Nuestros asuntillos más pintorescos : De todo un poco

BENIDORM Y LA DOBLE MORAL GENOVESA  

CASO AFINSA Y EL RUMBOSO MARTÍNEZ PUJALTE

La piscina + PPopular
¿ JUZGADOS A LA CARTA ?
" Embriaguez siempre que ésta no tenga carácter de habitual..."
 
CASO GESCARTERA
  
CASO RODRIGO $ RATO Y SUS NEGOCIOS PRIVADOS
 
CASO PRIMAS ÚNICAS BANCO DE SANTANDER
 
CASO ERCROS
 
CASO AYCART
CASO ALIERTA

 

EL MINISTRO POSADA ADMITE QUE EL TRABAJO DE UN EX ALTO CARGO PUEDE VIOLAR LA LEY

El ministro de Administraciones Públicas, Jesús Posada, admitió en el Congreso que el ex director general de Obras Hidráulicas, Carlos Escartín, pudo incumplir la Ley de Incompatibilidades de altos cargos. El ministro relató durante una comparecencia en el Congreso que, tras las denuncias aparecidas en la prensa, la Dirección General de la Inspección analizó el caso y descubrió que Escartín violó el artículo 2.4 de la Ley de Incompatibilidades de altos cargos, de 1995. En él se dice: 'Durante los dos años siguientes a la fecha de su cese los altos cargos no podrán realizar actividades privadas relacionadas con expedientes sobre los que hayan dictado resolución en el ejercicio del cargo'. Como se recordará, Escartín fichó en septiembre de 2000 por ACS como responsable de contratación. Sólo tres meses antes había participado en la adjudicación a una unión temporal de empresas, en la que estaba esa constructora, de las obras del recrecimiento del embalse de Yesa. Cuando Escartín decidió dejar la administración para pasar a la constructora nadie le puso ninguna objeción, según relató Posada. El incumplimiento del artículo 2 de la Ley 12/1995 es considerado como una falta grave o muy grave si se ha producido 'daño manifiesto' a la Administración (Mayo 2001).

MATAS SITÚA AL FRENTE DE UNA FUNDACIÓN A UNA MUJER QUE LLEVA DOS AÑOS DE BAJA

El ministro de Medio Ambiente, Jaume Matas, presidente del Partido en Baleares, ha colocado a Catalina Enseñat, doctora en Historia y ex diputada regional del Partido en las islas, como directora general de la Fundación Parques Nacionales. La situación laboral de Enseñat hasta que ha sido fichada por Matas era peculiar. Desde febrero de 2001 se halla en situación de 'incapacidad permanente total para la profesional habitual [coordinadora del Medio Natural]' por las secuelas de una lesión en el pie y tobillo, según el Tribunal Médico de la Seguridad Social. Desde junio de 1999 estaba de baja laboral.

El ministro de Medio Ambiente, Jaume Matas, considera idóneo el nombramiento de Catalina Enseñat para dirigir la Fundación de Parques Nacionales: 'Es la persona adecuada para ostentar este cargo. Está en una situación legal que le permite compatibilidad; nadie lo puede negar' .Además, el ministro alabó el perfil y el currículo de la elegida para dirigir la Fundación de Parques Nacionales. Enseñat, por su parte, considera que aúna la experiencia medioambiental, patrimonial, cultural y de gestión pública para desempeñar el cargo.

En cuanto all 'accidente de trabajo' que provocó la lesión a Enseñat se produjo en junio de 1997, cuando durante su trabajó bajó de un vehículo todoterreno en una visita a un área natural. La dirigente balear recayó, en junio de 1999, mientras seguía ejerciendo de coordinadora del medio natural de la actual empresa pública Instituto Balear de la Naturaleza (Ibanat), dependiente del Gobierno de Baleares. Fue en esa fecha cuando el Partido perdió el poder en la isla y la coalición de izquierdas y nacionalistas se hizo con la dirección del Ibanat. La actual directora de la fundación Parques Nacionales, que era trabajadora fija de la citada sociedad pública, reclama ahora una indemnización de cinco millones de pesetas al actual equipo gestor de Ibanat, cuyo presupuesto está vinculado al Ejecutivo balear que preside Francesc Antich, del PSOE.

La última baja laboral de la ya directora de la fundación de Matas -que ha sido operada en dos ocasiones- es de 29 de junio de 1999, coincidente con el traspaso del poder político del Partido Popular al pacto de la izquierda (PSOE, IU y Los Verdes) con los nacionalistas en Baleares.

Catalina Enseñat fue diputada popular en el primer Parlamento balear de 1983 y directora general de Medio Ambiente en 1987. Fue contratada por la Administración balear en 1993, durante el mandato de Gabriel Cañellas, para trabajar en los Servicios Forestales de Baleares (ahora Ibanat). Está casada con José María González, actual presidente del Grupo Parlamentario del Partido de Baleares y ex consejero de Turismo con Matas (1996-99) (Febrero 2002).

ROBLES FRAGA OTORGA 1.200 MILLONES A LA FUNDACIÓN QUE PRESIDE SU PADRE

La Agencia Española de Cooperación Internacional, que depende del Ministerio de Asuntos Exteriores, ha concedido una subvención de 1.200 millones de pesetas a la Fundación Cánovas del Castillo para un proyecto en Colombia. El jefe de la Unidad de Organizaciones no Gubernamentales, responsable de otorgar las ayudas, es Carlos Robles Fraga, hijo del presidente de dicha fundación que actúa como foro ideológico del Partido Popular, Carlos Robles Piquer. Los 1.200 millones de pesetas se han adjudicado a un proyecto cuyo socio es la Federación Nacional de Cafeteros Colombianos, una asociación vinculada al consorcio gubernamental Café de Colombia, y no una asociación sin ánimo de lucro, como es habitual. Las ayudas de la agencia se han otorgado en tres fases. La primera fue aprobada el pasado 15 de julio. Las organizaciones más beneficiadas en dicha convocatoria han sido asociaciones religiosas y conservadoras, algunas cercanas a la organización religiosa católica Opus Dei.La segunda fase se aprobó el pasado 27 de julio y estaba destinada a proyectos vinculados a la promoción económica. Finalmente, la tercera se concedió el pasado 9 de agosto y está destinada a los proyectos. En esta última fase es en la que ha resultado beneficiada la organización de Carlos Robles Piquer. La Fundación Cánovas del Castillo, que fue creada por el presidente de la Xunta, Manuel Fraga, en 1980 para cultivar 'el auténtico pensamiento popular', se reconvirtió con los años en una de las organizaciones no gubernamentales con más proyectos en Centroamérica. Su reconversión en organización humanitaria coincidió con la llegada del Partido al poder (Noviembre 2001).

EL MINISTERIO DE DEFENSA EQUIPA A LOS 400 SOLDADOS EN KABUL CON MATERIAL INSEGURO

Los soldados destacados en Afganistán son visibles durante la noche con los prismáticos o el visor infrarrojo del enemigo. Las unidades destacadas en Kabul han sido equipadas con el nuevo portaequipos de combate adquirido por el Ejército de Tierra, un chaleco que carece de protección IR contra aparatos de visión infrarroja con la que cuenta todo el material. El IR se exige en las normas OTAN y lo tienen todos los ejércitos de Europa. Yuma, SA, la empresa que obtuvo el concurso, es propiedad de la familia de un alto cargo del Ejército.

Defensa gastó 21 millones de euros (347 millones de pesetas) en la compra de 20.000 portaequipos de combate en dos concursos a los que concurrieron otras dos empresas (Manufacturas Valle y Sei) que sí incluían el IR en su producto y costaban 552.931 euros (92 millones de pesetas) menos. Ambas fueron rechazadas 'por no superar las muestras presentadas los requisitos mínimos exigidos en el pliego de prescripciones técnicas'. Yuma SA, la empresa adjudicataria, es propiedad de la familia Benedi y otros socios. María Rosario Benedi Pérez, ex apoderada y actual jefa de compras de esta sociedad está casada con el coronel José Martínez Nasar, secretario técnico de la Dirección de Asuntos Económicos del Cuartel General del Ejército (Febrero 2002).

LA MINISTRA BIRULÉS COMPRÓ UNA CASA CON EL MISMO MÉTODO FISCAL QUE SU AMIGO EL MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES

La ministra de Innovación y Tecnología, Anna Birulés, adquirió una casa en la misma localidad, Urús (Girona); con el mismo método, el leasing a través de una sociedad, fórmula reservada para actividades empresariales, y en la misma finca que Josep Piqué, ahora titular de la cartera de Asuntos Exteriores y antes de la Industria y portavoz del Gobierno. Birulés, amiga personal de Piqué, comparte urbanización en Urús con el ministro y con el presidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), Pedro Ferreras, a quien nombró el propio Piqué. La esposa de Ferreras, Berta García Prieto, notaria de profesión, fue además la que formalizó las escrituras de propiedad. Los tres amigos, Birulés, Piqué y Ferreras, utilizaron el mismo método a la hora de adquirir sus casas y las escrituraron a nombre de empresas pantalla "para no gravar su patrimonio".

En el caso de Birulés y de su marido, Carlos Martí Batera, las sociedades a través de las que adquirieron su casa en Urús fueron Business Iniciatives y Cluendaris, SL. La primera fue dada precisamente de baja en octubre de 1999 por no haber pagado el impuesto de sociedades correspondiente a 1994, 1995 y 1996.

Con ello, el negocio es redondo: ni la sociedad propietaria inicial de la casa, Business Iniciatives, pagó los impuestos de sociedades ni la ministra ni su marido pagaron por la casa los impuestos derivados del aumento de patrimonio", puesto que oficialmente pertenecía a la firma morosa (Mayo 2000).

LAS INVERSIONES ESPAÑOLAS EN LOS PARAÍSOS FISCALES

La inversión española en paraísos fiscales en 1999 fue de 202.837 millones de pesetas, cifra que prácticamente duplica la del año anterior, en que esta partida ascendió a 103.687 millones de pesetas. Según datos de la Secretaría de Estado de Comercio y Turismo del Ministerio de Economía, el incremento de la inversión en paraísos fiscales fue del 95,62% en 1999 respecto a la registrada el año anterior. La inversión en paraísos fiscales supuso el 2,42% del total de la inversión española en el exterior durante 1999, frente al 3,41% de un año antes. El contraste entre el aumento de la inversión en 1999 respecto a la del año anterior y la disminución del porcentaje se debe a que en 1999 el volumen total de inversiones en el exterior fue mucho mayor que el de 1998 (8,39 billones de pesetas frente a 3,04 billones de pesetas). Los paraísos fiscales que recibieron el mayor volumen de inversión fueron las islas Caimán, con 79.460 millones de pesetas, seguidas de las islas Vírgenes (62.287 millones), Antillas Holandesas (32.907 millones), Panamá (9.813 millones) y las islas anglonormandas (9.233 millones de pesetas). Por el contrario, los destinos que menor volumen de inversión de capital español recibieron el pasado año fueron Chipre (30.000 pesetas), isla de Man (470.000 pesetas), Bermudas (4,13 millones de pesetas), Bahrein (7,63 millones) y Mauricio (16,53 millones) (Julio 2000).

EL Partido IMPONE LA COMPATIBILIDAD DEL PRESIDENTE DEL CONSEJO DE PRIVATIZACIONES CON SU ACTA DE DIPUTADO

La mayoría absoluta del Partido ratifica la compatibilidad de su diputado Luis Gámir, con su cargo de presidente del Consejo Consultivo de Privatizaciones. El argumento de los populares para evitar que Luis Gámir tenga que dejar un cargo por otro es que considera que el Consejo de Privatizaciones es un "grupo de trabajo" y "no un órgano consultivo". En cambio, para el diputado socialista Joan Marcet el mantenimiento de ambos cargos supone vulnerar el artículo 156 de la Ley de Régimen Electoral y atentar "contra la independencia" del Consejo de Privatizaciones (Septiembre 2000).

MÁS NOMBRAMIENTOS AMIGOS: LA SEPI REMODELA EL CONSEJO DE ENCE PARA INCORPORAR A ANTIGUOS ALTOS CARGOS DEL Partido

La Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) anuncia "una profunda reestructuración" de la compañía papelera Ence "como paso previo al proceso de privatización del 51% del capital" que aún permanece en manos públicas. Como hecho más destacado de la reestructuración aparece la designación, como presidente de la compañía, del ex presidente del Senado y presidente del Partido de Extremadura, José Ignacio Barrero. Además de Barrero, se incorporan a la papelera otros cuatro consejeros independientes, entre los que figuran el ex embajador ante la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), José Luis Feito, y el ex secretario de Estado de Energía, José Manuel Serra Peris, quien tuvo un papel destacado en la defensa de los costes de transición de las eléctricas (Octubre 2000).

EL MINISTRO CASCOS DESTITUYE A UN JEFE DEL GIF POR EL ATASCO EN QUE SE VIO ATRAPADO

El Gestor de Infraestructuras Ferroviarias (GIF), a instancias del ministro de Fomento, Francisco Álvarez Cascos, ha destituido al ingeniero encargado de la supervisión de la obra del AVE Madrid-Barcelona, cuyos trabajos provocaron un atasco en la carretera Nacional III, Madrid-Valencia, en el que se vio atrapado el propio ministro. El ingeniero del GIF destituido, José Manuel Carbonell, es director de la obra en la zona, aunque el comunicado oficial del ente, adscrito al Ministerio de Fomento, no daba cuenta tampoco de su nombre. El problema se produjo en el kilómetro 13,800 de la carretera de Valencia, donde se está construyendo un subterráneo para el paso de la línea de AVE Madrid-Barcelona. Las empresas tenían permiso para cortar uno de los dos carriles de salida desde las once de la noche hasta las seis de la mañana, pero incumplieron ese horario y no restablecieron ambos carriles hasta las ocho y cuarto, lo que provocó el atasco (Febrero 2001).

DIMITE EL 'GOBERNADOR' DE TARRAGONA ACUSADO DE EXTORSIONAR A INMIGRANTES

El subdelegado del Gobierno en Tarragona, Raúl Navarro Roldán, presentó su dimisión para poder defenderse de la acusación realizada por, al menos, una mujer rusa que asegura que Navarro le ofreció regularizar sus papeles a cambio de favores sexuales. La investigación se encuentra en fase de diligencias previas y bajo secreto de sumario en el juzgado número 9 de Tarragona. El subdelegado prestó declaración ante el juez, junto con otros supuestos implicados. Navarro presentó la dimisión inmediatamente después de conocer su implicación en un caso que relaciona inmigración irregular y prostitución, aunque en una escueta nota remitida por la Subdelegación del Gobierno en Tarragona se explicaba que Raúl Navarro ha presentado su dimisión al ministro de Administraciones Públicas "por motivos de salud". El caso arranca con una denuncia presentada ante la fiscalía de Tarragona. La subsiguiente investigación reveló la existencia de una trama de inmigración irregular de mujeres procedentes de los países del Este de Europa que, una vez en España, eran obligadas a prostituirse. La vinculación de Navarro con el caso se basa en su presunta relación con un prostíbulo regentado desde hace tiempo por una mujer rusa. En el prostíbulo se encontraban mujeres que no tenían permiso de residencia. Al menos una de ellas explicó que Navarro le había prometido papeles a cambio de favores sexuales. Por su parte, el Partido se limitó a "respetar la decisión del subdelegado", subrayar que "no hay escrito de acusación contra él" y que su decisión demuestra su voluntad de "no perjudicar al Gobierno en este caso" (Septiembre 2001).

MEDIO AMBIENTE GASTARÁ 7.000 MILLONES EN PUBLICIDAD EN DOS AÑOS

El Ministerio de Medio Ambiente, que dirige Jaume Matas, tiene previsto preadjudicar un concurso para una contratación de campaña publicitaria sin precedentes en la Administración española: 6.940 millones de pesetas y un periodo que abarca lo que queda de año, 2002 y 2003. Su diseño partió del despacho de Javier Mato, ex jefe del gabinete del ministro Matas e imputado en el caso Formentera por su intervención en la presunta captación fraudulenta de votos de emigrantes en las elecciones de Baleares cuando Matas era presidente. El concurso, cuya adjudicación ha sido aplazada en tres ocasiones, tiene dos partes: la primera, destinada a la producción de la campaña publicitaria de estrategia sobre desarrollo sostenible, valorada en 1.980 millones de pesetas; la segunda, de 4.960 millones, dirigida a la compra de soportes publicitarios en periódicos, revistas, televisiones, aeropuertos, campos de fútbol, trenes, taxis, vallas y cines.

La convocatoria, publicada en el BOE del pasado 15 de marzo, generó un gran revuelo en el sector publicitario, poco acostumbrado a manejar cifras tan altas entre clientes institucionales. Sólo la Dirección General de Tráfico emplea sumas de dinero muy elevadas, unos 2.000 millones al año, para sus campañas anuales sobre seguridad vial en vísperas de desplazamientos automovilísticos masivos. En los Presupuestos de 1997, la entonces ministra de Medio Ambiente, Isabel Tocino, destinó 700 millones de pesetas para publicidad, que no fueron gastados.

Otro aspecto insólito es el gasto asignado a la producción, 2.000 millones. Los publicitarios consultados no recuerdan una partida similar para producir una campaña, ni siquiera alguna de las más caras, como fue una de la ONCE en la que intervenían decenas de extras. 'Es un importe altísimo, desorbitado, con el que se puede hacer una superproducción cinematográfica', añade otro publicista.

El concurso está repleto de singularidades. Admite la subcontratación. Pero en ningún caso, salvo en éste, el pliego de condiciones indica expresamente la relación de medios en los que aparecerá la campaña sobre la eficiencia energética, el impacto del transporte, la agricultura, el turismo sostenible, la biodiversidad y el uso de los recursos naturales, como la minería o el agua. 'La selección de soportes siempre corre a cargo de las centrales de medios. Nunca la compra de espacios es objeto de un concurso. Y aunque sea una campaña dirigida a toda la ciudadanía, insertarla en todos los medios sin discriminación es malgastar el dinero, porque los mensajes se duplicarán', asegura una especialista del sector. Esa relación exhaustiva de soportes incluye todos los medios generalistas y publicaciones tan ajenas en principio a los asuntos de medio ambiente como Estadio Deportivo, Supertele, Cocina Fácil, Cuerpo de Mujer, Hobby Consolas, Mi Bebé y Yo, Play Boy y Speak-Up.

El pliego de cláusulas de este concurso fue dirigido por Javier Mato cuando era jefe de gabinete del ministro Jaume Matas. Mato está imputado en el caso Formentara por la presunta captación ilegal de votos de emigrantes en las últimas elecciones autonómicas en Baleares, que perdió Matas. La fecha límite para la apertura de plicas y la calificación de los aspirantes al concurso expiraba el pasado 7 de mayo. Dos días después dimitió Javier Mato. El plazo se amplió hasta el 31 de mayo. Tampoco se celebró en esa fecha.

Entre los aspirantes al concurso se sospecha que tanto aplazamiento, inédito en un concurso abierto, se debe al propósito de negociar un acuerdo entre los candidatos mejor situados, uno de los cuales podría ser Mato a través de sociedades interpuestas. Desde el ministerio restan crédito a estas interpretaciones y desmienten que Mato o el despacho Garrigues & Andersen -donde trabajó la letrada Irene Chamorro, que ha participado en la redacción del pliego de condiciones- tengan nada que ver en la resolución del concurso (Julio 2001).

LUCAS, EL CASINO Y VIAJES HALCÓN ( VARIOS )

· EL DUEÑO DE HALCÓN VIAJES DENUNCIA UNA TRAMA DEL Partido PARA PERJUDICARLE: Juan José Hidalgo, presidente de Globalia, grupo empresarial que agrupa entre otras a Air Europa y Halcón Viajes, denunció en Valladolid la existencia de una trama dirigida desde la Junta de Castilla y León y el Ayuntamiento de Salamanca, gobernados por el Partido, para que no le fuera concedida la explotación de un casino de esa capital. El Gobierno autónomo adjudicó las licencias de los casinos en León y Salamanca al grupo Comar, del empresario José Collazo Mato, por 'los intereses turísticos, empresariales y de empleo de su oferta', entre otras razones. Hidalgo, cuyo grupo empresarial constituye uno de los principales operadores turísticos europeos y que presentó su oferta junto a la empresa catalana de juego Cirsa, puso nombres a los responsables de la trama que, a su juicio, han evitado que le fuera concedido el casino que, según dijo, le había prometido el alcalde de Salamanca, Julián Lanzarote, tras haberle retirado, hace meses, la explotación del Palacio de Exposiciones y Congresos de la ciudad. Hidalgo señaló además al anterior presidente de la Diputación y actual consejero de Presidencia, Alfonso Fernández Mañueco, los propietarios del periódico La Gaceta de Salamanca y el presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, quién según explicó el empresario 'ha dado el beneplácito a la operación'. En este sentido Hidalgo denunció que el grupo Comar (al que pertenece Casino de Salamanca, SA, que obtuvo la licencia) con sede social en A Coruña y que gestiona más de 4.000 tragaperras, siete bingos y diez casinos, tiene fuertes intereses en el grupo empresarial al que pertenece el periódico salmantino, en el que también participan destacados miembros del Partido de Salamanca, como el anterior alcalde y actual diputado Fernando Fernández de Trocóniz. Hidalgo también anunció que recurrirá la decisión de la Junta, ya que la licencia otorgada a Comar a su juicio incumple la ley puesto que el edificio donde prevé ubicar el casino, una antigua fábrica de harinas, está a menos de 100 metros de un colegio (Mayo 2001).

· UN DIRIGENTE DEL Partido ANTICIPÓ A HIDALGO QUE NO LE DARÍAN EL CASINO Y LE ANIMÓ A QUE SE MOVIERA: El presidente de las Cortes de Castilla y León, Manuel Estella, admitió que hace unos días en el palco del estadio Helmántico, fue preguntado por esta adjudicación por el presidente de Globalia: 'Tengo que reconocer que me preguntó por ello y le dije que no estaba muy a su favor, de manera que si quieres, muévete, y nada más', dijo Estella. 'Me limité únicamente a decir 'muévete' y nada más', reiteró Estella para subrayar la 'legalidad y objetividad' de la operación y para descartar que tenga de comparecer el ministro de la Presidencia y ex presidente de la comunidad autónoma, Juan José Lucas, ante el parlamento autónomo para explicar la adjudicación del casino de Salamanca, tal y como ha pedido la oposición (Mayo 2001).

· CASTILLA Y LEÓN PIERDE UN VUELO POR REPRESALIAS: El empresario Juan José Hidalgo, propietario de Air Europa, retirará el próximo 1 de junio el vuelo que une Valladolid y Barcelona, en protesta contra la decisión del Gobierno de Castilla y León de no concederle la explotación del Casino de Salamanca que, según él, le habían prometido altos cargos del Partido (Mayo 2001).

LA MINISTRA VILLALOBOS, EL CONSEJO ASESOR DE SANIDAD Y SU HERMANO JOSÉ LUIS

Seis meses después de su nombramiento como presidente del Consejo Asesor de Sanidad, el polémico cirujano Ramiro Rivera ha presentado su dimisión. Su decisión coincide con un momento difícil en el Ministerio, con críticas formuladas incluso dentro del Partido y peticiones de los ganaderos de que la ministra dimita por culpa de la crisis de las vacas locas. Como se recordará, el dimitido Rivera en 1982 fue expedientado por el Hospital Gregorio Marañón de Madrid por desviar pacientes a su consulta privada en el Hospital Alemán. También se le acusó de cambiar el horario a un facultativo que trabajaba con él en un centro público para facilitar la asistencia a sus enfermos privados. Rivera recurrió la medida, pero la Audiencia Provincial de Madrid la confirmó en 1987 y le condenó a cuatro años de suspensión de funciones. La Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública en un comunicado subraya "la personalidad de la ministra Celia Villalobos y a su falta de capacidad para delegar" entre los posibles motivos de la dimisión de Rivera, que calificó de "positiva" (Enero 2001).

