiese bonos a 30 años con la garantía de Seittsa –Sociedad Estatal de Infraestructuras de Transporte Terrestre– con una rentabilidad mínima del 1%. Aunque la propuesta de Ana Pastor fue apoyada por Hacienda y por Bruselas, esta no convenció a las partes implicadas, sobre todo, a la banca.

En este punto de falta de acuerdo, la situación se encuentra en un momento complicado donde el proceso ha ido alargándose en el tiempo y no tiene precedente. Si finalmente se liquidan las vías, Fomento se quedaría con ellas. Desde Nación Rotonda explican que aquí se pueden abrir varias vías de actuación aunque ninguna de ellas está clara. Por un lado, la administración podría dejar la vía abierta de forma gratuita, una opción donde todos los gastos recaerían en el Estado. Otra sería, la opción de cerrar las vías y dejarlas en desuso, como amenaza el juez.

¿Por qué tiene que pagar el Estado?

El Estado tiene una obligación de reparar o de responder por el daño causado por el funcionamiento de algunas de las administraciones. Es lo que se conoce como la Responsabilidad Patrimonial de las Administraciones Públicas (RPA). En un artículo publicado en La Vanguardia, Bel apunta que la RPA "supone una indemnización ante la resolución anticipada de la concesión". Bajo este concepto, "la administración se compromete a abonar al concesionario el importe –descontadas amortizaciones– de las inversiones para expropiar terrenos, ejecutar las obras de construcción, y adquirir otros bienes necesarios para la explotación de la obra. Estas cantidades se pignoran en los contratos financieros y sirven como una garantía pública para los financiadores", apunta.

Así, explica que el proceso es el siguiente: la empresa constructora hace la infraestructura, y es pagada por la empresa concesionaria (usualmente controlada por la propia constructora). Si la explotación quiebra más adelante, los financiadores recuperan sus créditos (gracias a la RPA). La concesionaria arriesga sólo su aportación de fondos propios, cuyo monto es inferior al beneficio económico obtenido por la constructora con la construcción. "Negocio asegurado, y riesgo para el contribuyente si las cosas se ponen mal", concluye.

http://www.eldiario.es/economia/posible-llegado-quiebra-autopistas_0_515498656.html

29. EL GOBIERNO PROPONDRÁ A PÉREZ DE LOS COBOS COMO JUEZ ESPAÑOL EN EL TEDH

Desde el Ejecutivo se quiere premiar la labor que el actual presidente del Constitucional, Francisco Pérez de los Cobos, ha realizado estando al frente del tribunal de garantías con el desafío separatista catalán. En enero de 2017, expira el mandato del actual miembro de España en el Tribunal de Estrasburgo, Luis López Guerra.

El mandato del actual presidente del Tribunal Constitucional, Francisco Pérez de los Cobos, expirará el próximo 29 de diciembre -junto al de la vicepresidenta Adela Asúa, el magistrado Ricardo Enríquez y la vacante que dejó el fallecido Luis Ortega- por lo que éste abandonará la institución tras haber pasado siete años en la misma; figurando la mitad de este tiempo como cabeza visible del guardián de la Constitución.

Sin embargo, todo apunta a que Pérez de los Cobos no regresará a su despacho en la Universidad Complutense de Madrid, donde ejercía como catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. Fuentes del Ejecutivo, consultadas por Vozpópuli, explican que el Gobierno tiene intención de que sea nombrado juez en representación de España en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo (TEDH) en sustitución de Luis López Guerra, nombrado por el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero en 2007.

Se da la circunstancia de que el mandato de López Guerra expira el próximo mes de enero y, a partir de ahí, se activará el mecanismo legal previsto para designar a su sustituto. Los jueces del TEDH son elegidos por nueve años sin posibilidad de renovación cuando expira el mandato.

López Guerra tumbó la Parot
Las fuentes consultadas explican que a favor de Pérez de los Cobos hay dos factores muy importantes. Por un lado, que el Ejecutivo no quiere más sorpresas en Estrasburgo después de que el propio Luis López Guerra, juez representante de España en la Corte, apoyara tumbar la denominada doctrina Parot que obligó a excarcelar a decenas de etarras pese a que la Abogacía del Estado defendió de forma férrea en Estrasburgo su aplicación y legalidad.

Por otro lado, el Gobierno de Rajoy se siente en "deuda" con la "magnífica labor" que ha hecho Francisco Pérez de los Cobos como presidente del Constitucional dando respuesta al "problema catalán". Desde que el magistrado asumió la presidencia del Alto Tribunal todas las resoluciones sobre los intentos independentistas de Cataluña han sido adoptadas por unanimidad de los magistrados que componen el tribunal y con rapidez, y en gran medida, ese hecho ha sido posible gracias a la labor desempeñada por Pérez de los Cobos en el seno del TC.

No obstante, el Ejecutivo no sólo dará el nombre del presidente del Alto Tribunal para ocupar la plaza de Estrasburgo ya que la última palabra sobre su elección la tiene el Consejo de Europa. El Consejo de Ministros aprobará previsiblemente un acuerdo con una terna de candidatos para sustituir a López Guerra que remitirá a la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, órgano encargado de designar a los miembros del TEDH tras la votación de los estados miembros.

http://www.vozpopuli.com/actualidad/nacional/Gobierno-propondra-Perez-Cobos-TEDH_0_981202867.html

30. EL PP QUIERE QUE SU EX DIPUTADO Y CATEDRÁTICO OLLERO PRESIDA EL CONSTITUCIONAL

El catedrático de Filosofía del Derecho y ex diputado del PP Andrés Ollero Tassara se perfila como nuevo presidente del Tribunal Constitucional (TC), mientras que la vicepresidencia recaerá con toda probabilidad en la magistrada Encarnación Roca Trías (que en su día fue elegida a propuesta del PSOE).

Se trata de un nombramiento de especial trascendencia, pues el Gobierno de Mariano Rajoy ha decidido poner en manos del Tribunal Constitucional buena parte de los resortes jurídicos para frenar la ofensiva independentista de la Generalitat de Cataluña, que preside Carles Puigdemont.

De acuerdo con los plazos legales, antes de que concluya el año el Senado debería aprobar la designación de cuatro de los 12 miembros del Constitucional, en sustitución de los que fueron elegidos en 2010. La renovación afectará por tanto al actual presidente del TC, Francisco Pérez de los Cobos; la vicepresidenta, Adela Asua, y Ricardo Enríquez Sancho, que se incorporó al Tribunal en marzo de 2014 tras el fallecimiento de Francisco José Hernando. Además, debe cubrirse la vacante del magistrado Luis Ignacio Ortega, fallecido en abril de 2015.

La vicepresidencia, para el PSOE

De acuerdo con la tradición de los últimos mandatos, todo indica que el Senado designará a dos magistrados afines al PP y otros dos afines al PSOE. De este modo, se preservará el actual equilibrio en el alto Tribunal, en el que existe una mayoría de siete magistrados próximos al PP “conservadores” frente a cinco afines al PSOE.

El acuerdo que los dos grandes partidos han aplicado hasta ahora indica que, una vez renovada la tercera parte de los miembros del Tribunal, se designará a un presidente próximo al PP y una vicepresidenta afín al PSOE, entre los miembros del tercio más antiguo: es decir, entre los cuatro magistrados elegidos por el Congreso de los Diputados en 2012.

Hay pocas dudas de que la Vicepresidencia corresponderá a Encarnación Roca Trías (Barcelona, 1944), que fue la primera catedrática de Derecho Civil en España y la cuarta mujer que accedió a un puesto en el Tribunal Supremo. Doctora por la Universidad de Barcelona, ha dictado varias sentencias pioneras en Derecho Civil y de Familia.

La magistrada del TC Encarnación Roca Trías.

En cuanto a la presidencia del Constitucional, correspondería a uno de los dos magistrados elegidos en 2012 a propuesta del PP: Andrés Ollero o Juan José González Rivas. Según las fuentes jurídicas consultadas por OKDIARIO, el primero de ellos tiene todo a su favor para acceder al cargo.

Aunque también puede pesar en su contra el hecho de que haya sido diputado del PP durante 17 años, un dato que ya resultó especialmente polémico cuando fue elegido miembro del TC en 2012. Entonces se impuso el criterio de que las únicas incompatibilidades que se pueden aplicar a los miembros del Constitucional son las que figuran en su Ley Orgánica, que no incluyen el hecho de haber militado en un partido político.

La misma polémica se planteó respecto al actual presidente del TC, Francisco Pérez de los Cobos, después de que trascendiera que fue militante del PP durante varios años. De hecho, PP y PSOE sumaron sus votos en julio de 2015 para impedir que prosperara una enmienda con la que ERC pretendía impedir que los miembros del Constitucional puedan militar en un partido o sindicato durante el ejercicio de su cargo.

Como diputado del PP, Andrés Ollero ha sido portavoz en las Comisiones de Educación y Justicia del Congreso de los Diputados. Tras ser diputado por Granada durante 17 años, abandonó su escaño en 2003 para reincorporarse a su puesto de catedrático de Filosofía del Derecho en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid.
Contra el aborto y el matrimonio gay

Miembro numerario del Opus Dei, se ha pronunciado en distintas ocasiones en contra del aborto y del matrimonio homosexual impulsado por el Gobierno de Rodríguez Zapatero. También ha sido presidente de la Fundación Ciudadanía y Valores (Funciva), un puesto que hoy ocupa el ex ministro de Justicia Alberto Ruiz-Gallardón.

El otro magistrado afín al PP que podría optar a la presidencia del Tribunal Constitucional, aunque con menos opciones, es Juan José González Rivas. Ha sido magistrado de la sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Supremo y miembro de la Junta Electoral Central (JEC), por designación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Fue uno de los magistrados del TC que firmaron un voto particular en contra de la sentencia que avaló el matrimonio homosexual y en 2009 defendió una ponencia a favor de permitir la objeción de conciencia a la asignatura de Educación a la Ciudadanía, también instaurada por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.

El magistrado del Constitucional Juan José González Rivas.

Las fuentes jurídicas consultadas por OKDIARIO admiten que en estos momentos está “muy abierta” la elección entre ambos candidatos para el cargo de presidente del TC. Ante la duda, la mayoría conservadora podría inclinarse por un tercer nombre: Pedro González-Trevijano, que fue elegido miembro del Constitucional en 2013 a propuesta del CGPJ.

Aunque en este último caso, señalan las mismas fuentes, la mayoría conservadora del Tribunal podría dividirse, propiciando así la elección de la progresista Encarnación Roca Trías (designada en su día a propuesta del PSOE) como presidenta.

Pedro González-Trevijano (Madrid, 1958) es catedrático en Derecho Constitucional. Ha sido rector de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) de Madrid y vocal de la Junta Electoral Central (JEC). Como miembro de la comisión de expertos sobre el futuro del Valle de los Caídos nombrada por el Gobierno de Rodríguez Zapatero, se opuso al traslado de los restos del Franco por considerar que esta medida serviría “más para separar, dividir y tensionar”.

Se vuelven a demorar los plazos

De acuerdo con la Ley Orgánica 2/1979 del Tribunal Constitucional, los magistrados de este órgano son nombrados por un período de nueve años. Por su parte, el presidente del TC tiene un mandato de tres años, que puede ser renovado una sola vez.

Cada tres años debe renovarse la tercera parte de los 12 miembros del Tribunal. Sin embargo, la falta de acuerdo entre el PP y el PSOE retrasó el último nombramiento de los cuatro miembros designados por el Senado: debía aprobarse en 2007 y se postergó hasta 2010. Se trata de los cuatro magistrados que deben ser sustituidos ahora. De nuevo, el tiempo apremia y parece improbable que los nombramientos puedan aprobarse este mes de diciembre

https://okdiario.com/investigacion/2016/12/09/ex-diputado-del-pp-andres-ollero-perfila-como-nuevo-presidente-del-tribunal-constitucional-586163

31. C.A. CASTILLA Y LEÓN. VALDEÓN ES FINALMENTE CONDENADA A PAGAR 1.800 EUROS Y NO PODRÁ CONDUCIR EN 8 MESES

La procuradora del Grupo del PP en las Cortes de Castilla y León Rosa Valdeón ha sido condenada al pago de una multa de 1.800 euros y a la privación del carné de conducir por espacio de ocho meses y dos días como autora de un delito de conducción bajo la influencia de bebidas alcohólicas, tipificado en el artículo 379.2, del Código Penal, con motivo del incidente protagonizado el 9 de septiembre de 2016 cuando su vehículo se vio implicado en un accidente en la provincia de Ávila.

Rosa Valdeón compareció ayer voluntariamente acompañada de su letrado ante el instructor de la Sala Civil-Penal del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León y se manifestó conforme con el escrito de acusación del fiscal, procediéndose a continuación a dictar sentencia de conformidad, según informaron a Europa Press fuentes del Alto Tribunal castellanoleonés.

“Dado que se trata de un supuesto típico y que no presenta ningún rasgo de especial gravedad”, el acuerdo alcanzado con la acusación pública, que incluye la obligación de la procuradora de indemnizar a la aseguradora Globalis con el importe de la reparación de los daños sufridos en la cabeza tractora del camión con el que impactó el día de los hechos, establece una rebaja de un tercio en la condena finalmente establecida, que originariamente era de siete meses y quince días de multa, con una cuota diaria de 12 euros, y la retirada del carné por un año y tres días.

https://okdiario.com/espana/2016/12/21/valdeon-finalmente-condenada-pagar-1-800-euros-no-podra-conducir-8-meses-617771

32. C.A.GALICIA. ABREN JUICIO ORAL POR COHECHO CONTRA LOUZÁN, EXPRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN DE PONTEVEDRA

La fiscalía ve delito de cohecho en el proceso de compra y posterior alquiler de tres locales comerciales que el expresidente popular y su esposa adquirieron en 2008.

El Juzgado de Instrucción Número 2 de Cambados ha acordado la apertura de juicio oral contra el expresidente de la Diputación de Pontevedra Rafael Louzán, su esposa y el concejal de Pazos de Borbén Severino Reguera por un delito de cohecho.

El proceso judicial responde a la querella presentada por el fiscal Augusto Santaló por supuesto cohecho contra el expresidente provincial del PP de Pontevedra y exdiputado provincial y concejal de Pazos de Borbén Severino Regura en relación al alquiler de unos locales comerciales a un precio superior al del mercado.

El auto, recogido por Europa Press, señala como órgano competente para el enjuiciamiento al Tribunal del Jurado de la Audiencia Provincial de Pontevedra y emplaza a las partes para que en 15 días se personen ante el tribunal competente para el enjuiciamiento.

En el escrito de calificación, la Fiscalía expone que en agosto de 2008 Louzán, presidente de la Diputación de Pontevedra y del PP por la provincia, y su esposa adquirieron de la sociedad cooperativa Monte Alba S. Coop. Gallega tres locales comerciales en el número 23 de la calle Teixugueiras de Vigo.

En concreto, los hechos de los que le acusa tienen su origen en el año 2008, cuando Louzán y María Teresa C.F. reservaron cinco locales en la calle Teixugueiras de Vigo y finalmente compraron tres por 460.122,5 euros y cedieron la compra de los otros dos a Severino Reguera y su esposa. Para realizar la entrega inicial de dinero a la empresa que les vendió los bajos, Severino Reguera les prestó 103.748,42 euros.

Tras la compra, María Teresa C.F. firmó un contrato privado con la empresa Bruno Pan, de la que es administrador Severino Reguera y que tiene la sede en Ribadumia, para alquilarle sus tres locales. El contrato se firmó en 2008 por una duración de diez años prorrogable y por un precio de 3.584 euros y, según los datos de la investigación de la Fiscalía, excepto en el año 2008, en lo demás años el precio percibido por el arrendamiento superó la amortización de las cuotas hipotecarias.

Delito

El fiscal aprecia un delito de cohecho cometido por el entonces presidente provincial, actual presidente de la Federación Gallega de Fútbol, y su esposa al alquilar los locales al grupo Bruno Pan S.L. del diputado provincial a un "precio superior" a la media de los alquileres de la misma zona, según sostiene en el escrito de acusación.

Por ello, el fiscal sostiene que "se infiere que el señor Louzán y esposa adquirieron unos locales comerciales de importante valor sabiendo desde el principio que el precio de la compra (préstamo hipotecario) iba a ser pagado por la empresa de una persona que también ejerce cargo político en el mismo organismo (Diputación Provincial de Pontevedra) y mismo partido, y cuya proyección política, no es difícil adivinar, depende de aquél".

En este sentido, la Fiscalía aprecia "un trato de favor al expresidente del organismo provincial y esposa que, en definitiva, supone el regalo en consideración al cargo del mismo de unas importantes cantidades de dinero, y finalmente y a la postre de los locales comerciales, o, incluso de la totalidad del local unificado".

Por otro lado, el fiscal afirma que las relaciones entre Louzán y Reguera "alcanzan a más actividades y conexiones que las recogidas en este escrito y que son objeto de otras investigaciones judiciales".

Penas

La Fiscalía pide un año de prisión y un año de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo para Severino Reguera por un delito continuado de cohecho pasivo cometido en su etapa como diputado provincial.

Mientras, para Louzán solicita un año de cárcel, un año de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo y suspensión de empleo y cargo público por tiempo de dos años y tres meses.

Para su esposa, María Teresa C.F., el fiscal pide nueve meses de prisión, nueve meses de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo y 14 meses de suspensión de empleo y cargo público. Además interesa el comiso de los tres locales comerciales propiedad de ambos.

http://www.elespanol.com/espana/20161228/181732280_0.html

33. C.A. GALICIA. UN EMPRESARIO IMPUTADO POR CORRUPCIÓN REGALÓ A FEIJÓO BOTELLAS DE VEGA SICILIA POR VALOR DE 2.300 EUROS

Las cajas se recibieron en el domicilio particular del presidente gallego, pero la Xunta dice que el vino se destinó a usos "protocolarios”

El dueño de Monbus gastó entre 2006 y 2014 casi medio millón de euros en regalos para un centenar de políticos y altos funcionarios, entre ellos el vicepresidente gallego Alfonso Rueda y el socialista José Blanco
Los datos constan en informes de Hacienda, en los que se indica que Monbus recibió 172,6 millones en adjudicaciones públicas

La empresa gallega Monbus, el segundo transportista de pasajeros de España, se gastó casi medio millón de euros en regalos para políticos y altos funcionarios de toda España entre 2006 y 2014. De esa cantidad, casi 400.000 euros eran botellas de vino, y de las más caras. La mayor parte de la factura corresponde a cajas de Vega Sicilia, de hasta 878 euros. La nómina de los agasajados va desde el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, y su número dos, Alfonso Rueda, hasta el exministro de Fomento José Blanco, el senador del PP José Manuel Barreiro, y la diputada popular y expresidenta del Parlamento gallego Pilar Rojo. En el centenar de nombres se incluyen los expresidentes de Aena –Juan Ignacio Lema– y Renfe –Teófilo Serrano–, y el expresidente y exvicepresidente de la Xunta Emilio Pérez Touriño (PSOE) y Anxo Quintana (BNG), pero también alcaldes, presidentes de Diputación, funcionarios de ministerios, consejerías autonómicas y ayuntamientos.

La lista de regalos y sus receptores, así como de los albaranes y facturas, figura en el sumario de la operación Cóndor, abierta en el Juzgado de Instrucción número 1 de Lugo y que investiga a Monbus y a su dueño, Raúl López, por los delitos de cohecho, blanqueo, falsedad, tráfico de influencias y contra la Hacienda pública. Raúl López fue detenido en marzo de 2015 en Sanxenxo (Pontevedra) cuando iba a entregar a un empresario hotelero de la zona 60.000 euros en metálico. Declaró ante la juez el pasado mes de junio negando las acusaciones tras proclamarse “una persona honrada y trabajadora” que “ni defrauda ni hace cosas ilegales”.

Tras registrar la sede de la empresa en Lugo y el domicilio de Rafael Casqueiro, director comercial de Monbus –y yerno de Raúl López–, los funcionarios del Servicio de Vigilancia Aduanera, dependientes de la Agencia Tributaria, elaboraron una serie de informes donde detallan los regalos enviados por el empresario lucense desde dos establecimientos de bebidas, situados en Rábade (Lugo) y Vigo, y uno de ropa y complementos, también de Lugo. En los informes, a los que ha tenido acceso infoLibre, se incluye igualmente una relación de los receptores de los obsequios.

Así, Núñez Feijóo recibió seis cajas de Vega Sicilia entre 2008 y 2013, valoradas en 2.327,32 euros. Aunque en realidad el importe total de los regalos es superior, porque el informe no pudo confirmar con las facturas del transportista los envíos de 2008 y 2009. Seur aseguró a los funcionarios de Vigilancia Aduanera que no conserva registros anteriores a 2010.

Por el mismo importe y durante los mismos años recibió también sus cajas de Vega Sicilia el vicepresidente de la Xunta, Alfonso Rueda.

Un portavoz del Gobierno gallego asegura este viernes, a preguntas de infoLibre, que no ha recibido comunicación alguna del juzgado sobre este asunto. Y explica que “cualquier cortesía o regalo institucional dirigido al presidente se gestiona por vía protocolaria y queda en el ámbito protocolario, ya sea para su conservación o su uso institucional”. Es decir, queda “en posesión de la Xunta”.

El código ético marca un límite de 90 euros

El Gobierno gallego aprobó en julio de 2014 un código ético que prohíbe a todos los funcionarios y altos cargos autonómicos “aceptar, recibir o solicitar, directamente o a través de terceros, y en consideración de su cargo o puesto, ningún regalo, dádiva, beneficio o favor, cualquiera que fuera su naturaleza, ni para sí mismo ni para su círculo familiar inmediato”. En caso de recibir un regalo, debe ser devuelto, acompañado de una notificación por escrito en la que se invoque el Código ético.

Sólo se aceptan “muestras o atenciones de cortesía social institucional” si tienen un importe inferior a 90 euros. En caso de que el regalo supere ese límite, el agasajado debe devolverlo.

