LA NOTICIA DEL DÍA (*)

Zaplana anuló una campaña para luchar contra el fraude social cuyo diseño costó 480.810 euros

El Ministerio de Trabajo de Eduardo Zaplana desistió de la realización de una campaña publicitaria para la lucha contra el fraude a la Seguridad Social y las ventajas que conlleva la afiliación de los trabajadores pese a que previamente se había adjudicado el contrato para su diseño -por 480.810 euros, 80 millones de pesetas-, un gasto que resultó «completamente inútil», según denuncia el anteproyecto de fiscalización del Tribunal de Cuentas sobre las campañas del citado departamento desde 2002 hasta el primer cuatrimestre de 2004.

La gestión previa de esta contratación correspondió al antecesor de Zaplana en el ministerio, Juan Carlos Aparicio, ya que el ex presidente de la Generalitat accedió al cargo el 9 de julio de 2002.

El órgano auditor del Estado es muy duro en su informe preliminar -sujeto a modificaciones, después de que los ex responsables del PP presenten sus alegaciones- al reprochar el «fraccionamiento del objeto del contrato», algo «prohibido» por el artículo 68 de la ley de Contratos. Así, la Tesorería General de la Seguridad Social convocó el 25 de abril de 2002, en la etapa aún de Aparicio, el «diseño y producción» de la mencionada campaña para luchar contra el fraude social y el 3 de julio, la compra de medios. El presupuesto inicial de la campaña era de 5.385.000 euros. La dotación se incrementó en otros 2.104.000 euros sin más explicación que la de que se había anulado otra campaña destinada a empresarios y profesionales para darles a conocer los nuevos servicios y gestiones incorporados al portal de la TGSS. En total, el presupuesto definitivo fue de 7.970.000 euros (1.326 millones de pesetas).

El 6 de agosto de 2002, casi un mes después del nombramiento de Zaplana, se adjudicó el primero de los contratos, por 480.810 euros. Sin embargo, la Tesorería de la Seguridad Social no expidió el documento contable de reconocimiento de la obligación hasta el 31 de diciembre y no efectuó la propuesta de pago hasta el 10 de abril de 2003, «demorando el pago efectivo hasta el 21 de mayo sin abonar intereses de demora».

El segundo contrato, tramitado por urgencia como el anterior y que debía materializar la publicidad diseñada, se declaró desierto. Y eso que se presentaron 11 ofertas. El 20 de agosto la mesa de contratación las sometió a informe de valoración. Sólo lo emitió la Subdirección General de Información Administrativa, un hecho que, según el Tribunal, evidencia «la pérdida de autonomía de la Tesorería General de la Seguridad Social frente a los órganos centrales del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales».El dictamen se sustanció con «notorio retraso», el 20 de noviembre de 2002, remitiéndose a la TGSS el 12 de noviembre. Aunque lo más grave es el contenido, en el que «sin entrar a valorar las ofertas, se proponía 'la realización de esta campaña en otro momento'». La recomendación se fundamentó en tres puntos. El primero, que las ofertas estaban pensadas para spots y cuñas de radio de 20 segundos, cuando la creatividad adjudicada exigía anuncios de 25 segundos. En segundo lugar, que el «periodo disponible» para la emisión de la publicidad era «coincidente con las campañas de navidad de los productos de consumo», algo que «resulta poco aconsejable desde el punto de vista de las estrategias de comunicación».

Y tercero, «que el cambio de 'algunos de los equipos de dirección que están obligados a participar en la ejecución de las campañas de publicidad del departamento (Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales) ha repercutido en el análisis de valoración de las propuestas'». El argumento, enfatiza el informe, «pone en evidencia» que el «principal retraso» en la tramitación del expediente fue causado por la «tardanza» en emitir el informe, «tardanza imputable a las deficiencias organizativas de los órganos centrales del Ministerio de Trabajo».«Resulta sorprendente y paradójico», se escandaliza el auditor, que «tal cúmulo de deficiencias», que acabaron costando los 480.810 euros, más 11.236 de la publicidad del segundo concurso declarado desierto, «pretenda justificarse insólitamente» con que el «coste beneficio que se obtendría con la realización [de la campaña] en este periodo estaría muy descompensado», «sin olvidar que en su ejecución se estarían utilizando fondos públicos»

(*) Publicado en la edición digital Levante. 26.12.04

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