LA NOTICIA DEL DÍA (*)

Zaplana siguió contratando campañas de publicidad después de que el PP perdiera las elecciones

EL SUSODICHO AMIGO SE DIRIGE A LOS PPOPULARES

En su etapa como ministro de Trabajo, Eduardo Zaplana otorgó contratos a empresarios afines al PP valenciano, días después de perder las elecciones y cuando ya se encontraba como ministro en funciones. El Tribunal de Cuentas se refiere en su informe al contrato de casi un millón de euros que recibió TRIVISION. Esta empresa esta dirigida por Francisco Grau, un periodista conocido por sus buenas relaciones con el PP y por ser el animador del mitin de Aznar en el estadio de Mestalla

El Tribunal de Cuentas relata en su informe provisional como esta empresa consiguió el contrato del Ministerio de Trabajo prácticamente en solitario, porque sólo se presentaron tres empresas, y el Ministerio determinó que las otras dos no cumplían las condiciones exigidas. Los funcionarios del Tribunal hablan, concretamente, de "adjudicación sin competencia" y cuestionan, además, la necesidad misma de la contratación.

Trabajo adjudica este contrato de publicidad, por un importe de 844.000 euros, el 24 de Marzo, con el ministro en funciones. Se formaliza casi un mes después, el 23 de Abril, cuando Zaplana ya había dejado el cargo, aunque seguía como director del IMSERSO, el organismo al que corresponde, Antonio Lis, un destacado dirigente del PP valenciano y antiguo hombre de confianza de Zaplana. El Gobierno del PSOE anuló el contrato un mes después.

El fundador de la empresa beneficiada por este contrato es Francisco Grau, famoso sobre todo por ser el presentador del mitin de Aznar en Mestalla y conocido en los ambientes políticos valencianos por sus magníficas relaciones con el poder popular. Entre sus clientes habituales están la Generalitat y el Ayuntamiento –ambos gobernados por el PP-, y ahora la organización de la Copa América, que ha encomendado a su productora buena parte de la comunicación y los eventos previstos hasta el 2007.

El Tribunal de Cuentas ya reprochaba en el mismo informe que la empresa de Grau hubiera recibido un contrato anterior del Ministerio de Zaplana, a pesar de presentar una de las ofertas más caras, y por un importe similiar, más de ochocientos mil euros

(*) Publicado en la edición digital la Cadena Ser. 29.12.04

Zaplana anuló una campaña para luchar contra el fraude social cuyo diseño costó 480.810 euros

El Ministerio de Trabajo de Eduardo Zaplana desistió de la realización de una campaña publicitaria para la lucha contra el fraude a la Seguridad Social y las ventajas que conlleva la afiliación de los trabajadores pese a que previamente se había adjudicado el contrato para su diseño -por 480.810 euros, 80 millones de pesetas-, un gasto que resultó «completamente inútil», según denuncia el anteproyecto de fiscalización del Tribunal de Cuentas sobre las campañas del citado departamento desde 2002 hasta el primer cuatrimestre de 2004.

La gestión previa de esta contratación correspondió al antecesor de Zaplana en el ministerio, Juan Carlos Aparicio, ya que el ex presidente de la Generalitat accedió al cargo el 9 de julio de 2002.

El órgano auditor del Estado es muy duro en su informe preliminar -sujeto a modificaciones, después de que los ex responsables del PP presenten sus alegaciones- al reprochar el «fraccionamiento del objeto del contrato», algo «prohibido» por el artículo 68 de la ley de Contratos. Así, la Tesorería General de la Seguridad Social convocó el 25 de abril de 2002, en la etapa aún de Aparicio, el «diseño y producción» de la mencionada campaña para luchar contra el fraude social y el 3 de julio, la compra de medios. El presupuesto inicial de la campaña era de 5.385.000 euros. La dotación se incrementó en otros 2.104.000 euros sin más explicación que la de que se había anulado otra campaña destinada a empresarios y profesionales para darles a conocer los nuevos servicios y gestiones incorporados al portal de la TGSS. En total, el presupuesto definitivo fue de 7.970.000 euros (1.326 millones de pesetas).

