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Del 14 al 20 de Marzo 2009

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ÍNDICE

1. EL PP INSINÚA QUE CAMPS NO TIENE FACTURAS Y EXIGE A LA TIENDA DE ROPA QUE LAS BUSQUE

2. RAJOY PRESUME DE MANEJAR BIEN EL ESCÁNDALO Y CONSOLIDAR EL PARTIDO

3. UNA "ARREPENTIDA" AGUIRRE SE ENTREGA A MARIANO Y PONE EL PP DE MADRID A SU DISPOSICIÓN DE CARA A LAS EUROPEAS

4. GARZÓN REMITE A VALENCIA Y MADRID LOS CASOS CONTRA CAMPS Y LÓPEZ VIEJO

5. LOS TRIBUNALES DE MADRID Y VALENCIA YA INVESTIGAN LA TRAMA CORRUPTA

6. CORREA INVITÓ AL MASTERS DE TENIS A ANA AZNAR Y ALEJANDRO AGAG

7. AZNAR: "MI BUEN AMIGO JESÚS SEPÚLVEDA"

8. EL PP APLICA EL DOBLE RASERO PARA DESVINCULAR A MATO DE SU MARIDO

9. MICHAVILA GESTIONARÁ "GRANDES PATRIMONIOS" SIN DEJAR EL ESCAÑO

10. EL PP ANUNCIA QUE VOLVERÁ A DENUNCIAR A GARZÓN ANTE EL CGPJ Y EL SUPREMO

11. JOSÉ TOMÁS: ‘YO IBA A TOMARLE MEDIDAS AL RITZ, DONDE ÉL SE ALOJABA´

12. TOMÁS: "LE VENDÍ A TRILLO MÁS TRAJES QUE A CAMPS"

13. AZNAR PROPONE PRIVATIZACIONES Y EL RECORTE DEL GASTO PÚBLICO PARA SUPERAR LA CRISIS

14. AZNAR PROHÍBE A LA PRENSA GRABAR UNA CONFERENCIA SUYA EN SEVILLA

15. GALICIA: EL PP APLICARÁ UN PLAN DE VIVIENDA QUE FRACASÓ EN MADRID

16. GALICIA: BALTAR CONCEDE A DOS DIPUTADOS DEDICACIONES DE 2.000 EUROS

17. GALICIA: EL ALCALDE DE TEO DENUNCIA A SU ANTECESOR POR UN AVAL NO PRESENTADO

18. GALICIA: EL PP EXIGE QUE SE LIMPIE UN MONUMENTO FRANQUISTA

19. COMUNIDAD DE MADRID. EL RODILLO DE AGUIRRE APLASTA LA INVESTIGACIÓN

20. COMUNIDAD DE MADRID. GONZÁLEZ PIDE A GALLARDÓN QUE RECTIFIQUE POR ACEPTAR QUE EXISTÍA UNA UNIDAD PARAPOLICIAL

21. COMUNIDAD DE MADRID. LOS AGENTES SOSPECHOSOS DE ESPIONAJE NO TENÍAN TAREAS ASIGNADAS EN INTERIOR

22. COMUNIDAD DE MADRID. LOS DIPUTADOS DEL PP ESPIADOS SE AUSENTAN DE LA VOTACIÓN QUE EXCULPA A AGUIRRE

23. COMUNIDAD DE MADRID. Y, MIENTRAS, ESPERANZA, ERRE QUE ERRE, DICE QUE NO HUBO ESPIONAJE EN MADRID

24. COMUNIDAD DE MADRID. EL MONITOR DE PÁDEL NEGOCIA TAMBIÉN CONTRATOS PÚBLICOS

25. COMUNIDAD DE MADRID. ACUSAN A GRANADOS DE LUCRARSE CON UNA VENTA A UN CONSTRUCTOR AMIGO

26. COMUNIDAD DE MADRID. TRES DE LOS CUATRO JUECES QUE VERÁN LA TRAMA DEL PP EN MADRID SON CONSERVADORES

27. COMUNIDAD DE MADRID. EL ACTUAL ALCALDE DE MAJADAHONDA FIRMÓ CONTRATOS CON CORREA

28. COMUNIDAD DE MADRID. MADRID ADJUDICÓ AL MENOS 100 CONTRATOS A LA TRAMA DE CORREA

29. COMUNIDAD DE MADRID. ARGANDA NOMBRA NUEVO ALCALDE A UN 'DURO' DEL PP

30. COMUNIDAD DE MADRID. GONZÁLEZ PANERO SE JACTA DE TENER UN PACTO CON EL PP

31. COMUNIDAD DE MADRID. AGUIRRE LLAMA A LA SER PARA PUNTUALIZAR Y CUELGA

32. COMUNIDAD DE MADRID. BONO RECTIFICA A AGUIRRE: "LA ESTACIÓN DE YEBES SE PUSO POR DECISIÓN DEL PP"

33. COMUNIDAD DE MADRID. FRACASA EL PLAN DE VIVIENDA DE AGUIRRE

34. COMUNIDAD DE MADRID. EL ÚLTIMO FIASCO DE MANZANO

35. COMUNIDAD VALENCIANA. EL GOBIERNO VALENCIANO DEFIENDE A CAMPS

36. COMUNIDAD VALENCIANA. EL PP PLANTEA EL 'CASO CAMPS' COMO UN ATAQUE A TODOS LOS VALENCIANOS

37. COMUNIDAD VALENCIANA. UN CONSELL CONTRA LAS CUERDAS

38. COMUNIDAD VALENCIANA. "¡TRAJES PARA TODOS!"

39. COMUNIDAD VALENCIANA. LOS ESCÁNDALOS QUE AFECTAN AL PP. ORANGE MARKET: ASALTO A LA GENERALITAT

40. COMUNIDAD VALENCIANA. EL JUEZ QUE INVESTIGARÁ A CAMPS TRABAJA CON EL MARIDO DE LA ABOGADA DE ÁLVARO PÉREZ

41. COMUNIDAD VALENCIANA. LOS VÍNCULOS DE PEDRO GARCÍA CON LOS IMPUTADOS

42. COMUNIDAD VALENCIANA. RTVV "DESCONOCÍA" QUE LA RADIO ILEGAL DE ULIBARRI DE ELDA USABA SU CENTRO

43. COMUNIDAD VALENCIANA. FACTURAS DEL DUEÑO DE FOREVER YOUNG COINCIDEN CON PEDIDOS DE CAMPS Y COSTA QUE CITA GARZÓN

44. COMUNIDAD VALENCIANA. LA TRAMA DEL AGUA DEL CALP DEBE 245.000 EUROS AL SUBCONTRATISTA QUE HIZO LA OBRA

45. REGIÓN DE MURCIA: ACUSAN AL EQUIPO DE GOBIERNO DE "REGALAR" TERRENOS PARA UN COLEGIO CONCERTADO

46. REGIÓN DE MURCIA: EL PSOE PIDE A VALCÁRCEL QUE ASUMA RESPONSABILIDADES POR LA ACTUACIÓN DE MARQUÉS

47. ISLAS CANARIAS. 400.000 EUROS DE FIANZA PARA UN EXALTO CARGO DEL PP EN CANARIAS


1. EL PP INSINÚA QUE CAMPS NO TIENE FACTURAS Y EXIGE A LA TIENDA DE ROPA QUE LAS BUSQUE

Los trajes de Francisco Camps se han convertido en un auténtico quebradero de cabeza para la dirección del PP. Mientras el presidente valenciano, que apenas atiende a los medios de comunicación, se libra fácilmente de preguntas incómodas, los dirigentes populares tienen que hablar casi cada día sobre este asunto. Y en el relato oficial hay un hueco muy claro: si Camps pagó sus trajes, como dice, ¿por qué no tiene las facturas, ni siquiera el registro de la tarjeta de crédito con la que, por lógica, debería haber pagado varias cuentas que suman en total casi 12.000 euros? El PP ha buscado una respuesta a esta pregunta y creyó haberla encontrado Federico Trillo, portavoz de Justicia de los populares. Trillo insinuó que Camps no tiene las facturas, y exigió públicamente a la tienda de ropa que hizo los trajes, Forever Young, que sea ella la que las enseñe. Trillo aprovechó además para atacar con dureza al sastre, José Tomás, quien aseguraba que la trama de Correa pagó todos los trajes de Camps con billetes de 500 euros.

El juez Baltasar Garzón, en su auto de inhibición ante el Tribunal Superior valenciano, aportó facturas y anotaciones en la contabilidad de las empresas de Correa y Álvaro Pérez, su socio y amigo de Camps, que probaban que éstos le regalaron los trajes, lo que para el juez es un soborno. Camps, por el contrario, no ha ofrecido hasta ahora ninguna evidencia para contrarrestar la documentación presentada por Garzón. Simplemente insiste en su inocencia -"yo me pago mis trajes", repite- sin aportar datos.

La dirección que encabeza Mariano Rajoy, agradecida por el apoyo que el valenciano le brindó en los momentos difíciles, tras la derrota electoral de 2008, ha decidido confiar en la palabra de Camps sin pedirle pruebas. Fuentes cercanas a Rajoy aseguran que el líder no ha reclamado las facturas al presidente valenciano. Pero Trillo necesitaba construir algo más que un acto de fe, y por eso redondeó el argumento sobre las facturas. Los periodistas le preguntaron por qué no conserva Camps, si no las facturas, al menos el registro en el banco del gasto de la tarjeta de crédito. "Conozco a Paco Camps hace muchos años y desde luego si él tiene que pagar algo, por ejemplo, al tomar algo en alguna gasolinera, paga en cash, es decir, este hombre no utiliza normalmente tarjetas de crédito", contestó Trillo.

Los dirigentes del PP preguntados estos días sobre las facturas de Camps siempre esquivan la cuestión con la idea de que "nadie guarda las facturas de los trajes que ha comprado". Claro que cuando se les recuerda que el banco sí guarda los movimientos de la tarjeta de crédito, aseguran sin más detalles que ellos creen a Camps. Sólo algunos, en privado, admiten que, a pesar de que ellos no ven el soborno por ninguna parte, sí es cierto que Camps ha mentido, porque dijo que Álvaro Pérez "nunca" le ha pagado un traje y Garzón ha demostrado con documentos lo contrario.

El PP, según fuentes de la dirección, está buscando la salida al embrollo en la tienda Forever Young. En su intento por exculpar al presidente valenciano, Trillo hizo un regate: si fue en cash, ¿cómo se demuestra que los ha pagado?, le preguntaron. Trillo dio muestras de haber hablado con la tienda. "Pues lo tendrá que decir la empresa, porque tiene una contabilidad férrea, en la que no quiero anunciar cosas que les corresponden sólo a ellos, pero se llevaba una doble contabilidad, una en el sótano que es la que vigilaba especialmente ese sastre, el señor Tomás, y otra la oficial".

Trillo utilizó sesgadamente las declaraciones de Tomás a EL PAÍS para tratar de desacreditarle. "Dice que sus relaciones con Camps eran de año y medio y de 2005 a 2008, que yo sepa, van tres años, exactamente el doble". Tomás aclaró a EL PAÍS que, efectivamente, en 2005 a Camps ni le conocía; que en 2006 se encargó los trajes de Milano que Camps devolvió por estar mal hechos, y que es entre 2007 y 2008 cuando, desde Forever Young, se relaciona durante año y pico con Camps.

Otra de las supuestas contradicciones se refieren a que Forever Young se constituyó en septiembre de 2006, "y el sastre ha dicho que hay una facturación de 2005 de la trama corrupta ente 60.000 y 70.000 euros". Tomás aclaró que la facturación de 2005 no correspondía a Forever Young, sino que se refiere a pagos que hizo Pablo Crespo por trajes comprados tanto por otros políticos valencianos -Costa, Campos, Betoret- como por Álvaro Pérez y el propio Crespo.

(www.elpais.com, 17/03/09)

2. RAJOY PRESUME DE MANEJAR BIEN EL ESCÁNDALO Y CONSOLIDAR EL PARTIDO

Mariano Rajoy considera que la victoria de Galicia y el resultado en Euskadi alejan los fantasmas y dudas sobre su liderazgo. plasmó esa sensación en el discurso que esgrimió ante la junta directiva nacional --máximo órgano del PP entre congresos--, ampliada con parlamentarios autonómicos de distintas comunidades invitados.

Quería una reunión a lo grande, por lo que convocó a los suyos en un moderno hotel madrileño. Y presumió ante todos ellos de haber sabido gestionar escándalos como el de la corrupción o los espías en pleno proceso electoral, además de haber consolidado la dirección de un partido que ha logrado dejar en nada, apuntó, los negros augurios de las encuestas.

Rajoy quiso evidenciar que se ve ganador en las próximas europeas de junio e, incluso, en las próximas legislativas. "El PP ha recuperado la centralidad y el eje de la vida política española. Hemos recuperado Galicia, decidimos en el País Vasco y, además, estamos en condiciones de desempeñar un papel decisivo en las Cortes. Y desde luego, estamos en una posición que nos permite, cuando se convoquen elecciones, volver al Gobierno", enfatizó.

En este contexto, Rajoy agradeció a sus candidatos en Galicia y Euskadi, Alberto Núñez Feijóo (no estuvo presente en la junta) y Antonio Basagoiti, respectivamente, su trabajo en campaña. Apostó por que su empeño sirva de lección para próximas convocatorias electorales. Se esforzó especialmente en defender a Basagoiti --el sustituto de María San Gil al frente del PP vasco--, por saber combinar " la rotundidad" en lo fundamental con su "amplitud de mensaje y forma de comunicación".

Cuando pasó a hablar de Galicia, hizo hincapié en que ninguna encuesta había pronosticado mayoría absoluta para los populares: "Al final, por si acaso y para curarse en salud, algunos abrieron las famosas horquillas. Pero nadie nos daba mayoría absoluta y muchos pronosticaban una debacle en el País Vasco. Hay que recordarlo y también hay que decir que lo cierto es que no acertaron". Así, Rajoy estaba solicitando a sus compañeros confianza en las posibilidades del partido y de su presidente. "La victoria acompaña siempre a quien cree en ella y lucha por ella", apostilló.

Por último, el jefe de los conservadores instó a los suyos a interiorizar que se puede ganar "en situaciones muy difíciles" --en clara alusión a los escándalos sobre corrupción y espionaje que les han salpicado-- gracias a una buena gestión de la situación. "Lo importante no es que haya situaciones muy difíciles, sino como se afrontan estas", sentenció.

(www.elperiodico.com, 17/03/09)

3. UNA "ARREPENTIDA" AGUIRRE SE ENTREGA A MARIANO Y PONE EL PP DE MADRID A SU DISPOSICIÓN DE CARA A LAS EUROPEAS

En los medios de la órbita del PP, desde los próximos a Esperanza Aguirre como El Mundo hasta los más cercanos a Mariano Rajoy, como La Razón o el periodista Federico Quevedo, coinciden en señalar hoy que el PP de Madrid se involucrará en las campaña de cara a los europeas. Precisamente la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, ironiza sobre los cambios de actitud que están experimentando algunos respecto al líder de su partido: "Es que a Mariano lo han cambiado, y hoy se ha hecho rubio y tiene los ojos azules".

La presidenta de Madrid no participó en las campañas de las gallegas ni de las vascas por deseo de los propios candidatos populares, preocupados por la mala imagen que la crisis de los espías y las ramificaciones madrileñas del caso Gürtel podría acarrear en las autonómicas. Tras la noche electoral del 1-M, Aguirre no acudió a Génova para acompañar a un satisfecho Rajoy. Sin embargo, estos resultados, unidos al desgaste provocado en el PP de Madrid por el caso Gürtel y por la presunta trama de espionaje, han llevado a la presidenta a sacar la bandera blanca y arrimar el hombro de cara a las europeas, según coinciden en señalar varios medios de la órbita popular.

Un diario aguirrista como El Mundo asegura que la presidenta "se volcará en las europeas" e incluso que está "arrepentida desde hace meses de su amago de pugilato con el presidente del PP". Reconocen que la imagen de la lideresa está "tocada en los últimos meses" tras el caso Gürtel y la crisis de los espías. En cualquier caso, los de Pedro J. creen que el punto de inflexión está en el 1-M, ya que tras la cita la presidenta se sintió "aliviada" de que no le pudieran achacar unos malos resultados y se disipó "el riesgo de que su máximo antagonista, el alcalde de Madrid, sea el que suceda a Rajoy".

En la Comunidad de Madrid "se entienden recompuestas las relaciones" con la dirección nacional, apuntan en El Mundo, donde recuerdan asimismo que Agurre apostó "públicamente y en solitario" porque Mayor Oreja fuera candidato a las europeas.

En La Razón, próximo a la dirección nacional del PP, también dan por recompuestas las relaciones entre Rajoy y Aguirre, y apuntan que la lideresa ha puesto al PP de Madrid a disposición de la vicesecretaria de organización, Ana Mato. Madrid es una plaza clave para frenar el ascenso de UPyD y, de cara a las europeas, Aguirre se habría marcado como "ambicioso reto" que el PP regional "siga siendo la organización que más votos aporta al conjunto nacional". La dirección nacional también puede presentar contrapartidas. Así, el diario deja caer que está semana "podría oficializarse la decisión de Génova de no reabrir su investigación sobre los espías, tras el cerrojazo a la de la Asamblea".

Otro periodista próximo a Rajoy, Federico Quevedo, se hace eco en El Confidencial de este acercamiento de posiciones y va más allá al asegurar que "donde había una más que incómoda incomunicación entre ambos, ahora existe un diálogo fluido y casi diario", citando fuentes próximas a la lideresa. Sobre la implicación de Aguirre en las europeas, apunta que "el mitin de cierre de campaña será en Madrid y tendrá como protagonistas al candidato Mayor Oreja, a Rajoy, y por supuesto, a la presidenta regional".

Sobre los cambios de actitud en el entorno del PP ironizaba la propia secretaria general del partido, Maria Dolores de Cospedal. "Es que a Mariano Rajoy lo han cambiado, y hoy se ha hecho rubio y tiene los ojos azules", bromea la popular en declaraciones recogidas por La Vanguardia, concluyendo que ahora "todos van detrás de él".