Además, el código establece que la “regularidad o reiteración de este tipo de atenciones por parte de la misma persona física o jurídica a un mismo destinatario” significa la “pérdida del carácter de cortesía cuando el importe de las gratificaciones durante un año” supere los 90 euros.

“La aprobación del código ético se ha demostrado un acierto para evitar equívocos o malas interpretaciones de las muestras de cortesía”, apunta el portavoz de la Xunta consultado por este periódico. Cada regalo recibido, precisa, se envía a la Dirección General de Evaluación y Reforma Administrativa, que determina si excede de 90 euros o no. En el primer caso, se devuelve. Si no, se utiliza, “ya sea para comidas oficiales o institucionales” cuando se trata de botellas de vino o similares.

Las cajas de Monbus para Núñez Feijóo y a Alfonso Rueda fueron enviadas a los domicilios particulares de ambos políticos, no a sus despachos oficiales en Santiago, según consta en los registros del transportista.

Lotes VIP, Muy Bueno, Bueno, Regular...

La empresa de Raúl López había desarrollado todo un sistema para clasificar y distribuir los regalos entre el centenar de altos cargos y funcionarios. No todos recibían los mismos obsequios. Se dividían en Lote VIP (878 euros por una caja con cuatro botellas de Vega Sicilia y cuatro botellas de Alión), Lote Muy Bueno (670,24 euros por cuatro botellas de Vega Sicilia), Lote Bueno, Lote Gallego (Albariños y Ribeiro por hasta 223,96 euros), Lote Regular y Lote Detalle.

Núñez Feijóo y Rueda recibieron siempre lotes Muy Bueno. El único Lote VIP lo envió Raúl López al ex ministro de Fomento José Blanco entre 2008 y 2012. Aunque en 2009 el paquete figura como “extraviado y no entregado” y en 2012 fue devuelto. En 2013, el regalo quedó rebajado a un lote de vino de sólo 144,31 euros, pero, según un correo mencionado en el informe, el paquete no se llegó a enviar. En total, el importe de los obsequios comprados por el dueño de Monbus para Blanco asciende a 2.565,79 euros.

infoLibre se ha puesto en contacto con el exministro socialista quien también dice desconocer el informe, por lo que ha declinado pronunciarse al respecto.

El expresidente de Aena Juan Ignacio Lema Devesa, también gallego, recibió 1.871 euros en cajas de vino durante seis años. Tres de esas cajas eran de Vega Sicilia. En 2012 incluso se le enviaron dos paquetes –uno de Vega Sicilia y otro lote navideño–.

Al expresidente y exvicepresidente de la Xunta Emilio Pérez Touriño y Anxo Quintana, Raúl López les envió cajas de vino en 2008 y 2009 el primero y en 2008 el segundo. Pero al tratarse de años anteriores a 2010 el informe no incluye más datos que el peso de los envíos: 14 y 11 kilos respectivamente los de 2008 y sólo 1,4 kilos el de 2009.

Un conselleiro y un secretario rechazaron los regalos

En la lista de Vigilancia Aduanera aparecen también tres exconselleiros de la Xunta. El de Educación, Xesús Vázquez, actual alcalde de Ourense; el de Medio Ambiente e Infraestructuras, Agustín Hernández, que luego fue alcalde de Santiago, y el de Economía e Industria, Javier Guerra, que ahora ocupa un escaño en el Parlamento gallego. Según los correos electrónicos de Monbus adjuntados al informe, Agustín Hernández rechazó el obsequio. Tampoco lo aceptó el ex secretario general de Educación Jesús Oitavén. El portavoz de la Xunta no ha podido explicar a infoLibre por qué estos dos altos cargos rechazaron los regalos de Monbus pero no lo hizo el resto, incluido el presidente.

El senador del PP José Manuel Barreiro también figura en la lista de regalos de Raúl López. Recibió cajas de vino durante seis años, por importe de 805 euros –sin contar los envíos de 2008 y 2009, de los que Seur eliminó los registros–. Este periódico ha intentado ponerse en contacto con Barreiro, natural de Lugo como López y Blanco, sin éxito. Lo mismo ha ocurrido con Pilar Rojo, expresidenta del Parlamento gallego y ahora diputada del PP en el Congreso. A ella el dueño de Monbus no le envió cajas de vino, sino un regalo adquirido en una tienda de ropa y complementos de Lugo en 2012.

El único diputado del Parlamento de Galicia a quien Raúl López agasajó es Alejandro Gómez Alonso, que presidió la comisión de Infraestructuras hasta el pasado mes de octubre. Recibió al menos dos cajas de Vega Sicilia. El importe total de los regalos entre 2008 y 2013 asciende a 1.438 euros.

También recibieron Vega Sicilia por valor superior a los 1.000 euros el director de Inversiones de Sodiga, la sociedad de capital de riesgo de la Xunta, José Ramón Valladares Baqueiro, y el secretario general de Proyección y Análisis de la Consellería de Hacienda, José Manuel Rivera Otero.

La lista se completa con los expresidentes de la diputaciones de Lugo, José Ramón Gómez Besteiro (PSOE), Pontevedra, Rafael Louzán (PP), y Ourense, José Luis Baltar (PP); y con su hijo y sucesor en el cargo, José Manuel Baltar. Además de numerosos alcaldes. Desde Santiago hasta Igualada (Barcelona), pasando por Alcalá de Henares y Guadalajara.

Los autobuses urbanos de Guadalajara

El alcalde de esta ciudad castellanomanchega, Antonio Román Jasanada (PP), y su teniente de alcalde y senador, Juan Antonio de las Heras, así como el delegado de Obras, Jaime Carnicero; el jefe de Contratación, José A. Escribano, y el interventor de Contratación Manuel Villasante, fueron obsequiados con una caja de Vega Sicilia cada uno, valorada en 517,55 euros. Ocurrió en 2011, el mismo año en que Aulusa, empresa del grupo Monbus, se hizo con la concesión del transporte urbano de Guadalajara.

La empresa de Raúl López se encargó en 2011 de los autobuses de la ciudad en sustitución de Trapsa, propiedad de Gerardo Díaz Ferrán. Debido al hundimiento del grupo del expresidente de la CEOE, Trapsa no pudo seguir prestando el servicio. Un portavoz del Ayuntamiento de Guadalajara explica a infoLibre que Aulusa se hizo con el encargo a propuesta de la propia Trapsa. El pleno municipal aprobó la cesión del contrato con los votos del PP. PSOE e IU se abstuvieron. También en la ciudad de Lugo, Trapsa propuso a Aulusa para que continuase con el servicio que la firma de Díaz Ferrán no podía seguir prestando. En abril de 2012 volvió a salir a concurso el contrato de Guadalajara. Se presentaron cuatro empresas, una de ellas Aulusa. La empresa de Raúl López fue excluida y el contrato se adjudicó a su competidor, Alsa. “No hemos recibido ninguna notificación ni tenemos conocimiento de la investigación del juzgado”, zanja el portavoz municipal.

Contratos públicos por valor de 172,63 millones

El caso es que Vigilancia Aduanera sospecha que la generosidad de Raúl López no era desinteresada, por lo que los funcionarios incluyen el montante de los contratos públicos adjudicados a Monbus desde 2008 hasta 2014. En total, 172,63 millones de euros.

Fomento le concedió contratos por importe de 71,08 millones, de los que la partida más abultada corresponde a Aena, con 67,8 millones de euros. La Xunta de Galicia le adjudicó concursos por valor de 23,73 millones. La Junta de Castilla y León, por 778.800 euros en un solo año, 2007. La de Castilla-La Mancha, por 3,75 millones. En la Comunidad Valenciana fueron 804.499 euros. En Cataluña, 4,66 millones. Las concesiones de la Comunidad de Madrid ascienden a 10,12 millones de euros. Las del Ayuntamiento de Lugo, a 23,43 millones. Y las del consistorio de Santiago, a 804.382 euros.

Otra partida destacable son los contratos que Monbus consiguió en el Ministerio de Defensa, 30,42 millones de euros en un solo año, 2013. Allí envió regalos Raúl López, según los informes de Vigilancia Aduanera, a un total de ocho altos oficiales y una funcionaria de la Dirección de Abastecimientos y Transportes de la Armada. El teniente coronel Juan Carlos Anguita, del Cuerpo de Intendencia del Ejército de Tierra (CINET) recibió 1.284 euros en 2012 y 2013, dos cajas de Vega Sicilia entregadas en su domicilio particular de Pontevedra. Al general jefe de la Brigada Paracaidista Juan Cifuentes Álvarez se le enviaron otras dos cajas del afamado Ribera del Duero esos dos años. También fueron obsequiados con el carísimo vino el general Francisco Martín Alonso, director de Transportes del Mando de Apoyo Logístico del Ejército de Tierra, y el coronel José Antonio Casado.

Del poder judicial también aparecen dos nombres en la lista de agasajados de Monbus. Uno de ellos es José Luis Costa Pillado, quien fue magistrado de lo Contencioso en el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia y en 2014 fue propuesto por el Parlamento gallego para magistrado del Tribunal Constitucional. Ahora es presidente del Consello Consultivo de Galicia. Recibió cajas de vino de Raúl López durante cinco años. El segundo es Jacinto Fernández Villalvilla, actual fiscal jefe de Ponferrada (León) y que hasta 2009 ocupó el mismo cargo en Lugo. López le envió vinos por importe de 253,32 euros durante tres años.

De Pokémon a los espías de Esperanza Aguirre

Finalmente, en el informe de Vigilancia Aduanera aparecen nombres vinculados a otros casos de corrupción como el expresidente de la Confederación Hidrográfica Miño-Sil Francisco Fernández Liñares, imputado en la operación Pokémon.

Xoán Cornide, gerente del PSOE entre 2004 y 2014, figura igualmente en la lista. Fue destituido por su implicación en el caso Amy Martin, el nombre de una escritora inexistente que cobró 35.000 euros por unos artículos. Detrás se ocultaba Irene Zoe Alameda, exsesposa de Carlos Mulas, director de la Fundación Ideas, el think tank del PSOE.

Enrique Barón Castaño, director general de Seguridad de la Comunidad de Madrid entre 2008 y 2012 y actualmente comisario general de Información, compareció el pasado abril en la comisión de la Asamblea madrileña que investiga el llamado caso de los espías. Los jueces investigan las “tareas de seguimiento y control” que empleados a sueldo del Gobierno de Esperanza Aguirre llevaron a cabo contra Alfredo Prada y Manuel Cobo, adversarios políticos de la expresidenta madrileña.

El dueño de Monbus declaró ante la juez Pilar de Lara el pasado mes de junio. Cuando se le preguntó por los obsequios enviados a Núñez Feijóo, Alfonso Rueda o Costa Pillado sólo admitió haberles regalado “una botellita de vino”. Pero negó que el presidente de la Xunta se hubiera reunido nunca con él o que el resto de los agasajados le hubieran facilitado trámites o contratos. El pasado noviembre se supo que Abanca, propietaria del 34% de las acciones de Monbus, ha contratado asesores para poner a la venta esa participación.

http://www.infolibre.es/noticias/economia/2016/12/10/un_empresario_imputado_por_corrupcion_regalo_feijoo_botellas_vega_sicilia_por_valor_300_euros_58589_1011.html

34. C.A.MADRID. LA POLICÍA ACUSA AL SENADOR JUAN SOLER DE AMAÑAR CONTRATOS CUANDO ERA ALCALDE DE GETAFE

Varios informes del sumario que investiga la construcción de un teatro en esta localidad madrileña apuntan al ahora senador y diputado regional por el PP como posible responsable de adjudicaciones irregulares

Los agentes que investigan los trámites administrativos para la construcción de un teatro en Getafe creen que el senador Juan Soler (PP), entonces alcalde de este municipio del sur de Madrid, participó activamente en los amaños e irregularidades que se habrían producido a la hora de conceder contratos ligados con este proyecto. La Cadena SER ha tenido acceso al sumario de la causa que investiga la construcción del conocido como Teatro Madrid de Getafe, en el que la Policía Nacional asegura que Soler “podría estar relacionado con la adjudicación irregular de estos contratos” a una empresa investigada por el juzgado número 4 de la localidad.

A lo largo del último año, los agentes de la Brigada Provincial de Policía Judicial han ido vertiendo sus sospechas en una investigación sobre la que acaba de levantarse el secreto sumarial: supuestamente, varios contratos asociados en 2012 a la construcción de este teatro fueron gestionados de forma irregular, adjudicados a dedo y con los contratistas sabiendo de antemano que iban a ser contratados. En un informe del pasado 16 de noviembre, los agentes entienden que estas irregularidades no afectan sólo a técnicos municipales sino a “altos cargos políticos”, entendiendo que personas como Juan Soler pudieron participar “en los delitos investigados o en los conexos”, ya que “se hace difícil interpretar que desconocía todo lo dicho”.

En cuanto a Soler, los agentes explican en diversos informes que su papel habría sido determinante para que la adjudicación del proyecto que daría forma al nuevo teatro cayese en manos de una empresa determinada. Suya fue la decisión, dicen por ejemplo en un informe del pasado 16 de noviembre, de encomendar su gestión a una empresa municipal (GISA) en vez de dejarlo en manos del consistorio, lo que para los agentes fue “tan sólo una maniobra para saltarse la fiscalización de la Intervención, la publicidad en las juntas de gobierno y por lo tanto no informar al resto de grupos políticos, evidenciando una forma de maniobrar cuanto menos irregular”.

La Policía acusa al senador Juan Soler de amañar contratos cuando era alcalde de Getafe

En sus informes no le atribuyen ningún delito concreto ni piden al juez que le cite a declarar como imputado.

Si la encomienda fue “una maniobra”, para los agentes de la Policía la posterior licitación del contrato fue “teatro” para “enmascarar la adjudicación previa” a una empresa, “tratando de dotar de legalidad al concurso”. Para los investigadores, el empresario Julián Vegas y su empresa Vegas Arquitectura iban a ser los adjudicatarios desde el primer momento, con el entonces alcalde proponiendo un “concurso de ideas extraoficial” y no reaccionando cuando supo, supuestamente, que las tres empresas que se presentaban al concurso estaban relacionadas entre sí. En otro informe anterior, fechado en noviembre del año pasado, los agentes ya dejaban caer que el empresario tenía “información privilegiada” antes incluso de ser invitado al concurso o de su misma existencia.

“El alcalde nos va a dar más cosas”

Según el sumario, la Policía Nacional se basa, entre otras cosas, en declaraciones prestadas por otros investigados y testigos. Por ejemplo, una ingeniera técnica industrial que trabajó para Vegas y que aseguró ante los agentes que el empresario le dijo en una ocasión que “no pasa nada si perdemos dinero, el alcalde nos va a dar más cosas”. Para los agentes, el papel de Soler para favorecer a esta empresa podría abarcar la modificación del Plan General de Ordenación Urbana afrontada en 2013. Otro exconsejero de Urbanismo del consistorio afirmó que la idea de este concurso fue de Soler, añadiendo que supo que las tres empresas que concurrieron estaban relacionadas. También entiende la Policía en este mismo informe que la licitación de posteriores concursos, por ejemplo para el derribo del edificio existente, estaban adjudicados “antes de comenzar el concurso”.

Los agentes también explican que la del Teatro Madrid no sería la única irregularidad cometida en esa concejalía de Urbanismo durante los años de Soler, afirmando que “se hace patente que este tipo de tramitación irregular no era algo aislado, sino que se podría decir que era algo más habitual”, apuntando a la construcción de dos escuelas infantiles, la reforma del mercado municipal, la rehabilitación de la fábrica de harinas o diversos contratos públicos.

Juan Soler (PP) desbancó en 2011 a Pedro Castro (PSOE) de la alcaldía de Getafe después de haber sido elegido por Esperanza Aguirre para romper este punto histórico del ‘cinturón rojo’ madrileño de más de 170.000 habitantes. Perdió el bastón de mando en 2015 manteniendo la presidencia del partido en el municipio, pero ganó un asiento en la Asamblea de Madrid como número diez de la lista de Cristina Cifuentes, nombrado también senador por la capital, donde ejerce la portavocía ‘popular’ en Educación.

Soler pide que la causa vaya al Supremo

El sumario también revela que en los últimos meses el senador y diputado regional Juan Soler ha solicitado formalmente al juzgado de Getafe que se inhiba y, por su condición de senador, envíe la causa al Tribunal Supremo, que sería en todo caso el habilitado para investigarle por su aforamiento. En una providencia del pasado siete de septiembre, el Tribunal Supremo se negaba a hacerse cargo de la investigación, tal y como pedían los dos abogados designados por Soler, explicando que “en todo caso” debe ser el juzgado de Getafe el que eleve una exposición razonada si encuentra indicios contra Soler.

La Policía acusa al senador Juan Soler de amañar contratos cuando era alcalde de Getafe

El pasado 24 de noviembre, Soler hacía la petición en el juzgado de Getafe, explicando que “ha asumido la tramitación a pesar de que el juez tenía pleno conocimiento de su condición de aforado”, exigiendo que “se abstenga de continuar la tramitación del presente procedimiento” en relación con Soler y envíe la causa al Supremo. Adjuntan también las certificaciones de la Asamblea de Madrid y del Senado de su condición de diputado regional y senador, respectivamente.

Fuentes del entorno de Juan Soler afirman a la Cadena SER que el senador y diputado regional defiende la gestión de este expediente por parte de GISA, decisión tomada “por agilidad”, además de ser una atribución que tiene esta empresa municipal. También destacan que era una atribución del alcalde que contó, además, con los informes favorables de los técnicos municipales.

Cinco años sin teatro

La construcción de un gran teatro en Getafe fue una de las grandes promesas electorales de Juan Soler tras ser elegido alcalde de la localidad en las elecciones de 2011, y cinco años después sigue coleando en este municipio del sur de la región: el teatro sigue sin construirse y este mes de febrero la alcaldesa Sara Hernández anunció que resolvían el contrato firmado con la constructora al exceder un 26% el precio de la inversión inicial.

Las obras fueron paralizadas en julio de 2015, un mes después de llegar el PSOE a la alcaldía de Getafe, y este mes de enero Hernández también aseguró que el recinto estaría listo para 2017. Siempre ha definido este proyecto como “un capricho” del anterior regidor.

http://cadenaser.com/ser/2016/12/26/tribunales/1482782702_108413.html

35. C.A.MADRID. EL ARQUITECTO DE LOS FAMOSOS, JOAQUÍN TORRES, IMPUTADO EN LOS PUFOS DE GETAFE

Según ha podido saber GRITOS, Joaquín Torres y su socio en la empresa A-Cero, Javier García-Monsalve, están imputados por la policía en la trama de irregularidades en la adjudicación de contratos públicos en el ayuntamiento de Getafe durante el mandato de Juan Soler, senador del PP y parlamentario.

El arquitecto de los famosos y su socio están implicados en el caso Teatro. Según el informe policial, Joaquín Torresse benefició delsupuesto amaño que llevó a cabo el ex alcalde de Getafe, Juan Soler, y construyó dos escuelas infantiles en Los Molinos y Buenavista.

Carlos Sainz denuncia por estafa a la familia del arquitecto de los famosos, Joaquín Torres
El atestado recoge que “existen indicios racionalmente bastantes para considerar su presunta participación en un delito de utilización de información privilegiada” y explica que Joaquín, socio mayoritario de la empresa A-Cero, se aprovechó en beneficio de su empresa de esta información “facilitada por distintas personas del Ayuntamiento de Getafe, relativos a la contratación de la redacción del proyecto de escuela infantil de 12 unidades en Buenavista y Los Molinos respectivamente, meses antes de que estos llegaran a aprobarse por la Junta de Gobierno Local, a través de Javier García-Monsalve, socio director de A-Cero Tech”.

Todo se acordó en una cena en casa del arquitecto
La negociación de los presupuestos tuvo lugar “en el transcurso de una cena en el domicilio de Joaquín Torres, a la que asistieron el alcalde Juan Soler, la concejal Paz Álvarezy el concejal Fernando Lázaro Soler y Javier García-Monsalve entre otras personas”. Una información que se desprende “del análisis de los correos hallados en el ordenador de Rudy Lamas”, uno de los colaboradores más cercanos del exalcalde getafense.

Por estos motivos, tanto Joaquín como su socio, Javier, son citados para informarles de sus derechos “en calidad de investigados no detenidos” y son llamados a declarar por la policía el pasado 24 de noviembre de 2016 “por los delitos por los que se les investiga”. Sin embargo, aunque fueron acompañados por sus abogados, se negaron a prestar declaración.

Según el atestado, “la contratación de los proyectos para las escuelas infantiles fueron adjudicadas a A-Cero Tecnología e Industrialización SL, en la junta de gobierno del 15/10/2013, por unanimidad, asistiendo a la misma además del alcalde Juan Soler, los concejales Paz Álvarez y Antonio José Mesa”.

Soler le encargó también el diseño del mercado municipal de Getafe

También recalca que el 13/09/2012 Rudy Lamas informa a Antonio José Mesa “de la intención de contratar todos los servicios relacionados con las escuelas de Buenavista y Los Molinos con la empresa A-Cero” y meses después Javier García-Monsalve, “en un correo del 21/11/2012 le manifestó a Rudy Lamas tener muy buena relación con el alcalde, quien se interesó por los trabajos de A-Cero y que tenía intención de reunirse con éste para revisar el tema de las escuelas”.