El 6 de agosto de 2002, casi un mes después del nombramiento de Zaplana, se adjudicó el primero de los contratos, por 480.810 euros. Sin embargo, la Tesorería de la Seguridad Social no expidió el documento contable de reconocimiento de la obligación hasta el 31 de diciembre y no efectuó la propuesta de pago hasta el 10 de abril de 2003, «demorando el pago efectivo hasta el 21 de mayo sin abonar intereses de demora».

El segundo contrato, tramitado por urgencia como el anterior y que debía materializar la publicidad diseñada, se declaró desierto. Y eso que se presentaron 11 ofertas. El 20 de agosto la mesa de contratación las sometió a informe de valoración. Sólo lo emitió la Subdirección General de Información Administrativa, un hecho que, según el Tribunal, evidencia «la pérdida de autonomía de la Tesorería General de la Seguridad Social frente a los órganos centrales del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales».El dictamen se sustanció con «notorio retraso», el 20 de noviembre de 2002, remitiéndose a la TGSS el 12 de noviembre. Aunque lo más grave es el contenido, en el que «sin entrar a valorar las ofertas, se proponía 'la realización de esta campaña en otro momento'». La recomendación se fundamentó en tres puntos. El primero, que las ofertas estaban pensadas para spots y cuñas de radio de 20 segundos, cuando la creatividad adjudicada exigía anuncios de 25 segundos. En segundo lugar, que el «periodo disponible» para la emisión de la publicidad era «coincidente con las campañas de navidad de los productos de consumo», algo que «resulta poco aconsejable desde el punto de vista de las estrategias de comunicación».

Y tercero, «que el cambio de 'algunos de los equipos de dirección que están obligados a participar en la ejecución de las campañas de publicidad del departamento (Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales) ha repercutido en el análisis de valoración de las propuestas'». El argumento, enfatiza el informe, «pone en evidencia» que el «principal retraso» en la tramitación del expediente fue causado por la «tardanza» en emitir el informe, «tardanza imputable a las deficiencias organizativas de los órganos centrales del Ministerio de Trabajo».«Resulta sorprendente y paradójico», se escandaliza el auditor, que «tal cúmulo de deficiencias», que acabaron costando los 480.810 euros, más 11.236 de la publicidad del segundo concurso declarado desierto, «pretenda justificarse insólitamente» con que el «coste beneficio que se obtendría con la realización [de la campaña] en este periodo estaría muy descompensado», «sin olvidar que en su ejecución se estarían utilizando fondos públicos»

(*) Publicado en la edición digital Levante. 26.12.04

El Tribunal de Cuentas denuncia el uso partidista de la publicidad de Trabajo en la etapa de Zaplana  

Un anteproyecto del Tribunal de Cuentas, pendiente de alegaciones, denuncia que las campañas publicitarias sobre revalorización de pensiones promovidas por el Ministerio de Trabajo bajo mandato de Eduardo Zaplana, actual portavoz parlamentario del PP, sólo persiguieron "mejorar la imagen gubernamental", con " solapamiento indebido y previsible con la campaña electoral" del 14 de marzo de este año. Esta actuación, según el informe, podría suponer, al margen de su irregular contratación, una "desviación de poder" y una malversación, al haberse destinado fondos públicos a una finalidad distinta de la permitida por el ordenamiento jurídico: la mera publicidad institucional.

El Tribunal de Cuentas, tras analizar las campañas publicitarias de los principales organismos de Trabajo de 2002 a 2004 -42,8 millones de euros, en su mayoría adjudicadas bajo mandato de Zaplana, nombrado ministro en julio de 2002-, ve irregularidades en gran número de ellas, pero focaliza las más graves en las de revalorización de pensiones.

El informe denuncia que "una parte relevante de la publicidad institucional analizada en este informe ha sido realizada (directamente o mediante subcontratación) por empresas pertenecientes a un determinado grupo" al que pertenece también la empresa que realizó las campañas del PP en las elecciones autonómicas de 2003 en Canarias, Baleares, Madrid y Comunidad Valenciana, lo que supone, advierte, un riesgo de "confusiones no deseables". La factura publicitaria de Trabajo pasó de 931.000 euros en 2002 a 16 millones en 2003 y 22,8 millones en el primer cuatrimestre de 2004.

