LA NOTICIA DEL DÍA (*)

Demasiados políticos bajo sospecha  

" Salimos del Gobierno con las manos limpias... "
( Dixit Mariano Rajoy.14.03.04 )

Varios cargos públicos del Partido Popular se encuentran en la actualidad imputados por diversos cargos, la mayoría relacionados con el tráfico de influencias y el cohecho en temas de urbanismo. A pesar de que el PP tiene un código ético en el que obliga a sus cargos públicos a poner a disposición del partido sus puestos cuando son investigados por la justicia, en la práctica esa obligación no se aplica. El caso más patente es el de Carlos Fabra, presidente de la Diputación de Castellón, que conserva todos sus cargos y el apoyo del presidente regional, Francisco Camps. Sólo cuando se han producido ingresos en prisión, en el municipio de Telde y en el caso parques eólicos, el partido ha practicado la suspensión de militancia.

Hace 13 años, en vísperas de las elecciones de 1993, el Partido Popular presentó una serie de medidas contra el transfuguismo político y la utilización de cargos públicos para el enriquecimiento personal. El entonces presidente del PP, José María Aznar, declaró que este llamado código ético pretendía mantener "una actitud beligerante a favor de una vida pública limpia y transparente".

En este código, el PP asumía el compromiso de abrir comisiones de investigación a los cargos del partido imputados y hacer públicas las conclusiones de los informes. En la actualidad, varios cargos públicos populares se encuentran imputados por diversos motivos, entre ellos Carlos Fabra, presidente de la Diputación de Castellón y principal cargo del PP denunciado ante los tribunales; José Manuel Medina, alcalde de Orihuela; Luis Díaz Alperi, alcalde de Alicante, y Pedro Ángel Hernández, alcalde de Torrevieja. El PP no ha abierto expediente a ninguno de estos militantes.

A pesar de que el artículo 8 del código ético del PP señala que los cargos públicos deberán poner a disposición del partido sus puestos si de la apertura de cualquier procedimiento jurisdiccional pueden derivarse indicios racionales de comisión de un delito, en la práctica hace años que esto no sucede, debido a la facilidad con la que se pueden interponer querellas y denuncias contra los cargos públicos, según argumenta el PP.

Sí ha sido suspendido de militancia Celso Perdomo, ex director general de Industria del Gobierno de Canarias, que se encuentra en prisión preventiva relacionado con el caso de la trama eólica de Canarias, y ha sido expulsada del partido María Antonia Torres, concejal del PP en el Ayuntamiento de Telde (Gran Canaria) y encarcelada por presuntos delitos de cohecho y malversación de fondos públicos.

En Camas (Sevilla), el alcalde, de Izquierda Unida, imputado por supuesto intento de soborno, ha sido suspendido temporalmente de militancia por la coalición, aunque la decisión no es aún firme. También han sido dados de baja los dos concejales del PP implicados.

Esta es la situación de los diversos casos de cargos públicos imputados por la justicia en la actualidad.

CANARIAS 'Caso parques eólicos'

Desde el ordenador del director general de Industria del Gobierno de Canarias, Celso Perdomo, se mandaron correos electrónicos a unas 50 empresas con los primeros borradores del concurso para adjudicar 344 megavatios de potencia en 170 aerogeneradores. Esa información, enviada unos meses antes de que la Consejería de Industria convocase el concurso, en octubre de 2004, resultaba clave para conocer los requisitos, en especial sobre el suelo que sería más valorado (en la práctica, el vinculado a los puertos) y la tecnología preferida.

Las personas que tuvieran acceso a esa información podrían solicitar adjudicaciones administrativas a los puertos para la explotación del suelo público y cerrar acuerdos con las empresas líderes en el sector en Europa. Uno de los correos reflejaba el reparto de comisiones millonarias (30 millones de euros, de los que 12 serían para los políticos).

La denuncia la formuló a finales de 2004 el director comercial de una de esas empresas privilegiadas, después de que su propietario lo despidiera. El concurso eólico está ahora suspendido por una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias y anulado por el Gobierno, cuyos técnicos preparan una nueva redacción y cuya nueva convocatoria se producirá en el último trimestre de este año.

Como consecuencia de las investigaciones realizadas por el juez Miguel Ángel Parramón, Celso Perdomo y su pareja, Mónica Quintana, permanecen en prisión desde el pasado 9 de febrero. El primero, acusado de supuestos delitos de malversación de fondos, cohecho, facilitar información privilegiada y tráfico de influencias. La segunda, por presunto cohecho y malversación de fondos. Tres empresarios, un funcionario y un empleado de banca fueron puestos en libertad con cargos, bajo fianza que va de 100.000 a 150.000 euros.