(www.elplural.com, 16/03/09)

4. GARZÓN REMITE A VALENCIA Y MADRID LOS CASOS CONTRA CAMPS Y LÓPEZ VIEJO

El juez Baltasar Garzón remitió a los tribunales superiores de Justicia de Valencia y Madrid la inhibición y las copias de la causa de la denominada Operación Gürtel, sobre corrupción de determinados cargos del Partido Popular, en lo que afecta al presidente valenciano, Francisco Camps, al secretario general del PP en esa comunidad, Ricardo Costa, y a los diputados en la Asamblea de Madrid Alberto López Viejo, Alfonso Bosch y Benjamín Martín Vasco, ya que todos ellos tienen la condición de aforados.

El envío de las copias testimoniadas de la causa y de la exposición razonada para los tribunales superiores se produjo una semana después de que Garzón la anunciara por medio de sendos autos, porque problemas en el servicio de reprografía de la Audiencia Nacional impidieron que el envío se realizase antes. Sin embargo, el PP ya había presentado una nueva queja contra Garzón en el Consejo General del Poder Judicial en la que criticaba que el magistrado hubiera viajado a Guatemala "sin haber cumplimentado aún el escrito razonado a los TSJ de Madrid y Valencia". La nueva queja de los populares aludía a "una nueva maniobra irregular".

Lo cierto es que el juez antes de salir de viaje había dejado firmados los oficios para la remisión de la causa, pero los problemas para elaborar dos juegos de fotocopias del sumario -más de nueve cajas de 2.000 folios cada una- retrasaron el envío hasta pasadas las dos de la tarde de .

No obstante, y a pesar de haberse inhibido respecto de los cinco aforados citados, el juez mantiene la instrucción de la causa con respecto de otras 40 personas, entre las que se encuentran los ex alcaldes Jesús Sepúlveda, de Pozuelo de Alarcón; Ginés López, de Arganda del Rey; Arturo González Panero, de Boadilla del Monte, y Guillermo Ortega, de Majadahonda, Los ex regidores han sido citados a declarar en calidad de imputados el próximo miércoles.

Mientras tanto, la instrucción ha seguido adelante y el juez volvió a tomar declaración a José Tomás, el sastre que confeccionó trajes para el presidente valenciano Francisco Camps y para el parlamentario Ricardo Costa. Tomás habría proporcionado nuevos indicios que afectan a ambos aforados, así como a Álvaro Pérez, El Bigotes, mano derecha del principal responsable de la trama, Francisco Correa, en la empresa Orange Market, que según las investigaciones era a la que se cargaban los trajes. La declaración de Tomás es, junto a la de la imputada Isabel Jordán y la documentación intervenida, que refleja la caja "B" de Easy Concept, la base de la imputación de los aforados valencianos.

En la documentación aparece un apunte sin fecha por el mismo importe en el debe y el haber de 63.220 euros, en cuyo concepto figura: "Entradas y salidas de Milán". Son una parte de los pagos por los trajes hechos a medida por la firma Milano, según la imputada. De ellos, 4.700 euros corresponden a trajes de Camps, según el auto del juez.

Existen otros trajes comprados en la tienda Forever Young, donde también trabajaba el sastre José Tomás. El coste de la ropa de esa empresa entregada a Camps a costa de Orange Market ascendería a 8.083 euros. Las facturas se camuflaban con conceptos falsos y por cuantías que no se corresponden con los pagos realizados.

(www.elpais.com, 14/03/09)

5. LOS TRIBUNALES DE MADRID Y VALENCIA YA INVESTIGAN LA TRAMA CORRUPTA

Primeros pasos. Los tribunales superiores de justicia de Madrid (TSJM) y de la Comunidad Valenciana (TSJCM) nombraron a los jueces que decidirán si asumen la investigación tramitada por el magistrado Baltasar Garzón contra la trama corrupta vinculada al PP. La causa ha recaído en ambos casos en jueces moderados.

El TSJCV designó al magistrado José Flors como instructor de la causa en la que figuran como aforados el presidente de la Generalitat Valenciana, Francisco Camps; el secretario general del PP valenciano, Ricardo Costa, y otras dos personas. Flors pertenece a la asociación moderada Francisco de Vitoria. En diciembre del 2006 archivó una querella presentada por el expresidente de la Generalitat Eduardo Zaplana contra dos diputados socialistas de las Cortes Valencianas que difundieron grabaciones que le implicaban en una trama de cobro de facturas falsas en Terra Mítica en Benidorm.

Por su parte, el TSJM designó al presidente de este tribunal, Francisco Viera, como ponente de este caso. Este juez pertenece a la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura (APM), aunque del secto más centrista. Viera fue designado para este cargo por el actual Consejo General del Poder Judicial. Garzón remitió a este tribunal la investigación que afecta a los parlamentarios autonómicos Alberto López Viejo, Benjamín Martín Vasco y Alfonso Bosch.

Ahora, los ponentes pedirán un informe al fiscal antes de decidir si son competentes para asumir la investigación. Viera ha dado un plazo de dos días al ministerio público para que emita su dictamen. En ambos casos, la fiscalía anticorrupción emitirá los informes, ya que es la que ha trabajado hasta ahora con Garzón.

Mientras, el magistrado de la Audiencia Nacional convocó a su despacho a los principales cabecillas de la trama. Garzón les citó para abrir en su presencia las cartas que han recibido desde que ingresaron en prisión. Francisco Correa acudió vestido con unos vaqueros y una chaqueta azul y con un aspecto muy desmejorado, ya que ha perdido bastante peso. Su primo, Antoine Sánchez, no ha perdido su sentido del humor y manifestó a los periodistas que había acudido a la Audiencia a "saludar al juez". Por su parte, Pedro Crespo se presentó con un polo y vaqueros.

Garzón interrogará hoy a los últimos seis imputados en la trama. Entre ellos figuran los alcaldes de Arganda y de Pozuelo, Ginés López y Jesús Sepúlveda que dimitieron un día después el pasado 6 de marzo.

El juez afirma que Sepúlveda, exmarido de Ana Mato, cobró 422.992 euros de la trama corrupta que le pagó en sobres y le costeó, por ejemplo, un viaje de 8.972 euros, un todoterreno, un Jaguar y una pantalla de plasma. Por su parte, Ginés López habría percibido más de 500.000 euros. Otros imputados son el padre y el hermano del eurodiputado popular Gerardo Galeote.

(www.elperiodico.com, 18/03/09)

6. CORREA INVITÓ AL MASTERS DE TENIS A ANA AZNAR Y ALEJANDRO AGAG

Francisco Correa, jefe de una trama de corrupción vinculada a cargos del PP, invitaba a su palco privado en el torneo Masters Series de Madrid de tenis a personalidades del PP como el matrimonio de Ana Aznar, hija del ex presidente del Gobierno, y Alejandro Agag. Ambos aparecen en la edición del torneo de 2004 en la fotografía que ilustra esta página, publicada por la web de la cadena SER, junto a Jacobo Gordon, empresario y amigo de la infancia de Agag que ahora se ha visto imputado en la investigación de la trama corrupta que investiga la Audiencia Nacional.

Correa invirtió cerca de 18.000 euros al año entre 2002 y 2007 en alquilar dos palcos en esta cita deportiva. Uno lo ponía a su nombre y el otro era de Special Events, la empresa matriz de la trama de corrupción. El de la foto es el primero, reservado a sus íntimos. Por el palco pasaron importantes dirigentes del PP nacional, según fuentes próximas a Correa. Correa también tuvo un papel destacado en la organización de la boda entre Aznar y Agag, un evento social y político por todo lo alto que en septiembre de 2002 reunió en El Escorial a famosos, artistas, a los Reyes y a dos jefes de Gobierno extranjeros. La actual concejal del Ayuntamiento de Madrid y madre de Ana Aznar, Ana Botella, declaró sobre las fotos de su hija con Correa: "Mi hija tiene miles de fotos con muchísima gente, como todos tenemos fotos con distintas personas".

(www.elpais.com, 14/03/09)

7. AZNAR: "MI BUEN AMIGO JESÚS SEPÚLVEDA"

El ex presdiente del Gobierno José María Aznar llegó a presumir públicamente de su amistad con Jesús Sepúlveda, el que fuera alcalde de Pozuelo y que tuvo que dimitir hace dos semanas como primer edil de la localidad madrileña al ser uno de los supuestamente implicados en las tramas de Correa.

En el no muy lejano mes de julio de 2007, Aznar, acompañado de sepúlvedad y del peridoista de cabecera del entonces presidente del Gobierno, Pedro J.Ramírez, se dirigía con estas palabras a sepúlveda: "Mi buen amigo Jesús Sepúlveda".

José María Aznar alaba a lo largo de su discurso a su "amigo" Sepúlveda. De él dice cosas como que "cayó en la cuenta de que todos los ex presidentes del Gobierno de España tienen algo en común, y es que cuando nos mudamos de La Moncloa nos venimos a vivir a Pozuelo", una ciudad a la que alaba José María Aznar porque está "muy bien cuidada", dice, algo que "es lógico porque gobierna y gobierna muy bien el Partido Popular".


(www.cadenaser.com, 14/03/09)

8. EL PP APLICA EL DOBLE RASERO PARA DESVINCULAR A MATO DE SU MARIDO

El PP tiene una doble vara de medir. El pasado viernes todo el partido cerró filas para desvincular a su vicesecretaria de Organización, Ana Mato, de la trama de corrupción que afecta a su ex marido y ex alcalde de Pozuelo, Jesús Sepúlveda, imputado por el juez Garzón en el caso Gürtel. "Ha pasado ya tiempo desde que las mujeres somos independientes de nuestros maridos. Lo que hace un marido no arrastra a la mujer, gracias a Dios", dijo entonces la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal. El líder del PP de Andalucía, Javier Arenas, y también el vicesecretario de comunicación, Esteban González Pons se apresuraron a defenderla.

Pero los conservadores olvidan que su partido recusó a la presidenta del Tribunal Constitucional (TC), María Emilia Casas, porque su esposo, el profesor Jesús Leguina Villa, había elaborado por encargo de la Generalitat un dictamen que sirvió de base para redactar el Estatut de Catalunya.

Ocurrió el 2 de noviembre de 2006. El partido de Mariano Rajoy lo hizo para que Casas no interviniera en la decisión que tuviera que adoptar el alto tribunal sobre el recurso de inconstitucionalidad presentado por el principal partido de la oposición contra la reforma estatutaria. Para lograr ese objetivo, al PP no le pareció mal destacar el vínculo matrimonial y menos aún hacer responsable a Casas de la actividad de su cónyuge. Pero no se salió con la suya. El Pleno del TC rechazó por unanimidad la recusación. La decisión fue adoptada por 9 de los 12 magistrados que lo integran, ya que en la deliberación y votación no participaron ni Casas ni los otros dos vocales recusados, Pablo Pérez Tremps y Roberto García Calvo. En el PP prefieren no entrar a comparar situaciones. Y eso que no es la primera vez que se enfrentan a una contradicción. Como recordó hace unos días este diario, los conservadores también desataron una cacería verbal en junio de 2008 contra la presidenta del TC por una conversación telefónica que ésta mantuvo con una abogada investigada por el asesinato de su marido. Casas, que le dio unos consejos, desconocía esta circunstancia.

El Supremo no vio delito alguno en este asunto. Pero Rajoy exigió explicaciones "cumplidas e inmediatas" y afirmó que ese capítulo "afectaba al crédito" de la institución. Aquello contrasta ahora con el silencio que la dirección del PP mantiene sobre los dos encuentros que, según desveló Público, hubo entre el vicepresidente del Consejo General del Poder Judicial, (CGPJ), Fernando de Rosa y el presidenete de la Comunidad Valenciana. El asesoramiento en este caso no ha levantado ninguna autocrítica.

Hoy los focos volverán a centrarse sobre Mato porque en la Junta Directiva Nacional del PP será designada coordinadora de la campaña de las europeas. Cuando la semana pasada El Mundo publicó que Francisco Correa regaló un Jaguar valorado en más de 52.000 euros a Sepúlveda, la número tres del partido se vio en un gran apuro. El PSOE reclamó una explicación y Mato se limitó a decir que no tenía constancia de "nada" sobre el automóvil. Su ahora ex marido lanzó un comunicado para desmentir la información y explicó que en diciembre de 1999 le dio un BMW suyo a Correa y le abonó la diferencia entre ambos vehículos.

Hay varios dirigentes del PP que piensan que a Rajoy le quieren hacer "daño" atacando a alguien de su equipo y de su absoluta confianza. Y con Mato le buscan las cosquillas. No sólo por su marido. En la época de la que se está hablando ella era la coordinadora de Participación y Acción Sectorial. Y su mano derecha era Francisco Camps.

(www.publico.es, 15/03/09)

9. MICHAVILA GESTIONARÁ "GRANDES PATRIMONIOS" SIN DEJAR EL ESCAÑO

El diputado del PP José María Michavila podrá asesorar sobre "grandes patrimonios" sin abandonar su escaño en el Congreso. La comisión del Estatuto del Diputado dio por buenos los informes de la Cámara respecto a la ampliación de compatibilidad solicitada por el ex ministro de José María Aznar. Sólo dos grupos se opusieron: IU y el PSOE, que alegó falta de información y pidió que así constara en acta. Los socialistas solicitaron un estudio más detallado de las actividades objeto de la decisión. Salvo IU, el resto de los grupos se opuso y la aprobación siguió su curso. Apoyaron la compatibilidad PP, CiU, PNV y CC.

No es la primera vez que las actividades de Michavila fuera de la Cámara son objeto de polémica. Eius, el despacho en el que colabora el ex ministro conservador, asesoró a varios de los imputados investigados en el marco de la operación Gürtel. Eius está especialmente presente en Boadilla, donde el bufete asesoraba al empresario José Luis Ulibarri, imputado en el caso de corrupción que empieza a envolver al PP. Su empresa construye 139 viviendas en el municipio.

Como Michavila, otros dos abogados de Eius, Alberto Dorrego y Andrés Jiménez Díaz, compatibilizan también su actividad privada con el trabajo en el Congreso, en este caso como letrados. La Mesa del Congreso ya decidió semanas atrás abrir una investigación para aclarar si han podido incurrir en algún tipo de incompatibilidad.

Además de por su actividad como abogado, Michavila es conocido por ser el representante de Shakira para Europa. Fuentes socialistas sospechaban que este tipo de actividades podrían estar detrás de la ampliación de incompatibilidades pedida por Michavila. "Sea como sea, huele mal", precisaron.

Tampoco otros diputados conservadores encontraron problemas para lograr el dictamen de compatibilidad. De acuerdo con los informes jurídicos presentados, la comisión dio su visto bueno a la pertenencia de Ángel Acebes al consejo de la financiera Cibeles, propiedad de Caja Madrid.

La empresa se ha convertido en un refugio para políticos del PP apartado de la primera línea política. Junto a él, pertenecen a la dirección de la entidad el ex consejero madrileño, Manuel Lamela, y el ex secretario de Estado de Hacienda Estanislao Rodríguez Ponga.

(www.publico.es, 18/03/09)

10. EL PP ANUNCIA QUE VOLVERÁ A DENUNCIAR A GARZÓN ANTE EL CGPJ Y EL SUPREMO

El responsable de Justicia del PP, Federico Trillo, ha anunciado que su partido volverá a denunciar al juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y el Tribunal Supremo, y ha asegurado que "hay una deliberada voluntad de dañar al PP" en su actuación.

Trillo ha explicado que esta nueva denuncia contra Garzón se producirá después de que sepublicara una entrevista con el sastre José Tomás en la que, entre otras cosas, ofrece detalles sobre los trajes que confeccionaba para el presidente valenciano, Francisco Camps, cuyas facturas están siendo analizadas en la trama de corrupción que investiga Garzón.

En declaraciones a Onda Cero, Trillo ha dicho que esas declaraciones son "una sarta de mentiras de principio a fin, mentiras, contradicciones y ridiculeces", y ha añadido que José Tomás no es "ni testigo, ni sastre", está "imputado por falsedad y estafa" y ha sido "despedido disciplinariamente" de la empresa Forever Young para la que trabajaba. "Me consta que no es sastre, es jefe de ventas de la empresa Forever Young y, además, no es testigo, es imputado de Garzón", ha aseverado el dirigente del PP quien ha recalcado que sus declaraciones pueden suponer una nueva violación del secreto del sumario.

Trillo ha desvelado que se ha puesto en contacto con Forever Young y que la empresa "está actuando" contra José Tomás al que denunció el pasado 13 de febrero "como autor de falsificación de facturas dobles", y ha dicho que cree que la empresa ampliará esta denuncia por las declaraciones que publicó El País. Ha insistido en que "hay una pretensión desde el principio" por parte de Garzón de que haya "una especie de trama nacional del PP" en la causa y que, por eso, "encuentra al sastre, que cuenta cuentos, cuentos y mentiras".

Trillo ha recalcado además que "no hay ni un sólo contrato" con la empresa investigada en Valencia por Garzón, Orange Market, que no haya sido revisado por el Tribunal de Cuentas, públicamente convocado, resuelto en mesa de contratación en concurrencia de audiencia y sin ninguna impugnación".

Ha vuelto a criticar que Garzón saliera de España "con permiso de asuntos propios y sin haber enviado las causas" a los Tribunales Superiores de Justicia de Valencia y Madrid, así como la explicación del juez de que había "funcionado mal el servicio de reprografía". "Es lo que le ha permitido justificar la ausencia durante una semana del territorio nacional, retener la causa y abundar en la indefensión del PP", ha manifestado Trillo, quien ha confiado en que los autos lleguen "hoy o mañana" para que, "de una vez, se pueda producir un proceso con todas las garantías debidas".

(www.publico.es, 15/03/09)

11. JOSÉ TOMÁS: ‘YO IBA A TOMARLE MEDIDAS AL RITZ, DONDE ÉL SE ALOJABA´

José Tomás, el sastre que confeccionó trajes a Francisco Camps y al resto de implicados valencianos en la operación Gürtel -Ricardo Costa, Víctor Campos y Rafael Betoret- , tomó medidas al presidente por primera vez en la tienda Milano, en la calle Serrano de Madrid.