LA BODA DEL HERMANO DE LA PRIMERA AUTORIDAD SANITARIA PENDIENTE DE PAGO

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, se las ingenió para no dar ninguna explicación a la Corporación sobre por qué el Ayuntamiento no cobró en dos años y medio a José Villalobos, hermano de la anterior alcaldesa, la tarifa por el uso de la finca de La Concepción para celebrar su boda. El alcalde convocó el pleno extraordinario y urgente que había pedido la oposición, aprovechando otra sesión, y como la oposición no ha recibido aún el expediente y carece de información suficiente, el debate resultó vacío. Como se recordará, hace unos días se he conocido el impago del uso de la finca de La Concepción para la celebración de la boda de José Villalobos el 3 de julio de 1998 (Marzo 2001).

EX CONCEJAL DEL AYUNTAMIENTO GRANADA CONDENADO A PRISIÓN

El ex concejal de Partido de Granada Francisco Jiménez Carmona será condenado a 18 meses de prisión, el mismo tiempo de inhabilitación y 180.000 pesetas de multa por cinco delitos de malversación, tras alcanzar, antes del juicio, un acuerdo con sus acusadores. El escrito de acusación del fiscal, que inicialmente recogía una petición de pena de ocho años de prisión, ha sido modificado, de conformidad con la defensa de Jiménez Carmona y la acusación particular, por lo que el presidente del tribunal, tras disolver el jurado, reproducirá ahora en la sentencia el acuerdo entre las partes intervinientes en el proceso. Según el texto firmado por fiscal, defensa y acusación particular, Jiménez Carmona cargó facturas a la empresa del cementerio de Granada, Emucesa, por un viaje que no realizó, por gastos de gasolina para un desplazamiento ajeno a Emucesa, por dos recorridos en avión que luego hizo en coche y por hospedajes en unos hoteles pese a que pernoctó en otros. No obstante, tras la intervención del Tribunal de Cuentas, Jiménez Carmona reintegró a la empresa de Cementerios de Granada, de la que era consejero delegado, las 156.000 pesetas que recibió indebidamente por los gastos de los cinco desplazamientos, lo que ha permitido aplicarle la atenuante de reparación del daño. Por su parte, la compañía de viajes, cuando el caso fue recogido por los medios de comunicación, devolvió las 195.475 pesetas cobradas a Emucesa por servicios al ex concejal que supuestamente no prestó, y por lo que la agencia se enfrentará a un juicio en el Juzgado de lo Penal 4 de Granada (Julio 2000).

AYUNTAMIENTO DE JAÉN: EL EDIL DE URBANISMO OCULTÓ QUE ERA SOCIO DE UNA CONSTRUCTORA

El concejal de Urbanismo, primer teniente del Ayuntamiento de Jaén Y coordinador general de la ejecutiva provincial del Partido Popular, Miguel Segovia, figura desde el año 1994 como apoderado mancomunado de la constructora Hipero S.L., según el Boletín Oficial del Registro Mercantil, que no incluye ninguna comunicación posterior anunciando su cese. Segovia no declaró esta actividad mercantil en el Registro de Intereses sobre Causas de Incompatibilidades ni durante este mandato ni durante el anterior. Sí se refleja su condición de consejero de otra empresa, Pescados Jaén, S.L. Miguel Segovia fue hasta 1999 concejal de Asuntos Sociales. Desde entonces, es el máximo responsable de la Gerencia de Urbanismo. Además, Segovia fue accionista de la empresa PGH S.L., que explota otro pub de la capital. En el Registro Mercantil no consta su cese hasta el 1 de abril de 2000, cuando ya era responsable de la concejalía encargada de conceder las licencias de obras y de apertura de cualquier establecimiento. Miguel Segovia declinó hacer declaraciones sobre su pertenencia a la empresa constructora Hipero S.L. (Marzo 2001).

AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA: UN JUEZ IMPUTA AL CONCEJAL DE URBANISMO POR OCULTAR ÓRDENES DE EMBARGO

El concejal de Urbanismo de Málaga, Manuel Ramos, ha sido imputado de un presunto delito de infidelidad en la custodia de documento público por el que tendrá que prestar declaración ante el juez instructor, Luis Miguel Moreno, el próximo día 13 de junio. La imputación de Ramos se produce pocos días después de que la Audiencia Provincial de Málaga desestimara el recurso que el concejal del Partido presentó contra la decisión del titular del juzgado de instrucción número 11, Juan Francisco Ramírez Barroso, de archivar la querella por calumnias que puso contra el portavoz municipal socialista, Francisco Oliva. En aquel auto de archivo, el magistrado no sólo consideró que Ramos no había sido calumniado, sino que estimó motivos para imputarle un presunto delito de infidelidad en la custodia de documento. La acusación sostiene que Ramos ocultó dos órdenes judiciales de embargo de su sueldo en enero y abril de 1999, cuando ocupaba el cargo de director del área de Bienestar Social, para evitar que su nómina, sobre la que ya se ejecutaban entonces otros tres embargos, sufriera nuevas retenciones. Ramos es concejal desde junio de 1999. Curiosamente una de estas confiscaciones era por una deuda con la hacienda municipal de 171.840 pesetas. El juzgado envió los requerimientos al propio área que Ramos dirigía, pero en ninguno de los dos casos fueron trasladadas a la sección de personal, que confecciona las nóminas, para ser ejecutadas (Mayo 2001).

DIMITE UN EDIL DEL Partido DE ÚBEDA CONDENADO POR ABUSO SEXUAL A UNA EMPLEADA

La junta directiva del Partido de Úbeda acepta la renuncia del edil de Úbeda (Jaén) Antonio Gámez Lamarca, quien fue condenado hace un mes por el Juzgado de lo Penal número 2 de Jaén por abuso sexual contra Ana Isabel M. D., que era su empleada en una zapatería. El partido eludió valorar las circunstancias de la sentencia aludiendo a que el fallo ha sido recurrido y, por lo tanto, la condena no es firme. Aunque Gámez ha renunciado a su puesto de concejal, seguirá militando en el Partido de Úbeda. Gámez presentó al presidente local del Partido una carta en la que asegura ser "inocente" y "víctima de un ataque con el que se pretende desprestigiar al partido". También califica de "injusta" la repercusión de este caso. La pena impuesta por el juez obliga al edil al pago de una indemnización de un millón de pesetas para la víctima y a una multa de 720.000 pesetas. La sentencia es del pasado día 12 de junio y está recurrida por el concejal. El fallo considera probado que el día 3 de agosto de 1999 María Isabel M. D., que llevaba cuatro años trabajando para el concejal, llegó a la zapatería propiedad de éste con un dolor en el cuello. El edil, prosigue el texto de la sentencia, le propuso darle un masaje en la trastienda del local. Ella aceptó teniendo en cuenta que en la tienda se encontraba el hijo del propietario y, según añade la sentencia, basándose en el hecho de que tenía "plena confianza" en su jefe. El concejal mandó en ese momento a su hijo a otra tienda y bajó el cierre metálico del establecimiento. La mujer, prosigue el fallo del tribunal, "bastante cohibida", aceptó el masaje. Pero su superior le tocó el pecho y besó en la boca, ante lo cual Ana Isabel se retiró, salió de la tienda llorando y se dirigió hacia otro local en el que le contó lo ocurrido a una amiga. Finalmente decidió interponer una demanda judicial. La sentencia añade que, debido a este incidente, la mujer se quedó sin trabajo, "ha sufrido mucho" y padece estados de ansiedad y falta de sueño (Julio 2001).

EL MARIDO DE LA ALCALDESA DE CÁDIZ RECONOCE QUE ES APODERADO DE UNA AGENCIA DE VIAJES DE LA FAMILIA RATO

Santiago Cobo, marido de la alcaldesa de Cádiz, Teófila Martínez, reconoce que es, desde mayo de 2000, apoderado de la empresa Viajes Ibermar, propiedad de la familia del vicepresidente económico del Gobierno, Rodrigo Rato. Cobo reconoció que es el apoderado de Viajes Ibermar una hora y media después de que afirmase que lo había sido 'hace un año aproximadamente'. Hora y media más tarde, en declaraciones a la Cadena SER, Cobo rectificó: 'De la revisión de la documentación tras la última conversación, le puedo decir que, salvo que haya una comunicación que yo no tengo, el poder está vigente, aunque no haya intervenido posteriormente en nada'. Con todo, matizó: 'Soy un apoderado excepcional, no habitual, y que no participo en la vida diaria de la empresa'. El marido de Martínez no desveló el tipo de operación empresarial en la que figuró como apoderado 'para no citar a terceros'. Se limitó a afirmar que fue 'un negocio mercantil entre empresas' en la que no hubo ninguna operación bursátil ni participación de instituciones públicas. Por otra parte, Cobo afirmó que mantuvo relaciones comerciales con la agencia en virtud de su condición de empresario hotelero y de amigo de Rato 'desde hace muchísimos años'. Negó también cualquier relación con Gescartera. 'Bajo ningún concepto, tengo, ni he tenido, y espero que Dios no me dé oportunidad de tener que ver con semejante historia', espetó. Viajes Ibermar es una empresa que tiene su sede social en la misma dirección que Muinmo, la sociedad de la familia Rato a la que el HSBC, el banco con el que operaba Gescartera, otorgó un préstamo de 525 millones de pesetas. Cobo dijo que ignora si Viajes Ibermar ha participado de ese crédito (Octubre 2001).

AYUNTAMIENTO DE HUELVA: EL FISCAL DEL TSJA IMPUTA AL ALCALDE POR SUPUESTOS DELITOS DE PREVARICACIÓN Y MALVERSACIÓN

El fiscal del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), Jesús María García Calderón, aprecia 'la existencia de indicios de criminalidad por la supuesta comisión de los delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos y contra la ordenación del territorio' en Pedro Rodríguez, alcalde de Huelva y parlamentario del Partido, por el caso Isla Chica, la venta de los terrenos del estadio Colombino a la inmobiliaria Odeinsa. Esa operación urbanística, realizada en julio de 1999 por 2.700 millones de pesetas, prevé la construcción de 570 viviendas en el viejo estadio, pese a que ese suelo está definido como zona verde en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Huelva.

La sala de lo Civil y lo Penal del TSJA determinó incoar diligencias contra Pedro Rodríguez a petición del fiscal, quien remitió un auto en el que pedía que se ordene la incoación de diligencias previas 'con imputación' de Pedro Rodríguez por esa operación urbanística.

La determinación de la Fiscalía del TSJA sigue a las del Ministerio Fiscal de la Audiencia de Huelva y del titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Huelva, José Manuel Balerdi Múgica, que observaron la comisión de 54 delitos, dentro de la tipología de prevaricación (Noviembre 2001).

CASO BARILOCHE: LA SECRETARIA DEL Partido EN JAÉN VUELVE A DESMARCARSE DEL EDIL DE URBANISMO

La secretaria provincial del Partido y concejal del Ayuntamiento de Jaén, Inmaculada Solar, comparece en calidad de testigo ante la juez que investiga la presunta prevaricación del edil de Urbanismo, Miguel Segovia, en el llamado caso Bariloche. Solar, a cuya familia pertenecen los terrenos de la discoteca explotada por una sociedad de la que fue accionista el propio Segovia, volvió a desmarcarse de lo apuntado el día anterior por su compañero de partido y de Corporación al ratificar ante la juez lo que ya dijera en una comparecencia pública ante la prensa el pasado mes de marzo, pocos días después de que el PSOE denunciara que el máximo responsable de Urbanismo estaba demorando la ejecución de una calle prevista desde hacía varios años para favorecer los intereses de la discoteca Bariloche. A la salida del juzgado, Solar no quiso desvelar nada de lo declarado al tiempo que hizo hincapié en delimitar la vertiente política y la judicial de este caso. Preguntada sobre la declaración que Segovia realizó el día anterior culpando del retraso en la ejecución del vial a los recursos de su familia, Solar fue así de lacónica: 'Es la opinión de Miguel Segovia'. En este sentido, hay que recordar que la dirigente popular afirmó con rotundidad el pasado mes de marzo ante la prensa que no había 'ningún obstáculo legal para que se esté recurriendo y ejecutando al mismo tiempo el vial'. Además, Solar censuró en aquel momento la falta de 'contundencia' de su compañero de partido en este caso. Pese a todo, descartó que este caso haya abierto fisuras internas en el seno del Partido. Con anterioridad declaró ante la titular del Juzgado número 6 de Jaén, María Milagrosa Velástegui, el arquitecto municipal Manuel Ruiz, que fuera destituido por Miguel Segovia poco después de trazar el diseño del vial y comprobar que afectaba a la discoteca Bariloche. Ruiz, llegó a afirmar ante la juez que un técnico de Urbanismo llegó a recibir instrucciones para diseñar trazados alternativos que no afectasen al local de ocio (Diciembre 2001).

IMPUTADO EL ALCALDE DE LA CAROLINA POR DELITO ELECTORAL

El alcalde de La Carolina y senador por el Partido, Ramón Palacios, comparece ante el juzgado de instrucción número 1 de esta localidad jiennense como imputado por un supuesto delito electoral y por prevaricación. Además de Palacios, están imputados el primer teniente de alcalde, Antonio Serrano, y Luis María Janer, edil de Festejos, por la utilización de un escenario municipal en el mitin de cierre de campaña electoral en las pasadas elecciones municipales. La denuncia se presentó el día 11 de junio de 1999 ante la Guardia Civil por parte de un representante del PSOE, quien advirtió del uso de un escenario municipal, un camión y funcionarios para organizar y celebrar un mitin del Partido (Enero 2002).

EL ALCALDE DE HUELVA DECLARA COMO IMPUTADO POR VARIOS DELITOS RELACIONADOS CON LA ESPECULACIÓN

El alcalde de Huelva, el popular Pedro Rodríguez, defiende ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) la legalidad de sus actuaciones en el caso Isla Chica y justificó la operación en su interés por salvar de la desaparición al club de fútbol del Recreativo de Huelva. Rodríguez acudió a Granada arropado por todo su equipo municipal de gobierno, pero sin ninguna representación de la ejecutiva regional. El alcalde insistió en que lo que ha hecho ha sido 'salvar al Recreativo y cambiar un estadio viejo por un estadio nuevo'.

Pedro Rodríguez está imputado por los delitos de prevaricación, malversación de fondos públicos, fraude en la contratación pública y contra la ordenación del territorio a raíz de la venta en 1999 del Estadio Colombino y sus zonas adyacentes a la empresa Odeinsa. La operación arrojó unos beneficios de 2.700 millones de pesetas, que se utilizaron para cubrir el capital social del club Recreativo de Huelva con el fin de convertirlo en una sociedad anónima deportiva y construir un nuevo estadio de fútbol. El alcalde está acusado de haber realizado las operaciones con sociedades a las que estaba vinculado económicamente (Febrero 2002).

AYUNTAMIENTO DE OVIEDO: CASO GESUOSA: DOS COLABORADORES DEL ALCALDE SERÁN JUZGADOS POR 17 PRESUNTOS DELITOS

Dos colaboradores de la más extrema confianza del alcalde de Oviedo, Gabino de Lorenzo, del Partido, serán juzgados por la Audiencia Provincial de Oviedo por la presunta comisión de 17 delitos (dos según la acusación fiscal y otros 15 según las acusación particular) al frente de la sociedad pública municipal de gestión del suelo de Oviedo, Gesuosa. Los dos procesados, Luis Gómez y Andrés Alvarez, en quienes la fiscal aprecia posible "lucro personal", dimitieron en noviembre de 1999 como director general y subdirector, respectivamente, de Gesuosa, tras las acusaciones de supuesta manipulación de un concurso de obra, cobro de comisiones ilegales y amenazas que realizó contra ambos un constructor afiliado al Partido. El alcalde de Oviedo decidió inmediatamente la disolución de Gesuosa, en la que presuntamente se realizaron los 17 delitos que ahora se van a juzgar mientras que el Partido impidió a los servicios jurídicos del Ayuntamiento de Oviedo que se personaran en la causa como acusación contra los gestores de Gesuosa por el daño que pudiera haberse infligido al interés municipal. Gesuosa, ciento por ciento municipal, es la sociedad anónima a través de la cual el Partido de Oviedo acometió las cuantiosas inversiones realizadas durante los últimos seis años por el Ayuntamiento.

El titular del juzgado número 8 de Oviedo, que investiga la acusación de un constructor contra los dos principales gestores de Gesuosa, el llamado caso Villafría, dictó un auto por el que pide a la Audiencia Provincial que abra juicio oral contra los ex directivos Luis Gómez y Andrés Álvarez, en cuyo comportamiento aprecia indicios de al menos 17 posibles delitos, entre ellos los de supuesta estafa, amenazas para alterar una subasta, cohecho, malversación de caudales públicos, prevaricación, extorsión, revelación de secreto, falsificación y sustración de documentos, alteración del remate de una subasta pública, falsificación de proyecto de obras y delitos societarios, entre otros (Diciembre 2000).

AYUNTAMIENTO DE OVIEDO: EL Partido SUBVENCIONARÁ CADA CABALLO DEL HÍPICO CON CASI 70.000 PESETAS

El ayuntamiento subvencionará con 66.900 pesetas al mes a cualquier propietario de caballos que opte por alquilar uno de los boxes del hípico para tener en él al animal. Según los datos que obran en el expediente, el coste real del mantenimiento de un caballo en el hípico asciende a 94.475 pesetas mensuales mientras que el ayuntamiento propone cobrar por ello un precio público de 28.000 (Octubre 2001).

UN DIPUTADO DEL Partido DE ASTURIAS RELACIONADO CON UN COBRO DE COMISIONES ANUNCIA SU DIMISIÓN

El diputado regional del Partido de Asturias y presidente de la junta local de ese partido en Langreo, Javier Suárez Álvarez-Amandi, ex portavoz popular en el Parlamento autonómico anuncia que abandonará todos sus cargos públicos antes de medio y medio. Javier Suárez ha sido relacionado desde hace un año con un caso de supuesto intento de cobro de comisiones ilegales a varias empresas de hipermercados que pretendían instalarse en el municipio de Langreo. El asunto está siendo investigado por el juzgado de esa localidad minera. El pasado día 22 su supuesta intervención en el caso se vio aún más comprometida a raíz de la declaración que prestó ante el instructor del proceso judicial un directivo de la empresa Eroski, quien aseguró que Suárez Álvarez-Amandi fue la primera persona en hablarle de dinero. Tanto Suárez Álvarez-Amandi como el presidente regional del Partido de Asturias, el senador Ovidio Sánchez, negaron cualquier vínculo entre la renuncia del primero a todos sus cargos políticos y la investigación judicial en marcha. Ambos afirmaron que la dimisión obedece a motivos privados y profesionales. Suárez alcanzó gran notoriedad por otra dimisión. En 1998, en una comparecencia pública, anunció entre sollozos su renuncia como viceconsejero de Sanidad del Gobierno asturiano presidido por Sergio Marqués, una vez que, en plena ruptura de éste con el Partido Popular, el entonces secretario general del Partido, Francisco Álvarez-Cascos, ordenó a los militantes populares de abandonar sus cargos en el Ejecutivo asturiano (Febrero 2002).

LA AUDIENCIA NACIONAL INVESTIGA AL CONSEJO DE CAJA CANTABRIA

La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha ordenado que se investigue a 12 miembros y ex miembros del consejo de administración de Caja Cantabria, entre ellos su presidente, Carlos Sáiz, y su antiguo director general, José María Pérez Álvarez, por un posible delito societario. Las acusaciones, archivadas anteriormente en un juzgado, hacen referencia a la compra que hizo la entidad del 3% de Indra por 9.100 millones de pesetas (nueve meses después le habría costado 5.800 millones menos), la venta de un piso a la ex ministra Margarita Mariscal de Gante por menos de un cuarto de su valor y unas supuestas inversiones de 14.000 millones en Luxemburgo (Octubre 2000).

DENUNCIA CONTRA UNA CONTRATA DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN POR IMPAGO A 40 INMIGRANTES

La organización Burgos Acoge ha denunciado ante la Inspección de Trabajo de Burgos a una empresa contratada por la Junta de Castilla y León en Sargentes de Lora, pueblo cercano a Briviesca, por la situación de desamparo económico y laboral en que ha dejado a 40 inmigrantes ecuatorianos, saharauis, kurdos y de países del este europeo a los que empleaba en tareas de repoblación forestal. La denuncia de los trabajadores se presentó en la Unidad de Mediación, Arbitraje y Conciliación (UMAC) de Burgos contra El Ejidillo Viveros Integrales, contratada por el gobierno autónomo, al que Burgos Acoge responsabiliza de la situación de los inmigrantes. En noviembre se incorporaron a esa empresa. Pocas semanas después los trabajadores contactaron con diversas organizaciones para denunciar que no estaban contratados. Según Burgos Acoge, la empresa argumentó que los permisos se presentaron en otra provincia y tras muchas presiones pudieron comprobar que los expedientes, incompletos casi todos, no estaban regularizados a pesar de las facilidades ofrecidas por las autoridades laborales burgalesas. Luego, en marzo la empresa, según Burgos Acoge, dejó de abonar los salarios y abandonó la zona de trabajo en abril ante la pasividad de la administración autonómica (Mayo 2000).

EX CARGO DEL Partido RELACIONADO CON UNA ESTAFA DE LA CAJA RURAL DE ZAMORA

El Juzgado número 4 de Zamora ha calificado al ex alcalde de Corrales del Vino, Casto Lorenzo, de presunto responsable del delito de estafa conocido como Lomas de Valparaíso, y ha acordado el sobreseimiento provisional y el archivo de las actuaciones respecto a los otros 14 querellados, entre los que se encuentran el ex presidente de Caja Rural de Zamora José Carlos Martínez Cubells, Eduardo Corrales denunciante del caso y el resto de los socios y directivos de la Rural, que concedió 821 millones en créditos para la urbanización fantasma de Peleas de Arriba. Los exculpados se vieron implicados en diversas operaciones bancarias de naturaleza dudosa, consistentes en la concesión de distintos préstamos hipotecarios. De acuerdo con el juez, en la resolución de esos créditos existieron una serie de irregularidades de funcionamiento, cometidas por los responsables de la entidad bancaria. En palabras del Juzgado número 4 de Zamora su modo de operar fue con «prácticas que no se ajustaron a la normativa de la banca y la legalidad vigente en el mundo financiero, en lo referente a las operaciones de préstamo con garantía hipotecaria, constituidas por un total de 23 créditos que supusieron un total de 821.500.000 pesetas, genéricamente denominados Lomas de Valparaíso» (Mayo 2000).

EL GOBIERNO DE LUCAS SE NIEGA A JUSTIFICAR GASTOS DE 21.000 MILLONES

Las cuentas del Gobierno de Castilla y León, que preside Juan José Lucas (Partido) en gastos corrientes, desembolsó en 1999 más de 21.000 millones, entre los que se incluyen una factura de 3,7 millones en relojes de una joyería leonesa encargados en noviembre y diciembre de 1999 por la consejera de Economía, Isabel Carrasco, y otra de 385.000 pesetas por 35 cinturones comprados en la misma tienda. Además, hay más de dos millones en vino gastados por Industria, cuyo titular es José Juan Pérez Tabernero; otros 17 de Presidencia, dirigida por Jesús Mañueco, para un estudio de estimación electoral que la oposición no conoce; 200.000 pesetas para un viaje de José Luis González como asesor de Lucas cuando no era consejero de Fomento, y un millón en viajes y comidas para el Día de la Mujer Rural (Mayo-Junio 2000).

LOS CONTRATOS AMIGOS DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

La consejera de Presidencia de la Junta de Castilla y León, María José Salgueiro, reconoce que su departamento adjudicó proyectos por 29,9 millones de pesetas entre 1999-2000 a la empresa Castilla y León de Servicios Empresariales, de la que es copropietario el dirigente del Partido de Palencia José Antonio Cabria (Septiembre 2000).

