OPERACIÓN TAULA  : pitufea y blanquea el dinero y luego corre

 

LAS NOTICIAS

LA TESORERA DEL PP, BÁRCENAS Y LA 'PÚNICA' DESEMBARCAN EN EL 'CASO TAULA'

EL JUEZ CITA POR PRESUNTA FINANCIACIÓN ILEGAL A ALFONSO GRAU Y A LA TESORERA NACIONAL DEL PP
 

SEGUNDA PRÓRROGA PARA INVESTIGAR EL “PITUFEO” DEL PP DE VALENCIA
 

EL PP, AL BORDE DEL BANQUILLO POR BLANQUEO
 

LA INCÓMODA SOMBRA DE RITA BARBERÁ
 

GÉNOVA ESTABA AL TANTO DE LOS PAGOS EN 'B' EN LA CAMPAÑA DE RITA BARBERÁ

EL FISCAL DEL CASO TAULA APRECIA UNA "DINÁMICA DELICTIVA" EN EL GRUPO MUNICIPAL DEL PP DE VALÈNCIA

GRAU ENTREGÓ 350.000 EUROS EN BILLETES DE 500 PARA PAGOS DE LA CAMPAÑA DE BARBERÁ, SEGÚN SU EXASESOR

LA GUARDIA CIVIL REFUERZA LOS INDICIOS DE FINANCIACIÓN ILEGAL DEL PP DE RITA BARBERÁ

 

ANTICORRUPCIÓN PIDE PROCESAR A GRAU POR COHECHO Y BLANQUEO

HACIENDA DENUNCIA EN LA FISCALÍA AL CUÑADO DE RITA BARBERÁ POR FRAUDE FISCAL
 

LA UCO SE PERSONA EN TURISMO VALENCIA SIGUIENDO EL RASTRO DEL BLANQUEO DEL PP
 

LA UCO ACREDITA QUE CONTRATISTAS PAGARON LAS CAMPAÑAS DE RITA BARBERÁ

EL JUEZ INVESTIGA SI LA UCO MANIPULÓ PRUEBAS CONTRA EL PP DE RITA BARBERÁ
 

EL PP DECLARA QUE LAS DONACIONES DE RITA BARBERÁ Y SU GRUPO FUERON ILEGALES
 

AZNAR, MARGALLO, BOTELLA, COTINO, CAMPS Y MAYOR OREJA, EN EL FUNERAL DE RITA BARBERÁ EN VALENCIA

EL PP DICE QUE ECHÓ A RITA BARBERÁ PARA EVITAR EL “LINCHAMIENTO” DE LAS “HIENAS”

EL PP SE LANZA A IDOLATRAR A RITA BARBERÁ

 

RITA BARBERÁ MUERE DE UN INFARTO EN UN HOTEL DE MADRID
 

RITA BARBERÁ NIEGA “ABSOLUTAMENTE” EN EL SUPREMO LA EXISTENCIA DE UNA CAJA B EN EL PP DE VALENCIA
 

EL SUPREMO ESPERA A BARBERÁ

ALFONSO GRAU, EN EL CENTRO DE LA DIANA DEL CASO DEL 'PITUFEO'

EL JUEZ RECHAZA DAR DETALLES PSIQUIÁTRICOS DE LA ESPOSA DE GRAU

APROBADA LA LEY QUE PERMITE REVOCAR SENADORES TERRITORIALES VALENCIANOS
 

EL SUPREMO IMPUTA A BARBERÁ Y LA LLAMA A DECLARAR EL 21 DE NOVIEMBRE


LA SUBIDA DE SUELDO DE BARBERÁ AL PASAR DEL PP AL GRUPO MIXTO DEL SENADO: 9.700 EUROS MÁS AL año

IMPUTADO POR BLANQUEO UN DIPUTADO DEL PP VALENCIANO

BARBERÁ SE AFERRA EL ESCAÑO EN EL SENADO Y SOLICITA SU BAJA EN EL PP

El Supremo abre causa contra Rita Barberá por blanqueo

LOS RECAUDADORES DEL PP DE VALENCIA SE LLEVARON HASTA "20 MILLONES" EN COMISIONES

LA CONCEJALA DE CULTURA CON BARBERÁ Y SU MARIDO SE “ENRIQUECIERON” CON COMISIONES ILEGALES, SEGÚN EL JUEZ DEL ‘CASO IMELSA’

SE LEVANTA EL SECRETO DEL SUMARIO DEL CASO IMELSA POR COBRO DE COMISIONES EN LA ETAPA DE LA EXCONCEJAL ALCÓN

LA FISCALÍA PIDE AL SUPREMO QUE ABRA CAUSA A RITA BARBERÁ POR EL BLANQUEO

OPERACIÓN TAULA. EL JUEZ IMPUTA A LA 'CAJERA' DEL PP DE RITA BARBERÁ POR DELITO ELECTORAL

EL JUEZ PIDE IMPUTAR A UN DIPUTADO VALENCIANO DEL PP POR BLANQUEO

DOS JUECES PIDEN AL SUPREMO QUE IMPUTE A RITA BARBERÁ POR BLANQUEO DE CAPITALES Y DESOBEDIENCIA

RITA BARBERÁ ALEGA NO RECORDAR “CON EXACTITUD” CÓMO PAGÓ AL PP VALENCIANO

BARBERÁ SE DIRIGE AL JUEZ POR ESCRITO PARA NEGAR QUE LE DEVOLVIERAN LOS 1.000 EUROS DE LA DONACIÓN AL PP

EL PP ABRE EXPEDIENTE A BARBERÁ Y A TODO SU EQUIPO EN VALENCIA

COSPEDAL, SOBRE LA LLAMADA DEL JUEZ A BARBERÁ: “EN MI VIDA HE VISTO COSA SEMEJANTE”

UNA EXEDIL: “EL PP VALENCIANO TIENE MUCHO DINERO NEGRO DE CORRUPCIONES”

EL JUEZ DEL 'CASO IMELSA' IMPUTA AL PP DE VALENCIA POR BLANQUEO DE CAPITALES

EL PP VALENCIANO SE LUCRÓ CON HOSPITALES Y CENTROS DE SALUD

RITA BARBERÁ: "NO DIMITO. NI ME LO PLANTEO"

RAJOY: “HE HABLADO CON RITA BARBERÁ Y DICE QUE ES INOCENTE”

EL ‘ANNUS HORRIBILIS’ DE RITA BARBERÁ

LA UCO INVESTIGA SI EL PP VALENCIANO BLANQUEÓ SU CAJA B CON LINGOTES DE ORO

VARAPALO JUDICIAL A CAMPS: UNA JUEZA RECHAZA SU PETICIÓN DE QUE NO SE PUBLIQUEN NOTICIAS QUE LE VINCULEN CON LA CORRUPCIÓN

EL JUEZ YA PONE A BARBERÁ EN EL PUNTO DE MIRA POR EL BLANQUEO EN EL PP

EL PP VALENCIANO ACTUÓ COMO UN GRUPO CRIMINAL, SEGÚN LA INVESTIGACIÓN

RITA BARBERÁ ADVIERTE A BONIG EN UN MENSAJE: “CUIDADO CON LO QUE DECÍS”

EL JUEZ ABRE PIEZA SEPARADA POR BLANQUEO EN EL PP DE VALENCIA CON 49 INVESTIGADOS

RITA BARBERÁ, LA REINA DE LOS MERCADOS

CELIA VILLALOBOS. "YO CREO EN LA INOCENCIA DE RITA BARBERÁ. PUNTO"

LAS 100 COMIDAS Y OCHO VIAJES DE BARBERÁ QUE LA FISCALÍA VE IRREGULARES

LA PRESIDENTA DEL PP VALENCIANO USÓ SU CARGO PARA PEDIR DONACIONES

UNA PRESIDENTA UNGIDA POR BARBERÁ

CERCO A BARBERÁ: CINCO CONVERSACIONES Y CINCO IMPUTADOS LA SALPICAN EN LA OPERACIÓN TAULA

LA DIPUTADA PÉREZ: "DETRÁS DE TODO ESTÁ LA FINANCIACIÓN ILEGAL DEL PP"

BARBERÁ, EL OCASO DE ‘LA ALCALDESA DE ESPAÑA’

LA EDIL ALCÓN APUNTA A BARBERÁ: “LA ÍNTIMA DE RITA ME DIO DOS BILLETES DE 500 Y ME ORDENÓ METERLOS EN LA CUENTA DEL PP”

LA TRAMA DEL 3% DEL PP VALENCIANO PAGÓ EN 2014 LA CAMPAÑA EUROPEA

UNA EXASESORA DEL PP SE NEGÓ A PAGAR LOS 1.000 EUROS PORQUE LO VIO TURBIO

EL INSTRUCTOR IMPUTARÁ A LA CÚPULA MUNICIPAL DEL PP EN VALENCIA

LA LISTA DE CARGOS PÚBLICOS QUE COBRÓ EN B INCLUYE A RITA BARBERÁ

SE ESTRECHA EL CERCO SOBRE RITA BARBERÁ

LA INVESTIGACIÓN POR LA CORRUPCIÓN EN VALENCIA APUNTA A RITA BARBERÁ

TRES IMPUTADOS Y DOS DETENIDOS EN EL AYUNTAMIENTO POR EL ‘CASO IMELSA’

24 DETENIDOS EN UNA OPERACIÓN ANTICORRUPCIÓN CENTRADA EN VALENCIA

RUS O LA DETENCIÓN DEL POPULISMO

LA INVESTIGACIÓN POR LA CORRUPCIÓN EN VALENCIA APUNTA A RITA BARBERÁ

EL COMITÉ DE DERECHOS Y GARANTÍAS DEL PP SUSPENDE DE MILITANCIA A LOS AFILIADOS DETENIDOS EN VALENCIA

ALFONSO RUS, EL HOMBRE QUE CONTABA BILLETES

ESTOS SON LOS DETENIDOS E IMPUTADOS EN LA MACRORREDADA DE VALENCIA

ALFONSO RUS, DETENIDO POR CORRUPCIÓN Y BLANQUEO


 

LA TESORERA DEL PP, BÁRCENAS Y LA 'PÚNICA' DESEMBARCAN EN EL 'CASO TAULA'

El magistrado incorpora a la causa un informe de la UCO de Púnica referente al diputado no adscrito (ex del PP) Miquel Domínguez, el concejal popular Alberto Mendoza y el exjefe de prensa del Ayuntamiento de Valencia Julio Valero

La hasta ahora impertérrita Génova, esa casa grande del PP que ha permitido que sus imputados por blanqueo del caso Taula sigan en sus puestos cobrando del erario del Ayuntamiento de València, han visto como su pasividad, histórica visto lo visto, les ha terminado afectando de lleno. Su tesorera, Carmen Navarro, se suma ahora a la lista negra de tesoreros del PP imputados por corrupción.

Además de a Navarro, que es la gran novedad en el caso, el juez ha citado como investigado al exvicealcalde de València Alfonso Grau por delitos de malversación, cohecho y delito electoral en la pieza relativa a la financiación de las campañas del PP municipal de 2007 y 2011. También cita como investigados al exgerente del Partido Popular de la provincia de Valencia José Moscardó, así como Juan Eduardo Santón, exconcejal que era el director de una de las empresas públicas que presuntamente dieron dinero para financiar la campaña de Barberá.

Ni más ni menos que un delito electoral continuado es de lo que el magistrado de Taula acusa a Navarro. Más suerte ha corrido el tesorero más tristemente famoso de los populares, Luis Bárcenas, quien se salva de la imputación gracias a que se han cumplido los plazos de prescripción.

Según fuentes cercanas a la investigación, ambos habrían cometido el delito y ambos tendrían que responder por una falsedad documental al haber firmado que ‘todo’ era correcto. Sin embargo, Bárcenas solo habría delinquido en la campaña electoral de 2007, por lo que nunca se le podría aplicar el delito electoral continuado y, por la propia prescripción del delito, queda exonerado, que no limpio.

Peor lo tiene Navarro. Ella entró como tesorera tras la salida por la puerta de atrás de Bárcenas. Corría el año 2010. Así, y con la ley y el auto del juez en la mano, sería la responsable de un delito electoral en las campañas de 2011 y 2015, es decir, delito electoral continuado.

El problema político para Génova, y por ende, para el presidente del partido y del Gobieno, Mariano Rajoy, es verse, de lleno, inmerso, otra vez, en una trama de corrupción cuando está gestionando la peor crisis institucional desde el 23-F.

Pero los problemas no terminan ahí. En otra providencia a la que ha tenido acceso este periódico, el magistrado instructor pide más información sobre las empresas públicas que presuntamente financiaron a Rita Barberá y a su partido. El juez quiere saberlo todo del 'dopaje' electoral, y ha solicitado todos los gastos entre los años 2006 y 2016 de la entidades municipales Valencia Turismo Convention Bureau, Centro de Estrategias y Desarrollo y Fundación para la Innovación Urbana y Economía del Conocimiento (Fivec).

'Caso Púnica'

Si hay algo que llama la atención de la providencia del juez es que ha decidido incorporar a la causas un informe del caso Púnica. Un informe elaborado por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que los agentes pidieron que se enviara desde la Audiencia Nacional a València por su presunta relación con los hechos investigados aquí.

Dicho informe, tal como informó Valencia Plaza, versa sobre el posible uso de fondos públicos para mejorar la imagen del PP de Valencia. Según los agentes, los políticos que estarían bajo sospecha son el actual diputado autonómico no adscrito -electo por el PP- y exconcejal de València Miquel Domínguez, el concejal Alberto Mendoza y el exjefe de prensa Julio Valero.

Según el informe de la UCO, la trama corrupta de Púnica llegó hasta los máximos responsables de la comunicación del consistorio valenciano y, siempre según el informe, se creó un periódico ex profeso para el PP de Rita Barberá. Es decir, el Consistorio contrató con Alejandro de Pedro, uno de los principales imputados en Púnica para sacar rédito político. Los agentes señalan a Domínguez, Mendoza y Valero como presuntos autores de los delitos de fraude y malversación de caudales públicos.

El informe de la UCO está lleno de conversaciones de whatsapp entre el concejal Alberto Mendoza y el supuesto conseguidor de la Púnica Alejandro de Pedro. Entre las conversaciones destaca una en la que ambos hablan del diario-ayuntamiento, en referencia al proyecto de un periódico dedicado a destacar las virtudes del PP de Valencia y silenciar o echar por tierra a la oposición.

En una conversación, Alejandro de Pedro, impaciente, le pregunta a Mendoza: "¿Qué hago con el diario-ayuntamiento? Me olvido?"; a lo que Mendoza le contesta: "Noooooo". En una conversación posterior, De Pedro le explica a Mendoza que tener una persona vale 17.000 euros al año y le pregunta si quiere una persona o si quiere dos, a lo que el concejal le contesta que una.

http://valenciaplaza.com/la-tesorera-del-pp-barcenas-y-punica-desembarcan-en-taula


EL JUEZ CITA POR PRESUNTA FINANCIACIÓN ILEGAL A ALFONSO GRAU Y A LA TESORERA NACIONAL DEL PP

El magistrado Víctor Gómez, instructor de Taula, toma la decisión tras recibir varios informes de la Guardia Civil

El juez Víctor Gómez, instructor del caso Taula, ha vuelto a citar a declarar como imputados al que fuera vicealcalde de Valencia Alfonso Grau, a la tesorera nacional del PP, Carmen Navarro, y al exgerente del PP provincial de Valencia, Juan Moscardó, por presuntas irregularidades en la financiación de las campañas electorales de 2007 y 2011.

Grau —junto a otro medio centenar de personas y el propio Partido Popular como persona jurídica— ya fue imputado por el magistrado por supuestas irregularidades de la campaña de 2015, en la pieza del caso Taula conocida como del pitufeo.

La Guardia Civil ha emitido en el último año informes en los que amplía las campañas en las que presuntamente la formación recibió aportaciones de fondos de forma ilegal a los años 2011 y, sobre todo, 2007. Respecto a esta última campaña municipal, el juez Gómez señala en un auto notificado este jueves a las partes que Grau aparece, de forma indiciaria, "como principal implicado", por lo que "deberá recibírsele declaración al tratarse de hechos nuevos".

El juez señala que los hechos descritos por la Unidad Central Operativa (UCO) "indican la existencia de un actuar, concertado y de cierta complejidad, para la obtención de fondos con los que financiar por encima del límite legal de gasto, ilícitamente por lo tanto, la campaña de las elecciones municipales" de 2007.

Las aportaciones irregulares fueron realizadas, presuntamente, por empresas que gestionaban concesiones del Ayuntamiento de Valencia y por fundaciones del propio Consistorio, dirigido en la época por la fallecida Rita Barberá.

Grau ha sido citado como investigado, además de por delito electoral —el término técnico de la financiación irregular—, por malversación y coecho, el 6 de octubre. Moscardó y Navarro comparecerán 10 días más tarde.

El auto judicial señala que Grau y el fallecido empresario Vicente Sáez Tormo "convinieron en utilizar el entramado empresarial de este último, y en especial la empresa Laterne Product Council, para alcanzar el objetivo de sufragar de forma irregular" la campaña de 2007, "velando el origen de los fondos y simulando la imputación de gasto, impidiendo de ese modo su fiscalización y permitiendo con ello que se superara el techo legal de gasto, sin reflejo en la contabilidad electoral".

El PP declaró un gasto electoral en la provincia de Valencia para aquellos comicios de 133.762 euros. Pero según la investigación de la UCO, basada en gran medida en el testimonio y los documentos aportados por Jesús Gordillo, antiguo asesor de Grau y exempleado de Laterne, el partido de Valencia manejó una cantidad muy superior de fondos. El juez menciona dos importes extraídos de la citada documentación: 2,5 millones de euros, que figuran bajo el epígrafe "coste total campaña", y 2,6 millones, que aparecen reflejados como "total aportaciones".

El instructor indica que los empresarios "que pudieron entregar cantidades a Laterne Product Council con la finalidad ya señalada deberán en su caso declarar como testigos" en la causa, al haber prescrito el presunto cohecho que cometieron. Lo mismo sucede con Luis Bárcenas, designado por el PP administrador único de las elecciones municipales de 2007, que no puede ser investigado por el "mero transcurso de los plazos de prescripción".

https://elpais.com/ccaa/2017/09/21/valencia/1505997713_387024.html

 

SEGUNDA PRÓRROGA PARA INVESTIGAR EL “PITUFEO” DEL PP DE VALENCIA

El juez amplía otros 11 meses la fase de Instrucción tras los indicios de financiación opaca en las elecciones locales de 2007

El juzgado de Instrucción número 18 de Valencia ha decidido ampliar, tras la petición de la Fiscalía, 11 meses más el plazo de Instrucción del conocido como caso del “pitufeo”, la Pieza Separada A que investiga dentro de la Operación Taula la financiación irregular del Partido Popular en el Ayuntamiento de Valencia.

En el escrito al que ha tenido acceso ELPLURAL.OCM, el juez Víctor Gómez Saval basa su decisión en la complejidad de la causa, el alto número de acusados y, en especial, tras conocerse en diciembre del año pasado que existían indicios “de financiación opaca con la que subvenir a gastos en las elecciones locales de 2007, y esos hechos indicaban también la participación en ellos de personas investigadas en esta pieza”.

Esta pieza separada surgió a raíz de las grabaciones que Marcos Benavent, el “jonki del dinero”, hizo a la exconcejal de Cultura del Ayuntamiento de Valencia, María José Alcón, en las que reconocía que en el Grupo Municipal del PP (GMPP) se blanqueaba dinero utilizando una práctica simple que la Guardia Civil, a través de su Unidad Central Operativa (UCO), denominó "pitufeo". Es decir, concejales y asesores del PP ingresaban dinero legal en una cuenta a nombre del GMPP para después éste devolvérselo en metálico con dinero procedente de comisiones ilegales. Dicho de otro modo, blanqueo de capitales.

El juez argumenta que los hechos que se investigan en la campaña electoral de 2007 “y los 50.000 euros que constituyen el supuesto capital blanqueado en los hecho relativos a las elecciones de 2015”, que se investigan en la pieza separada de Taula, bastan para justificar esta segunda ampliación sólo con “el razonable interés de averiguar modos, procesos u operativas, conductas personales, en los que poder apoyar racionalmente, si así fuese, el elemento típico antecedente del delito de blanqueo, aportando nuevos indicios, o reforzando los ya existentes”.

Por todo esto, el juez Gómez Saval rechaza los recursos a su decisión de las defensas y amplia la investigación, defendiendo que “se dan los supuestos legales para ello, en orden, también, a la proporcionalidad entre esta segunda prórroga y la complejidad de los hechos, que se ha visto acrecentada”.

La ampliación, de 11 meses, no llega a los 18 máximos que permite el artículo 324.2 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal después de la reforma llevada a cabo por el PP en la pasada legislatura para limitar las fases de instrucción infinitas de casos de corrupción, muy criticada incluso por los jueces.

El caso que llevó a Rita ante el juez

Esta pieza separada del caso Taula fue también la que llevó a la fallecida exalcaldesa de Valencia, Rita Barberá, ante el Tribunal Supremo, dada su condición de aforada como senadora. El juez Gómez Saval, con el apoyo de la Fiscalía Provincial, decidió remitir a la Sala II del Tribunal Supremo una exposición motivada para que, si así lo estimaba, se declarase competente para enjuiciar a Barberá. Cinco meses después el Tribunal Supremo la citó a declarar como investigada.

En esa comparecencia, horas antes de fallecer en un hotel en Madrid, Barberá dijo ante el juez que donó 1.000 euros al partido, porque “el partido necesitaba financiarse”, pero negó por activa y por pasiva que le fueran devueltos en efectivo, así como que conociera que algún otro donante recibiera el dinero de vuelta, y a pesar de que otros dos investigados como ella (antes imputados) así lo aseguraran.

http://www.elplural.com/politica/2017/09/05/segunda-prorroga-para-investigar-el-pitufeo-del-pp-de-valencia

 

EL PP, AL BORDE DEL BANQUILLO POR BLANQUEO

Si no entrega los expedientes de los ediles al juez, la Fiscalía podría acusar al partido

El PP blanqueaba mordidas para financiar sus campañas

El Partido Popular sigue sin atender los requerimientos del juzgado de Instrucción 18 de Valencia, que investiga las diligencias derivadas de la Operación Taula, para que entregue los expedientes abiertos a los cargos y asesores del grupo municipal popular en el Ayuntamiento de Valencia investigados por un presunto delito de blanqueo de capitales. El magistrado-instructor, el juez Víctor Gómez, solicitó esta información, a petición de la Fiscalía Anticorrupción, para incluir los datos en la pieza separada que investiga el lavado de hasta 50.000 euros de dinero de origen desconocido en la campaña de las elecciones municipales del año 2015.