El informe desgrana abundantes irregularidades en la contratación y ejecución de la campaña publicitaria sobre revalorización de pensiones de 2003. No debió ser adjudicada a dedo (negociado) y por urgencia, porque la subida era previsible, y lo prueba que la notificación por correo a cada pensionista, la única obligada por ley, fue contratada en noviembre de 2002 y por concurso.

No era necesaria, además, porque cuando se inició la campaña publicitaria, 15 de enero de 2003, "ya habían sido distribuidas las notificaciones individuales a gran parte de los pensionistas, pues en el expediente consta que el 23 de enero ya habían sido enviadas todas". La campaña publicitaria sobre pensiones, que el antecesor popular de Zaplana, Juan Carlos Aparicio, nunca utilizó, costó 7,2 millones, y la postal, sólo 600.000 euros. El informe destaca que no se respetó el plazo mínimo de cuatro días para presentación de ofertas tras cursarse las invitaciones.

Con tan "inusual" brevedad de plazos, "resultaría determinante la ventaja que habría tenido cualquier empresa que, hipotéticamente, hubiera podido conocer de antemano, por pequeña que hubiese sido la diferencia de tiempo, la voluntad de celebrar este contrato". Asimismo, se censura que Trabajo impusiera "un número mínimo de inserciones publicitarias que debían tener lugar en determinados medios de comunicación, sin que semejante determinación estuviera basada en criterios técnicos".

El anteproyecto denuncia que el mensaje real de la campaña, "según la documentación obrante en el contrato", no era tanto informar a pensionistas como plasmar el mensaje de que la Seguridad Social "está en manos de buenos gestores que avalan su actuación con datos objetivamente positivos". En suma, "proyectar a la sociedad en general una imagen institucional favorable, de clara mejora con respecto del periodo de gobierno inmediatamente anterior a 1996".

Este mensaje subliminal bajo el difundido dicho y hecho se evidencia, para el auditor, por un documento aportado al equipo de Zaplana por la adjudicataria -Carat, presidida por el ex portavoz popular del Gobierno Miguel Ángel Rodríguez-, que detalla el leit motiv de la campaña: "contraponer el 'ahora' con la política del anterior Ejecutivo (PSOE)" El "antes" es pintado así: "El miedo (gestión del PSOE): crisis de la Seguridad Social, planes privados como única alternativa, percepción de desamparo, recibir una carta oficial puede ser una notificación de retirada de pensión". El "ahora" se traza así: "La seguridad (gestión PP), superávit de la Seguridad Social, respaldo de fondo de reserva, seguridad de la inversión, pensiones garantizadas".

"Las señaladas actuaciones, que afectan negativamente a los principios de objetividad, transparencia, imparcialidad y respeto al pluralismo político, tienen como inevitable consecuencia que los órganos y los titulares de los mismos que intervinieron en el procedimiento de contratación habrían podido haber incurrido en desviación de poder", al haber ejercido las potestades administrativas para fines distintos de los fijados por el ordenamiento jurídico. "Consiguientemente, los fondos públicos destinados a la financiación de la campaña de 2003, cuyos objetivos reales se han demostrado tan alejados del objeto del contrato, habrían cumplido una finalidad distinta de la permitida por el ordenamiento jurídico, que es la publicidad institucional". Esto, según el informe, podría dar lugar a una presunta malversación. "Todo ello, unido a las numerosas irregularidades detectadas en el procedimiento de contratación, podría dar lugar a la exigencia de las responsabilidades que resulten procedentes, a cuyos efectos, cuando, en su caso se proceda por el Pleno del Tribunal a su aprobación, se remitirán los hechos anteriormente descritos a la sección de Enjuiciamiento, sin perjuicio de su conocimiento por el fiscal".

(*) Publicado en la edición digital de El País. 20.12.04

 

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