UN PROCURADOR POPULAR POR ZAMORA EN LOS TRIBUNALES

El magistrado del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Castilla y León, César Balmori, ha tomado declaración al procurador del Partido por Zamora, Camilo Hernando, a quien la Fiscalía vincula con presuntos delitos de malversación de fondos públicos y cohecho durante su etapa como secretario municipal en dos consistorios de Zamora. La investigación comenzó tras una denuncia de la Fiscalía sobre duplicidad de cobros de nóminas por ejercer como secretario local.La declaración se llevó a cabo en la sede del Tribunal Superior en Burgos, en donde se instruyen las diligencias desde hace más de siete meses. En las mismas se analiza por parte de este órgano jurisdiccional una supuesta malversación de caudales y un presunto cohecho cometidos en dos pequeños consistorios zamoranos, en donde Camilo Hernando ejerció como secretario suplente (Noviembre 2000).

SEGOVIA: EL PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL, UN TIPO CON SUERTE

El presidente de la Diputación, Atilano Soto, del Partido, no está dispuestos a renunciar al premio de la Lotería de Navidad -30 millones de pesetas - que obtuvo gracias al décimo del número 49.740 que le fue regalado el día antes del sorteo por el Patronato del Alcázar. Soto calificó de «ridícula» la petición formulada por la junta de personal y el comité de empresa y manifestó que «el presidente del Patronato ya ha contestado convenientemente sobre ello» en la nota de prensa que difundía el general director de la Academia de Artillería, Antonio Alonso Molinero (Enero 2001).

AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID: SE HAN DUPLICADO LOS PUESTOS DE LIBRE DESIGNACIÓN DESDE QUE GOBIERNA EL Partido

El Ayuntamiento ha duplicado los puestos de libre designación y las adscripciones provisionales desde que el Partido Popular se alzó con el gobierno municipal en Valladolid, en 1995, según los datos conocidos. En este sentido, 27 técnicos del Departamento de Urbanismo han presentado un recurso contra el catálogo de puestos de trabajo del año 2.000, que consagra casi un centenar de designaciones directas y adscripciones provisionales. En la actualidad hay 122 puestos de funcionario sin cubrir y otros cubiertos mediante interinidades. El Alcalde León de la Riva con resignación reconoció que han aumentado los puestos de libre designación (Febrero 2001).

AYUNTAMIENTO POPULAR DE LEÓN: EL TRIBUNAL DE CUENTAS DESTAPA IRREGULARIDADES EN EL 67% DE LA CONTRATACIÓN. LA AUDITORÍA APUNTA QUE LA GESTIÓN MUNICIPAL DEL Partido VULNERÓ LA LEY

Mario Amilivia, alcalde de León por el Partido, ha recibido un severo varapalo a su gestión por parte del Tribunal de Cuentas. La auditoria de la gestión municipal de León durante 1997, pendiente aún de las alegaciones del Gobierno de Amilivia, apunta que el 67% de la contratación se adjudicó sin cumplir 'los principios legalmente establecidos' y vulnerando los principios de publicidad, concurrencia e igualdad. Los auditores citan incluso que algún beneficiario de los contratos era pariente de quien seleccionaba las ofertas. El Tribunal de Cuentas desgrana en 90 páginas las supuestas anomalías e irregularidades de la gestión económica de León durante 1997. El alcalde de este municipio se vio envuelto en un escándalo en 1998 debido a que entre sus gastos de representación figuraba la compra de gomina y pasteles. Los auditores públicos denuncian ahora que el Ayuntamiento no le ha facilitado documentos esenciales a pesar de su reiterada reclamación, como justificantes de pagos, contabilidad de costes, relación de transferencias y subvenciones, y relación de deudores. 'En el análisis del 13% de los contratos suscritos, cuyo importe equivale al 67% del total, se ha observado un incumplimiento de los principios legalmente establecidos en la tramitación de los expedientes y en la ejecución de las prestaciones', señala el informe. Los auditores apuntan que en los contratos de obras, 'en la selección de los adjudicatarios se han vulnerado los principios de publicidad, concurrencia, e igualdad'. A modo de ejemplo, la pavimentación de la calzada de la avenida de Ordoño II se adjudicó por urgencia y sin publicidad, pero luego se duplicó el plazo de ejecución. En los contratos de suministros, 'la mayoría son objeto de prórrogas, conculcando con ello los más elementales principios de publicidad y concurrencia que deben regir en toda contratación pública. Y cita el caso de que el jardinero mayor formó parte de una mesa de contratación a pesar de que tenía tres parientes en primer grado en la empresa adjudicataria. 'En ninguno de los expedientes de órdenes de pago a justificar analizados', señala el anteproyecto, 'consta el informe del interventor sobre la cuenta justificativa de aquéllas' (Abril 2001).

EL EMPRESARIO MENDEZ POZO, AMIGO DE AZNAR Y CONDENADO POR EL CASO DE LA CONSTRUCCIÓN, TENDRÁ 12 TELEVISIONES LOCALES EN CASTILLA Y LEÓN

La Promotora de Medios de Castilla y León (Promecal), que preside el constructor Antonio Miguel Méndez Pozo, editor de Diario de Burgos,amigo de Aznar y condenado por el llamado caso de la Construcción, controlará una red de 12 emisoras de televisión local en esta comunidad autónoma en el plazo de mes y medio, con la apertura de cinco nuevos canales en Segovia, Ávila, Ponferrada, Miranda de Ebro y Aranda de Duero.

Bajo el nombre de Canal 4, Promecal ya opera en siete de las nueve capitales de provincia, según explicó en Segovia el director de organización de la empresa, Javier Hernández. Mientras, su competencia más próxima, amparada en la sociedad Televisión de Castilla y León, que preside el también constructor José Luis Uribarri, cuenta con 18 emisoras distribuidas por las nueve capitales y los núcleos de población más importantes.

En la actualidad, Méndez Pozo es presidente de Antena 3 TV de Castilla y León, que emite desde el edificio Promecal en Valladolid, donde estarán ubicados la agencia de noticias Ical, Canal 4 y algunas radios, como Cadena Ibérica. Las emisoras de Canal 4 en las provincias ejercen como corresponsalías (Mayo 2001).

CASO DE LA MINERÍA: LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN NO HA RECUPERADO AÚN 137 MILLONES QUE CONCEDIÓ ILEGALMENTE

La Junta de Castilla y León no ha recuperado aún los 137 millones de pesetas con las que subvencionó ilegalmente a la empresa RENASA en el llamado caso de la minería por el que fueron condenados el ex consejero de Economía en el Gobierno regional que presidía José María Aznar, Miguel Pérez Villar, y Javier Valenzuela, alto cargo del departamento. Las últimas y escasas gestiones realizadas por el Ejecutivo popular para recuperar ese dinero han sido reclamar la cantidad a un ciudadano muerto un año antes. La Consejería de Economía envió la providencia de apremio a los propietarios de RENASA en junio de 1999, por lo que la deuda no prescribe hasta 2004. La Junta ha reconocido que el 16 de marzo se enteró del fallecimiento, un año antes, de Rufino Jea, administrador de RENASA, pero afirma que ha iniciado otro expediente de reclamación contra otro de sus administradores (Mayo 2001).

UN PARLAMENTARIO REGIONAL CONDENADO POR MALVERSACIÓN FONDOS

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha condenado al procurador de las Cortes de Castilla y León Camilo Hernando (Partido) a seis meses de inhabilitación para ejercer como secretario de ayuntamiento por un delito de malversación de caudales públicos. En la sentencia se considera probado que los ayuntamientos de Burganes y Bretocino pagaron al secretario titular de ambas, Santiago Pérez, 125.000 pesetas mensuales durante medio año a partir de marzo de 1997 a cambio de que éste no ocupara su plaza, de manera que Camilo Hernando, elegido procurador regional en la última legislatura, se mantuviera como secretario interino (Junio 2001).

EL DUEÑO DE HALCÓN VIAJES RECURRE CONTRA LA ADJUDICACIÓN DEL CASINO DE SALAMANCA

Los representantes de Globalia, grupo de empresas que preside Juan José Hidalgo y en la que se integran Air Europa y Viajes Halcón, denunciaron en Valladolid que la empresa gallega Comar, adjudicataria del casino que se construirá en Salamanca, condicionó la compra por 600 millones de pesetas del inmueble donde se levantará ese establecimiento a la adjudicación por parte del Gobierno autonómico de la gestión del casino. El portavoz de Globalia, Graciano Palomo, confirmo la presentación de un recurso de reposición ante la Consejería de Presidencia de la Junta de Castilla y León, y sostuvo que la adjudicación del nuevo casino de Salamanca fue ilegal según un informe del arquitecto municipal del Ayuntamiento salmantino, que preside Julián Lanzarote (Partido). Los responsables de Globalia acusan a Lanzarote de ser, entre otros, uno de los responsables de una campaña en contra de los intereses de Juan José Hidalgo.

El representante de Globalia, quien indicó que también ha sido presentado un recurso contencioso administrativo por la descatalogación de que fue objeto el edificio donde se pretende construir el casino salmantino, insistió en que 'se actuó de mala fe en la adjudicación' de esa obra, que según su grupo empresarial ha estado repleta de presiones e irregularidades, que 'se efectuaron a través de GRUPOSA, editora del diario Adelanto de Salamanca y de altos dirigentes del Partido, entre ellos el diputado nacional Fernando Fernández de Trocóniz, con el objetivo de que la adjudicación recayera en Comar' (Junio 2001).

EL SENADOR DEL Partido POR SEGOVIA ACUSADO DE ORINAR EN LA CALLE NIEGA LOS HECHOS EN EL JUICIO

El senador del Partido por Segovia Pedro Antonio Hernández Escorial niega en el Tribunal Supremo los hechos recogidos en el atestado policial que señalan que fue interceptado cuando conducía por Marbella bajo los efectos de bebidas alcohólicas durante la madrugada del 22 de abril de 2000. Según sostuvo el abogado del senador no son ciertos los hechos recogidos en el informe, que consignó síntomas de que el senador había bebido «por su forma de hablar, pastosa, halitosis etílica, ojos brillantes y deambulación vacilante». En las dos pruebas de alcoholemia a las que fue sometido Escorial dio 0,84 y 0,87 miligramos de alcohol en sangre, datos que según su defensor habrá que estudiar con más detenimiento. Respecto a que el senador orinó en la calle mientras esperaban a Atestados, «ante los agentes actuantes y los viandantes», el abogado apuntó que Escorial orinó discretamente tras un árbol y junto a un seto -después de explicar a los policías que tenía una necesidad- y afirmó que algunos medios habían querido presentarlo como «la meada nacional» (Noviembre 2001).

EL TRIBUNAL SUPERIOR DE CASTILLA Y LEÓN ORDENA JUICIO ORAL CONTRA EL ALCALDE DE PONFERRADA POR ACOSO SEXUAL

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha ordenado la apertura de juicio oral sobre el alcalde de Ponferrada, Ismael Álvarez, miembro del Partido Popular y procurador en las Cortes de Castilla y León, acusado de delitos de acoso sexual continuado, coacciones y lesiones, que tuvieron presuntamente como víctima a Nevenka Fernández, ex concejal de Hacienda de Ponferrada.

Como se recordará, Fernández, economista, de 27 años, interpuso el pasado año una querella criminal contra el alcalde de Ponferrada en el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, dado que Ismael Álvarez es diputado autonómico y tiene la condición de aforado. El juez instructor del caso, Antonio César Balmori, ha atendido las peticiones de la acusación particular y de la acción popular, que solicitaban que el alcalde fuera juzgado no sólo por acoso sexual sino también por lesiones y coacciones. La acusación particular pide la inhabilitación especial del alcalde, un año de prisión, multa de 18.030 euros (tres millones de pesetas) por acoso sexual continuado e indemnización de 12.020 euros (dos millones de pesetas) por lesiones psíquicas a la víctima. El escrito de la fiscalía sitúa la pena solicitada en 15 fines de semana de arresto para Ismael Álvarez y 6.010 euros (un millón de pesetas) de indemnización para Nevenka Fernández por los acosos sufridos. La defensa del alcalde de Ponferrada pedirá la libre absolución del acusado. El juicio se celebrará probablemente la próxima primavera. El alcalde de Ponferrada ha insistido públicamente en los últimos días en que tiene interés en que se celebre el juicio, en vez de que se archiven las diligencias. Álvarez había percibido que tanto las acusaciones como el fiscal consideraban necesario un juicio. Sus compañeros de partido en las Cortes autonómicas y en la dirección provincial y regional del Partido insisten en que se espere a la sentencia judicial para pedir la renuncia a los cargos públicos de Álvarez.

En este sentido se pronunció el secretario general del Partido, Javier Arenas que defendió la presunción de inocencia del alcalde. Arenas expresó su 'satisfacción' por que 'vaya a resplandecer la verdad en un caso con dos versiones contradictorias, en un asunto que es de naturaleza privada, puesto que la conducta que se va juzgar no tiene relación con decisiones de carácter público, sino privado'. Añadió que no es lo mismo para la Comisión de Derechos y Garantías del partido decidir sobre un asunto que concierne a la actividad pública que se refiere a 'dos versiones contradictorias de una relación privada'.

Arenas relató que 'hace meses' la dirección nacional encargó al Partido de Castilla y León que estudiara el caso para, en función de sus conclusiones, 'en el supuesto de ser necesario, decidir de forma conjunta posibles iniciativas contra el alcalde de Ponferrada'. A la pregunta de si esa decisión se tomará antes o después de que exista una sentencia, respondió; 'Estamos pendientes de eso, pero mientras no haya sentencia la presunción de inocencia sirve para todos los casos' (Enero 2002).

UNA EDIL DEL Partido PONE EN PELIGRO EL GOBIERNO MUNICIPAL DE BENAVENTE

El voto en contra de la concejala del Partido Popular en el Ayuntamiento de Benavente, Gloria Gómez, impide que se aprobaran los presupuestos municipales para el presente ejercicio, ya que el equipo de gobierno se quedó sin la mayoría suficiente (ocho concejales), frente a los representantes del grupo socialista y la edil disidente.

La concejala, que fue separada del equipo de gobierno hace meses, había roto la disciplina de grupo en otra ocasión anterior. Como se recordará, hace unos meses Gloria Gómez acusó al presidente del Partido Popular en Zamora, Dionisio García Carnero, de un supuesto ‘tráfico de maletines’ por favorecer la adjudicación de la gestión del Centro de Tratamiento de Residuos a la UTE formada por Agua y Medio Ambiente, Cespa y Graveras del Magdalena en detrimento de Tecmec-Valsam, empresa en la que ella misma trabajaba.

Estas acusaciones le valieron una denuncia judicial de García Carnero por un presunto delito de calumnias, que fue desestimada. No obstante, el fiscal investiga en la actualidad los hechos a petición de Izquierda Unida. La polémica fue también motivo de la apertura de un expediente por parte de la dirección del Partido, aún pendiente de resolución (Febrero 2002).

EL TRIBUNAL SUPERIOR DENUNCIA AL 'NÚMERO DOS' DEL Partido MANCHEGO POR PREVARICACIÓN

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha ha denunciado por supuesto delito de prevaricación administrativa [funcionario que dicta una resolución arbitraria a sabiendas], al ex presidente de la Diputación de Ciudad Real Luis Jesús Garrido Garrancho, actual secretario general del Partido en esa comunidad. La denuncia figura en una sentencia en la que, a instancias de CC OO, se anula la contratación laboral de Alfonso Julián Haro Zapata como conductor, ordenada el 15 de julio de 1999 por Garrido. El juez de lo contencioso-administrativo de Ciudad Real avaló el contrato, pero apelado el fallo la sala dictó el 7 de mayo último una sentencia -no recurrible- que fundamenta la ilegalidad de la contratación de Haro, entre otras razones, en que 'se ha prescindido total y absolutamente del procedimiento (...) de forma consciente'. Así, señala que la orden firmada por Garrido establecía que la contratación de Haro se tramitaría 'sin resolución alguna de la presidencia y sin informe de los servicios técnicos correspondientes'. La sala, que por ser de lo contencioso-administrativo no puede enjuiciar delitos, aprecia que los hechos presentan 'visos de ilegalidad penal, por lo que procede deducir el correspondiente testimonio de particulares', equivalente a una denuncia para que la conozca el tribunal competente, en este caso el penal. El Código Penal castiga la prevaricación administrativa con inhabilitación especial para empleo o cargo público de siete a 10 años (Junio 2001).

LA JUEZ IMPUTA AL POPULAR EDUARDO BUENO POR LA TRAMA DE HACIENDA EN BARCELONA

La juez Elisabet Castelló, que investiga la trama de Hacienda en Barcelona, ha imputado en el caso al propietario de la inmobiliaria Ibusa, Eduardo Bueno, tras un registro judicial en las oficinas de la empresa. Bueno es militante del Partido y en 1984 fue candidato de la entonces Alianza Popular a la presidencia de la Generalitat. Según Hacienda, Ibusa consiguió que Bueno fuera exonerado de efectuar ingreso alguno por el impuesto de sociedades entre 1984 y 1992. Las pérdidas de la compañía enjugaron los beneficios obtenidos en los ejercicios de 1987 y 1989. Hasta 1998, las pérdidas acumuladas ascendían a 4.341 millones de pesetas, que sumadas a las del ejercicio (2.261 millones de pesetas) presentaba a Ibusa como una sociedad que disponía de 6.603 millones de pérdidas enjugables. La inspección de Hacienda le reconoció 4.653 millones de pérdidas, según la querella presentada por la Fiscalía Anticorrupción. También está imputado Ricardo Valera, asesor fiscal de Ibusa (Mayo 2001).

EL SUPREMO CONFIRMA LA INHABILITACIÓN DEL EX ALCALDE POPULAR DE MELILLA

La Sala de lo Criminal del Tribunal Supremo ha confirmado la condena de seis años de inhabilitación para ejercer cargo público contra el ex alcalde de Melilla Ignacio Velázquez, del Partido, como autor de un delito de prevaricación. Velázquez, ahora consejero de Presidencia, cargo que deberá abandonar, convocó a las 11 de la noche del 18 de mayo de 1992 el pleno que debía discutir una moción de censura presentada contra él, a sabiendas de que a esa hora faltaría una concejal socialista que se hallaba de viaje en la Península y cuyo voto era necesario para que prosperara la moción (Diciembre 2001).

DIMITE EL PORTAVOZ DEL GOBIERNO DE MELILLA, CONDENADO POR PREVARICACIÓN

Ignacio Velázquez, ex presidente de la ciudad de Melilla y ex presidente del Partido Popular local, presenta su renuncia como consejero de la Presidencia, portavoz del Gobierno local y diputado de la Asamblea melillense, tras la ratificación por parte del Tribunal Supremo, el pasado 12 de diciembre, de la sentencia que le condenaba por prevaricación a seis años y un día de inhabilitación para cargo público. El condenado convocó en 1992 un pleno nocturno para votar la moción de censura que el PSOE había presentado contra él a sabiendas de que una concejala socialista se encontraba ese día fuera de la ciudad. En la sentencia del Tribunal Supremo se dice que Velázquez actuó con 'nocturnidad y alevosía'. Con el nuevo Gobierno de Juan José Imbroda, fruto del pacto entre Partido, UPM, PSOE y Grupo Mixto, Ignacio Velázquez ocupaba hasta ahora el cargo de consejero de Presidencia y portavoz del Gobierno local. Velázquez ha estado en la política activa 12 años, bajo las siglas del Partido. Como alcalde y presidente de la ciudad ostentó estos cargos durante siete años, hasta que su compañero de partido y de Gobierno, Enrique Palacios, encabezó una moción de censura contra él (Enero 2002).

EL FISCAL PIDE DOS AÑOS DE PRISIÓN PARA UN SENADOR DEL Partido POR MALVERSACIÓN Y FALSEDAD DOCUMENTAL

El fiscal de la Audiencia de Lugo solicita dos años y seis meses de prisión, un año de inhabilitación para cualquier cargo público y 240.000 pesetas de multa para Julio Yebra-Pimentel, senador del Partido y alcalde del municipio lucense de Carballedo por malversación y falsedad de documento público. Según el ministerio público, Yebra-Pimentel cometió un delito de malversación al financiar con fondos de su Ayuntamiento el flete de dos autobuses para trasladar a vecinos de esa localidad a Santiago de Compostela a fin de que asistieran a un mitin de su partido, el 11 de octubre de 1993, cuyo protagonista era el presidente de la Xunta, Manuel Fraga. Además, el senador y alcalde de Carballedo cometió presuntamente otro delito, el de falsedad en documento público. Así, Yebra-Pimentel habría forzado al empresario de transporte contratado por su corporación a que presentara una factura común por el coste de los traslados al mitin de Fraga en 1993 y un viaje escolar de 1995, pero haciendo constar sólo este último concepto. El propio regidor le habría entregado una nota con el texto que debía figurar. Luego, en 1996, justificó esa factura, de 133.750 pesetas, por servicios recibidos en 1995 y no pagados por falta de presupuesto (Noviembre 2000).

DIMITE UN ALCALDE CONDENADO

El alcalde del Ayuntamiento lugués de O Vicedo, Isaac Prado Villapol, dimite de su cargo tras ser condenado a dos años y medio de cárcel por un delito de atentado contra la autoridad, después de amenazar de muerte al fiscal jefe de la Audiencia Provincial de Lugo. Tras 25 años en el cargo, Prado Villapol se había convertido en uno de los alcaldes más antiguos de Galicia.
Prado Villapol llegó a frecuentar muchos años la amistad de Manuel Fraga, con quien jugó asiduamente al dominó. El alcalde dimitido también fue mano derecha del presidente de la Diputación de Lugo, Francisco Cacharro Pardo, y asesor del ex-conselleiro de Sanidad y luego ministro, José Manuel Romay Beccaría, hasta que se vio implicado en una serie de denuncias y querellas de la oposición que le llevaron a ser un asiduo de los juzgados (Febrero 2001).

FRAUDE CURSOS PARADOS

· La Xunta reconoce un fraude de 93 millones en cursos para parados de la patronal: El Gobierno gallego admitió por vez primera que la Confederación de Empresarios de Galicia (CEG) ha gestionado irregularmente fondos europeos destinados a cursillos para la formación de parados. Tras rechazar en las últimas semanas las denuncias de la oposición y una vez que la Fiscalía Anticorrupción ha anunciado la apertura de diligencias sobre el caso, el Ejecutivo de Manuel Fraga informó de que ha reclamado a la patronal gallega la devolución de 93 millones de pesetas destinados teóricamente a gastos de cursillos que la CEG no ha podido justificar. El Gobierno gallego había abierto una investigación el pasado noviembre, cuando el anterior presidente de la CEG, Antonio Ramilo, dimitió al descubrirse un agujero de mil millones de pesetas en las cuentas del organismo y se divulgaron las primeras noticias sobre el presunto desvío de fondos públicos de empleo para otras actividades de la patronal. En los últimos cinco años, la CEG recibió más de 3.200 millones de pesetas procedentes de partidas de la Unión Europea para la formación de parados que gestiona directamente la Administración autonómica (Marzo 2001).

· Partido impide que el Parlamento investigue las irregularidades en la Patronal Gallega: El Parlamento gallego rechaza, con los votos en contra del Partido, la creación de una comisión para investigar las presuntas irregularidades en la Confederación de Empresarios de Galicia, en una sesión en la que se reclamó la dimisión de los consejeros de Familia y Presidencia. Esta exigencia de responsabilidades por la oposición se planteó un día después de que la Xunta anunciase que detectó 93 millones sin justificar en la documentación sobre cursos de formación de la Confederación de Empresarios de Galicia (CEG). El Partido rechazó que el Parlamento constituya una comisión para indagar sobre la gestión y el destino de los fondos subvencionados a la CEG, al considerar que la Xunta ya está investigando los usos que la patronal gallega ha hecho del dinero público (Marzo 2001).