La instrucción de estos hechos presuntamente delictivos está prácticamente agotada y la Fiscalía ha solicitado la información para valorar si sienta en el banquillo de los acusados al PP nacional como persona jurídica por blanqueo de divisas. Según confirmaron fuentes jurídicas, la resistencia de Génova a la hora de entregar esta documentación le empuja directamente al banquillo, pues sólo lo podrá evitar si demuestra que ha hecho todo lo posible por evitar la corrupción y que el tipo de financiación que los investigadores descubrieron en el transcurso de Operación Taula es totalmente ajena al partido.

En los escritos que ha presentado las últimas semanas Anticorrupción para informar contra el archivo de las actuaciones respecto a los concejales que pidieron el sobreseimiento, al Fiscalía deja entrever que pedirá la apertura del procedimiento y acusara al medio centenar de cargos investigados.

En uno de esos escritos Anticorrupción considera que estas imputaciones son consecuencia de la participación como coautores en «una operativa de blanqueo de capitales de 50.000 euros, orquestada desde el grupo municipal del PP». La Fiscalía recuerda que «el delito de blanqueo de capitales que se está investigando es un delito que permite y admite la coautoría, de tal forma que la participación individual de cada uno de los aportantes es lo que configura el delito objeto de la investigación, por mucho que interesadamente se intente centrar en la aportación individual de 1.000 euros, que no deja de ser una parte del hecho».

Para Anticorrupción «la mecánica objeto de investigación es una modalidad clásica del blanqueo de capitales, en la primera fase de la operativa consistente en la introducción en el mercado, a través de múltiples personas el dinero que se quiere blanquear para no despertar sospechas en los organismos reguladores». De ahí que «entre los indicios que permiten sustentar lo manifestado se encuentre el anónimo recibido en Fiscalía advirtiendo de la operativa señalada y la intervención telefónica de la investigada Alcón -María José Alcón, esposa de Alfonso Grau, también imputado- en la que indica la forma, modo y manera que se produce dicha actividad delictiva, indicando el origen delictivo de los fondos que se van a blanquear».La reforma del Código Penal exige a todas las empresas o personas jurídicas diseñar e implantar sistemas y políticas corporativas de prevención de comportamientos delictivos.

La responsabilidad penal de las personas jurídicas se incluyó en la legislación porque muchas veces, al investigar un delito cometido en el seno de una empresa, tras largos de procedimiento no es posible llegar a atribuir la responsabilidad penal a ninguna persona física, o la persona contra la que se ha dirigido la acción penal no acaba siendo condenada pues en la misma no concurren todos los elementos del tipo penal que se pretende aplicar. Si finalmente Génova no atiende a los requerimientos, el partido podría acabar proceso por blanqueo.

http://www.elmundo.es/comunidad-valenciana/2017/05/23/59231e9de5fdea371e8b45d5.html

 

LA INCÓMODA SOMBRA DE RITA BARBERÁ

El PP de la Comunidad Valenciana rechaza nombrar a la exalcaldesa presidenta de honor a título póstumo

El PP de la Comunidad Valenciana ha rechazado nombrar a Rita Barberá presidenta de honor a título póstumo. La propuesta la había realizado el senador Pedro Agramunt para ser aprobada en el congreso regional que el partido celebra este fin de semana. En lugar de ello, la formación dedicará en su preámbulo un recuerdo a todos los militantes fallecidos, con especial mención a quien fue durante 24 años alcaldesa de Valencia.

La solución es un reflejo de las tensiones soterradas que vive la formación. Y también de la incomodidad que genera una figura a la que todos reconocen una enorme relevancia histórica en el partido, pero cuya etapa sigue investigando la justicia. Esta semana la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha aportado al juez que instruye el caso Taula nuevos indicios de la presunta financiación irregular de la campaña con la que Barberá ganó las elecciones de 2007, revalidando su cuarta mayoría absoluta.

El XIV Congreso del Partido Popular de la Comunidad Valenciana reelegirá como presidenta a Isabel Bonig, que es la única candidata. Además de incluir la referencia a la trayectoria de Barberá en el preámbulo, fuera del articulado de los estatutos, es más que probable que durante el congreso se le rinda homenaje, al menos unas palabras en alguna de las intervenciones.

Valencia 'congela' la calle de la exalcaldesa

Valencia no concederá ni ahora ni a medio plazo una calle a la exalcaldesa Rita Barberá como solicitó una asociación. El actual regidor, Joan Ribó, considera que falta “perspectiva temporal” para tomar tal decisión. Barberá falleció a finales de noviembre. “Con el tiempo se puede volver a revisar todo, pero ahora no es el momento”, afirma Ribó.

Barberá murió dos días después de declarar como investigada por supuesto blanqueo de capitales, un delito que negó haber cometido.

En el Ayuntamiento, solo el grupo municipal del PP apoya la propuesta registrada por Rafael Mampel, presidente de la Asociación de Vecinos y Comerciantes de Ciutat Vella, una entidad no muy conocida. La Federación de Vecinos de Valencia ha eludido pronunciarse.

La cuestión judicial, señala Ribó, “está sobre la mesa”. “Pero independientemente de que se resolviese, no está previsto dedicarle una calle a Barberá. Es necesaria cierta perspectiva histórica. Una asociación lo ha pedido y muchos ciudadanos se han manifestado en contra”, añade.

La enmienda para convertir a la exalcaldesa presidenta de honor presentada por Agramunt, que fue presidente del PP de la Comunidad Valenciana (PPCV) entre 1990 y 1993, es un signo del pulso silencioso que mantiene con Bonig parte de la vieja guardia del partido.

Un grupo en el que además del actual senador se han alineado figuras que en su día tuvieron peso en la formación. Como Carlos González Cepeda, José María Chiquillo y parte de los concejales del PP en el Ayuntamiento de Valencia, que fueron elegidos en la lista que Barberá encabezó en 2015 y están imputados —nueve de los 10 ediles del grupo municipal— en la pieza de blanqueo y financiación ilegal abierta en el caso Taula.

Todos ellos se han acercado en los últimos meses a Vicente Betoret, presidente del PP de la provincia de Valencia, que celebrará su propio congreso después del regional. Una aproximación que ha ido en paralelo a la pérdida de sintonía entre Bonig y Betoret.

Si el distanciamiento entre ambos se traduce o no en enfrentamiento abierto se sabrá después del cónclave regional, que tendrá lugar el 1 y el 2 de abril en el Palacio de Congresos de Valencia y a cuya clausura el PPCV espera al presidente del Gobierno y del PP nacional, Mariano Rajoy.

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2017/03/30/valencia/1490882887_668312.html

 

GÉNOVA ESTABA AL TANTO DE LOS PAGOS EN 'B' EN LA CAMPAÑA DE RITA BARBERÁ

Página del diario que escribieron los recaudadores del PP de Valencia sobre las contrataciones con dinero negro para la campaña de 2007.

Los recaudadores escribieron un diario sobre los contratos de campaña y las órdenes del PPEl PP pagó una campaña de Rita Barberá con 700 billetes de 500

Nuevas pruebas incluidas en la pieza separada del caso Taula que investiga la presunta financiación irregular del PP de Valencia cuestionan los argumentos que hasta ahora Génova ha trasladado al juzgado para distanciarse del equipo de Rita Barberá y evitar así sentarse en el banquillo por blanqueo de divisas. Según apunta la documentación incluida en el sumario, los presuntos recaudadores del PP dejaron por escrito un diario de la campaña electoral de Rita Barberá de 2007 que revela cómo la gerencia nacional tenía conocimiento de la negociación que puso en marcha Laterne, una de las agencias que montó los eventos que se investigan, para ampliar el contrato con el proveedor de las banderolas, la empresa Sundisa, y así reforzar la imagen de la ex alcaldesa en un momento especialmente difícil para el PP. Un año antes, en 2006, tuvo lugar la tragedia del metro de Valencia, que dejó 43 muertos y 47 heridos, y el grupo municipal popular puso en marcha toda su maquinaria para que Barberá volviese a ganar. Vencer ese año a la oposición con los mejores resultados electorales era la mejor forma de defender que las urnas les habría absuelto de cualquier responsabilidad en su gestión.

Alfonso Grau, el centinela de la caja B a juicio policial y jefe de campaña, aceptó aumentar el gasto en banderolas tras recolectar tres millones de euros entre los donantes, grandes contratistas de la Administración, y Génova dio su visto bueno si se pagaban al contado, según se desprende de las anotaciones. Este documento ha sido entregado al juzgado que instruye las diligencias derivadas de la Operación Taula por Jesús Gordillo, el asesor que ha declarado que el PP liquidó las deudas electorales de 2007 con 700 billetes de 500 euros que le dio Grau.

Esta página concreta del diario se escribe el 4 de mayo de 2007 a las 12:50 horas tras una conversación con el representante de las banderolas, Joan Rovira. En el documento, uno de los presuntos recaudadores anota sobre las banderolas que «desde gerencia nacional de calle Génova no le dan las originales por lo que no puede comprometerse a coger más ampliaciones», que «se cobran al contado».

A continuación, el diario recoge otra conversación con José Ramón Moscardó, ex gerente provincial del PP en Valencia e imputado por la financiación irregular en las elecciones del año 2011. «Hablo con Moscardó el 27/03/07 por la mañana, y no tiene noticias suyas» en referencia al proveedor de las banderolas. «Parece ser que no quiere hacerse cargo de este asunto y le ha puesto en contacto con Laterne; dice que él (Moscardó) no paga nada».El diario continúa explicando que «la vez anterior», en referencia a las elecciones de 2003, el proveedor «debió tener problemas con algunos municipios para cobrar, por lo que han dicho desde gerencia nacional que si quiere coger alguna ampliación puede cobrarla al contado».El diario también incluía anotaciones a mano sobre las «impresiones» que los recaudadores del PP tenían de los proveedores. En este caso se añadió la siguiente anotación: «Una solo: no se acordaba de tu nombre, eso lo dice todo».En cambio, según consta en las facturas, Laterne acabó contratando a la empresa 1.402 banderolas más, de 90x120 centímetros, por 38.722 euros pese a que solo estaba facultado para ello la gerencia provincial. Primero se emitió una factura con la referencia «municipales 2007» y más tarde se fabricó otra sin referencia alguna a las elecciones para evitar los órganos de control. Las banderolas se pagaron con el dinero que entregaron los donantes.

http://www.elmundo.es/comunidad-valenciana/2017/03/15/58c83fcdca4741f63b8b45ae.html


EL FISCAL DEL CASO TAULA APRECIA UNA "DINÁMICA DELICTIVA" EN EL GRUPO MUNICIPAL DEL PP DE VALÈNCIA

El exasesor de Alfonso Grau asegura que el exvicealcalde pagó 350.000 euros de la campaña de Rita Barberá en 2007 en billetes de 500

El fiscal que investiga el caso Taula observa una "dinámica delictiva" en el grupo municipal del PP del Ayuntamiento de València a través de la cual se revela "un firme propósito de actuar al margen de la legalidad" para financiar ilegalmente al partido durante la campaña electoral de 2007 de Rita Barberá a la alcaldía de cap i casal.

De este modo, el ministerio público observa indicios de dopaje económico del PP de la ciudad de València, cuyos concejales y asesores están imputados en la causa que investiga la presunta financiación ilegal de la formación. El sumario de la pieza que instruye el conocido como Ritagate, cuyo secreto se ha levantado hoy, apunta a que empresas con contratos con el consistorio valenciano aportaron dinero a Laterne, la empresa que supuestamente recaudaba los donativos para sufragar la campaña electoral de 2007. Una campaña que gracias a esta aportación de fondos habría tenido un coste 20 veces superior a lo que decía el contrato que el grupo Municipal firmó con la empresa de Sáez Tormo (150.000 euros). Alguna de las facturas de los gastos de campaña aparecen modificadas a petición de Laterne para ocultar que se estaban pagando gastos electorales, según reveló el diario Valencia Plaza.

Entre las empresas citadas como 'donantes' se encuentran Secopsa, Sociedad de Agricultores de la Vega (SAV), Rulv Valencia (UTE de Secopsa), el Grupo Rover Alcisa, Urbana Ducat, Nou Litoral, PKL Real State, Pavasal, Luján, Lubasa, Edival, FCC y Ágora Patrimonial.

Según el fiscal, "resulta evidente que existe no solo una conexión, sino una manifiesta continuidad en una dinámica delictiva canalizada a través del grupo municipal del Partido Popular del Ayuntamiento de València, y que lejos de ser accidentes aislados rebelan un firme propósito de actuar al margen de la legalidad utilizando diferentes artificios para burlar la ley electoral en un aspecto tan importante como es el económico, dado que impide la necesaria igualdad y lealtad en los procesos electorales de todos los partidos que confluyen".

El sumario recoge además la declaración de Jesús Gordillo, exasesor de Alfonso Grau que asegura ante los agentes de la Guardia Civil que el concejal pagó 350.000 euros de la campaña de Rita Barberá en 2007 en billetes de 500 euros. Gordillo es el testigo que dio la voz de alarma sobre la presuna financiación ilegal del Partido Popular con anterioridad a las elecciones de 2011.

"Alfonso me entregó 350.000 euros en billetes de 500 e hizo que fuera a cobrar un cheque de 150.000 euros", explica el exasesor de Grau a los agentes de la UCO. En este sentido, el testigo, que declaró por voluntad propia ante la Guardia Civil, indica que el cuñado de Barberá, José María Corbín, era el abogado del grupo Laterne, y que asesoraba a la sociedad Product Management Council SL (PMC), mientras se pagaban las campañas de Barberá con billetes de 500 euros. Corbín, quien ahora ejerce de abogado de Mari Carmen García-Fuster, facturaba "por ello 3.000 euros al mes", según Gordillo.

http://www.levante-emv.com/comunitat-valenciana/2017/03/13/fiscal-taula-aprecia-dinamica-delictiva/1540608.html


GRAU ENTREGÓ 350.000 EUROS EN BILLETES DE 500 PARA PAGOS DE LA CAMPAÑA DE BARBERÁ, SEGÚN SU EXASESOR

El propio vicealcalde dio instrucciones para que recogiese de Secopsa un cheque bancario por importe de 150.000 euros, según su exasesor En el caso Imelsa se investigan delitos de cohecho, malversación y delito electoral en relación con la campaña electoral del PP de la ciudad de Valencia

Jesús Gordillo, exasesor del exvicealcalde de València Alfonso Grau (PP), declaró a principios del pasado mes de diciembre ante la Guardia Civil, y ratificó posteriormente ante el juez que investiga el caso Imelsa, que cuando trabajaba en Laterne, la empresa de comunicación que organizó la campaña municipal del PP para los comicios de 2007, Grau le entregó en efectivo 350.000 euros en billetes de 500 para pagar las cantidades que empresas subcontratadas exigían por servicios prestados relacionados con actos de campaña, en la que la exalcaldesa Rita Barberá se presentaba a la reelección.

Además, según su declaración como testigo, recibió instrucciones del propio Grau para recoger de Secopsa un cheque bancario por importe de 150.000 euros. Asimismo, relató que, por orden del exvicealcalde, desde el departamento de administración se giraron facturas a las empresas que habían aportado los 500.000 euros para dar soporte a esa entrada de dinero “y de esa forma ocultar que realmente eran distintas empresas las que asumían el coste de determinados gastos electorales en los que había incurrido el PP”.

Así consta en sus declaraciones ante Guardia Civil y juzgado, a las que ha tenido acceso Europa Press, tras el levantamiento del secreto del sumario que pesaba sobre una pieza de caso Imelsa, en la que se investigan delitos de cohecho, malversación y delito electoral, en relación con la empresa Laterne relacionada con la campaña electoral del PP de la ciudad de València del año 2007 a raíz de las donaciones de 1.000 euros efectuadas por concejales y asesores del grupo municipal popular, cantidad que presuntamente les era devuelta en dos billetes de 500 euros para blanquear dinero en efectivo de supuesta procedencia ilícita.

El auto en el que se declaraba en noviembre el secreto de las actuaciones, el juez explicaba que de la documentación obtenida en Fiscalía, existen indicios de que, a través de Laterne, se encargaron y pagaron servicios prestados por terceras empresas por actos de campaña del PP de 2007 y aportaciones económicas de terceras empresas y fundaciones públicas. Según se desprende del sumario, la documentación la proporcionó a Valencia Plaza el propio Gordillo, que trabajó como asesor de Grau, en Laterne (por mediación del exvicealcalde) y en Secopsa Concesiones.

En Laterne se dedicó a organización de eventos y, en concreto, trabajó en la campaña electoral del 2007, la esponsorización de la camiseta del Valencia Club de Fútbol, una conferencia de Barberá en EEUU en 2008 y trabajos para Valmor en relación con la Fórmula 1.

El motivo por el que Gordillo comenzó a trabajar para Laterne fue porque muchas de las empresas a las que esta firma había subcontratado para organizar servicios de la campaña no habían cobrado y llamaban tanto a la propia compañía como a Alcaldía de València para reclamar los pagos. Para llevar a cabo estos abonos, se organizó una reunión a la que asistieron el propietario, Grau y personal de administración, donde se le comunicó que sería el encargado de hacer los abonos.

Un “mandado”

Para ello, Grau le entregó los 350.000 euros “en un sobre”, cree recordar que en la sede de Laterne, y le dijo que era con el que pagar los gastos electorales. Ni le dijo por qué tenía esa cantidad y ni se lo preguntó, ya que era un “mandado” y entonces consideraba a Grau como “una persona honrada” y confiaba en él. Además, le indicó que debía recibir un cheque de 150.000 euros de Secopsa, que le dio una persona que tenían “de chófer” en la constructora y él puso un sello de Laterne e hizo un garabato.

Gordillo se llevó los 350.000 euros a su casa y pagó a los proveedores durante los días 29 y 30 de abril y 2 de mayo de 2008 “y de esa forma saldar la deuda”. Una vez pagados todos, le sobraron 15.000 euros que devolvió a Grau.

Preguntado por qué se le ordenó cobrar el cheque en Secopsa, aseguró que lo desconocía y que lo recibió a nombre de Laterne y usó el dinero para pagar parte de la deuda. También aseguró desconocer el motivo por el que esas empresas realizaron los pagos por los que se les facturó desde Laterne, ya que ellas tenían trato “directo” con Grau. Asimismo, no podía precisar con certeza que todas esas empresas fueran adjudicatarias de contratos municipales, pero cree que Secopsa, SAV, FCC, Luján y Lubasa sí.

Durante su declaración, explicó que Grau era “muy amigo” del dueño de Laterne y cuando supo que no se estaba pagando a los proveedores de campaña que había contratado, tenía interés en que se abonaran al haber sido el “organizador” de esa campaña.

Sobre los proveedores, señaló que se les encargó que realizaran trabajos para la campaña por lo que facturaron con los conceptos “auténticos” del servicio prestado. Pero como finalmente el partido no se iba a hacer cargo de determinados gastos, “se eliminaron las alusiones a la campaña electoral”. Entonces, los proveedores hicieron las mismas facturas, con el mismo número e importes pero “eliminando de ellas cualquier alusión a la campaña electoral”.

El exasesor del exvicealcalde aseguró recordar que el grupo municipal del PP pagó 150.000 euros a través de un cheque que le entregó María del Carmen García Fuster, la entonces secretaria del grupo municipal, que le entregó al propietario de Laterne y que se usó para pagar los servicios por la campaña.

Gordillo relató que Laterne Product Council (LPC), propiedad de Vicente Sáez, tenía un grupo de empresas con el mismo domicilio social, entre ellas Product Management Council (PMC), que fue creada para concurrir con otras firmas a licitaciones públicas de obras y servicios y tratar de repartirse el mercado.

En este caso, se mantenían reuniones a las que acudían empresarios y el letrado José María Corbín, —cuñado de la fallecida Rita Barberá—, contratado por PMC y que facturaba 3.000 euros mensuales por ello. Como requisito para entrar en este grupo se exigía una aportación de 150.000 euros.

http://www.infolibre.es/noticias/comunidades/comunitat_valenciana/2017/03/13/grau_entrego_350_000_euros_billetes_500_para_pagos_campana_barbera_segun_exasesor_62440_1761.html


LA GUARDIA CIVIL REFUERZA LOS INDICIOS DE FINANCIACIÓN ILEGAL DEL PP DE RITA BARBERÁ

La Guardia Civil ha reforzado los indicios de financiación ilegal del PP de Rita Barberá, que fue alcaldesa de Valencia entre los años 1991 y 2015. Así se desprende de un nuevo informe que la Unidad Central Operativa ha entregado al juez Víctor Gómez, instructor del caso Taula.

En él se recoge la declaración como testigo prestada por un exasesor del grupo municipal del PP en la que mantiene que Alfonso Grau, entonces vicealcalde de Valencia, le entregó en 2008, "en un sobre", 350.000 euros en billetes de 500, y le dijo que el dinero era para que "pagara los gastos electorales" de la campaña de 2007.

El testigo, Jesús Gordillo, afirmó en su declaración a la que ha tenido acceso EL PAÍS que se llevó "el dinero a casa y lo utilizó los días 29 y 30 de abril y 2 de mayo de 2008 para pagar a los distintos proveedores" electorales "y de esa forma saldar la deuda y cumplir lo que le habían encargado". Grau había dirigido la campaña de 2007 en la que Barberá obtuvo mayoría absoluta.

El exasesor municipal señaló igualmente que diversas empresas que tenían grandes concesiones municipales, entre las que cita a Secopsa, Sociedad de Agricultores de la Vega, FCC, Luján y Lubasa pagaron actos electorales de la campaña de Barberá en 2007 a Laterne, la agencia que montó toda la campaña del PP de Valencia para aquellos comicios.

El juez aprecia indicios de malversación, cohecho y delito electoral en la supuesta actuación del grupo municipal popular descrita por Gordillo.

Facturas falsas

Los proveedores buscados por Laterne para materializar la campaña de 2007 tuvieron que rehacer las facturas que inicialmente habían emitido al PP "con los conceptos auténticos de los trabajos realizados", indicó el testigo. "Como finalmente el partido no se iba a hacer cargo de determinados gastos, se eliminaron [de las facturas] las alusiones a la campaña electoral. Los proveedores hicieron las mismas facturas, con el mismo número y por los mismos importes eliminando de ellas cualquier alusión a la campaña política", pero esta vez dirigidas a Laterne por servicios simulados.

Conferencia de la exalcaldesa en Washington

La agencia Laterne Product Council estaba muy cerca del Ayuntamiento de Valencia, en la calle Correos. Fue en su despacho de esta mercantil donde el testigo Jesús Gordillo recibió de manos de Alfonso Grau 350.000 euros en billetes de 500 para pagar los gastos electorales de 2007, según su declaración.