El arquitecto fue el encargado de diseñar también el mercado municipal de Getafe, un espacio de 950 metros cuadrados de tres plantas. Según publicó el digital ‘Getafe Capital’ en 2014 tenía un presupuesto de 1.240.905 euros. Mientras que la redacción del proyecto, los honorarios y la dirección facultativa tenían un coste de 99.800 euros, de los que 52.695 correspondían al diseño y la redacción.

http://www.vozpopuli.com/gritos/Joaquin-Torres-arquitecto-Soler-Getafe_0_985102272.html

35BIS.C.A.MADRID. SOLER UTILIZA SU AFORAMIENTO PARA ‘CARGARSE’ AL JUEZ QUE LLEVA SU CASO

El excalde de Getafe presiona a pesar de que el Supremo ‘paró’ un intento de retirar el asunto de manos del actual instructor

El exalcalde de Getafe, senador y diputado autonómico del PP, Juan Soler, ha intentado imponer su aforamiento en una maniobra para escapar de la investigación por presuntas irregularidades en la construcción de un teatro que lleva el titular de instrucción del Juzgado número 4 de Getafe, Francisco Javier Achaerandio. En medios jurídicos se entiende que presiona al magistrado con la amenaza de una nulidad por estar investigando hechos en los que presuntamente habría actuado un aforado. En todo esto juega un rol fundamental el abogado del propio Soler, el conocido letrado Ignacio Peláez.
Senador, pese a la investigación judicial

La sucesión de hechos fue ésta. En abril de 2015, un vecino de Getafe, Roberto Benítez, activista social, que canaliza sus investigaciones a través de una publicación local, elbercial.com, presentó una querella por presuntas irregularidades cometidas por el Ayuntamiento en torno a la construcción del que se titulaba Centro Europeo de Producción de Artes Audiovisuales y Escénicas. El juez aceptó la querella ante las pruebas y los indicios presentados, e inició una investigación sobre los hechos, en los que habían jugado un papel no sólo el entonces alcalde, Juan Soler, sino también dos concejales más, los delegados de Urbanismo y Hacienda, el Gerente de una empresa pública encargada de realizar las concesiones, GISA, y el responsable del área Jurídica de esta empresa pública.

A partir de ese momento, el instructor, que calificó de ‘graves’ los hechos, apoyado en el trabajo de un cuerpo de policía judicial, en concreto la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta (UDEV), inició una investigación que declaró secreta. Mientras avanzaba el trabajo de juez y Policía, la carrera política de Soler también se desarrollaba.

Aunque perdía en las urnas la alcaldía de Getafe, el político del PP un mes después de iniciarse las investigaciones logró un escaño como diputado autonómico en la Asamblea de Madrid y, más tarde, por decisión del partido liderado ya por Cristina Cifuentes, y a pesar de la investigación en marcha, fue designado como representante de la Comunidad de Madrid en el Senado. Es decir, el primer cargo le daba aforamiento que le aseguraba que cualquier investigación sobre él fuera tan sólo vista por el Tribunal Superior de Madrid; pero el segundo nombramiento, como senador, aún aumentaba más su blindaje, y ya sólo el Supremo podría decidir sobre la conveniencia o no de investigarle.
El Supremo le dice no

Tan pronto como se produjo esta elección, Soler pidió la acreditación de su aforamiento como senador tanto a la Asamblea de Madrid como al propio Senado y la presentó ante el Supremo reclamando que, puesto que él estaba entre las personas involucradas en la investigación de Getafe, se retirara al juez instructor Achaerandio la competencia sobre el caso.

La respuesta del Supremo, fechada en septiembre de 2016, fue sin embargo contraria a su deseo. Y lo fue con contundencia: “Visto el contenido de los escritos presentados, no ha lugar a lo interesado, siendo competencia del Juzgado Instructor elevar, en su caso, exposición razonada a esta Sala”. O lo que es lo mismo, el Supremo no veía razón para retirar al instructor la investigación del asunto pese al blindaje por su aforamiento que Soler argüía. Para dar mayor relevancia a la reacción del Supremo, subrayar que la sala que decidió el asunto, la Segunda, está presidida por el Magistrado Marchena, conocido por ser un juez marcadamente conservador, y el Ponente de la sentencia fue el entonces magistrado José Manuel Maza, actual Fiscal General del Estado por designación del Gobierno de Mariano Rajoy.
Aparece un abogado especialista

Poco después de esta decisión desfavorable para sus intereses, Juan Soler contrataba como abogado a Ignacio Peláez, un letrado con un currículo muy conocido: antiguo fiscal de Anticorrupción en la etapa de Fungairiño, saltó a la luz cuando, como defensor de algunos de los empresarios investigados en la trama Gürtel, presentó la querella que acabó con la separación de Garzón como juez instructor de la causa. Aunque no logró el cierre de la investigación ni la nulidad del proceso.

Al día siguiente de su contratación, 24 de noviembre de 2016, y pese al contenido ya expuesto de la decisión del Supremo, el despacho de Peláez, en nombre de Soler, presentaba ante el juzgado de instrucción de Getafe que lleva la causa, un escrito en el que se solicitaba al instructor Achaerandio “primero, que se abstenga de continuar la tramitación del presente procedimiento” y “segundo, que se eleva a la Sala II del Tribunal Supremo la oportuna exposición razonada, si entiende (sic) que existen elementos incriminatorios, que por tanto deben ser investigados penalmente contra nuestro representado…”.

En medios jurídicos este escrito no se interpreta sino como una maniobra de advertencia, en el sentido de que cualquier actuación del instructor podría tener consecuencias posteriores para poder lograr la nulidad del proceso. Y al tiempo, de presión para que, al contrario de lo que decía el propio Supremo, el juez se sienta obligado a elevar al Alto Tribunal el asunto de manera inmediata, interfiriendo en su capacidad para decidir cuándo llevar a cabo esta actuación y solo si lo considera necesario.

http://www.elplural.com/politica/2016/12/30/soler-utiliza-su-aforamiento-para-cargarse-al-juez-que-lleva-su-caso

36. C.A.MADRID. SOLER PIDIÓ A SU EQUIPO "BORRAR LOS HISTORIALES" ANTES DE DEJAR EL AYUNTAMIENTO DE GETAFE

El sumario del 'caso Teatro' recoge conversaciones de Whatsapp entre Soler y miembros de su equipo un día antes de que la socialista Sara Hernández fuese nombrada nueva alcaldesa del municipio, ordenando "borrar los historiales" y "los mails"

El trece de junio de 2015 sucedieron dos cosas en Getafe: la socialista Sara Hernández tomaba posesión como nueva alcaldesa del municipio, y la Cadena SER revelaba que un juzgado de la localidad había admitido a trámite una querella sobre la construcción del teatro Madrid. Un día antes Juan Soler, regidor popular del municipio los últimos cuatro años, daba una orden a su equipo más cercano: borrar su rastro de los ordenadores del Ayuntamiento que tenían que abandonar.

Conversaciones telefónicas por mensaje intervenidas por la Policía en el transcurso de la investigación revelan este movimiento de Soler y su equipo en un grupo de Whatsapp en el que participaban el propio Soler, varios de sus concejales, asesores y consejeros adscritos a distintas concejalías. A las dos menos ocho minutos uno de estos consejeros decía "Acordaos de borrar el historial completo del ordenador": apenas tres minutos después era el propio Juan Soler - ahora Senador y diputado autonómico con Cifuentes - el que insistía pidiendo que "por favor, borrad los historiales", pidiéndole al anterior que llamase "uno por uno, que siempre alguien lo olvida".

La conversación se produce un día antes de la toma de posesión de Sara Hernández (PSOE) como alcaldesa de Getafe, recuperando uno de los municipios históricos del 'cinturón rojo' de Madrid que Juan Soler arrebató a los socialistas en 2011. Uno de los concejales invita a los miembros del grupo a tomar "unas patatitas" en su despacho, "¡de despedida!" y después se refiere a la petición de Soler: "Lo formateo y no quedan ni las raspas". Otra concejala afirma media hora más tarde que "lo que deberíamos hacer también es borrar el contenido del mail" a lo que Soler contesta que "borrad los mails, tiene razón".

Son conversaciones de Whatsapp intervenidas por el grupo XXVI de la Jefatura Superior de Madrid en el teléfono móvil de uno de los entonces concejales del Ayuntamiento de Getafe a los que también acusa de participar en los amaños de contratos públicos durante la época de Soler como regidor: conversaciones que, según explica el informe, "por su contenido pudieran tener relación con la investigación".

La preocupación de Juan Soler

Meses después, en marzo de 2016, el 'caso Teatro' subía un peldaño: el juzgado número 4 de Getafe ordenaba la detención de cinco personas relacionadas con el expediente, entre ellas altos cargos de Urbanismo y el exgerente de la empresa municipal GISA, responsable de las adjudicaciones. Ese mismo día, Radio Madrid desvelaba un informe en el que la Policía Nacional detallaba el rosario de irregularidades supuestamente cometido durante la gestión de la gran promesa electoral del Partido Popular en el municipio.

Una semana más tarde, un preocupado Juan Soler se ponía en contacto con uno de sus concejales para interesarse sobre este asunto: "¿Yo no firmé nunca nada de obras ni de nada que tuviera reparo alguno de Secretaria o Intervención, no?", le pregunta, añadiendo que "tú lo visabas todo y lo visabas muy bien y a mí me dejaba tranquilo". El concejal asegura que de urbanismo no, pero no pone la mano en el fuego por la encomienda de gestión a GISA del expediente del teatro que investiga la Justicia: "Se hizo en mis vacaciones, cuando regresé se había aprobado la encomienda ya", se limita a decir el concejal.

http://cadenaser.com/ser/2016/12/26/tribunales/1482783160_142331.html

36BIS. C.A. MADRID. EL CONVULSO GRUPO DE CIFUENTES: 19 BAJAS EN 18 MESES Y SIN APOYOS PARA LOS PRESUPUESTOS DE 2017

El 40% de los diputados electos han abandonado: por estar imputados, haber sido ascendidos al Gobierno regional e incluso por negarse a publicar sus bienes

Las investigaciones judiciales amenazan con provocar nuevas dimisiones ya que tres parlamentarios están salpicados por casos de corrupción

Su exigua mayoría ha quedado en evidencia con la baja de la diputada que acusa al portavoz de acoso y sin cuyo voto no se pueden aprobar los presupuestos

Cristina Cifuentes ganó las elecciones de mayo de 2015 con 48 diputados. Pero ese grupo parlamentario, que suma sus votos al de Ciudadanos para sacar adelante las iniciativas del PP, ha visto cómo 19 parlamentarios dejaban su acta y tenían que ser sustituidos. Algunos, por iniciativa propia; otros, forzados por las investigaciones por corrupción u otros escándalos. Mientras el partido busca al sustituto del último diputado que se ha bajado del barco, es te viernes el equipo de Gobierno regional se reunirá para prorrogar los presupuestos para el año que entra. La baja por depresión de una diputada que acusa al portavoz del grupo de acoso laboral le deja sin mayoría para aprobar las cuentas de 2017.

La última baja en las filas populares de la Asamblea de Madrid ha tenido lugar hace tan solo unos días. Luis Peral comunicaba que dejaba su escaño por motivos personales, después de haber votado contra las leyes sobre los vientres de alquiler o la LGTBIfobia, saltándose la disciplina del grupo parlamentario. Tras abandonar la Asamblea dijo que seguía comprometido "con la vida y la familia", dejando claro que su marcha se debía a discrepancias ideológicas.

Su renuncia obliga al PP a nombrar un sustituto, y el partido busca ya en el número 67 de su lista electoral. Hasta ese punto han corrido los puestos debido al alto número de bajas. El escaño de Peral tendría que ser ocupado por Eduardo Oficialdegui, aunque desde el partido apuntan a que podría rechazar el acta porque trabaja en la empresa privada. Si esto ocurre, habría que seguir bajando puestos en la lista.

Que el PP tenga que buscar sus nuevos diputados tan abajo es consecuencia del enorme número de bajas que se han producido en el último año y medio, y desde el mismo momento en el que Cifuentes ganó las elecciones. En total, 19 diputados, el 39,5% del grupo.

Cuatro diputados ni siquiera recogieron su acta tras los comicios. Algunos porque fueron elegidos para cargos técnicos, como es el caso de Manuel Quintanar o Miguel Ángel Ruíz, para los que Cifuentes exigía dedicación exclusiva. Los saltos a puestos técnicos se han ido sucediendo, y varios diputados han dejado su cargo en la Asamblea para ir al Gobierno regional. Es el caso de José Tortosa de la Iglesia, Cristina Álvarez o Eva Tormo.

Otros tenían motivos diferentes. Borja Sarasola, que había sido consejero con Ignacio González, no recogió su acta de diputado y anunció que se iba a la empresa privada. Un mes después se supo que le investigaba el juez del caso Púnica, que no le había imputado formalmente por su condición de diputado electo. Uno de los casos que más ruido generó fue el de José Cabrera. Tras cinco legislaturas en la Asamblea, dejó su asiento porque no quería hacer pública su declaración de bienes, como obliga la Ley. Salió ovacionado por sus compañeros de grupo.

Pero la baja más sonada ha sido la de Daniel Ortiz. Tuvo que dejar su escaño tras ser imputado por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid por haber cobrado una comisión de 240.000 euros de una empresa de la Púnica a cambio de una adjudicación cuando era alcalde de Móstoles. Ortiz dimitió cuando fue imputado, porque así lo exige el pacto que el PP firmó con Ciudadanos.

Ese pacto amenaza con llevarse por delante a otros diputados implicados en casos de corrupción, y sobre los que se han ido conociendo detalles de investigaciones que les salpican. Es el caso de Bartolomé González, al que la Guardia Civil acusa de haber cobrado una comisión de 60.000 euros de la misma empresa que habría sobornado a Ortiz.

Al borde de la imputación está María José Aguado, a quien el juez José de la Mata ha ofrecido declarar voluntariamente como investigada por su papel en el fraccionamiento de contratos en Arganda del Rey. El último sobre el que recaen sospechas de corrupción es Juan Soler, al que la Policía acusa de amañar contratos cuando era alcalde de Getafe.

Sin mayoría para aprobar los presupuestos

Una de las bajas en el grupo que sustenta a Cifuentes al frente de la Comunidad de Madrid evidencia lo exiguo de su mayoría parlamentaria. José Ignacio Echeverría chocó con su automóvil en diciembre de 2015 y dio 0,66 mililitros de alcohol por litro de aire respirado. Interrumpió su convalecencia para ir a votar los presupuestos a la Asamblea, y ese mismo día dejó su acta. Tuvo que acudir a la votación porque sin él, los presupuestos no habrían salido adelante.

En esas se encuentra el Gobierno regional un año después. Su único escaño de ventaja frente al bloque de PSOE y Podemos se ha esfumado. La diputada Elena González-Moñux no acude a la Asamblea desde hace un par de meses, de baja por depresión. Ha denunciado al portavoz del grupo, Enrique Ossorio, por acoso laboral después de constantes "vejaciones y humillaciones".

Mientras se resuelve su querella, González-Moñux avisa de que no acudirá a votar, al menos durante los próximos meses. El PP la ha apartado de la dirección del grupo durante su baja y ha respaldado en bloque a Ossorio, que respondió con una denuncia por injurias. Sin su voto, los diputados que suman PP y Ciudadanos son 64, los mismos que tienen PSOE y Podemos. Si los presupuestos se debatiesen ahora en la Asamblea, estos dos últimos partidos podrían bloquear su aprobación votando en contra. Al igual que el resto de iniciativas, los presupuestos pueden votarse hasta tres veces. A la tercera, decaen.

El Gobierno regional ha retrasado la elaboración de los presupuestos, argumentando en un primer momento que no se había aprobado el techo de gasto y los objetivos de déficit para 2017. Pero ya con esas cifras encima de la mesa, el Ejecutivo tiene que prorrogar los actuales y dejar para más adelante las cuentas para el próximo año.

Antes de la baja de su diputada, Cifuentes alertó de las consecuencias de prorrogar los presupuestos regionales. Lo hizo en septiembre de este año, en plenas negociaciones para la investidura de Mariano Rajoy. Si no se formaba Gobierno y la Comunidad de Madrid tenía que aplazar la aprobación de sus cuentas, habría consecuencias para la prestación de servicios, se congelarían los salarios de los funcionarios y se demoraría el pago a proveedores. Ahora la Comunidad se enfrenta a ese escenario, pero por circunstancias muy distintas.

http://www.eldiario.es/madrid/convulso-parlamentario-Cifuentes-mayoria-presupuestos_0_595991041.html

37. C.A.MADRID. ¿CORRUPCIÓN? «NO HAY CONSTANCIA DE TAL AFECCIÓN» EN LAS ARCAS REGIONALES

La Comunidad dice no tener noticia de que las irregularidades hayan afectado erario público autonómico

La Comunidad de Madrid tiene el dudoso honor de haberse ganado en los últimos años el ser una referencia de la corrupción en España. Pero, esa realidad que cuentan los tribunales y los medios apenas tiene reflejo en la Administración municipal. Así lo constata el Gobierno autonómico a una contestación parlamentaria del diputado socialista Juan Segovia que quería saber el impacto que había tenido en las cuentas de la Comunidad de Madrid las tramas de corrupción que han afectado a la región.«Se informa que no hay constancia de que se haya producido tal afección», precisa en su escrito el Ejecutivo autonómico. «Las cuentas públicas de la Comunidad de Madrid -prosigue- se elaboran, ejecutan y supervisan con absoluta transparencia y rigor. No obstante y en todo caso, cualquier supuesto que se encuentre en vía judicial se substanciará en ese ámbito», concluye.

La respuesta no ha convencido demasiado a Juan Segovia. «Es una tomadura de pelo. Siguen utilizando las formas de quienes se siguen creyendo impunes aunque, afortunadamente, cada vez lo son menos», dice.A su juicio, el Gobierno regional «demuestra no tener el más mínimo pudor, tras lo que hemos visto hasta ahora en materia de corrupción. Tampoco parece que tenga muchas ganas de colaborar en el esclarecimiento de lo que ha ocurrido en Madrid», sentencia.

Por encima de los casos locales de corrupción surgidos en diferentes pueblos de la región hay dos tramas de corrupción que han afectado directamente a la Administración autonómica, uno es 'Gürtel' y el otro 'Púnica'.

En el primero, que se está juzgando la primera parte, tiene como protagonista y cabecilla a Francisco Correa y, en lo que tiene que ver con la Administración autonómica, el que fuera consejero de Deportes, Alberto López Viejo. Según consta en el auto de 26 del noviembre de 2014 del Juzgado Central de Instrucción nº5 de la Audiencia Nacional la trama consiguió contratos con la Comunidad por valor de 8.754.066,66 euros, lo que les permitió conseguir de forma ilícita 4.915.742,17 euros, dinero en el que se incluye la comisión del 5% que cobraba López Viejo por las adjudicaciones, según se señala en el documento.

Las actuaciones se realizaron entre 2004 y 2008. El entonces consejero no intervino sólo. En el auto se señala también a Pedro Rodríguez Pendas, su asesor y Carlos Clemente Aguado, director general de Inmigración, Cooperación al Desarrollo y Voluntariado entre 2003 y 2005, y viceconsejero de Inmigración y Cooperación entre los años 2006 y 2008. La otra trama de corrupción, 'Púnica', tiene que ver con el que fuera uno de los hombres fuertes del Gobierno de Esperanza Aguirre, su 'número 2' en el PP. A Francisco Granados, en prisión preventiva desde hace más de dos años, se le atribuye la creación de una red delictiva que facilitaba, supuestamente, la adjudicación de servicios públicos por valor de 250 millones de euros. A cambio, habría recibido comisiones ilegales. La próxima semana declarará voluntariamente ante el juez que instruye la causa.

http://www.elmundo.es/madrid/2016/12/15/58519405268e3eb2568b4612.html

38. C.A.MADRID. LA COMUNIDAD FRACCIONÓ CONTRATOS CON EL AVAL DE CIFUENTES

El Consejo de Gobierno validó un contrato que la Consejería de Presidencia troceó para evitar que el servicio saliera a concurso público

La Comunidad de Madrid fraccionó contratos de traducción y evitó así sacarlos a concurso. Según los documentos a los que ha tenido acceso la Cadena SER, la Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno elaboró dos contratos concedidos a la empresa Ofilingua para un mismo servicio de traducción en el Macrojuicio del "fraude de las loterías o cartas nigerianas".

El proceso empezó el pasado 1 de febrero, la misma fecha en la que comienzan ambos contratos. También tienen la misma duración -78 días- y el mismo importe de adjudicación -14.483 euros-. La suma de ambos es de 28.966 euros, muy superior a los 18.000 euros por los que, según la Ley de Contratos del Sector Público, un contrato menor debe sacarse a concurso.

La Intervención General de la Comunidad de Madrid advirtió de esta irregularidad a la Consejería. Sin embargo, el departamento dirigido por Ángel Garrido no rectificó y siguió adelante con los contratos, llevándolos hasta el Consejo de Gobierno para que éste ratificara el gasto, a pesar de ser irregular.

El Consejo de Gobierno, que preside Cristina Cifuentes, dio el visto bueno al desembolso de esa cantidad hace tan solo tres semanas, el pasado 5 de diciembre,

"Defecto de procedimiento"

Fuentes de la Consejería reconocen un "defecto de procedimiento" y lo achacan a "las prisas" que exigía el proceso judicial. Según argumentan, la necesidad de traductores para el mencionado juicio se comunicó con poca antelación (dos meses antes) y no había suficiente tiempo para realizar un concurso público. Por eso, pidieron presupuesto a tres empresas y al final se adjudicó el servicio a dedo a la empresa de traducción Ofilingua. Desde Presidencia defienden que fue la compañía que presentó mejor el mejor precio y califican la actuación como "legal" dado que tiene el sello de aprobación del Gobierno regional.

http://cadenaser.com/emisora/2016/12/20/radio_madrid/1482218398_686057.html

39. C.A.MADRID. CIFUENTES ENERVA A LOS MÉDICOS: SEGUIRÁN SIN LIBRAR DOS DÍAS TRAS UNA GUARDIA DE 24 HORAS

Sanidad recurre ante el Supremo la sentencia que obliga a descansar domingo y lunes si un facultativo trabaja el sábado. En Madrid solo se libra el domingo desde el año 2012

"Maniobra poco ética", "prevaricación", "maltrato"... Los médicos madrileños están que trinan con el Gobierno regional que preside Cristina Cifuentes. La Comunidad de Madrid ha decidido recurrir ante el Tribunal Supremo la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) que les daba la razón en el descanso al que tienen derecho tras trabajar una guardia de 24 horas en sábado o día previo al festivo. El recurso presentado por el Ejecutivo autonómico impide que se aplique así lo dictado por el TSJM, que a su vez ha ratificado otra sentencia del juzgado de lo contencioso número 5 de Madrid.