AYUNTAMIENTO DE CARBALLEDO: JUZGAN A UN EDIL DEL Partido DE LUGO Y A UN ARQUITECTO MUNICIPAL POR MALVERSACIÓN DE CAUDALES PÚBLICOS

En el Juzgado de lo Penal número 2 de Lugo se inicia el juicio contra un concejal del Partido en este municipio lucense y contra el arquitecto municipal, acusados de falsedad documental y malversación de caudales públicos, por presuntas irregularidades en la gestión de dos subvenciones por importe de más de 750.000 que había concedido la Diputación Provincial para separar una iglesia y acondicionar una traída de agua. El fiscal solicitó en total para el edil popular Manuel Lobelle cuatro años de prisión (Abril 2001).

EL PRESIDENTE POPULAR DE PONTEVEDRA TRABAJÓ CON EL EDIL ACUSADO DE CONTRABANDO

El presidente del Partido de Pontevedra, Rafael Louzán, ha mantenido estrechas relaciones políticas y comerciales con el alcalde de Ribadumia, José Ramón Barral Martínez, detenido por su relación con un alijo de tabaco rubio y conocido contrabandista desde los años 70. Louzán es el primer teniente de alcalde de Ribadumia y hasta 1995 fue administrador y consejero de una empresa de Barral en Villagarcía de Arousa.

Barral, más conocido como Nené, fue detenido junto a su hermano Feliciano, presidente local del Partido, después de que el Servicio de Vigilancia Aduanera (SVA) implicase a ambos en el transporte de más de medio millón de cajetillas de tabaco rubio de contrabando interceptadas en Vigo. Nené, alcalde desde hace dos décadas, ya había sido en los años 70 uno de los pioneros del contrabando en la ría de Arousa.

Barral empezó en el contrabando y en la política de la mano del fallecido Vicente Otero, Terito, considerado el patriarca del negocio ilegal del tabaco en la ría de Arousa y militante de honor de la desaparecida AP. Terito y Nené crearon en 1981 Automoción Villagarcía, SA, que tenía un concesionario de coches en esa localidad. Entre 1993 y 1995, Louzán fue administrador y consejero de la sociedad, según el registro mercantil. El ahora presidente del Partido de Pontevedra comenzó a trabajar de ujier en el Ayuntamiento de Ribadumia bajo el mandato de Nené. Luego llegaría a concejal, más tarde a vicepresidente de la Diputación, y en 2000, a la presidencia provincial del Partido (Mayo 2001).

UN INFORME DE HACIENDA INDICA QUE CUIÑA INCURRE EN INCOMPATIBILIDADES

Un informe del Ministerio de Hacienda y otro de la asesoría jurídica de la Xunta de Galicia concluyen que el consejero de Política Territorial, Xosé Cuiña, uno de los principales candidatos a suceder a Manuel Fraga, incumple la ley de Incompatibilidades. Cuiña heredó hace un año el 16% de las acciones de las empresas familiares, dedicadas al suministro de materiales de construcción, subcontratadas en los últimos años para numerosas obras de la Administración autonómica. Al heredar las acciones, Cuiña pidió informes para que se le indicase si incurría en incompatibilidad. En mayo de 2000, la asesoría de la Xunta dictaminó que 'podría existir la causa de incompatibilidad', conclusión ratificada en marzo de 2001 por la Junta Consultiva de Contratación del Ministerio de Hacienda. Cuiña explicó que el informe de la asesoría de la Xunta 'no era concluyente' y que dispone de otro dictamen del Consello Consultivo de Galicia, 'un organismo independiente nombrado por el Parlamento', en el que sus miembros certifican 'por unanimidad' que no existe incompatibilidad. A partir de un pequeño negocio familiar, los hermanos de Cuiña han creado desde finales de los 80 un importante grupo de empresas de material para la construcción, presidido por la madre del consejero, que factura unos 5.000 millones de pesetas al año. Esas empresas han actuado como subcontratistas en numerosas obras licitadas por las administraciones públicas, incluida la Xunta.

La Ley de Incompatibilidades de Galicia establece que los altos cargos de la Xunta no pueden poseer una participación superior al 10% en empresas que tengan 'conciertos o contratos' con la Administración. En caso de recibir esas acciones en herencia, deberán deshacerse de ellas en el plazo de tres meses. Las dudas se referían a si los términos 'conciertos o contratos' abarcan también a las subcontrataciones que realizan empresas adjudicatarias de proyectos públicos. El informe de Hacienda considera que, en lo que se refiere a las incompatibilidades, las subcontratas son equivalentes a los contratos directos con la Administración. La Junta Consultiva alude a la Ley Contratos de las Administraciones Públicas, aprobada en 1999, tras cuya entrada en vigor, advierte el informe " ya no será posible subcontratar con personas incompatibles ". La incompatibilidad no afectaría a la empresa en sí, que puede seguir subcontratando obras públicas siempre que no tenga un alto cargo entre sus administradores, pero sí al miembro del Gobierno, obligado a deshacerse de sus participaciones (Septiembre 2001).

EL 90% DE LAS INVERSIONES DE LA XUNTA PACTADAS POR CONVENIO SE DESTINARON A ALCALDÍAS DEL Partido

La Xunta de Galicia destina a los ayuntamientos dirigidos por alcaldes del Partido Popular prácticamente el 90% de las inversiones que se negocian por convenio entre el Gobierno de Manuel Fraga y los municipios. O al menos, así lo hizo durante los años 1998 y 1999, según datos oficiales entregados por la propia Xunta al Consello de Contas, el tribunal que fiscaliza las cuentas públicas de esta comunidad autónoma. Los datos que la Xunta ha entregado al tribunal fiscalizador no dejan lugar a dudas: de los 21.143 millones que se repartieron mediante este sistema en los dos años mencionados, 18.994 fueron a parar a ayuntamientos gobernados por el partido de Fraga. Esto es, un 89,8% del total. En esos dos años, los municipios controlados por el Partido suponían el 66,7% de la población gallega. El PSdeG regía entonces la vida municipal del 24,8% de los gallegos, pero sus alcaldes sólo recibieron un 7,1% de las inversiones de la Xunta (1.510 millones), mientras que a los regidores del BNG, que entonces gobernaba sobre el 3,5% de los gallegos, se le adjudicaron 415 millones (el 2%). Tras las últimas elecciones municipales de 1999, el PSOE y el BNG avanzaron notablemente en las ciudades y hoy gobiernan entre ambos al 51% de la población. Casi la mitad de las inversiones negociadas municipio a municipio partieron de la Consejería de Política Territorial, Obras Públicas y Urbanismo. Y este departamento es precisamente uno de los que más favorece a los alcaldes del Partido, que acapararon hasta el 95% de las inversiones de esa consejería, que dirige Xosé Cuiña, uno de los aspirantes a suceder a Fraga. Los alcaldes populares recibieron de Política Territorial 10.446 millones, mientras los socialistas tuvieron que conformarse con 481 (el 4,4%) y el BNG sólo 33 (el 0,3%). En otras consejerías, como Sanidad, Familia o Industria, el porcentaje de inversiones recibidas por los municipios del Partido también supera el 90%. Hay algunos departamentos con menor inversión, como Justicia o Agricultura, donde los alcaldes populares acaparan casi el 100% de los convenios. La discrecionalidad de la Xunta con el método de reparto del gasto mediante convenios es total. Hay otras fórmulas para financiar obras que sí están sometidas a reglas fijas, como el Fondo de Cooperación Local, destinado a localidades con menos de 50.000 habitantes, cuyo presupuesto es mucho menor (unos 4.000 millones anuales) (Octubre 2001).

NUEVAS DENUNCIAS SOBRE FINANCIACIÓN IRREGULAR Partido EN GALICIA

En unas declaraciones del empresario de la construcción y miembro del PartidodeG, Miguel Angel Alvarez, se afirma haber aportado más de 200 millones de pesetas para financiar el partido. "Lo que he conseguido a cambio es que los caciques del Partido gallego me arruinen, mientras ellos adquieren patrimonios multimillonarios", afirma en referencia al conselleiro de Política Territorial, José Cuiña Crespo. Entre otras cosas dice que "gente como Cuiña, que era un empresario fracasado, ha conseguido enriquecerse sin importarle siquiera utilizar a sus propios padres". Y concluye: "Como Fraga no quiere ver esta realidad, he pedido mi baja como militante (del Partido)". Miguel Angel Alvarez ha presentado una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción contra el eurodiputado del Partido y ex-alcalde de Vigo Manuel Pérez Alvarez y contra la familia de Cuiña, por un presunto delito de estafa. Alvarez, además, exige a la formación política que lidera Manuel Fraga en Galicia que le devuelva "los más de 200 millones" que ha entregado para su "financiación a lo largo de 20 años".

Según el empresario, Pérez y su colaborador Carlos Marcos le pidieron en 1995 que les ayudase a pagar dos letras en poder de la empresa publicitaria Inco "por un total de 50 millones de pesetas que correspondían a pagos pendientes de la campaña municipal", y aún no se los han devuelto. El constructor asegura que el propietario de Inco es el propio Marcos. Éste niega haber recibido el dinero. Un juzgado de Vigo llegó a imputarlos, pero en las europeas de 1999 el Partido, según Alvarez, metió a Pérez en las listas para aforarlo. Ahora, el constructor ha recurrido a la Fiscalía Anticorrupción y en la denuncia incluye a Cuiña, a quien responsabiliza de que Pérez sea aforado. El ex-alcalde también se desvinculó completamente la financiación irregular del Partido (Octubre 2001).

EL TRIBUNAL SUPERIOR DE GALICIA ANULA UNAS OPOSICIONES COPADAS POR FAMILIARES DE CARGOS DEL Partido

El Tribunal Superior de Justicia de Galicia (TSJG) ha ordenado la repetición de unas polémicas oposiciones celebradas en 1999 por la Diputación Provincial de Ourense, en las que familiares de dirigentes del Partido habían copado las plazas a concurso. El tribunal ha dictaminado que las pruebas 'vulneraron principios básicos', especialmente porque no se garantizó el anonimato de los opositores, lo que 'podría influir en la calificación final'. Los aprobados para cubrir las cuatro plazas de técnico de administración general, que en la actualidad todos ellos desempeñan, fueron un hijo del presidente de la Diputación de Lugo y veterano dirigente del Partido gallego, Francisco Cacharro; los hijos de dos diputados del propio organismo provincial orensano y una hija de un ex alcalde de Ourense por Unión de Centro Democrático (UCD). El tribunal examinador estuvo encabezado por el presidente de la Diputación y del Partido de Ourense, José Luis Baltar. El episodio, al que siguieron otras revelaciones sobre la contratación masiva de cargos públicos del Partido Popular y familiares suyos en la Diputación de Ourense, desató un notable escándalo en Galicia. El presidente de la Xunta, Manuel Fraga Iribarne, llegó a justificar lo ocurrido con el argumento de que 'los hijos de las familias prominentes salen mejor preparados'. El recurso ante el Tribunal Supremo permitirá a los aprobados continuar, de momento, en sus puestos. Uno de ellos, Alberto Iglesias, hijo de una diputada provincial del Partido, fue condenado recientemente en un juicio de faltas por amenazas a un periodista del Faro de Vigo que destapó el caso de las oposiciones (Diciembre 2001).

UN SENADOR DEL Partido PAGÓ CON FONDOS PÚBLICOS GASTOS DEL COCHE DE SU HIJA

El Ayuntamiento de Sada ( A Coruña ) ha pagado a su alcalde, el senador del Partido Ramón Rodríguez Ares, gastos del vehículo privado (gasolina y peajes de autopista) que utiliza una de sus hijas para viajes particulares. Rodríguez Ares también autorizó el abono de facturas presentadas por sus concejales por conceptos como la consumición de licores y cubalibres o sesiones de rayos UVA. Los documentos que avalan estas denuncias han sido presentados en el juzgado por Pilar Ramallo, concejal del Partido en Sada, que imputa al senador un delito de malversación de fondos públicos. Entre en los años 2000 y 2001, Rodríguez Ares, alcalde desde hace 23 años, cobró numerosas facturas por desplazamientos realizados con dos vehículos de su propiedad. El senador disponía de dos tarjetas, con cargo a las cuentas municipales, para pagar el combustible y los peajes de autopista de cada uno de los automóviles. Los extractos de gastos de esas tarjetas permiten verificar que en varias ocasiones el alcalde cobró por utilizar ambos vehículos el mismo día y casi a la misma hora.

El senador dijo también que no recuerda el motivo de un viaje que realizó en noviembre de 1999 a Nueva York , acompañado de otra persona, cuyos gastos fueron abonados por el Ayuntamiento. 'Voy con frecuencia allí para interesarme por los emigrantes del pueblo', declaró. Los pasajes y la estancia costaron a las arcas municipales 404.822 pesetas, además de 333,49 dólares (unas 63.000 pesetas) por gastos extras en el hotel Hilton.

Ramallo asegura que comunicó hace tiempo a su partido las supuestas irregularidades en la gestión del senador. La concejal llegó a entrevistarse el pasado verano con el presidente de la Xunta, Manuel Fraga, a quien pidió su inclusión en las listas a las últimas elecciones autonómicas. Fraga le envió posteriormente una tarjeta manuscrita en la que afirma a propósito del alcalde: 'Él y yo nos debemos una lealtad que se mide por años' (Febrero 2002).

EL TRIBUNAL SUPREMO CONFIRMA NUEVE AÑOS DE CÁRCEL AL EMPRESARIO QUE SOBORNÓ AL POPULAR GABRIEL CAÑELLAS

El Tribunal Supremo ha confirmado una pena de nueve años y diez meses de prisión a Antonio Cuart por los delitos de apropiación indebida y falsedad documental que cometió siendo presidente de la Compañía Concesionaria del Túnel de Sóller. El Supremo había absuelto en 1998 tanto a Cuart como al ex presidente de Baleares Gabriel Cañellas del delito de cohecho, pese a que declaró probado que éste aceptó 50 millones de pesetas que le entregó el empresario, porque había prescrito ya que habían transcurrido cinco años. Cuart recurrió al Supremo la sentencia de la Audiencia Provincial de Palma de Mallorca que le condenó a tres años por falsedad y a seis años y diez meses por un delito continuado de apropiación indebida, por un importe de más de 200 millones de pesetas, sobre el que alegó que también había prescrito. El Supremo considera que el plazo para que caduque el delito es de 10 años en este caso y no de cinco. La sentencia del Supremo considera proporcionada la pena de seis años y diez meses para sancionar apropiaciones indebidas 'de especial gravedad cada una de ellas', cometidas 'aprovechando las facultades concedidas de forma ilimitada al presidente para operar con los bancos' de los que retiraba fondos 'para darles el destino querido por el acusado' (Noviembre 2001).

UN DIRIGENTE DEL Partido CATALÁN, IMPUTADO POR APROPIACIÓN INDEBIDA EN TENERIFE

El delegado especial del Estado en el Consorcio de la Zona Franca, Enrique Lacalle, y su esposa Chantal Muls, están imputados junto a su socio Francisco Javier Buch Solé en una causa penal por supuestos delitos de apropiación indebida, falsedad y delitos societarios que sigue el juzgado de instrucción número 1 de Puerto de la Cruz (Tenerife). El caso se ha planteado tras la venta de un hotel y el supuesto impago de las plusvalías generadas en la operación por parte de la sociedad propietaria a un tercer socio de nacionalidad holandesa. Lacalle y su esposa, a través de Pedralbes Consulting, y Buch participaron en la adquisición de Hotel La Paz "por un precio declarado de 600 millones de pesetas", según las diligencias previas del caso. El mismo día de la compra (9 de abril de 1996), se incorporaba a la sociedad adquirente la compañía Galamba, cuyo titular es Johan Linnartz, quien posteriormente se ha querellado contra sus antiguos socios. Según la querella, el hotel se vendió por 1.050 millones de pesetas (el 5 de noviembre de 1998). Los beneficios de esa venta salieron de BL2 Hostelería -la gestora del hotel- mediante "entregas de capital no justificadas a sociedades administradas por la familia Buch", afirma el juez Miguel Palomino, titular del juzgado 1 de Puerto de la Cruz en un informe de fecha 16 de junio pasado. La disputa entre socios por el reparto de la venta del hotel ha aireado algunas de las facturas pagadas por la sociedad explotadora del hotel La Paz en Puerto La Cruz, Ostan Rossa. Entre esas facturas destaca una de la sociedad propiedad de Enrique Lacalle y su esposa -Pedralbes Consulting- por el concepto "Honorarios profesionales por nuestra intervención, asesoramiento financiero y negociación en la concesión de un préstamo hipotecario en mejores condiciones de interés y cuantía para su sociedad". El importe de la comisión era de 26 millones de pesetas (IVA incluido) y la fecha 3 de febrero de 1997. El citado préstamo fue concedido a la sociedad del Hotel La Paz por el Banco Zaragozano. En esa época, Lacalle ya ocupaba el cargo de Delegado Especial del Estado en el Consorcio de la Zona Franca, por lo que había transferido las responsabilidades de administración de Pedralbes Consulting a su esposa. El comprador final del hotel fue Dileep Ramchand Bhavnami, comerciante hindú de Tenerife, y accionista del Zaragozano. (Octubre-Noviembre 2000).

AYUNTAMIENTO POPULAR DE LAS PALMAS: EL COMITÉ DE EMPRESA CRITICA EL DESORBITADO AUMENTO DEL SUELDO DE LOS EDILES DEL Partido

El presidente del comité de Empresa del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Eudaldo Gómez, cargó contra el gobierno del Partido Popular (Partido) por el incremento del 42 por ciento que se ha otorgado en los sueldos desde que en 1995 accedió a gestionar la Corporación capitalina. "No creo que ninguna empresa, incluso privada, tenga esa subida de salarios en sólo seis años" señaló el representante de los trabajadores municipales, que aprovechó la ocasión para criticar la política de austeridad y contención de gastos que aplican los populares. "Siempre el cinturón se lo apretan a los mismos: a los trabajadores... Las autoridades políticas se llenan la boca de la necesidad de contener los gastos y los costes de las administraciones públicas, y el gobierno municipal del Partido, por su parte, en unos plenos, en plan pandilla de amiguetes, se suben los sueldos sin ningún control", denunció el presidente del comité de empresa en relación a los dos incrementos de las remuneraciones de la Corporación capitalina aprobados en 1995, éste de un 12,5 %, y 1999, que han permitido en buena parte que un concejal del grupo de gobierno, haya visto elevado su sueldo de 4.690.000 a 6.661.228 pesetas, es decir, casi dos millones, en apenas seis años.

Frente a este aumento, Gómez puso como ejemplo la subida que ha registrado desde 1995 el sueldo de un empleado municipal del grupo E, fijado hace seis años en 2.184.672 pesetas, para alcanzar en este ejercicio unas 2.614.260.

El comité de empresa del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria se ha dirigido al Diputado del Común para informales sobre el desfase que registran los salarios de los empleados públicos con respecto a la de los concejales que de 1995 a 2001 han pasado de contar con una bolsa de 105 a 145 millones de pesetas, es decir un 42 por ciento más (Mayo 2001).

CASO JINAMAR: ANTICORRUPCIÓN INVESTIGARÁ LA DENUNCIA DE UN CONSEJERO CANARIO CONTRA SU ANTECESOR

La Fiscalía Anticorrupción ha admitido a trámite la denuncia que de forma personal presentó el consejero de Política Territorial del Gobierno de Canarias, Fernando González, de Coalición Canaria, contra su antecesor en el cargo, Tomás Van de Walle, del Partido Popular. La denuncia presentada en su día por González, sin conocimiento del presidente nacionalista Román Rodríguez, señala que el anterior consejero del Partido pudo incurrir en los presuntos delitos de 'malversación de caudales públicos, infidelidad en la custodia de documentos, falsificación de documento público y defraudación'. La acusación se basa en un informe de la Consejería de Política Territorial que denunciaba un posible quebranto patrimonial a la comunidad autónoma de más de 24.000 millones de pesetas, aunque valoraciones posteriores han rebajado esta cifra hasta 8.728 millones.

Como se recordará, el llamado caso Jinámar reúne un complejo entramado administrativo y político que ha enfrentado al Gobierno nacionalista actual con consejeros del Partido del anterior Ejecutivo, a los ayuntamientos de Telde y Las Palmas -ambos con terrenos en el Parque Marítimo de Jinámar- y a los grupos parlamentarios socialista, popular y de Coalición Canaria. En el centro de la polémica está la cesión en enero de este año de dos parcelas de 300.000 metros cuadrados de propiedad pública sin uso comercial a Promociones Horneras para la construcción de un hipermercado (Diciembre 2001).

EL AYUNTAMIENTO POPULAR DE BOADILLA Y LAS CONCESIONES DE LIMPIEZA

El Tribunal Superior de Madrid ha "anulado" por "arbitraria" la concesión del servicio de limpieza otorgada por el Ayuntamiento de Boadilla del Monte a la empresa Urbaser. El Ayuntamiento, gobernado por el Partido, concedió en 1993 la contrata de recogida de, basuras a Urbaser desatendiendo los criterios establecidos por la propia corporación y pese a que la oferta de esta empresa no era la más ventajosa, según los jueces. El Consistorio ha recurrido la sentencia ante el Tribunal Supremo porque, si la hubiera ejecutado nada más recibirla, la localidad se habría quedado sin servicio de recogida de basuras. En la sentencia dictada por los cinco jueces de la Sección Segunda del alto tribunal madrileño éstos dan un fuerte varapalo al Consistorio de Boadilla (18.900 habitantes) y le condenan a pagar a la empresa Urbaser " los daños y perjuicios" derivados de tan "arbitraria decisión". El acuerdo ahora anulado por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid fue adoptado el 7 de julio de 1993, en la sesión plenaria del Ayuntamiento, presidido entonces por Nieves Fernández Crespo, En ese pleno, los ediles "adjudicaron a la compañía Urbaser el servicio de recogida domiciliaria de residuos sólidos urbanos, limpieza viaria y transporte" a los vertederos de tales desechos. El concurso para aspirar a esa contrata fue aprobado el 12 de noviembre, también en sesión plenaria. Las plicas se abrieron el 8 de enero de 1993. Se observó entonces que la oferta de Urbaser (la empresa que finalmente se quedó la adjudicación) era de 132.847.391 pesetas, en torno a siete millones superior a la que presentó la empresa denominada Rafael y Rogelio de la Paliza e Hijos. Los jueces destacan que la oferta de éstos últimos, 126.791.317 pesetas, fue considerada como " la más ventajosa" por los técnicos del Ayuntamiento "y con mejor resultado final en la relación peseta/medio" y que, por tanto, era merecedora de la contrata. Al concurso también concurrieron las empresas Servicios Aseos Urbanos, SA, BFl Ibérica y Castellana de Servicios. El equipo de gobierno del Partido, con mayoría de votos, optó por la de Urbaser (Junio 2000).