No sería la última vez. El jefe del Consell, según el relato del testigo José Tomás, se convirtió en cliente habitual del que también era sastre de Álvaro Pérez, responsable de Orange Market. Tomás afirmaba que cada vez que Camps viajaba a la capital por motivos políticos se alojaba en el Ritz. La relación se producía en el mismo hotel: "Él me llamaba por teléfono cuando salía de Valencia o desde el coche y me decía a la hora que llegaba al Ritz. A su llegada yo ya le estaba esperando en el hotel y subía a su habitación. La primera vez le tomé las medidas y las dos siguientes le mostré algunas telas o una americana que le había hecho".

De las palabras del sastre se desprende que el presidente valenciano cuida cada detalle de su vestuario. "Me hizo repetir bastantes trajes. Quería los pantalones con un ceñidor detrás y hubo que buscar una trabilla en Italia que tuvieron que traer de Italia".

Según José Tomás, la relación sastre-cliente se prolongó durante "un año y pico". "En total, le hice unos ocho trajes, tres americanas, pantalones...", explicaba el modisto. Con todo, el gasto no es muy elevado: los primeros trajes eran de 800 o 900 euros; los últimos algo más caros, con un coste de entre 1.000 y 1.200 euros, señaló.

Cabe recordar que el juez Garzón concretó en 12.783 euros el montante total de los pagos recibidos por Camps "en especie", es decir, en ropa. Entre los posibles regalos que apunta Garzón aparecen cinco pantalones, un cinturón de piel, una deportiva, una chaqueta austriaca, una americana sport, una deportiva Barbour, una chaqueta de fantasía, el smoking que Camps lució en un acto en Nueva York, y un chaleco, el famoso chaleco de la visita del presidente al Vaticano.

Esos trajes, según dice el juez en su auto, habrían sido pagados a Milano y Forever Young por varias empresas de la presunta trama de Francisco Correa mediante cheque o transferencia. Concretamente, Orange Market, Diseño Asimétrico o Servimadrid Integral.

(www.levante-emv.com, 16/03/09)

12. TOMÁS: "LE VENDÍ A TRILLO MÁS TRAJES QUE A CAMPS"

El sastre José Tomás se mostró desconcertado al ser preguntado por este periódico sobre las acusaciones del responsable de Justicia del PP: "Trillo era cliente habitual mío y le he vendido más trajes que a Camps, pero siempre de Milano. Eran trajes de confección, no hechos a medida, de unos doscientos y pico euros. Se quedaba cinco o seis cada temporada. Trillo los pagaba incluso antes de llevárselos. Pasaba por caja, se le ticaban y los pagaba antes de recogerlos y hacerles los arreglos". Tomás aclaró: "Como Trillo es muy bajito, había que acortarle las mangas y el largo de las americanas. Pero siempre pagaba de su bolsillo". "Sólo en una ocasión me llamó desde el Congreso porque necesitaba una americana de cachemira azul marino y me mandó a un asistente o secretario a recogerla. Dijo que le quedaba bien, aunque hubo que subirle las mangas. Después pasó a pagarla. Dejó de ir por Milano cuando le hicieron ministro", señala. Preguntado por qué cree que Trillo niega conocerle, Tomás dijo: "No sé cómo dice que no me conoce. Él iba siempre con su mujer, habitualmente en rebajas, y tenía bastante amistad con él y su señora. Él es de Murcia y hablábamos de que yo iba a La Manga en verano...". Un ex trabajador de Milano declaró a EL PAÍS: "Trillo iba por la tienda y le atendía Tomás, que era el que atendía al 90% de esos clientes. Iban políticos del PP y también del PSOE".

(www.elpais.com, 17/03/09)

13. AZNAR PROPONE PRIVATIZACIONES Y EL RECORTE DEL GASTO PÚBLICO PARA SUPERAR LA CRISIS

El ex presidente del Gobierno José María Aznar ha ofrecido una visión optimista del futuro de la economía mundial y ha propuesto para España una ambiciosa agenda de reformas con el consenso de todos. Durante la clausura de las jornadas Respuestas ante la crisis, organizadas por la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), Aznar se ha referido al recorte del gasto público, a una "nueva oleada de privatizaciones de empresas públicas" y a una reforma laboral como recetas para superar la recesión.

Frente a lo que el Premio Nobel de Economía Paul Krugman expuso en el mismo foro, el ex presidente del Gobierno estima que la crisis actual está lejos de convertirse en una gran depresión como la de 1929. "El riesgo es bajo", ha dicho. El capitalismo, en su opinión, "no sólo no desaparecerá" sino que "la economía norteamericana saldrá fortalecida y disparada hacia una nueva senda de crecimiento".

Aznar ha asegurado que España "puede superar la crisis" actual porque este país "tiene la capacidad de volver a ser próspero y dinámico" si se llevan a cabo "cambios muy profundos". Para ello, ha añadido, España debe "retomar con urgencia una nueva Agenda Nacional de Reformas muy ambiciosa que apueste por la austeridad".

"Juntos podemos hacer que España reemprenda el camino del Éxito", ha aseverado el ex presidente, quien ha apostado por "liberarnos de los errores a los que nos conduce la política pequeña" porque, a su juicio, "vuelve a ser el momento de la política con visión amplia y sentido histórico" para España.

La crisis, en España, "tiene raíces económicas, pero también políticas y morales", ha dicho Aznar, pues llegó al país cuando "ya estábamos sumergidos en una crisis de valores, que explica la diferencia de impacto y profundidad" de la recesión. Por tanto, para el presidente de honor del Partido Popular, en la actual situación española "no hay espacio para políticos con minúscula, que no ven más allá del día siguiente, que no valoran más que la encuesta de la semana o el eslogan más o menos afortunado".

Además, considera imprescindible reabrir "un debate sereno en torno a la energía nuclear, incluidas las centrales de nueva generación", y otro para recuperar el Plan Hidrológico Nacional, ya que es "un grave error, además de ser inconstitucional" la política que pretende "atribuir la propiedad de los ríos españoles a cada Comunidad Autónoma".

(www.elpais.com, 14/03/09)

14. AZNAR PROHÍBE A LA PRENSA GRABAR UNA CONFERENCIA SUYA EN SEVILLA

Apenas una referencia a la belleza de la ciudad. Eso fue lo que pudieron grabar los medios de comunicación de la conferencia sobre la actual situación económica que pronunció el expresidente del Gobierno José María Aznar en la clausura de unas jornadas empresariales en Sevilla. Una intervención en la que auguró que el riesgo de una "gran depresión" económica es "aún bajo" y abogó por más privatizaciones y reformas laborales.

A diferencia de lo ocurrido en días anteriores, en los que sí se permitió grabar los primeros minutos de intervención del también expresidente Felipe González o del premio Nobel de Economía 2008 Paul Krugman --que incluso concedió una rueda de prensa previa--, los asesores del anterior líder del PP se limitaron a repartir una copia de la conferencia que fue leída por Aznar y a conminar a los medios a no grabar de ninguna manera. Tampoco quiso responder a ninguna pregunta a la entrada ni a la salida, siquiera sobre las investigaciones judiciales en las que está inmerso el PP.

En su discurso, el expresidente consideró que solo hay riesgo de caer en una "gran depresión" como la de los años 30 si se repiten los errores de entonces, entre los que citó el proteccionismo comercial o la expansión descontrolada del gasto público. Y como ya se dejan ver "algunas señales negativas" recomendó a los líderes políticos "inteligencia y pragmatismo" en temas como la política monetaria, la actividad supervisora del Estado y el desarrollo de políticas públicas sobre vivienda.

Tras resaltar que el capitalismo "no desaparecerá" y que la economía norteamericana saldrá fortalecida y disparada hacia una nueva senda de crecimiento, se centró en la situación de España, donde la repercusión de la crisis ha sido mayor al tener también unas raíces "políticas y morales".

Aznar afirmó que "no hay espacio para políticos con minúscula, que no ven más allá del día siguiente y que no valoran más que la encuesta de la semana o el eslogan más o menos afortunado", y propugnó pactos sobre la racionalización del modelo autonómico, la rebaja de impuestos, una nueva oleada de privatizaciones de empresas públicas autonómicas y locales y la reapertura del debate sobre la energía nuclear.

(www.elperiodico.com, 14/03/09)

15. GALICIA: EL PP APLICARÁ UN PLAN DE VIVIENDA QUE FRACASÓ EN MADRID

El futuro presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Féijóo, ya tiene claro qué hará para promover la venta de vivienda libre en Galicia: ofrecerla a precio concertado, "de modo que se podrán comprar en unas condiciones muy ventajosas, similares a las que se aplican para las viviendas protegidas", según su propuesta de campaña. La Xunta fijará cada año el precio máximo por metro cuadrado que podrán alcanzar los pisos que voluntariamente pongan a disposición del sistema los promotores. Es un calco del proyecto puesto en marcha por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, y que ha sido un rotundo fracaso.

"El PP promoverá un acuerdo con los agentes que intervienen en el mercado inmobiliario, promotores, notarios y entidades de crédito, para ofrecer esa vivienda libre. Anualmente se publicará un listado de viviendas acogidas, garantizando el cumplimiento de los requisitos y las ayudas disponibles para acceder a ellas". El "gran acuerdo en favor de la vivienda", uno de los compromisos que Feijóo adquirió con los jóvenes durante la campaña, también tiene otra variante: el alquiler con opción de compra, de modo que la renta satisfecha durante los primeros años de arrendamiento sirva como parte del pago para comprar un piso.

Feijóo parece no haber tomado nota del fiasco del experimento en la Comunidad de Madrid, donde su compañera de partido quiso, a finales de julio de 2008, liberar un stock de 25.000 pisos construidos o en construcción que no se vendían por efecto de la crisis. Los dueños se comprometieron a inscribirlos en un registro a cambio de respetar un precio máximo por metro cuadrado, que, dependiendo de los municipios, está en una horquilla entre los 2.000 euros (en la ultraperiferia de la capital) y los 3.200 euros por metro cuadrado. El proyecto, anunciado como una herramienta para salvar al sector del coma profundo, implicaría un efecto reductor en los precios, con recortes que, calculaban, serían del 20%. La Caixa, Caja Madrid, Banco Santander, BBVA, Banesto y Banco Popular se obligaron a ofrecer a los demandantes que cumpliesen unos requisitos, -como tener unos ingresos limitados-, créditos preferentes a tipo variable y fijo dentro de su cartera de productos para facilitar la financiación de las viviendas.

Ni de lejos se llegó al objetivo. Al final no fueron 25.000 pisos, ni siquiera la mitad. Sólo 1.270 viviendas se acogieron al plan, y las ventas resultaron anecdóticas: 108.

El problema, según los promotores, estuvo en la falta de ayudas públicas directas, algo que ya sabían cuando firmaron el acuerdo con la Consejería de Vivienda. También jugó en su contra la profundidad de la crisis: con precios en caída libre, las pocas familias que toman la decisión de comprar una vivienda no ven ninguna ventaja que en Leganés se ofrezca una casa de 130 metros por 302.000 euros o en Collado Villalba un piso de 70 metros por 220.000 euros. La mayoría prefiere esperar a que sigan bajando.

Feijóo, sin embargo, sí ha incluido en su programa electoral ayudas a los promotores: la Xunta dirigida por su partido invertirá en comprar viviendas a precio tasado con el mismo objetivo de "reducir las existencias e inyectar confianza en el sector". Esos inmuebles serán incorporados a los programas de protección oficial y alquiler que se pondrán en marcha en la próxima legislatura.

Aun así, la principal preocupación de los promotores sigue estando en la parálisis del crédito. El presidente de la Federación, Javier Garrido, ha solicitado a Feijóo una reunión en la que le trasladará "las dificultades financieras que plantea la crisis". La patronal carece de un estudio sobre la cantidad de inmuebles sin vender en Galicia, pero destaca que la comunidad autónoma tiene una ventaja sobre otras como Madrid: "Aquí estamos muy atomizados, lo que a veces es una ventaja. Ningún empresario tiene cientos de viviendas paradas, como ocurre en lugares donde la expansión fue mayor".

(www.elpais.com, 17/03/09)

16. GALICIA: BALTAR CONCEDE A DOS DIPUTADOS DEDICACIONES DE 2.000 EUROS

El presidente de la Diputación de Ourense, José Luis Baltar, decidió esta semana conceder dedicaciones parciales a dos diputados del PP en la institución provincial. Cada uno de ellos cobrará 2.000 euros brutos al mes en 14 pagas. Los beneficiarios son Francisco José Montesinos, ex alcalde del PP en A Mezquita, puesto que perdió en las elecciones municipales pasadas, y Moisés Blanco, portavoz en O Barco de Valdeorras, en donde el PP lleva años intentando arrebatar la alcaldía al PSOE. Al primero de ellos, Baltar le atribuye responsabilidad en el área de Servicios Sociales, y a Blanco, en Xuventude e Deporte, dependiente de Cultura.

El portavoz socialista en la Diputación, Alfredo García, denunció el "nuevo despilfarro" de Baltar. García señala que "está claro que en la Diputación sobran trabajadores". La institución continúa convocando oposiciones, y el presidente provincial mantiene su política de contrataciones eventuales. Por tal motivo, García acusa a Baltar de pagar nuevas dedicaciones con el único objetivo de "pagar favores" a los militantes que "dejó de lado" en las listas de las autonómicas.

El socialista reprocha al presidente de un organismo "altamente endeudado" que en lugar de elaborar programas productivos para la provincia "siga hipotecando su futuro" para atender "sus intereses partidistas". "Es una forma bastante singular de atajar la crisis y la dilapidación del gasto público", como preconiza Núñez Feijóo, sostiene el portavoz del PSOE.

(www.elpais.com, 19/03/09)

17. GALICIA: EL ALCALDE DE TEO DENUNCIA A SU ANTECESOR POR UN AVAL NO PRESENTADO

El Ayuntamiento de Teo, dirigido por el nacionalista Martiño Noriega, ha denunciado ante la Fiscalía que el ex alcalde Armando Blanco, del PP, incluyó en el traspaso de poderes un aval por valor de un millón de euros que no aparece en las arcas municipales. El aval, de garantía por las obras de una urbanización que afecta a fincas del ex alcalde, "no consta constituido". El Ministerio público ha abierto "diligencias informativas" sobre este asunto.

Martiño Noriega explicó que las obras de la urbanización Augas Mansas, de la inmobiliaria Mahía Santiago, aún no han sido "recepcionadas", debido a que "no cumplen todas las circunstancias necesarias". Por ello, el alcalde considera "verdaderamente grave la falta de garantía que debía haber presentado la promotora".

En este sentido, explicó que el ayuntamiento mantuvo contactos con la promotora y con la asociación de vecinos de la urbanización con el objetivo de buscar una solución a la situación actual. Ante la sospecha de posibles "irregularidades", el departamento de intervención municipal comprobó los avales existentes y los cotejaron con las entidades bancarias. La entidad financiera en la que tenía que estar constituido el aval comunicó que "no le constaba". No obstante, sí indicó que "existía una solicitud tramitada en el año 2000 que nunca llegó a ser realidad". Martiño Noriega concluyó que en el acta de arqueo realizada en la toma de posesión, lo que constó como un aval "era únicamente una solicitud".

(www.elpais.com, 14/03/09)

18. GALICIA: EL PP EXIGE QUE SE LIMPIE UN MONUMENTO FRANQUISTA

La imagen "desoladora" de una Cruz de los Caídos cubierta de pintura rosa y repleta de pintadas en pleno centro de Ferrol ha revuelto los ánimos del PP local. El grupo popular exigió al gobierno local socialista de Vicente Irisarri que tome medidas para adecentar la Cruz de los Caídos de la plaza de Amboage, un monumento que recuerda a los muertos del bando franquista en la Guerra Civil.

"Presenta una imagen desoladora desde hace meses sin que a ningún miembro del gobierno local le haya preocupado lo más mínimo", esgrime el PP. Los populares reclaman a los servicios de limpieza que empleen la hidrolavadora para borrar las pintadas e insisten en que se trata de "un ejemplo" del abundante mobiliario urbano que está siendo víctima de actos vandálicos en los últimos días. También la sede del PP local amaneció el pasado fin de semana recubierto de pintadas. La Cruz de los Caídos es uno de los símbolos de la dictadura que ha esquivado de momento la Ley de la Memoria Histórica que obliga a retirarlos.

(www.elpais.com, 18/03/09)

19. COMUNIDAD DE MADRID. EL RODILLO DE AGUIRRE APLASTA LA INVESTIGACIÓN

A las virtudes que Esperanza Aguirre se arrogue, debe añadir ya esta otra: la clarividencia. El 3 de febrero, tres días antes de que se creara en la Asamblea de Madrid la comisión de investigación sobre una hipotética red de espionaje en la Comunidad, adelantó la sentencia. Y acertó: "La Cámara estudiará si hay responsabilidades políticas. Y creo que no las habrá", afirmó.

Los hechos la respaldan. Mañana, la comisión aprobará el dictamen y dirá lo que el PP ha reiterado: que "no hubo espionaje" y que la Comunidad está limpia. Ningún cargo político caerá por ahora. No, desde luego, el titular de Presidencia, Justicia e Interior, Francisco Granados, el consejero sobre el que se cernieron las sospechas desde el primer día.

Gracias a su mayoría absoluta, Aguirre ha disfrutado de la comisión que quería : corta (cuatro sesiones en siete días y 11 comparecientes), segura (ni ha citado a los espiados) y categórica (con el resultado deseado). Pese a todo, la presidenta no podrá librarse de la investigación judicial aún abierta. Ni de las dudas, alimentadas por IU y PSOE y por sus adversarios internos, los que se alojan en el Ayuntamiento de Madrid (el edil Manuel Cobo) o en la sede nacional del PP (el ex consejero Alfredo Prada). Tampoco podrá olvidar la tortura de saberse durante más de dos meses en el centro de la diana.

1. Estalla el escándalo

El 19 de enero, El País destapa el escándalo: bajo el mando de Granados funciona un "servicio de espionaje" dirigido por el policía en excedencia Marcos Peña, fichado por el consejero en junio de 2008. Su misión, elaborar informes sobre políticos o tramas de corrupción.

En los días siguientes, se conocen los seguimientos a Cobo, vicealcalde de Madrid; a Prada, consejero de Aguirre hasta junio de 2008; al que era número dos de este, Juan Carlos Fernández; al ex tesorero nacional del PP Álvaro Lapuerta, y a la diputada regional Carmen Rodríguez Flores. Todos los presuntos espionajes se hicieron entre marzo y mayo del año pasado, en plena guerra por el poder en el PP.