La reclamación la pusieron 26 médicos del Servicio Madrileño de Salud (Sermas). Los facultativos de menos de 50 años están obligados a hacer guardias. Por ejemplo, un médico que trabaja de lunes a viernes y luego tiene una guardia el sábado de 24 horas ahora solo libra el domingo, según la Ley 4/2012, de 4 de julio, de modificación de los Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid. Sin embargo, la sentencia del TSJM, de 30 de septiembre de este año, reconoce el derecho al descanso semanal ininterrumpido de 36 horas. Es decir, que si en una semana el médico no descansa esas 36 horas, por razones asistenciales, en los siguientes siete días debe disfrutar de 72 horas libres. O lo que es lo mismo, si tiene guardia el sábado, debe descansar domingo y lunes.

Quieren trabajar 37,5 horas a la semana, como el resto de funcionarios, para no perder 200 euros de la nómina. Habrá más concentraciones el 15 y el 22 de junio

El TSJM rechaza así lo que establece la ley autonómica. El Gobierno de Esperanza Aguirre fijó en el año 2012 que tras una guardia, el descanso se realizaría las 24 horas posteriores, matizando que si la guardia se hace el sábado, el descanso será el domingo, volviendo a trabajar el lunes. Según el tribunal madrileño, no obstante, prevalece el derecho de descanso semanal recogido en la Directiva Europea 2003/88. La Consejería de Sanidad asegura que la sentencia del TSJM no es firme, y que tras su recurso deberá resolver el Supremo. Además, recalcan que la sentencia no establece un reconocimiento general a todos los médicos del Sermas que realizan guardias, solo a los 26 profesionales que denunciaron.

Julián Ezquerra, secretario general de Amyts (el mayor sindicato de médicos y titulados superiores), explica que han presentado un recurso para que la sentencia se haga extensiva a todos los médicos que hacen guardia. "Estamos hablando de nuestro descanso. Lo que hace la comunidad es una dilación innecesaria, una maniobra poco ética, ya que el Supremo nos dará la razón. Se está poniendo en riesgo a médicos y pacientes, ya que un profesional de la salud debe descansar adecuadamente para dar una buena atención".
Reclamaciones individuales

Para Mónica García, diputada de Podemos y trabajadora del Sermas, el recurso presentado por la comunidad revela que Sanidad "no quiere que tengamos derecho a nuestras 36 horas de descanso semanal. Esto es un derecho universal. Y nos va a obligar a todos los médicos de Madrid a reclamar en los juzgados uno a uno, con el coste que esto supone en abogados y en costas judiciales, porque la comunidad va a perder. Es un derecho que ya está amparado judicialmente. No hay que olvidar además que las horas de guardia no computan como horas trabajadas".

La plantilla se ha reducido un 7% desde el año 2009. El 35% no es fijo y el 13,6% tiene más de 60 años. El colectivo de enfermería lleva siete años sin oposiciones para renovar plazas

Carlos Castaño, portavoz de la Asociación de Facultativos Especialistas de Madrid (AFEM), va más allá y asegura que la comunidad "roza la prevaricación cuando en 2012 se sacó de la manga una ley para privarnos del descanso semanal", es decir, "dictando una resolución a sabiendas de que era injusta. Esto es maltrato", afirma Castaño, que cree que la Administración debería ser condenada además por su mala fe, ya que el Supremo ha fallado a favor de los médicos en otras comunidades, como en Andalucía.

Sanidad cambió la ley en 2012 para "racionalizar el gasto público" y establecer un descanso de 24 horas inmediatamente después de la guardia, prohibiendo específicamente el descanso el lunes si se trabaja un sábado "por razones organizativas y asistenciales". ¿Por qué? La comunidad asegura que no quiere impedir el descanso de los facultativos, sino que este se debe "armonizar" con las necesidades del servicio y los derechos de los ciudadanos, que verían como muchas citas se desprogramarían el lunes si los médicos que han trabajado el sábado descansan.

"La prolongación del descanso domingo y lunes perjudica a la actividad asistencial". Según Sanidad, la directiva europea establece excepciones legales al descanso mínimo semanal si se fijan compensaciones de periodos equivalentes de descanso. Es lo que ahora quiere negociar el Gobierno regional, una serie de compensaciones a cambio de que el descanso siga sin ser continuado. Para la diputada García, la explicación de Sanidad no es real. "Lo hacen para no contratar más personal. Por esa regla de tres, nunca habría guardias. Y los que trabajan en domingo y libran el lunes, no pasan consulta ese día". En la región hay 15.600 médicos.

http://www.elconfidencial.com/espana/madrid/2016-12-22/cifuentes-cabrea-medicos-seguiran-sin-librar-trabajar-guardia-24-horas_1307675/

40. C.A.MADRID. EL CONSEJERO DE EDUCACIÓN DE CIFUENTES DIO A DEDO DOS PLAZAS EN LA REY JUAN CARLOS CUANDO ERA VICERRECTOR

Rafael Van Grieken, que ha evitado criticar directamente al rector Suárez por los plagios, fue colega suyo en la URJC. El consejero tiene allí su plaza de catedrático

Otorgó dos plazas de investigación por decisión personal y sin más evaluación que la suya, lo que le costó a la universidad una condena judicial en 2011

Cuatro años después, hizo el proceso ajustado a norma como decía la sentencia, y fue el presidente de la comisión que adjudicó esas dos plazas a las dos mismas personas

"El gobierno no va a opinar en un asunto que no es un asunto de gobierno". Son las primeras, últimas y únicas declaraciones de l consejero de Educación de la Comunidad de Madrid, Rafael Van Grieken, sobre el mayor caso de plagio conocido en una universidad, el del rector de la Rey Juan Carlos, un campus madrileño financiado por la Comunidad de Madrid con más de 120 millones al año.

El consejero de Cristina Cifuentes aducía el 15 de diciembre "autonomía universitaria" y no se pronunciaba directamente sobre Suárez o su posible dimisión, aunque aceptaba que el plagio está mal en general. La misma postura de la presidenta autonómica. Esa autonomía impide tomar decisiones aunque no impide hacer declaraciones.

Van Grieken conoce bien esta universidad: es catedrático de Ingeniería Química allí y además ha sido vicerrector durante diez años con el exrector Pedro González-Trevijano, actualmente miembro del Tribunal Constitucional. También conoce bien al actual rector, Fernando Suárez, porque ambos han sido colegas y este último también era vicerrector en el mismo periodo.

Además, ha dirigido la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (Aneca), que es el organismo estatal dependiente del Ministerio de Educación encargado de dar los sexenios (pluses por investigación) y acreditar a los docentes.

Dos plazas de 50.000 euros al año

Siendo vicerrector de la Rey Juan Carlos (de 2003 a 2013), la actuación de Van Grieken en la concesión arbitraria y personal de dos puestos le valió a la universidad una condena de la justicia de Madrid. Era el encargado del área de Investigación y sacó en 2008 una convocatoria de dos plazas de "intensificación de la actividad investigadora", es decir, reducir las horas de docencia a dos profesores para que se dedicaran a investigar. Esos puestos estaban dotados con 50.000 euros por profesor para un año y los financiaba el Ministerio y la Comunidad de Madrid.

Según la convocatoria que firmó Van Grieken, a la que ha tenido acceso eldiario.es, la selección de los candidatos se haría "por la Universidad Rey Juan Carlos, que valorará los méritos presentados por los profesores/investigadores". Lo que pasó en realidad, según sentenció el Juzgado Contencioso Administrativo 31 de Madrid, es que el vicerrector Van Grieken, y solo él, decidió los destinatarios de las plazas, sin más garantía que su criterio personal.

Sin comisión evaluadora y sin que ningún otro organismo o persona valorara a los candidatos o viera su documentación: "No existe en todo el expediente rastro de la intervención de otro órgano que el Vicerrector (...). Se ha producido una sustitución por parte del vicerrector (...) que debió realizarse en el seno de la Comisión de Investigación o subcomisión creada al respecto", dice el fallo. El expediente, los candidatos, sus currículos, sus méritos, la documentación y la resolución pasó solo por él.

El demandante fue el profesor David Ríos, entonces también vicerrector, que se había presentado junto a los otros dos candidatos que fueron elegidos por Van Grieken. Ríos, que no fue seleccionado, le disputó más tarde a Suárez el rectorado y es el docente al que el actual rector amenazó. Ahora está en excedencia.

Ríos en su demanda también acusaba al vicerrector de manipular los expedientes e incluir documentación de esos dos candidatos a posteriori. La sentencia confirma que ese expediente no se trató por los cauces normales y que hay documentación que se aportó directamente al vicerrectorado en lugar de hacerse por administración.

También confirma el fallo que Van Grieken pidió al jefe de servicio de personal los datos de las horas docentes de los aspirantes pese a que eso no estaba entre los requisitos ni recogido en la convocatoria, como había denunciado también Ríos.

Por toda esa "sustitución" del proceso personificada en el vicerrector, el tribunal ordenó volver atrás la convocatoria en lo que se conoce como nulidad de acto administrativo, que se produce cuando hay un defecto administrativo tan grave que no se puede sanar y hay que volver a repetirlo como si nunca se hubiera producido.

Así, la sentencia conmina a "anular la resolución impugnada por no ser conforme a derecho y ordenar retrotraer las actuaciones al momento inmediatamente anterior" a la convocatoria. Es decir, repetir el proceso con las garantías administrativas y con un comité evaluador. La sentencia no fue recurrida por la Universidad Rey Juan Carlos, que asumió el fallo.

Se cumplió la sentencia, se nombró una subcomisión evaluadora y la presidió el vicerrector Van Grieken. La decisión de ese órgano fue otorgar esas plazas a los dos mismos candidatos tras una evaluación otra vez de las tres solicitudes. José Aguado y David Serrano fueron los seleccionados en 2012, cuatro años después de la primera selección personal hecha por Van Grieken.

Fuentes de la Consejería de Educación confirman todo este proceso judicial y puntualizan que "se corrigió la situación" y se da por zanjado, ya que este segundo procedimiento "nadie lo ha dado por erróneo". Preguntadas las mismas fuentes sobre si puede influir en la gestión del caso del plagio que el consejero sea catedrático de la Rey Juan Carlos, desde Educación se muestran contundentes: "No tiene nada que ver, no influye, hay autonomía universitaria y la posición de la Consejería está en la línea de la Presidencia de la Comunidad de Madrid".

http://www.eldiario.es/sociedad/Educacion-Cifuentes-Rey-Juan-Carlos_0_592491094.html

41. C.A.MADRID. CIFUENTES SUBVENCIONA CON 53.000 EUROS LA RESTAURACIÓN DE UNA IGLESIA QUE HOMENAJEA A FRANCO

El Foro por la Memoria denuncia que la Comunidad de Madrid ha aportado 53.462,82 euros para restaurar la iglesia de San Fermín de los Navarros en Madrid, que mantiene dos placas en homenaje a los caídos y al dictador y donde se celebró el 20 de noviembre de 2015 un homenaje a Francisco Franco y a José Antonio Primo de Rivera.

El Foro por la Memoria de la Comunidad de Madrid ha acusado al Gobierno regional de Cristina Cifuentes (PP) de incumplir la Ley de Memoria Histórica por subvencionar la restauración de la Iglesia de San Fermín de los Navarros en Madrid cuando mantiene dos placas franquistas. Esta iglesia, además, albergó el homenaje realizado al dictador Francisco Franco y al fundador de Falange, José Antonio Primo de Rivera, el 20 de noviembre de 2015, tal y como denunció Público y se puede ver en el vídeo que acompaña esta noticia.

La obra en cuestión cuenta con una inversión de 53.462,82 euros y está destinada a la restauración de la torre y el cuerpo norte de esta parroquia, ubicada en Chamberí. Como reza en el cartel de los trabajos, es un proyecto subvencionado por la Dirección General de Patrimonio Cultural de la Oficina de Cultura y Turismo.

Desde el Foro por la Memoria critican la esta ayuda porque la fachada de la iglesia mantiene dos placas franquistas en su fachada: la primera, con los nombres de "mártires inmolados por la santa causa de la religión y la patria, 1936-1939"; y la segunda, encabezada por la Laureada de San Fernando, recoge dos citas de discursos de Franco.

La primera cita ensalza el papel de Navarra en el movimiento nacional y en homenaje a "quien tan reciamente atesora las virtudes de la raza". En concreto, se concede "a la provincia de Navarra la Cruz Laureada de San Fernando que desde hoy debería grabar en su escudo".

La segunda cita recoge el siguiente texto: "Pueblo de Navarra, espíritu de España: sois la flor de nuestras costumbres, sois el hálito de España en los momentos del Alzamiento Nacional, la sangre de vuestros héroes, el espíritu de vuestra plaza, la generosidad de vuestras madres quedará grabada en mi corazón y en el de todos los españoles. Hoy España os rinde el homenaje debido a vuestro a vuestro entusiasmo, a vuestro espíritu, a vuestra fe de buenos españoles y vuestra grandeza de católicos".

La iglesia está en proceso de restauración con un presupuesto total de 234.435,14 euros y la Comunidad de Madrid invierte en los trabajos 53.462,82 euros, un 22,80% del total.

http://www.publico.es/politica/cifuentes-subvenciona-53-000-euros.html

42. C.A.MADRID. TELEMADRID: LAS ENTRETELAS DE UN CONCURSO PÚBLICO BAJO LA SOMBRA DEL “PUCHERAZO”

El método de selección del candidato a director general de Telemadrid ha generado suspicacias dentro y fuera de esta televisión. Son varias voces las que han denunciado que José Pablo López, el elegido, está apadrinado por el Gobierno autonómico, lo que ha desatado una fuerte polémica.

El guión de la reunión del Consejo de Administración de Telemadrid del pasado lunes pudo haberse escrito hace varios meses. Exactamente, el pasado 4 de mayo, cuando la prensa publicó que José Pablo López (13TV) era el máximo favorito para dirigir este canal. Su nombre se filtró antes de que se constituyera la nueva sociedad que da cobertura a esta televisión y, evidentemente, antes de que se convocara el concurso público que debía servir para elegir a un director general con un perfil independiente. Esto ha generado suspicacias dentro y fuera del ente público, puesto que se sospecha que su candidatura ha estado apadrinada por algunos grupos políticos.

La historia de la Telemadrid del último año y medio se ha desarrollado entre dos mundos. Uno de ellos es el de las ideas. El del wishful thinking de quienes aspiraron –al menos, en apariencia- a convertirla en la primera televisión autonómica verdaderamente despolitizada, pero fracasaron en su empeño cuando se encontraron con un muro: el que separa los pensamientos utópicos del mundo real. Y en el universo material existe una ley no escrita que dicta que ningún gobierno está dispuesto a renunciar al control de un medio de comunicación que actúa dentro de su jurisdicción y se financia a través de los presupuestos estatales, regionales o locales.

El pasado lunes, los nuevos consejeros de esta televisión autonómica se citaron para analizar los proyectos de los 36 candidatos a dirigir Telemadrid. Su misión era proponer un nombre de entre todos ellos para que próximamente pueda ser ratificado por la Asamblea de Madrid. La decisión de elegir a José Pablo López la tomaron en tres horas y media. “Sospechosamente rápido”, según reconoce uno de los periodistas cuya candidatura no prosperó.

Cada uno de los nueve miembros de este órgano propuso a tres candidatos. Para seleccionar el mejor proyecto de todos los que pasaron esta primera criba, se realizaron cuatro votaciones. En todas ellas, López obtuvo cinco votos a favor, según detallan a Vozpópuli fuentes conocedoras de lo que aconteció en la reunión.

Uno de los candidatos a director general de Telemadrid ha impugnado el concurso público. “No se ha actuado con transparencia", indica en su recurso.

Pocas después de que trascendiera el resultado, uno de los postulantes, Enrique Riobóo, remitió un recurso de reposición al presidente del Consejo en el que denunciaba las irregularidades que observó en este procedimiento público. “No se ha actuado con transparencia en el proceso ni se ha garantizado (…) la igualdad, mérito y capacidad que se mencionan en las propias bases de la convocatoria”, señala en el documento.

En declaraciones a este periódico, el afectado incide en que el Consejo renunció a su derecho de solicitar la comparecencia de los candidatos para aclarar cualquier aspecto relacionado con su proyecto o con su currículum. “Esto podría denotar que en realidad la selección ha sido un espejismo o un sucedáneo de un proceso para justificar el nombramiento de un candidato ya preconcebido. De esta forma, queda viciado todo el procedimiento”, añade en el recurso.

Algunos miembros del máximo órgano de gobierno de Telemadrid sugirieron la posibilidad de que se realizaran entrevistas a algunos postulantes, pero la mayoría de los miembros -quienes apoyaron a López- rechazaron la propuesta, alegando que eso retrasaría el nombramiento del sustituto de Ángel Martín Vizcaíno al frente del canal.

Pero aún hay más. Según ha podido saber este periódico, personas próximas al Gobierno autonómico sondearon el pasado abril a expertos en el mundo de la televisión, con una dilatada trayectoria en este medio de comunicación, para animarles a presentar su candidatura a la Dirección General de Telemadrid. Pocos días después de que tuvieran lugar esas conversaciones, la prensa publicó el nombre de José Pablo López. “Es el favorito para dirigir Telemadrid tras gestionar 13TV”, aseguró El Español. Siete meses después, se ha cumplido lo publicado con una asombrosa exactitud.

Nada ha cambiado en las televisiones públicas
Más de un año y medio después de las últimas elecciones autonómicas, en las que la irrupción de Podemos y Ciudadanos en los parlamentos autonómicos hizo pensar a una parte de la sociedad española que la ‘nueva política’ iba a traer aire fresco a estas Administraciones, lo cierto es que la vida sigue igual. Al menos, en lo que respecta a las televisiones autonómicas.

La misma noche de los comicios del 24 de mayo de 2015, Emiliano García-Page pidió la dimisión de Nacho Villa como director de Castilla-La Mancha Televisión y prometió que las cosas iban a cambiar. Pocos meses después, estalló un conflicto en este medio de comunicación cuando dos de los editores de sus informativos fueron destituidos por su forma de abordar el incendio del cementerio de neumáticos de Seseña. Su cese se produjo después de que los noticiarios de la cadena emitieran unas declaraciones de Francisco Hernando, El Pocero, en las que exigía la dimisión del presidente autonómico.

En la Comunidad Valenciana, Ximo Puig y su equipo han sido acusados por la representación de los trabajadores del antiguo Canal Nou de querer abrir una nueva televisión autonómica con periodistas afines a su proyecto político. Es decir, sin correr el riesgo de contratar a exempleados de la Radiotelevisión Valenciana que, en algunos casos, identifican con la Administración del Partido Popular. Y en regiones como Andalucía (Canal Sur), Cataluña (TV-3), Galicia (TVG) o País Vasco (EiTB), nada ha cambiado, y las acusaciones de que sus gobiernos autonómicos controlan férreamente la línea editorial de sus televisiones públicas son demasiado frecuentes.

Dos editores de informativos de la televisión de Castilla-La Mancha fueron destituidos tras la emisión de una noticia perjudicial para Emiliano García-Page.

A nivel estatal, RTVE siempre se encuentra en el centro de la polémica. Sus informativos han sido acusados prácticamente en todas las legislaturas de defender los intereses del gobierno de turno; y sus más altos despachos han estado (y están) regentados habitualmente por personas más cercanas a los cuarteles generales de los partidos políticos que al sector audiovisual. Su propio presidente reconoció en el Parlamento, en 2015, ser votante del Partido Popular, algo totalmente lícito, pero que, desde luego, no ayudó a desterrar la imagen de televisión controlada por el Ejecutivo.

El pasado 7 de noviembre, el último barómetro del CIS desveló que TVE ha dejado de ser la televisión preferida por los españoles para informarse de la actualidad política y electoral. Tan sólo un 19,2% de los encuestados expresaron su predilección por la cadena pública, frente al 39,4% de hace cuatro años. Su descrédito ha aumentado a marchas forzadas. Casi al mismo ritmo al que se ha producido su pérdida de audiencia, que en este tiempo ha sido preocupante. Como la de los medios de comunicación autonómicos.

A estas alturas, no hay ninguna duda de que estas empresas públicas padecen la mayor crisis de su historia. Y su resolución no parece que pase porque los partidos mantengan el férreo control que ejercen sobre ellas.

http://www.vozpopuli.com/medios/Telemadrid-entretelas-concurso-publico-pucherazo_0_977303531.html

43. C.A.MADRID. EL CANDIDATO A DIRIGIR TELEMADRID NO LOGRA EL APOYO DEL PSOE Y PODEMOS

La decisión final sobre José Pablo López Sánchez se someterá a votación ante el pleno de la Asamblea

La Comisión de Control de la Asamblea de Madrid ha dado el visto bueno esta mañana a José Pablo López Sánchez como candidato para dirigir Telemadrid con los votos a favor del Partido Popular y Ciudadanos y las abstenciones de Podemos y los socialistas. López Sánchez, director general de la cadena 13TV desde 2010 y exalto cargo de laSexta, fue propuesto y avalado por el consejo de administración el pasado 11 de noviembre por mayoría simple. La decisión final sobre su nombramiento se someterá a una votación ante el pleno de la Asamblea que deberá aprobarse por una mayoría reforzada de dos tercios.

López Sánchez ha incidido en la importancia de dar por finalizada esta etapa del ente público. Una de las novedades dentro del proyecto que ha presentado es recuperar el canal internacional para “potenciar la marca Madrid” y reducir de “manera sustancial” el sueldo de los directivos y la dirección general. Sobre la radio pública, Onda Madrid, el candidato ha aclarado que cuenta y apuesta por las ondas y que urge la recuperación de contenidos de calidad.

El candidato ha explicado a los grupos de la Asamblea el proyecto para “revitalizar” Telemadrid. La cadena “debe dejar de ser un cajón desastre y orientar la programación hacia una estrategia. Quiero al público juvenil mediante una programación específica”, ha afirmado. Para ello, la “piedra angular” debe ser “recuperar la producción propia de contenidos además de estar en la calle y recuperar las emisiones en directo”. Telemadrid precisa de “caras reconocibles” para los espectadores que puedan “crear vínculos con la audiencia en base a su credibilidad”, ha dicho.