El testimonio también indica que la agencia de eventos, en cuya sede estaban domiciliadas otras empresas del mismo grupo, realizó entre 2007 y 2008 otros encargos para el Consistorio. Entre ellos, conseguir que Rita Barberá diera una conferencia sobre Valencia en la Universidad George Washington, en la capital de Estados Unidos.

En aquellos años Laterne, al frente de la cual estaba Vicente Sáez Tormo, participó en el patrocinio de la camiseta del Valencia CF e hizo trabajos para Valmor Sports, la empresa investigada en el caso Fórmula 1 que, según la fiscalía, fue utilizada como pantalla por el expresidente de la Generalitat Francisco Camps para ocultar que era la Administración autonómica la que corría con el coste de organización del Gran Premio de Europa.

En paralelo, Laterne también emitió facturas por conceptos falsos a las empresas adjudicatarias de contratas municipales que habían entregado dinero para costear la campaña de Barberá, declaró el testigo. El objetivo de esa falsedad, ejecutada "por orden de Alfonso Grau", fue "ocultar que realmente eran distintas empresas las que asumían el coste de determinados actos electorales en los que había incurrido el partido".

Además de los 350.000 euros en metálico presuntamente entregados por Grau al testigo en un sobre, el que fuera mano derecha de Barberá también dio instrucciones a Gordillo para "recoger de la empresa Secopsa un cheque bancario por importe de 150.000 euros" e ingresarlos en la cuenta de Laterne como pago de gastos electorales, según la declaración. En total, 500.000 euros a los que hay que sumar otro cheque de 150.000 que, según el testimonio, la secretaria general del grupo municipal, Mari Carmen García Fuster, le entregó a Gordillo con destino a Laterne para cancelar deudas electorales.

La procedencia de este último supuesto pago es un misterio para los investigadores, ya que el cheque no procedía de ninguna de las cuentas, ni las oficiales ni las opacas al Tribunal de Cuentas, del grupo municipal del PP que han detectado los investigadores. Ello les lleva a pensar que al menos otra cuenta bancaria sigue oculta.

El origen, el blanqueo

La investigación sobre la financiación del PP de Valencia en la etapa de Barberá no ha finalizado, aseguran fuentes del caso. Pero sí se han reunido los indicios cuya posible destrucción justificaba el secreto de sumario de esta subpieza de la causa. Esta línea de investigación se deriva de las pesquisas sobre una supuesta operación de lavado de dinero negro para sufragar la campaña de las elecciones locales de 2015.

Por estos hechos están imputados medio centenar de miembros del grupo municipal del PP de Valencia, incluidos nueve de sus 10 concejales, que han negado las acusaciones. Y fue el motivo por el que Barberá tuvo que declarar en el Tribunal Supremo en noviembre, dos días antes de fallecer. La exalcaldesa también proclamó su inocencia.

En los cuatro meses que ha permanecido vigente el secreto, agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil han recabado papeles y testimonios en fundaciones públicas municipales y empresas que han tenido contratas del Ayuntamiento. Todas ellas son sospechosas de haber pagado actos electorales a Laterne, la agencia de eventos que organizó la campaña de Barberá en 2007.

El juez Gómez abrió la subpieza secreta en noviembre a petición de la fiscalía y la UCO, tras observar indicios de "aportaciones económicas de terceras empresas y fundaciones públicas" a aquella campaña, según un auto de 10 de noviembre hecho público este lunes. El magistrado apreció inicialmente que los nuevos hechos podían ser constitutivos de los delitos de malversación, cohecho y delito electoral. Y que resultaban indicativos de una "continuidad delictiva" en el grupo municipal que se extendía hasta el año 2015.

Los tres vértices de la financiación

Gordillo, el testigo que ha declarado que recibió 350.000 euros en metálico de Grau, era en 2008 trabajador de Laterne, después de haber sido asesor municipal del PP de Valencia. En la legislatura de 2011 a 2015 volvió a trabajar para el grupo municipal popular, pero antes de regresar al Ayuntamiento fue empleado, además, por Secopsa, empresa a la que el Consistorio adjudicó el mantenimiento de todo el mobiliario municipal.

La relación entre ambas empresas y el Ayuntamiento era tan estrecha que, según el testigo, entró a trabajar en ambas gracias a la influencia de Grau y fue el entonces vicealcalde el que "negoció el salario" que el ahora testigo iba a percibir en ambas mercantiles. Su testimonio, basado en su experiencia directa en las tres patas de la presunta financiación irregular del PP de Valencia, apuntala la tesis que mantiene la fiscalía.

El mismo sistema que en Gürtel

El sistema esbozado por la investigación es similar al que presuntamente utilizaron la trama Gürtel y la cúpula del PP de la Comunidad Valenciana que presidía Francisco Camps para financiar las campañas electorales del mismo año 2007 y de 2008.

En Gürtel, el papel de Laterne lo realizaba Orange Market, la empresa que administraba Álvaro Pérez, El Bigotes. Y el lugar de los contratistas municipales lo ocuparon nueve empresarios de la construcción y la obra pública, adjudicatarios de la Generalitat, que pagaron actos electorales a Orange Market. Así lo han reconocido ellos mismos en la parte del caso Gürtel en la que están procesados Vicente Rambla, Ricardo Costa y otros antiguos miembros de la dirección del PP valenciano.

El objetivo nuclear de la subpieza del caso Taula sobre la que ahora se ha levantado el secreto es reforzar los indicios de blanqueo de capitales de 2015. Esto es, la existencia de una práctica de pagos irregulares al grupo municipal que generaban dinero negro y explicarían el lavado de fondos de la última campaña local mediante el llamado procedimiento del pitufeo: muchas personas (50) lavan una pequeñas cantidad de dinero (1.000 euros cada una) para que la operación pase desapercibida.

El caso Taula es una macrocausa de corrupción que ha revelado, entre otros supuestos delitos, la existencia de una trama del 3% en el seno del PP valenciano.

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2017/03/13/valencia/1489394178_668690.html


 

ANTICORRUPCIÓN PIDE PROCESAR A GRAU POR COHECHO Y BLANQUEO

El exvicelcalde habría recibido varios relojes de lujo como regalo de un empresario, que posteriormente habría cambiado por otros de mayor valor, pagando la diferencia en efectivo

La Fiscalía Anticorrupción ha pedido al titular del Juzgado de Instrucción número 19 de Valencia que dicte auto de incoación de procedimiento abreviado en la causa abierta contra el exvicealcalde de Valencia Alfonso Grau por cohecho y blanqueo de capitales.

Esta causa, que propició la detención de Grau y la de un empresario del sector del transporte y contratista del Ayuntamiento el pasado 22 de febrero, nació a raíz de una investigación de la Agencia Tributaria.

Hacienda puso en conocimiento de la Guardia Civil determinadas operaciones económicas realizadas por Grau que podrían ser constitutivas de un delito de blanqueo de capitales.
Al parecer, el empresario Urbano Catalán, responsable del Grupo Transvía, habría regalado varios relojes de lujo a Grau, que posteriormente éste habría cambiado por otros de mayor valor, pagando la diferencia en efectivo.

De hecho, en el registro de su domicilio, en la mañana del 22 de febrero, la Guardia Civil localizó numerosos relojes de gama alta, algunos de ellos modelos exclusivos, según las mimas fuentes.

Estos tienen la particularidad, según los investigadores, de tener números de serie y garantías personalizadas, lo cual permitiría conocer su origen, momento de compra y titularidad, y facilitar la investigación sobre el posible delito de cohecho, es decir, regalos a autoridad o funcionario público a cambio de favores.

La petición del fiscal para poner punto final a la instrucción de esta causa se formuló antes de Navidad, si bien el juez instructor aún no se ha pronunciado sobre la misma. La única diligencia que quedaba pendiente, la declaración de un responsable de la Agencia Tributaria, se dejó sin efecto.

Grau, marido de la exconcejala del PP María José Alcón -investigada en el supuesto blanqueo del grupo popular en el Ayuntamiento de Valencia-, está a la espera, además, de la sentencia del caso Nóos, en el que está acusado de prevaricación administrativa, malversación, fraude a la administración y tráfico de influencias en relación a la contratación del Instituto Nóos a través de la Fundación Turismo de Valencia, que él presidía.

http://cadenaser.com/emisora/2017/01/12/radio_valencia/1484233745_776151.html


HACIENDA DENUNCIA EN LA FISCALÍA AL CUÑADO DE RITA BARBERÁ POR FRAUDE FISCAL

El ministerio fiscal revisa desde hace meses movimientos financieros de José María Corbín tras recibir documentación de la Agencia Tributaria

El asunto aún no se ha judicializado pero el fraude en impuestos podría elevarse a ingentes cantidades de dinero

Barberá declara que ella se dedicaba a "sacar votos" y responsabiliza de la financiación a su vicealcalde

La Fiscalía provincial de Valencia va tras el cuñado de la ex alcaldesa de Valencia Rita Barberá, el abogado José María Corbín, por un presunto delito de fraude fiscal después de que Hacienda comunicara una serie de irregularidades contables. Según apunta la información a la que ha tenido acceso EL MUNDO, las diligencias de la Fiscalía parten de una denuncia que la Agencia Tributaria, órgano dependiente del Ministerio de Hacienda, presentó ante el ministerio fiscal contra un sistema que habría permitido a la familia política de Barberá, fallecida repentinamente en noviembre en un hotel de Madrid, defraudar al fisco ingentes cantidades de dinero. La sección de Delitos Económicos tuvo conocimiento de estos hechos hace meses y, tras analizar la documentación de Hacienda, valorará en el momento oportuno si se elevan a un juzgado las pesquisas. Según puntualizaron fuentes conocedoras del procedimiento, los hechos no guardan por el momento ninguna relación con la presunta trama de comisiones que se investiga dentro de las diligencias derivadas de la Operación Taula.

Corbín es un prestigioso abogado que ha ejercido toda su carrera profesional en la Comunidad Valenciana. Está casado con Asunción Barberá, conocida en Valencia como Totón, la hermana de Rita Barberá que durante 24 años ejerció de jefa de la Alcaldía del Ayuntamiento. La Fiscalía de Valencia atribuyó a Asunción Barberá un presunto delito continuado de malversación en relación al caso Ritaleaks pero la Fiscalía del Tribunal Supremo (TS) concluyó que cargar a la Administración gastos como las cajas de naranjas que enviaba la ex alcaldesa a Génova 13 por Navidad no es delito. Corbín ha sido una de las máximas personas de confianza de la ex dirigente popular y ha ejercido de asesor legal de la familia desde que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil desmanteló la presunta «organización criminal» del PP valenciano. En el Registro Mercantil aparecen dos sociedades a nombre de Corbín. Según la documentación incluida en sus informes comerciales, una sociedad es Corbín Abogados SL, con sede en la calle Grabador Esteve de Valencia, y la otra Ritoco, localizada en la calle San Vicente, una empresa cuya actividad comercial incluye la postproducción cinematográfica, de vídeo y de programas de televisión. Corbín Abogados SL y la productora Ritoco compartieron instalaciones pero en 2014 se modificación los domicilios fiscales de ambas empresas. Según esta documentación, el despacho de abogados regentado por Corbín, constituido en 1999, no presenta cuentas al Registro Mercantil desde el año 2011 -se entregaron las del ejercicio de 2010- pese a que estaría en pleno rendimiento. Mientras, la productora Ritoco -las sigas de Rita, Toti y Coté; el nombre de sus hijas-, sin actividad aparente, nunca ha presentado al Registro Mercantil sus cuentas.

Las cuentas anuales permiten conocer la realidad económica y financiera de una empresa de forma pública y, según regulan varios artículos de normas mercantiles, deben ser depositadas obligatoriamente en el Registro Mercantil por sociedades anónimas o sociedades limitadas. Según los expertos consultados, los registros autorizan hasta el 31 de julio de cada año la presentación de cuentas, y a partir de ese mes las califican como presentadas, pero fuera de plazo.

El incumplimiento de la obligación de depositar las cuentas da lugar a que no se inscriba en el registro documento alguno referido a dicha sociedad. Es decir, cualquier cambio societario (modificación estatutos, administradores o nuevo poder de la empresa) no podrán inscribirse hasta que no estén depositadas, que es lo que le está pasando a Corbín, según estos datos.

La Fiscalía ha impuesto el cerrojazo informativo en torno a este asunto y, hasta que se aclare si decide judicializar los hechos , se desconoce si la investigación tiene que ver con movimientos entre empresas o con otro tipo de operaciones. Pese a que se investiga al cuñado de Barberá al margen del caso Taula, no ha pasado desapercibido entre los investigadores que estos hechos se hayan conocido justo cuando la UCO detectó el presunto blanqueo de capitales en el grupo municipal popular. Corbín es, además, el abogado de Mari Carmen García-Fuster, la presunta cajera del PP de Valencia que habría repartido billetes de 500 euros para aflorar hasta 50.000 euros que se destinaron a financiar la última campaña electoral de Barberá. Corbín ha mantenido una posición activa en este procedimiento y propició reuniones entre la ex alcaldesa y García-Fuster, para quien Anticorrupción pidió prisión provisional, tras la macroredada que el juzgado autorizó hace ahora justo un año.

En el caso Taula, José María Corbín comparte estrategia con un grupo de defensas de diversos cargos del grupo municipal popular que intentan anular una de las pruebas principales: la llamada de la ex concejal María José Alcón a su hijo en la que le confiesa los métodos de García-Fuster para devolver al circuito legal dinero que procedería del presunto pago de comisiones.

En concreto, según consta en el sumario, la Guardia Civil interceptó el 15 de abril de 2015, a las 21:30 horas, una conversación entre Alcón, actual esposa de Alfonso Grau, y su hijo en la que le traslada cómo la cliente del cuñado de Rita Barberá le pidió que ingresara en la cuenta 1.000 euros que les devolverían en dos billetes de 500. «Han hecho una trampa en el partido, que me han dado 1.000 euros en dos billetes de 500, dinero negro (...) Y yo les tenía que hacer una transferencia legal de mi cuenta, o sea, para blanquear dinero vamos, corrupción política total, pero bueno». Alcón también aparece en las conversaciones de Marcos Benavent contando billetes.

http://www.elmundo.es/comunidad-valenciana/2017/01/18/587e43d2e2704e444b8b4591.html


LA UCO SE PERSONA EN TURISMO VALENCIA SIGUIENDO EL RASTRO DEL BLANQUEO DEL PP

Los agentes de la Guardia Civil buscan contratos con la empresa Laterne

Agentes de la UCO de la Guardia Civil se han personado este martes en la sede de Turismo Valencia, en la capital valenciana, para pedir contratos y documentación relacionada con la empresa Laterne, en un rastreo del presunto blanqueo del grupo municipal del PP en el consistorio, en la etapa de la exalcaldesa Rita Barberá, dentro de una pieza declarada secreta en la operación Taula, derivada del caso Imelsa.

Según ha podido saber Europa Press de fuentes conocedoras de la actuación, agentes de la UCO se han personado en la sede de Turismo Valencia --organismo participado por el Ayuntamiento-- en el marco de una pieza secreta abierta recientemente dentro del caso Taula, que investiga el juzgado de Instrucción número 18 de Valencia.

Los agentes han procedido a realizar un registro en busca de diferente documentación y contratos que pudieran haberse firmado con la empresa Laterne para ver si existió una presunta financiación irregular del PP en la campaña de 2007.

A la vista de esta actuación, la concejala de Desarrollo Económico Sostenible y presidenta de la Fundación Turismo Valencia, Sandra Gómez, ha expresado la "plena disposición" del Gobierno municipal con la justicia para que "se aclaren cuanto antes todos los hechos relaciones con la supuesta financiación irregular del PP".

Gómez se ha manifestado en estos términos después de que la UCO se haya personado en las oficinas de la fundación Turismo Valencia . "Lamentamos que una vez más noticias relacionadas con la gestión del anterior equipo perjudiquen la imagen de los valencianos y valencianas", ha asegurado.

Además, ha querido remarcar que frente al "pasado plagado de sospechas" el actual equipo de Gobierno está "trabajando para recuperar la reputación de los valencianos y la imagen de Valencia". Con este objetivo, ha recordado que la Fundación Turismo Valencia ha presentado el nuevo plan estratégico de turismo.

Del mismo modo, ha señalado que desde Turismo Valencia no descartan tomar medidas legales a través de la fundación, "en el caso de que se evidencie que se utilizó con otros fines que no fueran lo relacionados con su actividad".

https://www.google.es/amp/amp.levante-emv.com/valencia/2017/01/31/uco-persona-turismo-valencia-siguiendo/1522749.html?client=safari

 

LA UCO ACREDITA QUE CONTRATISTAS PAGARON LAS CAMPAÑAS DE RITA BARBERÁ

El juzgado declara secreto parte del 'caso Taula' tras identificar donaciones de empresarios para llenar la caja 'B' desde 2007Las pruebas apuntan que Laterne y Trasgos recaudaban los fondos

Empresarios llenaban la caja 'B' para que Rita Barberá ganara elecciones

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha acreditado donaciones irregulares de empresarios y contratistas del Ayuntamiento de Valencia al PP a través de empresas del sector de la comunicación para financiar campañas electorales de Rita Barberá al menos desde el año 2007. Según la información a la que ha tenido acceso EL MUNDO, el juzgado que instruye las diligencias derivadas de la Operación Taula abrió una nueva pieza separada en noviembre que se declaró secreta tras aparecer nuevas pruebas que confirmarían el circuito que siguió el dinero de los empresarios y la presunta financiación irregular del grupo municipal popular en el Ayuntamiento de Valencia.

La documentación que forma parte de esta pieza separada, publicada ayer por Valencia Plaza, apunta directamente a las dos agencias que montaron las campañas de Barberá: Grupo Laterne y Trasgos. La primera realizó trabajos electorales para el PP de la ciudad de Valencia hasta 2008 y Trasgos desde esta fecha hasta 2015. Estas dos empresas se han llevado contratos municipales, de concejalías o fundaciones públicas, que superan los tres millones de euros mientras gestionaban las presuntas donaciones ilegales al grupo municipal. Entre los contratistas que investiga el juzgado en secreto por donar dinero ilícito al PP de Valencia destaca Secopsa, la constructora fetiche del ex vicealcalde Alfonso Grau, quien custodiaba la presunta caja B del PP de Valencia. Además, Secopsa forma parte del consejo de administración de la Rambleta, una de las contratas que se investiga en la pieza separada que indaga en el reparto de comisiones y amaños de contratos en el Ayuntamiento.

Laterne se inscribió en el registro mercantil en 1994, estuvo administrada por el empresario Vicente Sáez Tormo -ya fallecido- y entre sus empleados han figurado varios asesores del grupo municipal. Uno de ellos es Jesús Gordillo, quien pasó del grupo municipal al staff de la constructora y de ahí al consejo de administración de la Rambleta después de que Grau adjudicara a Secopsa el contrato millonario de mantenimiento de edificios públicos. Gordillo volvió más tarde al grupo municipal y fue uno de los asesores que declaró como testigo por negarse a blanquear los 1.000 euros de la última campaña de Barberá después de que Grau rompiera con la ex alcaldesa.

Justo en el año 2007, poco después de la convocatoria electoral, Laterne firmó con el Ayuntamiento de Valencia uno de los contratos más suculentos que se llevó con el PP. La Fundación municipal Centro y Desarrollo (CEyD), con el ex concejal Juan Eduardo Santón aún como responsable, encargó a City Marketing Council, del grupo Laterne, hasta 300.000 euros por un infobarómetro que terminó dos años después otra sociedad porque esta empresa quebró. Según la documentación a la que ha tenido acceso esta redacción, el contrato se firmó el 13 de septiembre de 2007 y sólo dos días después, el 15 de septiembre de 2007, Laterne ya presentó dos facturas, de 100.000 y 200.000 euros respectivamente, por supuestos trabajos a la fundación CEyD. Otra de las fundaciones que contrató con esta empresa es Turismo Valencia, hasta 2015 bajo el control absoluto de Grau. Compromís denunció estos hechos pero la Fiscalía los archivó al concluir que no había «nada fundado en que basar la posible existencia de una conducta delictiva». Laterne y Gürtel2007 es la nueva fecha que ha fijado el juzgado para investigar la presunta financiación irregular del grupo municipal. En ese momento el delito electoral no venía recogido en el Código Penal pero las diligencias que dirige la UCO habrían acreditado la existencia de otros delitos que aún no estarían prescritos.Ese mismo año, Laterne montó actos para la campaña de Barberá a través de Orange Market, el brazo de Francisco Correa en Valencia. Uno de ellos fue en el polideportivo del Cabanyal. Existen muchas similitudes entre la mecánica de Gürtel y Taula: firmas del sector de la comunicación que montan actos del partido que les contrata y, a su vez, emiten facturas falsas a constructoras que esconden verdaderas donaciones ilegales al parto que gobierna. Este 'modus operandi' les permitía rebasar cualquier techo de gasto.

Por la plantilla de Laterne también pasó Patricia Iserte, otra de las asesoras del grupo municipal que se negó a participar en el blanqueo de 2015. Iserte declaró en el juzgado que había trabajado «en una agencia de comunicación», Laterne, «como consultora de empresa. Que se prestaron servicios en esa agencia para el Ayuntamiento» y que en las elecciones de 2007, la agencia en cuestión también trabajó para el PP.Preguntada por si le constaba que era Grau el que contrataba a esta agencia, como ocurría con Trasgos, respondió «que no lo sabía, que se trataba de Laterne». Iserte dijo que era Alfonso Novo, actual concejal, el que hacía de enlace con Laterne.

http://www.elmundo.es/comunidad-valenciana/2016/12/21/585993bae5fdea621e8b457f.html


EL JUEZ INVESTIGA SI LA UCO MANIPULÓ PRUEBAS CONTRA EL PP DE RITA BARBERÁ

juzgado que instruye las diligencias derivadas de la Operación Taula investigará si la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil manipuló pruebas del presunto delito de blanqueo de capitales por el que continúan imputados -ahora, investigados- medio centenar de cargos del PP de la ex alcaldesa de Valencia Rita Barberá. La petición de investigación parte de un grupo de defensas que reclutó el cuñado de Barberá, el abogado José María Corbín, quien defiende en este procedimiento a Mari Carmen García-Fuster, la secretaría del grupo municipal popular que habría repartido los billetes de 500 euros en la última campaña electoral.