En paralelo, se descubre que el vicepresidente, Ignacio González, fue espiado en sus viajes a Suráfrica y Colombia, en 2008: hay grabaciones y fotocopias de billetes de avión. Público, el 28 de enero, revela el contenido de dos dossiers que circulaban en la sede nacional del PP contra González. Detallaban el patrimonio y las concesiones sospechosas del número dos de Aguirre.

2. Génova responde

Aguirre, Granados y González negaron los hechos desde un principio. Cobo y Prada sostuvieron lo contrario, que sus agendas públicas y privadas coincidían con lo que recogían los partes de espionaje. Lo denunciaron ante la Fiscalía. Alberto Ruiz-Gallardón defendió a su vicealcalde: "La Comunidad no tiene competencias en seguridad, y no puede tener un cuerpo parapolicial". Así que si los seguimientos existen, señaló, "es un delito". La presidenta amagó con querellarse contra el regidor por avalar lo publicado. No lo hizo.

Mariano Rajoy creyó primero a Aguirre. Pero el 22 de enero, en cuanto trascendió el espionaje a Prada hoy en su círculo, ordenó a su número dos, Dolores de Cospedal, abrir una investigación interna para aclarar unos "hechos gravísimos" que "repugnan" al PP. Volvió la zozobra. El Gobierno regional se sintió agredido por Génova. La secretaria general comenzó con las entrevistas y, mientras, Aguirre dejaba caer que Rajoy sabía desde 2006 que corríaninformes contra González y Granados. La tirantez, palpable, amenazaba la precampaña electoral en Galicia y Euskadi.

Al final, la presidenta ganó. El 2 de febrero, accedió a crear una comisión de investigación en la Asamblea. Suficiente para que De Cospedal "suspendiera" las pesquisas internas.

3. Las reglas, a favor

Rajoy se dio por satisfecho. El 3 de febrero, tras guardar silencio 16 días, clamó por la "transparencia". Y agregó, con respecto a los partes: "Esos documentos existen". Aguirre prometió "luz y taquígrafos", llegar hasta el fondo, también con el espionaje a González, que el vicepresidente llevó al juez. Pero puso sus reglas. Sentó de presidente de la comisión a Benjamín Martín Vasco, que a los 15 días tuvo que dimitir al relacionársele con el caso Gürtel. Fijó el plazo para investigar primero, 28 de febrero; luego, 31 de marzo y atrasó al máximo el registro de sus peticiones de comparecencia. Así, se aseguró que los trabajos arrancasen después del 1-M.

Otra traba: la documentación. El PP, siempre defendiendo la "transparencia", vetó más de la mitad de los informes clave que exigieron PSOE e IU. Entre ellos, las adjudicaciones sospechosas de González o datos de sus viajes al extranjero, expedientes de empleados de seguridad o facturas de compras de material. Al tiempo, redujo la lista de comparecientes a 29 personas.

El cerco sobre Granados se achicó: el 10 de febrero, El País aseveró, gracias a dos informes caligráficos, que los espías procedían de su Consejería. Cobo lo denunció al juzgado.

4. Rápido cerrojazo

El miércoles 4 de marzo arrancó la comisión. Aguirre tropezó. Los antecesores de Granados en Interior negaron que la Comunidad tuviese competencias para vigilar a personas. Uno de ellos, Pedro Calvo, hoy edil de Gallardón, tildó de "ridículo" y de "despropósito" que el PP le hubiera citado. La presidenta decidió entonces cortar por lo sano . El viernes situó en el día 11 el fin de los trabajos con la intervención de Granados. El domingo, El Mundo relató que algunos partes de seguimiento eran "falsos o erróneos". El lunes 9, el PP dio por "acreditado" que "todas" las notas eran "falsas".Conclusión: la Comunidad ha sido "víctima de un montaje ", y "no ha habido espionaje".

El 11 desfila Granados, que acusa de "mentir" a Prada y al círculo de Gallardón. Ese día, Aguirre mata la comisión. Ya no oirá a los supuestos espiados. Ni aclarará el seguimiento a González, con la excusa de que el caso es "de naturaleza distinta" y "está en los tribunales". Como si los espionajes a Cobo y Prada no lo estuvieran. Rajoy no ha osado chistar a la presidenta. Su expediente interno quedará congelado.

(www.publico.es, 14/03/09)

20. COMUNIDAD DE MADRID. GONZÁLEZ PIDE A GALLARDÓN QUE RECTIFIQUE POR ACEPTAR QUE EXISTÍA UNA UNIDAD PARAPOLICIAL

El vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, ha pedido al alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, que rectifique o al menos reconozca que "se equivocó", ya que "se extralimitó" al dar por buena la información que afirmaba que en la Comunidad había una "unidad parapolicial". González, que ha hecho estas declaraciones en una entrevista en Telemadrid, ha opinado que el alcalde "se equivocó gravemente" cuando dio credibilidad a las informaciones sobre la responsabilidad de la Comunidad en la supuesta trama de espionaje a políticos. "Es obligado que rectifique, porque lo que se ha demostrado es que lo que él llamaba una estructura parapolicial no existe", ha dicho el vicepresidente regional, que ha añadido que Ruiz-Gallardón "causó un grave perjuicio que debe reparar".

En relación con el supuesto espionaje a su persona, ha dicho suponer que detrás "tiene que haber gente que tenga alguna vinculación con Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado", puesto que se desprende un conocimiento de las tramas con las que se la querido vincular.

Además, González espera que "la policía judicial, el Ministerio del Interior, haga su trabajo" y se sepa "cuanto antes" quién está detrás de esos seguimientos. Preguntado si una supuesta falta de apoyo de la dirección del PP a la presidenta de la Comunidad, Esperanza Aguirre, extensiva también al presidente valenciano, Francisco Camps, tendría su origen en el enfrentamiento de la primera al líder conservador, Mariano Rajoy, en el último Congreso del partido, González ha dicho que le "parecería una grandísima equivocación". "Sería", ha añadido, siempre en condicional, "de una torpeza infinita y además muy reprobable que alguien que tiene la intención de liderar este país atacase a las bases de su poder territorial, que son Madrid y Valencia, sería un suicidio", ha dicho, que diera "prioridad a su propio enfado".

Ha manifestado además que Rajoy será de nuevo el cartel electoral del PP si así lo decide el congreso que el partido celebre antes de las elecciones, aunque ha matizado que si los resultados de los comicios siguen siendo buenos "sería absurdo cambiarlo". Ignacio González, que ha dicho en relación a las facturas de los trajes de Camps que él, cuando se compra una camisa o un pantalón, las tira, ha acusado al juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón de filtrar el sumario del caso Gürtel "por dosis" y "parece" que "con un interés político", mientras "no sabemos nada más" y los acusados sufren "indefensión".

Por otra parte, ha declarado que la posición del Ayuntamiento de Madrid en el conflicto de Caja Madrid "no se entiende" y es "sorprendente", puesto que el alcalde primero dice "que es intolerable una mayor intervención" pública en la entidad y "ahora se opone porque se recorta su participación".

Respecto a Caja Madrid, el vicepresidente de Aguirre ha dicho que la actitud de "todos aquellos" que se oponen a cumplir la ley de Cajas aprobada por la Asamblea de Madrid es "desacato". Asimismo, González ha señalado que la Comunidad de Madrid no espera del Gobierno "la misma generosidad" que ha tenido con Andalucía al reconocerle la deuda histórica. "Hay una actitud claramente sectaria y teledirigida para perjudicar a las comunidades no gobernadas por el Partido Socialista", ha opinado.

(www.publico.es, 17/03/09)

21. COMUNIDAD DE MADRID. LOS AGENTES SOSPECHOSOS DE ESPIONAJE NO TENÍAN TAREAS ASIGNADAS EN INTERIOR

José Palomo Gallego y José Manuel Pinto son dos empleados públicos de la Consejería de Interior de Madrid, cuyo titular es Francisco Granados. Según han reconocido ambos, forman pareja profesional desde hace cinco años. Pinto ha sido identificado mediante una doble prueba pericial caligráfica encargada por este diario como uno de los agentes que elaboró los partes del espionaje a cargos políticos del PP en 2008. Un informe pericial con fotocopias encargado por el Gobierno regional desvincula a Pinto de estas prácticas.

Hasta junio de 2008, ambos funcionarios tuvieron una actividad al margen de la agenda laboral de su departamento. Ni Pinto ni Palomo aparecían con tarea concreta asignada en los boletines internos del departamento, uno de los cuales se muestra en esta página. Sólo conocía cual era su trabajo su jefe directo, Sergio Gamón, entonces director general de Seguridad, que cesó en junio de 2008 tras irrumpir junto a un equipo de funcionarios en una oficina de la Consejería de Justicia cuyo titular denunció el robo del ordenador.

El resto de los casi 40 compañeros de su departamento tenían una actividad definida día a día y mes a mes en los documentos internos oficiales. Pinto y Palomo tenían turno de mañana. Pero en los partes nunca quedaba constancia de su labor oficial, sólo aparecían asignados al director general mientras el resto tenía tareas asignadas en la protección interior y exterior de edificios, en vigilancia electrónica, en informática o en la propia sede de la dirección general. A efectos de reparto de trabajo, Pinto y Palomo no existían. Y no porque estuvieran de baja, dado que los partes de dicha consejería en poder de este diario sí citan a los funcionarios que estaban ausentes por enfermedad.

José Palomo tiene como categoría la de supervisor. En los citados boletines diarios que llevan por título Distribución de los servicios a prestar por el Servicio de Seguridad de la Dirección General de Seguridad Comunidad de Madrid, sí figuraban sus dos homólogos, Carlos Correcher y Sebastián Escuadra. Pero Palomo no aparece.

Y lo mismo vale para su compañero de equipo, Pinto, con categoría de técnico. Los partes reflejaban las actividades asignadas a sus 14 compañeros del turno de mañana: algunos cumplían una ruta de verificación del servicio de control de exteriores de los distintos edificios del Gobierno madrileño. Cada cual recorría entre cinco y seis sedes. En el parte se anotaba el vehículo que usaban y sus teléfonos móviles y fijos. Por tanto, se podía saber al minuto qué hacían, dónde estaban y cómo localizarlos.

Otros compañeros de Pinto tenían asignado un servicio fijo en edificios, como la de Presidencia o la Cámara de Cuentas. Y el resto de funcionarios se repartía en servicios administrativos (mecanización de datos informáticos, comunicaciones, anotación y registro de incidencias y generación de los correspondientes informes, gestión del parque móvil...). Pinto nunca aparecía adscrito a ninguna de esas labores que cumplían el resto de sus funcionarios de igual nivel.

Si en lugar de observar el parte de actividades de los 14 funcionarios de turno de mañana, se analiza la planilla de los 39 empleados (a ellos habría que añadir una decena de asesores), el resultado es más llamativo: todos tienen una asignación laboral precisa (complejo de Presidencia, seguridad electrónica, técnicos de guardia en Gobelas, protección de las distintas consejerías, informática, baja prolongada, actividad sindical, vehículos...). Todos menos dos: Palomo y Pinto. Su cuadrícula sólo anota lo siguiente: "Servicio director general de Seguridad": sólo Gamón sabía qué trabajos le hacían en 2008 Pinto y Palomo.

En la Consejería de Interior no hubo respuesta oficial a esta incógnita. Durante el tiempo que su labor estuvo vedada al conocimiento de sus compañeros, se produjo el espionaje al vicealcalde de Madrid, Manuel Cobo; al ex consejero Alfredo Prada e, indirectamente, al ex director general de Telemadrid Álvaro Renedo o a la diputada autonómica Carmen Flores. Todos ellos, contrarios a la presidenta de Madrid, Esperanza Aguirre. En los partes de espionaje se aludía a Sergio Gamón como "nuestro director".

(www.elpais.com, 18/03/09)

22. COMUNIDAD DE MADRID. LOS DIPUTADOS DEL PP ESPIADOS SE AUSENTAN DE LA VOTACIÓN QUE EXCULPA A AGUIRRE

Ni Alfredo Prada ni María del Carmen Rodríguez Flores, los dos diputados del PP en Madrid que -según han dicho ellos mismos- han sido espiados, tuvieron que escuchar cómo el portavoz del Grupo Popular, David Pérez, les decía a la cara desde la tribuna del Parlamento madrileño que "no existen los espiados porque no ha existido espionaje". Tampoco tuvieron que ver cómo su presidenta, Esperanza Aguirre, jaleaba a Pérez y se reía de los diputados de PSOE e IU que pedían seguir investigando los hechos.

No tuvieron que verlo, ni oírlo, porque no acudieron al pleno en el que la Asamblea de Madrid aprobó las conclusiones exculpatorias de la comisión de investigación sobre la presunta trama de espionaje. Así que tampoco tuvieron que votar esas conclusiones, que echan tierra sobre los seguimientos que ambos sufrieron en 2008: Prada de forma directa y Rodríguez como víctima colateral -pasaba por allí uno de los días en que seguían a Prada- de una trama que el PP de Madrid califica de "gran patraña". Los dos escaños vacíos de Prada y Rodríguez, su "ausencia clamorosa", son, según la socialista Maru Menéndez, "la mejor prueba de que el espionaje ha existido".

La ausencia clamorosa no alteró los planes del PP ni a la presidenta Aguirre, que ya en el turno previo de preguntas, interpelada por Menéndez, había repetido con orgullo las conclusiones de la comisión redactadas y aprobadas por la mayoría absoluta del PP. "Esta comisión ha sido muy positiva y clarificadora: ha demostrado que nunca ha existido una trama de espionaje político, ni amparada ni auspiciada ni impulsada ni conocida por este Gobierno", dijo.

Mientras la presidenta hablaba, y acusaba a la oposición de insistir "erre que erre" con el tema de los seguimientos ilegales para tapar "los 7.000 parados diarios del Gobierno de Zapatero", algunos diputados populares miraban de reojo a los dos butacones vacíos en los que tendrían que haber estado Alfredo Prada y Carmen Rodríguez. Justo separados por el de Alberto López Viejo, ex consejero dimitido hace un mes por su vinculación con un asunto distinto: la trama de corrupción que investiga Baltasar Garzón.

Después empezó el debate sobre la cuestión: el dictamen de conclusiones de la comisión que durante apenas cuatro sesiones -antes de que el PP decidiera su final- trató de investigar el caso. Un dictamen exculpatorio para el Ejecutivo. Inés Sabanés (IU) volvió a poner el dedo en la llaga: "¿Se ha fijado en que tiene dos sillas vacías?", preguntó a Aguirre, señalando los dos escaños sin dueño de la bancada popular. "Entiendo que a usted, que controla todo en esta Comunidad, le moleste ver que hoy tiene dos disidencias en este pleno", insistió. La presidenta ni se inmutaba: continuó haciendo lo que hizo durante todo el debate: hablar por el móvil y bromear con el vicepresidente, Ignacio González, y el consejero Francisco Granados.

Hasta que subió a la tribuna el portavoz del PP, David Pérez: ahí Aguirre se animó y, aunque Prada y Rodríguez seguían sin aparecer, se puso a dirigir los aplausos. Pérez censuró que los diputados de PSOE e IU, actuando "como un Torquemada progresista", no hayan querido ver "la verdad que se abría paso": que no existió espionaje y que todo es una "mentira", una "farsa" para atacar a la presidenta de la Comunidad.

Se votó, al filo de las siete de la tarde, a mano alzada. En el PP faltaban dos, a pesar de lo cual su holgada mayoría absoluta sacó adelante el dictamen exculpatorio por 65 votos a 50. Una portavoz del Grupo Popular informó a última hora de que Carmen Rodríguez y Alfredo Prada habían llamado para excusarse. Ella no pudo asistir "porque está enferma" -algo que ni ella ni el PP comunicaron hasta entonces-; Prada, por estar en un viaje de trabajo.

Este periódico contactó con Prada (ex vicepresidente de Aguirre además de diputado), que confirmó la razón de su ausencia. A la pregunta de qué hubiera votado de haber ido al pleno, se limitó a contestar por dos veces: "Respeto la decisión que tomó el grupo parlamentario, no voy a decir más. Mi confianza está depositada en la Administración de justicia".

(www.elpais.com, 19/03/09)

23. COMUNIDAD DE MADRID. Y, MIENTRAS, ESPERANZA, ERRE QUE ERRE, DICE QUE NO HUBO ESPIONAJE EN MADRID

La Asamblea de Madrid aprobó las conclusiones exculpatorias de la Comisión de Investigación sobre la presunta trama de espionaje, sin la asistencia de los dos diputados populares que fueron supuestamente víctimas de seguimientos. Ni el ex consejero de Interior, Alfredo Prada, ni María del Carmen Rodríguez Flores ocuparon sus asientos en el Parlamento.

La ausencia de los dos diputados, en un gesto que claramente demuestra su descontento, no alteró, sin embargo, el discurso de la presidenta Esperanza Aguirre, que insistió en las conclusiones de la Comisión de Investigación, redactadas y aprobadas por la mayoría absoluta de su partido. "Esta comisión ha sido muy positiva y clarificadora: ha demostrado que nunca ha existido una trama de espionaje político, ni amparada, ni auspiciada, ni impulsada, ni conocida por este Gobierno -recalcó. Y, a continuación, afirmó que el tema de los seguimientos ilegales se creó para tapar "los 7.000 parados diarios del Gobierno de Zapatero".

La portavoz de Izquierda Unida en la Comisión de Investigación, Inés Sabanés, puso el dedo en la llaga al preguntar a Aguirre: "¿Se ha fijado en que tiene dos sillas vacías?" -señalando los dos escaños de la bancada popular. "Entiendo que a usted, que controla todo en esta Comunidad, le moleste ver que hoy tiene dos disidencias en este pleno", insistió.

A pesar de las dos ausencias y a la oposición de PSOE e Izquierda Unida, los populares sacaron adelante el dictamen exculpatorio gracias a su holgada mayoría absoluta. Casi al término del pleno, una portavoz del Grupo Popular informó que Carmen Rodríguez y Alfredo Prada habían llamado para excusarse. Ella no pudo asistir "porque está enferma" -algo que ni ella ni el PP comunicaron hasta entonces-; "Prada, por estar en un viaje de trabajo".