Isaura Leal, diputada de PSOE, ha sido muy crítica con el proceso de selección del candidato. “Requerimos rigor, y que sean evaluados los 36 candidatos en fondo y forma. Y pedimos una mayoría en el consejo razonable”, ha declarado. Para Leal es “discutible que en la primera y única reunión se haya evaluado y votado a un candidato: “los procesos rigurosos requieren de tiempo y no tres horas”. La postura de los socialistas en la próxima votación ante el Pleno “a día de hoy es la abstención”.

Pablo Padilla, diputado de Podemos en la Asamblea de Madrid, ha afirmado que no han votado en contra porque hay “consonancia en algunas cuestiones” del programa que plantea el candidato. Podemos se abstiene porque consideran que ha sido un proceso “sin garantías, teledirigido por Cristina Cifuentes”. La decisión del voto en el pleno del próximo jueves la decidirán en la próxima reunión del grupo.

Ante la acusación de haber sido un candidato “teledirigido”, el candidato se ha defendido con que “desconoce el proceso de selección interno”. “Presenté mi candidatura y la siguiente noticia que tuve fue la llamada del presidente del consejo para comunicarme que había sido aprobado. Creo que la ley de Televisión de Madrid de 2015 se ha hecho para recuperar el prestigio de la televisión y la radio pública. La televisión ha pasado años muy duros y toca mirar adelante”, ha concluido.

Ricardo Megías, diputado de Ciudadanos, ha explicado que no vetan las decisiones del consejo de administración y que consideran que es una candidatura válida. “El consejo fue votado por todos los grupos y tiene representación de cada partido”, ha concluido. Inés Berrio, diputada del grupo popular, que ha votado a favor junto a Ciudadanos, ha dicho que lo que se persigue es la despolitización y que López Sánchez un profesional del medio al que no le lastra su paso por 13TV [cadena católica]”. Sobre esta cuestión el candidato ha dejado claro que la línea editorial “la marcan los propietarios de cada medio”.

José López Sánchez se impuso por mayoría simple (5 votos a favor y 4 en contra) en el proceso de selección que abrió el Consejo de administración del ente público el pasado 11 de noviembre en el que participaron 36 candidatos. Además de ocupar la dirección general de 13TV desde 2010, López Sánchez dirigió desde 2005 el departamento de asesoría jurídica de La Sexta.

El consejo de administración está formado por nueve miembros; cinco de ellos procedentes de asociaciones profesionales y sociales, y los cuatro restantes propuestos por los grupos de la Asamblea. Los consejeros de los grupos de la Asamblea son Pepe Oneto (PP), Carmen Caffarel (PSOE), Mari Pau Domínguez (Ciudadanos) y Mae Lozano (Podemos).

López Sánchez se ha defendido del desconocimiento del sector público que le han atribuido los grupos que se han abstenido. “Que yo haya trabajado en el sector privado no quiere decir que no conozca como funciona el sector público. Puedo aportar una gestión eficiente de los recursos y mi compromiso con la gestión transparencia y la sostenibilidad”, ha contestado.

Sobre la externalización de servicios, López Sánchez, ha afirmado que “necesita información para analizar y proponer al consejo de administración para proponer una política concreta. Lo mismo ha explicado sobre la segunda cadena de Telemadrid: “Habría que estudiarlo. Su continuidad está condicionada a un estudio de vialidad económica”. La radio y televisión públicas están dirigidas de manera interina por Ángel Martín Vizcaíno.

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2016/12/19/madrid/1482152569_868615.html

44. C.A.MADRID. CRISTINA CIFUENTES QUIERE TENER SU PROPIA 'LEY MORDAZA' EN MADRID

El Gobierno madrileño presenta un proyecto para castigar con multas los delitos de odio que es criticado por la oposición y varios juristas

“Es una aberración jurídica, afecta al derecho fundamental a la libertad de expresión y no puede regularse por una norma administrativa”, denuncia la abogada Isabel Elbal

La Abogacía General de la Comunidad de Madrid hizo un informe desfavorable

"Extensión de la ley mordaza", "aberración jurídica". Estas son algunas de las calificaciones que ha recibido el proyecto de ley contra delitos de odio que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, presentó el pasado martes. Los partidos de la oposición y varios juristas expertos en la materia han cuestionado duramente el texto.

"Es una norma que tiene un carácter integral para corregir conductas que pueden promover al odio", explicó Cifuentes. "El objetivo es dar respuesta a cualquier forma de intolerancia" y prestar "una especial atención a acciones que se hacen a través de la red".

La previsión de sanciones de hasta 45.000 euros por conductas con un componente de incitación al odio, intolerancia y discriminación, ha causado fuertes críticas en los grupos de la oposición.

La diputada regional por el PSOE Mónica Silvano destaca que ellos presentaron un proyecto de ley contra delitos de odio semanas antes de que lo hiciera el Gobierno y, por lo tanto, no votarán a favor de la ley propuesta por Cifuentes. "Nosotros vamos a defender nuestro texto", asegura. Explica que la diferencia fundamental entre su propuesta y la del Gobierno es que, a su juicio, la de su grupo parlamentario "va más en la sensibilización y en la educación, no solo se basa en sancionar".

Sin embargo, en el grupo socialista en la Asamblea de Madrid se manifiestan "alegres" de que el Gobierno haya entendido que hay tomar medidas sobre el tema y restan importancia a las críticas de los expertos en Derecho. "Existe una necesidad de legislar sobre este tema, cuando algo es pionero siempre despierta ciertas tensiones", han declarado.

El diputado por Podemos en la Asamblea de Madrid, Emilio Delgado, coincide con el PSOE en votar negativamente al polémico proyecto de ley. "El Gobierno de Cifuentes ha querido anticiparse a la propuesta de ley del PSOE sobre delitos de odio en la que ya estábamos trabajando todos los grupos", ha afirmado, apuntando a una estrategia desde la presidencia autonómica: "Es una manera de tapar la ley del PSOE porque no quieren que la oposición lleve leyes delante por sí mismos", han dicho.

En cuanto al contenido de la propuesta, la postura de Podemos es rotunda: "Creemos que se trata de una extensión de la Ley Mordaza, más dura si cabe, que pretende sancionar por la vía administrativa y no por la judicial como debe ser en estos casos".

Desde el grupo parlamentario de Ciudadanos han manifestado no conocer el texto y que no harán valoraciones ni comunicaran su posición en la Asamblea en este sentido hasta que no estudien el proyecto en profundidad.

Puede crear indefensión jurídica, según los expertos

La Plataforma de Defensa de la Libertad de Información (PDLI) se ha manifestado radicalmente en contra de que la llamada Ley Mordaza de Cifuentes, entre en vigor. La abogada Isabel Elbal, que defendió a César Strawberry en el juicio en el que el músico fue absuelto de un delito de enaltecimiento del terrorismo en las redes sociales, cree que la norma que plantea Cifuentes no se ajusta a la legalidad. Primero, por ser una ley autonómica: “Cuando una materia tiene que ver con derechos fundamentales, está reservada al Congreso”.

“Es una auténtica aberración jurídica, afecta al derecho fundamental a la libertad de expresión y no puede regularse por una norma administrativa”, asegura Elbal, que recuerda que tanto el Tribunal Supremo como el Constitucional se han manifestado en este sentido.

Para Elbal, la finalidad de la ley es “adentrarse en las redes sociales para poder reprimir y censurar aquellas opiniones que sean contrarias al pensamiento dominante”. Admite que en las redes sociales se dan “expresiones repugnantes”, pero que están protegidas por la libertad de expresión. Lo que provocará una ley así es que los usuarios tengan miedo a ser vigilados y se autocensuren, añade.

La ley también puede crear indefensión jurídica. “Hay una falta de definición de la consulta sancionable, es un concepto muy amplio y muy abierto”, asegura Elbal, que opina que cuando una norma puede establecer multas de hasta 45.000 euros, los hechos a castigar deben estar perfectamente claros.

De la misma opinión es el abogado Carlos Sánchez Almeida, especialista en la defensa de los derechos civiles en internet, quien apunta que la ley “busca la autocensura, no solo las sanciones, es un mensaje a toda la ciudadanía, que sepan que están vigilando”. Advierte también que la ciudadanía tiene en su mano herramientas para pelear contra este tipo de normas y “defenderse contra esta agresión”.

“Siempre es peligroso que la Administración se entrometa en materia de libertad de expresión en internet, mejor que sea el Poder Judicial quien pondere, porque solo el Poder Judicial es el que está facultado para secuestrar publicaciones, y una red social no deja de ser una publicación”, apunta.

Para este abogado, lo grave es que el control de internet es una tendencia creciente, y pone como ejemplo que el PSOE haya presentado una iniciativa muy similar: “Ahora el derecho a la libertad de expresión pertenece a toda la ciudadanía, y ante esa explosión de libertad, los gobiernos han querido acotarla con medidas coercitivas".

Este proyecto de ley también cuenta con un informe desfavorable de la Abogacía General de la Comunidad de Madrid remitido al Gobierno autonómico por primera vez el pasado mes de junio. El escrito, difundido por la Plataforma en defensa de la Libertad de Información, hace referencia en numerosas ocasiones a la inclusión por parte de la Comunidad en aspectos en los que la competencia es en "exclusiva" estatal.

"El artículo 30.3 estaría viciado de inconstitucionalidad", concluye el servicio jurídico. El artículo expone que la Comunidad de Madrid "se personará en los procedimientos penales de incitación de odio en calidad de parte perjudicada civilmente". La Abogacía considera que la defensa de la legalidad pertenece "en exclusiva al Ministerio Fiscal" y la personación por parte del Gobierno autonómico puede "mermar el derecho de defensa del acusado" por existir "duplicidad" de funciones.

La Abogacía General de la Comunidad de Madrid apunta a numerosos casos en los que la comunidad autónoma estaría vulnerando competencias estatales en materia de educación, sanidad, mercado laboral y medios de comunicación.

Las infracciones contempladas en el proyecto podrán ser leves, (con multa de hasta 3.000 euros), graves (con sanciones de entre 3.001 y 20.000 euros), y muy graves (con castigos de entre 20.001 y 45.000 euros). La gravedad de las acciones dependerá "de los daños causados, la permanencia de las repercusiones, el número de personas afectadas, la intencionalidad del infractor y la reincidencia".

http://m.eldiario.es/madrid/oposicion-expertos-Ley-Mordaza-Cifuentes_0_591441690.html

45. C.A.MADRID. EL CONSEJERO DE MEDIO AMBIENTE DICE QUE NO CONOCE “DE NADA A MARJALIZA”

Jaime González Taboada se desvincula en la Asamblea por completo de las posibles irregularidades en la gestión del plan Prisma

El consejero de Medio Ambiente, Jaime González Taboada, ha declarado hoy ante la comisión de investigación de la corrupción la Asamblea de Madrid, en relación con la gestión del plan regional de inversiones Prisma 2006-2007. Taboada era en aquel momento director general de Cooperación con la Administración Local y formaba parte de la mesa de contratación de la empresa pública Arpegio. Desde su puesto gestionaba el Prisma, hasta que el Gobierno regional decidió contratar a una empresa privada (Dusa), debido a que Arpegio no tenía suficiente personal ni recursos para hacerlo.

Taboada se ha desvinculado de David Marjaliza, investigado por la Púnica, y de Francisco Granados, en aquella época consejero de Presidencia y responsable de la empresa pública Arpegio. De Marjaliza ha dicho que no le conoce de "nada". "Ni le pongo cara, ni me he tomado nunca una copa con él", ha matizado.

Con Granados existía una relación laboral "no personal". Nunca habló con él sobre ninguna adjudicación. "Comentábamos los problemas de los ayuntamientos", ha dicho. Al mismo tiempo, ha negado que le hubieran presionado en algún momento para realizar ninguna adjudicación. "Si esto es así ¿por qué ha dicho Marjaliza que usted mangoneaba?", le ha espetado Ángel Zafra de Ciudadanos. "Eso mismo me llevo preguntando yo desde que lo dijo", ha contestado. Ha recordado que le ha interpuesto una querella por ese motivo. Sin embargo, no ha querido informar sobre el estado en que se encuentra la denuncia, "porque es personal", pero al mismo tiempo ha dejado caer que la está pagando él y que "ha avanzado".

Las preguntas sobre la factura de 16,5 millones de euros de gastos del Prisma 2006-2007 y que la Intervención de la Comunidad de Madrid se ha negado a aprobar, ha provocado cierta crispación. Sobre todo cuando Taboada ha recordado a la diputada del PSOE Encarnación Moya que todos se apuntaban a las inauguraciones, "incluso usted". El recibo, que pagó Arpegio pero que no asume la Comunidad de Madrid, incluye abonos de 3,3 millones en primeras piedras de obras y un despliegue mediático en el que llegaron a pagarse 852.000 euros por varios vídeos propagandísticos, 65.000 en teléfono, 75.000 en material de oficina o 96.000 en supermercado, farmacia y pequeños enseres.

En opinión de Moya, esta factura "de la que no se quiere hacer cargo nadie y por la que no se puede liquidar el Prisma 2006-2007" es una muestra del coladero de dinero público en el que se convirtieron algunas empresas públicas. Taboada ha explicado que desde su puesto lo único que podían hacer era trasladar el recibo.

El PSOE le ha recordado al mismo tiempo que ellos creen que la gestión del Prisma 2006 y 2007, que Arpegio encargó a una empresa privada, era una "operación perfectamente planificada". Taboada, sin embargo, ha vuelto a indicar que, en eso, tampoco tuvo nada que ver. "A mí nadie me preguntó, porque no era de mi competencia, yo era un director general".

"Esos fastos, esas juergas que usted dice, a los que los alcaldes socialistas se apuntaban los primeros, todo el mundo acudía", ha manifestado el consejero en referencia a la polémica factura. Luego ha aclarado que a él la entrega de una infraestructura necesaria para un pueblo de 12 millones de euros no le parecía ni un fasto ni una juerga. "Y allí estaban sus compañeros y ustedes, fastos y juergas para todos o para ninguno", ha puntualizado.

En cuanto a si se desperdició dinero, en por ejemplo un plan de publicidad por 800.000 euros a una empresa vinculada con la Púnica, Taboada no sabe si es mucho o poco, porque también desconoce el tiempo que duró y los servicios que incluía. "Eso no era cosa nuestra, lo pagaba Arpegio, no soy yo quien lo tiene que valorar. Ni me preguntaban si era correcto, ni por las empresas ni por nada", se ha continuado desmarcando.

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2016/12/16/madrid/1481895638_889653.html

46. C.A.MADRID. DIMITE EL ALTO CARGO DE CIFUENTES QUE LOGRÓ UN PISO DEL PLAN JOVEN EN 20 DÍAS SIN FIGURAR EN LA LISTA DE ASPIRANTES

La número tres del Ivima obtuvo un alquiler con opción a compra fuera de sorteo en diciembre de 2012

La salida de María Jesús Martín Nieto se produce solo un día después de que infoLibre desvelara los hechos

María Jesús Martín Nieto, la directora del Área Económica, Promoción y Rehabilitación de la Agencia de Vivienda Social de la Comunidad de Madrid –el antiguo Ivima– que logró en 20 días un piso público de alquiler con opción a compra, presentó este viernes su dimisión.

Los hechos fueron desvelados por infoLibre este jueves. Martín Nieto obtuvo la vivienda fuera de sorteo, sin que su nombre constara en la lista pública de aspirantes –307.187 en aquel momento, según su departamento– y sin haber formalizado renuncia expresa y previa al derecho que ya tenía desde cinco años antes a otro piso público, este proyectado en un municipio más lejano –Móstoles– que aquel donde finalmente se convirtió en inquilina y posible futura propietaria: Majadahonda.

Fuentes próximas a la presidenta de la Comunidad de Madrid indicaron a este periódico que, "aunque no existiese ninguna ilegalidad" en la actuación de Martín Nieto, su actuación había sido en todo caso "antiestética". Eso ha llevado a Cristina Cifuentes a aceptar de forma inmediata su dimisión.

A preguntas de infoLibre el pasado miércoles, Martín Nieto sostuvo que pese a que su nombre no aparece en la lista única vigente cuando solicitó el piso de Majadahonda –el 6 de diciembre de 2012–, jamás dejó de formar parte de ella desde que se inscribió en 2005. Simplemente no figura su nombre –aduce– como tampoco el de ningún otro de los "beneficiarios" del derecho a una futura vivienda porque tienen vetado acudir a nuevos sorteos pero no a optar a viviendas mediante otras fórmulas como la que le permitió a ella misma acceder al piso de Majadahonda.

Según su versión, esa fórmula distinta al sorteo público consiste en solicitar el alquiler de una vivienda que haya quedado vacante por renuncia voluntaria de sus "beneficiarios", que de ese modo no llegan a convertirse en "adjudicatarios". Sin embargo, la normativa madrileña dice justamente lo contrario que la número tres del organismo madrileño especializado en vivienda pública. La Orden que desde 2005 regula el funcionamiento de la Lista Única preceptúa en su artículo 7 lo siguiente: "La exclusión de la Lista Única se producirá de oficio cuando los seleccionados resulten beneficiarios de una vivienda".

Además, la guía oficial de trámites sobre la Lista Única que figura en la web del Gobierno madrileño amplía el concepto: "En caso de que un solicitante haya resultado beneficiario titular de una vivienda con protección pública para arrendamiento con opción a compra para jóvenes mediante el correspondiente proceso de selección, la Dirección General de Vivienda y Rehabilitación, mediante carta certificada, comunicará su condición indicándole la promoción correspondiente, así como su exclusión de la Lista Única de Solicitantes, de forma que no podrá participar en posteriores procesos de selección mientras mantenga su condición de beneficiario". Esa misma guía explica que el de beneficiario es un concepto distinto y previo al de adjudicatario.

No obstante, los portavoces de Martín Nieto remitieron este miércoles a infoLibre un certificado expedido por el director general de Vivienda de Madrid, José María García Gómez, según el cual la número tres de la Agencia de Vivienda "constaba inscrita a 30 de noviembre de 2012 en la Lista Única de Solicitantes de Vivienda con protección pública en régimen de arrendamiento con opción a compra para jóvenes". La emisión de ese certificado abre el interrogante de cuántos menores de 35 años forman o han formado parte de la denominada lista única sin que ese dato pudiera ser públicamente conocido.

http://www.infolibre.es/noticias/politica/2016/12/16/dimite_alto_cargo_cifuentes_que_logro_piso_del_plan_joven_dias_sin_figurar_lista_publica_aspirantes_58837_1012.html

47. C.A.MADRID. CONDENADA A SEIS MESES LA EXALCALDESA DE SERRANILLOS POR COMPRAR DOS BOLSOS CON UNA TARJETA DEL AYUNTAMIENTO

Un jurado ha considerado culpable de malversación a Olga Fernández, también investigada por la Púnica

Olga Fernández, exalcaldesa del municipio de Serranillos del Valle, ha sido condenada a seis meses de cárcel después de que un jurado popular la haya declarado culpable de malversación por comprarse en 2010 dos bolsos con una tarjeta de crédito del Ayuntamiento. La decisión final tomada por la magistrada de la Audiencia Provincial de Madrid Pilar de Prada, en una sentencia a la que ha tenido acceso este diario, está muy lejos de los dos años de cárcel que pedía el fiscal. El fallo ha considerado el atenuante de “reparación del daño”, pues a pesar de que la acusada nunca llegó a devolver expresamente los 370 euros que habían costado los dos bolsos de Purificación García, sí pagó una cantidad similar al Ayuntamiento en concepto de indemnización poco antes del juicio.

Aparte de los seis meses de prisión, Fernández, que fue entre 2003 y 2011 alcaldesa por el PP del pequeño municipio de 3.900 habitantes situado del sur de la Comunidad de Madrid, ha sido condenada a una multa de 450 euros y estará inhabilitada durante el tiempo de su pena para cargo o empleo público.

La sentencia, que puede ser recurrida ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, considera probado que la exalcaldesa compró los bolsos con la tarjeta para gastos de representación y los destinó “a un fin ajeno a la función pública”. Es decir, que ha desechado las explicaciones de Fernández, que aseguró que los bolsos no eran para ella, sino para dos funcionarias de la Comunidad de Madrid que habían agilizado unos trámites al Ayuntamiento.

La semana pasada, cuando se supo la decisión del jurado popular a la espera de la condena efectiva que ha llegado ahora, fuentes del PP regional aseguraron a este periódico que el tema de Fernández “se va a tratar en el próximo Comité de Derechos y Garantías y se va a pedir su suspensión cautelar de militancia y que entregue el acta de concejal”. La exalcaldesa, que también está investigada en los juzgados en el contexto del caso Punica —una trama de corrupción municipal y regional que afecta a decenas de políticos de toda España— es todavía la portavoz del PP en Serranillos.

Contactada este lunes por el teléfono, Fernández declinó hacer ninguna declaración porque, aseguró, la sentencia aún no le había sido notificada a su abogado.

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2016/12/05/madrid/1480962642_476125.html

48. C.A.MADRID. CIUDADANOS DA DE PLAZO A CIFUENTES HASTA ENERO PARA QUE APARTE AL ALCALDE QUE INSULTÓ A LAS FEMINISTAS

El regidor de Alcorcón, David Pérez, habló de mujeres "amargadas", "rabiosas" y "frustradas" en alusión al feminismo

En caso de seguir todo como hasta ahora, el partido naranja asegura que se barajarían otras opciones que ahora no contempla y que tampoco especifica

El portavoz de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid, Ignacio Aguado, ha indicado que su formación dejará a la presidenta de la Comunidad y de la Gestora del PP de Madrid, Cristina Cifuentes, un tiempo "prudencial" para tomar decisiones sobre el alcalde de Alcorcón, David Pérez, y recalca que si a las vuelta de las navidades el regidor sigue en su cargo, empezarán a barajar otras opciones que ahora mismo no se plantea la formación naranja.