El comité de derechos y garantías del PP en Canarias suspendió de militancia a Celso Perdomo y a Mónica Quintana hasta aclarar su vinculación en el supuesto caso de corrupción. El presidente del PP en Canarias, José Manuel Soria, confirmó la decisión, "sin perjuicio de la presunción de inocencia", adoptada tras conversar con el secretario general del partido, Ángel Acebes.

ALICANTE 'Caso Orihuela'

La delegación de la Fiscalía Anticorrupción en Alicante abrió la investigación por supuesta corrupción en el Ayuntamiento oriolano en septiembre de 2005 a instancias de la Fiscalía General del Estado, tras recibir sendas denuncias de dos particulares. La denuncia más significativa fue realizada en febrero de 2005 por el hasta entonces interventor José Manuel Espinosa. El funcionario fue destituido tras autoinculparse de haberse apropiado de 30.000 euros de las arcas municipales. Dos días más tarde, Espinosa convocó a los portavoces de la oposición y reveló una serie de irregularidades, de las que responsabilizó directamente al alcalde, José Manuel Medina, y los ediles de su equipo de gobierno.

Los casos de corrupción más relevantes denunciados por el funcionario son: pago de facturas falsas a la firma Necso -adjudicataria del servicio de recogida de basuras en el casco urbano- por supuesto lucro cesante, por valor de siete millones de euros; sobrecoste de unos tres millones sin consignación presupuestaria y por expreso mandato del alcalde en las obras de la plaza de la Glorieta de Gabriel Miró; falta de presentación de facturas de mandamientos de pagos por valor de 22.000 euros por parte de Encarna Galiano, concejal entre 1999 y 2003 y actual asesora de Medina, cuando dejó el cargo; falta de ingreso en caja por parte de Mónica Lorente, hasta hace poco primer teniente de alcalde, de las recaudaciones de los conciertos municipales durante su etapa al frente de la concejalía de fiestas; no presentación en cuatro años por parte de Antonio Franco, concejal de Personal, de las facturas de las subvenciones a una entidad local festera de Moros y Cristianos, y un supuesto cobro de comisiones en el proyecto de rehabilitación del casco histórico.

El PP, a través del vicepresidente del Consell, Víctor Campos, encajó la denuncia contra el alcalde de Orihuela cuestionando la iniciativa del fiscal. "El fiscal no pone el mismo empeño a la hora de perseguir los casos de supuesta corrupción que afectan al PP que al resto de partidos", dijo. José Manuel Medina no ha sido expedientado por su país, aunque las luchas internas entre los dos sectores del PP catalán, campistas y zaplanistas, le han hecho perder su puesto en el comité ejecutivo provincial.

GRAN CANARIA 'Caso Telde'

La policía eligió el nombre de Faycán (un sacerdote que según las crónicas residía en la ciudad grancanaria de Telde) para denominar a la operación judicial que, de momento, ha conducido a la cárcel a la concejal del PP en Telde María Antonia Torres, y a su asesor y hombre de confianza en la Concejalía de Obras Públicas, Francisco Gordillo.

Según fuentes de la investigación, una constructora pagó a María Antonia Torres una comisión de 180.000 euros a cambio de una adjudicación. La concejal tenía pactado con la empresa Cobra una comisión del 8% por cada obra municipal que le correspondiera. El asesor ahora encarcelado era la persona que se encargaba de los cobros.

La Operación Faycán también ha llevado a declarar ante el juez en calidad de imputados a los empresarios Felipe Ojeda, Antonio Nadal y Alejandro Navarro, al hijo del asesor, Juan Francisco Gordillo, y a los funcionarios Jorge Rodríguez y Milagrosa Ramos. El PP canario la ha expulsado tanto del partido como del grupo de gobierno en Telde, aunque María Antonia Torres se niega desde la cárcel a entregar su acta de concejal.

SEVILLA 'Caso Camas'

El alcalde del pueblo sevillano de Camas, Agustín Pavón, de Izquierda Unida, está imputado por un supuesto delito de cohecho, al igual que los concejales Antonio Enrique Fraile, José del Castillo y Aureliano Lucas y el empresario Eusebio Gaviño. Los cinco intentaron presuntamente comprar con dinero la voluntad de la ex concejal de Izquierda Unida Carmen Lobo para que votara a favor de varias recalificaciones urbanísticas en el municipio.

Del Castillo también está imputado de un supuesto delito de amenazas, pues en una conversación grabada por la policía manifestó: "Ahora habrá que mandarle unos gánsteres", en alusión a Lobo, que después de haberse comprometido supuestamente con Gaviño a votar las primeras recalificaciones en el pleno del 13 de septiembre de 2005 no lo hizo. Lobo había recogido la noche anterior un sobre, que entregó a la policía, con 12.000 euros como anticipo del presunto soborno.

Agustín Pavón fue expulsado de la coalición en septiembre pero ha recurrido ante el comité de garantías de IU en Andalucía y, por tanto, la decisión no es firme.