La Comisión de Investigación de la supuesta trama de espionaje en Madrid se creó el 6 de febrero y no empezó sus trabajos hasta el 3 de marzo último, después de numerosas trabas puestas por los populares, con Esperanza Aguirre a la cabeza, para entorpecer su funcionamiento. Tras cuatro sesiones, el PP forzó el cierre de la Comisión alegando que los seguimientos eran falsos. Ninguno de los afectados por el supuesto espionaje, todos del Partido Popular: el ex consejero Alfredo Prada, el vicealcalde de Madrid, Manuel Cobo, y la diputada María del Carmen Rodríguez Flores (amiga de Prada) pudieron comparecer ante la Comisión, por la negativa del PP.

(www.elperiodico.com, 19/03/09)

24. COMUNIDAD DE MADRID. EL MONITOR DE PÁDEL NEGOCIA TAMBIÉN CONTRATOS PÚBLICOS

Carlos Martín, profesor de pádel del vicepresidente de la Comunidad de Madrid, aprovecha sus contactos políticos para actuar como intermediario en la adjudicación de contratos públicos. El año pasado medió ante el entonces alcalde de Pozuelo, Jesús Sepúlveda, para la concesión de un polideportivo. Carlos Martín consiguió la primera cita con el regidor de Pozuelo tras una reunión con Ignacio González, la persona de máxima confianza de Esperanza Aguirre, y con el viceconsejero de Medio Ambiente.

Carlos Martín actuaba en este caso como intermediario de Ingesport. En un escrito que le envió al presidente de esta sociedad, Gabriel Sáez, le culpó de que no se cerrase el trato: "Quizá no estaríamos así, si hubieras soltado lo que tenías que soltar". Todos estos datos constan en los correos electrónicos que intercambiaron ambos, a los que ha tenido acceso Público.

Jesús Sepúlveda dimitió como alcalde de Pozuelo el pasado 6 de marzo, tras ser imputado por Baltasar Garzón en el caso Gürtel. El juez lo acusa de embolsarse 422.992 euros de la trama que dirigía Francisco Correa a cambio de favorecer a sus empresas. El ex regidor, que niega cualquier actuación ilegal, sigue siendo concejal del PP en Pozuelo.

Carlos Martín, Charly o Carleto para los amigos, fue primero profesor de pádel en el exclusivo spa del hotel NH Eurobuilding y después director comercial de Ingesport. En febrero de 2007 decidió volar más alto y convertirse en empresario. Compró la sociedad Preston & Child y firmó un contrato mercantil con Ingesport, aunque sin establecer una relación de exclusividad. Es decir, Carlos Martín podía hacer otros negocios por su cuenta. En dicho contrato se establece que Preston & Child recibirá 75.000 euros, IVA no incluido, por cada "concesión administrativa" que consiga para Ingesport.

El 19 de diciembre de 2007, Martín le escribió un largo correo electrónico a Sáez, en el que repasa "los asuntos comerciales pendientes". Uno de esos temas implica al vicepresidente González y al viceconsejero de Medio Ambiente, Manuel Beltrán. El contenido es el siguiente: "Me ha prometido el viceconsejero de Medio Ambiente delante de I. González que nos ponen cita para hablar sobre el polideportivo que se va a hacer en Pozuelo con el alcalde. Según me han dicho va a ser impresionante y a día de hoy no tienen ningún compromiso y creo que tenemos buenos padrinos".

Hay que tener en cuenta que el concurso para la gestión del polideportivo del Valle de las Cañas no se publicó en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid hasta el 1 de agosto de 2008. Por tanto, González y Beltrán estaban informando a Martín con siete meses de antelación.

Las puertas de la Alcaldía de Pozuelo se abrieron pronto para Martín. Y las conversaciones se iniciaron de forma fructífera. Tanto que, el 25 de febrero de 2008, el dueño de Preston & Child dio por cerrado el asunto. Ese día, a las 20.42, escribió un mensaje a Sáez comunicándole las buenas noticias: "Gabri, ya he vuelto y tenemos el polideportivo del Valle de las Cañas en Pozuelo (quedó en que nos llamaba el concejal de Deportes, según el alcalde)". El edil de Deportes es Ignacio Costa.

Pero las cosas terminan torciéndose. A finales de marzo, en el mismo correo en el que Martín le envía a Ingesport su factura de ese mes (tenía un fijo de 5.800 euros con independencia de las comisiones), el profesor de pádel reconvertido en conseguidor escribe un breve texto: "Os envío la factura correspondiente, con respecto a las demás entregas lo que más urge es Pozuelo".

En las semanas siguientes, Sáez y Martín tienen varias discusiones. El presidente de Ingesport se queja de que Martín no cumple con su trabajo y que su contrato es muy "costoso" para la compañía. El dueño de Preston & Child responde indignado defendiendo su trabajo: "Yo no firmé para objetivos a corto plazo ni para hacer venta por puertas, yo tengo mis contactos y de ellos a medio plazo saldrán sus frutos".

Pero Martín no se queda ahí. También aprovecha para culpar a Sáez del fracaso de algunas gestiones: "Te vuelvo a decir, Gabriel, que si hubiéramos cogido el Canal o cualquier otro polideportivo municipal que cogen otras empresas quizás no estaríamos así, si hubieras soltado lo que tenías que soltar".

(www.publico.es, 17/03/09)

25. COMUNIDAD DE MADRID. ACUSAN A GRANADOS DE LUCRARSE CON UNA VENTA A UN CONSTRUCTOR AMIGO

El 31 de octubre de 2007, Francisco Granados, consejero de Presidencia e Interior, vendió cuatro de las cinco parcelas que poseía junto con su esposa en el sector R-2 Canto Negro de Valdemoro por 1.440.000 euros. Granados no entregó los terrenos a cualquiera. Lo hizo a un constructor afín: David Marjaliza, uno de los principales empresarios de Valdemoro, y amigo de la infancia del consejero, con el que ha mantenido negocios inmobiliarios. La empresa Servicios Logísticos Inmobiliarios, de Marjaliza, compró cuatro parcelas, con una edificabilidad de 839 m2, pagando el precio mediante dos cheques. En cada parcela sólo se puede levantar un chalé. Los terrenos están en una cuña de terreno al noroeste del casco urbano de Valdemoro (58.000 habitantes), entre el polígono industrial Albresa y los terrenos de la Guardía Civil.

El negocio resultó provechoso para el consejero. Vendió las parcelas a 1.716 euros por metro cuadrado edificable. El precio de mercado en el área metropolitana en 2008 asciende a unos 1.080 euros por metro cuadrado construido, según datos de la consultora Grupo i. Un precio similar al que calcula el Ministerio de Vivienda. El consejero vendió el otro solar que poseía en el mismo sector a la familia de su mujer por 240.000 euros, a 1.100 euros el metro cuadrado edificable, más cerca del precio de mercado. Fuentes del PSOE aseguraron que "Granados obtiene un beneficio muy superior al que hubiera logrado un particular vendiendo las mismas parcelas".

Un portavoz del gabinete de Granados apuntó, sin embargo, que el negocio con Marjaliza se hizo a precios de mercado. "Son parcelas grandes, de unos 600 metros, que tienen una edificabilidad para construir chalés y queda un gran espacio para el jardín. No hay muchos solares como éstos en Valdemoro", explica el portavoz, quien añade: "Es difícil asegurar cuál era el precio de mercado en esa época para estas parcelas, en pleno boom inmobiliario".

El solar, de 2.981 m2, fue recalificado como urbanizable en el plan general urbanístico aprobado por el PSOE en 1999.

Granados, que fue alcalde de Valdemoro entre 1999 y 2003, se abstuvo hasta en cuatro ocasiones durante la tramitación del plan parcial que ordenaba la zona "por tener intereses". Pero en julio de 2002 firmó el decreto que autorizaba el Proyecto de Compensación del plan parcial, el acuerdo donde se establecen los terrenos que se ceden a viarios o conducciones públicas. Según ese documento, Granados mantiene los mismos metros y no cede terreno. "Pero recibe parcelas con menos edificabilidad que el resto", explica un portavoz del consejero.

Fuentes del PSOE precisan que Granados "firmó el documento administrativo definitivo que establece los beneficios y cargas que tendrán los terrenos".

El consejero vendió cuatro de los solares a Marjaliza a un precio de 360.000 euros cada uno, según consta en el registro de la propiedad. El solar restante lo vendió a la hermana de su mujer por un precio menor, 240.000 euros. En la escritura registral no figura el precio de ésta. Las cinco parcelas tienen una extensión similar, de unos 600 m2 de media. En total, Granados ganó 1.680.000 euros con la venta de las parcelas en Canto Negro.

(www.elpais.com, 18/03/09)

26. COMUNIDAD DE MADRID. TRES DE LOS CUATRO JUECES QUE VERÁN LA TRAMA DEL PP EN MADRID SON CONSERVADORES

Tres de los cuatro jueces del Tribunal Superior de Madrid que ya investigan la trama de corrupción que afecta a cargos del PP en Madrid son conservadores. El actual presidente del Tribunal es Francisco Vieira, quien fue nombrado recientemente para este cargo por el Consejo del Poder Judicial a propuesta del grupo de vocales conservadores afines al PP. Vieira pertenece a la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura (APM) y ha sustituido en la presidencia a Javier Casas, un magistrado que ha mantenido muy buenas relaciones con consejeros y con la propia Esperanza Aguirre, presidenta de Madrid. Hasta el punto de que Aguirre estudia nombrar ahora a Casas miembro del Consejo Consultivo de Madrid (una especie de Consejo de Estado regional).

La instrucción de la causa en el tribunal madrileño ha recaído en José Manuel Suárez Robledano, ex portavoz de la conservadora APM. Las decisiones que adopte Suárez serán revisadas, si hay recursos, por los otros tres jueces; es decir, el presidente Vieira y los magistrados Antonio Pedreira, considerado progresista, y Emilio Fernández Castro, adscrito a esta sala y hermano de uno de los implicados en el caso Guateque.

En Valencia, a cuyo Tribunal Superior el juez Garzón ha enviado las diligencias que afectan a aforados de esa Comunidad, la Sala Penal la preside Juan Luis de la Rúa. Francisco Camps, presidente de la Generalitat y uno de los implicados, ha hecho ostentación pública de su amistad con él. José Flors, Carlos Climent, Juan Montero y José Francisco Ceres son los otros jueces que componen la sala. La adscripción ideológica está más dividida. Hay un juez moderado, otro progresista y otro muy conservador.

(www.elpais.com, 17/03/09)

27. COMUNIDAD DE MADRID. EL ACTUAL ALCALDE DE MAJADAHONDA FIRMÓ CONTRATOS CON CORREA

Narciso de Foxá (PP), actual alcalde de Majadahonda, también firmó adjudicaciones con las empresas ligadas a la presunta trama de corrupción ideada por Francisco Correa. En marzo de 2003 concedió la organización del décimo aniversario de la empresa Patrimonio Municipal de Majadahonda Sociedad Anónima (Pammasa) a Special Events, una de las compañías más activas del conglomerado. Foxá era entonces presidente de Pammasa. El contrato, otorgado tras concurso público, asciende a 89.248,50 euros. "Así fue, pero todo fue limpio", concede el regidor majariego.

La tarea se desglosa en varios montantes. Por ejemplo, los uniformes de las azafatas suponen un asiento contable de 7.771,71 euros. También hay un apartado económico reservado a una "fotografía aérea retocada" que costó 6.161,20 euros. El diseño y la coordinación del evento supuso 2.590,57 euros y la seguridad 9.670 euros. El grueso de la factura se lo lleva la construcción interior de la carpa, subdividida en trabajos de carpintería, electricidad, decoración y montaje (con el consiguiente desmontaje). Esto costó 31.086,84 euros. El resto es a cuenta de la limpieza, el mantenimiento y la adaptabilidad a minusválidos y la prevención contra incendios.

Al concurso, según relatan los responsables de aquella época, se presentaron dos empresas. Una, Special Events, cuya administradora era María del Carmen Rodríguez, imputada, esposa de Francisco Correa y jefa de gabinete de Guillermo Ortega, el entonces alcalde y también ahora imputado por el caso Gürtel. Y otra, que "proponía hacer una paella o algo así", hace memoria Foxá, que esgrime documentos en los que se certifica que Special Events ganó por casi el doble de puntos. "Alguna concesión tenían que haberla ganado de manera legal, ¿no?", se pregunta el alcalde. "Esta gente se llevó muchos contratos y algunos tenían sentido y otros no tanto", prosigue el regidor.

"Todo fue por criterios subjetivos", critica Manuel Fort, del grupo socialista majariego. "La otra empresa planteaba algo más familiar, para dar a conocer la empresa. Sin embargo, Special Events optó por una cosa muy propagandística. Las elecciones eran poco después", insiste Fort, que recuerda que "salían miles de personas de la carpa con propaganda electoral". Foxá rebate que todo fueran criterios subjetivos: "Los otros pedían casi 10.000 euros más. Su oferta era peor y además mucho más cara", zanja.

No fue la única factura que Foxá firmó a compañías ligadas a Correa mientras era presidente de Pammasa. También les concedió la organización de la "colocación de la primera piedra en una urbanización de 150 viviendas". La factura es mucho más modesta. El pago fue de 1.474,59 euros. Claro, que los servicios prestados también están en proporción. En esta ocasión es Downtown Consulting, la heredera directa de Special Events, la que se encarga de hacer "la sonorización al aire libre".

O sea, colocar altavoces en una explanada. Este trabajo se realizó mucho después del aniversario de Pammasa. Está fechado el 22 de enero de 2004. Guillermo Ortega dimitió en febrero de 2005."No llevaban en la frente una pegatina que ponía 'soy un chorizo", se excusa Foxá, que recuerda su insistente beligerancia con las empresas de la trama. "Yo a estos señores no les conocía", insiste el actual alcalde.

Pero estos señores llevaban pululando por el Consistorio de Majadahonda varios años y se habían convertido en uno de los motivos del enfrentamiento entre Ortega y Foxá, según manifestó este último a EL PAÍS. De hecho, el alcalde reconoce que ha prestado declaración ante Garzón y le ha contado la presencia continua de la gente de Correa en la vida cotidiana del Consistorio. Un enfrentamiento, el de Foxá y Ortega, motivado "por la deriva frívola, irresponsable y peligrosa" de Ortega, según el actual alcalde. Desde el otro ángulo, los más cercanos a Ortega sostienen que el desencuentro se produjo porque éste quería controlar los asuntos urbanísticos, según fuentes municipales. "Ortega no podía entrar en esos asuntos y aguantó dos años antes de intentar participar", apunta el socialista Fort.

En aquella fecha las facturas extendidas a empresas de la trama salpicaban hasta a siete concejalías de Majadahonda y la gestión del entonces alcalde, Guillermo Ortega, había enfrentado ya a un nutrido grupo de concejales, encabezados por el propio Foxá. Hasta el punto de que la gestión de Pammasa, de capital ciento por ciento municipal, escapaba del control de Ortega, según los más próximos al antiguo regidor. "Narciso de Foxá sabía que Ortega no era trigo limpio y que había que hacer algo para sacarlo del Ayuntamiento antes de que arrastrase a todos", filtra una fuente municipal. Factura de 1.474 euros pagada por Panmasa a Downtown Consulting para el acto de colocación de una primera piedra en Majadahonda.

(www.elpais.com, 17/03/09)

28. COMUNIDAD DE MADRID. MADRID ADJUDICÓ AL MENOS 100 CONTRATOS A LA TRAMA DE CORREA

La Comunidad de Madrid, presidida por Esperanza Aguirre (PP), adjudicó al menos un centenar de contratos entre 2004 y 2009 a empresas vinculadas a la trama corrupta que investiga Baltasar Garzón en el marco de la Operación Gürtel. El dato lo ofreció el interventor general de la Comunidad, José Manuel Barberán, durante su comparecencia en la Comisión de Presupuestos del Parlamento madrileño, a petición del Grupo Socialista.

El PSOE había remitido al interventor una lista de 27 empresas relacionadas con el presunto cabecilla de la trama, Francisco Correa, para que explicara si el Gobierno regional les había hecho algún pago. Según Barberán, de todas esas empresas se fiscalizaron, entre 2004 y marzo de este año, 205 expedientes de gasto. Es decir, al menos 205 contratos fueron a parar a dichas firmas (un expediente de gasto puede corresponder a uno o varios contratos). Pero, de ese total, más de la mitad (106 expedientes) corresponde a una empresa, MQM, que no figura en el auto de Garzón aunque es sospechosa de actuar como empresa tapadera. Así que serían 99 los contratos adjudicados a firmas vinculadas a Correa.

De los 205 expedientes, 190 "no tenían reparo"; hubo dos que "tenían reparos, y una vez solventados siguieron su tramitación"; por último, 13 expedientes recibieron "observaciones de la intervención", que el interventor no precisó. En resumen, el 93% de esos pagos fue ajustado a la ley. El resto contenía errores menores que fueron solventados.

Barberán se negó a dar detalles sobre las cuatro principales empresas que pudieron llevarse los contratos, amparándose en el secreto de sumario: Easy Concept, Good and Better, Servimadrid Integral y Diseño Asimétrico. Ésas son las firmas cuyos contratos el juez Garzón solicitó a la Comunidad de Madrid y a las que, presuntamente, habría ido el grueso de los pagos. El secreto de sumario, protestó el socialista Adolfo Piñedo, "no es obstáculo para facilitar información de contratos que son públicos".

El interventor sólo ofreció datos de Marketing Quality Management (MQM): de 2004 a 2008 obtuvo 106 contratos, la mayoría menores (no dio el importe). De este dato se desprende que los otros 99 contratos fueron a parar a las empresas solicitadas por Garzón y de las que Barberán no dio información.

El interventor sí negó expresamente que la Comunidad haya realizado "pagos" a Special Events y que, por lo tanto, como planteaba el PSOE, pueda haber alguna irregularidad en ellos. Pero no contestó a si Alberto López Viejo, ex consejero de Deportes, tenía competencias para contratar a empresas en los actos de la presidenta, como parece que hizo. Ni quiso responder a si "existe una deuda de la Comunidad con las empresas de Correa" o "si hubo pagos sin respaldo presupuestario". Aunque ahí no le amparase el secreto de sumario.

