LA NOTICIA DEL DÍA (*)

Fiscal y abogado del Estado creen que la gestión de Zaplana en Trabajo produjo daño patrimonial  

El fiscal del Tribunal de Cuentas ha hallado "indicios de responsabilidad contable" (gestión perjudicial para las arcas del Estado) en tres contratos del Ministerio de Trabajo bajo el mandato de Eduardo Zaplana: campaña de 2004 sobre revalorización de pensiones, campaña contra el fraude social de 2002 y plan de comunicación global del ministerio de 2003-2004. El abogado del Estado también atribuye anomalías a la campaña de pensiones de 2003, contrato que el fiscal exige que reexamine Anticorrupción, por entender que el ministerio no remitió en su día todos los documentos disponibles que ahora han aflorado.

El pleno del Tribunal de Cuentas, reunido ayer, aprobó un informe que no incorpora estas conclusiones de Fiscalía y Abogacía del Estado, que van escritos separados, y sólo admite diversas irregularidades. Dicho informe, según una nota difundida ayer por el Tribunal de Cuentas, no contiene ninguna referencia a eventuales actuaciones del fiscal ni al uso partidista de la publicidad, desviación de poder o malversación de caudales públicos.

Pero el hallazgo de indicios de responsabilidad contable -"el que por acción u omisión contraria a la ley originare el menoscabo de los caudales o efectos públicos quedara obligado a la indemnización de los daños y perjuicios causados", según la Ley del Tribunal de Cuentas-, puede abrir un proceso enjuiciador en el propio seno del tribunal. En ese caso, se nombraría un consejero instructor. Inicialmente, la responsabilidad recaería sobre los cargos públicos que gestionaron el dinero malgastado y de ser hallados culpables, se verían obligados a reponer los fondos gastados sin justificación.

El fiscal detalla así los indicios de responsabilidad contable durante la gestión de Zaplana al frente del Ministerio de Trabajo:

- Campaña de pensiones 2004. Lema: Un año más cumplimos. Lo nuestro son las personas. "La campaña se formalizó el 8 de enero y se concretó que la publicidad sería desarrollada entre los días 11 a 25 de enero de 2004. Sobre su contenido inicial, el INSS (Instituto Nacional de la Seguridad Social) introdujo tres modificaciones sucesivas los días 9, 15 y 16 de enero, en cada uno de los cuales se ampliaron respectivamente los medios publicitarios, el contenido de los textos y el aumento cualitativo de los medios escritos (suplementos dominicales). Mientras tanto, el Consejo de Ministros, en su reunión del 9 de enero de 2004, decidió convocar elecciones generales el 14 de marzo de 2004, lo cual fue comunicado a la sociedad por el ministro de Trabajo como portavoz de Gobierno, por lo tanto el periodo electoral comenzaba el 20 de enero para concluir el 14 de marzo, estando en consecuencia prohibida toda propaganda institucional durante ese periodo. Tanto es así que la Junta Electoral Central dictó un acuerdo con fecha 20 de enero comunicando la suspensión de la campaña publicitaria". A partir de ahí, el fiscal plantea estas conclusiones:

- "Que el Ministerio de Trabajo y el director del INSS conocían, pues, desde el día 9 cuándo comenzaba el periodo electoral y la consiguiente prohibición de campaña electoral (desde el 20 de enero al 14 de marzo). Sin embargo, nada manifestaron los días 9, 15 y 16 de enero cuando introdujeron las modificaciones contractuales".

- "Que era evidente la coincidencia entre los días de desarrollo de la contratación publicitaria y la prohibición de la misma, los días 20 a 25 de enero. Sin embargo, el trabajo contratado por la empresa adjudicataria, Over Márketing, para los días de coincidencia debió abonarse, como así se hizo, con el consiguiente quebranto del tesoro público como consecuencia de la ligereza con que actuó la Administración. El reembolso de la cantidad ha de ser corregido mediante enjuiciamiento por alcance en base a un indiciaria responsabilidad contable". La Abogacía del Estado va más lejos: considera injustificado todo este contrato, y, por tanto, el alcance afecta a su monto global: "La doble actuación del INNS (igual que ocurrió en 2003) contratando la preceptiva notificación individualizada de la revalorización de las pensiones y, además una campaña de publicidad general, produjo un solapamiento entre ambas actuaciones que excluye la necesidad de contratación de una campaña publicitaria". Por todo ello, el abogado del Estado solicita que este contrato sea remitido a la sección de enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas para que los culpables del quebranto devuelvan los 7,2 millones que costó la campaña.

- Plan Global de comunicación. El fiscal plantea sus dudas legales sobre dicho plan global de comunicación, pero no es ahí donde focaliza la mayor gravedad, sino en un contrato de asesoramiento jurídico privado (Estudios Jurídicos y Procesales, SL) que otorgó el 25 de marzo de 2004 sobre la oportunidad del mismo cuando ya había concluido. Las conclusiones del fiscal son las siguientes:

- "Que en dicha fecha había concluido todo el proceso del convenio y del contrato, con lo que el informe solicitado resultaba inoperante e innecesario".