El PP dio de baja a sus dos concejales implicados en el asunto, Fraile y Lucas. El primero es concejal en Camas y el segundo en Castilleja de Guzmán (Sevilla). Fraile, que también es diputado provincial, pasó al grupo mixto. Los cuatro grupos políticos de la Diputación de Sevilla le retiraron la dedicación exclusiva de la que gozaba y su sueldo como diputado. Desde diciembre de 2005, sólo cobra dietas y desplazamientos.

COMUNIDAD VALENCIANA Alicante y Torrevieja

La Audiencia de Alicante ha imputado al alcalde de la ciudad, Luis Díaz Alperi, del PP, y a dos de sus concejales por un supuesto desfalco de seis millones de euros descubierto en la empresa pública Mercalicante. También el alcalde popular de Torrevieja, Pedro Ángel Hernández Mateo, está imputado por un supuesto delito de tráfico de influencias derivado de la compra en 2002 de una finca por 180.000 euros y la venta de la misma, dos años más tarde, por 5,4 millones de euros. La promotora con la que Hernández realizó la operación ha logrado adjudicaciones de proyectos urbanísticos en Torrevieja antes, durante y después de la compraventa del alcalde.El PP no les ha abierto expediente y mantiene en la formación a los dos alcaldes, del sector afín al presidente de la Generalitat, Francisco Camps.

CASO FABRA : Un proceso con siete jueces y cuatro fiscales  

Más de dos años después del estallido del caso Fabra, el procedimiento judicial se encuentra todavía en una fase inicial, en la que se está tomando declaración a imputados y testigos y se reúne la documentación pertinente para la investigación de los presuntos delitos de tráfico de influencias, cohecho, negociaciones prohibidas y un posible fraude fiscal, de los que se acusa al presidente de la Diputación de Castellón y presidente provincial del PP, Carlos Fabra.

El caso Fabra se ha caracterizado por la participación de hasta siete jueces y cuatro fiscales. Los dos últimos, nombrados por la Fiscalía Anticorrupción, pidieron una excedencia y pasaron a trabajar en la empresa privada. Tanto Esquerra Republicana de Catalunya como Izquierda Unida han preguntado al Gobierno por este continuo cambio de jueces y fiscales, que, según Isaura Navarro, de Esquerra Unida-l'Entesa, "está adquiriendo en Castellón la categoría de escándalo, haciendo dudar a la ciudadanía de la normalidad de los hechos, sobre todo en lo referente a los fiscales anticorrupción".

El caso Fabra se desató en diciembre de 2003, cuando Vicente Vilar, un fabricante de productos fitosanitarios, presentó dos querellas contra Fabra por supuestos delitos contra la salud pública y la propiedad industrial. Los juzgados de Nules no admitieron las querellas. Sin embargo, uno de ellos abrió un procedimiento de oficio, ya que dedujo la posible comisión de uno o varios delitos contra la Administración pública, entre los que se encuentran los de tráfico de influencias, cohecho y prevaricación.

Además, la juez imputó tanto a Fabra como a Vilar, así como a la esposa del primero, María Amparo Fernández, y a la ex mujer del segundo, Monserrat Vives. Estas dos últimas habían formado una sociedad, Artemis 2000, vinculada a la comercialización de productos fitosanitarios.

El fiscal jefe de Castellón asumió voluntariamente el caso. Posteriormente, fue la Fiscalía Anticorrupción la que decidió hacerse cargo de la representación del ministerio público, después de que se admitiese la personación de la Unión de Consumidores de la Comunidad Valenciana como acción popular. Asimismo, destaca la abundante documentación presentada por el denunciante, que también está imputado, y que implica a cuatro ex ministros del Gobierno de Aznar (los ex ministros de Agricultura Jesús Posada y Miguel Arias Cañete; la ex ministra de Sanidad Celia Villalobos y el ex ministro de Ciencia y Tecnología Juan Costa), así como a otros ex altos cargos.

Además, existe una denuncia por fraude fiscal debido a la falta de justificación de la procedencia de ingresos en efectivo por valor de 600.000 euros en cuentas de Fabra y su familia, de los que son imputables directamente al líder del PP de Castellón, según Hacienda, 300.000. Sin embargo, la Agencia Tributaria también le ha acusado del impago de cuotas del impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF) por unos 150.000 euros en el ejercicio de 1999.

Pese a los indicios de delito hallado por las jueces, el PP no ha puesto en práctica su código ético de reclamar a Fabra sus cargos. Muy al contrario, el presidente regional el PP, Francisco Camps, y el portavoz del partido en el Congreso, Eduardo Zaplana, han mostrado su apoyo, sin fisuras, al líder provincial, aunque el alcalde de Castellón, Alberto Fabra, ha sido señalado por su partido para tratar de convencer a Carlos Fabra de la "oportunidad" de que no repita como candidato en la lista de la capital de La Plana para las próximas elecciones.

Publicado en El País.19.03.06

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