Respecto a si los pagos realizados por la Comunidad pudieron estar hinchados, a Barberán no le consta. Sibilinamente también preguntó Piñedo si pudo haber financiación ilegal del PP. Barberán lo descartó tajantemente.

(www.elpais.com, 18/03/09)

29. COMUNIDAD DE MADRID. ARGANDA NOMBRA NUEVO ALCALDE A UN 'DURO' DEL PP

Con el salón de plenos atiborrado tomó posesión de la alcaldía de Arganda (50.000 habitantes) Pablo Rodríguez Sardinero, uno de los hombres del sector más duro del PP en el Consistorio, después de que Ginés López, el ex alcalde del municipio, dimitiese al conocerse su imputación en la presunta trama de corrupción que salpica al PP. El nuevo regidor protagonizó un altercado en 2003 cuando amordazó a un joven que gritaba contra la guerra de Irak en un mitin del entonces presidente del Gobierno José María Aznar. Desde entonces se le conoce como El Mordazas.

Los vecinos que asistieron al pleno, en su mayoría simpatizantes y militantes populares, recibieron con aplausos al nuevo alcalde. Según fuentes del PP local, cuenta con el apoyo del equipo de Esperanza Aguirre.

Rodríguez Sardinero, primer teniente de alcalde del municipio hasta la dimisión de Ginés López, era sin embargo el número tres en las listas de su partido en las pasadas elecciones municipales, por debajo de María Pino de Juana, la segunda de López en los comicios de 2007 y actual concejal de Atención al Ciudadano y Calidad de los Servicios. María Pino de Juana anunció su renuncia al cargo, dejando vía libre a Rodríguez Sardinero, que era además el más apoyado dentro del grupo municipal popular.

María Pino, que inició la legislatura como responsable de Economía y Hacienda, fue destituida y nombrada concejal de Atención al Ciudadano aproximadamente una semana antes de que el juez Baltasar Garzón imputase a Ginés López.

Cuando María Pino, la más joven de la corporación, era concejal de Hacienda se produjo la modificación de un crédito de 16 millones de euros que, según fuentes cercanas al Consistorio, se aprobó antes de tiempo de forma irregular. Dicha modificación se firmó en octubre, casi cuatro meses antes de que, el 4 de febrero, el pleno diese su aprobación definitiva. A principios de marzo, María Pino, firmante de la modificación del crédito, fue destituida como concejal de Hacienda y relegada a Atención al Ciudadano.

El nuevo alcalde resultó elegido gracias a los 12 votos de sus compañeros de partido, pese a que la oposición, PSOE (con siete ediles) e Izquierda Unida (con dos), votaron cada uno a candidatos de sus grupos políticos. A la hora del recuento, el secretario otorgó siete votos a IU, pero corrigió el error.

Durante el pleno también tomó posesión del acta de concejal Tomás Fernández Leganés, después de la renuncia del ex alcalde. La portavoz del PSOE local, Victoria Moreno, aprovechó para reclamar al nuevo alcalde transparencia y eficiencia en la gestión. Por su parte Libertad Martínez, de IU, reiteró en su intervención la petición de dimisión de Esperanza Aguirre como responsable de lo que está ocurriendo en el PP, salpicado por supuestas tramas de corrupción y espionaje.

El primer acto oficial de Rodríguez Sardinero como alcalde fue la lectura de un comunicado, tras el que no consintió preguntas de los periodistas.

(www.elpais.com, 17/03/09)

30. COMUNIDAD DE MADRID. GONZÁLEZ PANERO SE JACTA DE TENER UN PACTO CON EL PP

"¡Yo tengo un pacto con el partido nacional para tener una concejalía!", va repitiendo Arturo González Panero, el hombre que dejó de ser alcalde de Boadilla del Monte (42.000 habitantes) por estar imputado en la Operación Gürtel, la trama de corrupción orquestada por Francisco Correa. Lo repite por los pasillos del Consistorio, en la confluencia de las vías de José Antonio y el Generalísimo. Insiste en su nuevo despacho, el más espacioso del lugar, con dos secretarias flanqueándolo. Y lo repitió en la reunión del grupo municipal, después de que el nuevo alcalde, Juan Carlos Siguero, repartiera las responsabilidades a los concejales. Un supuesto pacto negado por varias fuentes municipales y del partido, que le tachan de "mentiroso compulsivo".

Supuestamente, a Panero, que está suspendido cautelarmente de militancia en el PP, no le tocó nada. Aunque habló con el nuevo regidor, antes hombre de su confianza. "Lo que yo he pactado con el alcalde es cosa de él y mía, pero seguiré teniendo responsabilidades", reveló Panero a este periódico. Según el antiguo alcalde, uno de los imputados por el juez Baltasar Garzón por recibir, supuestamente, prebendas del entramado empresarial de Correa, tendrá una concejalía con delegación. O sea, con sustancia. "No tiene nada que ver, el PSOE tiene alcaldes imputados", argumenta Panero.

En opinión de Panero, apodado El Albondiguilla por Correa y los suyos, lo más importante es "la vocación de servicio", dice. Y para esto "da igual desde qué cargo institucional sirvas". "Uno ha podido ser presidente y después quedarse de diputado", comenta el edil para justificar su permanencia en las áreas de gobierno municipal. Sin embargo, fuentes del Consistorio niegan que el actual alcalde haya negociado nada con Panero. "Lleva 15 días insistiendo con que quiere algo", filtran. Pero aseguran que Siguero no tiene "la menor intención de darle nada". Panero, según estas fuentes y según su propio discurso a este diario, no entiende porqué debe quedarse sin nada.

La reunión comenzó poco después de las dos de la tarde. Para entonces ya habían desfilado uno a uno los concejales por el despacho del alcalde. Panero, en esa reunión de grupo, también lanzó insultos contra los concejales que no le han apoyado y han mostrado rechazo a su gestión, según varios testimonios. Las concejalías de confianza se mantienen en las mismas manos. Así, Ramón González Bosch, se encarga de la policía; Belén Húmera se mantiene en obras; y Mercedes Nofuentes en servicios sociales. Todas estas personas, según diversas fuentes municipales, pertenecían al núcleo de González Panero.

(www.elpais.com, 18/03/09)

31. COMUNIDAD DE MADRID. AGUIRRE LLAMA A LA SER PARA PUNTUALIZAR Y CUELGA

La cadena SER informó de que la familia de la presidenta de la Comunidad, Esperanza Aguirre, cuando ella era ministra de Cultura, se benefició de la construcción de una estación del AVE en Yebes, en Guadalajara, que costó 10 millones de euros y que usan 15 personas al día. Según la emisora, la más beneficiada fue la tía política de Aguirre, Teresa Micaela Valdés. La estación se instaló sobre sus tierras y luego se hizo una gran urbanización al lado del AVE. La familia de Aguirre y sus hermanos tienen en esta misma zona, en Chiloeches, más de 1.600 hectáreas de terreno.

Aguirre llamó a la SER para desmentir parte de la información. "Ni yo, ni mi marido, ni mis suegros, ni mis cuñados, ni mi madre o mis hermanos tenemos un centímetro cuadrado en Yebes. Al que me encuentre uno le doy 10.000 metros. Que dejen de hablar de que especulo o recalifico. [...] Estoy bastante cansada de escuchar a la cadena SER y a los medios del Grupo Prisa decir que yo me he beneficiado de eso. Porque es absolutamente falso". Pero el conductor del informativo le preguntó: "No en Yebes, ¿pero tampoco en Chiloeches?". Aguirre hizo una breve pausa y sentenció: "Eso es todo lo que tengo que decir". Pero el presentador insistió: "¿Me puede responder a la pregunta?". La única respuesta fue el sonido de un teléfono que se colgaba.

(www.elpais.com, 20/03/09)

32. COMUNIDAD DE MADRID. BONO RECTIFICA A AGUIRRE: "LA ESTACIÓN DE YEBES SE PUSO POR DECISIÓN DEL PP"

"La estación del AVE en el municipio de Yebes se puso cuando gobernaba el Partido Popular y se puso por decisión del Partido Popular, y aquí viene lo más importante: con el voto en contra de la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha".

De esta manera, José Bono, presidente del Congreso y ex jefe de Gobierno de aquella región, ha dejado en evidencia a Esperanza Aguirre, que llamó a la SER para desmentir que ella o su familia se hubiesen beneficiado de la estación de AVE de Yebes y acabó acusando a Bono de la recalificación de la zona. "Ni yo, ni mi marido, ni mis hijos, ni mis suegros, ni mis cuñados, ni por supuesto mi madre y mis hermanos tenemos un solo centímetro cuadrado en todo el término municipal de Yebes. (...) Que dejen de hablar de que especulo o recalifico

La recalificación del pueblo de Yebes (…) la hizo José Bono siendo presidente de Castilla La Mancha" indicó ella para exculparse. Bono ha contraatacado con actas en mano y dejando constancia dedos cosas: que su Consejería de Obra Públicas siempre optó por acercar el AVE a Guadalajara y que tanto el Ayuntamiento de la localidad como el Ministerio estaban en manos del PP.

(www.elplural.com, 20/03/09)

33. COMUNIDAD DE MADRID. FRACASA EL PLAN DE VIVIENDA DE AGUIRRE

Cuando lo presentó en julio del año pasado, parecía la panacea para un sector que llevaba meses en estado de coma. El acuerdo auspiciado por la presidenta madrileña, Esperanza Aguirre, con promotores y entidades financieras preveía que a finales del año pasado saldrían al mercado hasta 25.000 viviendas a un precio asequible. El objetivo era doble: aliviar los resultados de unos empresarios que no lograban vender ni a tiros y facilitar el acceso a casas hasta un 20% más baratas que en el mercado. Ocho meses más tarde, los resultados son más modestos.

No han sido 25.000 los pisos que se ofrecían en la página web de la Consejería de Vivienda, sino 1.270. Y si el foco se centra en el volumen de transacciones, la cifra roza el ridículo: sólo 108 ventas. El acuerdo consistía en que bancos y cajas se comprometían a dar financiación a los compradores de una bolsa de pisos que las promotoras debían dar de alta en un listado de la consejería. A cambio, los empresarios no sobrepasarían unos precios máximos que se establecían en función del municipio. Muy pocos promotores se han apuntado a la iniciativa. Los ciudadanos tampoco se han decidido a comprar.

La propia consejería reconoce que los resultados han sido "limitados". Y achaca la culpa del fracaso al momento que atraviesa el sector: "Muchos compradores están a la espera de que los precios bajen más", apunta un portavoz de Vivienda. Pero esa situación ya se conocía cuando Aguirre posó con los primeros espadas de las mayores entidades financieras y de la patronal de los promotores. José Manuel Galindo, presidente de Asprima, la asociación de promotores que firmó el acuerdo, explica el poco éxito de la iniciativa por "la falta de ayudas por parte de la Comunidad". "También se ha echado en falta una comisión de seguimiento que comprobara si los bancos estaban dando créditos para la compra de pisos", explica.

A pesar de los pobres resultados, la consejería no se plantea modificar la iniciativa. "Era una opción más para reducir el stock de casas que no se venden. Hay muchas otras ayudas", se justifican. Los precios de las viviendas ofertadas van desde los 2.000 euros por m2 a los 3.200, en función de la zona. Aguirre declaró en julio que la iniciativa trataba de "contribuir al mantenimiento de la actividad y del empleo en el sector inmobiliario y de ofrecer a miles de familias la oportunidad de acceder a una vivienda a precios asequibles". Tanto por un lado como por otro, prueba no superada.

(www.elpais.com, 14/03/09)

34. COMUNIDAD DE MADRID. EL ÚLTIMO FIASCO DE MANZANO

El Ayuntamiento de Madrid ha sido condenado a cuadrar el círculo. Deberá restituir al patrimonio municipal terrenos por un valor de 89,4 millones. El motivo, la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) que declara nulos los presupuestos municipales aprobados en 2001. Es decir, aprobados por Alvarez del Manzano y su equipo.

La cuestión es que Manzano vendió suelo municipal por valor de 89,4 millones de euros. Ese dinero sirvió para redondear las cuentas de su último ejercicio. Pero claro, el asunto no era tan fácil de resolver, ya que la cuestión era contraria a derecho. El fallo judicial, en primera instancia, anulaba el acuerdo plenario de 20 de diciembre de 2001 que aprobaba el presupuesto.

La cuestión es que esa enajenación de terrenos se utilizó de forma indebida en inversiones no permitidas por la ley, "provocando una desviación financiera de recursos de capital a gasto corriente lo que supone una flagrante irregularidad", según precisó el Alto Tribunal. Además, consideraba probada la deficiente definición presupuestaria y determinación de las inversiones, lo que impedía determinar su concreción. "El Tribunal entiende que efectivamente concurren dichas irregularidades y que son singularmente relevantes y graves".Por todo ello, se declaró nulo todo el presupuesto.

El Ayuntamiento no se dio por vencido y presentó recurso de casación, la pasada legislatura, ante el Tribunal Supremo. El 14 de octubre del pasado año, el juez lo rechazó y ratificó completamente la sentencia dictada por el TSJM, e incluso condenó al Consistorio al pago de las costas procesales. Es decir, que la decisión sienta jurisprudencia y obliga a que la enajenación de terrenos, así como los aprovechamientos urbanísticos que se deriven, se ajusten a los fines establecidos en el artículo 173 de la Ley del Suelo de la Comunidad.

El Consistorio pidió, en las alegaciones que presentó, que el presupuesto fuese declarado anulable y no nulo de pleno derecho. El motivo, como es evidente, que el presupuesto de 2002 ya está liquidado. El PSOE ha formado parte de todo el proceso, ya que fue quien llevó la decisión de venta de terrenos del ex alcalde a los tribunales. Los socialistas entienden que aunque esta circunstancia sea clara, eso no es motivo para no cumplir la sentencia.

El penúltimo paso judicial es la decisión del TSJM notificada el pasado día 5 en la que ratifica la sentencia y ordena que se lleve "a puro y debido efecto, adoptando las resoluciones que procedan". Eso sí, el Ayuntamiento tiene cinco días hábiles para interponer recurso de súplica. Un portavoz municipal aseguró que, hasta la fecha, no han recibido esta última sentencia. "El Ayuntamiento ha de estar del lado del principio de legalidad, al servicio de los madrileños y del interés patrimonial", asegura el portavoz municipal de Hacienda del PSOE, Pablo García Rojo.A su entender, la fórmula más razonable para acatar la orden judicial es "reincorporar el valor del suelo, que es 89,4 millones de euros. El Ayuntamiento ha de encontrar su fórmula".

García Rojo pone sobre la mesa el ejemplo del Ayuntamiento de San Sebastián. Una sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco declaró nulo el presupuesto de 1995. "La corporación optó por restituir en tres ejercicios el dinero también de la venta de terrenos. Este equipo municipal tiene tendencia a no hacer caso a resoluciones judiciales. Hay que recordar el caso Funeraria, la sentencia de los vados, la del Servicio de Estacionamiento de Transporte o el salvoconducto de Villaverde, entre otros. Siempre toma atajos", asegura García Rojo.

El PSOE llevó el asunto al Pleno de noviembre. El delegado de Hacienda, Juan Bravo, aseguró entonces la imposibilidad del Ayuntamiento de poder acatar la sentencia, ya que los presupuestos ya estaban ejecutados.

(www.elmundo.es, 18/03/09)

35. COMUNIDAD VALENCIANA. EL GOBIERNO VALENCIANO DEFIENDE A CAMPS

La Generalitat Valenciana emprenderá "todas" las acciones legales que estén a su alcance para defender "el honor y la dignidad" del presidente del Gobierno autonómico, Francisco Camps, "una vez termine el proceso principal en curso porque es lo que corresponde jurídicamente". Así lo anunció el Ejecutivo valenciano a través de un comunicado después de que el diario El País publicara una entrevista con el sastre José Tomás en la que, entre otras cosas, ofrecía detalles sobre los trajes que confeccionaba para Camps en Madrid y cuyas facturas están siendo analizadas en el caso Correa, trama de corrupción que afecta al PP y que investiga el juez Baltasar Garzón.

Tomàs confirmó que Camps, que la semana pasada declaró que él siempre paga sus trajes, le llamó el domingo 8 de febrero "cinco veces muy nervioso para saber si había facturas a su nombre" antes de que el sastre declarara ante la policía. El sastre también dijo que el presidente valenciano le llamó "entre ocho y diez veces" mientras declaraba al día siguiente ante la policía, llamadas que no atendió y que, pese a insistir Camps "durante un par de días más", quedaron sin respuesta. Según Tomàs --que fue despedido de la firma de sastrería en la que trabajaba el 11 de febrero, un día después de declarar ante Garzón--, el exsecretario de organización del PP gallego Pablo Crespo, encarcelado por Garzón, "venía cada seis meses con un fajo de billetes de 500 euros y pagaba 30.000 o 35.000 euros".

Aunque en la carta de despido de su empresa --cuyo nombre, Castellana Inmuebles y Locales, guarda poca relación con las firmas de sastrería Milano y Forever Young para las que Tomàs hizo trajes a políticos y empresarios valencianos vinculados a la operación Correa-- le acusan de falsear las facturas, el sastre afirmó en la entrevista de que él "nunca" las vio ni ordenó que se hicieran.


Con estas informaciones en el quiosco, Camps aseguró durante su participación en la romeria de las Canyes de Castellón que cada semana se publica "una mentira nueva, que además se contradice con la mentira de la semana anterior", sobre su supuesta relación con el caso Correa. Camps dijo que si los periodistas "cotejan mentira tras mentira, se darán cuenta de que al final todo es una tremenda incoherencia". Aseguró confiar en la justicia y en la verdad que "resplandecerá sobre la mentira y la insidia".

Pese a que algunos de los asistentes a la romería increparon a Camps con gritos de "trajes para todos", el presidente valenciano se mostró convencido de que "cuando todo se aclare" será "un gran día de felicidad para la mayoría de los valencianos". Fuentes de la dirección del PP aseguraron que siguen "apoyando y confiando" en el presidente valenciano mientras esperan que la Justicia resuelva "lo antes posible" el caso Correa que afecta al partido.