Así lo ha indicado Aguado durante una entrevista con Europa Press y en referencia a la situación del alcalde de Alcorcón y la reflexión que ha reclamado a Cifuentes para que determine si debe apartar a Pérez de la Alcaldía. El líder de la formación naranja en la Asamblea ha señalado que su formación no pretende generar "inestabilidad" en Alcorcón pero quiere que el PP reflexione sobre los alcaldes que tiene en algunos municipios.

En este sentido, cree que el caso de David Pérez es "paradigmático" de cómo un cargo del PP defiende unos "postulados" que no se "acomodan" con lo que piensa la mayoría de los ciudadanos de Alcorcón ni de la Comunidad de Madrid. Aguado considera que hablar, como hizo el actual alcalde de Alcorcón, de mujeres "amargadas", "rabiosas" y "frustradas" en alusión al feminismo "no tiene sentido" y le "deslegitima" para estar al frente del Consistorio de esta localidad.

Además, considera que en su caso no basta con pedir disculpas pues eso vale cuando hay un "calentón" al excederse en una intervención parlamentaria o se utiliza "mal" un adjetivo. En el caso de Pérez, se trata de una "exposición argumentativa" de su visión sobre temas como el feminismo y el aborto, posiciones que no son compartidas ni por C's ni por la "mayoría de la sociedad". Por eso, le ha trasladado al PP que se decida, pues sin querer "sacarle de su casilla de partido conservador cree que en cuestiones tan controvertidas" como la igualdad o la mujer, debe definirse si piensa como David Pérez o si tiene otra visión. "Y si tiene otra postura, que actúe en consecuencia", ha apostillado.

Aguado recuerda que se ha pedido la reprobación de Pérez varias veces y que Ciudadanos ha solicitado su dimisión formalmente. "Queremos que sea Cifuentes la que decida qué hacer. No nos planteamos otra alternativa a día de hoy. No nos gusta David Pérez al frente del Consistorio y daremos un tiempo prudencial para que tome una decisión y entonces, si no se toman decisiones, se abrirán otras posibilidades que hoy no barajamos", ha subrayado.

Preguntado qué plazo entiende como prudencial para tomar una decisión, Aguado ha señalado que se debería haber adoptado una decisión a la vuelta de navidades o en enero. En caso de seguir todo como hasta ahora, se valorarían otras opciones que ahora no contempla.

http://www.infolibre.es/noticias/politica/2016/12/06/ciudadanos_plazo_cifuentes_hasta_enero_para_que_aparte_alcalde_que_insulto_feministas_58468_1012.html

49. C.A.MADRID. CIFUENTES NO PEDIRÁ AL ALCALDE DE ALCORCÓN QUE DIMITA PORQUE CONSIDERA QUE HA PEDIDO DISCULPAS

"Si Ciudadanos quiere tomar alguna medida, que no ponga pretextos", advierte
Reitera que no comparte "en absoluto" las palabras del regidor pero que está "arrepentido"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, confirmó este domingo que no va a pedir al alcalde de Alcorcón, David Pérez, que dimita por sus palabras sobre el feminismo y añadió que si lo que quiere Ciudadanos es gobernar en este municipio con el apoyo de la izquierda que se lo explique a la ciudadanía.

En una entrevista en La Sexta, recogida por Europa Press, la dirigente madrileña ha sido preguntada por si no va a pedir a David Pérez que dimita dado que Ciudadanos le ha puesto de plazo hasta enero para que lo haga porque si no, han señalado desde la formación naranja, tendrán que mirar otras posibilidades.

Así las cosas, Cifuentes no cree que David Pérez tenga que dimitir y, además, dijo que el Gobierno de la Comunidad de Madrid no puede "interferir en cuestiones que son municipales". "¿Qué se estaría diciendo si desde Sol estuviésemos tratando de interferir en gobiernos del PSOE o de Podemos?", se preguntó.

Cifuentes recordó que Pérez ha pedido ya disculpas y cree que "ha hecho lo correcto". "No le voy a pedir que dimita y si Ciudadanos quiere tomar alguna medida, que no ponga pretextos y que lo haga y si quiere gobernar con la izquierda en Alcorcón, que se lo explique a los ciudadanos", subrayó.

Por otro lado, reiteró que no comparte "en absoluto" las palabras del alcalde, pero que está "arrepentido" y que las personas cometen "equivocaciones". Por último, se preguntó qué se estaría diciendo si se hubiera referido a una periodista diciendo que la "apalearía hasta que sangrara", en referencia a unas declaraciones del líder de Podemos, Pablo Iglesias, sobre la periodista Mariló Montero.

También criticó el "machismo" que se desprende de otras declaraciones como cuando se refieren a ella como "la rubia de la coleta". Recordó que eso mismo le pasó hace poco con un concejal del Ayuntamiento de Madrid y agradeció a la alcaldesa, Manuela Carmena, que la llamara para disculparse porque fue la única que lo hizo.

http://www.infolibre.es/noticias/politica/2016/12/12/cifuentes_pedira_alcalde_alcorcon_que_dimita_porque_pedido_disculpas_58644_1012.html

50. C.A.MADRID. EL AYUNTAMIENTO DE MADRID ACUSA DE MALVERSACIÓN A EXCARGOS DEL GOBIERNO AGUIRRE POR EL 'CASO ESPIONAJE'

El Ayuntamiento de Madrid, que está en la causa en nombre del exvicealcalde Manuel Cobo, asegura que éste fue espiado para saber "las personas con las que se reunía, los actos a los que acudía y quién le acompañaba"

La magistrada Carmen Valcarce acuerda la expulsión del PP como acusación popular al no haber formulado escrito de acusación: "Su presencia carece de finalidad jurídica"

El Ayuntamiento de Madrid, en representación del exvicealdalde del PP Manuel Cobo, presentó un escrito de conclusiones ante la titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Madrid, Carmen Valcarce, en el que acusa a seis excargos y exempleados de la Comunidad de Madrid de un delito de malversación de caudales públicos, según el documento al que ha tenido a acceso infoLibre.

El Consistorio madrileño, ahora gobernado por Ahora Madrid pero que ejerce la acusación en nombre del denunciante Manuel Cobo, responsabiliza en concreto al que entre marzo y mayo de 2008 fue director general de Seguridad del Ejecutivo encabezado por Esperanza Aguirre, Sergio Gamón Serrano, y que "impartió las órdenes", al mismo tiempo que dirigió las investigaciones y los seguimientos. Pero también contra el que fuera el hombre de confianza del anterior, el subdirector general, Miguel Castaño Grande, al considerar que también se aprovechó de sus cargos, por lo que les califica a ambos como cooperadores necesarios del espionaje.

El Consistorio, que no reclama penas de cárcel para ninguno de los acusados, solicita también el procesamiento de los exagentes José Luis Caro Vinagre, José Manuel Pinto Serrano, José Oreja Sánchez y Antonio Coronado Martínez, como autores del espionaje.

En nombre de Manuel Cobo

En concreto, la representación de Manuel Cobo asegura que los seguimientos se realizaron "por motivos ajenos a la finalidad de la Administración autonómica". Y en concreto, "estaban dirigidos a la investigación de las personas con las que se reunía, los actos a los que acudía y quién le acompañaba". Todo ello, según el escrito del Consistorio, "con un marcado fondo relacionado con la actividad en el aspecto de la política, no de la seguridad ni de sus funciones en el Ayuntamiento de Madrid".

Los acusados, personal al servicio de la administración de la Comunidad de Madrid, fueron destinados, según el escrito, "a las labores del servicio de vigilancia y seguimiento del vicealcalde de Madrid y otros cargos públicos, encargos que ocupaban sus jornadas laborales por completo y por las que se remuneraba con un salario mensual y dietas, y para las que se le facilitaba un material específico, que sin bien era compartido (excepto los teléfonos móviles), no era utilizado por otras personas de la administración".

Y las funciones que los excargos de Aguirre asignaron a los investigados, completa el escrito de acusación, "no forman parte de las previstas para la Comunidad de Madrid en materia de seguridad, por lo que tanto el dinero destinado a su salario como el que se utiliza para la compra y mantenimiento de material, que ha sido cuantificado, fue incorrectamente utilizado. Este dinero formaba parte de los fondos de la Comunidad de Madrid".

"Penalmente responsables"

La acusación de la Comunidad de Madrid también ha solicitado la apertura de juicio oral contra los acusados, al considerarlos "penalmente responsables" de un delito de malversación de caudales públicos de la Administración regional, entonces encabezada por Esperanza Aguirre, cuyo número dos era Francisco Granados, en prisión incondicional sin fianza desde hace más de dos años.

Presuntamente efectuados en 2008, los seguimientos tuvieron como objeto a algunos de los políticos más destacados del PP madrileño por su oposición interna a Esperanza Aguirre y a su entonces delfín y luego sucesor, Ignacio González; el exconsejero Alfredo Prada y el exvicealcalde de la capital, Manuel Cobo. En enero de 2013, uno de los imputados, el guardia civil José Oreja, declaró por escrito que también Alberto Ruiz-Gallardón figuraba entre los espiados.

"Una gestapillo"

Esta accidentada causa provocó en 2009 un verdadero cisma en el PP madrileño y llevó al entonces número dos de Gallardón en la alcaldía madrileña, Manuel Cobo, a acusar al equipo de Aguirre de haber montado "una gestapillo".

Un portavoz oficial del Ayuntamiento presidido por Manuela Carmena ha explicado a este periódico que el Ayuntamiento mantiene la acusación del caso de los espías habida cuenta de que la persona afectada era entonces vicealcalde del Consistorio. Además, en el Consistorio madrileño relatan que Cobo no ha renunciado por escrito a esta acusación popular.

Por otra parte, la magistrada Carmen Valcarce ha acordado la expulsión del PP como acusación popular del caso de los espías, según un auto al que ha tenido acceso infoLibre. La jueza acuerda la salida del PP al no haber formulado la formación política un escrito de acusación, por lo que su presencia en el proceso "carece de finalidad jurídica".

http://www.infolibre.es/noticias/politica/2016/12/20/el_exvicealcalde_madrid_asegura_que_comunidad_madrid_espio_para_conocer_sus_actividades_politicas_58959_1012.html

51. C.A.MADRID. LA FISCALÍA SOLICITA ARCHIVAR EL CASO DEL ESPIONAJE A POLÍTICOS DE LA COMUNIDAD DE MADRID

El Ministerio Público considera que las investigaciones llevadas a cabo no desprenden "suficientes" indicios que acrediten la comisión de un delito de malversación de caudales públicos

Esta postura contrasta con la de la Abogacía de la Comunidad de Madrid, que solicita la apertura de juicio oral contra los imputados al considerar acreditado que hubo vigilancias

La Fiscalía solicitó el sobreseimiento provisional en el presunto caso del Espionaje a políticos en la Comunidad de Madrid al considerar que las investigaciones llevadas a cabo no desprenden "suficientes" indicios que acrediten la comisión de un supuesto delito de malversación de caudales públicos, según apuntaron este jueves fuentes jurídicas, recogidas por Europa Press.

Esta postura contrasta con el escrito presentado por la Abogacía de la Comunidad de Madrid, que se solicitaba la apertura de juicio oral contra los imputados al considerar acreditado que hubo vigilancias de personas vinculadas al Gobierno regional durante los meses de marzo a mayo de 2008, en la etapa de Esperanza Aguirre al frente de la Presidencia de la Comunidad de Madrid.

Se formulaba así escrito de acusación contra los seis investigados, entre ellos el entonces director de Seguridad de Madrid Sergio Gamón, y su número dos, Miguel Castaño Grande. Además, formula acusación contra tres guardias civiles implicados en el caso y un funcionario regional.

La Abogacía de la Comunidad entiende, en su escrito, que los hechos descritos en el caso son constitutivos de un delito de malversación de uso de caudales públicos.

Por su parte, la acusación popular que ejerce el PSOE de Madrid en el caso solicitaba penas de entre dos y cuatro años de cárcel para los seis acusados dentro de su escrito para solicitar a la juez Carmen Valcarce la apertura de juicio oral. La Audiencia de Madrid ordenó hasta en tres ocasiones la reapertura del proceso a instancias del PSOE.

http://www.infolibre.es/noticias/politica/2016/11/17/la_fiscalia_solicita_archivar_caso_espionaje_politicos_comunidad_madrid_57720_1012.html

52. C.A.MADRID. LA AUDIENCIA DE MÁLAGA CALIFICA DE "GRAVES" LOS DELITOS POR LOS QUE SE INVESTIGA A IGNACIO GONZÁLEZ

Los magistrados recuerdan que se indaga si Ignacio González y su mujer están implicados en blanqueo de capitales, delito contra la Hacienda Pública y cohecho
Confirman la decisión de la instructora de "esclarecer cómo se produce el alquiler y la posterior venta del inmueble, y para ello es necesario conocer la capacidad económica de los investigados"

La Sección Novena de la Audiencia Provincial de Málaga ha dictado tres autos fechados el 9 de diciembre en los que confirma la decisión de la juez Isabel Conejo de proseguir con la investigación de la compra del ático de lujo del expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González y de su mujer, Lourdes Cavero.

Las tres resoluciones, que han tenido como ponente al magistrado Enrique Peralta, califican los delitos por los que son investigados González y Cavero como "graves", ya que son los de blanqueo de capitales, contra la Hacienda Pública y cohecho.

"Se trata de esclarecer cómo se produce el alquiler y la posterior venta del bien inmueble objeto de la causa, y para ello es necesario conocer la capacidad económica de los investigados, ya que estamos ante hechos graves", especifica la Sección Novena de la Audiencia malagueña, que no da la razón a la representación legal de Ignacio González, que recurrió todas las diligencias acordadas por la jueza.

"Lo acordado es correcto"

Pero la resolución apunta también la necesidad de que la titular del Juzgado de Instrucción número de Estepona, Isabel Conejo, analice "la relación de los investigados con el bien, el momento de su relación (fechas) y su forma específica (título), siendo necesario tener conocimiento de las actuaciones, lugares de ella y forma de efectuarlas (en Estados Unidos y Panamá) de la sociedad a la que se refiere la comisión rogatoria, siendo por ello correcto lo acordado, que debe ser mantenido", especifica una de las resoluciones, a las que ha tenido acceso infoLibre.

En otra resolución, también redactada por el mismo magistrado Enrique Peralta, la Sección Novena de la Audiencia Provincial de Málaga defiende la investigación de la jueza, y rechaza, como ha asegurado Ignacio González, que sea genérica, ya que se refiere a actos "específicos", y tampoco es prospectiva y desproporcionada, "pues está basada en hechos graves acontecidos con anterioridad a la investigación judicial".

Las pesquisas también han sido acotadas desde un punto de vista temporal, destaca el auto de la Audiencia Provincial, que recuerda que el sumario analiza los hechos entre abril de 2008 a diciembre de 2013; "desde la adquisición del bien por la compañía hasta el año después de la venta" al matrimonio en diciembre de 2012.

"Auxilio internacional"

En concreto, la Sección Novena confirma la resolución de Isabel Conejo en la que acordaba ampliar las comisiones rogatorias a Estados Unidos y Panamá, los países en los que se sospecha que están radicadas las empresas con las que se compró en 2008 el ático de lujo de Estepona. Los jueces consideran necesario conocer la documentación de estos países, "que tienen relevancia en las actuaciones y que tienden al conocimiento real de lo acontecido, y que para su efectividad necesitan del auxilio judicial internacional".

Los magistrados destacan que las actuaciones solicitadas por la jueza justifican su decisión de confirmar la ampliación de las rogatorias porque se reclaman sobre "una entidad investigada en esta causa", en referencia a Walfort Overseas Investments Ltd. LLC, que está registrada en Delaware (EEUU), "y que al parecer tiene conexiones en Panamá, lo que debe ser objeto de análisis".

Los autos de la Audiencia Provincial de Málaga también ratificar que se proceda a la averiguación patrimonial del matrimonio y de la empresa Coast investor LLC, "a través del punto neutro judicial y librándose oficio a las entidades bancarias Caixabank, Barclays, Bankia, Santander y Banco Popular", ya que con estas diligencias se trata de acreditar "la capacidad adquisitiva, el pago del mismo, el origen del dinero, y son, por ello, necesarias en la causa, no siendo una investigación abstracta, ni previa al hecho que da origen a la instrucción, sino que tiende a establecer el contenido del mismo".

Encargo a la Policía Judicial

Los magistrados tampoco ven un problema en el hecho de que sea la Policía Judicial la que se encargue de investigar la compra del dúplex de lujo, "ya que es la auxiliadora de la justicia, y dependiente funcionalmente -aunque no orgánicamente- del juzgado. Es lógico, natural y necesario y será el órgano jurisdiccional el que valore el resultado de las citadas gestiones, y por ello nada de lo acordado a ese respecto debe ser modificado", indica la Sección Novena.

Y finalmente, los magistrados también apoyan a la jueza en su decisión de llamar a declarar a dos agentes de la Policía que investigaron los hechos, al mismo tiempo que rechazan el intento del matrimonio de que la información sobre el patrimonio de González sea filtrada, al considerar que todo aquello que es irrelevante para la causa, "no tiene trascendencia en ella, ni es objeto de uso en la misma".

El presidente de la Comunidad de Madrid sostiene que alquiló la vivienda en 2008 a una sociedad del testaferro profesional Rudy Valner y que finalmente se la compró en 2012. Pero la justicia investiga si en realidad González y su mujer son los dueños del inmueble desde 2008.

La instrucción de la jueza Isabel Conejo ha confirmado que el presunto testaferro Rudy Valner, residente en Estados Unidos, fue el que compró el ático de lujo en la localidad malagueña y que lo hizo tras una negociación telefónica desde EEUU y después de que la mujer de González visitase al menos en dos ocasiones el inmueble. Justo después de esta compra, González y su mujer alquilaron el inmueble a un precio considerado muy bajo para la zona.

Extrabajadores de Telemadrid

La acusación contra el expresidente de la Comunidad de Madrid la sostiene el colectivo de extrabajadores de Telemadrid, que presentaron una querella contra Ignacio González, al considerar que el ático de lujo podría ser una dádiva del presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, también imputado en el caso de Estepona, a cambio de los numerosos contratos recibidos.

Precisamente este viernes, en la comisión de investigación de la corrupción que se desarrolla en la Asamblea de Madrid se analizará el supuesto trato de favor de Telemadrid a Cerezo. La mesa de la comisión acordó llamar a comparecer a cuatro altos cargos de Telemadrid y Caja Madrid para analizar la compra en 2007 por 306 millones de los derechos de los partidos del Atlético de Madrid y del Getafe CF a través de una empresa creada entre ambas entidades, denominada Madrid Deporte Audiovisual (MDA), cuyas pérdidas han superado los 25 millones de euros.

A la sesión de la comisión están citados el director general de Telemadrid, Ángel Martín Vizcaíno, el exconsejero delegado de Caja Madrid José Carlos Contreras; el exdirector económico de Telemadrid José Manuel Díez-Picazo, y el administrador concursal de Madrid Deporte Audiovisual (MDA), Pablo Ferrándiz Avendaño.

http://www.infolibre.es/noticias/politica/2016/12/22/la_audiencia_malaga_califica_graves_los_hechos_por_los_que_investiga_expresidente_madrileno_59083_1012.html

53. C.A.MADRID. DOS EMPRESAS DEL MARIDO DE AGUIRRE ACUMULAN 5,8 MILLONES EN SUBVENCIONES TRAS RECIBIR OTROS 300.000 EUROS EN 2015

Savial SL y Ganadería Bornos SC se embolsaron 300.931 euros en ayudas de la UE correspondientes al ejercicio 2015

Desde su fundación, ambas sociedades ingresaron al menos 5,8 millones de euros en lo que Aguirre definió en su día como “mamandurrias”

Más del 40% de ese dinero se recibió en Savial SL durante el tiempo en que Aguirre era accionista de la empresa

Eso que Esperanza Aguirre definió como "mamandurrias" sigue llegando puntualmente a las empresas de su marido. Savial SL y Ganadera Bornos SC ingresaron 300.930 euros en subvenciones públicas de la Unión Europea correspondientes al ejercicio 2015, según datos de las instituciones comunitarias. Ambas empresas son propiedad de Fernando Ramírez de Haro y tienen su sede en el palacete del centro de Madrid donde reside con la dirigente del PP.

Savial SL fue fundada en 1993 y Ganadera Bornos SC en 1988. Ambas se dedican a la agricultura y la ganadería. La primera de ellas recibió desde su creación 4,8 millones de euros en subvenciones, de acuerdo con la información oficial declarada por la empresa a la que ha tenido acceso infoLibre. La segunda acumuló ayudas de la UE por importe de un millón de euros sólo en el periodo 2006-2015 (este periódico desconoce las cantidades que percibió antes de 2006). En total, las empresas del marido de Aguirre se beneficiaron de 5,8 millones de dinero público, teniendo en cuenta sólo las partidas localizadas por infoLibre. A esa cifra habría que sumar las ayudas conseguidas por Ganadera Bornos SC en sus primeros 18 años de vida.

Con parte de estas ayudas públicas se lucró directamente Esperanza Aguirre, ya que la ahora concejal del PP en el Ayuntamiento de Madrid fue accionista de Savial SL, como mínimo entre 1993 y 2005. Esta sociedad fue creada por tres personas: Fernando Ramírez de Haro, nombrado administrador único y que suscribió el 51% de las participaciones; Aguirre, que se quedó con el 39% del capital; y un cuñado de la dirigente del PP, Juan Ramírez de Haro (fallecido en 2009), que recibió el 10% de las participaciones. Cuando este periódico publicó en 2015 las primeras informaciones sobre las subvenciones percibidas por Savial SL, la dirigente del PP aseguró que las participaciones que tenía en la compañía se las había "donado" a su marido en 2005, época en la que ya era presidenta de la Comunidad de Madrid. Pero jamás enseñó documento alguno que respaldase su versión.

Las cuentas de Savial SL

Savial SL recibió 215.332 euros por subvenciones de la Política Agraria Común (PAC) correspondientes al ejercicio 2015. Este importe se desglosa en las siguientes partidas: 161.157 euros por el régimen de pago único; 42.487 euros en pagos por ganado vacuno; 5.476 euros como reembolso de créditos prorrogados del ejercicio 2014; 4.212 por ayudas agroambientales, y 2.000 euros como "ayuda específica".