Estas defensas han propuesto en los últimos meses un rosario de diligencias para invalidar la conversación telefónica, muy didáctica, en la que la ex concejal de Cultura María José Alcón, esposa del ex vicealcalde Alfonso Grau, confesó a su hijo por teléfono el blanqueo por el método del pitufeo. La última prueba propuesta es la práctica de diligencia pericial, «consistente en que por un perito de parte se pueda acceder en sede judicial para llevar a cabo un examen técnico de los soportes informáticos originales que fueron remitidos por la UCO». El objetivo, «verificar el sistema de sellado o firma electrónica avanzado o sistema de adveración fiable que se haya dotado a esos soportes digitales» El magistrado-instructor, el juez Víctor Gómez, firmó este miércoles un auto, al que ha tenido acceso EL MUNDO, en el que autoriza esta prueba y una serie de diligencias complementarias que parten del propio juzgado. En concreto, el juez ha enviado un oficio a la dirección general de la Guardia Civil para que, por parte del responsable del controvertido sistema SITEL -Sistema Integrado de Interceptación Telefónica-, «se informe a este juzgado, en términos sencillos, sobre si las conversaciones interceptadas y demás datos recogidos a través del sistema permanecen alojadas en el servido central o en los terminales policiales del sistema operativo como evidencia legal, una vez facilitadas a los juzgados en soporte digital; o si por el contrario, una vez transferidas a dicho soporte, se eliminan o resultan inaccesibles».Así, el instructor pone el foco sobre SITEL y pide a la Guardia Civil que aclare «si las grabaciones y obtención de datos» llevadas a cabo mediante este sistema «se realizan mediante un sistema completamente automático o si por el contrario permiten al funcionario habilitado o mediante cualquier procedimiento técnico, la supresión o manipulación de la información obtenida».Además, el juez Gómez quiere información «sobre el sistema y modo de llevar a cabo, en su caso, y sobre el soporte digital proporcionado a los juzgados, las comprobaciones que garanticen la identidad e integridad de las conversaciones grabadas y de los demás datos contenida en los DVDs». Cuando se obtenga toda esa información el juzgado ha autorizado a las partes acceder a los registros de llamadas de Alcón.

El escrito se ha presentado porque en esta pieza separada del caso Taula se investiga una presunta falsa aportación de 1.000 euros por cabeza para financiar la campaña de 2015 que más tarde se devolvería con dos billetes de 500. Una de las principales pruebas de cargo es la intervención telefónica, que tuvo lugar en abril del año pasado, en la que Alcón le explica a su hijo la «trampa en el partido (...) para blanquear dinero vamos, corrupción política total».El magistrado subraya en su auto que «todas las partes en el proceso tienen derecho a conocer materialmente las evidencias probatorias, las condiciones y circunstancias de su obtención». En ese sentido, cree que la petición que hace este grupo de abogados «es razonable», sobre todo si se tiene en cuenta que, en la conversación telefónica entre Alcón y su hijo, «se han establecido por este instructor determinadas limitaciones de acceso a su integridad, por razones afectantes a la intimidad». Las defensas pidieron que se les diera traslado del audio original pero el juzgado no la repartió porque hay datos ajenos al procedimiento.

El juez no duda de la labor de la Guardia Civil en su auto, explica que aceptar la prueba no significa «cuestionar el buen cometido policial», pero añade que «no debe haber inconveniente en que se pueda comprobar materialmente aquellas condiciones de la prueba obtenida que, como dicen los proponentes, aseguren que la conversación que está en el proceso sea auténtica (en el sentido que es la conversación grabada por el sistema técnico de interceptación) e íntegra». Las defensas buscan fallos en esta tramitación para sacar la llamada del sumario de esta pieza separada.

http://www.elmundo.es/comunidad-valenciana/2016/12/16/5852cc5bca4741810e8b4637.html

 

EL PP DECLARA QUE LAS DONACIONES DE RITA BARBERÁ Y SU GRUPO FUERON ILEGALES

El auditor de la formación declara a petición del partido ante el juez de Taula

El auditor del PP afirmó este martes que las donaciones de 1.000 euros realizadas por la exalcaldesa de Valencia Rita Barberá y su grupo municipal para financiar la campaña de las elecciones locales de 2015 fueron "ilegales". El auditor, Carlo Luca, hizo la manifestación ante el juez que instruye en Valencia el caso Taula, Víctor Gómez, según han confirmado fuentes conocedoras de su declaración.

Luca compareció ante el magistrado a petición del propio Partido Popular, que está imputado como persona jurídica en la pieza separada de las donaciones, abierta por supuesto blanqueo de capitales y financiación ilegal (técnicamente, delito electoral). Los miembros del grupo municipal imputados defienden su inocencia.

La ilegalidad de las donaciones se debió, según el auditor, a que se realizaron sin ponerlas en conocimiento del partido y al margen de las cuentas bancarias abiertas para financiar la campaña electoral, tal y como establece la normativa electoral.

El Tribunal de Cuentas ya confirmó que las cuentas bancarias que utilizaba el grupo municipal que lideraba Barberá, fallecida la semana pasada en un hotel de Madrid dos días después de declarar como investigada ante el Tribunal de Supremo por su condición de senadora y por tanto de aforada, escaparon a su control y su existencia no le fue comunicada.

La declaración del auditor estaba prevista para la semana pasada, pero el repentino fallecimiento de Barberá, y la imposibilidad de asistir al interrogatorio de su cuñado, José Manuel Corbín, letrado de la defensa de la ex secretaria general del grupo municipal, Mari Carmen García Fuster, llevaron al aplazamiento de la comparecencia.

El auditor del PP defendió este martes ante el juez la validez del sistema del partido para vigilar la financiación electoral. Y afirmó que las cuentas bancarias de los grupos municipales no son de su competencia sino de la Intervención de los Ayuntamientos. La Intervención del Consistorio valenciano ha señalado que la existencia de las cuentas bancarias del PP local, ahora bloqueadas por el juez, no le fueron comunicadas.

La comparecencia del auditor, coinciden varias fuentes del caso consultadas, responde a la voluntad del partido de demostrar que no tiene responsabilidad en lo ocurrido en Valencia porque sus sistemas de control eran adecuados. Y que, si se cometió un delito, fue porque el sistema de vigilancia fue burlado desde el grupo municipal.

El auditor llegó a afirmar que el propio fiscal del caso podría incurrir en gastos electorales si, por su cuenta y riesgo, decidiera pagar un cartel pidiendo el voto sin comunicárselo a los órganos de control del partido.

La pieza de las donaciones se abrió por un supuesto delito de blanqueo. Según sospecha el juez Gómez, 50 miembros del grupo municipal ingresaron 1.000 euros en una cuenta del partido y recibieron el mismo importe en metálico de fondos de origen ilícito, presuntamente comisiones a cambio de contratos.

El interrogatorio de este martes se ha centrado, sin embargo, en la vertiente de delito electoral hacia el que ha evolucionado la investigación de esta pieza separada, y que ahora centra la mayor parte de las diligencias judiciales.

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2016/11/30/valencia/1480497986_138162.html



AZNAR, MARGALLO, BOTELLA, COTINO, CAMPS Y MAYOR OREJA, EN EL FUNERAL DE RITA BARBERÁ EN VALENCIA

El cardenal Cañizares pide "que no se siente a nadie en el banquillo de los medios"

El cardenal Cañizares alaba la trayectoria de Rita Barberá "haciendo el bien por el mundo"

El funeral en la Catedral de Valencia en recuerdo de la senadora y exalcaldesa Rita Barberá, que falleció en Madrid el pasado miércoles a los 68 año, ha contado con la presencia en la tarde de este lunes del expresidente del Gobierno y del PP, José María Aznar (que fue recibido con aplausos), de exministros, de la dirección de PPCV y de otros politicos conservadores

Entre los asistentes, más de 3.000 personas según el Arzobispado, estaban también el presidente del Senado, Pío García Escudero; el exministro del Interior y presidente de la Fundación Valores y Sociedad, Jaime Mayor Oreja; y el exministro de Asuntos Exteriores José Manuel García-Margallo.

También han acudido la ex alcaldesa de Madrid Ana Botella, los expresidentes de la Generalitat Francisco Camps y Alberto Fabra, así como miembros de la dirección del PP en la Comunidad Valenciana, como la presidenta regional del partido, Isabel Bonig; la coordinadora general, Eva Ortíz; y el presidente del PP de la provincia de Valencia, Vicente Betoret.

También estaban exconsellers como Juan Cotino, María José Catalá, Máximo Buch y Paula Sámchez de León, y numerosos concejales del PP durante la etapa de Rita Barberá.

Los fieles han llenado por completo la Catedral de Valencia, en una misa presidida por el cardenal arzobispo Antonio Cañizares y concelebrada por los obispos auxiliares y una docena de sacerdotes, que estuvieron acompañados por el coro de la catedral, que interpretó piezas de una misa de difuntos.

El cardenal arzobispo de Valencia, Antonio Cañizares, ha pedido en la misa funeral por la exalcaldesa de Valencia "que no se hagan más víctimas, que no se siente a nadie en el banquillo de los medios". Durante la homilía, en la que ha recordado a la exalcaldesa, fallecida el pasado miércoles, Cañizares ha destacado su "sacrificio total y sin reservas por todos. Que su muerte no siembre división y enfrentamiento, sino la concordia", ha pedido el cardenal, quien ha resaltado además que los medios "deben decir la verdad", porque, de no hacerlo, se correría el riesgo de "destrucción de la sociedad y de España".

De otro lado, la coordinadora del PPCV, Eva Ortiz, ha admitido hoy que el partido tenía que tomar decisiones "durísimas e injustas, desde la presunción de inocencia", sobre Rita Barberá que son "dificilísimas" de trasladar a los interesados, como decirle que debía abandonar este partido ante sus "cuestiones judiciales".

Sin embargo, Ortiz ha asegurado que nadie habría entendido que las cosas se hubieran hecho de otra manera en el caso de la exalcaldesa de Valencia y senadora, fallecida el pasado miércoles en Madrid a causa de un infarto.

Ortiz, que ha comparecido ante los periodistas tras la reunión del consejo de dirección del PPCV, ha reconocido al ser preguntada por Barberá que en cuanto a las formas tienen que "reflexionar" y es "obligatorio y necesario" hacerlo. "A lo mejor en las formas o en la falta en algún momento de diálogo, no digo que no", ha señalado Ortiz, quien ha pedido no hacer todos los días leña del árbol caído.

"Es durísimo y dolorosísimo -ha manifestado- cuando tienes que decirle a un compañero que, por cuestiones judiciales y nunca poniendo en cuestión la presunción de inocencia", abandone el partido.

Según la coordinadora del PPCV, este partido ha vivido "muchas situaciones desagradables" y había que tomar "decisiones durísimas, injustas, desde la presunción de inocencia" que son "dificilísimas" de trasladar a los interesados, pero fue una decisión de la dirección regional teniendo en cuenta conversaciones con la dirección nacional y con un mandato de las tres direcciones provinciales y "el sentir de la calle".

Preguntada por las amenazas que denunció Rita Barberá antes de su muerte, Ortiz ha asegurado que expresamente no las conocía y ha señalado que siempre han contactado con Barberá para darle su apoyo en esas situaciones.

http://m.publico.es/politica/1979974/aznar-margallo-botella-cotino-camps-y-mayor-oreja-en-el-funeral-de-rita-barbera-en-valencia


EL PP DICE QUE ECHÓ A RITA BARBERÁ PARA EVITAR EL “LINCHAMIENTO” DE LAS “HIENAS”

El portavoz del PP en el Congreso, Rafael Hernando, asegura que en el partido no hay mala conciencia

El portavoz del PP, Rafael Hernando, ha asegurado este jueves que en el partido no hay mala conciencia por la muerte de la senadora Rita Barberá y ha afirmado que fue apartada precisamente para evitar su "linchamiento". Aunque "las hienas siguieron mordiéndola", ha añadido en declaraciones a RNE. La senadora, y principal referente del PP valenciano, murió de un infarto dos días después de declarar como investigada por blanqueo de capitales ante el Supremo. Por su implicación en este caso se vio obligada a darse de baja del PP, partido en el que llevaba 40 años y con el que se mantuvo casi 25 años como alcaldesa de Valencia.

Este jueves, un día después de su muerte repentina, y en mitad de un cruce de acusaciones y reproches de la familia y del seno del PP, Hernando ha arremetido contra algunos medios de comunicación que, en su opinión, han hecho "seguidismo", por haber convertido a Barberá en "un pimpampum al que golpear permanente", porque "daba audiencia". "No son los dirigente del PP, no, no,... ya está bien", ha advertido el dirigente popular, que ha llamado a la reflexión a los directivos de esos medios de comunicación. "Algunos se han llenado los bolsillos gracias a que en sus cadenas de televisión se practica un periodismo de acoso y escrache", ha dicho.


Barberá se dio de baja del PP el 14 de septiembre, presionada para no perjudicar a sus siglas. La "dolorosa" decisión, como ella misma explicó, no fue voluntaria. Llegó tras una tensa negociación con la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, y el vicesecretario de organización, Fernando Martínez-Maillo, que le pedían que diera un paso atrás para aliviar la presión por los escándalos de corrupción en plenas negociaciones para intentar investir presidente a Mariano Rajoy y en campaña para las elecciones gallegas y vascas.

Ausencia "repugnante"

Hernando ha calificado de "repugnante" la decisión de Podemos de ausentarse del minuto de silencio por la muerte de la senadora que se celebró en el Congreso y ha manifestado su decepción especialmente con Íñigo Errejón, a quien ayer le dijo que "no tenía ya nada que hablar con él".

Ada Colau, alcaldesa de Barcelona, ha transmitido sus condolencias a la familia y aunque ha calificado su figura de "controvertida" ha insistido durante una entrevista en Catalunya Radio en que "no es día para alimentar polémicas". El ministro portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, cree que "se ha sido injusto" con ella. "La reflexión que tenemos que hacer todos es decir que en casos como estos tenemos que estar más cerca de las personas, acompañarlas más".

La presidenta del PP valenciano, Isabel Bonig, ha señalado a EL PAÍS que no se siente culpable de la muerte de Barberá, de la que ha dicho que es un referente único en el PP valenciano. "Ha sido un duro golpe y hay que quedarse con lo positivo. Rita ha tenido aciertos y errores, y ahora es el momento de reconocer lo bueno", ha resaltado, informa Maria Josep Serra.

http://politica.elpais.com/politica/2016/11/24/actualidad/1479987265_179422.html



EL PP SE LANZA A IDOLATRAR A RITA BARBERÁ

"No está ya en el PP y no tenemos nada que comentar", fue hace tres días la respuesta oficial de la cúpula de Génova sobre el proceso judicial a la senadora

Ministros y cargos del partido atribuyen a una "cacería política" el deterioro anímico reciente de la exalcaldesa de Valencia

Casi todos los dirigentes del PP habían tendido un cordón sanitario en torno a ella los últimos meses y su soledad resultaba evidente

Cuando hacía poco menos de dos horas que Rita Barberá había fallecido en la habitación que ocupaba en el Hotel Villa Real, frente al Congreso, los dirigentes del PP se lanzaron a una carrera por elogiarla. "Una mujer honrada y muy honesta y una gran española. Creo que eso es lo que le hubiera gustado oír decir a ella misma y eso es todo lo que tengo que decir", zanjaba María Dolores de Cospedal, secretaria general del partido.

Como si el empeño de la exsenadora por mantenerse en el escaño y conservar su aforamiento no hubiera provocado una auténtica crisis en el PP. Y como si ella no hubiera respondido a las amenazas de expulsión de la cúpula del partido renunciando a su carné para conservar su asiento en el Senado aunque le obligara a pasar a las filas del Grupo Mixto.

El fallecimiento de la dirigente política caída en desgracia ha logrado reunir a todo el partido en torno a ella. El enfado por la negativa de los diputados de Unidos Podemos a participar en el minuto de silencio en el Congreso ayudó a que varios altos cargos hablaran de "cacería".

El comunicado de renuncia a las siglas

"He solicitado mi baja del PP porque así me lo ha pedido el partido", dejó claro Barberá en el comunicado de su renuncia. "Con ello, además de dar una muestra de mi entrega a él, evito que nadie se ampare en mí para responsabilizarme de cualquier perjuicio o para esconder sus resultados políticos y electorales", seguía. La citación judicial se había solapado con la campaña electoral en Galicia y Euskadi y suponía un peligro para Alberto Núñez Feijóo y Alfonso Alonso.

La mayor parte de los dirigentes del PP habían tendido un cordón sanitario en torno a ella los últimos meses y su soledad resultaba evidente. Pocos días antes, durante la apertura de las Cortes, fueron contados los diputados que la saludaron. Durante el discurso del rey, logró sentarse en un lateral de la bancada más alta del que había sido su partido. Después, se hizo un hueco como pudo en la tribuna que se había situado en la calle para ver el desfile militar posterior. Al ver sus dificultades para subir el escalón, el diputado Gerardo Camps la ayudó a subir y acomodarse.

La presión de la oposición y de la opinión pública para que el PP la apartara como signo de responsabilidad política había ido creciendo desde que su grupo municipal casi al completo fue imputado por un posible blanqueo de capitales. La apertura de la causa por parte del Tribunal Supremo, el 13 de septiembre, la colocó en una situación irreversible. Su familia no quiso confirmarlo, pero ella viajaba de Valencia a Madrid cuando se confirmó la noticia y optó por bajarse del tren a medio trayecto.

La "cláusula Barberá" del pacto con Ciudadanos

El preacuerdo del PP con Ciudadanos en el que se recogía la obligación de expulsar a los imputados por corrupción se conoció durante las negociaciones como la "cláusula Barberá" porque estaba hecha a su medida y así lo reconocieron miembros de ambas formaciones. Un PP en minoría ya no podía seguir protegiéndola como en la anterior legislatura, cuando Rajoy la había incluido en la Diputación Permanente del Senado para que siguiera aforada aun con el Senado disuelto. La necesidad de apoyos para la investidura era acuciante.

El ultimátum de que el Comité de Derechos y Garantías, el órgano disciplinario interno del PP, comunicaría su baja si no lo hacía ella se tradujo en una dura negociación con Fernando Martínez-Maillo.

El responsable de Organización fue quien tuvo que enfrentarse a ella en nombre de Rajoy y Cospedal. El presidente evitó hacerlo directamente y nunca le reclamó públicamente que dejara el carné y el escaño. Tampoco Cospedal, que siempre la defendió con entusiasmo en público.

Tres días después, el líder del PP reconoció que ya no tenía "ninguna autoridad sobre ella" y se refugiaba en que Barberá ya no era de los suyos. La relación entre ambos había llegado a ser de amistad desde que se conocieron hace más de 30 años. Peso pesado y alcaldesa imbatible, mantuvo una larga reunión en La Moncloa antes de ser oficialmente candidata por última vez. Ante su empeño en repetir y la falta de banquillo, Rajoy respetó su voluntad y ella volvió a competir por la alcaldía de Valencia sin lograr repetir en el cargo.

El papel de los vicesecretarios

Ante la defensa que los más altos dirigentes del PP hicieron de ella, todos los focos se pusieron sobre los nuevos vicesecretarios. Los más jóvenes procuraron dejar claro que no bastaba con que ella se prestara a declarar voluntariamente. La falta de credibilidad del PP en su mensaje de que iba a ser ejemplar contra la corrupción era evidente, y Pablo Casado, Javier Maroto y Andrea Levy fueron más duros.

De hecho, los dos primeros subrayaron que las explicaciones públicas de Barberá les parecían "insuficientes" pocos minutos después de que el presidente del PP dijera que a él le dejaban "tranquilo". Maroto también habló de falta de "dignidad en el final de su carrera". Casado recordó que "fuera de la política también hay vida". Ambos reproches los compartieron otros muchos diputados y cargos del partido. Siempre sin micrófonos o grabadoras delante.

Pero no fueron los únicos. En los últimos días de Barberá como militante, exministros como Alfonso Alonso le recordaron que o dimitía ella o el PP haría valer su autoridad. Luis de Guindos y Cristina Cifuentes, entre varios, también le pidieron que renunciara al acta en el Senado.

Entre las muchas reacciones a su muerte, Carlos Floriano fue de los pocos que no se centró en culpar a los demás y pidió una "reflexión" general en la que incluyó a sus compañeros de partido.

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RITA BARBERÁ MUERE DE UN INFARTO EN UN HOTEL DE MADRID

La senadora, y principal referente del PP valenciano, declaró el lunes ante el Supremo por blanqueo

Rita Barberá, senadora del Grupo Mixto y exalcaldesa de Valencia del PP, ha muerto a primera hora de esta mañana a causa de un infarto en el hotel Villa Real, situado a unos metros del Congreso de los Diputados de Madrid.

Los efectivos de emergencia recibieron la llamada a las siete de la mañana. Según fuentes del 112, les avisaron de que una paciente de 68 años se encontraba en parada cardiorespiratoria en el hotel Villa Real. "Le hicieron maniobras de reanimación durante 30 minutos sin éxito", añaden. Algunos diputados del PP se han acercado ya al hotel y también lo ha hecho el ministro del Interior Ignacio Zoido, que ha salido sin hacer declaraciones. La presidenta del Congreso de los Diputados, Ana Pastor, ha pedido un minuto de silencio por su fallecimiento.

Como hay sesión de control en el Senado, la prensa se ha trasladado en bloque al hotel, donde hay mucha policía y dos vehículos Summa. Aún no se ha producido el levantamiento del cadáver.

La exalcaldesa valenciana fue, hasta hace poco más de un año, el principal referente del PP valenciano. Durante casi un cuarto de siglo de la tercera ciudad de España y logró sortear numeros casos de corrupción hasta que llegó la operación Taula, que la obligó a declarar en el Tribunal Supremo este lunes como investigada por blanqueo de capitales en el PP valenciano.

Barberá, que llegó del brazo de su abogado con semblante serio, negó "absolutamente" la existencia de una caja b en el PP de Valencia y aseguró desconocer si el grupo municipal popular manejaba dos cuentas corrientes. Sí admitió haber efectuado una donación de mil euros para la campaña electoral pero sostuvo que nunca le han "devuelto nada", en contra de lo que argumentan el fiscal y el juez del caso Taula.

http://politica.elpais.com/politica/2016/11/23/actualidad/1479887130_732014.html


RITA BARBERÁ NIEGA “ABSOLUTAMENTE” EN EL SUPREMO LA EXISTENCIA DE UNA CAJA B EN EL PP DE VALENCIA


La exalcaldesa admite haber donado mil euros para la campaña, pero niega que se los devolvieran

Rita Barberá ha negado este lunes en el Tribunal Supremo su participación en las presuntas irregularidades del PP de Valencia. Según el acta de la declaración prestada por la exalcaldesa en el alto tribunal, Barberá, ahora senadora del Grupo Mixto, ha negado "absolutamente" la existencia de una caja b en el PP de Valencia, ha asegurado desconocer si el grupo municipal popular manejaba dos cuentas corrientes y ha admitido haber efectuado una donación de mil euros para la campaña electoral pero ha sostenido que nunca le han "devuelto nada", en contra de lo que argumentan el fiscal y el juez del caso Taula.