EL AYUNTAMIENTO POPULAR DE POZUELO (MADRID) Y SUS ADJUDICACIONES AMIGAS

Leopoldo Gómez Gutiérrez, ingeniero municipal de Pozuelo de Alarcón, ha recomendado en diversos informes técnicos la contratación de una empresa, Construcciones Mariano Tello, cuyo dueño, Mariano Tello Sánchez, es su socio en dos inmobiliarias. La sociedad de Tello ha recibido más de 2.500 millones desde 1992 en obras municipales de Pozuelo. Además, este ingeniero municipal ha sido contratado a dedo por el Ayuntamiento de Madrid. Este funcionario del Ayuntamiento de Pozuelo, con 21 años de antigüedad, está vinculado a Mariano Tello Sánchez a través de la inmobiliaria Imperial 41, creada en 1988. Ambos son administradores solidarios. Esta sociedad poseía una finca en la calle madrileña del mismo nombre con un volumen edificable de 3.243 metros. Además, ha sido administrador de la inmobiliaria Los Llanos de Pozuelo, donde también figura Mariano Tello que posee unas fincas de 42.000 metros en dicho municipio desde 1991. Gómez Gutiérrez cesó como consejero de esa inmobiliaria en 1995, pero mantiene un 15% de sus acciones, según ha confirmado él mismo. El funcionario compatibiliza su empleo público, donde tiene que analizar ofertas de constructoras e inmobiliarias, con sus negocios urbanísticos privados. Gómez Gutiérrez y Mariano Tello comparten domicilio social en la calle de Opón, donde reside la constructora de Tello y las inmobiliarias de Gómez Gutiérrez y Tello. Esos negocios conjuntos no han impedido a Gómez Gutiérrez informar en diciembre de 1997 a favor de la adjudicación a Construcciones Mariano Tello del contrato exclusivo de mantenimiento y reparación de la pavimentación. Dicho contrato, vigente desde 1997 al 2001, ha supuesto ya 750 millones de facturación al socio del funcionario. Desde 1992, Mariano Tello ha facturado al Ayuntamiento de Pozuelo 1.837 millones en obras menores, que le fueron adjudicadas directamente con la intervención de su socio y funciona (Junio 2000).

AYUNTAMIENTO DE MADRID: REDES EMPRESARIALES DE AFILIADOS DEL Partido LOGRAN 1.400 MILLONES PARA FORMAR A PARADOS

Los datos: Redes empresariales con escasa o nula plantilla docente e infraestructura participadas por militantes del Partido copan desde 1996 los primeros puestos en adjudicación de cursos para formar parados del Instituto Municipal de Empleo (Imefe) de Madrid. Los cursos tienen financiación europea. Estas sociedades han facturado desde 1996 al Imefe unos 1.400 millones de pesetas, lo que supone casi un 25% del total de la cantidad adjudicada en ese periodo. Consiguen más cursos que firmas como IBM y academias de prestigio. Ricardo Peydró, dirigente del Partido y gerente del Imefe, niega todo trato de favor a las academias participadas por afiliados de su partido, aunque admite que ha descubierto anomalías en cinco de ellas. Recibieron muchos cursos a dedo debido a que su cuantía era inferior a los dos millones de pesetas. Pero también ganaron concursos con cero empleados. De un modo u otro, han copado los primeros puestos de facturación. En las adjudicaciones desde 1996, los primeros beneficiados han sido el grupo Manesfields y Técnicas de Formación Avanzada. Suman unos ingresos del Imefe de casi 654 millones, según la edil socialista Isabel Vilallonga. Peydró admite que copan el 9,2% del total adjudicado, aunque rebaja la cifra a 581 millones. Cobran como entidades distintas, pero comparten sede y dos consejeros. Por su parte, la Dirección General de Instituciones Penitenciarias, dependiente de Interior, no tiene constancia de 28 de los 42 cursos de formación de parados que, según el Ayuntamiento de Madrid, se impartieron en las cárceles madrileñas entre 1997 y 1999. El Ministerio del Interior sólo reconoce como efectivamente realizados 15 cursos, pero hay otros 27 que sólo existen en las cuentas del Imefe. En la relación de Instituciones Penitenciarias de cursos impartidos en prisiones madrileñas por Ifomar durante 1997 no figuran cuatro supuestamente celebrados en Carabanchel (dos de técnico en restauración de documento, uno de instalador electricista y otro de técnico en recuperación de residuos). En 1998, el desfase es mayor. Prisiones sólo tiene constancia de siete cursos de Ifomar en prisiones mientras el Imefe da por facturados e impartidos el doble. Según el Imefe, todos los cursos se dieron ese año en la prisión de Carabanchel. Pero según Prisiones, en 1998 Ifomar no dio ningún curso en Carabanchel, sino en la prisión de Alcalá II. No son sólo discrepancias geográficas sino de contenido. Ni en la prisión de Carabanchel ni la de Alcalá II, ni en ninguna otra, se impartieron en 1998 los ocho cursos que Imefe avala haber dado ese año (de gasolinero; de técnico en restauración de documento gráfico; de desratización; y de monitor de educación física). El Imefe detalla inicios de cursos en Carabanchel en octubre y diciembre de 1998, pero esta prisión fue clausurada en noviembre de ese año, y los cursos exigían dos meses. En 1999, la diferencia es mayor: Prisiones acredita un curso; el Imefe, 16. A la dirección de Instituciones Penitenciarias, sólo le consta un curso de desratización de Ifomar realizado en Madrid I (Mujeres). Sin embargo, el Imefe, que no registra tal curso, cita otros 16 inexistentes para la dirección de Prisiones (Febrero 2001).

Las primeras reacciones: El alcalde de Madrid, José María Álvarez del Manzano, no ve anómalo que empresas de militantes de su partido copen el 25% de la facturación de cursos del Imefe. El regidor lo considera "un tema viejo del que ya hizo un informe la presidenta del Imefe al que se acude con demagogia". El gerente del Imefe, Ricardo Peydró, tiene una explicación para tal hecho. "En la ciudad de Madrid, el Partido cuenta con 67.989 afiliados. Que cuatro ciudadanos anónimos (lo que supone el 0,005% del total de militantes del partido) militen en uno u otro partido sólo cobra relevancia por el hecho de aparecer en un titular". Por su parte, eL secretario general del Partido, Javier Arenas, se limitó a comentar que la financiación de su partido "es transparente" (Febrero 2001).

Las siguientes: Destituido un dirigente municipal por la adjudicación de cursos para desempleados. María Antonia Suárez, concejal del Partido que preside el Imefe, cesaa uno de sus subordinados en este organismo: José Luis Solana. Explicó Suárez que lo destituía porque tenía una relación de amistad con Rafael Oriol Rodríguez, militante del Partido y socio del grupo empresarial que supuestamente ha simulado cursos a presos nunca impartidos para cobrar subvenciones. Este grupo lo integran las empresas Iformar, autora de la supuesta simulación, Incof, Defoco y Prevecón. El alto cargo del Imefe despedido era responsable del servicio de formación del Imefe entre 1996 y 1999. El gerente del Imefe, Ricardo Peydró, admitió hace una semana que conocía tal vínculo de su subordinado pero no le dio importancia (Febrero2001).

La Comisión Europea se interesa por el tema: ha pedido a la unidad administradora del Fondo Social Europeo (FSE) en España, mediante un escrito, que lleve a cabo "las actuaciones necesarias para aclarar" la gestión de los fondos adjudicados al Instituto Municipal de Empleo de Madrid para cursos en prisiones. Bruselas no descarta que puedan haberse producido actuaciones irregulares similares a la del caso Pallerols (uso indebido de 1.000 millones en cursos adjudicados a academias vinculadas con dirigentes de Unió) y podría llegar a bloquear las ayudas de las que se beneficia Madrid a través del FSE si se confirma la estafa. La Comisión Europea no duda en advertir en la carta enviada el martes a las autoridades responsables de la gestión y el control del FSE en España de que el problema detectado en Madrid "pueden tener un impacto importante a nivel social por su similitud con el caso Pallerols". "Con el fin de que los servicios de la Comisión puedan disponer de informaciones fiables en el plazo más breve posible, le ruego que lleve a cabo las actuaciones necesarias para aclarar este asunto", afirma la carta, que también fue enviada al Organismo de Lucha Contra el Fraude de la Unión Europea (OLAF). Las autoridades españolas tienen ahora cuatro semanas para responder a la petición de información (Febrero 2001).

LA FISCALÍA DE MADRID HA PRESENTADO UNA QUERELLA POR UN SUPUESTO DELITO DE PREVARICACIÓN CONTINUADA CONTRA EL ALCALDE POPULAR DE SAN LORENZO DE EL ESCORIAL

Ésta es la segunda querella que presenta la fiscalía en menos de un año contra el Alcalde Fernández Quejo. La primera fue también por un supuesto delito urbanístico, y en ella figuran inculpados, además, otros cinco concejales del equipo de gobierno del Ayuntamiento. En aquella ocasión se acusó al alcalde de haber 'beneficiado' a un constructor al que se permitió levantar nueve chalés en una zona protegida. Esta vez, la querella de la fiscalía, que investiga ya un juzgado de San Lorenzo, tiene que ver con las obras que efectúa una constructora en la calle de Santa Rosa, 15 bis, de esta localidad. En 1997 había en ese enclave una parcela de 2.400 metros cuadrados propiedad de Rosa Andradas Oreja, quien ha destapado las irregularidades (Marzo 2001).

UN ARQUITECTO JUZGA IRREGULAR EL HOTEL PROMOVIDO POR UN ALTO CARGO DE GALLARDÓN

Luis Moya, catedrático de la Escuela Superior Técnica de Arquitectura de Madrid, ha hallado numerosas irregularidades en el expediente aprobado por la C.A de Madrid para levantar un hotel en La Cabrera. El secretario general técnico de la Consejería de Justicia, Alejandro Sanz Peinado, y su familia, son socios de la empresa que promueve el complejo turístico. 'Un año después de la aprobación inicial, otro alcalde dijo que no podía dar la aprobación provisional porque el caso no se estudió lo suficiente, y sin embargo la Comunidad lo aprueba definitivamente; eso no se entiende bien', declaró Moya a Localia Televisión. Como se recordará, Alejandro Sanz, fue alcalde popular de La Cabrera durante ocho años (Marzo 2001).

AYUNTAMIENTO DE ALCORCÓN: RECALIFICACIONES EDUCATIVAS A LA CARTA

El actual regidor de Alcorcón (144.000 habitantes), Pablo Zúñiga, del Partido, lleva al pleno la modificación del Plan General de Ordenación Urbana para que una parcela de 88.500 metros cuadrados situada entre los campus de Alcorcón y Móstoles de la Universidad Rey Juan Carlos se convierta en urbanizable. El destino previsto es la construcción de un colegio privado de 17.000 metros cuadrados y 400 viviendas, de las que sólo 85 (el 21,2%) serán de protección. El Plan General recogía que esa parcela se destinara a futuras ampliaciones de la universidad, ya que está situada de forma estratégica entre ambos campus (Marzo 2001).

EL AYUNTAMIENTO DE MADRID CONTINUA CON SU POLÍTICA DE FOMENTAR LOS CONTRATOS AMIGOS

La Concejalía de Limpieza decidió en julio de 2000 regalar mordedores comestibles para perros, con forma de hueso, a los dueños de canes que hicieran cursos de concienciación. En septiembre, para comprar 100.000 de estos huesos, pidió ofertas a tres empresas relacionadas entre sí mediante socios comunes. El contrato, por valor de siete millones de pesetas, se adjudicó el pasado marzo a una de ellas. Es la segunda adjudicación 'a dedo' que se destapa en pocas semanas. El concejal de Limpieza, Alberto López Viejo, asegura que 'desconocía' a los dueños de las empresas. La Concejalía de Limpieza decidió llevar a cabo la adquisición de estos huesos, confeccionados a base de carne, por la modalidad de 'contrato negociado sin publicidad'. En este tipo de contratos, el Ayuntamiento tiene la potestad de llamar a un mínimo de tres empresas de su elección y solicitarles ofertas. ¿Por qué se decidió este tipo de contrato y no uno público normal en el que pudieran presentarse todas las empresas que quisieran? En el expediente, uno de los técnicos de esta concejalía lo explica: 'Los huesos que se pretende adquirir deberán ser masticables, prensados y de un tamaño de 12 centímetros de longitud y 4,5 de grosor, que normalmente no se encuentran en el mercado, debiendo tener esas características inexcusablemente'. De este modo, se pidieron ofertas a tres empresas: Ala Quinta Publicidad, Nauta Navis y Ala Doce. La primera es propiedad de Román Palacios; la segunda, de Juan Julio Álvarez Guerra, y en la tercera son socios tanto Román Palacios como Juan Julio Álvarez Guerra. La oferta más barata, por siete millones de pesetas, fue la presentada por Ala Quinta, que, además, para mejorar la propuesta, prometió colocar un anagrama del Ayuntamiento en cada hueso de plástico.

El concejal de Limpieza, Alberto López Viejo, del Partido, aseguró que desconocía absolutamente a los dueños de las distintas empresas. López Viejo, sin embargo, se confesó 'sorprendido de la relación existente entre algunas de las personas que conforman el cuerpo societario de las diferentes empresas'. El concejal de Limpieza prosiguió: 'Esto [que las empresas estuvieran relacionadas] era algo que desconocía, dado que la petición de ofertas se hizo a empresas distintas, con domicilios distintos y distantes, y sin ninguna relación aparente entre ellas'. 'A la vista de la documentación aportada, y máxime teniendo en cuenta que esta sociedad ha contratado con empresas privadas de prestigio, nada me hacía sospechar la existencia de esta situación'. El edil responsable de Limpieza aseguró que conocer 'la composición de cada sociedad y las posibles relaciones con otras empresas se torna prácticamente imposible' (Abril 2001).

AYUNTAMIENTO DE SAN LORENZO DEL ESCORIAL: EL EX PRESIDENTE DEL Partido INVESTIGADO POR VIOLAR NORMAS URBANÍSTICAS

El ex presidente del Partido de San Lorenzo de El Escorial y actual gerente de Urbanismo de Las Rozas, Juan Manuel de Santos, se saltó supuestamente las normas urbanísticas en la reforma de un piso y un ático de 300 metros cuadrados situado en pleno corazón de esa localidad monumental, según un dictamen de la Comisión de Patrimonio, integrada por técnicos del Ayuntamiento y la Comunidad. De Santos consiguió, en 1996, licencia municipal para restaurar la vivienda que ya existía en el número 28 de la calle de Floridablanca, pero, en lugar de limitarse a restaurarla, amplió el volumen de la finca. Incluso construyó en el ático un casetón para el ascensor, elevando a tal fin la altura del tejado (Abril 2001).

EL TRIBUNAL DE CUENTAS APRECIA INDICIOS DE DAÑO A LAS ARCAS PÚBLICAS EN LOS GASTOS DEL ALCALDE

Álvarez del Manzano gastó entre 1991 y 1999 más de 60 millones de pesetas de una cuenta restringida sin control de la intervención municipal. Parte de ese dinero se fue a regalos o donativos a familiares y amigos, según la documentación oficial. Los gastos según el Consejero del Tribunal de Cuentas Antonio del Cacho " pueden ser constitutivos de un alcance de caudales', lo que significa que la hacienda pública podría haber salido perjudicada por la gestión del alcalde. Esos indicios llevan al consejero de Cuentas a considerar que 'resulta procedente, para una mejor defensa de los intereses del erario público, que por la comisión de gobierno [del Tribunal] se nombre delegado instructor, como mantiene el fiscal'. El auto del consejero de Cuentas eleva las actuaciones a la Sección de Enjuiciamiento, que será quien deberá encauzar su propuesta a la comisión de Gobierno. La investigación se centrará en si es legal, como hizo el alcalde, gastar hasta 12 millones sin factura alguna o pagar con dinero público viajes particulares junto a su esposa, hacer donativos periódicos a la costurera de su mujer, comprar un televisor para el hogar del jubilado de un pueblo de Guadalajara donde se estaba construyendo un chalé o regalar joyas a personas cuya identidad no ha facilitado aún. Hace más de un año, Álvarez del Manzano optó por devolver 215.374 pesetas de dos viajes particulares a Mallorca y Sevilla que había pagado con dinero público por un supuesto error atribuido a su jefe de protocolo.

La ley del Tribunal de Cuentas define la irregularidad detectada, el denominado alcance de caudales, como 'saldo deudor injustificado de una cuenta o, en términos generales, la ausencia de numerario o de justificación en las cuentas que deben rendir las personas que tengan a su cargo el manejo de caudales o efectos públicos'. El consejero de Cuentas que ha investigado los gastos del alcalde, Antonio del Cacho, fue nombrado en su día a propuesta del Partido. Según la normativa del Tribunal de Cuentas, podía haber decretado el archivo de las actuaciones si hubiera entendido que los hechos investigados no revestían 'manifiestamente el carácter de alcance'.

El auto firmado por el consejero Del Cacho señala que los gastos del alcalde de Madrid 'pueden ser constitutivos de un alcance de caudales o efectos públicos, por lo que para una mejor defensa de los intereses del erario público, resulta procedente que por la comisión de gobierno se nombre delegado instructor, como mantiene el ministerio fiscal, para que se proceda a las prácticas prevenidas en el artículo 47 de la ley de funcionamiento del Tribunal de Cuentas'. Concluido el sumario, el Tribunal de Cuentas podrá optar por el archivo o llevar a juicio al alcalde de Madrid. El auto detalla como tras un intento fallido de recurso del Ayuntamiento de Madrid sobre esta investigación preliminar, en marzo pasado entregó los documentos pertinentes para la defensa del alcalde, y el pasado 5 de abril 'el representante procesal de don José María Álvarez del Manzano presentó escrito por el que se persona' en la acción pública emprendida por el PSOE hace un año. El tribunal forzará al regidor a que explique lo que no logró la oposición: el detalle de cómo y con qué criterios gastó más de 60 millones de su cuenta restringida y a qué personas y organismos fue el dinero (Mayo 2001).

EL TRIBUNAL DE CUENTAS RECHAZA EL RECURSO DEL ALCALDE DE MADRID

El Tribunal de Cuentas ha rechazado el recurso del alcalde de Madrid, José María Álvarez del Manzano, contra el nombramiento de un delegado instructor para investigar los indicios de daño al erario público originados en los más de 60 millones gastados entre 1991 y 1999 con cargo a su cuenta restringida.

El auto, fechado el día 12 de junio, rechaza la tesis del alcalde de que se hallaba sumido en una situación de 'indefensión: " La resolución recurrida no ha producido indefensión alguna, puesto que no se prejuzga la existencia o no de responsabilidad contable, sino que, por el contrario, se remiten las actuaciones a la comisión de gobierno para que se proponga el nombramiento de un delegado instructor con el fin de que realice las oportunas averiguaciones y las correspondientes diligencias con la finalidad prevista en el artículo 47 de la ley de funcionamiento [del Tribunal de Cuentas] y obtener los antecedentes necesarios para determinar las supuestas responsabilidades contables'. Y se recuerda que tal proceso precisamente persigue que 'con todas las garantías se investiguen los hechos' (Junio 2001).

JUICIO POR PREVARICACIÓN CONTRA UN DIPUTADO DEL Partido Y EX EDIL DE ARGANDA

El ex concejal de Seguridad de Arganda y actual diputado del Partido en la Asamblea Benjamín Martín Vasco será juzgado en el Tribunal Superior de Justicia para responder de un delito de prevaricación y de otro contra los derechos de los trabajadores. Martín Vasco está acusado de cambiar, cuando era edil, el turno a un policía municipal y poner en su lugar a otro agente que era el marido de su secretaria. El fiscal imputa los citados delitos a Martín Vasco, actual portavoz del Partido en la Comisión de Economía y Empleo de la Asamblea, y pide para él una pena de siete años de inhabilitación y una indemnización de cinco millones de pesetas para el cabo de la Policía Municipal Enrique B. G. Este agente se querelló contra Martín Vasco por haberle cambiado su turno de trabajo sin, a su juicio, ninguna justificación. Los hechos que han llevado al diputado regional al banquillo de los acusados de la Sala de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid se produjeron en 1998, según fuentes con acceso a las diligencias. El entonces edil de Seguridad de Arganda, localidad gobernada a la sazón por el Partido, ordenó al suboficial jefe de la Policía Municipal, Santiago D. F., que cambiase turno y cometido al cabo Enrique B. G. Éste trabajaba entonces de noche y percibía por ello un plus de nocturnidad. El edil ordenó que Enrique pasase a trabajar durante el día y que ocupase su puesto nocturno otro agente, en concreto, el marido de su secretaria. El suboficial jefe acató la orden, si bien remitió un escrito al edil indicándole que tal instrucción carecía de motivo (Julio 2001).

HACIENDA VE INJUSTIFICADOS GASTOS DEL IMEFE POR 1.200 MILLONES ACOGIDOS A SUBVENCIONES DE LA UE

En enero estalló el escándalo del instituto de formación profesional madrileño (Imefe): redes empresariales de afiliados del Partido copaban 1.400 millones para formar parados, decenas de cursos inexistentes y otras anomalías que costaron el cese al gerente, Ricardo Peydró. Ahora, la Intervención del Estado da la razón a la edil socialista Isabel Vilallonga, que destapó el caso. Su informe considera improcedentes gastos del Imefe por más de 1.200 millones acogidos a subvenciones de la UE por no estar justificados con facturas o por derivar de costes propios del Imefe (edificios o personal), y anota 'coincidencias' en los beneficiarios. La Intervención General del Estado, dependiente del Ministerio de Hacienda, en una investigación abierta antes del escándalo, ha hallado numerosas deficiencias en el uso de los fondos comunitarios por el Instituto Municipal de Empleo y Formación Empresarial (Imefe) de 1994 a 1997. La auditoría, cerrada en mayo pasado, establece que 'no se consideran elegibles (subvencionables) los gastos calculados a tanto alzado, ya que los gastos certificados por la realización de las acciones subvencionadas deben corresponder a pagos efectuados y justificados por el beneficiario'. Esta partida se refiere a los 'costes indirectos' que el Imefe asegura que le han costado los cursos pero de los que 'no ha aportado la justificación de dicha imputación', y parecen ser un mero porcentaje sobre los costes directos. El informe recuerda que ya en 1998, la unidad administradora del Fondo Social Europeo, en escrito al director del Imefe, realizó una severa advertencia sobre el hecho de que tales gastos no justificables supusieran un 12% sobre los costes directos. Tales gastos indirectos (sin justificar) sumaron 82 millones en 1994; 127 millones en 1995; 113 en 1996 y 130 en 1997. Sólo por este concepto Hacienda considera que el Imefe no puede presentar como gastos un total de 452 millones, que al carecer de factura no pueden ser subvencionables, y, por consiguiente, se impondría su devolución a la UE. Hacienda señala un segundo bloque de gastos indebidamente presentado como subvencionable: las inversiones imputadas como gastos de las acciones, ya que de acuerdo con el reglamento del Fondo Social Europeo sólo pueden ser subvencionadas las amortizaciones de los inmuebles y de material, no las inversiones. Así, en 1994, imputó indebidamente inversiones por 3,9 millones de pesetas; en 1995, unos seis millones, que se imputan dos veces (como compra y como amortización).

Tampoco se considera aceptable por la Intervención que el Imefe imputase en 1995, 1996 y 1997 el 50% de la dotación anual de la amortización como gastos de las acciones cofinanciadas. El monto de tales amortizaciones en el periodo auditado supera los 300 millones. Y el criterio es claro: 'Las amortizaciones son un gasto elegible, siempre que puedan considerarse como gastos de funcionamiento o costes operativos que guarden relación con las acciones cofinanciadas. El equipo de control entiende que el Imefe no ha justificado la amortización como un gasto relacionado con aquéllas, ya que se limitó a imputar la amortización indiscriminada de todos los elementos del inmovilizado'. Incluso se presenta como amortización compras de mobiliario del personal directivo y las obras del aparcamiento. No menos grave es otra acusación que formula Hacienda: 'El procedimiento de justificación de los gastos correspondientes a los cursos adjudicados a las empresas e instituciones de formación no garantiza que los gastos facturados correspondan a gastos efectivamente realizados y vinculados a las acciones, ya que aquéllas se limitan a justificar sus gastos a través de facturas que se ajustan al precio de adjudicación de los contratos'. Otro varapalo: 'La imputación aleatoria del 50% de los sueldos del personal del instituto no puede considerarse elegible en cuanto no establece su relación con las acciones del programa operativo, y sí, por el contrario, corresponden a la gestión propia del Imefe. Los gastos de las administraciones públicas, incluidos los sueldos de los funcionarios, como regla general, no son elegibles en cuanto que no se establece claramente la vinculación de esos gastos con la realización de los cursos financiados por el Fondo Social Europeo'. Este capítulo de gasto presentado para su subvención supone cerca de 500 millones en los años auditados. El informe también critica que 'en la contratación de personal docente y en los expedientes de adquisición de material no inventariable, de servicios y de suministros, no se establece claramente la vinculación de estos gastos con la realización de los cursos financiados por el FSE'. El Imefe, según la auditoría, ha imputado gastos de esta naturaleza que no ha justificado, ya que 'no se aportaron algunos de los contratos de personal docente, ni se facilitaron al equipo de control los expedientes del gasto de los cursos internos del año 1994. En suma, 'las conclusiones anteriores y la inexistencia de una contabilidad específica para los distintos proyectos subvencionados ponen de manifiesto la deficiencias que presentan los procedimientos de gestión del Imefe en la materia objeto de control' (Octubre 2001).