Es una cantidad similar a la percibida en años anteriores. En concreto, las cifras fueron las siguientes: 133.029 euros en 2006; 209.253 euros en 2007; 215.243 euros en 2008; 221.945 euros en 2009; 214.763 euros en 2010; 214.115 euros en 2011; 211.848 euros en 2012; 206.067 euros en 2013, y 195.880 euros en 2014. La media anual de la última década se situó, por tanto, en 203.747 euros.

En los 23 años transcurridos desde su constitución, Savial SL se quedó con 4,8 millones de euros de dinero público. De esa cantidad, 2,5 millones corresponden al periodo 1993-2005, es decir, a los años que Esperanza Aguirre era accionista de la empresa. "Los subsidios, subvenciones y mamandurrias tienen que acabarse", proclamó la dirigente del PP en 2012. Pero ocultó que ella había sido durante años una de las grandes perceptoras de "mamandurrias" a través de la sociedad que compartía con su marido.

De hecho, del dinero público total (5,8 millones) que ingresó en las dos empresas administradas por Fernando Ramírez de Haro, un 43% (2,5 millones) llegó a Savial SL en los años en que Aguirre tenía una parte significativa del capital.

La distribución de los fondos de la PAC beneficia cada vez más a los grandes terratenientes, como el marido de Aguirre. Las ayudas agrarias en la Unión Europea se justificaron al principio como un modo de sostener los precios de los productos agrícolas. Por tanto, se subvencionaban las unidades productivas (cabezas de ganado, toneladas de cereal o cuota láctea). A partir de 2006 se cambió el modelo y los pagos empezaron a "desacoplarse" de la producción, de forma que lo relevante pasó a ser el territorio. Ahora se puede cobrar lo mismo manteniendo la superficie, aunque no exista actividad.

Savial SL es dueña de importantes latifundios en Ávila y Guadalajara. Las últimas cuentas presentadas en el Registro Mercantil de Madrid corresponden al ejercicio 2014, momento en el que la sociedad aseguraba tener a 6 trabajadores en plantilla. Pese a la enorme cantidad de dinero público recibido, la empresa estaba en situación de quiebra técnica, con unos fondos propios negativos de 1,78 millones de euros. Una cifra que evidencia una pésima gestión empresarial.

No sólo eso. Fernando Ramírez de Haro utilizó la compañía para especular en Bolsa. Como desveló infoLibre, Savial SL adquirió en 2006 y 2007 acciones con cotización en Bolsa por valor de 3.079.421 euros. Parte de esas acciones las compró gracias a préstamos concedidos por el BSCH y por la "caja de Cataluña", según consta en las memorias de la empresa de aquellos años. En dichos documentos no queda claro si esa entidad financiera es Caixa Catalunya –ahora una filial del BBVA– o La Caixa. Resulta muy llamativa la financiación concedida por los bancos a Savial SL para invertir en Bolsa, ya que la compañía tenía desde 2005 fondos propios negativos, una situación que obligaba a reequilibrar el capital o a disolver la empresa. El marido de Aguirre, administrador único de la sociedad, no hizo ninguna de las dos cosas. Pero ello no fue obstáculo para que los bancos financiaran a Savial SL.

La generosa financiación de la banca no es lo único que llama la atención. La utilización de esta sociedad para comprar las acciones permitió al marido de Aguirre no tributar por las ganancias de capital obtenidas, algo que habría sido inevitable si la compra de los valores bursátiles se hubiese hecho a nombre del propio Fernando Ramírez de Haro. La razón es la siguiente: las ganancias que generan desde 2007 las acciones, por dividendos o por plusvalías en caso de venta de valores, se integran en las cuentas de Savial SL. Y como resulta que esta compañía lleva años declarando pérdidas, no paga nada por el impuesto de sociedades. En otras palabras: las ganancias de las acciones se compensan con otras pérdidas mayores que supuestamente ha sufrido la empresa.

Las subvenciones de Ganadera Bornos SC

La segunda empresa del marido de Aguirre que recibe subvenciones de la UE es Ganadera Bornos SC. En 2015, las ayudas públicas a esta sociedad ascendieron a 85.598 euros, desglosados de la siguiente forma: 44.575 euros por el régimen de pago único; 36.833 euros en pagos por ganado vacuno; 2.190 euros como reembolso de créditos prorrogados del ejercicio 2014, y 2.000 euros como "ayuda específica".

En total, en el periodo 2006-2015, esta sociedad ingresó en subvenciones comunitarias 1.024.380 euros. Si se suma a esta cifra lo cobrado por Savial SL, resulta que, durante la última década, las dos empresas del marido de Aguirre percibieron una media anual de 306.185 euros.

Ganadera Bornos SC es una sociedad civil, un tipo societario poco común en España cuando se trata de desarrollar una actividad mercantil, puesto que funciona como una comunidad de bienes. Las sociedades civiles pueden tener o no personalidad jurídica, aunque en el caso de Ganadera Bornos SC sí la posee. Lo que no tienen dichas sociedades es la obligación de presentar sus cuentas ante el Registro Mercantil. Bornos es el nombre del título nobiliario de Fernando Ramírez de Haro.

La sociedad se dedica a la ganadería y su domicilio social también está en el palacete de Madrid donde residen Aguirre y su marido, aunque su actividad la desarrolla esencialmente en el municipio de Gallegos de Sobrinos (Ávila).

http://www.infolibre.es/noticias/politica/2016/12/28/dos_empresas_del_marido_aguirre_reciben_300_000_euros_subvenciones_acumulan_millones_ayudas_publicas_59186_1012.html

54. C.A.MADRID. EL DIPUTADO POPULAR LUIS PERAL DEJA SU ESCAÑO EN LA ASAMBLEA DE MADRID

La decisión ha sido motivada por razones personales y para emprender nuevos proyectos, según explicó él mismo

El diputado del Partido Popular en la Asamblea de Madrid, Luis Peral, abandona su escaño en el parlamento regional y cesa toda su actividad política. El conservador Peral toma esta decisión “por motivos personales” y con la motivación de emprender nuevos proyectos, entre ellos el de doctorarse, según explicó él mismo.

El portavoz de Educación del PP en la Asamblea comunicó el lunes 26 de diciembre su decisión a la presidenta regional, Cristina Cifuentes, así como al portavoz del grupo parlamentario, Enrique Ossorio. La renuncia se hará efectiva en los próximos días, por lo que Peral no acudirá al Pleno del 12 de enero en el Parlamento regional.

El que fue senador por la Comunidad de Madrid —entre 2007 y 2015— ha tenido una carrera política no exenta de polémicas. Luis Peral tuvo que pagar una multa de 300 euros por ausentarse en la votación de la ley contra la LGTBfobia, promovida por su grupo parlamentario. En otra ocasión también fue sancionado, en este caso con 600 euros, por votar en contra de una moción para regular los vientres de alquiler. Su ausencia —a la que se sumó el alcalde de Alcorcón, David Pérez— supuso la pérdida de la votación para el PP regional.

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2016/12/26/madrid/1482757943_079847.html

55. C.A.MADRID. EL JUEZ ANULA LA COMISIÓN QUE INVESTIGABA LOS GOBIERNOS DE BOTELLA Y GALLARDÓN

Los magistrados afirman que no se puede investigar "todo" para ver "si algo se descubriera"

La justicia ha decidido bloquear una comisión de investigación sobre la gestión de dos anteriores alcaldes, Alberto Ruiz-Gallardón (2003-2011) y Ana Botella (2012-2015), ambos del Partido Popular, al considerar que incumplía el reglamento municipal. En concreto, el juzgado contencioso administrativo número 9 de Madrid recoge el recurso interpuesto por el partido liderado por Esperanza Aguirre en Madrid, que denunció que la comisión no tenía un objeto específico de investigación, sino que pretende abarcar un juicio sobre un curso político, y que por lo tanto no era legítima. El Ayuntamiento tiene 15 días a partir de este jueves para presentar un recurso.

La comisión, presidida por la primera teniente de alcalde, Marta Higueras (Ahora Madrid), se reunía una vez al mes desde junio y en ella también comparecieron varios concejales del PSOE y de Ciudadanos. Su objetivo era investigar el origen del endeudamiento municipal (de 990 millones a finales del año 2000 hasta alcanzar los 7.733 millones a fines de 2012) y todas "aquellas operaciones que conllevaron sobrecostes o que pudieron ser lesivas para el Ayuntamiento y los intereses generales".

Los ediles del PP decidieron no participar en ella, al suponer que el fin de la iniciativa no era analizar casos concretos de mala gestión (es decir, sobre los que había indicios concretos), sino proceder hacía una investigación a todoterreno de los contratos de obras y servicios del Ayuntamiento, además de la actuación de las cuatro sociedades y consorcios municipales (Empresa Municipal de la Vivienda, Madrid Calle 30, la Empresa Mixta de Servicios Funerarios, Mercamadrid y Feria de Madrid), para ir averiguando caso por caso si se detectaban fallos de gestión o irregularidades.

Por esta razón, en abril el PP presentó un recurso ante el contencioso-administrativo, cuyo resultado ha sido conocido este jueves. En el auto, al que ha tenido acceso EL PAÍS, se establece que la comisión no permanente del Ayuntamiento tiene que interrumpir sus labores al carecer de un objetivo concreto que justifique su actividad. En su interpretación el juez da la razón al PP, al considerar que esta comisión se organizó para "investigarlo todo, durante tres legislaturas, a ver si algo se descubría". "No tiene un objetivo concreto, sino genérico, vedado a este tipo de comisiones no permanentes", concluye el documento.

La portavoz de los populares en Madrid, Esperanza Aguirre, manifestó toda su satisfacción ante la decisión judicial. "El reglamento no se puede interpretar de esta manera", afirmó Aguirre. La portavoz exige a Carmena excusas oficiales por una maniobra que, en su opinión, estuvo dirigida a deslegitimar una fuerza política tras un juicio de sus 12 años de gestión en la capital. "Quiero que Carmena pida perdón a Botella y Gallardón", remarcó Aguirre, e incidió en que espera que el gobierno de Ahora Madrid pida disculpas a los votantes y a los funcionarios, "que eran quienes fiscalizaban todos los contratos".

La popular calificó de "varapalo judicial" el auto, en su significado de "enmienda a la totalidad" a los conocimientos jurídicos y administrativos de los partidos que apoyaron la comisión (Ahora Madrid, una confluencia de fuerzas alrededor de Podemos, PSOE y Ciudadanos). Además, según la portavoz, este fallo "ratifica" los argumentos de los populares respecto a que la comisión era una "una causa general contra la gestión del Partido Popular: "Un proceso inquisitorial que pretendía anular al PP por razones de interés electoral".

El Ayuntamiento, que tiene 15 días para recurrir el auto, mantiene su posición de respeto ante las decisiones judiciales. Pero recuerda que el fallo llega "después de que se registraran dos proposiciones para la sesión ordinaria del pleno del próximo 23 de diciembre".

Las dos proposiciones a las que hace referencia el Consistorio implican modificaciones de los acuerdos para la creación de dos nuevas comisiones no permanentes: una sobre la gestión de la Empresa Municipal de Vivienda, bajo cuya lupa estará la venta de más de 2.000 viviendas protegidas a fondos de inversiones en 2013; y la otra sobre la empresa Madrid Calle 30, cuya gestión público-privada está siendo criticada por el Ayuntamiento, que cree que estuvo al origen de pagos de obras con sobrecostes y sin terminar.

PSOE y Ciudadanos piden que se siga investigando

PSOE y Ciudadanos siguen considerando necesario investigar la política que se llevó a cabo en el Ayuntamiento de Madrid. "Y más a la luz de lo ya conocido en la venta de viviendas a fondos buitre y las contrataciones con empresas de la Púnica", afirmó la portavoz Purificación Causapié, quien se dice sorprendida por "trabajo y la energía" de Aguirre a impedir la investigación. Por su parte, Begoña Villacís, portavoz de Ciudadanos, criticó que el PP "siga teniendo miedo a mirarse al espejo" y defendió la comisión de investigación, donde solo ve un defecto de forma.

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2016/12/15/madrid/1481823877_538439.html

56. C.MADRID.LA CUÑADA DE IGNACIO GONZÁLEZ COMUNICA SU PARTICIPACIÓN EN UNA EMPRESA DEL IBEX SEMANAS DESPUÉS DEL PLAZO LEGAL

Pilar Cavero fue nombrada consejera de Merlin el 20 de octubre y hasta el 15 de noviembre no informó al regulador de que no tenía acciones en la inmobiliaria

La CNMV da tres días hábiles a los nuevos consejeros de una cotizada para notificar si tienen acciones; omitir esta información puede suponer una infracción susceptible de sanción

La apertura de expediente sancionador correspondería al consejo de la CNMV, cuyo nuevo presidente asesoró a 10 bancos que prestaron 1.700 millones a Merlin

La abogada Pilar Cavero Mestre, cuñada del expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González, ha comunicado su participación en Merlin Properties, la única inmobiliaria que cotiza en el Ibex 35, con semanas de retraso respecto al plazo legal que estipula la normativa del mercado de valores.

El pasado 15 de noviembre, Cavero comunicó a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que no tiene acciones en Merlin, de la que fue nombrada consejera “independiente” el 20 de octubre, según recogen los registros del regulador.

La demora excede holgadamente ese plazo de tres días hábiles que está en vigor desde el pasado 3 de julio, cuando entró en vigor el Reglamento europeo Nº 596/2014 sobre abuso de mercado. Desde esa fecha, los consejeros y directivos de las compañías cotizadas deben comunicar a la CNMV su posesión de acciones “sin demora y a más tardar en un plazo de tres días hábiles a partir de la fecha de la operación”, en este caso, la aceptación del cargo como consejero.

Cavero, perteneciente a una familia históricamente ligada al negocio inmobiliario en Madrid, fue nombrada vocal de Merlín en octubre junto a otros cinco nuevos consejeros. Tres de ellos comunicaron su posesión de acciones dentro de ese plazo legal de tres días hábiles, pero hubo tres que no lo hicieron: Francisca Ortega Hernández-Agero (representante de Banco Santander), Agustín Vidal-Aragón (de BBVA) y Pilar Cavero. De esos tres, Ortega y Vidal-Aragón realizaron las comunicaciones el 2 de noviembre. La de Cavero fue la más tardía, con fecha 15 de noviembre, según los registros de la CNMV.

Fuentes de Merlin atribuyen el retraso a “un problema técnico con la CNMV”, pero aseguran que el plazo de tres días hábiles empezaría a contar desde el 31 de octubre, cuando se registró la escisión de Metrovacesa (compañía adquirida este año por Merlin). Por su parte, Pilar Cavero aseguró en una breve conversación telefónica con el diario.es que la comunicación “se hizo con muchísimo tiempo de antelación” pero no ofreció más detalles, ya que se encuentra de viaje en el extranjero. Indicó que “eso lo lleva Garrigues”, el bufete de abogados, justo antes de que se cortase la comunicación.

En manos de la CNMV

Fuentes jurídicas consideran que omitir esta información puede suponer una infracción sancionable por la CNMV. La decisión de incoar y resolver un expediente sancionador es, no obstante, competencia del consejo de administración del regulador bursátil.

El nuevo presidente de la CNMV, Sebastián Albella, asesoró a los diez bancos extranjeros que a finales de 2015 prestaron a Merlin 1.700 millones de euros para financiar la deuda que soportaba Testa, adquirida el año pasado por la compañía que pilota Ismael Clemente. Las únicas sanciones que publica el regulador son las graves o muy graves. Las graves se multan con hasta 300.000 euros, pero los retrasos en la comunicación suelen castigarse con como mucho, 20.000 euros.

La incorporación de Cavero al consejo de Merlin fue aprobada en una junta de accionistas el pasado 15 de septiembre, cuando Merlin y Metrovacesa aprobaron su integración para crear la primera inmobiliaria española y una de los mayores de Europa. “Una máquina de repartir dividendos”, según dijo entonces el primer ejecutivo de Merlin, Ismael Clemente. Cuando en agosto Merlin propuso el nombramiento de Cavero, la empresa valoró, entre otros méritos, “su amplia experiencia en el sector jurídico” y “su perfil profesional altamente cualificado”, tanto “por su dilatada experiencia y méritos en sectores relevantes, como por sus profundos conocimientos en diversos campos empresariales”.

Socia de honor del despacho Cuatrecasas, uno de los bufetes más importantes de España, Pilar Cavero es “experta en negociación colectiva, en planes de redimensionamiento de plantillas, altos directivos, asesora en planes de expatriación, así como de forma permanente en aspectos de índole laboral y de Seguridad Social, tanto a grupos multinacionales como a grandes grupos empresariales españoles”, según Cuatrecasas.

La cuñada de Ignacio González ya fue nombrada en mayo de 2015 consejera de la antigua Testa (adquirida por Merlin el año pasado), cuando esta todavía pertenecía a la constructora Sacyr, en una remodelación en la que salieron de su consejo de administración, entre otros, dos ex imputados por las polémicas tarjetas ‘black’ de Bankia y Caja Madrid: el expresidente de Renfe Miguel Corsini y el ex secretario de Estado de Hacienda Estanislao Rodríguez Ponga. Ahora, Cavero va a mantenerse en el consejo de Merlin por un plazo de al menos tres años.

El pasado 22 de noviembre, Pilar Cavero fue nombrada consejera independiente del grupo de ingeniería y energías renovables Abengoa. En este caso, la comunicación de su participación en la compañía sevillana (en la que tampoco tiene acciones) se produjo el pasado 25 de noviembre, dentro del plazo que estipula la CNMV.

http://m.eldiario.es/economia/Ignacio-Gonzalez-comunica-participacion-Ibex_0_587592069.html

57. REGION DE MURCIA. MARJALIZA REGALÓ A LA SENADORA PILAR BARREIRO UN BOLSO PILAR BARREIRO (AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA)

Otra de las que aparecen en este documento es la exalcaldesa de Cartagena (Murcia) y senadora, Pilar Barreiro Álvarez, al ser obsequiada con bolso. Esta compra la realizó el 23 de diciembre de 2003, junto otros artículos como relojes, y se gastó un total de 5.138,50 euros, según un ticket que plasma la UCO en su informe.

http://www.20minutos.es/noticia/2866972/0/marjaliza-regalo-senadora-pilar-barreiro-bolso/#xtor=AD-15&xts=467263

58. REGION DE MURCIA. EL SUPREMO EXCULPA A PILAR BARREIRO POR 'NOVO CARTHAGO' DE MANERA PROVISIONAL

La Sala confirma que no hay indicios para que la senadora siga imputada, pero rechaza que el sobreseimiento sea libre y deja abierta una puerta a una futura inculpación

Pilar Barreiro puede olvidarse del 'caso Novo Carthago'. Al menos por el momento y siempre que no surja algún dato nuevo que pueda servir para inculparla. Y es que la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo vino ayer a confirmar el archivo de las diligencias abiertas contra su persona por este presunto caso de corrupción urbanística, pero, a la vez, rechazó que la exculpación sea libre; esto es, definitiva.

El auto de la Sala Segunda recuerda que el magistrado José Ramón Soriano, a quien correspondió la instrucción de las diligencias contra Pilar Barreiro, ya ordenó en mayo pasado el archivo de la causa sobre la exalcaldesa de Cartagena y actual senadora. El juez consideró que esta política del PP no incurrió en delito al tramitar la denominada Modificación Puntual nº 113 del Plan General de Ordenación Urbana de Cartagena, con la que se permitió a la promotora Novo Carthago impulsar un gran proyecto urbanístico -más de 10.000 viviendas, centro de convenciones y campo de golf- en unos terrenos parcialmente protegidos junto al Mar Menor.

El instructor expresaba en su resolución «la regularidad de la actuación administrativa» desarrollada por Barreiro como alcaldesa de Cartagena y rechazaba seguir investigando esos hechos, con la práctica de nuevas pruebas y la toma de más declaraciones, como reclamaba la acusación particular del Ayuntamiento cartagenero, Izquierda Unidad y los concejales socialistas Ana Belén Castejón y Juan Pedro Torralba. En concreto, el magistrado consideraba que las pruebas propuestas eran «innecesarias e irrelevantes al objeto de este proceso», por lo que dictó el archivo de esas diligencias.

«La continuación de las diligencias en Murcia podría suponer nuevos hechos que aconsejaran la reapertura»

El hecho de que optara por el sobreseimiento libre implicaba que la exculpación de Barreiro era definitiva, de manera que ni siquiera la aparición de nuevas pruebas incriminatorias permitiría volver a inculparla.

Las acusaciones particulares recurrieron la resolución del magistrado Soriano, pero ahora la Sala de lo Penal ha confirmado que el asunto debe ser archivado, al no haberse confirmado durante la investigación judicial los indicios de delito que en su día llevaron a abrir estas diligencias.

Sin embargo, y esa es la única victoria que pueden atribuirse los impulsores de la acusación particular, el tribunal ha rechazado la pretensión del instructor de sobreseer libremente la causa. Así, la Sala ordena que el archivo sea provisional, teniendo en cuenta que la mayor parte de las diligencias del 'caso Novo Carthago' siguen siendo investigadas en el Juzgado de Instrucción número 2 de Murcia y que, en cualquier momento, podría aparecer, siempre en el terreno de las hipótesis, algún nuevo dato que señalara a Pilar Barreiro. Con esta resolución, la vía para que la actual senadora pudiera volver a verse imputada en un futuro quedará abierta durante bastante tiempo.

Así lo señala el propio tribunal, cuando expone en su auto que «la continuación de las diligencias (...) pudieran suponer nuevos hechos que aconsejaran la reapertura de este procedimiento a la luz de los mismos».

