LA NOTICIA DEL DÍA (*)

Cuenta el ex presidente Leopoldo Calvo-Sotelo que, cuando llegó a La Moncloa para sustituir a Adolfo Suárez, en febrero de 1981, y abrió la caja fuerte que debía contener los secretos de Estado, sólo halló en su interior un papel, en el que estaba anotada la combinación para abrirla. José Luis Rodríguez Zapatero no se sorprendió menos cuando en abril pasado sustituyó a José María Aznar al frente del Gobierno. Todos los archivos informáticos de Presidencia estaban vacíos. La clave también figuraba en un papel: la factura, por unos 12.000 euros, de la empresa contratada para borrarlos.

José Luis Rodríguez Zapatero comparecerá esta mañana ante la Comisión de Investigación del Congreso sobre el 11-M con el propósito de realizar, según sus propias palabras, una intervención "constructiva". El presidente detallará las medidas que ha adoptado el Ejecutivo para combatir el terrorismo de origen islamista y ofrecerá a todos los grupos políticos un pacto de Estado para hacer frente a esta amenaza. También deberá contestar a las preguntas del PP sobre cuál fue su comportamiento entre el 11 y el 14 de marzo.

Lo que Zapatero no podrá, pese a su deseo de dar una información "densa y amplia", es facilitar datos sobre la actuación de la Presidencia del Gobierno en esas fechas. No podrá explicar, por ejemplo, si es cierto que se reunió el Gabinete de Crisis, como dijo Aznar ante la comisión, pero no la Comisión Delegada del Gobierno para Situaciones de Crisis. Y sobre todo, cualquiera que fuese el nombre del organismo que se reunió en La Moncloa el día 11, presidido por el presidente y con presencia de los vicepresidentes y los ministros y altos cargos de mayor confianza, qué decisiones se adoptaron.

Cuando la Comisión de Investigación del 11-M reclamó el acta del Gabinete de Crisis, el Gobierno contestó que no había podido hallarla. Ni el acta, ni ningún otro documento sobre lo que pasó ese día en La Moncloa: las conversaciones que mantuvo Aznar con directores de medios de comunicación o mandatarios extranjeros, los informes que recibió o las instrucciones que dio.

El vacío de información no se limita al 11-M: abarca los ocho años de mandato del PP, de mayo de 1996 a abril de 2004. La explicación es que, antes de dejar el poder, el equipo dirigido por Aznar ordenó que se borrasen los archivos informáticos de Presidencia del Gobierno.

No fue un borrado rutinario, sino a conciencia. No se limitó a formatear los discos duros, lo que podría haber hecho cualquier usuario. Se borraron también las cintas con las copias de seguridad de los archivos informáticos. Para ello se recurrió a una empresa especializada, que presentó la correspondiente factura, de unos 12.000 euros.

Sólo que cuando llegó la hora de pagar ya había cambiado el inquilino de La Moncloa, por lo que fueron los socialistas los que tuvieron que asumir el coste de haberse quedado sin una información probablemente valiosa.

¿Cómo de valiosa? Fuentes gubernamentales admiten que es imposible conocer el valor de la información perdida, pues no existe un inventario de la misma. Reconocen que los documentos de carácter administrativo, con rango legal, fueron entregados en el traspaso de poderes, en soporte papel. Pero alegan que faltan informes políticos sobre todo tipo de asuntos, incluso algunos que afectan a la política de Estado, como la lucha antiterrorista.

No es concebible, argumentan, que todos los archivos informáticos de Presidencia, como el intercambio de correos electrónicos entre ordenadores oficiales, se refieran a temas personales de asesores o altos cargos.

Las mismas fuentes niegan que se produjera una situación comparable en 1996, cuando el PP sustituyó al PSOE al frente del Gobierno, entre otras razones porque el uso de la informática no estaba tan extendido.

Ha sido en los últimos años cuando los correos electrónicos han sido admitidos como prueba en procesos judiciales, como el del fraude de Gescartera. Mucho antes, en 1974, el presidente de EE UU Richard Nixon se vio obligado a dimitir por el escándalo Watergate tras mantener una larga pugna con el Congreso, que exigía la entrega de la cintas con las conversaciones mantenidas por el presidente con sus colaboradores en la Casa Blanca, sin aceptar que las mismas pudieran pertenecer al ámbito privado.

Si en Moncloa se borraron los archivos informáticos, en el Ministerio del Interior se copiaron. Fuentes de dicho departamento, tanto de la actual como de la anterior administración, han explicado que altos cargos del equipo del ex ministro Ángel Acebes hicieron copias de documentos relacionados con la investigación del 11-M, informa Jorge A. Rodríguez.

Las copias fueron volcadas en discos compactos y algunos de los documentos duplicados se publicaron en libros meses después de la salida del PP del poder. Entre los documentos copiados figuran cartas de etarras que sugerían contactos con presos islamistas, vídeos y fotos de los atentados y parte de la investigación sobre cómo se convocaron las manifestaciones del 13-M frente a las sedes del PP.

(*) Publicado en la edición digital de El Pais.12.12.04

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