EL INTERVENTOR RECOMIENDA AL ALCALDE QUE JUSTIFIQUE EL GASTO DE SU CUENTA RESTRINGIDA

El interventor municipal Vicente Arnau recomienda la regulación de la cuenta restringida de 7,1 millones de pesetas anuales que el alcalde, José María Álvarez del Manzano, del Partido, utiliza discrecionalmente, y aconseja que todos los gastos cuenten con su oportuna justificación. Así lo expresa Arnau en el preceptivo informe previo a la aprobación de los presupuestos municipales, que serán votados en un pleno extraordinario. Esta cuenta restringida, objeto de una investigación del Tribunal de Cuentas, desató una tormenta política el año pasado. Entonces se destapó que, con cargo a esta cuenta, el alcalde había hecho durante años donativos a instituciones religiosas y algunos viajes particulares con su esposa, María Eulalia Miró, además de pagar un televisor para un hogar del jubilado y diversas cantidades como ayuda a la costurera de su esposa. Pero hay más de 12 millones de pesetas de los que no hay ningún justificante. El interventor opina que 'aquellos gastos que puedan considerarse estrictamente como de protocolo y representación [entre los que incluye la cuenta restringida del alcalde] deben ser objeto de regulación específica'. Arnau añade que todos los gastos cargados a esa cuenta 'deben ser consecuencia de actos de protocolo y representación', 'redundar en beneficio o utilidad de la Administración' y no suponer 'retribuciones en especie o metálico'. El informe detalla que cada gasto deberá estar justificado 'con facturas originales'. Incluso cuando 'los gastos no superen las 15.000 pesetas (...) podrá acompañarse el tique expedido por la caja registradora', apunta. Por último, el interventor señala que 'excepcionalmente', y para gastos de escasa cuantía en los que haya sido imposible la obtención de la factura, se expedirá por la autoridad competente una certificación (Noviembre 2001).

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA LA NUEVA (MADRID): IMPUTADOS DOS FUNCIONARIOS, UN EDIL Y UN CONSTRUCTOR

La juez de instrucción número 1 de Navalcarnero, que investiga unas presuntas irregularidades urbanísticas cometidas en Sevilla la Nueva (4.000 habitantes), ha levantado el secreto del sumario. Este hecho ha permitido conocer que están imputados en la querella interpuesta por el fiscal el ex alcalde de la localidad y actual concejal Ángel Batanero, del Partido; el secretario del Ayuntamiento; el arquitecto municipal, y el constructor Luis Joaquín Garrigues López, socio de la constructora La Genovesa. Se le acusa a este último de la supuesta comisión de delitos contra la Hacienda pública, falsedad en documento mercantil y delito contable. La imputación incluye también a quienes sean administradores, socios o apoderados de las entidades La Genovesa, SA, El Cuadrito, SA, y El Frenedal, SA. La querella interpuesta contra los cargos públicos les acusa de presuntos delitos de prevaricación, falsedad en documentos públicos, malversación de caudales públicos, negociaciones prohibidas y tráfico de influencias (Diciembre 2001).

LA OPERACIÓN CHAMARTÍN ARRANCA 10 AÑOS DESPUÉS DE SU PRESENTACIÓN CON EL DOBLE DE EDIFICABILIDAD

La construcción de la denominada nueva Castellana (más de tres kilómetros de vías e infraestructuras nuevas que prolongarán el actual paseo hasta la M-40) contará con fondos públicos y costará 100.000 millones más de las cifras anunciadas hasta ahora (150.000 millones). Benigno Blanco, secretario de Estado de Infraestructuras; Luis Eduardo Cortés, vicepresidente regional, e Ignacio del Río, segundo teniente de alcalde, presenta un acuerdo que modifica sustancialmente una operación lanzada en 1993 para cubrir de edificios el mar de vías de la estación de Chamartín. Además de elevar a 250.000 millones el gasto previsto, el acuerdo incrementa la edificabilidad del 0,6 en vigor en la zona a un 1,05.

Los responsables de Urbanismo de las tres administraciones- Ministerio de Fomento, Comunidad y Ayuntamiento de Madrid- comparecieron conjuntamente para presentar el 'arranque' definitivo de la Operación Chamartín. Pero el escenario de datos y cifras que desglosaron Benigno Blanco, Ignacio del Río y Luis Eduardo Cortés tiene prácticamente sólo dos puntos en común con lo que se conocía hasta ahora de esa operación urbanística anunciada en 1993: el deseo de alargar 3,5 kilómetros el paseo de la Castellana, hasta alcanzar la M-40 aprovechando la radical remodelación que sufrirán las instalaciones de Renfe, y la construcción de una nueva estación. Manteniendo esos dos puntos, el modo en que se va a desarrollar la extensión de la capital hacía el norte cambia radicalmente. Hasta ahora, estaba previsto un desembolso de 150.000 millones en infraestructuras. Dinero que tenía que aportar la empresa Desarrollo Urbanístico Chamartín (Duch). Esos fondos tenían que salir íntegramente de los beneficios (plusvalías) que generará la venta o alquiler de los miles de viviendas y oficinas que se construirán en la zona. Pero Duch, creada por Argentaria tras ganar esta entidad financiera el concurso convocado por Renfe para llevar a cabo la operación, lleva desde 1997 reclamando que las administraciones aporten dinero para la realización de las infraestructuras. Duch considera que la edificabilidad que fija el Plan General de Ordenación Urbana (0,6 metros cuadrados construidos sobre cada metro de suelo) es insuficiente para poder financiar toda la operación sólo con las plusvalías. El rechazo general de las administraciones a poner dinero público y los recelos del Ayuntamiento a subir la edificabilidad bloquearon durante años el desarrollo de la operación. Pero Duch ha conseguido ahora que se acepten sus propuestas: habrá dinero público y subirá la edificabilidad de la zona (Diciembre 2001).

EL MINISTERIO DE TRABAJO EXIGE AL AYUNTAMIENTO DE MADRID LOS FONDOS EUROPEOS QUE GASTÓ EN CURSOS INEXISTENTES

La Unidad Administradora del Fondo Social Europeo, dependiente del Ministerio de Trabajo, ha exigido al Ayuntamiento de Madrid que devuelva casi seis millones de euros ( 975 millones de pesetas) de subvenciones europeas en cursos directamente gestionados por el instituto municipal para formar parados indebidamente gastadas o justificadas. Esta cifra aumentará cuando concluya otra investigación sobre los cursos que el Imefe adjudicó a empresas privadas (81%), y que en numerosos casos, como los referidos a formación de presos, no se llegaron a celebrar. En enero de 2001, el alcalde de Madrid, José María Álvarez del Manzano, del Partido, rechazaba las denuncias de la Oposición sobre irregularidades en la gestión municipal de fondos europeos para formar parados. 'Es un tema viejo al que se acude con demagogia', sentenció entonces el regidor. Los primeros datos, sin embargo, apuntaban a la existencia de anomalías: redes empresariales con escasa o nula plantilla docente o infraestructura y participadas por gestores supuestamente vinculados al Partido que copaban los primeros puestos en la adjudicación de cursos para formar parados. En total, habían cosechado más de ocho millones de euros, el 25% de todo lo facturado en ese periodo.

Después se comprobó que el 60% de los cursos a presos cobrados por algunas de estas sociedades nunca se dieron, según certificó la Dirección General de Instituciones Penitenciarias. El Ayuntamiento se querelló contra la empresa que falseó los datos, y el Gobierno municipal del Partido tuvo que aceptar la creación de una comisión de investigación que destapó nuevos escándalos. La UE pidió cuentas, y el Gobierno municipal se apresuró a garantizar que devolvería a Bruselas las ayudas invertidas en cursos fantasma (al menos, 40 millones de pesetas). El Imefe, además, anuló 54 de los 130 cursos programados para 2001. El Tribunal de Cuentas también anunció su intención de fiscalizar el Imefe. En octubre pasado, la Intervención General del Estado, dependiente del Ministerio de Hacienda, en un primer informe, cifró el gasto injustificado del Imefe en 7,2 millones de euros. De hecho, nada menos que 2,7 millones de euros correspondían a gastos declarados que carecían de factura.

Los seis millones de euros que Trabajo exige se reparten como sigue:

ü Costes directos. El equipo auditor rechaza por injustificados un total de 2,4 millones de euros de los denominados costes directos, en buena parte porque carecen de factura o están indebidamente contabilizados.

ü Amortizaciones. No se aceptan tres millones de euros de costes de amortización porque no cumplían las normas.

ü Salarios. Se rechazan casi tres millones de euros de salarios de sus servicios centrales por no justificarse su labor.

ü Costes indirectos. Trabajo rechaza el sistema de calcular los costes por un mero sistema de atribuirles un porcentaje, lo que supone más de cuatro millones de euros. En total, las irregularidades suman unos 12,8 millones de euros, pero sólo se exigen los seis millones aportados por la UE (Enero 2002).

EL HIJO DEL ALCALDE MANZANO ENVUELTO EN IRREGULARIDADES URBANISTICAS

Ignacio del Río, segundo teniente de alcalde y concejal de Urbanismo, se ve obligado a señalar que respalda la actuación de los funcionarios de la Gerencia Municipal de Urbanismo que abrieron expediente al arquitecto José María Álvarez del Manzano y Miró, hijo del alcalde de la capital, por carecer de licencia para construirse un ático en su vivienda del distrito de Hortaleza. El denunciado debe solicitar el permiso de inmediato tendrá que demoler la azotea. Tanto Álvarez del Manzano y Miró como otros nueve vecinos de su urbanización fueron denunciados por edificar los áticos ilegales por un mesonero al que aquéllos, previamente, obligaron a clausurar el horno de asar de su restaurante, instalado en la planta baja de la urbanización (Enero 2002).

UN INFORME DE LA CÁMARA DE CUENTAS DESVELA 'GRAVES IRREGULARIDADES' EN EL IMEFE

Un informe realizado por la Cámara de Cuentas sobre la gestión del Instituto Madrileño para la Formación y el Empleo (Imefe) en el año 2000 señala que ese organismo cometió graves irregularidades que podrían implicar responsabilidades penales. La actuación del Imefe está en entredicho desde que en enero pasado la oposición denunció la contratación de cursos de formación que no se realizaron. El informe llega apenas dos semanas después de que se conociera que la Unidad Administradora del Fondo Social Europeo reclama al gobierno municipal, del Partido, seis millones de euros ( 1.000 millones de pesetas ) por irregularidades contables. Tanto las conclusiones de esa auditoria como el informe de la Cámara de Cuentas se contradicen con los resultados de la comisión de investigación creada por el Ayuntamiento para aclarar la verosimilitud de las denuncias sobre los falsos cursos del Imefe. Según la Cámara de Cuentas, durante el año 2000 -ese organismo no puede juzgar ejercicios anteriores a su creación- se realizaron cursos por los que se adeudan a algunas empresas más de tres millones de pesetas, pero éstas no acuden cuando son requeridas a cobrar la deuda y justificar el motivo de la misma. Asimismo, en 15 de los 34 cursos estudiados, los alumnos no cumplieron los requisitos exigidos y se desconoce el valor de los bienes inmuebles del instituto, ya que no se inventariaron los bienes adquiridos por leasing y renting (Febrero 2002).

ZAPLANA CONTINUA SU POLÍTICA DE APOYO A LA FAMILIA POPULAR

La abogada Gema Amor, de 28 años e hija del edil benidormense de Cultura, el popular José Amor, tomó posesión del cargo como nueva directora general de la Sociedad Parque Temático de Alicante, la empresa pública creada por el Consell para impulsar la construcción de Terra Mítica, en la que participa con un 15% del capital social. La sociedad pública que preside el empresario Luis Esteban Presidente de la Cámara de Comercio, se ocupa actualmente de algunas de las obras de infraestructura relacionadas con Terra Mítica y de impulsar el ya polémico parque temático de la Ciudad del Cine en Agua Amarga. Hasta su nombramiento al frente de la Sociedad Parque Temático de Alicante, Gema Amor trabajaba como urbanista en la Conselleria de Obras Públicas, y en concreto en temas relacionados con el Plan de Acción Territorial de Alicante y Elche (Mayo 2000).

LOS NEGOCIOS PRIVADOS DEL DIRECTOR DEL INSTITUTO VALENCIANO DE FINANZAS

José Manuel Uncío, director del Instituto Valenciano de Finanzas (IVF), constituyó el pasado mes de enero una sociedad para gestionar de la manera "mas ventajosa" su patrimonio, según sus propias palabras. El IVF, entidad de derecho público, es el instrumento de la política de crédito público del Consell y ejerce las competencias de la Generalitat sobre el sistema financiero. Uncío dirige el IVF desde junio dé 1995 a raíz del ascenso de Eduardo Zaplana, del Partido, a la presidencia de la Generalitat. La sociedad unipersonal que registró en enero tiene como objeto social la compraventa y explotación de fincas y la consultoría de empresas. El cargo de director del IVF requiere -dedicación -exclusiva y es incompatible con cualquier actividad retribuida de carácter público o privado, salvo la administración del propio patrimonio, según la legislación vigente. El propio Uncío sugirió que la "instrumental" persigue una "gestión del patrimonio más ágil" y que fue constituida a raíz de "la enfermedad grave" de un familiar directo. Reiteró que la sociedad no ha registrado ninguna actividad y justificó la ampliación del objeto social a la consultoría de empresas alegando, que "la condición de político no es para toda la vida". El director del IVF, un organismo que distribuye cuantiosas subvenciones y trata con la mayoría de las grandes empresas valencianas, insistió en que ha cumplido la legalidad a rajatabla y que respetará los dos años de carencia cuando abandone el cargo (Junio 2000).

LA DIRECTORA GENERAL Y LAS CONTRATACIONES ILEGALES

La directora general de Servicios Sociales, María Luisa Gracia Jiménez, tuvo a su servicio a una inmigrante armenia sin tener la autorización de la Delegación del Gobierno. Ello implica que presuntamente vulneró la actual normativa sobre contratación de extranjeros, con una acción que está penada con sanciones de uno a diez millones de pesetas. Silva S., una inmigrante armenia nacida en 1940, reconoció que trabajó como empleada doméstica para Gracia durante dos meses y medio. Lo dejó hace alrededor de un mes, explicó, cuando desde Madrid le llegó la notificación oficial de que le denegaban el asilo político que había solicitado cuando llegó a España en febrero de 1999. De acuerdo con los datos, la mujer presentó una solicitud de autorización provisional de trabajo el pasado 17 de abril ante la Delegación del Gobierno en la Comunidad Valenciana, sin que a fecha del último viernes le hubiera sido concedido tal permiso. A pesar de ello, Silva S. admitió que había estado trabajando como doméstica para María Luisa Gracia Jiménez. Se da la circunstancia de que Gracia, como directora general de Servicios Sociales de la Generalitat Valenciana, es la responsable de las política social (Junio 2000).

LAS RESIDENCIAS AMIGAS DE EDUARDO ZAPLANA

El conseller de Bienestar Social, Rafael Blasco, comparece en la comisión de Política Social de las Cortes para informar sobre «la situación de ilegalidad o no» de la residencia de la tercera edad Casa de la Primavera del Campello, en funcionamiento desde 1993 pese a que carece de licencia de apertura y a que en junio de 1999 la conselleria multó con 2,5 millones y decretó su cierre definitivo. Como se recordará, el director de la residencia, Juan Lorenzo Giner, es secretario del Partido del Campello y portavoz municipal, la panadería que provee al centro es propiedad del alcalde, Juan Varó (Octubre 2000).

LA CONSEJERÍA DE ECONOMIA DEL GOBIERNO DE ZAPLANA PAGA VARIOS MILLONES POR INSERTAR NOTICIAS EN LA TV DEL EX ASESOR DEL PROPIO ZAPLANA

La Conselleria de Economía autorizó en junio de este año el pago de 1.972.000 pesetas por la inserción durante un mes de una noticia diaria de divulgación de la labor del departamento que dirige Vicente Rambla en cuatro de los informativos de una televisión local - Valencia TeVe - de la que es consejero delegado Jesús Sánchez Carrascosa, ex asesor del presidente de la Generalitat Eduardo Zaplana. Valencia TeVe es una emisora local de carácter alegal (no se ha desarrollado la concesión de licencias de emisión a televisiones locales) cuyo ámbito de actuación se circunscribe a la ciudad de Valencia (Diciembre 2000).

CONDENA CONFIRMADA PARA EL CONDUCTOR DE ZAPLANA

La Audiencia Provincial de Alicante ha confirmado la sentencia del Juzgado de lo Penal número 7 de Alicante que condenó a Salvador Gil, ex chófer del presidente de la Generalitat, Eduardo Zaplana, y actual responsable de la residencia de invitados ilustres que la Agencia Valenciana de Turismo posee en Calp, a nueve meses de prisión y las accesorias legales por un delito de lesiones. El fallo de la Audiencia, contra el que no cabe recurso, considera probado que hace tres años Salvador Gil y el otro condenado, Santiago L. M., agredieron a un joven en una cafetería de Benidorm y le causaron diversas heridas que le tardaron en curar 46 días, de los que 14 estuvo impedido para sus tareas habituales. Además, el perjudicado, que renunció a ser indemnizado, padece como secuela una «cervicalgia sin irritación branquial a los esfuerzos» (Enero 2001)

LA JUEZA APRECIA «ENCHUFISMO» EN LA CONTRATACIÓN DE LA MUJER DE CERVERA EN PRESIDENCIA DEL CONSELL Y EN IBM

La titular del juzgado de instrucción 18 de Valencia a pesar de archivar la querella presentada contra el ex conseller José Emilio Cervera y Dolores Santos por falta de pruebas, deja clara su opinión de que se produjo «enchufismo y favoritismo» en la contratación de la esposa de Cervera como alto cargo de la multinacional IBM. La magistrada tilda de «sorprendente» que la entidad IBM contratara a una persona que carecía de experiencia profesional en el terreno de la informática e incluso también en el sector de la administración pública. Además, deja en evidencia a la mujer de Cervera. En el currículum que remitió Dolores Santos a la multinacional, un mes antes de su contratación, dijo haber trabajado en las empresas Andersen Consulting, Deustche Bank y en Arcoasa, como auditora de cuentas. No obstante, la jueza hace constar que en el oficio de la Tesorería General de la Seguridad Social sólo constaba haber trabajado un año (1992-1993) en una empresa familiar para después, en diciembre de 1995, figurar de alta en la Generalitat Valenciana, donde desempeñaba el cargo de asesora del presidente. El auto relata que los altos cargos de IBM que declararon en el juzgado indicaron que seleccionaron a Santos entre tres candidatos y que se inclinaron por ella, «especialmente» por el empleo de asesora de Presidencia. «Resulta sorprendente que IBM contrate a una persona por su experiencia en el sector público, ya que su intención era abrirse camino en las administraciones, por lo que se consideró muy ventajoso los conocimientos de la señora Santos como asesora del señor Zaplana». A renglón seguido, la jueza explica que este cargo «se limitaba a llevar su agenda personal, por lo que difícilmente podía aportar muchos datos tanto en la informática, como en el sector público» (Febrero 2001).

EL AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓN RECALIFICA MILES DE METROS DE SUELO INDUSTRIAL DE LA FAMILIA DEL EDIL DE URBANISMO

La familia del concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Castellón, Alberto Fabra, ha visto cómo un terreno de su propiedad, que era industrial, se ha convertido en suelo residencial en el que se pueden construir hasta 60 viviendas por cada 10.000 metros cuadrados. El Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), aprobado por el gobierno popular del que forma parte el propio Fabra, incluye una modificación de la calificación y edificabilidad de los terrenos, ubicados en la zona oeste de la ciudad. Los terrenos están comprendidos en el área colindante a lo que hasta el vigente plan se denominaba PERI 7. El PGOU dividió esta zona en varios sectores dotando a cada uno de ellos unas características particulares (Marzo 2001).

UN EX DIRECTOR GENERAL DE EMPLEO GESTIONA TRES ACADEMIAS QUE OFRECEN CURSOS SUBVENCIONADOS POR LA UE

José Lifante Vidal, director general de Empleo durante un año tras la llegada del Partido Popular a la Generalitat Valenciana, figura como administrador de tres sociedades dedicadas a la formación de parados a través de cursos subvencionados con fondos de formación en parte procedentes del Fondo Social Europeo (FSE). Lifante ejerce desde el 25 de febrero de 2000 como administrador único de la Academia Superior de Ciencias de Inglés e Informática (ASCII), un centro de enseñanza que el año pasado impartió cursos de formación para desempleados y que este año ha solicitado también diversas ayudas con el mismo objetivo. Con domicilio social en la calle del Pintor Baeza de Alicante, ASCII realiza actividades vinculadas a la enseñanza desde 1992 y en su consejo de administración figuraba hasta el año pasado Asunción Sánchez Zaplana, concejala de Acción Social del Ayuntamiento de Alicante por el Partido Popular. Sánchez Zaplana está casada con Ginés Lifante Vidal, diputado de Personal y Régimen Interior de la Diputación de Alicante y coordinador de formación de la ejecutiva provincial del Partido Popular en Alicante y hermano de José Lifante. Asimismo, fue consejera la esposa de este último, María Teresa Baeza, de quien en la actualidad tramita la separación.

El ex director general de Empleo figura también como administrador único de la sociedad limitada Mediterránea de Distribución Net (Medisnet), constituida en junio de 1997 con domicilio social en el mismo edificio que ASCII. Medisnet está registrada como una empresa dedicada a la gestión y desarrollo de programas del Fondo Social Europeo, la formación reglada y no reglada y el desarrollo y comercialización de programas informáticos, según consta en Registro Mercantil de Alicante. Durante los seis primeros meses de actividad, Medisnet tuvo unos ingresos de explotación de algo más de diez millones.

La Dirección General de Formación e Inserción Profesional destinó en 1999 más de 8.100 millones a acciones formativas dirigidas a la mejora de cualificación de desempleados y la reconversión y formación profesional. Las partidas están adscritas al denominado plan FIP y tienen como finalidad desarrollar acciones formativas para la inserción laboral. Parte de esas subvenciones, que se conceden a academias privadas, proceden del Fondo Social Europeo, que en 1999 destinó a la Comunidad Valenciana 1.243 millones de pesetas. Empleo también oferta ayudas con cargo al FSE destinadas a la redacción y ejecución de proyectos basados en las nuevas tecnologías de información y comunicación (Marzo 2001).