Pendiente de 'Púnica'

Aunque con esta resolución, Pilar Barreiro se quita de encima una carga importante, sigue pendiente de resultado la investigación que el juez Eloy Velasco viene desarrollando desde hace dos años por el 'caso Púnica'. El magistrado de la Audiencia Nacional sospecha que la entonces alcaldesa de Cartagena pudo acordar con empresas de la trama un lavado de su imagen en internet.

http://www.laverdad.es/murcia/201612/17/supremo-exculpa-pilar-barreiro-20161217012624-v.html

59. C.A.PAIS VASCO. EL TRIBUNAL DE CUENTAS ABSUELVE A MAROTO Y ALONSO POR EL ALQUILER GRAVOSO DE UNAS OFICINAS EN VITORIA

El presidente de la sala emite un voto particular discrepante, al estimar que sí existió "infracción legal" en el contrato firmado cuando formaban parte de la corporación

El Tribunal de Cuentas del Estado ha absuelto al vicesecretario de Acción Sectorial del PP, Javier Maroto, y al presidente del PP vasco, Alfonso Alonso, de la condena inicial impuesta por este mismo organismo en el llamado 'caso San Antonio' por la firma de un contrato público para el alquiler de unas oficinas a un precio considerado muy superior al de mercado durante su etapa al frente del Gobierno municipal de Vitoria.

La ponente de la sentencia ha sido la actual consejera del Tribunal de Cuentas (TCU) Margarita Mariscal de Gante, antigua ministra del PP con José María Aznar, que ha sido secundada por otro de los miembros de la Sala de Justicia de este organismo, integrada por tres consejeros. El tercer miembro y presidente de la sala, Felipe García Ortiz, ha emitido un voto particular discrepante, al estimar que sí existió "infracción legal" en el contrato, según han informado fuentes del TCU.

Maroto y Alonso fueron condenados el pasado mes de mayo por el Tribunal de Cuentas, en primera instancia, junto al resto de miembros del Gobierno municipal de Vitoria que, en 2007, firmaron un contrato público para el alquiler de unas oficinas con el empresario Gonzalo Antón.

El contrato, firmado por el Gobierno municipal en el que Alonso era alcalde y Maroto concejal de Hacienda, obligaba al Ayuntamiento de la capital alavesa a pagar 7,6 millones de euros por el alquiler, durante un periodo de veinte años, de un local que Antón había comprado un año antes por 2,7 millones de euros.

El Tribunal de Cuentas apuntó en su sentencia de mayo a la "responsabilidad contable" de aquel Gobierno municipal del PP, y condenó a sus integrantes a pagar, de forma solidaria, 393.862 euros por el "perjuicio" causado a las arcas públicas de Vitoria, siendo la primera vez que un ministro era obligado a devolver dinero público por despilfarro.

La Sala de Justicia de este tribunal ha estimado el recurso de Maroto, Alonso y el resto de exconcejales del PP condenados, y absuelve a todos ellos. En esta nueva sentencia se indica que los pactos suscritos por el Ayuntamiento en el contrato entraban en el ámbito de la discrecionalidad administrativa, y que el informe de la Unidad Técnica del Ayuntamiento, que estimaba que el alquiler debía tener un coste inferior, no era vinculante. El Tribunal de Cuentas añade que la jurisdicción contable no puede entrar en razones de oportunidad o de eficacia en el uso de los fondos públicos, ya que debe limitarse a estudiar los criterios de legalidad.
Voto particular

En su voto particular, el presidente la Sala de Justicia del TCU, Felipe García Ortiz, indica que sí existió una infracción legal en el contrato, ya que se vulneraron los principios de buena administración que establece el artículo 111 de la Ley de Patrimonio de las Administraciones Públicas. Dicho articulo, según recuerda este consejero del TCU, prohíbe pactar cláusulas contrarias a estos principios, por lo que entiende que en la actuación de Maroto y Alonso hubo daños a los fondos públicos.

El voto particular señala que en ningún caso se justificó ni motivó la desproporción en el precio de actualización, por lo que considera que el mismo fue abusivo y existió un pago sin causa que ascendió a 189.097 euros. El presidente de la sala cree que Maroto, Alonso y el resto de los miembros de aquel Gobierno municipal deberían haber sido condenados por esta suma, estimando su recurso de forma parcial.

60. C.VALENCIANA. LA GENERALITAT DENUNCIA A LA FISCALÍA NUEVAS FACTURAS IRREGULARES EN EL HOSPITAL PROVINCIAL DE CASTELLÓN POR CASI 8 MILLONES

Son facturas sin contrato y supuestamente infladas o por trabajos no realizados durante el gobierno del PP en la Generalitat y la Diputación. Piaf, la principal adjudicataria, está acusada en la Gürtel y su presidente ha admitido que financió de forma ilegal al PP en ese procedimiento

La Consejería de Sanidad amplía con este nuevo grupo de facturas la denuncia inicial presentada el pasado mes de junio. Montar un belén costó 90.000 euros. El supuesto fraude en el hospital supera ya los 32 millones de euros

La Consejería de Sanidad de la Generalitat valenciana ha ampliado su denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción por el supuesto fraude de las facturas irregulares en el Hospital Provincial de Castellón, especializado en oncología, salud mental y oftalmología.

A los más de 25 millones denunciados en junio correspondientes a las empresas Piaf y Telecso entre los años 2006 y 2015, se unen ahora otros 2,6 millones nuevos atribuidos a Piaf en el periodo 2003–2005 y 5,1 millones más en facturas sin contrato del grupo Domo hasta 2015.

La Cadena SER ha tenido acceso a la nueva denuncia y a miles de las facturas pagadas sin que mediara contrato por el centro hospitalario y que han sido presentadas a la Fiscalía. Se trata de documentos genéricos, en los que no consta detalle alguno de los trabajos supuestamente realizados por los que las empresas cobraron hasta 70.000 euros por cada operación.

"Clara transgresión de la ley"

Además de pagarse sin contrato, lo que ya supone una "clara transgresión del procedimiento" legal y "constitutivo de ilícitos penales" para el director de Recursos Humanos de Sanidad, que aconseja denunciar los hechos, se abonaron numerosas facturas con decenas de miles de euros en las que figuraban conceptos tan vagos como "trabajos realizados en diversas zonas del hospital", sin explicitar qué trabajos ni a qué zonas se refería. También era frecuente el abono de facturas mensuales por "mantenimientos preventivos" de exactamente la misma cantidad: 13.333 euros. Tampoco era extraño, a tenor de las facturas, el pago por "suministro de material" sin especificar de qué material se trataba.

La conexión con la Gürtel

La principal empresa beneficiada con esta facturación irregular ha sido Piaf, que entre la denuncia de junio y la actual acumula cerca de 22 millones en cobros supuestamente fraudulentos.

La empresa Piaf está acusada en la Gürtel por financiar de forma ilegal al PP de Valencia a cambio de obtener contrataciones públicas. Y el presidente de esta compañía, Alejandro Pons Dols, ha admitido los hechos en su integridad en el acuerdo de conformidad alcanzado con la Fiscalía. Ha reconocido, tal y como denunciaron el Ministerio Público y la acusación popular del Partido Socialista Valenciano, que abonó gastos electorales que el Partido Popular de Francisco Camps había contraído con las empresas de la trama. A cambio, el Gobierno autonómico le adjudicaba obras públicas.

Respecto al grupo Domo, la Consejería de Sanidad ha detectado más de 2.500 facturas fuera de contrato y supuestamente infladas o pagadas a este grupo por trabajos no realizados que "transgreden" los procedimientos de "contratación pública y la ley de Hacienda Pública".

Un belén de 90.000 euros

Entre las facturas, se encuentran 35 para la "instalación, montaje y restauración" de una representación del nacimiento de Jesús con unas 800 figuras.

Supuesto fraude con Carlos Fabra y Javier Moliner

El consorcio del Hospital Provincial de Castellón está codirigido por la Consejería de Sanidad y la Diputación de Castellón. Gran parte de la supuesta facturación fraudulenta tiene lugar durante el Gobierno de Carlos Fabra en la corporación provincial, pero también hay centenares de facturas supuestamente irregulares con su delfín y sucesor desde 2011 en la presidencia de la Diputación, Javier Moliner.

En el periodo investigado, entre 2003 y 2015, han ocupado la Consejería de Sanidad cinco consejeros del Partido Popular. Tres de ellos se sentarán en el banquillo por la Gürtel: Vicente Rambla por la pieza de la financiación ilegal del PP; y Manuel Cervera y Luis Rosado están acusados de prevaricación por conceder contratos a empresas de la trama. Otro de los consejeros de Sanidad en ese tiempo fue Rafael Blasco, que cumple una condena de cárcel por el caso Cooperación.

http://cadenaser.com/ser/2016/12/11/tribunales/1481483529_226518.html

61. C.VALENCIANA. EL SUPREMO ARCHIVA LA CAUSA CONTRA UN DIPUTADO DEL PP POR MALVERSACIÓN

La investigación se abrió después de que un juzgado le atribuyera a Óscar Clavell presuntos delitos por la autorización de pagos a una concesionaria

El Tribunal Supremo ha archivado la causa abierta al diputado del PP Oscar Clavell López al no apreciar delitos de prevaricación o malversación en el decreto que firmó en diciembre de 2010, cuando era alcalde de La Vall d’Uixó (Castellón), para validar unas facturas por valor de 706.789 euros del servicio de limpieza. La causa se abrió como consecuencia de una exposición razonada elevada al Supremo por la juez de Instrucción 2 de Nules (Castellón), Laura Alemán, que atribuía a Clavell presuntos delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos por la autorización de esos pagos.

La juez de Castellón consideraba que el alcalde prevaricó al firmar un decreto, el 30 de diciembre de 2010, que validó las facturas por valor de 706.789,39 euros emitidas por Secopsa, la empresa contratada por el Ayuntamiento para realizar el servicio de limpieza de este municipio de 31.000 habitantes. Clavell autorizó el pago pese a que la responsable técnica de la ejecución del servicio había manifestado que este no se estaba ejecutando correctamente. Cuando firmó estas resoluciones, Clavell era alcalde circunstancial del municipio en sustitución de la alcaldesa, Isabel Bonig, actual presidenta del PP valenciano.

El Supremo, que asume el criterio del fiscal a favor de que se cerrara el caso, argumenta que no es lo mismo una ilegalidad administrativa que un delito de prevaricación, ya que este, requiere que la resolución sea injusta y arbitraria "de forma patente y clamorosa", lo que los jueces no aprecian en este caso. Además, la prevaricación exige que la resolución se produzca “a sabiendas” de que se está cometiendo una ilegalidad lo que tampoco concurre en este caso, según el Supremo.

La Sala de lo Penal puntualiza que el hecho de descartar delito en el decreto de Clavell no supone concluir que, desde el punto de vista administrativo, su actuación fuese correcta. "El tipo subjetivo (de la prevaricación) exige la clara conciencia de la ilegalidad o de la arbitrariedad que se ha cometido, pues lo demás sería invadir el campo del control judicial de los actos administrativos, que a nosotros no nos corresponde, y dado que no puede apreciarse tal claridad o evidencia en la conducta del aforado no puede considerarse que se haya cometido un delito de prevaricación”, concluye el tribunal.

En cuanto al delito de malversación de caudales públicos, el Supremo dice que no se ha aportado indicio alguno de esta infracción penal. Tampoco encaja la conducta del aforado en un delito de fraude y exacciones ilegales, ya que, según el tribunal, no existen datos de que se hubiera querido causar un perjuicio a la Administración.

La investigación judicial sobre Clavel fue motivo de confrontación entre el PP y Ciudadanos cuando ambos partidos negociaban este verano el pacto de investidura. Clavell fue imputado por la juez de Nules en 2015, pero los populares le incluyeron como número dos de la lista por Castellón en las elecciones del 20 de diciembre, por lo que, tras los comicios y una vez que tomó posesión de su acta como diputado del Congreso, la instructora remitió el caso al Tribunal Supremo, que abrió una causa para investigarle. Su situación, según Ciudadanos, chocaba con dos de las condiciones impuesta por el partido de Albert Rivera al PP para apoyar la investidura de Rajoy: la “separación inmediata de cualquier cargo público que haya sido imputado formalmente por corrupción política hasta la resolución completa del procedimiento judicial”y la “eliminación de los aforamientos ligados a cargos políticos y representantes públicos”.

Cuando estalló el caso en mayo de 2014, Clavell aseguró que había ordenado el pago para “evitar una huelga de limpieza” de los trabajadores de Secopsa. Los sindicatos habían anunciado movilizaciones en el marco de un conflicto entre la empresa y los trabajadores por los retrasos en el pago de las nóminas. El ex primer edil aseguró en aquella ocasión que había firmado el pago para que la empresa pudiera abonar las nóminas y evitar así la movilización sindical.

http://politica.elpais.com/politica/2016/12/13/actualidad/1481629286_530947.html

62. C.VALENCIANA. LA UCO ACREDITA QUE CONTRATISTAS PAGARON LAS CAMPAÑAS DE RITA BARBERÁ

El juzgado declara secreto parte del 'caso Taula' tras identificar donaciones de empresarios para llenar la caja 'B' desde 2007Las pruebas apuntan que Laterne y Trasgos recaudaban los fondos

Empresarios llenaban la caja 'B' para que Rita Barberá ganara elecciones

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha acreditado donaciones irregulares de empresarios y contratistas del Ayuntamiento de Valencia al PP a través de empresas del sector de la comunicación para financiar campañas electorales de Rita Barberá al menos desde el año 2007. Según la información a la que ha tenido acceso EL MUNDO, el juzgado que instruye las diligencias derivadas de la Operación Taula abrió una nueva pieza separada en noviembre que se declaró secreta tras aparecer nuevas pruebas que confirmarían el circuito que siguió el dinero de los empresarios y la presunta financiación irregular del grupo municipal popular en el Ayuntamiento de Valencia.

La documentación que forma parte de esta pieza separada, publicada ayer por Valencia Plaza, apunta directamente a las dos agencias que montaron las campañas de Barberá: Grupo Laterne y Trasgos. La primera realizó trabajos electorales para el PP de la ciudad de Valencia hasta 2008 y Trasgos desde esta fecha hasta 2015. Estas dos empresas se han llevado contratos municipales, de concejalías o fundaciones públicas, que superan los tres millones de euros mientras gestionaban las presuntas donaciones ilegales al grupo municipal. Entre los contratistas que investiga el juzgado en secreto por donar dinero ilícito al PP de Valencia destaca Secopsa, la constructora fetiche del ex vicealcalde Alfonso Grau, quien custodiaba la presunta caja B del PP de Valencia. Además, Secopsa forma parte del consejo de administración de la Rambleta, una de las contratas que se investiga en la pieza separada que indaga en el reparto de comisiones y amaños de contratos en el Ayuntamiento.

Laterne se inscribió en el registro mercantil en 1994, estuvo administrada por el empresario Vicente Sáez Tormo -ya fallecido- y entre sus empleados han figurado varios asesores del grupo municipal. Uno de ellos es Jesús Gordillo, quien pasó del grupo municipal al staff de la constructora y de ahí al consejo de administración de la Rambleta después de que Grau adjudicara a Secopsa el contrato millonario de mantenimiento de edificios públicos. Gordillo volvió más tarde al grupo municipal y fue uno de los asesores que declaró como testigo por negarse a blanquear los 1.000 euros de la última campaña de Barberá después de que Grau rompiera con la ex alcaldesa.

Justo en el año 2007, poco después de la convocatoria electoral, Laterne firmó con el Ayuntamiento de Valencia uno de los contratos más suculentos que se llevó con el PP. La Fundación municipal Centro y Desarrollo (CEyD), con el ex concejal Juan Eduardo Santón aún como responsable, encargó a City Marketing Council, del grupo Laterne, hasta 300.000 euros por un infobarómetro que terminó dos años después otra sociedad porque esta empresa quebró. Según la documentación a la que ha tenido acceso esta redacción, el contrato se firmó el 13 de septiembre de 2007 y sólo dos días después, el 15 de septiembre de 2007, Laterne ya presentó dos facturas, de 100.000 y 200.000 euros respectivamente, por supuestos trabajos a la fundación CEyD. Otra de las fundaciones que contrató con esta empresa es Turismo Valencia, hasta 2015 bajo el control absoluto de Grau. Compromís denunció estos hechos pero la Fiscalía los archivó al concluir que no había «nada fundado en que basar la posible existencia de una conducta delictiva». Laterne y Gürtel2007 es la nueva fecha que ha fijado el juzgado para investigar la presunta financiación irregular del grupo municipal. En ese momento el delito electoral no venía recogido en el Código Penal pero las diligencias que dirige la UCO habrían acreditado la existencia de otros delitos que aún no estarían prescritos.Ese mismo año, Laterne montó actos para la campaña de Barberá a través de Orange Market, el brazo de Francisco Correa en Valencia. Uno de ellos fue en el polideportivo del Cabanyal. Existen muchas similitudes entre la mecánica de Gürtel y Taula: firmas del sector de la comunicación que montan actos del partido que les contrata y, a su vez, emiten facturas falsas a constructoras que esconden verdaderas donaciones ilegales al parto que gobierna. Este 'modus operandi' les permitía rebasar cualquier techo de gasto.

Por la plantilla de Laterne también pasó Patricia Iserte, otra de las asesoras del grupo municipal que se negó a participar en el blanqueo de 2015. Iserte declaró en el juzgado que había trabajado «en una agencia de comunicación», Laterne, «como consultora de empresa. Que se prestaron servicios en esa agencia para el Ayuntamiento» y que en las elecciones de 2007, la agencia en cuestión también trabajó para el PP.Preguntada por si le constaba que era Grau el que contrataba a esta agencia, como ocurría con Trasgos, respondió «que no lo sabía, que se trataba de Laterne». Iserte dijo que era Alfonso Novo, actual concejal, el que hacía de enlace con Laterne.

http://www.elmundo.es/comunidad-valenciana/2016/12/21/585993bae5fdea621e8b457f.html

63. C.VALENCIANA. EL JUEZ INVESTIGA SI LA UCO MANIPULÓ PRUEBAS CONTRA EL PP DE RITA BARBERÁ

juzgado que instruye las diligencias derivadas de la Operación Taula investigará si la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil manipuló pruebas del presunto delito de blanqueo de capitales por el que continúan imputados -ahora, investigados- medio centenar de cargos del PP de la ex alcaldesa de Valencia Rita Barberá. La petición de investigación parte de un grupo de defensas que reclutó el cuñado de Barberá, el abogado José María Corbín, quien defiende en este procedimiento a Mari Carmen García-Fuster, la secretaría del grupo municipal popular que habría repartido los billetes de 500 euros en la última campaña electoral.

Estas defensas han propuesto en los últimos meses un rosario de diligencias para invalidar la conversación telefónica, muy didáctica, en la que la ex concejal de Cultura María José Alcón, esposa del ex vicealcalde Alfonso Grau, confesó a su hijo por teléfono el blanqueo por el método del pitufeo. La última prueba propuesta es la práctica de diligencia pericial, «consistente en que por un perito de parte se pueda acceder en sede judicial para llevar a cabo un examen técnico de los soportes informáticos originales que fueron remitidos por la UCO». El objetivo, «verificar el sistema de sellado o firma electrónica avanzado o sistema de adveración fiable que se haya dotado a esos soportes digitales» El magistrado-instructor, el juez Víctor Gómez, firmó este miércoles un auto, al que ha tenido acceso EL MUNDO, en el que autoriza esta prueba y una serie de diligencias complementarias que parten del propio juzgado. En concreto, el juez ha enviado un oficio a la dirección general de la Guardia Civil para que, por parte del responsable del controvertido sistema SITEL -Sistema Integrado de Interceptación Telefónica-, «se informe a este juzgado, en términos sencillos, sobre si las conversaciones interceptadas y demás datos recogidos a través del sistema permanecen alojadas en el servido central o en los terminales policiales del sistema operativo como evidencia legal, una vez facilitadas a los juzgados en soporte digital; o si por el contrario, una vez transferidas a dicho soporte, se eliminan o resultan inaccesibles».Así, el instructor pone el foco sobre SITEL y pide a la Guardia Civil que aclare «si las grabaciones y obtención de datos» llevadas a cabo mediante este sistema «se realizan mediante un sistema completamente automático o si por el contrario permiten al funcionario habilitado o mediante cualquier procedimiento técnico, la supresión o manipulación de la información obtenida».Además, el juez Gómez quiere información «sobre el sistema y modo de llevar a cabo, en su caso, y sobre el soporte digital proporcionado a los juzgados, las comprobaciones que garanticen la identidad e integridad de las conversaciones grabadas y de los demás datos contenida en los DVDs». Cuando se obtenga toda esa información el juzgado ha autorizado a las partes acceder a los registros de llamadas de Alcón.

El escrito se ha presentado porque en esta pieza separada del caso Taula se investiga una presunta falsa aportación de 1.000 euros por cabeza para financiar la campaña de 2015 que más tarde se devolvería con dos billetes de 500. Una de las principales pruebas de cargo es la intervención telefónica, que tuvo lugar en abril del año pasado, en la que Alcón le explica a su hijo la «trampa en el partido (...) para blanquear dinero vamos, corrupción política total».El magistrado subraya en su auto que «todas las partes en el proceso tienen derecho a conocer materialmente las evidencias probatorias, las condiciones y circunstancias de su obtención». En ese sentido, cree que la petición que hace este grupo de abogados «es razonable», sobre todo si se tiene en cuenta que, en la conversación telefónica entre Alcón y su hijo, «se han establecido por este instructor determinadas limitaciones de acceso a su integridad, por razones afectantes a la intimidad». Las defensas pidieron que se les diera traslado del audio original pero el juzgado no la repartió porque hay datos ajenos al procedimiento.

El juez no duda de la labor de la Guardia Civil en su auto, explica que aceptar la prueba no significa «cuestionar el buen cometido policial», pero añade que «no debe haber inconveniente en que se pueda comprobar materialmente aquellas condiciones de la prueba obtenida que, como dicen los proponentes, aseguren que la conversación que está en el proceso sea auténtica (en el sentido que es la conversación grabada por el sistema técnico de interceptación) e íntegra». Las defensas buscan fallos en esta tramitación para sacar la llamada del sumario de esta pieza separada.

http://www.elmundo.es/comunidad-valenciana/2016/12/16/5852cc5bca4741810e8b4637.html

 VOLVER

© Copyright. 1998 - 2017. www.losgenoveses.net . Ningún derecho reservado. Aquí es todo de gratis y sin comisiones