Además, la senadora ha afirmado que no conoce cómo funciona el sistema de donaciones para las campañas electorales porque ella no formaba parte del comité electoral. "Yo me dedicaba a sacar votos", ha afirmado. La exalcaldesa ha precisado que era el comité de campaña el que "diseñaba las necesidades económicas" y "distribuía" las mismas. "Una de las misiones del comité de campaña era la provisión de fondos", ha afirmado Barberá, que ha añadido que ella se dedicaba "al programa electoral y a estar en la calle".

La exalcaldesa ha señalado como los encargados de "controlar los ingresos y gastos" de la campaña en el grupo municipal a los portavoces, que, en este caso, fueron distintos en las dos ultimas convocatorias electorales: Alfonso Grau en 2011 y Alfonso Novo en 2015.

La exalcaldesa ha asegurado no saber si el grupo municipal del PP tenía dos cuentas corrientes porque ella, ha dicho, desconoce "todo absolutamente" de las cuentas. Barberá ha explicado al juez que los militantes con cargo solían aportar 60 euros mensuales a las cuentas del PP "dado que el partido necesita financiarse". En su opinión, y en contra de la del fiscal, este procedimiento no es "financiación atípica". En algunas ocasiones, ha precisado, "había aportaciones extraordinarias".

La senadora ha explicado que la decisión de que los militantes donaran 1.000 euros para la campaña electoral de 2015 se adoptó en una reunión del comité de campaña a la que ella no asistió. Ella hizo la aportación, pero asegura que nunca le han devuelto "nada", "ni todo ni parte" y que, en su momento, no conoció ningún caso en el que se hubiera devuelto el dinero. Más tarde, tras abrirse el sumario judicial del caso, ha sabido de algunas personas que aseguran que les reintegraron los mil euros en dos billetes de 500, pero Barberá afirma que ella no sabe "absolutamente nada de esas devoluciones".

Barberá ha insistido en toda su comparecencia en situarse al margen de la financiación del partido, aunque ha negado expresamente que en el PP de Valencia se produjera "ningún tipo de financiación ilegal". Ha asegurado que se enteró del supuesto procedimiento ilícito por los medios de comunicación. Según los investigadores, la encargada de manejar la supuesta caja b del partido era Mari Carmen García-Fuster, secretaria general del grupo municipal hasta que fue detenida en febrero pasado. Barberá ha asegurado que García-Fuster nunca le comunicó ni le dio cuenta de esas aportaciones. La exalcaldesa a señalado también a García-Fuster como la "encargada de recepcionar las aportaciones de los afiliados y militantes del grupo municipal".

La exalcaldesa ha accedido a declarar de forma voluntaria ante el Supremo, que decidió abrirle una causa para investigar el presunto blanqueo de capitales del PP en el Ayuntamiento de Valencia durante su etapa como alcaldesa. Al acudir voluntariamente, Barberá evita, de momento, que el Supremo pida al Senado el suplicatorio necesario para actuar contra los aforados, aunque la senadora ha comparecido ya en calidad de investigada (antes imputada) y ha estado acompañada por su abogado, José Antonio Choclán. Ha sido interrogada por el instructor de la causa en el Supremo, el magistrado Cándido Conde-Pumpido, y el fiscal Juan Ignacio Campos. Según fuentes del alto tribunal, Barberá ha respondido a las preguntas de ambos, pero ha aportado pocos detalles y se ha limitado a repetir las alegaciones que ya presentó por escrito ante el juez de Valencia Víctor Gómez.

La senadora se ha negado a contestar a las preguntas del PSOE, que ejerce la acusación popular. Las cuestiones que llevaba preparadas la abogada de los socialistas han sido incorporadas por escrito a la causa. Fuentes presentes en la declaración han explicado que el magistrado Conde-Pumpido ha dado ahora tres días a las partes para que soliciten nuevas pruebas. Los socialistas, previsiblemente, pidan que se llame a varios imputados de la causa que se instruye en Valencia que han señalado la responsabilidad de Barberá, han admito que se les reingresó la donación de mil euros que hicieron para la campaña o que se negaron a donar dinero porque les pareció que el procedimiento no era legal.

El blanqueo del PP municipal de Valencia se investiga en una pieza separada del caso Taula, en el que indagan las prácticas supuestamente corruptas de decenas de cargos del Partido Popular valenciano e instituciones y entidades controladas por esta formación. El juez que instruye el caso en Valencia investiga donaciones de 1.000 euros efectuadas por concejales y asesores del partido, a los que, presuntamente, se les devolvía esta cantidad en dos billetes de 500 euros para blanquear dinero en efectivo de supuesta procedencia ilícita. En la pieza sobre el blanqueo hay ya casi medio centenar de imputados, incluido el PP como persona jurídica y casi todo el equipo de Barberá de su etapa como alcaldesa.

Los documentos y testimonios recabados desde el inicio de la llamada Operación Taula, en enero pasado, señalaban a la exregidora, pero su blindaje como aforada, dado su actual cargo de senadora, le permitió posponer varios meses la imputación. El juez de Valencia fue acumulando indicios y, en abril, envió una exposición razonada al Supremo en el que subrayaba sus sospechas sobre las cuentas del PP municipal y la relación de Barberá con la responsable de finanzas, Mari Carmen García-Fuster, principal imputada en la causa. La fiscalía del alto tribunal apoyó su petición y decidió por fin en septiembre investigarla.

La comparecencia de la exalcaldesa ha durado apenas una hora. Ha empezado a las 10.50, con veinte minutos de retraso sobre la hora prevista, y Barberá ha abandonado el Supremo a las 12.10 acompañada por su abogado. La senadora ha salido de la sede del alto tribunal y se ha metido directamente en un taxi que le esperaba en la puerta. Con gesto muy serio, Barberá no ha querido hacer declaraciones a los medios de comunicación ni antes ni después de su comparecencia ante el juez

http://politica.elpais.com/politica/2016/11/21/actualidad/1479716184_557771.html


 

EL SUPREMO ESPERA A BARBERÁ

La senadora mantendrá las mismas líneas de su declaración en Valencia

La exalcaldesa comparecerá el lunes ante Conde Pumpido y la abogada del PSOE, que ha sido aceptado como acusación popular

Rita Barberá afrontará el próximo lunes una de las situaciones más complicadas de su extensa carrera política. La senadora comparecerá a primera hora ante Cándido Conde-Pumpido, el magistrado del Tribunal Supremo que investiga su participación en un delito de blanqueo. En la misma sala estará la abogada del PSOE, formación que ayer mismo fue aceptada como acusación popular tras abonar los 3.000 euros de fianza. Su papel puede ser meramente testimonial. Lo más probable es que Barberá no entre al juego de su rival político y obvie sus preguntas.

Su declaración, salvo sorpresa mayúscula, seguirá las mismas líneas que el escrito que presentó en su día en el juzgado. Barberá aportó los 1.000 euros, pero que nunca le devolvieron la cantidad en dos billetes de 500 euros que las acusaciones sostienen que recibieron. La senadora aportó en su día también un extracto de su cuenta. No obstante, no se descarta que Conde-Pumpido solicite más datos acerca de las cuentas bancarias a lo largo de la instrucción que acaba de arrancar. Otro factor que juega a favor de la aforada: Barberá no figura en el comité de campaña y, por tanto, no pudo tener responsabilidad alguna en la decisión de aportar aquellos 1.000 euros. Mantendrá, de igual modo, la tesis de que los testigos actúan por venganza. Las declaraciones de los cuatro asesores -ninguno la implica a ella directamente pero sí revelan la existencia de ese sistema de blanqueo- responden a un plan preconcebido del exvicealcalde Alfonso Grau y al hecho de que no iban a seguir en sus puestos. El alto cargo había abandonado su responsabilidad en el Ayuntamiento ante el juicio por el caso Nóos.

Acción Cívica, nueva acusación en la pieza del blanqueo

Los pinchazos telefónicos a la exconcejal de Cultura y esposa de Grau, María José Alcón, desvelaban esa animadversión hacia la alcaldesa. La amistad de ambos había concluido de manera traumática. De las intervenciones se desprendía que el exvicealcalde la culpaba de que él estuviera sentado en el banquillo por los contratos de Urdangarin. El enfado se incrementaba por la posición que ocupaba Alcón en la última lista electoral, un puesto que la apartaba de ser concejal.

En contra de Barberá, juegan dos factores. Por un lado, su estrecha amistad con Mari Carmen García-Fuster, la secretaria del Grupo Municipal y quien manejaba el dinero de la organización. De igual modo, resulta incriminatoria la conversación de Alcón con su hijo, en la que se reconoce abiertamente la operativa del blanqueo. Las defensas tratan de lograr en la instrucción en Valencia la nulidad de esta prueba. El juez ha autorizado una pericial médica de la exconcejal, que en el momento del pinchazo se encontraba ingresada en un centro por su delicado estado de salud mental.

http://www.lasprovincias.es/politica/201611/19/supremo-espera-barbera-20161119000039-v.html


ALFONSO GRAU, EN EL CENTRO DE LA DIANA DEL CASO DEL 'PITUFEO'

Las preguntas en las declaraciones y las periciales propuestas por un grupo de seis letrados del caso de presunta financiación ilegal del PP tratan de acreditar que todo fue un complot de Grau contra el Grupo Municipal

Alfonso Grau, exvicealcalde de Valencia y mano derecha de Rita Barberá durante 20 años, es el objetivo de un grupo de seis abogados de las defensas de los cerca de 50 acusados de blanqueo de capitales del Grupo Municipal Popular, el también conocido como caso del 'pitufeo'. Ya desde un principio su línea de defensa apuntaba a un presunto complot de Grau y sus asesores, pero tras añadirse el delito electoral a la causa, varios de los letrados han optado por cercar al exvicealcalde.

Los motivos de apuntar hacia Alfonso Grau son dos. El primero es demostrar que las grabaciones en las que su mujer, la exconcejal de Cultura María José Alcón, le explica a su hijo cómo se realizó el presunto blanqueo de capitales están manipuladas y orquestadas por él. El segundo motivo es descargar de culpa a la cajera del PP, la exsecretaria del grupo Mari Carmen García-Fuster, no solo del blanqueo sino también del delito electoral en la campaña de 2011 y de 2015.

Según ha podido saber Valencia Plaza de fuentes de las defensas así como cercanas a la investigación, las posturas adoptadas por este sexteto en las diferentes declaraciones de investigados y testigos y las periciales solicitadas por el grupo de letrados van todas en la misma línea: desacreditar a Alcón y hundir a Alfonso Grau.

Prueba de ello es la reciente petición de escuchar la grabación completa entre la exconcejal y su hijo. Este periódico ha podido averiguar que estos letrados esperan poder acreditar una manipulación por parte del entorno de Alcón, y así conseguir que se eliminen de la causa.

Las últimas declaraciones tomadas por el magistrado instructor dentro de esta pieza también han ido en esa línea de defensa. Al responsable de la Agencia de Comunicación Trasgos, Antonio Puig, le preguntaron quién era la persona responsable de los contratos en la campaña de 2011, a lo que éste respondió que Grau. Esto apuntaría, según ellos, a que era Alfonso Grau la persona que movía los hilos dentro del delito electoral y no la cajera García-Fuster.

Otra de las testigos, una asesora que se negó a blanquear dinero del Grupo Municipal, respondió que, tras pedirle la cajera que blanqueara dinero, llamó a Grau para contárselo. En su día, Alfonso Grau declaró que se enteró del tema del pitufeo por su mujer y que no había hablado del tema con nadie más.

El detonante, según los letrados

Para este grupo de abogados, la respuesta de la asesora apoya su tesis de que, tras tener que abandonar la política activa por el caso Nóos, y ver como su mujer era relegada dentro de las listas, Alfonso Grau maquinó todo un plan para acabar con los que habían sido sus compañeros en el Ayuntamiento de Valencia, llegando a mentir delante del magistrado cuando acudió a declarar como testigo.

El resto de los abogados de las defensas están bastante perplejos ante la deriva que está tomando el tema. Algunos letrados consultados por Valencia Plaza tachan de "errónea" la estrategia, ya que Alfonso Grau es la persona que conoce "todos los trapos sucios del Ayuntamiento de Valencia, del Grupo Municipal y de todos los concejales de los últimos 20 años". Explican estas fuentes que apretar al exvicealcalde puede terminar siendo una "bomba de relojería que les estalle en la cara" y, por ende, "a todos los demás".

http://valenciaplaza.com/alfonso-grau-en-el-centro-de-la-diana-del-caso-del-pitufeo


EL JUEZ RECHAZA DAR DETALLES PSIQUIÁTRICOS DE LA ESPOSA DE GRAU

Las defensas de otros imputados en Taula habían pedido conocer su historial médico y medicación

El juez que instruye el procedimiento por supuesto blanqueo en el grupo del PP en el Ayuntamiento de Valencia rechaza revelar los detalles de la situación psiquiátrica de María José Alcón, esposa del exvicealcalde Alfonso Grau y elemento clave en la investigación al haber sido grabada por la Guardia Civil mientras describía la operación delictiva a su hijo por teléfono.

Las defensas de los imputados en esta parte del caso Taula habían solicitado conocer extremos como el historial médico de Alcón y la medicación que le había sido recetada. Con ello, pretenden probar que Alcón no estaba en posesión de sus facultades mentales cuando explicó la operación de blanqueo captada por los investigadores.

Víctor Gómez, instructor del caso Taula, solo admite que las defensas de los imputados en esta pieza separada, que suman medio centenar entre concejales, exconcejales y empleados municipales del Partido Popular, tengan acceso a datos administrativos.

Entre ellos, las fechas en las que Alcón estuvo ingresada en el hospital privado de Aguas Vivas (Valencia), las visitas que recibió durante su estancia y "si por razones organizativas o de tratamiento tuvo limitado de algún modo el libre acceso a su teléfono móvil".

Niega, en cambio, que se revelen otros detalles del tratamiento al considerar que supondría violar la intimidad de Alcón. Esta fue concejal de Cultura con la exalcaldesa Rita Barberá y está imputada junto a su marido en el caso.

Gómez rechaza así que el hospital aporte el historial médics, los motivos por los que estuvo ingresada en el hospital en abril de 2015. El día 15 de aquel mes fue grabada por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil explicando a su hijo el conocido como "pitufeo", por el cual medio centenar de miembros del grupo popular habrían ingresado 1.000 euros en una cuenta del partido y habrían recibido el dinero en metálico.

También desestima el magistrado la petición de que el centro indicara si Alcón fue "sometida al llamado protocolo de prevención de suicidios", y la medicación que le fue suministrada.

La defensa de la exconcejal de Cultura había considerado "absolutamente improcedente y lesiva al derecho a la intimidad" de su clienta la petición de los otros acusados. Y había alegado que la propia Alcón había solicitado ser sometida a un análisis médico en el que se refleje su estado de salud.

El magistrado sí ha aceptado la práctica de esta prueba en las condiciones en que lo había solicitado la defensa de la exconcejal. La realizará el Instituto de Medicina Legal de Valencia, y la documentación sobre la trayectoria médica de Alcón solo se entregará al facultativo que realice el peritaje. El objetivo es que la documentación médica no "se divulgue ni se exhiba a terceros".

La investigación por blanqueo se inició referida a las elecciones de 2015, pero se ha ampliado a los comicios de 2011 y ahora también se indaga un posible delito electoral (financiación ilegal) del partido en Valencia.

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2016/11/02/valencia/1478101977_142864.html


APROBADA LA LEY QUE PERMITE REVOCAR SENADORES TERRITORIALES VALENCIANOS

Los socialistas critican la propuesta de Podemos, pero votan a favor por "lealtad"

Aprobada la ley que permite revocar senadores territoriales valencianos Las Cortes inician la reforma legal para revocar a la senadora Barber

Rita Barberá no acude a las Cortes Valencianas a explicar el ‘caso Taula’

El pleno de las Cortes Valencianas ha dado luz verde este miércoles a la reforma de la ley de designación de senadores territoriales, planteada por Podemos, para establecer la posibilidad de revocarlos cuando incurran en comportamientos que susciten pérdida de confianza o provoquen el desprestigio de sus instituciones. El PP ha votado en contra y el resto de grupos a favor, aunque el PSPV ha señalado que lo ha hecho por "lealtad al acuerdo político" que tiene con Podemos.

El cambio se ha realizado tras la implicación en el caso Taula de la exalcaldesa de Valencia Rita Barberá, que es senadora territorial.

Tal y como consta en la ley aprobada, el proceso de revocación debe iniciarse a propuesta de un mínimo de dos grupos parlamentarios que representen al menos una décima parte de los miembros de las Cortes y que dicha revocación sea aprobada por dos tercios de la cámara sin oposición del grupo proponente del senador a revocar.

El portavoz de Podemos, Antonio Montiel, ha señalado que los senadores territoriales "representan al conjunto de la comunidad y son elegidos a través del Parlamento autonómico". Por tanto, ha destacado que "hay una relación directa de confianza y sometimiento de esas personas a esta Cámara".

"Quien puede elegir, puede también revocar", ha dicho Montiel, que ha manifestado que esta ley "atiende a una demanda social de responsabilidad política, de rendición de cuentas y de control de la acción de los representantes políticos". Montiel considera que el Senado tal y como está configurado actualmente es "un aparato caro, poco operativo y que no ha demostrado su utilidad", pero entiende que "mientras exista queremos poder elegir a los mejores para representar la sensibilidad de nuestros ciudadanos" y que exista "el derecho a cambiar de opinión".

El socialista Manolo Mata ha indicado que su grupo vota a favor de esta ley presentada por Podemos "por lealtad a un acuerdo político que tenemos", pero considera que "estamos experimentando para abrir un mecanismo de posible revocación de un senador que, en la práctica, es imposible". "No podemos hacer leyes pensando en personas concretas, porque algún día alguien utilizará esas leyes para machacarnos a nosotros", ha añadido.

También ha criticado que la ley incluya "conceptos jurídicos indeterminados y conceptos morales en la exigencia de comportamientos políticos". Asimismo, ante las palabras de Montiel de que con esta norma buscan "elegir a los mejores" senadores, Mata ha replicado que "la política no es una meritocracia, es la voluntad popular y el pueblo es el que decide quién le representa".

"No está en una manifestación, sino haciendo leyes"

"Usted es tan político como nosotros, usted no está en una manifestación, está haciendo leyes y tiene que pensar en el conjunto de la ciudadanía", ha dicho Mata a Montiel.

"No puedo ser ni la mitad de contundente, ni de claro, ni dejar en evidencia esta pseudoley de forma tan clara como lo ha hecho el señor Mata", ha dicho posteriormente el diputado popular Alfredo Castelló, quien ha advertido de la "vulneración de la Constitución" que supone esta norma.

Castelló ha subrayado que "una cosa es abrir un debate como se ha abierto en la Comunidad de Madrid y otra es traer una ley a las Corts para aprobarla y cambiar el sistema actual". A su juicio, esta norma es una "cafrada".

Por parte de Compromís, Mireia Molla ha destacado que "va siendo hora que tome sentido el concepto de asunción de responsabilidades políticas", y ha manifestado que "la sociedad va más rápida que la Constitución".

Mollà ha defendido dos enmiendas presentadas por su grupo. Una de ellas pedía distribuir proporcionalmente entre todos los grupos de la Cámara el número de senadores a elegir, pero no ha salido adelante. Sí ha sido aprobada otra que elimina de la ley la comparecencia previa obligatoria de los candidatos a senadores territoriales.

Desde Ciudadanos (C's) Carmen Sánchez ha criticado que el PP no haya presentado "ni una sola enmienda" a pesar de que entiende que "era un buen momento para dialogar, enmendar, aportar y conseguir entre todos una buena ley".

Sánchez ha recordado que la exalcaldesa de Valencia Rita Barberá fue elegida senadora territorial en las Cortes y "a día de hoy nada se puede hacer para quitarle el acta, ni siquiera esta proposición de ley".

Por ello, ha dicho que con esta ley se busca "garantizar una representación digna en el Senado en la próxima legislatura y no una persona que sale día sí y día también en la prensa por estar investigada por una trama y atrincherada en su casa", y que "el nombre de la comunidad no vuelva a ser tirado por tierra".

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2016/10/20/valencia/1476953239_451245.html


 

EL SUPREMO IMPUTA A BARBERÁ Y LA LLAMA A DECLARAR EL 21 DE NOVIEMBRE

El tribunal impone una fianza de 3.000 euros al PSOE para poder ejercer la acusación popular

El magistrado de la Sala II del Tribunal Supremo Cándido Conde-Pumpido ha citado a declarar para el próximo día 21 de noviembre a las 10.30 horas a la senadora del PP y exalcaldesa de Valencia Rita Barberá, dentro de la causa por un presunto delito de blanqueo de capitales. En una providencia, el instructor cita a Barberá en calidad de investigada (antes imputada) para recibirle declaración voluntaria.

Conde-Pumpido, como instructor de dicha causa, ha impuesto además una fianza de 3.000 euros al PSOE para poder ejercer, como ha solicitado, la acusación popular.

La investigación abierta a Barberá deriva de la exposición razonada elevada al Supremo el pasado mes de abril por el Juzgado de Instrucción número 18 de Valencia, describiendo indicios contra la aforada en un presunto blanqueo de capitales que se habría producido en el Grupo Popular del Ayuntamiento de Valencia cuando ella era alcaldesa. La Fiscalía apoyó, en informe del pasado 27 de julio, la apertura de la investigación y la designación de instructor.

En el auto de apertura de la causa, el Supremo destacó que, sin perjuicio de lo que pudiera resultar de la investigación, los hechos descritos por el Juzgado de Instrucción número 18 de Valencia en la exposición razonada pudieran ser constitutivos de un delito de blanqueo de capitales previsto y penado en los artículos 301 y siguientes del Código Penal. “Resulta, pues, imprescindible –añade el auto—continuar la investigación sobre los mismos y sobre la participación en ellos de la persona aforada doña María Rita Barberá Nolla”.

El objeto de la investigación iniciada por el Juzgado de Valencia es si, bajo la cobertura de unas aportaciones de 1.000 euros realizadas por personas vinculadas al Grupo Municipal del PP en el Ayuntamiento de Valencia y al mismo partido, se oculta el afloramiento de un dinero en efectivo en poder de algún responsable o responsables del Grupo Popular. También se indaga sobre el origen del dinero supuestamente blanqueado.