LA MUJER DE UN DIRECTOR GENERAL DE LA CONSEJERÍA DE OBRAS PUBLICAS TIENE PARCELAS JUNTO A UN CAMPO DE GOLF ILEGAL

María Teresa Ballester Carreras, esposa de José María García Zarco, director general de Arquitectura y Vivienda, y presidente de Gestión del Suelo de Alicante, organismos pertenecientes a la Conselleria de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes (Coput), tiene, junto a otros familiares, intereses urbanísticos en Algorfa, en la comarca de la Vega Baja, junto al campo de golf construido sin licencia por la empresa Urbanizadora Villamartín, SA, de Antonio Pedrera. La Coput, conocedora de la irregularidad cometida en la construcción del campo de golf, no ha procedido a paralizar ni sancionar, hasta el momento, las obras de esta instalación, basando su actitud en razón de que el Ayuntamiento de Algorfa decretó su presunta paralización. A pesar de ello, la instalación del golf se encuentra prácticamente finalizada. María Teresa Ballester es socia fundadora de la empresa Cucheto, SL, según el Registro Mercantil de Alicante, y adquirió junto a la mercantil Samaguil, SA, de Domingo Alcocer, 2.364.000 metros cuadrados de la finca La Rellana en marzo de 2000, según una nota del Registro de la Propiedad de Torrevieja número uno. Otra finca de más de 100.000 metros cuadrados, la partida de Algorfa, pertenece a Urbanizadora Villamartín, Samaguil, SA, y Cucheto, SL, escriturada en mayo de 2000, según una nota del mismo registro. A partir del año 1998 se inició una importante operación urbanística en Algorfa, justo cuando se redactó la nueva homologación de las normas subsidiarias, pendiente de aprobación por parte de la Coput. Desde esas fechas a la actualidad, cinco millones doscientos setenta y cinco mil metros cuadrados de terrenos han cambiado de propietarios. Esta superficie equivale al 30% de todo el término municipal, que cuenta con 18.000.000 metros cuadrados (Marzo 2001).

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA: EL EDIL DE URBANISMO VOTÓ POR DOS VECES EN EL PLENO SOBRE ASUNTOS QUE LE AFECTABAN


El concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Valencia, Miguel Domínguez, permaneció en el pleno municipal de diciembre de 1999 durante la votación en la que fue aprobada la adjudicación de las obras de un aparcamiento a una empresa que cuenta entre sus accionistas con un hermano suyo. Este es el segundo caso conocido en el que el edil vota favorablemente un asunto que le afecta directamente. El otro, que se votó en marzo de 2000, se refería a una modificación urbanística que afectaba a un solar propiedad de una entidad a la que pertenece el propio Domínguez. El último pleno del Ayuntamiento de Valencia del año 1999 aprobó la adjudicación del proyecto para la construcción y explotación de un aparcamiento subterráneo en la calle de J. J. Dómine a la empresa Construcciones y Estudios, SA (Cyes), en la que trabaja y de la que es accionista Vicente Domínguez, hermano del delegado de Urbanismo, Miguel Domínguez. Éste votó, junto con los demás concejales del Partido Popular, a favor de la adjudicación, según consta en el acta del pleno celebrado el 30 de diciembre de ese año. De esta manera, el edil incumplió la legalidad, ya que la ley de Procedimiento Administrativo obliga a los representantes políticos en las corporaciones a abstenerse en las votaciones de asuntos que les afecten y precisa que esa afección llega hasta el cuarto grado de parentesco. Como se recordará este concejal es reincidente, puesto que ya hizo lo mismo en otro caso que le afectaba junto a otros dos concejales populares. Se trata de la aprobación, en marzo de 2000, de un plan urbanístico en el barrio de El Carmen. La comunidad de bienes Sorell, integrada por Domínguez y los también ediles de Valencia Enrique Pérez Boada y Rafael Ripoll, además del director general de la Policía, Juan Cotino, compró un solar en la plaza de Mossèn Sorell -catalogado como expropiable en el planeamiento urbanístico de 1991- poco antes de que el Ayuntamiento aprobara un plan urbanístico que excluía la parcela del ámbito de actuación. Por otra parte, la oferta con la que la empresa del hermano del edil se presentó al concurso convocado por el Ayuntamiento para adjudicar el proyecto del aparcamiento de J. J. Dómine no era la más adecuada, según consta en el informe elaborado por el servicio de Transortes y Circulación. En el informe, los técnicos alertaban sobre las carencias técnicas y económicas de la oferta presentada por Cyes, que competía por la adjudicación del concurso con la UTE Comsa-Stirling. A pesar de que Comsa ofrecía mejores precios para el alquiler y venta de las plazas de aparcamiento, el concurso fue adjudicado a la empresa del hermano de Domínguez basándose en una cláusula del pliego de condiciones que primaba la aportación que la empresa adjudicataria hiciera a las arcas municipales. Comsa ofrecía pagar al Ayuntamiento el 3,5% de sus ingresos anuales por alquiler de plazas, mientras que Cyes elevaba su aportación al 4% (Abril 2001).

AYUNTAMIENTO DE ORIHUELA: EL FISCAL PIDE CUATRO AÑOS DE PRISIÓN PARA EL EX CONSELLER LUIS FERNANDO CARTAGENA

Cuatro años de prisión es la condena que reclama el fiscal para el ex alcalde de Orihuela por el Partido Popular y ex conseller, Luis Fernando Cartagena, al que acusa de apropiarse de ocho millones de pesetas de un hospital municipal que cerró sus puertas en el año 1993 y cuya gestión estaba a cargo de una congregación religiosa. El ministerio público aprecia que Luis Fernando Cartagena, quien dimitió como conseller de Obras Públicas al estar implicado en otro sumario abierto en la Audiencia Nacional en relación con el caso de las primas únicas del Banco Santander, cometió un presunto delito de malversación de caudales públicos, al apropiarse del dinero y no ingresarlo en las arcas del ayuntamiento. Además, el fiscal imputa a Cartagena otro presunto delito de falsedad, por estimar que son falsas una serie de facturas que aportó al juez con el objetivo de demostrar que el dinero se había invertido finalmente en la rehabilitación de unas viviendas sociales. En este asunto aparece también procesado el empresario Ángel Fenoll, para quien el ministerio público pide otro año de prisión, al atribuirle la elaboración de las facturas que pretendían dar apariencia de legalidad, según considera el fiscal. Durante la investigación en el juzgado, Luis Fernando Cartagena declaró que el dinero se lo entregó al empresario Ángel Fenoll, con el fin de que reparase las viviendas sociales. Se da la circunstancia de que el empresario Ángel Fenoll se enfrenta también a una petición de otro año y medio de prisión por haber presentado un documento supuestamente falso con el fin de obtener una adjudicación municipal en el Ayuntamiento de Dolores. Este caso está aún pendiente de juicio (Mayo 2001).

LA DIPUTADA DEL Partido ENCARNA CERVERA DEBERÁ CUMPLIR UN MES DE SUSPENSIÓN DEL CARGO

La diputada autonómica del Partido condenada por un delito de alzamiento de bienes, Encarna Cervera, aún no ha sido suspendida de su cargo en las Cortes porque el juzgado ignoraba que ostentara un cargo público. La acusada no lo comunicó al juez en ningún momento del proceso y tampoco la sentencia condenatoria ha sido notificada a las Cortes. El titular del juzgado de lo penal número 8 de Valencia explicó, a través del gabinete de prensa del Tribunal Superior de Justicia que la suspensión afecta sólo al arresto de un mes y un día pero no a la pena accesoria de igual tiempo de suspensión de cargo público. Sobre la pena accesoria, el magistrado manifestó a través del TSJ: «Las accesorias ni se suspenden ni se ejecutan porque no hay constancia en el momento de proceder a la suspensión de la condena de que esa persona ostente ningún cargo público.» Cuando se acordó la suspensión de la condena, el juzgado no pudo comunicar a las Cortes Valencianas la ejecución de esa pena porque no le constaba en ninguna parte del procedimiento su condición de diputada. Tampoco la presidencia de las Cortes le ha pedido que abandone su escaño durante un mes porque alega que no tiene notificación. La diputada, que goza de la condición de aforada, tenía derecho a declarar ante un órgano superior, la sala de lo civil y penal del TSJ, pero optó por no hacerlo y ocultar su cargo (Mayo 2001).

EL GOBIERNO DE ZAPLANA Y EL CONTRATO AMIGO A JULIO IGLESIAS: EL Partido VETA INVESTIGAR LOS PAGOS PORQUE SE HACE UN USO «AJENO A LOS INTERESES VALENCIANOS»

El portavoz del Partido en las Cortes, Alejandro Font de Mora, adelanta que su grupo no permitirá que el pleno de la Cámara debata la solicitud de creación de una comisión de investigación sobre los pagos en paraísos fiscales relacionados con el contrato de Julio Iglesias. La junta de portavoces tramitó la petición, de manera que ésta figura en condiciones de ser incluida en el orden del día de un pleno, pero a la salida Font de Mora se apresuró a advertir de que no lo hará nunca debido a que se está haciendo de esta cuestión un uso «excesivo», «tremendista» y «completamente ajeno a los intereses de la Comunidad». Como se recordará, hace unos días se conoció que, al margen de los 375 millones del contrato con Julio Iglesias, la Generalitat pagó, al menos, otros 533, como extras del contrato, a empresas instrumentales radicadas en países fiscalmente opacos (Mayo 2001).

EL AYUNTAMIENTO DE ALICANTE Y SUS RECALIFICACIONES AMIGAS

El equipo de gobierno municipal del Partido ha presentado una modificación del avance del plan general de ordenación urbana (PGOU) a menos de 24 horas de la celebración de la Comisión de Urbanismo que prevé dictaminar la exposición pública de este documento. Entre las modificaciones introducidas destaca la nueva calificación de los terrenos del presidente de la CAM, Vicente Sala, que en la actualidad son rústicos y pasan a ser comercial-terciario, lo que le permitirá instalar en los mismos grandes establecimientos comerciales.

El equipo de gobierno comunicó que existía un nuevo avance del PGOU que modifica y sustituye al actual, pero sin explicar las razones de este cambio y sin ni siquiera señalar las variaciones introducidas. Una de las modificaciones que más llama la atención es la que afecta a la finca de Vicente Sala, ubicada dando frente a la carretera de Valencia, entre Vistahermosa y Santa Faz, cuyo suelo pasa de rústico-no urbanizable a comercial-terciario. Esto significa que el presidente de la CAM podrá destinar sus terrenos a la implantación de grandes supermercados de hasta 2.500 metros cuadrados y establecimientos comerciales de mayor tamaño, lo que disparará el valor del suelo, especialmente si se desarrolla su zona en una única unidad de actuación. Fuentes consultadas señalan que el suelo en zonas comerciales próximas se ha llegado a vender a alrededor de 70.000 pesetas el metro (Mayo 2001).

COLOCADOS A DEDO Y JEFES DE SECCIÓN CONSIGUEN EL 80% DE LAS PLAZAS DE UNA OPOSICIÓN DE LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN


La lista definitiva de aprobados en la oposición para acceder al cuerpo de inspectores de Educación muestra que de 55 plazas, 42 serán ocupadas por inspectores habilitados a dedo por el Partido desde 1996, y otras tres, por dos jefes de servicio y uno de sección. La publicación de las notas del tercer y último ejercicio confirman, las sospechas de que era un traje a medida para colocar a sus amigos'. La consejería se limitó a decir que 'han aprobado los mejores'.

El resultado de la polémica convocatoria de oposiciones para acceder al cuerpo de inspectores, que ha sido recurrida por los sindicatos STEPV y UGT, pone de manifiesto que sólo 10 de los inspectores que entrarán a trabajar en el cuerpo de inspección de la Administración educativa valenciana son profesores que han trabajado hasta la fecha en sus respectivos centros. El resto, es decir el 80% de las plazas consolidadas, estarán ocupadas por 45 funcionarios que, en su mayoría, son amigos, familiares, militantes o compañeros de viaje de cargos del Partido y del Consell. Entre los casos que más críticas suscitaron en la oposición y sindicatos, tras conocerse el funcionamiento digital de la inspección, figuran el hermano de la presidenta de las Cortes Valencianas, Marcela Miró, el cuñado del ex director territorial de Valencia, dos familiares de cargos políticos, concretamente la sobrina del director general de ordenación y el yerno del presidente del Consejo Escolar Valenciano. Todos ellos han sido aprobados (Junio 2001).

EL Partido DE MONÒVER CONTRATA A UN CENTENAR DE AFINES EN DOS AÑOS DE MANDATO

El Partido de Monòver (Vinalopó Mitjà) ha contratado para trabajos relacionados con proyectos del Ayuntamiento a un centenar de personas afines en dos años de mandato, entre ellas familiares directos de concejales y militantes. Entre estas personas se encuentran 3 hijos de concejales, 2 novios de hijas de concejales y 3 sobrinos de concejales, aparte de matrimonios completos de militantes del Partido (Junio 2001).

AYUNTAMIENTO DE ALICANTE. DIETAS A LA CARTA PARA EL ALCALDE

Aguas Municipalizadas de Alicante (AMAEM) y Empresa Mixta de Aguas Residuales, SA (EMARASA), mercantiles participadas al 50% por el Ayuntamiento de Alicante y por su socio privado Aguas de Levante, cambiarán sus estatutos para que el alcalde, el popular Luis Díaz Alperi, que preside los consejos de administración de ambas sociedades, y los concejales que participan en dicho órgano puedan seguir cobrando de las empresas a pesar de ingresar ya su sueldo por su dedicación exclusiva en el Consistorio. Alperi recibe al año de ambas empresas cerca de tres millones de pesetas, que unidos a su sueldo de alcalde (más de 11 millones) le convierten en uno de los políticos mejor pagados de España (Junio 2001).

DOS ADJUDICATARIAS DE GERIÁTRICOS SE CREARON DESPUÉS DE QUE SE PUBLICARA EL CONCURSO

Dos de las empresas elegidas por Bienestar Social para construir y gestionar siete de los 73 centros proyectados se constituyeron después de que se publicara el concurso (8 de febrero de este año). Una de estas firmas, Instituto Geriátrico del Mediterráneo, SL, se creó sólo unos días antes de que se abrieran las plicas con las ofertas. Ello no ha sido óbice para que se queden seis centros. Dos sociedades que han obtenido la adjudicación de varias residencias de la tercera edad en el reciente concurso de la Conselleria de Bienestar Social para la creación de 9.000 nuevas plazas geriátricas se constituyeron después de la publicación del pliego de condiciones y sólo unos días antes de que se abrieran las plicas con las diferentes ofertas. El caso más llamativo es el de Instituto Geriátrico Mediterráneo, SL, una compañía de Alicante que se constituyó, según datos del Registro Mercantil, el 6 de marzo de este mismo año. El pliego de condiciones del contrato tiene fecha del 5 de febrero y el concurso fue anunciado públicamente en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) el 8 de ese mes. Bienestar Social dio un plazo de 30 días naturales a las empresas para la presentación de las ofertas, que vencía el 10 de marzo. Así pues, la mercantil se creó sólo unos días antes de que se cumpliera esa fecha. Ello no ha sido impedimento para que reciba adjudicaciones en dos de las tres zonas a las que se presentaba, siempre en unión temporal de empresas (UTE) con la constructora madrileña Silver Eagle de Obras y Promociones, SL. La entidad levantará y gestionará los geriátricos proyectados por la Generalitat en Castalla, Almoradí, Guardamar del Segura, Orihuela, Pilar de la Horadada y Torrevieja. La capacidad de todos ellos es de 605 plazas (Junio 2001).

EL CONSELL MANTIENE EN EL NIVEL ADMINISTRATIVO MÁS ALTO A 125 FUNCIONARIOS COLOCADOS 'A DEDO'

La precariedad laboral en el seno de la Administración autonómica tiene dos caras. Por un lado, empleados interinos cubren miles de plazas de docentes o técnicos sanitarios que nunca han salido a concurso. Por otro, un selecto grupo de empleados en precario ocupan plazas del más alto nivel administrativo en razón de la confianza de sus superiores políticos. Al menos 125 interinos ocupan plazas del grupo A en la Administración autonómica por designación directa en puestos por encima del nivel básico y por un plazo de tiempo superior al establecido por ley (Junio 2001).

EL GOBIERNO DE EDUARDO $ ZAPLANA ADJUDICA LA CONSTRUCCIÓN DE TRES GERIÁTRICOS AL MARIDO DE LA MINISTRA DE EDUCACIÓN

La Generalitat Valenciana ha adjudicado tres geriátricos a un socio del marido de la ministra de Educación y Cultura, el diputado del Partido Guillermo Cortázar. Éste tiene una empresa con el apoderado de la firma que construirá residencias de ancianos en Castellón, Valencia y Benicàssim. La resolución del concurso para la gestión de estos centros concluyó con la adjudicación de tres geriátricos de 140 plazas cada uno a Inversiones Financieras Cualificadas, SL, una firma de la que es apoderado un socio del parlamentario del Partido y marido de la ministra Pilar del Castillo.


Cortázar, que también es secretario ejecutivo del área de Análisis y Documentación del Partido, figura como administrador, desde el pasado 23 de octubre, de Planificación y Desarrollo Valenciano, SL, junto con el notario Joaquín Serrano Yuste. Esta empresa está participada por Desarrollo Empresarial Valenciano, SL, que es a su vez es la única accionista, según el Registro Mercantil, de Inversiones Financieras Cualificadas, la entidad que ha recibido del Gobierno valenciano la concesión de las tres residencias para mayores (Julio 2001).

LOS VIAJES EN UN YATE AMIGO DE EDUARDO $ ZAPLANA

La Clínica Salus de Benidorm no sólo tiene por patrimonio camas y tecnología sanitaria. Un yate de cerca de 18 metros de eslora está registrado a nombre del centro sanitario concertado. La embarcación, un Fairline Squadron matriculado en 1998 que lleva el nombre de Nacavi y cuyo precio en el mercado podría alcanzar los cien millones de pesetas, está amarrada en el puerto deportivo de la Vila Joiosa. Sobre su puente, el propietario de la clínica de Benidorm, Carlos Paz Figueroa, ha tenido ocasión de compartir días de navegación con invitados de lujo.

El mismo presidente de la Generalitat Valenciana, Eduardo Zaplana, ha tenido la oportunidad de surcar las aguas del Mediterráneo en el barco de Paz. En algunas ocasiones incluso ha coincidido con el ministro de Medio Ambiente y ex presidente de Baleares, Jaume Matas, en bellas calas de Ibiza y Formentera. Zaplana no esconde su afición a la navegación. En travesías de menor distancia sale al mar con Les Dunes, una embarcación registrada a nombre de Promociones Les Dunes, la empresa de la familia de su mujer Rosa Barceló y que tiene amarre también en el puerto deportivo de la Vila Joiosa. La relación de Zaplana con Carlos Paz, administrador en la asamblea territorial de la CAM a propuesta del Partido Popular, es estrecha. La hermana del jefe del Consell trabajó en la clínica de Benidorm, centro al que el propio presidente acudió para ser sometido a una operación de apendicitis hace algo más de un año (Septiembre 2001).

LA CONSEJERÍA DE SANIDAD BENEFICIA A UN HOSPITAL DE BENIDORM AL IMPEDIR CONSTRUIR OTRO

En un año, los motivos que llevaron a Sanidad a prohibir la construcción de un nuevo hospital en Benidorm no han impedido que la misma consejería autorizara la ampliación del único centro hospitalario existente. Mientras el departamento que dirige Serafín Castellano cerró el camino a la apertura del nuevo centro en septiembre de 2000 al considerar que la oferta asistencial ya estaba cubierta, en julio de este año sí permitió la ampliación de la Clínica Benidorm. A ello se añade el hecho de que el permiso de la consejería para aumentar los servicios fue tramitado con posterioridad a la solicitud de ampliación.

Sanidad rechazó de pleno en septiembre de 2000 la solicitud de la firma Hospimar 2000 de construir un centro en Benidorm. Entonces, los argumentos que sostuvo la Agencia para la Calidad, Evaluación y Modernización de los Servicios Asistenciales fueron que la ciudad no necesitaba nuevas camas hospitalarias. Un nuevo centro, apuntó Sanidad, se traduciría en un exceso de oferta, ya que se sobrepasarían los ratios de cama por paciente recomendados, entre 2 y 3 camas por 1.000 habitantes. Este motivo también fue alegado por quien sería el máximo perjudicado si el nuevo centro veía la luz: la Clínica de Benidorm. Este centro privado, el único con capacidad de hospitalización, admitió en el expediente de alegaciones que la clínica no sobrepasaba una ocupación media superior al 50% de su capacidad, por lo que, señalaban en el escrito, un nuevo hospital no tendría cabida en Benidorm ante la falta de demanda. Las cifras de ocupación facilitadas por los impulsores del nuevo centro 'son utópicas e irreales' señalaban en las alegaciones, e 'indican la falta de madurez técnica y experiencia en el sector de los promotores del proyecto'. Diez meses más tarde, las razones que bloquearon la apertura de un nuevo hospital desaparecieron de un plumazo. Al menos, no sirvieron para frenar la autorización de la ampliación de la Clínica de Benidorm. La consejería que dirige Serafín Castellano aprobó el aumento de camas solicitado por el mismo hospital que se opuso a la construcción de un nuevo centro en la localidad turística por entender que sobraban camas y pese a reconocer que funcionaba a medio gas. En una resolución del 12 de julio pasado, la directora general de la Agencia, Rosa Roca, concedió 'autorización administrativa previa' al Centro Médico Salus Baleares, empresa de la que depende la Clínica Benidorm.

Por su parte se ha conocido que el Ayuntamiento de Benidorm, presidido por el popular Vicente Pérez Devesa, autorizó el 18 de junio el proyecto básico para la ampliación de los quirófanos de la Clínica Benidorm, pero lo hizo sin los pertinentes informes técnicos ni jurídicos, que en aquel momento no se encontraban sobre la mesa de la comisión que dio el visto bueno al proyecto. El propio edil de Urbanismo, Antonio Botella, admitió que el trámite fue irregular, ya que según las normas urbanísticas la clínica no se puede ampliar (Septiembre 2001).

LA ALCADESA DE VALENCIA Y LAS ADJUDICACIONES AMIGAS:

7.293 millones de pesetas en inversiones a dedo, sin autorización y sin fiscalización: El Ayuntamiento de Valencia ejecutó el año pasado el 46,1% de sus inversiones (7.293 de los 15.831 millones totales) a través de contratistas municipales sin contrastar precios en el mercado y sin prever las condiciones de las posibles desviaciones en la ejecución de los proyectos. Así se pone de manifiesto en la auditoría del año 2000 realizada por la Intervención general, que asegura que el equipo de gobierno del Partido 'realizó gastos sin autorización, disposición, ni fiscalización previa' y que a posteriori se aprobaron por acuerdo municipal con el reparo de la Intervención de la Corporación. La auditoría de las cuentas del Ayuntamiento de Valencia recalca que el capítulo con mayor número de irregularidades ['observaciones significativas'] es el de inversiones, ya que una cuarta parte de los expedientes (por importe de 5.200 millones de gasto) tenían deficiencias. El informe pone en evidencia la falta de mecanismos de control y destaca el sobrecoste, no cuantificado en la auditoría, del plan de aceras de 1993 porque la Corporación no aplicó una cláusula que fijaba un factor corrector en los pagos de los intereses en función de los tipos de interés respecto al momento de la licitación. Además cita otros casos como la adjudicación sin disponibilidad de terrenos, modificados sin supervisión previa o partidas sin justificar (Septiembre 2001).