- "Que Trabajo contaba, sin duda, con el trabajo gratuito de los servicios jurídicos del Estado".

- "Que la empresa jurídica consultora privada, con fecha 12 de abril de 2004, emitió su informe por el que se abonó 11.948 euros. El pago, por parte del Ministerio de Trabajo, de estos honorarios supone un quebranto para el tesoro público absolutamente prescindible e innecesario, susceptible de corregir mediante el enjuiciamiento de una presunta responsabilidad contable".

Meter miedo con dinero público  

El abogado del Estado denuncia que la campaña de pensiones de 2003, que utilizó el lema Dicho y hecho, puede constituir una responsabilidad por alcance. Y pide su envío a la Sección de Enjuiciamiento para el reintegro de los 7,2 millones de euros que costó.

El fiscal no comparte este criterio. Pero sí ha ordenado enviar a la Fiscalía Anticorrupción, para que reconsidere el archivo que decretó en septiembre de 2004 de su investigación sobre este contrato por posibles prevaricación o tráfico de influencias, cinco documentos que han aflorado durante la auditoría aprobada ayer por entender que cuando cerró sus pesquisas no le habían sido entregados por el anterior equipo ministerial. Entre los supuestos documentos que sí ha manejado el Tribunal de Cuentas y no Anticorrupción figura el certificado del INSS con los servicios prestados en el que se refleja de forma explícita el postest (documento de la campaña reproducido arriba) que analiza la campaña en lo que se refiere a destacar el pretendido contraste del "Miedo (Gestión del PSOE) con la Seguridad (Gestión del PP)". Otro documento que el fiscal enviará a Anticorrupción desmontaría la supuesta imprevisibilidad del monto de la subida de las pensiones alegada para contratar sin concurso y por urgencia con la firma Carat, que dirigía el ex portavoz del Gobierno del PP Miguel Ángel Rodríguez.

Una campaña pagada contra el fraude que nunca se difundió  

La campaña de publicidad contra el fraude en la Seguridad Social de 2002 se concretó en dos contratos para la difusión de los beneficios que implica la afiliación a la Seguridad Social. El fiscal señala las siguientes anomalías: "La contratación adoleció de dos defectos trascendentales, por un lado se llevó a cabo por el procedimiento de urgencia, cuya razón sólo quedaba señalada, pero no se ha aportado ningún documento o instrumento en el que se motivaran suficientemente los perfiles de la urgencia, con vulneración de la Ley de Contratos. Por otro lado, ambos contratos (de creatividad y de plan de medios), que han de formar una unidad de acción, fueron adjudicadas a empresas diferentes, fraccionando el objeto del contrato y contrariando, por tanto, el contenido de la ley de contratación. El contrato de creatividad fue convocado el 25 de abril de 2002, mientras que el de medios se realizó el 6 de julio de 2002".

"Esta disfunción conceptual y temporal, achacable a la Administración, dio lugar a que existiera una clara incompatibilidad para ajustar ambos contratos, pues resultó imposible la ejecución de los dos por razones técnicas previsibles y evitables. Ante esta situación hubo que declarar desierto el concurso de convocatoria para el plan de compra de medios". De ello, el fiscal extrae la siguiente conclusión:

"En consecuencia, la Administración debió abonar a la empresa adjudicataria de creatividad 480.810 euros por el inútil trabajo desarrollado y, además, debió abonar el gasto de publicidad del segundo contrato que después se declaró desierto por un valor de 11.236 euros. Es decir, que las arcas del Tesoro sufrieron un perjuicio de 492.046 euros, sólo reintegrable depurando la responsabilidad contable en que pudiera haber incurrido la Administración".

- Críticas a la gestión. A esto se une un reguero de críticas que comparten ponente y fiscal, si bien, al contrario que las anteriores, no acarrean enjuiciamiento.

- La deficiente planificación de las actividades contractuales, que se ha observado en la divergencia entre el presupuesto acordado y el gasto realizado.

- Deficiente motivación alegada por los órganos contratantes para utilizar el procedimiento negociado sin publicidad, y para justificar la necesidad de específicas contrataciones, desoyendo la Ley de Contratos, que, sin duda, viciaban la relación contractual concluyendo con su nulidad.

- La dudosa legalidad de ciertos servicios prestados por algunos adjudicatarios, sin que la Administración hubiera procedido previamente a la promoción de ofertas y su adjudicación, lo que se llevó a cabo con posterioridad a la prestación de los servicios.

- El irregular fraccionamiento en determinados contratos de tal forma que con evidente vulneración de la Ley de Contratos, se adjudicaron a empresas distintas la creatividad de las campañas y la compra de medios, dando lugar con ello a diversos perjuicios, innecesarios en otro caso.

Publicado en El País.17.03.06

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