(www.elperiodico.com, 14/03/09)

36. COMUNIDAD VALENCIANA. EL PP PLANTEA EL 'CASO CAMPS' COMO UN ATAQUE A TODOS LOS VALENCIANOS

El presidente de Feria Valencia, Alberto Catalá, extendió a toda la Comunidad Valenciana la sombra de sospecha que proyecta la operación Gürtel sobre el presidente de la Generalitat valenciana, Francisco Camps. En un acto organizado por la Generalitat y celebrado en el recinto ferial con unos 400 empresarios, Catalá afirmó que "quienes tratan de ofender y dañar" a Camps, "ofenden y dañan a todos los valencianos".

La manifestación de Catalá se ciñe a la estrategia del PP valenciano, para personificar en Camps al pueblo valenciano y diluir sus posibles responsabilidades en el caso, como ocurriera con el ex presidente catalán Jordi Pujol en el caso Banca Catalana, que Convergència presentó como un proceso a Cataluña. La intervención de Catalá, aunque no los términos, causó cierta sorpresa en algunos de los empresarios asistentes, que no acababan de entender la razón de la intervención del presidente de Feria Valencia en un acto para difundir la política del Consell.

En la misma línea, la presidenta de la Cortes Valencianas, Milagrosa Martínez, calificó de "campaña orquestada" tanto el auto del juez Baltasar Garzón como las informaciones sobre los supuestos trajes pagados por Orange Market para el jefe del Consell.La presidenta de las Cortes Valencianas aseguró, además, que "en su momento se demostrará quién tiene interés en que esto se orqueste". "En el momento y en el lugar que toque se demostrará su inocencia [la de Camps]", zanjó. Martínez adjudicó en 2005 el primer concurso del pabellón de la Comunidad Valenciana en Fitur a Orange Market en sus días de consejera de Turismo. En ese momento, Rafael Betoret, implicado en el auto de Garzón por haber recibido trajes de la trama, fue su jefe de gabinete.

Por su parte, Feria Valencia, presidida por Alberto Catalá, adjudicó un contrato de 800.000 euros a Orange Market para una campaña de publicidad durante la última edición de Hábitat. La adjudicación se produjo al margen de los comités organizadores. En la institución ferial participan el Ayuntamiento de Valencia, la Generalitat, a través de la Consejería de Industria y Comercio, las diputaciones provinciales, las Cámaras de Comercio y otras organizaciones empresariales.

La responsable de Economía del PSPV-PSOE, Cristina Moreno, afirmó que Catalá "no representa a los empresarios valencianos, sino a quienes le colocaron a dedo en el cargo que ocupa". Moreno acusó a Catalá y otros "paniaguados" de haber hecho "un canto a la valencianía indecente".

El presidente del Consell protagonizó otro acto a medida para sortear la embarazosa situación que vive con el escándalo de los trajes pagados por Orange Market, agudizado con la publicación de la entrevista a su sastre, José Tomás. Dentro de la estrategia de tratar de recuperar la iniciativa política, el Consell tocó a rebato a finales de la semana pasada entre los empresarios para presentarles las medidas especiales de apoyo al sector empresarial, enmarcadas en el Plan Especial de Apoyo a los Sectores Productivos.

Unos 400 empresarios, entre los que destacaban los presidentes de Cierval (Rafael Ferrando), CEV (José Vicente González), AVE (Francisco Pons), Cámara de Valencia (Arturo Virosque), Bancaja (José Luis Olivas) y CAM (Vicente Sala), acudieron a la presentación de unas medidas que ya fueron presentadas hace un mes a la cúpula empresarial por la consejera de Industria, Belén Juste.

Camps acudió arropado por buena parte de su gobierno. Además de Juste, que fue directora general de Feria Valencia hasta su entrada en el Consell, asistieron los vicepresidentes Vicente Rambla y Gerardo Camps, la consejera de Turismo, Angélica Such, y los consejeros de Medio Ambiente e Infraestructuras, José Ramón García Antón y Mario Flores. El número dos del PP valenciano, Ricardo Costa, asimismo relacionado en la investigación judicial, también acompañó al presidente. Camps, que fue recibido de pie por los empresarios y con aplausos, evitó someterse a las preguntas de los medios de comunicación en el refrigerio ofrecido tras finalizar el acto. Sin embargo, a diferencia de otros actos, en los que los empresarios se dan codazos para poder saludar al presidente, la mayoría abandonó la Feria en un ambiente frío sin acercarse.

(www.elpais.com, 17/03/09)

37. COMUNIDAD VALENCIANA. UN CONSELL CONTRA LAS CUERDAS


Nunca en la historia de una autonomía que lleva camino de las tres décadas, un presidente de la Generalitat había sido implicado por un juez en una supuesta trama de corrupción y de financiación del PP con epicentro en Madrid y Valencia. Francisco Camps, el principal barón territorial del PP y jefe del Consell, atraviesa el momento más delicado de sus veinte años de carrera política.

No es el único de los miembros de su Ejecutivo que pasa por una situación complicada, bien por los efectos de la vinculación de la red corrupta con la Comunitat Valenciana; bien por aparecer ligados a otros escándalos; bien por una polémica gestión. Esta es la situación de un Consell contra las cuerdas.

Francisco Camps

Implicado por el juez Baltasar Garzón en la red corrupta que tenía como delegado en la Comunidad a Álvaro Pérez Alonso el Bigotes. El magistrado, en su auto, detalla cómo empresas de la trama con adjudicaciones millonarias de la Generalitat y del PP -Orange Market, la filial valenciana de la red de Francisco Correa- pagaron trajes y ropa tanto a Camps como a su número dos en el partido, Ricardo Costa. El camino judicial del asunto y el futuro político del presidente de la Generalitat están ahora en manos del TSJ de la Comunitat Valenciana que tendrá que revisar nueve cajas de documentos y miles de folios del sumario.

Vicente Rambla

El aspirante a convertirse en el delfín del jefe del Consell es, en gran medida, el inspirador de la política de opacidad en la que se ha instalado el Ejecutivo de Camps. Durante meses no cedió a las pretensiones de la oposición de acceder a documentación de la empresa -controlada por el propio Rambla- que gestiona los grandes eventos de la Generalitat, una de las mercantiles públicas que, precisamente, tiene contratos -la fiesta inaugural del "village" de la Volvo- con Orange Market, la filial valenciana de la trama de corrupción desmantelada por Garzón. Ha decretado la "confidencialidad" de una docena de contratos, entre ellos, el que sirvió para traer la Volvo a Alicante y que costó 5 millones.

Gerardo Camps

Junto a la crisis económica en la Comunitat, Gerardo Camps, rival político de Rambla, es el conseller de Economía que ha conducido a la Generalitat a la deuda más alta de toda su historia, según el último informe del Banco de España en el que, por vez primera, se rebasa la barrera de los 12.000 millones de euros -12.198 exactamente- de deuda, más de dos billones de las antiguas pesetas. El Consell de Camps arrastra el endeudamiento más alto de todo el Estado en relación a su PIB y espera al nuevo modelo de financiación autonómica para poder pagar los planes anticrisis que ha prometido.

Juan Cotino

En las últimas semanas, Juan Cotino, conseller de Bienestar Social y uno de los mentores de Camps, se ha visto salpicado por la relación de su departamento con 22 residencias de la tercera edad participadas por su familia. Los socialistas le acusan de primar las ayudas a la Dependencia de personas que están en residencias para favorecer a sus familiares. Esta es otra de las consellerias que contrató a empresas de la trama corrupta aunque en época de la consellera Alicia de Miguel.

Angélica Duch

Ha tenido que hacer frente a uno de los momentos más oscuros de la breve historia de la conselleria de Turismo: el registro de sus oficinas en el marco de las investigaciones de la red de corrupción desmantelada por el juez Garzón. Turismo es uno de los epicentros de la ramificación valenciana de la trama. Venía adjudicando desde 2006 -con Milagrosa Martínez al mando- el millonario contrato del pabellón para Fitur a Orange Market, la filial valenciana de la red de Francisco Correa. Such tuvo que reconocer que 2009 adjudicó el contrato a la empresa que dirigía Álvaro Pérez Alonso el Bigotes -se trata del expediente requisado por Garzón- a pesar de que presentó la oferta más cara. Rafael Betoret, jefe de gabinete de la conselleria durante el mandato de Milagrosa Martínez, está imputado en la trama, junto al primer vicepresidente de Camps, por haber recibido pagos en especie de Orange Market.

Serafín Castellano

Ha reconocido de forma pública que Construcciones Taroncher, la empresa de unos íntimos amigos suyos, ha venido recibiendo decenas de adjudicaciones de la Generalitat -la mayoría de menor cuantía para evitar el concurso-, incluso, desde su propia conselleria. Castellano, pese al acoso de la oposición, se resiste a dimitir. Dice que no ha cometido irregularidad alguna y que todo es legal. El conseller juega a pelota con el dueño de la mercantil y contrató a la mujer de éste como asesora del grupo del PP en las Cortes la pasada legislatura.

Alejandro Font De Mora

Uno de los consellers de Educación más polémicos y con mayor contestación de la historia de la administración autonómica. A su ocurrencia de imponer las clases de Educación para la Ciudadanía en inglés, un intento que se quedó en agua de borrajas por la presión de la comunidad educativa, sumó hace unos días la propuesta de impartir chino mandarín en los colegios. El rechazo a su gestión es tan grande que esta misma semana han empezado a aparecer carteles con su fotografía "cap per avall", un gesto, entre la simbología valenciana, de profunda censura de una labor o de una persona.

García Antón y Trini Miró

Se han encontrado de rebote con que el "caso Gürtel" les ha explotado en sus propias consellerias y han tenido que hacer frente a la explicación de contratos de sus departamentos con empresas ligadas a la trama. Como el resto del Consell, han pasado por encima del asunto sin ofrecer excesivos detalles sobre la gestión de sus áreas.

Paula Sánchez De León

A la última en llegar al Consell, en sustitución de Fernando de Rosa, le ha salpicado directamente la investigación abierta por el Congreso contra el bufete del diputado valenciano José María Michavila. Uno de sus abogados asesoró a De León, durante su etapa en la secretaria de Comunicación, en la adjudicación de las TDT.

(www,levante-emv.com 15/03/09)

38. COMUNIDAD VALENCIANA. "¡TRAJES PARA TODOS!"

El presidente de la Generalitat valenciana, Francisco Camps, no vistió de traje sino que se atavió con un tradicional blusón negro para asegurar: "Yo ya dije en su momento lo que dije y, además, sigo diciendo lo mismo". Por ello, se negó otra vez a responder a las preguntas de los periodistas sobre su implicación en una supuesta trama de corrupción.

Camps participó en la Romeria de les canyes (Romería de las cañas) de Castellón. Durante el primer kilómetro de marcha escuchó gritos de "¡Trajes para todos!", procedentes de grupos de participantes. Fue entonces cuando optó por hablar para decir que "cada semana hay una mentira nueva" y añadir que "las cosas se van aclarando". Respondía así, sin hacer mención expresa, a la entrevista con el sastre José Tomás, publicada por EL PAÍS, en la que explica cómo imputados por el juez Garzón en la trama de corrupción vinculada al PP pagaban sus trajes.

Como es habitual en él, Camps no aceptó preguntas pero aprovechó para manifestar su confianza en la justicia y en que "la verdad resplandecerá sobre la mentira y la insidia", aunque cinco semanas después de que se conociera su implicación en la trama desarticulada con la Operación Gürtel sigue sin aclarar si pagó o no los trajes o cuál es su relación con Orange Market y su responsable, Álvaro Pérez.

También acudió a la romería el secretario general de los socialistas valencianos, Jorge Alarte, quien acusó a Camps de haber sumido al Consell en "una crisis institucional sin precedentes" y le exigió que deje "que los grupos políticos le pregunten" para "aclarar qué está pasando". Añadió que Camps es responsable de permitir la creación de una red delictiva alrededor de la Generalitat.

(www.elpais.com, 14/03/09)

39. COMUNIDAD VALENCIANA. LOS ESCÁNDALOS QUE AFECTAN AL PP. ORANGE MARKET: ASALTO A LA GENERALITAT

La vinculación de Orange Market con la Generalitat valenciana es una tupida red de intereses y relaciones personales que comenzó años antes de que Francisco Camps se hiciera cargo del Gobierno autónomo y se trasladó a Valencia a hacer negocios cuando Camps se hizo con la presidencia de la Generalitat. Al mismo tiempo, Mariano Rajoy cortaba toda relación con estas mismas personas en el PP nacional al darse cuenta de que no eran trigo limpio. Mientras surgen las pruebas y testimonios de las relaciones privilegiadas de los tres líderes de la trama, Francisco Correa, Álvaro Pérez y Pablo Crespo, con la élite del PP valenciano, la Generalitat ha negado en todo momento que la relación vaya más allá de lo "testimonial" y lo "profesional", pero no puede evitar que una montaña de datos apunten a que el PP valenciano y la Generalitat tienen una relación casi orgánica, con unas empresas cuyos responsables están en prisión incondicional por exprimir ayuntamientos y consejerías administrados por el PP.

Los tres cabecillas visitaban frecuentemente a los altos cargos de la Generalitat. Francisco Camps y Ricardo Costa (secretario general del PP valenciano, también investigado) coincidieron en la boda de Álvaro Pérez, El Bigotes, en la que también estaban los otros dos cabecillas de la trama. Fue en un reservado del restaurante del Veles e Vens de Valencia. El Gobierno valenciano tuvo que admitir este dato, pero matizando que Camps sólo fue "a saludar a los novios" y sin poder precisar si se quedó a cenar. Cuando estalló el escándalo, a Pérez le dio tiempo a organizar el bautizo de su hija antes de ser detenido. Camps no acudió. Estaban invitados Camps, Vicente Rambla (vicepresidente valenciano), Ricardo Costa y Pedro García, el director de la televisión valenciana, que sí acudió y fue el padrino.

Por su parte, la mujer de Álvaro Pérez, que trabaja en Canal 9 hace años, ha ascendido en la televisión valenciana hasta recibir el encargo de dar las campanadas de Nochevieja. La investigación de Garzón revela que el director de la televisión oficial también recibió trajes pagados por la empresa Orange Market. El Bigotes no llegó a Valencia por casualidad. Conoció a Camps en la sede del PP en Madrid, en el año 2000, cuando las empresas de Correa eran la tercera pata del PP. Camps trabajaba en el equipo de Ana Mato, coordinadora de participación por entonces y hoy responsable de organización. El ex marido de Ana Mato, Jesús Sepúlveda, alcalde dimitido de Pozuelo de Alarcón (Madrid), tenía tan estrecha relación con Correa que, según su versión, se intercambiaban coches de lujo. El actual tesorero, Luis Bárcenas, era el gerente que firmaba las facturas.

Camps se hizo con la presidencia de la Generalitat en el año 2003. Entonces Álvaro Pérez y Pablo Crespo fundaron Orange Market para concentrar sus negocios en Valencia. En 2004, la empresa ingresó 204.000 euros. Al año siguiente ya facturaba 2,4 millones de euros. Según la investigación de Garzón, el 70% de la facturación de esta empresa procede de contratos con la Consejería de Turismo. Álvaro Pérez ha sido su organizador clave en las dos campañas electorales en las que ha concurrido como candidato. También organizó el congreso del PP valenciano en 2005. Todavía en la campaña de las elecciones de 2008 se le ve en las fotos organizando los mítines de Rajoy. Orange Market ocultó a la Sindicatura de Cuentas las facturas electorales del PP entre 2003 y 2007.

Además de los contratos de Fitur (durante cuatro años seguidos por importes hasta de más de un millón de euros, la más cara de las ofertas presentadas), Orange Market ha obtenido contratos de la empresa pública Vaersa, de la televisión pública valenciana, contratos para la imagen de la comunidad autónoma, para el Open de tenis, la fiesta de la Volvo Ocean Race, una inauguración también de ese evento, un vídeo promocional de un hospital, contratos de la visita del Papa a Valencia o el montaje de las gradas de la fórmula 1.

Mientras, el PP valenciano ha evitado que Camps comparezca en las Cortes para explicar toda esta trama. El propio presidente ha evitado enfrentarse incluso a periodistas. La Generalitat ha amenazado con querellarse contra las "difamaciones", pero sólo ha podido defenderse diciendo que la relación con estas empresas es "estrictamente profesional", "tangencial", que "se ciñe a dos o tres pequeñas relaciones". La cúpula del PP valenciano niega ahora las relaciones personales con el detenido Pérez a pesar de las bodas y bautizos conjuntos y de los regalos en forma de trajes hechos a medida en Madrid. "Yo me pago los tajes" ha sido toda la defensa de Camps contra una montaña de información.

(www.elpais.com, 15/03/09)

40. COMUNIDAD VALENCIANA. EL JUEZ QUE INVESTIGARÁ A CAMPS TRABAJA CON EL MARIDO DE LA ABOGADA DE ÁLVARO PÉREZ

El magistrado José Flors es el encargado de decidir en los próximos días si el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana es competente para investigar al presidente de la Generalitat, Francisco Camps. El juez lleva años como director de la revista jurídica de la editorial Tirant lo Blanch, creada hace 32 años y que cuenta con una veintena de abogados. Salvador Vives López es el administrador único y director de la empresa. La mujer de Salvador Vives López incluso tiene el correo electrónico profesional vinculado a la cuenta genérica de Tirant lo Blanch, según se puede comprobar en la guía del Colegio de Abogados.


La editorial Tirant lo Blanch suministra los libros jurídicos de consulta de leyes que tienen en los juzgados los magistrados y fiscales de la Comunitat y que costea la Generalitat Valenciana, según confirmaron fuentes judiciales y de la Fiscalía.


Ángela Coquillat, que tiene su despacho en el centro de Valencia, asistió a Álvaro Pérez, conocido como El Bigotes, cuando compareció en calidad de detenido ante el juez Baltasar Garzón en la Audiencia Nacional. Álvaro Pérez, presidente de Orange Market, quedó en libertad con cargos tras prestar declaración y salió de la Audiencia Nacional acompañado por Coquillat sin hacer ningún tipo de declaración.


José Flors Matíes, que pertenece a la asociación Francisco de Vitoria, es uno de los magistrados de la sala de lo Civil y de lo Penal que fue designado a instancias del Consejo General del Poder Judicial y que, por tanto, quedó al margen de los nombramientos de las Cortes a propuesta de las fuerzas políticas.

La sala de lo Civil y lo Penal se reunió y, en cumplimiento estricto de las normas de reparto, designó a Flors magistrado ponente del auto que establecerá si el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana es competente o no para asumir la causa remitida por el juzgado central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional.