La mitad de las inversiones se adjudican a un reducido grupo de nueve empresas. La mayoría de los beneficiados tiene contratas municipales y logra encargos sin concurso: El Ayuntamiento de Valencia, que preside la popular Rita Barberá, adjudicó casi la mitad de sus inversiones en el primer semestre del año (que sumaron 20.631 millones de pesetas) a un reducido grupo de nueve empresas. La mayoría de estas firmas gestiona importantes contratas o concesiones municipales por las que recibe cuantiosos ingresos. La última auditoría realizada a las cuentas municipales y correspondiente al año 2000 advierte del escaso control existente en las inversiones municipales, que se adjudican sin concurso ni publicidad. El análisis de los estadillos contables del Ayuntamiento de Valencia hasta el primer semestre del año permite establecer con claridad qué firmas se llevan la parte del león de las inversiones municipales. Servicios y Contratas Prieto, SA (Secopsa), propiedad de los hermanos Prieto, logró contratos municipales por importe de 2.584 millones de pesetas sólo en el primer semestre del año. Las empresas de los hermanos Prieto (Secopsa, Prieto, SA y Macepsa) ostentan, además, las contratas de limpieza y vallado de terrenos, mantenimiento de los edificios municipales y de los centros escolares de la ciudad. Tras Secopsa, las grandes constructoras Necso y Dragados fueron las más beneficiadas en el reparto de las inversiones municipales. La primera logró obras por un valor inicial de 1.713 millones en seis meses y la segunda, que tiene una contrata para obras de urbanización, consiguió contratos por valor de 1.229 millones de pesetas. Aguas de Valencia, la concesionaria del servicio de suministro de agua potable, logró que el equipo de gobierno municipal le contratase entre enero y junio un total de 1.251 millones de pesetas en inversiones cuando sólo faltan unos pocos meses para que expire la concesión actual. Las concesionarias de las contratas de la basura, limpieza de calles y jardines -FCC, que se ocupa del norte de la ciudad; y Sociedad de Agricultores de la Vega (SAV), que se ocupa de la sur-; del alumbrado -Imes en la zona sur y Etralux en la zona norte- y del asfaltado de calles -Pavasal- se colocaron en un segundo escalón en el reparto de las inversiones. En los seis primeros meses, FCC logró contratos de inversión por valor de 337 millones; SAV, 328; Imes, 326; Etralux, 179 más otros 72 obtenidos por la firma matriz Etra; y Pavasal, 660 millones (Septiembre 2001).

EL PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CASTELLÓN, HA COBRADO 768.000 PESETAS POR ASISTIR SÓLO SIETE HORAS A PLENOS MUNICIPALES

Carlos Fabra cobra un salario anual de 12 millones como presidente de la Diputación provincial de Castellón. Y combina su dedicación exclusiva con su actividad privada como agente de seguros. Pero no renuncia a las 32.000 pesetas que le reporta la asistencia a los plenos municipales como concejal de la capital de La Plana. Durante la presente legislatura, Fabra ha ingresado 768.000 pesetas como concejal por algo más de siete horas y media de presencia en los plenarios de la corporación municipal. Sus 'visitas' al Ayuntamiento le han reportado a Fabra en esta legislatura 768.000 pesetas que, si se dividen por los minutos de asistencia, arrojan un saldo de 1.673 pesetas por minuto de presencia en los plenos municipales. Es decir, 100.380 pesetas por hora. La frugal presencia del presidente de la Diputación de Castellón y concejal del Ayuntamiento de la capital de La Plana, Carlos Fabra, en los plenos municipales se ha convertido en algo más que habitual. Fabra no siempre asiste a las sesiones plenarias locales y, cuando lo hace, nunca se queda hasta el final. La mayoría absoluta que ostenta el Partido en Castellón permite que, en raras ocasiones, su presencia sea necesaria para sacar adelante una votación. Quizá por ello, Fabra llega al Ayuntamiento y, poco después, se va. En cualquier caso, la asistencia a los plenos, sea cual sea su duración, conlleva el cobro de 32.000 pesetas por pleno. Desde que inició la legislatura y hasta el 26 de julio, Fabra ha estado en el salón de plenos 459 minutos en total. Es decir, 7 horas y media. La acumulación de cargos institucionales es algo contra lo que el Partido pretende o dice luchar. Sin embargo hay casos en los que la 'sobrecarga' de puestos es tanta que resulta complicado discernir en calidad de qué habla el interlocutor. Los diputados provinciales tienen que ser concejales de alguno de los ayuntamientos de la provincia a la que pertenecen. Fabra ejerce, poco, en Castellón. Además, ocupa puestos en varios consejos de administración al margen de su cargo orgánico en el Partido Popular, que preside en la provincia de Castellón.

La acumulación de trabajo externos puede ser uno de los motivos por los que Fabra 'acorta' su presencia en los plenos municipales. El hecho es que las 34 sesiones celebradas en esta legislatura en la capital de La Plana han tenido una duración media de cerca de 90 minutos de los que Fabra permanece, como media, 22. De esas 34 convocatorias, ha dejado de ir al Ayuntamiento en 13 ocasiones, mientras que, de las restantes, sólo en un caso permaneció en el consistorio desde el principio hasta el final de la sesión plenaria. Fue el pasado 30 de noviembre, durante un pleno que duró cinco minutos. Su tiempo máximo de permanencia en un pleno en la presente legislatura es de 60 minutos, hecho ocurrido el 28 de octubre de 1999, durante una sesión que duró más de tres horas. Fabra suele ser puntual. Pero también ha habido casos en los que ha llegado tarde y se ha ido diez minutos después, como ocurrió, según indica el acta de sesiones correspondiente, el pasado 22 de febrero. El paso por el Consistorio durante este año ha ido acortándose y desde el pleno de enero, en el que estuvo durante 20 minutos, ha estado en el Ayuntamiento poco más de media hora. La media baja porque no asistió a las sesiones celebradas en marzo, abril, mayo y julio, según consta en las actas. Otra cosa es la compatibilidad de su dedicación exclusiva a la Diputación provincial con su actividad privada como agente de seguros, que el Partido apoyó en su día para que sus clientes no se sintieran abandonados (Septiembre 2001).

ZAPLANA Y LOS CONTRATOS AMIGOS: DENUNCIAN 77 CASOS, DE LOS QUE 14 CORRESPONDEN A FAMILIARES DE ALTOS CARGOS

La junta de personal denuncia que a lo largo de los años la Generalitat Valenciana ha nombrado diversas personas como interinos de urgencia «prescindiendo absolutamente del principio de publicidad», y por lo tanto, «sin atender los principios de igualdad, mérito y capacidad». En este sentido, informa a la Administración de la existencia de una reciente sentencia de la sala contenciosa administrativas del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana que anula la contratación de los tres responsables en los servicios jurídicos de la Generalitat Valenciana tanto en la provincia de Alicante como en la de Valencia.

Este fallo considera ilegales los nombramientos porque no se respetaron los principios de publicidad e igualdad ante la ley. No hubo convocatoria pública para seleccionar a los mejores aspirantes para los puestos cubiertos de forma interina, ya que el Consell tan sólo llevó a cabo una entrevista personal. La junta de personal alude al artículo 110 de la ley 29/1998 reguladora de la jurisdicción contencioso administrativa que obliga a la Administración «a extender a otras personas los efectos de una sentencia firme que, en materia de personal, reconozca situaciones jurídicas individualizadas». Así las cosas, la junta de personal solicita la extensión de la sentencia a los 77 interinos, que deben «cesar en los puestos de trabajo que ocupan».

El listado de «interinos de urgencia» afecta a todas las conselleries de la Generalitat, en especial a los departamentos de Presidencia, Cultura y Educación que concentran 43 de los 77 nombramientos recurridos. La junta identifica con nombres y apellidos a los interinos, el número de puesto que ocupan, así como su denominación. En su mayoría, se trata de puestos de jefatura, asesores o técnicos.

Por consellerias, Industria cuenta con seis contratados «a dedo» Bienestar Social, diez; Cultura y Educación, 18; Presidencia, 23; Sanidad, siete; Medio Ambiente, uno; Justicia y Administraciones Públicas, uno; Agricultura y Pesca, uno; y Economía, diez. Al menos 14 de los interinos de urgencia guardan relación familiar con cargos del Partido, entre ellos el conseller de Sanidad, Serafín Castellano o el diputado Luis Concepción; o con altos funcionarios de la Administración, sobre todo en el ámbito de los interventores (Octubre 2001).

EL Partido USA SU MAYORÍA EN EL PARLAMENTO REGIONAL PARA IMPEDIR QUE EL CONSEJERO DE OBRAS PUBLICAS ACLARE POR QUÉ CONSTRUYÓ SU CASA SIN LICENCIA

El grupo popular de las Cortes usa su mayoría absoluta para vetar la tramitación de sendas peticiones de comparecencia presentadas por los grupos de la Oposición para que el máximo responsable de Obras Públicas, José Ramón García Antón, dé explicaciones sobre la construcción en Sant Vicent del Raspeig, sin la preceptiva licencia municipal, de su vivienda y la de su esposa, Luisa Pastor, elegida recientemente alcaldesa de la localidad merced a una moción de censura con tránsfugas socialistas. En la reunión, el Partido justificó el bloqueo de las iniciativas, perfectamente reglamentarias, en que no iba a favorecer «un proceso de criminalización» del conseller. Rafael Maluenda, portavoz popular adjunto, comentó en pasillos que la oposición pretende crear una «alarma social inexistente e injusta» (Noviembre 2001).

UN JUEZ IMPUTA AL ALCALDE DE ALGORFA TRÁFICO DE INFLUENCIAS POR RECALIFICAR SUELO A UN PROMOTOR

El alcalde de Algorfa (La Vega Baja), Antonio Lorenzo, del Partido, el promotor Antonio Pedrera y el abogado de éste, Rafael Martínez Campillo, han sido citados por el Juzgado número 4 de Orihuela para declarar como imputados por los supuestos delitos de tráfico de influencias, contra la ordenación del territorio, prevaricación y coacciones, derivados de la recalificación de casi tres millones de metros cuadrados de suelo rústico, donde ya hay un campo de golf ilegal, para levantar una macrourbanización. La investigación partió de una orden de la Fiscalía Anticorrupción. La futura macrourbanización, con capacidad para 47.000 residentes - Algorfa apenas cuenta con 3.000 habitantes-, se levantará en la partida La Rellana, a unos tres kilómetros del casco urbano de la población. Los terrenos (2.807.000 metros cuadrados) son propiedad de la Mercantil Urbanizadora Villamartín SA, del promotor Antonio Pedrera. En estos terrenos, la promotora ya ha construido un campo de golf que carece de licencias (Noviembre 2001).

DOS EMPRESARIOS CONTROLAN CON EL BENEPLÁCITO DEL Partido LAS BASURAS Y EL URBANISMO EN LA VEGA BAJA

Dos empresarios, Ángel Fenoll, militante del Partido y condenado por delito electoral, y Antonio Pedrera, ex concejal franquista e imputado en un caso de tráfico de influencias, acaparan, con el beneplácito del Partido, las contratas de basuras y la promoción urbanística, respectivamente, en la comarca de La Vega Baja. Un juez ya consideró probado que la adjudicación de la recogida de basuras a Fenoll constituyó un caso de corrupción y otro investiga ahora al promotor Pedrera y al alcalde de Algorfa, Antonio Lorenzo, por supuesto tráfico de influencias en una recalificación de terrenos.

Ángel Fenoll controla el servicio de recogida de basuras de 19 municipios, la mayoría de la Vega Baja, a través de la mercantil Colsur SL, firma de la que es administrador único. El empresario también es administrador único de la mercantil Proambiente SL, empresa propietaria de los vertederos ubicados en las pedanías oriolanas de Torremendo y La Murada. Las dos instalaciones cuenta con la oposición de los residentes, hasta el punto de que el de Torremendo no ha sido operativo porque los vecinos han bloqueado, día y noche, el acceso de los camiones. El Ayuntamiento de Orihuela concedió licencia hace una semana al de Torremendo, 'por imperativo legal', según precisa el alcalde, José Manuel Medina. La legalidad del segundo tampoco está resuelta a causa de un conflicto de lindes. Fenoll mantiene que cuenta con permisos de Abanilla (Murcia) porque, según él, el vertedero pertenece a ese término municipal. Este extremo es rechazado por un sentencia judicial, que asegura que la instalación está ubicada en Orihuela. Ambos vertederos están, varios años más tarde, incluidos en el proyecto del plan zonal de residuos sólidos de la Diputación de Alicante.

La vinculación política de Fenoll con el Partido es rotunda: un juez le envío una citación a la sede del partido en Orihuela al desconocer su domicilio. El ascenso empresarial de Fenoll comienza en 1987 con la llegada a la alcaldía de Orihuela del ex titular de Obras Públicas, Luis Fernando Cartagena, quien le adjudicó directamente y sin concurso la contrata de la recogida de basuras en la playa y pedanías de la población. Desde entonces, Fenoll, además de acumular condenas judiciales, comienza a acaparar las adjudicaciones de las contratas de basuras de los diversos municipios, la mayoría gobernados por el Partido. Y para el tratamiento de residuos construye las dos mentadas plantas de Torremendo y La Murada, uno de cuyos alcaldes pedáneos, José Sigüenza, a su vez concejal de Basuras del Ayuntamiento, está íntimamente ligado a Fenoll. En el apartado judicial, Fenoll fue condenado por delito electoral por el Juzgado número cuatro de Orihuela, sentencia ratificada en 1995 por la Audiencia de Alicante. El tribunal consideró probado que en las elecciones municipales de 1991, el empresario compró los votos por correo a una serie de vecinos a cambio de 35.000 pesetas. Más adelante Fenoll fue detenido y condenado por tenencia ilícita de armas. Además, el empresario también está imputado en otra causa que afecta al ex alcadde Luis Fernando Cartagena: el destino de 8 millones que una congregación religiosa donó al Ayuntamiento.

El imparable ascenso de Fenoll y sus disputas con su socio, propiciaron la crisis política del Partido de Orihuela, que acabó con la escisión del grupo y la creación del Partido Centro Liberal. Uno de estos ediles, Miguel Ángel Robles Rubio, denunció públicamente una supuesta trama de corrupción política de alcaldes del Partido que beneficiaba directamente a Fenoll. Éste se querelló por calumnias e injurias contra el concejal, que fue absuelto.

El promotor Antonio Pedrera, que integró la última corporación franquista de Orihuela, comenzó a finales de los ochenta una imparable actividad urbanística que le ha llevado a convertirse en primer constructor de la costa de La Vega Baja, especialmente en la playa de Orihuela. A través de la mercantil Urbanizadora Villamartín SA, el constructor ha promovido múltiples urbanizaciones a la sombra de otros tantos campos de golf.

En una de sus últimas actuaciones, Pedrera se ha topado con el fiscal de Medio Ambiente de Alicante. Éste acusa al empresario, su abogado y el alcalde de Algorfa, Antonio Lorenzo, del Partido, de supuesto tráfico de influencias, a raíz de la recalificación de casi tres millones de metros cuadrados de suelo rústico, donde ya hay campo de golf. En este caso subyace un conflicto de lindes. El denunciante, otro propietario de terrenos en la misma zona, ha sido excluido de la recalificación alegando que ese suelo pertenece al término municipal de Almoradí (Diciembre 2001).

LA COMUNIDAD VALENCIANA Y LA AYUDA A LA FAMILIA MÁS POPULAR

La presidenta del Partido en el distrito de Abastos ( valencia ), Lucía Esteban Villarroya, tiene a sus cuatro hijos empleados en la Administración pública valenciana. Dos de ellos trabajan en el Ayuntamiento de Valencia, un tercero en la Conselleria de Economía y el cuarto en la Diputación. Lucía Esteban acaba de ser elegida, a propuesta del Partido, nueva consejera de Bancaja. Las políticas de creación de empleo del Partido continúan siendo un éxito. Las tasas de desempleo se han reducido de forma importante, y en algunos casos, hasta espectacular. Este podría ser el caso de Lucía Esteban, una dirigente local del Partido de Valencia. Esteban, que ocupa este puesto desde hace casi 10 años, ha tenido la suerte de tener a sus cuatro hijos trabajando para la Administración pública en sus distintas modalidades: local, provincial y autonómica. Como es sabido, en las tres administraciones referidas el Partido dispone de mayoría.

AYUNTAMIENTO DE ALICANTE: UN MIEMBRO DE UN TRIBUNAL OPOSITOR CONFIESA HABER RECIBIDO PRESIONES PARA SUBIR LA NOTA A UNA ASPIRANTE

CC OO, UGT y el Sindicato Profesional de Policías Locales y Bomberos (SPartidoLB) denuncian el 'amaño' de seis oposiciones de funcionarios al Ayuntamiento de Alicante, que gobierna el Partido. Según los sindicatos denunciantes, miembros de los tribunales han filtrado exámenes y han vulnerado la ley al no abstenerse en la evaluación de opositores estrechamente vinculados a ellos. Los tres sindicatos denunciantes solicitaron oficialmente la nulidad de seis procedimientos de selección de personal funcionario del Ayuntamiento de Alicante tras constatar que 'las pruebas estaban amañadas'. Según CC OO, UGT y SPartidoLB, de las 32 plazas a cubrir, más de la mitad las han ganado personas relacionadas 'estrechamente' con miembros del Sindicato de Trabajadores de la Administración (STA) que integraban el tribunal calificador.

Según los denunciantes, el secretario general de la sección sindical de STA, Fernando Aldave, participó en el tribunal que evaluó los méritos de los aspirantes a seis plazas de oficial de archivo y bibliotecas pese a que a la prueba se presentó (y aprobó) una de las profesoras de la academia conveniada con el STA para preparar oposiciones.

Un miembro del tribunal en la convocatoria para tres plazas de conserje, José María Navarro Lifante, no se abstuvo de calificar los méritos de la esposa y de la hija de su compañero de despacho profesional, según la denuncia de los sindicatos. En la convocatoria de seis plazas de ayudante de servicios varios, un miembro suplente del tribunal, José Vicente Gómez Carrascosa, confeccionó un temario específico que entregó a Mariano Postigo, responsable autonómico del STA, como manual para enseñar a los opositores de la academia conveniada con dicho sindicato. Todas las preguntas del segundo y tercer ejercicio de la prueba coincidían con las del temario que enseñaba la academia. Nunca un opositor al Ayuntamiento de Alicante ha obtenido tan buenas notas como en una de las pruebas de la última remesa: tres dieces. En las pruebas de selección de seis plazas de ayudante de asistencia interna y ceremonial 'se filtró' el último ejercicio a 14 opositores. Éstos, según los denunciantes, salieron del examen con la planilla de corrección que el tribunal utilizó para la evaluación de las pruebas. Tampoco en los 14 años que lleva el Ayuntamiento aplicando la norma estatal o autonómica en el proceso de selección de personal se han registrado tantas reclamaciones y quejas como ahora por parte de los opositores. Un miembro del tribunal que calificó los méritos de los aspirantes a tres plazas de conserje en el Ayuntamiento de Alicante ha confesado que recibió presiones de otro integrante del jurado para subir la nota a una de las aspirantes que, con una calificación de 5,5 puntos, había quedado fuera de los primeros puestos. Otros opositores han asegurado que recibieron información en la academia concertada con el Sindicato de Trabajadores de la Administración (STA) sobre unas preguntas -tipos de extintores y señalización de seguridad- que iban a poner en los exámenes, y que efectivamente se preguntaron (Diciembre 2001).

LA FIRMA DEL ASESOR DEL VICEPRESIDENTE DE LA GENERALITAD RIPOLL HIZO EL ESTUDIO DEL PLAN PARA DISCAPACITADOS DEL AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓ

El Ayuntamiento de Castelló encargó a una de las empresas que administra Eduardo Ovejero Adelantado, ex subsecretario de Bienestar Social y actual asesor del vicepresidente segundo del Consell, José Joaquín Ripoll, un informe técnico sobre propuestas de contenido del plan de acción municipal para personas con discapacidad (2002-2005). En concreto la concejalía de servicios sociales de Castelló encomendó el estudio a Consultora Social 2000, SL, a la que califica como una «entidad especializada en estudios y planificación de proyectos sociales». Consultora Social 2000 es una de las tres empresas que Ovejero constituyó después de dejar su cargo de número dos en la Conselleria de Bienestar Social tras las elecciones autonómicas de junio de 1999. Se da la circunstancia de que la edila de Servicios Sociales de Castellón, la popular Marisol Linares, compagina su puesto en el ayuntamiento con el de directora territorial de Bienestar Social, cargo que ya ocupaba en la pasada legislatura cuando Ovejero era el subsecretario. En su calidad de ex subsecretario, Ovejero estaba sujeto a la ley de incompatibilidad de altos cargos que impide a éstos durante los dos años posteriores a su cese participar en actividades privadas relacionadas con las competencias del cargo ocupado. La ley prohíbe también por el citado período «celebrar contratos de asistencia técnica, de servicios, o similares, con las empresas de Administraciones Públicas». El objeto social de las tres firmas administradas por Ovejero está relacionado directamente con el área que gestionó en la conselleria (Enero 2002).

EL FISCAL PIDE CÁRCEL AL EX ALCALDE DE DOLORES POR MALVERSAR FONDOS

El fiscal solicita 21 meses de prisión para Antonio Ruiz Meroño, ex alcalde de Dolores, del Partido, por el uso indebido de la tarjeta Visa del Ayuntamiento, en concreto por efectuar pagos en un club de alterne. El ministerio público, en su escrito de calificación provisional, acusa al ex primer edil de esta población de La Vega Baja de un delito de malversación de caudales públicos y pide una indemnización de 601 euros (100.000 pesetas), cifra similar a la cantidad sustraída de fondos públicos, y 21 meses de inhabilitación. Los hechos ocurrieron el 22 de octubre de 1998. Las dos disposiciones que realizó en el prostíbulo quedaron grabadas en los ordenadores de las dos entidades bancarias con las que opera el Ayuntamiento de Dolores, el antiguo Banco de Alicante y la Caja Rural Central, respectivamente. El primer cargo con la Visa municipal, de 105 euros (17.400 pesetas), se registró a las 13.01 horas de la madrugada y el segundo, de 493 euros (82.000 pesetas), se cargó a las 3.56 horas (Enero 2002).

EL AYUNTAMIENTO CASTELLÓN URBANIZARÁ UN ÁREA EN LA QUE TIENEN INTERESES EL ALCALDE Y EL EDIL DE URBANISMO

El alcalde de Castellón, José Luis Gimeno, y su concejal de Urbanismo, Alberto Fabra, están relacionados con la urbanización de 60.000 metros cuadrados en aquella ciudad. Gimeno, junto con su hermano, es el titular de una de las parcelas afectadas, mientras que Fabra es yerno de una de las propietarias. Además, un hijo del alcalde trabaja como abogado para el grupo de Vistamar, empresa a la que el gobierno municipal propone para ejecutar la urbanización, a pesar de que presentó su proyecto fuera de plazo. El Partido desestimó otra propuesta presentada por varios vecinos. Tal como admiten los propios servicios municipales, la segunda propuesta de urbanización de Vistamar, la que se pretende aprobar, llegó un día después de que culminara el plazo y lo mismo pasó con la propuesta económico-jurídica (Febrero 2002).

MONTERÍA 'POPULAR' EN SIERRA MARIOLA

José María Rubio, diputado provincial de Medio Ambiente y cazador vocacional, reconoce que, al menos en una ocasión, participó en una cacería en una finca propiedad de la Diputación de Alicante, ubicada en pleno corazón del paraje natural de Sierra Mariola. El político cazador admitió, además, que en la batida en pos de los jabalíes de Sierra Mariola, estuvo acompañado por otros dos colegas, los ex diputados provinciales Antonio Botella y Pedro Barrio.

La confesión del diputado provincial del Partido se produjo en el pleno de la Corporación provincial. Rubio comenzó por negar la mayor: 'Es falso y mentira que yo haya participado en cacerías celebradas en fincas propiedad de la Diputación', dijo. 'La noticia es otro montaje más', apostilló. Tras reconocer su afición a la caza ['no creo que ésto sea un delito', precisó], Rubio justificó la compra de fincas rústicas, que ha llevado a la Diputación a acumular casi medio millón de metros cuadrados, la mayor parte concentrada en la comarca del Vinalopó, circunscripción electoral a la que pertenece el diputado: 'Sí, es cierto que hemos comprado fincas, pero todas las operaciones han pasado por el pleno', explicó. El objetivo de las adquisiciones, según José María Rubio, es inequívoco: 'Fomentar proyectos medioambientales, como reforestación, recuperación de la fauna y selvicultura'. El Presidente de la Diputación, preguntó: '¿Ha participado algún diputado del Partido en alguna cacería en fincas de la Diputación?' : 'Sí, creo recordar', contestó Rubio entre titubeos, 'que hace unos cinco años, yo y los entonces diputados Botella y Barrios participamos en una cacería en la finca de Bocairent, pero nuestra batida estaba en un coto fuera de la finca propiedad de la Diputación' (Febrero 2002).

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