LA NOTICIA DEL DÍA (*)

Deberán testificar cuatro ex ministros y un ex secretario de Estado

¿ Cuando se quiere, se puede ?

La decisión de la Audiencia Provincial de llamar a declarar a cuatro ex ministros ha alcanzado de lleno el corazón político del PP y estrecha el cerco sobre José María Aznar. La citación de los ministros Jesús Posada y Miguel Arias Cañete (Agricultura), Celia Villalobos (Sanidad) y Juan Costa (Ciencia y Tecnología) traslada la investigación judicial al ámbito de lo político, en un nivel de responsabilidad impensable hace ahora dos años. Los ex ministros deberán dar explicaciones puntuales sobre el papel que desempeñaron como miembros del Gobierno en las mediaciones políticas del presidente de la Diputación de Castelló, Carlos Fabra, en favor del grupo Naranjax, encabezado por Vicente Vilar. El subdirector del Gabinete de la Presidencia y ex secretario de Estado de Comunicación, Alfredo Timermans, será otro de los llamados por la juez de Nules, esta vez para aclarar las visitas de Carlos Fabra al palacio de la Moncloa para abordar asuntos relacionados con Naranjax y la tramitación de productos fitosanitarios estancada en los ministerios. Desde el estallido del caso, Vilar ha mantenido que Fabra recurrió a la amistad con el ex presidente en las vacaciones en Orpesa para despejar las trabas ministeriales.

El sumario judicial incorpora pruebas documentales que salpican al ex presidente. Montserrat Vives -ex mujer de Vilar y socia fundadora con la mujer de Fabra, María Amparo Fernández, de la sociedad Artemis 2000- escribió una carta a Aznar el 30 de abril de 2002, en la que denunciaba el obstruccionismo de los ministerios y le pedía que intercediera. «Me consta que su Gabinete fue informado del problema hasta el más mínimo detalle y también se comprometieron a manifestárselo a usted del mismo modo», escribía Vives, quien le recordaba a Aznar aquello de
«cuando se quiere, se puede», una expresión usual del presidente del Gobierno durante su etapa de líder de la oposición al Gobierno del PSOE.

La Audiencia ordena que se investigue si Fabra puso como testaferros a su esposa y a sus hijos

La Justicia indagará hasta sus últimas consecuencias en el patrimonio del presidente de la Diputación Provincial de Castelló, Carlos Fabra, y en el de su esposa e hijos, al considerar la sección segunda de la Audiencia Provincial de Castelló que esta investigación es necesaria para esclarecer si se cometieron uno o más delitos de tráfico de influencias, cohecho y negociaciones prohibidas en la tramitación de una larga lista de productos pesticidas agrícolas fabricados por la empresa Naranjax de Artana. En un extenso auto judicial firmado el pasado 28 de febrero, la Audiencia Provincial decide estimar la mayoría de las pruebas que la Unión de Consumidores de la Comunidad Valenciana (UCE) solicitó en julio de 2005, al considerar los magistrados que estas diligencias pueden ser imprescindibles para el esclarecimiento del caso Fabra. El juzgado de Instrucción Número 1 de Nules rechazó en primera instancia esta batería de documentos y testigos pero la organización presentó un recurso ante la Audiencia, que ahora ha decidido revocar la resolución de la juez de instrucción y dar vía libre a las pruebas.

El tribunal deja constancia en su auto de que no ha dejado de reflexionar y de «sopesar» a la hora de extender la investigación también a posibles testaferros del presidente de la diputación, pero finalmente llega a la conclusión de que es «inevitable» porque en este tipo de delitos «no es infrecuente que el eventual lucro obtenido trate de ocultarse en la esfera familiar».

El auto ordena al juzgado de Nules que se aporten varios documentos , como los certificados acreditativos de las cuentas anuales de Artemis 2000 SL, la empresa en la que participaron al 50% María Amparo Fernández, esposa de Fabra, y Montserrat Vives, ex mujer de Vicente Vilar, propietario de Naranjax. Según Vilar, Artemis no es más que una empresa tapadera que sirvió para canalizar las licencias que se concedían gracias a las presiones y mediaciones de Fabra.

La Audiencia insta además al juzgado de Nules a que pida oficio a la Tesorería de la Seguridad Social para que este organismo informe sobre los empleados dados de alta en Carmacas SL, la asesoría que el líder del PP provincial creó y a través de la cual supuestamente canalizó las comisiones millonarias que obtenía por estudios jurídicos elaborados para Naranjax. En este punto, la Audiencia cree conveniente que la Tesorería aporte los nombres de los empleados de esta empresa, así como sus periodos de contratación y el régimen laboral en el que se encontraban. El auto insta a que se aporten los certificados del Registro de la Propiedad de los inmuebles de los que sean titulares Fabra y su esposa, así como los hijos de la pareja. Otra de las líneas de investigación que se seguirá hasta el final conduce al patrimonio financiero de la familia Fabra. La Audiencia requiere al juzgado de Nules para que solicite extractos de las cuentas y depósitos con titularidad del matrimonio y de los hijos.

Los regalos de Vilar

Los supuestos regalos que Vilar realizó a la familia Fabra también serán investigados, ya que la Audiencia ordena que los responsables de la sala de arte Braulio y los de las joyerías Guinot y Ricardo Caro informen sobre las ventas realizados a la familia. Entre las pruebas que se deberán realizar figura también una tasación de todas las fincas que sean titularidad de la familia, así como una pericial que deberá realizar un inspector de Hacienda sobre el incremento patrimonial «en toda clase de impuestos»

Publicado en Levante .15.03.06

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