El turno que se ha aplicado para elegir el ponente, que también será el instructor del procedimiento en el caso de que siga adelante, ha sido el de mayor a menor antigüedad. Después de que el magistrado Juan Montero se encargara del caso Mercalicante, el asunto ha correspondido a Flors por ser el más antiguo en lugar de a Juan Climent, que habría sido asignado de seguir el orden inverso, como inicialmente se había anunciado. La publicación que dirige Flors, que se llama Revista Jurídica de la Comunidad Valenciana, contiene artículos y análisis de carácter judicial. La editorial Tirant lo Blanch ofrece en su página web libros de la publicación dirigidos por José Flors desde el año 2001.


La ramificación valenciana del caso Gürtel tiene dos aforados: el presidente Francisco Camps y el número dos del PP valenciano, Ricardo Costa. José Flors accedió a la sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior en octubre de 1995. Su designación había sido acogida de forma positiva en círculos políticos y jurídicos.


José Flors, que es moderadamente conservador, siempre ha estado vinculado a la jurisdicción penal e incluso fue presidente de la Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Valencia antes de pasar al Tribunal Superior de Justicia.

(www.levante-emv.com, 19/03/09)

41. COMUNIDAD VALENCIANA. LOS VÍNCULOS DE PEDRO GARCÍA CON LOS IMPUTADOS

El director general de RTVV, Pedro García, fue agasajado en diciembre de 2007 con una fiesta sorpresa en Marrakech con motivo de su 40 cumpleaños por el imputado Álvaro Pérez, presidente de Orange Market, la pata valenciana de la supuesta trama corrupta del PP que investiga Garzón, y otros amigos y contratistas del Consell como Vicente Cotino, Arturo Blanch o Miguel Perelló. García voló en un jet privado de Cotino y el resto, en aerotaxi. En aquellos felices años 2000, donde no había atisbo de la crisis y parecía que en la Comunitat ataban los perros con las longanizas del presupuesto de la Generalitat, el responsable del ente público y el Bigotes hacían gala de su amistad.

Una relación con múltiples lazos personales y sustentados en las cuentas públicas que no alcanzan sólo a Pérez sino a otros implicados en la trama. Garzón no ha imputado a Pedro García, aunque sí lo cita en el auto en el que se inhibió en favor del TSJ valenciano al no poder imputar al presidente Camps y al número dos del PPCV, Ricardo Costa, cosa que sí ha hecho con el ex vicepresidente del Consell Víctor Campos y con el ex jefe de gabinete en la Conselleria de Turismo, Rafael Betoret.

En el auto, el juez menciona a García cuando concluye que "las partidas que se imputan con cargo a Cuenta B y pagadas por o con autorización de Crespo Sabaris [uno de los jefes de la trama que lidera Francisco Correa] son: a) En Milano, a favor de Francisco Camps, Ricardo Costa, Rafael Betoret y Pedro García; y b) En Forever Young y The Taylor, (...), a favor de los mismos". El dueño de Forever Young eleva las facturas a nombre de Pedro García de 3.284 a 5.200 euros.

La citada fiesta privada es una muestra de la amistad entre García y el Bigotes que compartían con dirigentes del PP como Camps o Costa. Cuando saltó el escándalo, el responsable de RTVV negó que hubiera dado contratos a Pérez y sólo cuando lo denunció el PSPV admitió que el ente adjudicó el 23 de noviembre pasado por 2.178 euros, sin IVA, el alquiler de material para el telemaratón de Navidad.
La esposa del responsable de Orange Market, la ex mamachicho Noemí Ramal, fue contratada por Canal 9 como presentadora de las Campanades de Nochevieja en 2007 en La Nucia y en 2009 en Paterna, así como de la Nit de la Cremà de 2007.

Ramal también ha presentado el espacio Tot per riure, un programa de cámara oculta, y Hora d'impacte. Igualmente, figuró como actriz de reparto en dos series del canal autonómico: Les moreres y Negocis de família, e incluso tuvo una participación en Singles. La relación personal es tan estrecha que el fin de semana del viernes 6 de febrero en que saltó el escándalo García fue al bautizo de la hija de Pérez y Ramal para ser el padrino. El padrino previsto, Francisco Correa, detenido por Garzón, no pudo asistir. Otros cargos del PP invitados optaron por no acudir a la celebración.

(www.levante-emv.com, 20/03/09)

42. COMUNIDAD VALENCIANA. RTVV "DESCONOCÍA" QUE LA RADIO ILEGAL DE ULIBARRI DE ELDA USABA SU CENTRO

Una de las cuatro emisoras de radio ilegales gestionadas en la Comunidad Valenciana por el empresario José Luis Ulibarri (implicado en la Operación Gürtel) bajo la marca Punto Radio, ubicada en Elda, ha dejado de emitir y ha desmontado las antenas que tenía instaladas en un centro propiedad de Radiotelevisió Valenciana (RTVV), según informó la Cadena SER. Ulibarri, que se hizo con el control junto con otros socios, de 13 televisiones digitales terrestres adjudicadas inicialmente a otras empresas por la Generalitat que preside Francisco Camps, la TDT del Ayuntamiento de Valencia o de Tele 7, gestiona también emisoras sin licencia, además de en Elda, en las localidades de Alcoi, Elche y Requena.

La SER explicó que pese a que el ente público y la propia Generalitat, a través del vicepresidente del Consell, Vicente Rambla, negaron que esta radio ilegal emitiera desde el centro de RTVV cuando la emisora lo denunció hace una semana, han comprobado que los técnicos han desmontado sus antenas e interrumpido la emisión. El centro público está en la partida de los Chaparrales, en el término municipal de Petrer, y permitía la emisión para la comarca del Vinalopó.

Fuentes de RTVV insisten ahora en que no tenían conocimiento de que esta emisora sin licencia utilizara sus instalaciones de Petrer para sus emisiones -a pesar de que el equipo instalado por esta radio sin licencia es muy voluminoso y se estaba utilizando desde hace casi dos años-, aunque no han querido aclarar si tomarán algún tipo de medida contra sus responsables.

El empresario, desde Castilla-León, preside un holding de empresas (grupo Begar) con importantes intereses en los sectores de la construcción, los servicios y los medios de comunicación. Su actividad se ha extendido a la Comunidad Valenciana, donde su negocio más conocido es la empresa Mediamed, a través del cual ha logrado hacerse con el control de las citadas televisiones digitales.

(www.elpais.com, 20/03/09)

43. COMUNIDAD VALENCIANA. FACTURAS DEL DUEÑO DE FOREVER YOUNG COINCIDEN CON PEDIDOS DE CAMPS Y COSTA QUE CITA GARZÓN

El presidente de Forever Young, Eduardo Hinojosa, ha aportado al juez una relación de facturas de la contabilidad de su empresa para desmentir al sastre José Tomás y mantener que no figuran compras a nombre del presidente Francisco Camps y del número dos del PP valenciano, Ricardo Costa, aunque sí del que fue director de gabinete en la Conselleria de Turismo e imputado en la causa, Rafael Betoret, y del director general de RTVV, Pedro García, no imputado pero del que el auto afirma que Pablo Crespo, uno de los jefes de la trama liderada por Francisco Crespo, pagó o autorizó el abono de prendas en Milano y Forever Young. El escrito exculpatorio de Camps y Costa no es óbice para que varias de las facturas mantengan coincidencias en las fechas o los importes con supuestos pedidos del jefe del Consell y del secretario general del PPCV que Garzón cita en su auto y que habrían sido abonados por empresas de la trama corrupta vinculada al Partido Popular.

Cabe destacar que Garzón no relaciona los encargos con los responsables políticos únicamente por el llamado Documento 71 obrante en la causa y "elaborado/ordenado" por el sastre, en palabras del propietario de Forever Young, que acusa a José Tomás de haber falseado estos datos, sino que el magistrado alude también a hojas de pedidos y a patrones de medida de los cargos políticos.

Hinojosa niega que consten compras de Camps y Costa -de haber existido, las pagaron "al contado" en el momento del encargo, "exactamente igual que quien compra en El Corte Inglés", pese a los arreglos posteriores-, pero entre sus facturas aparecen dos, con la referencia "Camps nuevo cliente", por importe de 720 y 2.160 euros, fechadas el 14 de noviembre de 2006. En el auto de Garzón se asegura que el nombre del presidente aparece en la relación de detalle de personas que figura en el Documento 71 "facilitado por la entidad Forever Young". Y añade: "Su nombre también figura en varias hojas de Listado de Encargos de Sastrería de las cuales se ha hecho entrega, en concreto en las Hojas con número de pedido 54.416, 54.417 y 54.418 (fecha pedido 14-11-2006, fecha entrega 27-11-2006), y el 54.468 (fecha pedido 04-01-2007, fecha entrega 16-01-2007). En total, dichas hojas de pedido hacen mención a 4 trajes (americana pantalón)".

Como se aprecia, tres de los pedidos coinciden en la fecha, 14 de noviembre de 2006, con dos facturas citadas por Hinojosa. El cuarto pedido, el 54.468, es del 4 de enero de 2007, la misma fecha que dos de las facturas que Hinojosa atribuye al imputado Álvaro Pérez, presidente de Orange Market, por 1.472 y 347,50 euros. Algunos pedidos, según Garzón, habrían sido abonados o autorizados por Crespo. En otro momento, el juez apunta que la ropa encargada "es a medida, requiriendo por tanto la toma de medidas de patronaje y la elaboración de la subsiguiente ficha para la empresa confeccionadora".

En cuanto a Costa, el presidente de la empresa niega que éste encargara nada y entre las facturas de Crespo incluye una de 4.925 euros, del 25 de mayo de 2007. El auto indica que Costa aparece en el Documento 71 con el importe de 4.925 euros, la misma cantidad.

Pero además su nombre "figura en varias hojas de Listado de Encargos de Sastrería donde constan las medidas de esta persona, de las cuales se ha hecho entrega, en concreto en la Hoja con número de pedido 54.464, que está asociada a más pedidos de fecha 25-05-2007". La fecha también coincide. En total, fueron un traje, dos pantalones y otras prendas no detalladas.

De este modo, el sastre, de ser falsa su declaración, no habría falsificado sólo facturas como le achaca Hinojosa, sino también las hojas de pedido e incluso los patronajes de los políticos. La comprobación de éstos se antoja factible. Por contra, Hinojosa, en su ampliación de la denuncia contra Tomás, afirma de Ricardo Costa que, "del estudio de toda la documentación obrante en la compañía, podemos afirmar que este señor no ha dejado jamás encargo alguno". El propietario, con todo, sólo alude a encargos hasta el 3 de julio de 2007, no hasta la actualidad.

En cuanto a los dos imputados, Betoret y el ex vicepresidente del Consell Víctor Campos, no hay un detalle que relacione sus supuestos encargos con las facturas citadas por el dueño de Forever Young.

(www.levante-emv.com, 20/03/09)

44. COMUNIDAD VALENCIANA. LA TRAMA DEL AGUA DEL CALP DEBE 245.000 EUROS AL SUBCONTRATISTA QUE HIZO LA OBRA

Deberá ser un juzgado el que dictamine si alguno de los implicados en el caso Aguas de Calp se enriqueció de forma ilícita, pero lo que sí constituye una certeza es que la trama arruinó a la modesta empresa que realmente ejecutó el trabajo pesado de la renovación de la red, abrió zanjas y aportó maquinaria.

A Exca-Gata, la firma en cuestión, las compañías que obtuvieron las millonarias adjudicaciones de las obras le deben desde hace cinco años 245.233 euros: "Me han dejado en la ruina, he tenido que despedir a 14 trabajadores y estoy enfermo", señaló su propietario, Nicolás Agudo, una de las víctimas de un posible fraude que, paradójicamente, se habría convertido en un negocio redondo para otros empresarios, toda vez que una juez investiga si Aguas de Calpe, concesionaria con capital público, pagó más de un millón de euros por obras que en realidad nunca se hicieron.

Exca-Gata es así el último y más débil eslabón de una sucesión de subcontrataciones iniciada en marzo de 2004, cuando el Ayuntamiento de Calp, del PP, adjudicó la renovación de la red a Aguas de Calpe por 4,7 millones de euros, cantidad que después se redujo a 3,3. Aguas de Calpe encargó por su parte los trabajos a Obras Hidráulicas de Levante -cuyo propietario era Francisco Artacho, cuñado del edil del PP y máximo responsable político del abastecimiento Juan Roselló-, que a su vez se las encargó a una tercera firma, Montubo, que fue la que finalmente decidió contar con la mercantil de Agudo. Esta última expidió facturas a Montubo entre el 30 de octubre de 2004 y el 31 de agosto de 2005.

Agudo asegura que Montubo, propiedad del empresario Salvador Ibarra, sólo le pagó el trabajo equivalente a los tres primeros meses, a pesar de que él acabó las obras y pagó a los diez operarios que participaron en ellas, por lo que tuvo que poner de su bolsillo otros 90.000 euros que se sumarían a la cantidad que se le adeuda. "En verano de 2005, Ibarra me dijo que no podría pagarme más porque Obras Hidráulicas (la firma de Artacho) tampoco le pagaba a él y entonces se me vino el mundo abajo y empezó mi pesadilla", rememoró el propietario de Exca-Gata.

Agudo se ha personado en el proceso judicial, en el que están imputados Roselló, Artacho e Ibarra. Es su última esperanza para recuperar su dinero, toda vez que Montubo, contra la que en 2005 ya presentó una reclamación ante un juzgado de Novelda, se declaró insolvente. Pero es que además, Obras Hidráulicas ya no existe: la firma de Artacho presentó su disolución ante el registro mercantil en abril de 2007.

Como ya no le queda nadie a quien reclamar, a Agudo le interesa ahora resolver el mismo misterio que intenta aclarar la juez: adónde fue a parar el dinero que pagó Aguas de Calpe a ese entramado de subcontratas. La juez ha ordenado un informe pericial sobre los gastos y movimientos bancarios que han tenido lugar en la trama.

(www.elpais.com, 18/03/09)

45. REGIÓN DE MURCIA: ACUSAN AL EQUIPO DE GOBIERNO DE "REGALAR" TERRENOS PARA UN COLEGIO CONCERTADO

El PSOE de Archena denunció que el alcalde y su equipo de Gobierno "pretenden ceder en uso por 75 años una parcela municipal de 10.162 m2 para la construcción de un colegio privado concertado en el Plan Parcial Cañada de la Morra". Las críticas del PSOE se centran en la valoración técnica de los terrenos, que tildan de "descabellada". La oficina técnica del Ayuntamiento ha valorado -según los socialistas- a 53,34 euros el metro cuadrado "cuando ya solo los gastos de urbanización que se pretende cobrar a los vecinos superan los 120 euros por metro cuadrado".

La cesión del terreno se va a realizar por 75 años, explicaba la edil de Educación, Fuensanta Cano, que añadió que tras ese periodo el terreno "volverá a ser público". Cano también dijo que los cálculos de la oposición no incluyen el canon que el centro "absolutamente necesario" va a tener que pagar, y que podría rondar los mil euros mensuales.

El PSOE afirma que "la empresa privada tendrá que pagar por 100 m2 0,82 euros al mes, menos de un euro mensual, cuando un piso de estas dimensiones se está alquilando en Archena a más de 400 euros el mes" y exigió al PP que ceda los terrenos a la Consejería de Educación para la construcción de un Colegio Público. Cano afirma que el colegio, que contará con dos líneas, podría abrir a principios del próximo curso las clases "al menos en preescolar".

(www.laverdad.es, 16/03/09)

46. REGIÓN DE MURCIA: EL PSOE PIDE A VALCÁRCEL QUE ASUMA RESPONSABILIDADES POR LA ACTUACIÓN DE MARQUÉS

La diputada regional socialista Begoña García Retegui anunció que el PSRM no se conforma "con que se intente desde el Gobierno regional decir que el asunto del ex consejero Francisco Marqués es personal". "Además de las responsabilidades penales que pudieran derivarse de los asuntos que están en el ámbito judicial, hay responsabilidades políticas de quien dirige el Consejo de Gobierno, porque, según la Ley del Presidente, éste coordina y controla la labor de sus consejeros", añadió la diputada, quien solicitó de nuevo que Valcárcel dé explicaciones en la Asamblea Regional.

Retegui explicó que "no nos vale que intenten aislar al ex consejero y ex delegado del Gobierno como único responsable, cuando ha sido nombrado tres veces por Valcárcel, cuando no se fue porque lo cesaran, sino que -por lo que nos han dicho hasta ahora- se fue voluntariamente del Consejo de Gobierno, y porque, además, la sola actuación del señor Marqués no habría hecho viable ninguno de los asuntos de los que estamos conociendo sobre presuntas irregularidades urbanísticas y medioambientales".

Criticó que, "por lo que hemos conocido en los últimos días, altos cargos del PP al parecer se han beneficiado y han encontrado viviendas a precio de chollo, mientras a los demás nos crecía el precio de la vivienda en casi un 200 por ciento y nos subían las hipotecas".

(www.laverdad.es, 17/03/09)

47. ISLAS CANARIAS. 400.000 EUROS DE FIANZA PARA UN EXALTO CARGO DEL PP EN CANARIAS

Celso Perdomo, exdirector general de Industria del Gobierno formado por Coalición Canaria (CC) y el PP en Canarias y principal imputado en el caso eólico, se enfrenta a los delitos de violación de secretos, cohecho continuado y malversación de fondos públicos, sobre los que deberá decidir un jurado. El magistrado Miguel Ángel Parramón ha ordenado la apertura del juicio oral del caso, en el que figuran como principales imputados Perdomo y su novia, Mónica Quintana Pérez, además de otros cuatro acusados, según un auto.

El juez, según la agencia Efe, mantiene en libertad provisional a los seis acusados e impone una fianza de 400.000 euros al exdirector general y de 100.000 a su novia. Según el magistrado, Perdomo, de acuerdo con su pareja y con el objeto de obtener un beneficio económico, facilitó información que no debía ser divulgada a personas que tenían interés en un concurso para la asignación de potencia eólica convocado por la Consejería de Industria del Gobierno canario el 14 de octubre del 2004, antes de la publicación en el Boletín Oficial de Canarias.

(www.elperiodico.com, 20/03/09)

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