Riesgo de judicialización de la política

Por otro lado, en un auto, el instructor, Cándido Conde-Pumpido, impone una fianza de 3.000 euros al PSOE para ejercer la acusación popular en la causa, y alerta además del “serio riesgo de judicialización de la política” que supone la práctica, que no existe en los países de nuestro entorno, de que un partido político pueda ejercer la acusación en una causa penal contra una persona relevante de un partido de signo contrario. Añade que ese riesgo existe en la medida en que esa práctica “transforma el área de debate procesal en un terreno de confrontación política”.

El PSOE había pedido que no se le señalase el pago de fianza alguna para ejercer la acusación popular. El auto recuerda que tanto el Anteproyecto de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal de 2011, como la Propuesta de Código Procesal Penal de 2013, elaborados por gobiernos de signo político diferente, prohibían expresamente el ejercicio de la acción popular por los partidos políticos.

“Es cierto que estos proyectos no han alcanzado vigencia, y que existe una cuestionable práctica judicial que admite, con carácter general, la personación de los Partidos Políticos como acusación popular en causas contra políticos de otros partidos. Pero ello no excluye que, aun admitiendo la personación, se adopten las necesarias cautelas, lo que no permite privilegiar este tipo de acusaciones e impide que se prescinda del señalamiento de la oportuna fianza”, indica la resolución.

Ponderando las eventuales responsabilidades pecuniarias que pudieran derivarse para el PSOE, y la previsible asequibilidad a su prestación por éste, el magistrado fija en 3.000 euros la fianza.

http://politica.elpais.com/politica/2016/10/20/actualidad/1476963385_853016.html


LA SUBIDA DE SUELDO DE BARBERÁ AL PASAR DEL PP AL GRUPO MIXTO DEL SENADO: 9.700 EUROS MÁS AL año

La exalcaldesa de Valencia renuncia a la portavocía rotatoria de su nuevo Grupo y a los ingresos que le corresponderían en concepto de subvenciones: unos 2.300 euros

Sumará a sus 4.636 euros mensuales de la pasada legislatura 697,64 como portavoz adjunta de la Comisión de Incompatibilidades

Rita Barberá acudió este martes a su primer pleno del Senado como miembro del Grupo Mixto después de que hace un par de semanas renunciase a su carné del Partido Popular al conocerse que el Tribunal Supremo estaba a un paso de imputarla en el marco de la operación Taula. Antes de esta cita, la senadora acudió a una reunión de su Grupo Mixto convocada precisamente para analizar la situación tras su llegada y adecuar el reparto de tareas y fondos presupuestarios.

Fuentes conocedoras del contenido de esta reunión informaron de que Barberá trasladó a sus nuevos compañeros que no va a ocupar la Portavocía rotatoria del Grupo cuando le corresponda y que renuncia también a la asignación proporcional que le corresponde de la subvención que el Senado paga al Mixto para la cobertura de gastos de funcionamiento. Esta cantidad está ubicada en unos 2.300 euros al mes. Lo que sí reclamó Barberá es ser portavoz en dos comisiones en las que previamente había ejercido como vocal: la de Economía y la Constitucional aunque al final se tendrá que conformar con ser portavoz adjunta de la Comisión de Incompatibilidades, un puesto que conlleva un ingreso extra de 697,64 euros al mes. Esto es lo que decidieron sus compañeros a puerta cerrada después de que ella abandonase la reunión para dejar que el resto de senadores se pronunciasen.

¿Cómo quedan entonces las retribuciones de Barberá? La senadora recibirá al mes los 2.813,91 euros que le corresponden en concepto de asignación constitucional, 1.822,38 euros en concepto de "indemnizaciones y ayudas" por ser de una circunscripción diferente a Madrid y los ya citados 697,64. En total, 5.333,93 euros al mes. Una cantidad que, multiplicada por 14 pagas resulta 74.675 euros al año.

Sin extras con el PP

En la última legislatura, en las filas del PP, Barberá no tenía ningún ingreso extra porque los vocales de comisión no perciben más dinero. Cobraba 4.636,29 euros al mes, 64.908 euros anuales. Ahora, pues, sentada en el Grupo Mixto Barberá cobrará 697,64 euros más al mes. Una cantidad que, multiplicada por 14 pagas resulta 9.767 euros al año. A esta cantidad hay que sumar los gastos de transporte cubiertos, una tarjeta de 3.000 euros al año para gastos de taxi en Madrid y las dietas en el caso en el que viaje en misión parlamentaria: 120 euros al día si el desplazamiento es por España y 150 si lo hace por el extranjero.

Contando a Rita Barberá, proveniente del PP, el Grupo Mixto del Senado cuenta con 17 miembros (4 senadores de CDC, 3 de Ciudadanos, 2 de Compromís, 1 de UPN, 1 de EH Bildu, 1 de Foro Asturias, 1 de Nueva Canaria, 1 de Coalición Canaria, 1 de la Agrupación Socialista Gomera y 1 de la Agrupación Herreña Independiente).

El escaño que le ha correspondido a Barberá en el Senado es el 301. Se encuentra en la última fila del bloque central de asientos del hemiciclo y es el único asignado en esa zona al Grupo Mixto, ya que los otros 16 asientos que le corresponden están repartidos en las dos filas anteriores, informa Europa Press.

http://www.infolibre.es/noticias/politica/2016/09/27/la_subida_sueldo_barbera_pasar_del_grupo_mixto_del_senado_700_euros_mas_ano_55385_1012.html


 IMPUTADO POR BLANQUEO UN DIPUTADO DEL PP VALENCIANO

El exconcejal de Seguridad de Rita Barberá está acusado de lavar dinero en el 'caso Taula'

El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana ha abierto este jueves una causa por blanqueo de capitales contra Miguel Domínguez, exconcejal de Seguridad de Rita Barberá en el Ayuntamiento de Valencia y actualmente diputado del PP en las Cortes Valencianas. El nuevo procedimiento forma parte del caso Taula.

El parlamentario ha proclamado su inocencia y ha anunciado su decisión de no dimitir y pasar al grupo de no adscritos del Parlamento autonómico. El PP de la Comunidad Valenciana se ha dado por satisfecho con su salida del grupo parlamentario y ha evitado pedirle el acta.

La coordinadora general de los populares valencianos, Eva Ortiz, ha valorado que Domínguez haya atendido la llamada telefónica de la presidenta regional del partido, Isabel Bonig, "a diferencia de otros casos".

Una referencia, aparentemente, a la negativa de Barberá a atender en su día las peticiones de Bonig para que dimitiera del cargo de senadora por designación territorial. Y, sobre todo, a la rebeldía de los nueve concejales del PP en el Ayuntamiento de Valencia —de un total de 10— que se han negado a abandonar el grupo municipal pese a las reiteradas peticiones públicas y privadas efectuadas por la dirección regional, y a haberse dado de baja del partido.

Domínguez era el último miembro del equipo de gobierno local de Barberá en la legislatura pasada que no estaba siendo investigado por haber participado en una supuesta operación de pitufeo, como la denominó la Guardia Civil.

Esta consistió en ingresar 1.000 euros en una cuenta del PP y recibir la misma cantidad en metálico con el fin de blanquear fondos de origen ilícito, procedentes del cobro de comisiones a cambio de adjudicaciones, con los que financiar la campaña a electoral de los populares en Valencia.

El presunto blanqueo afecta a más de medio centenar de exconcejales y trabajadores del grupo municipal del PP de Valencia. Y ha implicado el abandono de Barberá del PP, después de que el Tribunal Supremo haya abierto causa contra ella. Barberá se ha integrado en el grupo mixto del Senado tras negarse a dimitir.

Domínguez, que al igual que Barberá es aforado, aunque en este caso ante el Tribunal Superior valenciano, ya anunció hace meses que en caso de ser imputado haría lo mismo: abandonaría el Grupo Popular en el Parlamento autonómico, pero no entregaría su escaño, pasando a integrar el grupo de no adscritos de la Cámara.

Después de conocer la apertura de la causa contra él, el exresponsable de Seguridad de Valencia ha declarado que dio los 1.000 euros al partido, pero que no le fueron devueltos. Y ha quitado importancia a las diligencias judiciales. "¿No aparezco en nada, no hay fundamento, pero si llaman a todos, ¿no me iban a llamar a mí?", ha dicho en declaraciones a EFE.

El diputado ha añadido que cuando "se aclare" su situación, esto es, en la eventualidad de que la causa sea archivada, pedirá reincorporarse al Grupo Popular. De momento compartirá bancada con Covadonga Peremarch, elegida en las elecciones autonómicas de 2015 en la lista de Podemos en Alicante, que se negó a dimitir tras ser sancionada por la formación por un pucherazo en las primarias de esta ciudad.

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2016/10/13/valencia/1476350148_648572.html

 

BARBERÁ SE AFERRA EL ESCAÑO EN EL SENADO Y SOLICITA SU BAJA EN EL PP

Señala en un comunicado que, con su decisión, evita "que nadie se ampare" en ella para responsabilizarla "de cualquier perjuicio o para esconder sus resultados políticos y electorales"

Dirigentes nacionales y provinciales han presionado en las últimas horas a la exregidora municipal para que se apartase "por el bien del partido"

Rita Barberá pedirá la baja en el Partido Popular, pero se aferra al Senado, donde ocupa un escaño por designación de las Cortes Valencianas. Fuentes conocedoras de las negociaciones entre la dirección nacional del PP y la exalcaldesa de Valencia para intentar desbloquear la crisis desatada tras la última decisión del Tribunal Supremo aseguran que la exregidora se agarra a que no está imputada formalmente y a los estatutos del partido que fijan la dimisión de los cargos públicos en el momento de la apertura del juicio oral. Además, a que el acta le pertenece.

Este paso supone la integración de Barberá en el Grupo Mixto de la cámara Alta. El anuncio llega poco antes de que el presidente del Gobierno en funciones clausure una conferencia del ministro Luis de Guindos con motivo de la presentación de un libro.

A las 17.40 horas, la oficina de información del PP difundió un comunicado [aquí, en PDF] de la senadora en el que remarca su voluntad de analizar los hechos con detenimiento, reclama que se inicien pronto las diligencias, manifiesta que no dimitirá y avanza que entregará su carné de militante.

"He solicitado mi baja del Partido Popular porque así me lo ha pedido el Partido y con ello, además de dar una muestra más de mi entrega a él, evito que nadie se ampare en mí para responsabilizarme de cualquier perjuicio o para esconder sus resultados políticos y electorales", escribe. Un párrafo que suena a advertencia a Alfonso Alonso y Alberto Núñez Feijóo, que están de campaña electoral y al propio Mariano Rajoy que sigue asegurando que su intención es formar Gobierno.

La Sala II del Supremo abrió este martes causa a la exalcaldesa de Valencia y senadora por un presunto delito de blanqueo de capitales. La investigación se produce a raíz de la exposición razonada elevada al Supremo el pasado mes de abril por el Juzgado de Instrucción número 18 de Valencia, y que recogía indicios contra la aforada en un presunto blanqueo de capitales en el Grupo Popular del Ayuntamiento de Valencia cuando ella era alcaldesa, un informe que apoyó la Fiscalía.

"Esta muy dolorosa decisión me permite, por otra parte, actuar en plena libertad sin estar sometida a disciplina alguna para ejercer mi defensa de acuerdo con el artículo 11 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y en el 24.2 de la Constitución Española en los tribunales correspondientes contra las personas que hayan vulnerado el principio irrenunciable de la presunción de inocencia", añade el comunicado.

La solución adoptada no acaba de convencer a la cúpula del PP. La opinión más extendida en Génova es que lo mejor para el partido hubiese sido que la exalcaldesa dejase el escaño.

"Yo seguiré trabajando con más fuerza si cabe por mi tierra, que es más que Valencia, porque es España. Esa España democrática, libre y constitucional que la mayoría deseamos", concluye el documento.

Un caso que ha dividido al PP

Cuando estalló el caso, el PP se mostró dividido. De un lado, los vicesecretarios consideraban que la exalcaldesa tenía que dejar su escaño de senadora; de otro, los dirigentes más veteranos señalaban que había que esperar a que hubiese nuevos avances judiciales para no tomar una decisión que fuera injusta.

Este lunes, un día antes de la decisión del Supremo, el ministro de Justicia en funciones, Rafael Catalá, consideró que la exalcaldesa sólo deberá asumir responsabilidades políticas si es procesada y, por tanto, se le abre juicio oral.

"Hay que medir bien las responsabilidades derivadas de los procesos judiciales. En la condición de investigado no hay una presunción de responsabilidad. Entre condición de investigado y de inculpado hay una diferencia sustancial", dijo en declaraciones a RNE, recogidas por Europa Press.

Esta posición no fue compartida por dirigentes como Cristina Cifuentes, presidenta de la Comunidad de Madrid, y los candidatos del PP para las autonómicas en Euskadi, Alfonso Alonso, y Galicia, Alberto Núñez Feijóo. En sus declaraciones públicas presionaron para que Barberá tomara una decisión por el bien del partido.

Desde la cúpula del PP de la Comunidad Valenciana también se consideraba que lo mejor para la formación en estos momentos era que dejara el escaño.

Ciudadanos amenaza con romper el pacto

Pero a las presiones internas del PP se sumaron las del partido de Albert Rivera. El pacto para la investidura de Rajoy firmado entre PP y Ciudadanos obliga a ambos partidos a apartar a los cargos públicos investigados (imputados). Nada más conocerse la decisión del Supremo, Ciudadanos exigió a Rajoy que Barberá deje su escaño. Según Albert Rivera, si no lo hacía incumpliría el pacto.

El acuerdo habla literalmente de la "separación inmediata de cualquier cargo público que haya sido imputado formalmente por delitos de corrupción política, hasta la resolución completa del procedimiento judicial".

El PP ha señalado que cumplirá lo que ha firmado, pero matizó que ese acuerdo se pondrá en marcha una vez que haya gobierno, objetivo del pacto.

Plantón al Senado

Barberá tenía previsto acudir el martes al Senado, donde se constituirán las comisiones Constitucional y Economía, en las que iba a repetir como vocal. Se trata de un cargo sin remuneración más allá de las dietas. Tras hablar con Génova una vez que el Supremo se había pronunciado, la exregidora volvió para Valencia. En su entorno señalaron que quería estudiar el texto del Supremo con sus abogados.

El auto del Supremo [consúltalo aquí, en PDF] recoge que, sin perjuicio de lo que pudiera resultar de la investigación, los hechos descritos en la exposición razonada pueden ser constitutivos de un delito de blanqueo de capitales previsto y penado en los artículos 301 y siguientes del Código Penal. "Resulta, pues, imprescindible –añade el auto–continuar la investigación sobre los mismos y sobre la participación en ellos de la persona aforada doña María Rita Barberá Nolla".

Las actuaciones del PP

Tras estallar el caso en abril, el pasado 15 de marzo, el PP abrió un expediente informativo a los afectados e investigados por el caso Imelsa. Rita Barberá figuraba entre los cargos a los que les afectaba ese expediente.

Trece días después, el Comité de Derechos y Garantís del PP suspendía cautelarmente de militancia, a petición propia, a los asesores y a los nueve concejales del PP en el Ayuntamiento de Valencia que estaban siendo investigados. Estos pasaron al grupo de independientes.

El PP designó instructor de este expediente al diputado Francisco Molinero, que ha viajado varias veces a Valencia para interrogar a los afectados. En su declaración del 3 de mayo Barberá negó haber blanqueado dinero.

http://www.infolibre.es/noticias/politica/2016/09/14/barbera_escano_senado_supremo_54701_1012.html

 

El Supremo abre causa contra Rita Barberá por blanqueo
 

El exfiscal General del Estado Cándido Conde Pumpido será el instructor

La Sala II del Tribunal Supremo ha decidido iniciar la instrucción para investigar a la senadora del Partido Popular Rita Barberá, por un supuesto delito de blanqueo de capitales en el grupo popular en el Ayuntamiento de Valencia cuando era alcaldesa de la ciudad. El Alto Tribunal ha designado al magistrado Cándido Conde-Pumpido para que lleve a cabo la instrucción del caso.

La petición al Supremo partió del Juzgado de Instrucción número 18 de Valencia, que investiga el denominado caso Imelsa, y fue apoyada por la Fiscalía. En su exposición, el magistrado valenciano subrayaba las sospechas sobre las cuentas del PP y la relación de Barberá con la responsable de las finanzas, la exsecretaria del grupo municipal María del Carmen García-Fuster, principal imputada en esta pieza separada, y consideraba que las explicaciones dadas por la senadora son insuficientes para excluir su posible implicación.
 

El Tribunal Supremo considera "imprescindible", a raiz de la exposición de motivos enviada desde Valencia, "continuar la investigación sobre los mismos y sobre la participación en ellos de la persona aforada doña María Rita Barberá Nolla".
 

La pieza sobre presunto blanqueo de capitales en el grupo popular en el Ayuntamiento de Valencia tiene 47 personas imputadas, más el PP como persona jurídica, e investiga ingresos detectados en 2003, 2010 y 2011 por un importe superior a 200.000 euros, así como donaciones de mil euros de concejales y asesores, que presuntamente les devolvió el partido en dos billetes de 500 para blanquear dinero en efectivo de supuesta procedencia ilícita.

 

http://www.elplural.com/2016/09/13/el-supremo-abre-causa-contra-rita-barbera-por-blanqueo

 

LOS RECAUDADORES DEL PP DE VALENCIA SE LLEVARON HASTA "20 MILLONES" EN COMISIONES

Así se repartían las presuntas mordidas en el 'caso Taula'

El juez estima que los investigados se repartieron entre «10 y 20 millones de euros» en sobornos y encarga una investigación patrimonial

Alcón confesó a la UCO que ya blanqueó en 2014 un billete de 500 a petición de Mari Carmen García Fuster, la 'cajera'

El equipo de Rita Barberá se enriqueció con la financiación irregular del PP

Un informe patrimonial elaborado por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, incluido en la pieza del Caso Taula que investiga los presuntos sobornos en Valencia bajo el mandato de Rita Barberá, ha sacado a la luz multitud de propiedades y bienes de lujo que los investigados por el escándalo de las comisiones acumularon en los años de eclosión de la trama. El juzgado, a petición de la Fiscalía Anticorrupción, ha iniciado el proceso de decomisado de hasta 20 propiedades; cuatro locales comerciales y siete vehículos de alta gama para cubrir la responsabilidad Civil de los delitos que se investigan.

Además, rastrea hasta 23 cuentas corrientes de personas físicas y jurídicas en busca del dinero presuntamente malversado. Según consta en un auto del magistrado-instructor, el juez Víctor Gómez, «es difícil evaluar en este momento el perjuicio económico derivado de las ganancias que se hayan podido generar con la actividad ilícita de los investigados, pero este instructor, atendiendo al número y entidad de los hechos que cabe reputar en este momento como objeto de la causa, estima ese valor entre 10 y 20 millones de euros». La investigación judicial abarca doce años (2003-2015) y esta cifra no incluiría los presuntos pagos al partido para llenar la 'Caja B' del PP de Valencia.

El sumario ha revelado que las mordidas también sirvieron para enriquecer al equipo de la ex alcaldesa Rita Barberá que el juzgado investiga por estos hechos. Según la UCO, las diligencias han acreditado la «intención manifiesta» de los cargos del PP investigados «de adjudicar los contratos a empresas concretas en perjuicio de terceros licitadoras, intención que se traduce en realidad tal y como se desprende del análisis de la documentación intervenida». El juez comparte este análisis al afirmar que de «lo actuado hasta el momento, y fundamentalmente del contenido de conversaciones grabadas a lo largo de los años 2005 y 2006 por Marcos Benavent, las declaraciones de éste, y el contenido de la documentación intervenida y análisis parcial de la misma, revelan indicios que desde los cargos de responsabilidad que ostentaban Marcos Benavent, Vicente Burgos, y la que entonces era su esposa, María José Alcón y el entonces asesor Pedro Aracil, se habrían enriquecido personalmente, cobrando comisiones ilegales de distintas empresas a las que por la Concejalía de Cultura adjudicó contratos».

Es la primera vez que el juzgado da una cifra estimada del reparto del dinero. En el auto en el que se ordena la intervención a efectos de decomiso de bienes de los investigados, el magistrado destaca que «no hay certeza sobre el destino del dinero así conseguido, más allá de la del lucro personal de los citados, pero hay conversaciones en las que Marcos Benavent dice a Alcón que una parte es para el partido». El juez dice que «las presuntas ganancias delictivas obviamente son dinero» aunque admite que «conocemos muy poco de su posible transformación y de su destino».

Blanqueo desde 2014
Esta nueva pieza separada se instruye al margen de la que investiga el presunto blanqueo por el método del pitufeo de hasta 50.000 euros en la campaña de las elecciones municipales de 2015. Sin embargo, el sumario relaciona las comisiones con la financiación irregular del grupo municipal del PP de Valencia. Según consta en la declaración de Alcón ante la Guardia Civil tras su detención, la ex concejal admitió que ya blanqueó dinero a finales de 2014, sólo unos meses antes de que medio centenar de cargos fueran requeridos para realizar un ingreso de 1.000 euros que más tarde se devolverían en dos billetes de 500, según la UCO. Preguntada por los sistemas de financiación del PP de Barberá, Alcón respondió que «el partido hacía Lotería para ganar fondos. Que coincidiendo con la recogida de la Lotería en la sede del grupo municipal, Mari Carmen García Fuster -secretaria del grupo y presunta cajera de los fondos opacos- le daba un billete de 500 euros que la manifestante tenía que devolverle en billetes más pequeños». Sucedió «en las navidades del año 2014 a 2015».

Las propiedades

Sólo María José Alcón, actual esposa del ex vicealcalde Alfonso Grau, acumuló hasta cuatro propiedades a su nombre, dos en Cullera y dos en la cotizada costa de Calpe, así como un BMW. La investigación patrimonial también ha revelado que su asesor Pedro Aracil, quien también habría participado en el presunto blanqueo de la última campaña electoral, posee una finca en la partida Caña Romeu de Quart de Poblet y una plaza de garaje en el mismo municipio. Sobre Vicente Burgos, ex presidente de NNGG y uno de los presuntos recaudadores, el juzgado ha iniciado el decomiso de otra propiedad que el investigado adquirió en Rocafort; y a Marcos Benavent, el yonki del dinero que ha delatado a la organización, una propiedad en Valencia. Sus cuentas están bajo la lupa del juez a la espera de que la UCO entregue el nuevo análisis.

Fuentes de la investigación sospechan que los dirigentes salpicados por la trama esconden más propiedades en sociedades pantallas que no han podido ser decomisados porque no figuran como titulares. Respecto a Thematica, en cuyo accionariado también participó el grupo Engloba -competidores de Gürtel en Valencia-, el juzgado ha localizado hasta cinco propiedades y viviendas unifamiliares repartidas entre Valencia, Godella y Rocafort. El administrador de Thematica es Rafael García Barat, contratista habitual en los grandes eventos que impulsó Francisco Camps y ex socio de Jorge Castillejo, hijo de la ex secretaria autonómica de Cultura, Concha Gómez. Castillejo es el presidente de honor de la Asociación de Jóvenes Empresarios de Valencia, un colectivo que la oposición sitúa muy próximo al PP.

El juez también ha ordenado el rastreo de cuentas corrientes a nombre de García Barat, familiares y sus empresas; además de varias cuentas a nombre del grupo Engloba y una de las sociedades que gestiona el centro La Rambleta tras encontrar un Mercedes Benz, un Toyota y un Yamaha a nombre de una de las sociedades de José Adolfo Vedri.

La UCO también ha encontrado bienes a nombre de Estudio Métodos de la Restauración (EMR), la empresa que habría pagado comisiones a cambio de obras en los principales monumentos históricos de Valencias. En concreto, tres Mercedes y cinco propiedades entre las que destacan dos situadas en la costa de Oropesa del Mar.

La investigación patrimonial incluye a Carles Turró, el constructor de Cleop. La UCO ha localizado una vivienda unifamiliar en Sueca, de 162 metro cuadrados, y tres plazas de garaje: una en Sueca y dos en el centro de Valencia.

http://www.elmundo.es/comunidad-valenciana/2016/08/18/57b4b1b246163f75138b4689.html


LA CONCEJALA DE CULTURA CON BARBERÁ Y SU MARIDO SE “ENRIQUECIERON” CON COMISIONES ILEGALES, SEGÚN EL JUEZ DEL ‘CASO IMELSA’

Las conversaciones grabadas muestran al exgerente de la empresa y a María José Alcón diseñando su estrategia para presionar a los licitadores

Entre otras actuaciones, Benavent recibió 9.000 euros de una concesión para limpiar la fachada de La Lonja, que entregó a la exedil

El Juzgado de Instrucción número 18 de Valencia, encargado del conocido como caso Imelsa, afirma que la exconcejala de Cultura en el Ayuntamiento de Valencia María José Alcón, su asesor Pedro Aracil y su exmarido, el entonces gerente de la Fundación Jaume II El Just, Vicente Burgos, y Marcos Benavent, que trabajaba en esa entidad antes de ser nombrado gerente de Imelsa, "se habrían enriquecido personalmente a través del cobro de comisiones ilegales de distintas empresas" a las que la Concejalía de Cultura adjudicó diversos contratos, informa Europa Press.

Así consta en un reciente auto del juzgado, al que ha tenido acceso la agencia, tras el levantamiento parcial del sumario que afecta a esta pieza separada, la E, sobre prevaricación y cohecho del caso Taula, que forma parte de la pieza principal de Imelsa. Además de los excargos públicos, figuran como investigados representantes de las empresas adjudicatarias de los contratos municipales.

El juez ha llegado a esta conclusión a raíz del contenido de las conversaciones grabadas entre 2005 y 2006 por Marcos Benavent, quien se califica a sí mismo como "yonqui del dinero", de sus declaraciones y de la documentación intervenida por la Guardia Civil.

De acuerdo con el magistrado, los indicios existentes se centran en el concurso público para contratar las obras de limpieza y mantenimiento de la fachada de La Lonja, adjudicadas en noviembre de 2003 a Estudios Métodos de la Restauración S.L. (EMR), por 1,027 millones de euros, con una ampliación posterior de 448.000, y en la que hay indicios de que Benavent recibió 9.000 euros de "comisión o mordida" que posteriormente entregó a Alcón.

Otro indicio es el contrato para la ejecución de las obras de limpieza y consolidación de las Torres de Quart de Valencia, adjudicadas a la UTE Cleop y Contratas y Obras Empresa Constructora S.A. por 1,4 millones de euros. Según el juez hay indicios de que uno de los representantes de Cleop entregó 20.000 euros a Benavent, que repartió con Alcón, y con el expresidente de la Diputación de Valencia Alfonso Rus.

De igual modo, el juez considera que EMR, adjudicataria de las obras de conservación y restauración de los Puentes de Serrano y de la Trinidad por 2,3 millones de euros, que se ampliaron posteriormente en 320.000, pudo pagar una cantidad no determinada de dinero por conseguir esta actuación.

Y por último el juez apunta a dos contratos más: La Rambleta y la Mostra. En relación con La Rambleta, señala que de las investigaciones policiales se desprenden indicios de que Alcón y Benavent intentaron obtener del concesionario Boulevar Arte y Cultura S.A., participada por tres empresas como UTE, una comisión ilegal, para lo que mantuvieron conversaciones a cerca de la modalidad de pago mediante canon anual por explotación, "lo que podría implicar el cobro periódico de comisiones ilegales", recoge el juez.

En las conversaciones, Marcos Benavent se refiere a José Adolfo Vedri, vinculado a una de las empresas de la UTE, como una de las personas conocidas "a las que se les puede exigir algo". Sin embargo, Benavent manifestó no haber recibido ninguna cantidad de dinero con ocasión de esta adjudicación.

Además, el juez resalta que en esas conversaciones, tanto Alcón como Benavent "hablan de su estrategia para poder presionar a uno y a otro de los licitadores" y la exedil "revela por sus palabras ascendencia y capacidad de presión sobre los técnicos".

Por último, en relación con la XXVII Mostra de Valencia del año 2006, el juez añade que la investigación de la UCO permite concretar cuatro contratas como objeto de investigación: el servicio de azafatas, chóferes y personal auxiliar, adjudicado a Universo Selección por 46.000 euros; los servicios de publicidad, que recayeron en Begamir, por 168.200 euros; los servicios de imprenta, a Comunicación Gráfica Siglo XXI, por 21.182 euros; y los servicios de preproducción y las galas de inauguración y clausura y actos paralelos, que correspondió a Tres Servicios de Marketing y Publicidad, por 164.000 euros.

http://www.infolibre.es/noticias/politica/2016/08/17/la_exconcejala_cultura_valencia_marido_quot_enriquecieron_quot_con_comisiones_ilegales_segun_juez_del_caso_imelsa_53627_1012.html


SE LEVANTA EL SECRETO DEL SUMARIO DEL CASO IMELSA POR COBRO DE COMISIONES EN LA ETAPA DE LA EXCONCEJAL ALCÓN

La causa principal del caso Imelsa, que nació en abril de 2015 y que permanece en secreto de sumario, está abierta por malversación, fraude en la contratación pública, cohecho, tráfico de influencias y blanqueo en esta empresa pública dependiente de la Diputación de Valencia.

El juzgado de instrucción número 18 de Valencia ha acordado levantar una de las piezas separadas del denominado caso Imelsa, la referida al presunto cobro ilegal de comisiones por obras promovidas por la concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Valencia en la etapa de la exconcejal María José Alcón. Fuentes jurídicas han informado este sábado a EFE que, en otro auto, el mismo juez ha acordado prorrogar un mes más, hasta el 14 de septiembre, la causa principal y otras dos piezas separadas iniciadas el pasado mes de julio.

Pablo Delegado, abogado de María José Alcón y exconcejal del PP en el Ayuntamiento de Valencia, ha indicado este sábado que todavía no ha recibido ninguna notificación del juzgado y ha lamentado que el secreto del sumario se haya levantado en pleno puente de agosto después de más de un años sin que se hayan realizado las diligencias solicitadas en esta causa. En la pieza separada sobre las adjudicaciones irregulares de la concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Valencia, de la que se ha levantado el secreto de sumario, figuran el cobro de comisiones en adjudicaciones y obras municipales, como la Mostra de Valencia y las obras de rehabilitación de las torres de Quart.

En la pieza separada sobre las adjudicaciones irregulares figuran el cobro de comisiones en adjudicaciones y obras municipales, como la Mostra de Valencia y las obras de rehabilitación de las torres de Quart

La causa principal del caso Imelsa, que nació en abril de 2015 y que permanece en secreto de sumario, está abierta por malversación, fraude en la contratación pública, cohecho, tráfico de influencias y blanqueo en esta empresa pública dependiente de la Diputación de Valencia. Una de las dos piezas separadas abiertas en julio, y que también permanece bajo secreto de sumario, es la relativa a la adjudicación por parte de Imelsa del servicio de atención telefónica (Call center) a la empresa Servimun.

En ese mismo mes de julio, el juez instructor abrió otra pieza separada de la que se desconocen los delitos y posibles personas investigadas, que también sigue en secreto de sumario. Además, en una de las piezas separadas abiertas con anterioridad se investiga el supuesto delito electoral y de blanqueo de capitales cometido por concejales y asesores del PP en el Ayuntamiento de Valencia. En total, en esta causa hay 115 investigados por varios delitos contra la administración pública, en relación con una supuesta trama de corrupción infiltrada en varias administraciones públicas de la Comunitat, cuyos integrantes se servían de sus puestos de responsabilidad para amañar contratos y cobrar comisiones ilegales a cambio de adjudicaciones fraudulentas.

http://vozpopuli.com/actualidad/87979-se-levanta-el-secreto-del-sumario-del-caso-imelsa-por-cobro-de-comisiones-en-la-etapa-de-la-exconcejal-alcon


 

LA FISCALÍA PIDE AL SUPREMO QUE ABRA CAUSA A RITA BARBERÁ POR EL BLANQUEO

La Fiscalía del Tribunal Supremo ha dejado a la ex alcaldesa y senadora 'popular' Rita Barberá un paso más cerca del banquillo. El Ministerio Público se ha alineado con la posición establecida por la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia y ha avalado la investigación abierta contra el grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de Valencia por blanqueo, una causa desprendida del caso Imelsa y por la que todavía permanecen imputados nueve de los 10 concejales 'populares' en Valencia. La Fiscalía del Tribunal Supremo ha instado al Tribunal Supremo a que abra causa contra la ex alcaldesa. El Ministerio Público solicita en un escrito remitido al alto tribunal que designe un magistrado instructor. 

Ahora Es el Supremo el que debe pronunciarse sobre la investigación y decidir si finalmente abre definitivamente la causa. El juez de Instrucción número 18 de Valencia, Víctor Gómez, encargado de la investigación, envió al Alto Tribunal la parte de la investigación que afecta a la senadora el pasado mes de abril. En esta pieza separada, con 47 personas imputadas más el PP como persona jurídica, se investigan las donaciones de 1.000 euros efectuadas por concejales y asesores, cantidad que presuntamente les era devuelta por el partido en dos billetes de 500 euros para blanquear dinero en efectivo de supuesta procedencia ilícita. El magistrado consideraba en su exposición que habiendo reconocido la ex alcaldesa que realizó el donativo de 1.000 euros por el que están imputados todos los concejales (excepto Eusebio Monzó, actual portavoz), ex ediles, asesores y ex asesores que también efectuaron el pago en vísperas de las elecciones de 2015, sería "incoherente" no elevar exposición al TS, por ser el único competente para investigar y, en su caso, juzgar a la senadora, que tiene la condición de aforada.

El juez, no obstante, señalaba que ni las dos personas investigadas que han reconocido que el dinero entregado les fue devuelto ni los cuatro testigos que se negaron a hacer la aportación han realizado una imputación "concreta" respecto a la participación de la ex alcaldesa de Valencia en los hechos objeto de investigación. El instructor detallaba en el escrito las sospechas que existen sobre las finanzas del PP e incidía en la relación de la senadora con la persona que gestionaba las cuentas bancarias, la ex secretaria del grupo municipal, María del Carmen García-Fuster, también imputada en este procedimiento.

Declaración voluntaria

La petición de la Fiscalía será remitida a la sala de admisión del Supremo, formada por cinco magistrados que serán los encargados de designar un ponente para que argumente en un nuevo auto si las investigaciones de la UCO realizadas hasta el momento arrojan indicios suficientes como para investigar a la senadora. En caso de que el sala de admisión considere que Barberá debe ser investigada, se designará un magistrado instructor, tal y como solicita la Fiscalía, que podría optar por dar la oportunidad a la ex alcaldesa de que acuda a declarar de forma voluntaria, sin tener la condición de investigada/imputada. Fue algo que ya hizo el juez instructor en Valencia, pero Barberá optó por presentar un escrito.

En función de la declaración y de cómo avancen las investigación, el magistrado instructor indicará si es conveniente imputar y, por tanto, elevar al Supremo el suplicatorio.

http://www.elmundo.es/comunidad-valenciana/2016/07/29/579b4735ca4741d30c8b457c.html

 

OPERACIÓN TAULA. EL JUEZ IMPUTA A LA 'CAJERA' DEL PP DE RITA BARBERÁ POR DELITO ELECTORAL

El juez que investiga las diligencias derivadas de la Operación Taula, el magistrado Víctor Gómez, ha ampliado las diligencias a un presunto delito electoral y ha acordado la imputación de la secretaria del grupo municipal popular en el Ayuntamiento de Valencia, Mari Carmen García Fuster, la 'cajera' de la 'caja b', según apuntan todos los indicios. 

Según consta en una resolución a la que ha tenido acceso EL MUNDO, el juez también imputa a Montserrat Tello, representante del PP en la junta electoral. El juez, por el momento, no citará como imputada a Carmen Navarro, tesorera nacional del PP y administradora general a efectos de las elecciones municipales de 2011 y de 2015, pues quien figura como representante provincial es Montserrat Tello. El juez excluye del delito electoral a los cargos del grupo municipal que aportaron 1.000 euros, pues entiende que la responsable de las donaciones era García Fuster y que los concejales investigados por blanqueo no tenían por qué conocer que la cuenta en la que realizaron la donación era en realidad una presunta caja b.

La pieza del 'pitufeo' se abrió para investigar separadamente si se cometió un delito de blanqueo de capitales mediante "las aportaciones dinerarias de 1.000 euros que antes de las elecciones municipales de 2015 efectuaron las personas investigadas, concejales y asesores del Grupo Popular en el Ayuntamiento de Valencia, en su mayoría, en el supuesto de que esas aportaciones les hubieran sido posteriormente reintegradas con la finalidad de aflorar, de ese modo, un dinero en metálico, en cuantía próxima a los 50.000 euros, que en billetes de 500 euros estaría en esas fechas poder de dicho Grupo, y que podría tener su origen en el cobro de comisiones ilegales en la adjudicación de contratos públicos", señala el juez.

Según el auto, "lo cierto es que del resultado de lo hasta ahora instruido, también del informe definitivo de la UCO, a juicio de este instructor se desprenden indicios de que a través de la cuenta investigada del Grupo Popular en el Banco de Sabadell se hizo pago de gastos electorales, tanto de la campaña de las elecciones locales de 2011, como del 2015". Y siendo como ha sido -destaca el magistrado-, "a todo parecer, la citada cuenta es una cuenta bancaria carente de toda fiscalización y reflejo en la contabilidad del Partido Popular, con aparente infracción tanto de la normativa aplicable en materia de financiación de partidos políticos como de régimen electoral, entiendo que en este momento resulta razonable y se justifica el comprobar si esos gastos se contabilizaron electoralmente, y en su caso, por qué no se hizo, quién o quiénes, entre las personas con atribuciones orgánicas para ello, o de facto, decidieron ese gasto o decidieron no reflejarlo en la contabilidad electoral, y cuáles fueron las relaciones existentes entre estas personas y aquéllas otras designadas por el partido para cumplir con los cometidos legales que la LOREG atribuye a los administradores electorales, y la implicación penal que en definitiva, tales decisiones pudieran comportar en el ámbito de la responsabilidad penal".El auto explica que "hasta el momento sabemos, según la información remitida por la Junta Electoral Central y la Provincial que la administradora general a efectos de las elecciones municipales tanto del 22 de mayo de 2011 como del 24 de mayo de 2015 fue Carmen Navarro Fernández-Rodríguez; y que como administradora provincial, a efectos de las elecciones municipales de 2015 lo fue Montserrat Tello Millán, si bien no tenemos información expresa de quién desempeñó este último cometido en las elecciones locales de 2011, dado que la Junta Provincial ha informado que no se designó por el Partido Popular ante dicha Junta la persona que iba a desempeñar dicho cargo, 'alegando verbalmente el citado partido que el administrador había sido designado en la Junta Electoral Central', de lo que no hay constancia hasta el momento". De ahí que Carmen Navarro no haya sido citada en este momento.

El juez ha requerido al Partido Popular que, a través de su representación procesal, "a fin de que a la mayor brevedad posible informe a este Juzgado de la identidad, cargo en dicho órgano y últimos datos domiciliarios de constancia de las personas que integraban la Junta Directiva del Partido Popular de Valencia Ciudad, durante los periodos de campaña de las elecciones municipales de 2011 y de 2015". Esta junta estaba integrada por multitud de militantes y cargos del PP de la ciudad de Valencia.

El instructor entiende que "resulta razonable que la investigación y la imputación se proyecte, de inicio, tanto sobre los administradores electorales como sobre aquellas personas que respecto de la cuenta bancaria y sus fondos tenían capacidad de decisión o disposición". Estos últimos, que habrían participado en la comisión del delito "con actos conscientes de colaboración", tendrían la consideración de cooperadores necesarios. El delito electoral no puede imputarse al Partido Popular como persona jurídica.

http://www.elmundo.es/comunidad-valenciana/2016/07/11/57838daee2704e2e398b465d.htm
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EL JUEZ PIDE IMPUTAR A UN DIPUTADO VALENCIANO DEL PP POR BLANQUEO

El magistrado de Taula sigue la misma lógica que aplicó para pedir investigar a Rita Barberá

El juez que investiga en Valencia el caso Taula ha pedido al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana que impute por blanqueo al diputado autonómico Miguel Domínguez, del PP. Domínguez fue concejal de Seguridad de la exalcaldesa Rita Barberá, y dejó el Consistorio para presentarse a las elecciones autonómicas de 2015. Al ser parlamentario de las Cortes Valencianas, solo el tribunal superior de la comunidad autónoma puede proceder contra él.

El magistrado Víctor Gómez reproduce en su exposición razonada motivos parecidos a los que utilizó para pedir al Tribunal Supremo que impute —investigue, según la nueva denominación judicial— a Barberá, ahora senadora. El instructor le atribuye de forma indiciaria haber participado en una operación de blanqueo que habría consistido en que los miembros del grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de Valencia ingresaron cada uno 1.000 euros en una cuenta del partido y recibieron el mismo importe en metálico. Los fondos blanqueados procedían, según la Fiscalía Anticorrupción, de actividades ilícitas.

"Los testimonios de cargo, dos de ellos de personas investigadas, son múltiples y detallados, sin revelar elementos de contradicción o incoherencia interna. Indican una operativa general en relación con personas afines al grupo municipal en el Ayuntamiento respecto de la que esta instrucción no ha revelado, hasta el momento, hechos, circunstancias o explicaciones que permitan valorar con carácter excluyente, en esta fase, ningún tipo de discriminación, en atención a la persona o cargo, en cuanto a la propuesta u ofrecimiento de devolución del dinero", señala el magistrado.

"A juicio de este instructor", prosigue el auto, "las alegaciones efectuadas por el aforado" en su defensa, "pese a poder ser ciertas y tener sentido, no introducen en su relato hechos que, en relación y contraste con el resultado de lo instruido, permitan atribuir a los mismos una relevancia excluyente de su posible implicación"

Defensa del diputado

Domínguez alegó —el juez le dio la oportunidad de defenderse antes de estar imputado, como a Barberá— que había hecho la aportación de 1.000 euros para financiar la campaña de 2015. Pero que el dinero no le había sido devuelto.

Planteó igualmente "desvinculación, por razones personales, en el esfuerzo organizativo de la campaña electoral y del ambiente político diario debido a la localización de su puesto de trabajo en dichas fechas, que no estaba en la sede del Ayuntamiento", sino lejos del centro de Valencia, en las instalaciones de la delegación de Seguridad Ciudadana.

El magistrado admite que no hay en el sumario "manifestación relativa a una participación concreta ni personal" de Domínguez en los hechos. Una observación que el instructor también realizó al elevar al Tribunal Supremo la petición de investigar a Barberá.

Ingresos bajo sospecha

Pero el juez recuerda que, además de la presunta operación de blanqueo de 2015, el examen de los papeles de la secretaria general del grupo municipal del PP, María del Carmen García-Fuster —supuesta responsable de la caja b del partido en Valencia—, ha revelado ingresos sospechosos de dinero anteriores que coinciden con "años de convocatoria de elecciones" locales. En concreto, en 2003 y 2011. Domínguez fue responsable de la concejalía de Seguridad de 1991 a 2015.

El juez está a la espera de que la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil le entregue los informes sobre la documentación incautada en la sede del grupo municipal del PP y en las viviendas de dos imputadas. Un análisis "condicionado por el volumen de la documentación y dispositivos intervenidos en toda la causa en relación con los medios de los que dispone la unidad" policial.

Información pedida al PP

El juez Víctor Gómez, instructor del caso Taula, ha requerido documentación al PP, imputado como persona jurídica en la pieza del blanqueo. Entre esta, los estatutos o "reglamentos" del partido a escala nacional, autonómica, provincial y local. El contrato sobre "buenas prácticas" suscrito por la fuerza política con el despacho de abogados Baker&Mckency. La normativa relativa al control del interno de la financiación del partido —en aplicación del "artículo 15 de la Ley Orgánica 8/2007"—. Y la instrucción que regula la "venta de participaciones en sorteos de Lotería y contratación" en el seno de la formación.

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2016/05/12/valencia/1463058888_829321.html

 

 

DOS JUECES PIDEN AL SUPREMO QUE IMPUTE A RITA BARBERÁ POR BLANQUEO DE CAPITALES Y DESOBEDIENCIA

Una de las exposiciones razonadas es por corrupción en el llamado 'caso Taula', la segunda por no cumplir la Ley de Memoria Histórica

El Tribunal Supremo recibirá en los próximos días dos exposiciones razonadas pidiendo la imputación de la exalcaldesa de Valencia, Rita Barberá. Una de ellas se refiere al caso Taula, y pide que se impute a la senadora por un supuesto delito de blanqueo de capitales. La segunda procede de un juzgado que ha investigado un posible delito de desobediencia por el incumplimiento de la Ley de Memoria Histórica, al no retirar los símbolos franquistas durante su mandato.

En Taula, el magistrado acepta la petición de la Fiscalía Anticorrupción, que considera que existen indicios de que Barberá y otro medio centenar de personas del grupo municipal en el Ayuntamiento de Valencia cometieron el delito en marzo de 2015, poco antes de las elecciones locales y autonómicas.

En la causa por los símbolos de la dictadura, la magistrada traslada al Supremo una denuncia según la cual Barberá pudo cometer los "supuestos delitos de desobediencia y denegación de auxilio" por "negarse a retirar de las calles de la ciudad escudos, insignias y placas" franquistas pese a la vigencia de la Ley de Memoria Histórica, ha informado el Tribunal Superior de Justicia valenciano. La denuncia fue presentada hace un año por un diputado socialista, el Grupo para la Recuperación de la Memoria Histórica y un abogado. La magistrada indica que al ser Barberá senadora y por ello aforada ante el Supremo, solo este órgano judicial puede investigarla.

El juez Víctor Gómez, que instruye el caso Taula, apunta en su resolución, de seis páginas, que también existen indicios de otras donaciones irregulares al partido en los años 2003 y 2011. "Ambos eran años de convocatoria de elecciones municipales y autonómicas”, subraya. El magistrado ya ha iniciado la investigación de supuesto delito electoral —el nombre técnico de la financiación ilegal de partidos—en el grupo municipal popular que dirigía Barberá pidiendo información al Tribunal de Cuentas.

Destaca igualmente el juez la cercanía personal entre la exalcaldesa y la persona que, según los investigadores, manejaba la caja b del PP de Valencia: Mari Carmen García-Fuster, que hasta su detención en enero era secretaria general del grupo municipal. "Barberá ostentaba una efectiva posición como superiora jerárquica de la principal investigada, García-Fuster, tanto por ser alcaldesa de Valencia en la fecha de los hechos investigados, como por ser la máxima responsable del grupo popular en el Ayuntamiento de Valencia. Existiendo, además, una relación personal de estrecha confianza entre la aforada y la principal investigada, que desempeñaba las mismas funciones y atribuciones dentro del Grupo desde el año 1991 en que fue designada por aquella".

El instructor mantiene imputadas —investigadas, según la nueva denominación judicial— por este motivo a 48 personas, incluido el PP. Los miembros del grupo popular habrían ingresado 1.000 euros en una cuenta de la formación y los habrían recibido, en paralelo, en dos billetes de 500 euros de fondos de origen desconocido. Una práctica que en la jerga de la lucha contra el blanqueo de capitales se conoce como “pitufeo”, según la Guardia Civil. La fiscalía cree que el dinero en efectivo puede proceder de comisiones cobradas a empresarios a cambio de adjudicaciones, un sistema que centra el grueso del caso Taula, en el que hay en total más de un centenar de investigados.

Una tesis que el juez Gómez plantea como posible, indicando que una de las piezas separadas del caso Taula trata precisamente de sobornos a cambio de contratos de la concejalía de Cultura que dirigía la imputada María José Alcón.

El magistrado considera en su escrito al Supremo que sería "incoherente" que, cuando el resto del grupo municipal popular está siendo investigado, no lo sea también la persona que lo dirigía, en referencia a Barberá. El juez destaca una conversación grabada por la policía a la exconcejal Alcón. En ella, la exedil explica a su hijo la presunta operación de blanqueo y menciona a la entonces alcaldesa. "En dicha conversación la investigada cita a Rita Barberá, la aforada, y por entonces alcaldesa de Valencia, si bien sin hacer una imputación precisa de hechos concretos en esa operativa", añade el instructor.

El juez recuerda que tanto cuatro testigos —exempleados del grupo municipal que se negaron a colaborar en el supuesto delito—, como Alcón y una exasesora del PP, ambas imputadas, han reconocido la operación de blanqueo. Alcón aseguró a su hijo en la conversación captada por la Guardia Civil que el dinero blanqueado procedía de "dinero negro", entregado por empresas y fruto de una "corrupción política total". "Un dinero que no pueden aflorar" por otras vías, agregó.

Las explicaciones por escrito ofrecidas por la exalcaldesa son insuficientes para excluir "su posible implicación", considera el instructor. Este, no obstante, afirma que "ni las investigadas que han reconocido la recepción del dinero tras efectuar la aportación, ni los cuatro testigos que se negaron a efectuarla, testimonian una participación concreta, personal, de la aforada María-Rita Barberá en la entrega de dinero, ni en la propuesta o indicación para dicha entrega se llevara a cabo, o se aceptara".

Barberá fue alcaldesa de Valencia durante 24 años, entre 1991 y 2015, cuando después de no lograr formar gobierno en la ciudad fue elegida senadora territorial por las Cortes Valencianas. Su condición de parlamentaria hace que esté aforada ante el Tribunal Supremo, el único que puede actuar penalmente contra ella. La exregidora ha defendido su inocencia, y ha planteado que los indicios existentes provienen de una venganza urdida por su exvicealcalde Alfonso Grau y el entorno de este. Barberá ha admitido que donó los 1.000 euros a través de un talón, pero ha negado que la cantidad le fuera devuelta.

Si el Supremo acepta los argumentos del juez Gómez, recogidos en una exposición razonada de motivos, deberá solicitar al Supremo permiso para investigar a la exalcaldesa a través de un suplicatorio.

EL PP MANTIENE EL EXPEDIENTE A BARBERÁ

La secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, ha comparecido en Puerto Lápice (Ciudad Real) para reafirmar que su partido sigue adelante con el expediente disciplinario que abrió contra Rita Barberá. Ha señalado, asimismo, que ni el presidente Mariano Rajoy ni ella han hablado con la exalcaldesa, cuya imputación por blanqueo acaba de ser solicitada al Tribunal Supremo por el juez que instruye el 'caso Taula' por presunta financiación ilegal.

En dicho expediente, abierto el 16 de marzo, están incluidos unos 50 militantes populares, encabezados por Rita Barberá y todo su equipo de concejales y asesores en Valencia.

http://politica.elpais.com/politica/2016/04/21/actualidad/1461238386_801025.html


RITA BARBERÁ ALEGA NO RECORDAR “CON EXACTITUD” CÓMO PAGÓ AL PP VALENCIANO

La exalcaldesa niega, en su escrito ante el juez, haber participado en el blanqueo y afirma que estaba muy ocupada

La exalcaldesa de Valencia y senadora del PP Rita Barberá no recuerda "con exactitud" cómo hizo llegar los 1.000 euros al Grupo Popular en el Ayuntamiento que dirigía y que, según la Fiscalía Anticorrupción, formaron parte de una operación de blanqueo de capitales por la que quiere que sea imputada por el Tribunal Supremo. Barberá ha remitido un escrito de 11 páginas al juez que investiga el caso Taula en Valencia, Víctor Gómez, en el que niega las acusaciones. Afirma que no se ocupó de la financiación de la campaña porque estaba muy ocupada ejerciendo de alcaldesa y de candidata. Y apunta a que todo responde a una venganza tejida por su antigua mano derecha, el exvicealcalde Alfonso Grau, y los asesores de este. Al presentar el escrito, la exregidora evita tener que comparecer físicamente en el juzgado.

"Es cierto que [Barberá] aportó un donativo de 1.000 euros para la financiación de la campaña a las elecciones municipales de 2015", señala su letrada en el documento enviado al magistrado, "mediante un talón bancario contra su cuenta corriente de Bankia". "La mecánica empleada sería, pues no se recuerda con exactitud, hacer llegar al Grupo Popular por servicio interno el referido talón, para que procediera a su cobro. Como consecuencia fue abonada en la corriente del Grupo Popular designada al efecto".

Barberá niega, sin embargo, que el dinero le fuera devuelto en dos billetes de 500, como la fiscalía y la Guardia Civil sostienen que sucedió con medio centenar de personas vinculadas al Grupo Popular. El dinero provendría, según la tesis de la acusación, de una caja b, nutrida con dinero negro obtenido mediante el cobro de comisiones a cambio de adjudicaciones públicas.

La exalcaldesa deriva la responsabilidad de haber solicitado a los integrantes del Grupo Popular los 1.000 euros para "financiar" las actividades electorales al comité de campaña, del que ella no formó parte. La letrada describe a Barberá como "la candidata, con una única y finalista misión, la de captar votos, lo que como es fácil de adivinar absorbe el tiempo suficiente como para que ni siquiera pueda adquirir conocimiento alguno sobre temas relacionados con competencias que no son suyas, sino del comité de campaña".

El escrito ahonda en el argumento al indicar que "dicha actividad electoral no interrumpe el ingente quehacer derivado de la responsabilidad de la Alcaldía, lo que nos lleva a la conclusión de que ambas actividades colmaban en exceso el trabajo de mi representada, sin opción siquiera a interesarse por cualquier otro asunto, y menos respecto de los que estaban sobradamente atendidos por el comité de campaña". A este correspondía "desde la programación de actos, mítines, visitas, paseos callejeros, eligiendo días y lugares, hasta la selección de argumentarios a defender", así como "el soporte de la necesaria financiación que diseña, programa y ejecuta".

El comité de campaña estaba encabezado por Alfonso Novo como coordinador general, según el documento que acompaña al escrito de la exalcaldesa. Novo fue de número dos en la lista del PP de Valencia, ejerció como líder tras la marcha de Barberá al Senado y ha actuado de portavoz de los nueve ediles del grupo imputados por blanqueo que se niegan a dimitir como les ha pedido la dirección regional del partido. Otras 10 personas formaban parte del comité de campaña. Todas ellas tienen ahora la condición de investigadas. Entre estas se encontraban Grau (como coordinador de campaña) y María del Carmen García Fuster (coordinadora del servicio jurídico). García Fuster era la secretaria general del Grupo Popular, fue detenida en enero y la fiscalía pidió para ella prisión preventiva, lo que fue rechazado por el juez. Según los investigadores, fue la persona que entregó los dos billetes de 500 euros a los miembros del grupo municipal.

Venganza de Grau

Barberá desliza de forma prolija una tesis, según la cual, la acusación de blanqueo podría basarse en una conspiración urdida por su exvicealcalde Grau. Este se distanció de ella por tener que ser sometido a juicio en el caso Nóos —en el que la fiscalía y el juez de Palma José Castro intentaron que también la exregidora se sentara en el banquillo de los acusados—. Y, sobre todo, argumenta la senadora, por haber dejado fuera de la lista electoral a su esposa, María José Alcón, imputada por varios delitos en el caso Taula. El pinchazo telefónico a Alcón, exconcejal y exasesora ella misma de Barberá, fue lo que destapó el presunto blanqueo cuando estaba siendo investigada por pertenecer a la trama del 3% vinculada al PP valenciano.

En las conversaciones intervenidas por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, Alcón afirma que en el Grupo Popular del Ayuntamiento de Valencia hay "mucho dinero negro” procedente “de empresas, comisiones y corrupciones”, y que “no pueden aflorarlo”, motivo por el cual se ha diseñado la operación de blanqueo en la que participaron presuntamente los integrantes del mismo.

Con el argumento de la lealtad hacia Grau, Barberá rechaza los testimonios prestados por los exasesores de Grau, que confirmaron la existencia de la operación de blanqueo ante el juez, afirmando que en su opinión la entonces alcaldesa estaba al tanto de los hechos.

"Imposible imaginar"

La senadora insiste, como ya ha hecho en público, en que durante los 24 años que gobernó la ciudad de Valencia "jamás se produjo ningún amaño en adjudicación alguna, trato de favor a nadie, cobro de comisiones a terceros, en definitiva, eso que se ha calificado de 'mordidas', hasta cuyo significado le era desconocido a la declarante".

Ante los numerosos indicios de que efectivamente se amañaron adjudicaciones durante su mandato —en concreto en la etapa en que Alcón fue concejal de Cultura—, Barberá afirma "que en aquel momento era imposible siquiera imaginar la comisión, al parecer, de unos hechos delictivos de tal ingeniería delictiva que hoy, pese a la colaboración de algún autor de los mismos, [en referencia al ex alto cargo Marcos Benavent, a quien califica de 'yonki arrepentido'] siguen sin resolverse".

LA EXALCALDESA NO TENDRÁ QUE IR AL JUZGADO
Antes de remitir al Tribunal Supremo la exposición razonada de motivos por los que considera que la exalcaldesa de Valencia Rita Barberá debería ser investigada por blanqueo de capitales, como el resto de miembros del Grupo Popular en el Ayuntamiento, el juez Víctor Gómez ofreció a la senadora declarar, en persona o por escrito, alegando lo que considerase oportuno a su "defensa". El magistrado señaló que en ningún caso podría interrogarla porque al formar parte de la cámara alta, Barberá esta aforada ante el Supremo y solo este tribunal puede dirigirse contra ella.

Barberá anunció que declararía, pero no especificó cómo. Con el escrito presentado este viernes en el juzgado, la exalcaldesa ha despejado la duda, y ha puesto de manifiesto que prefiere evitar la exposición pública que supondría acudir al juzgado.

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2016/04/01/valencia/1459515257_783366.html


 

BARBERÁ SE DIRIGE AL JUEZ POR ESCRITO PARA NEGAR QUE LE DEVOLVIERAN LOS 1.000 EUROS DE LA DONACIÓN AL PP

Entrega un extracto de su cuenta con las operaciones de marzo y abril de 2015 y la composición del Comité de Campaña

La exalcaldesa aceptó el ofrecimiento del juez el pasado febrero aunque no precisó en qué forma la haría

La exalcaldesa de Valencia y senadora, Rita Barberá, se dirigió por escrito al juez que investiga el caso Imelsa para asegurar que "en ningún momento" le devolvieron los 1.000 euros que donó al PP para la financiación de la campaña electoral de las elecciones municipales de 2015, dinero que aportó mediante un talón bancario contra su cuenta corriente.

Así consta en el escrito de alegaciones, de once páginas incluida la documentación aportada y al que tuvo acceso Europa Press, entregado al juez del juzgado de Instrucción número 18 de Valencia que investiga la pieza principal del caso Imelsa y la separada derivada de la Operación Taula, centrada en averiguar un presunto blanqueo de capitales en el grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de Valencia. En este caso, hay 47 personas investigadas más el PP, entre asesores, exasesores, ediles y exconcejales del grupo municipal.

El pasado mes de febrero el magistrado instructor ofreció a Barberá declarar antes de decidir si elevaba al Tribunal Supremo la causa, como pedía el fiscal, aunque precisaba que no sería ningún interrogatorio. La exalcaldesa aceptó el ofrecimiento aunque no precisó en qué forma la haría. Finalmente, optó por presentar un escrito ante el juzgado en el que da su versión de los hechos.

En el escrito, Barberá indicó que la mecánica empleada para la donación sería, ya que "no se recuerda con exactitud", hacer llegar al grupo popular por servicio interno el talón para que se procediera a su cobro y, como consecuencia, fue abonada en la cuenta del grupo municipal popular designada al efecto.

"En ningún momento se me devolvió dicha cantidad, en consecuencia es absolutamente falso lo dicho en torno a los dos billetes de 500 euros", indicó la senadora, que aportó los movimientos de su cuenta bancaria entre el 1 de marzo de 2015 a 30 de abril de 2015.

Asimismo, aseguró que, como candidata, no intervino en el Comité de campaña, que es el organismo que asume las competencias de organización de la actividad ante un periodo electoral, como la programación de actos, selección de argumentarios o redacción de discursos, entre otros, con el soporte "de la necesaria financiación que diseña, programa y ejecuta el comité de campaña".

La exalcaldesa precisó que en ese organismo –documento que adjunta– no se integró porque es "la candidata" con la finalidad de "captar votos", lo que "absorbe el tiempo suficiente como para que ni siquiera pueda adquirir conocimiento alguno sobre temas relacionados con competencias que no son las suyas" sino del propio Comité.

Al respecto, añadió que con su responsabilidad no se interesaba de ningún otro asunto y menos de cuestiones que estaban atendidas por ese órgano, que fue el que decidió adoptar como "una medida más" del plan de financiación de 1.000 euros por parte de cargos, candidatos y asesores, una aportación "absolutamente onerosa" sobre la que no se le planteó ninguna condición "ni mucho menos la posibilidad de que le fuera devuelta".

Barberá también hizo referencia a las declaraciones de cuatro exasesores del PP que revelaron que fueron objeto de presiones para que realizaran las donaciones que les serían devueltas al día siguiente en efectivo, en billetes de 500 y explica que formaban parte del equipo de la Vicealcaldía –encabezada entonces por Alfonso Grau–, a quien podían haberse dirigido "por cercanía y confianza" en el caso de haberse sentido alarmados.

Relación con Grau

La exalcaldesa agregó que su relación con Grau no se interrumpió por su dimisión el 16 de marzo de 2015 sino "tiempo después", a partir de la salida de la lista electoral de un familiar directo del exvicealcalde a raíz de la publicación de unas "comprometidas conversaciones públicamente conocidas", indica en alusión a la exedil y esposa de Grau, María José Alcón y a la grabación que se conoció con el exgerente de Imelsa, Marcos Benavent.

En ese tiempo, afirmó que "jamás" se le dijo que ese grupo de asesores dudaba de la operación de donativos y entiende que nadie les debió amenazar con perder sus trabajos porque esto dependía del número de concejales que obtuvieran en los comicios y de la elección posterior del concejal. De ahí que atribuyó el rechazo de estas personas a realizar los donativos a que su "protector" (Grau) no iba a continuar en la lista y ellos no seguirían de asesores.

La senadora cuestionó la "reacción" de Grau ocho meses después con las manifestaciones públicas y también la conversación grabada a Alcón donde ésta describía el método de blanqueo y en la que afirmó que lo sucedido era "corrupción política total".

Para Barberá, "sorprende" y es "inaudito" que una intervención telefónica acordada el 14 de abril diera frutos un día después y que verse sobre un tema delictivo. De igual modo, expresa "estupefacción" por el anónimo esgrimido como prueba de cargo en contra y que llegó dos días de la conversación telefónica grabada.

Desconocía el significado de "mordidas"

Por último, defendió que en los años en ostentó la Alcaldía "jamás" se produjo "ningún amaño" en adjudicaciones, trato de favor o cobro de comisiones a terceros, "en definitiva, eso que se calificó de 'mordidas', hasta cuyo significado le era desconocido a la declarante".

De hecho, justificó que se puso como "norma inexcusable" que cualquier adjudicación lo fuera por mesa de contratación plural y con profesionales independientes y cualificados y añade que "nada" saben ni les debía afectar hechos sucedidos en otras instituciones –en alusión a la Diputación– que "nada tienen que ver" con el Ayuntamiento "pese al intento de la acusación de entrelazar" lo mismo.

"Si como se desprende de informaciones periodísticas, personas que hace años y que tuvieron responsabilidades en el gobierno municipal, pudieron verse implicadas en ciertos asuntos, que al día de hoy, tras muchos meses de investigación, con un macro despliegue de medios técnicos y humanos, fiscalías especializadas, etc etc. no se ha concretado judicialmente, será porque de existir algo será de tal oscurantismo y perfección delictiva, que resultaba imposible ser detectado por quien no tiene asumida esa misión por profesión, vocación y sueldo", manifestó.

Y añadió que "nada" se le puede reprochar "por no saber qué negligencia, al no detectar o adivinar esos presuntos hechos acontecidos en alguna concejalía, cuando profesionales de la investigación, fiscales, fuerzas de seguridad, periodistas, 'yonkis arrepentidos', etc.., pese al mucho tiempo transcurrido y medios empleados, no alcanzan conclusiones definitivas".

http://www.infolibre.es/noticias/politica/2016/04/01/barbera_dirige_juez_por_escrito_para_negar_que_devolvieran_los_000_euros_donacion_pp_47188_1012.html

 

EL PP ABRE EXPEDIENTE A BARBERÁ Y A TODO SU EQUIPO EN VALENCIA

El partido nombra un instructor para investigar qué ha pasado en el grupo municipal

El PP ha abierto expediente informativo por primera vez en su historia de manera global a un grupo de dirigentes, unos 50 militantes encabezados por Rita Barberá y todo su equipo de concejales y asesores en Valencia. El comité de garantías del partido les citará ahora para exigirles explicaciones a Barberá y los demás investigados judicialmente por el caso Taula, de presunta financiación ilegal, porque no les convencen ni sus argumentos ni su negativa a declarar ante el juez. La situación de Barberá ha evidenciado las discrepancias por primera vez en público de Rajoy y sus nuevos portavoces ante la corrupción.

La dirección nacional del PP ha esperado por un lado hasta la apertura del secreto del sumario del caso Taula y, por otro, hasta ver cómo actuaba Barberá y su equipo en el Ayuntamiento de Valencia que gobernó durante 24 años para anunciar su primer expediente conjunto contra una organización interna en el partido. El vicesecretario de Organización, Fernando Martínez-Maillo, dedicó toda la noche y madrugada del domingo al lunes a leer con detalle los 1.000 folios del sumario y no daba crédito a lo que leía. Las conversaciones grabadas por orden judicial le revelaron una actitud y unos comportamientos “inaceptables” para unos dirigentes políticos, como admitió anoche al anunciar la apertura del expediente previo a cualquier sanción.

El PP nombrará ahora un instructor para citar, tomar declaración y proponer medidas contra los cargos afectados, que se calculan sobre medio centenar. Barberá estará entre los llamados, pese a que este martes afirmó sentirse respaldada por la dirección de su partido.

"El expediente afecta a mucha gente que forma parte de ese procedimiento judicial, no solo a Rita Barberá", ha declarado Maillo en los pasillos del Congreso. Eso sí, ha señalado que esta decisión está tomada desde la mañana de este martes y que se lo había comunicado ya él mismo por teléfono a la exregidora de Valencia. El PP calcula que el número de afectados podría elevarse sobre el medio centenar y apuesta por iniciar las declaraciones del instructor con los implicados de inmediato.

La apertura del expediente se ha producido horas después de que la propia Barberá aceptara el ofrecimiento que el lunes le planteó el juez del caso Taula de declarar ante él voluntariamente. "El cómo y cuándo es un tema a estudiar", ha matizado la senadora en la sede del PP valenciano, donde ha comparecido sola ante los medios de comunicación horas después de que el Juzgado de Instrucción número 18 de Valencia haya levantado el secreto de la causa por presunto blanqueo de capitales en el Grupo Popular del Ayuntamiento.

Barberá ha recordado, en todo caso, que "la carga de la prueba recae sobre el que acusa y no sobre el que tiene que defenderse". Y dichas pruebas, ha añadido la líder popular, no deben ser "suposiciones ni pinchazos telefónicos que utilizan el nombre de terceras personas en vano". "¿Está claro? La carga de la prueba se la lleva quien acusa", ha añadido tras subrayar que "absolutamente nadie" del PP le ha pedido que dimita como senadora y que, por tanto, renuncie a su condición de aforada. "No he cometido ningún delito y no voy a dimitir".

Fernando Martínez-Maillo, el número tres de hecho del PP, no ha querido relacionar este expediente a Barberá y todo su equipo en la ciudad de Valencia durante años con la exposición que la propia exalcaldesa ha hecho esta mañana. Ni tampoco con el debate interno que se ha abierto públicamente en el PP entre Rajoy y Dolores de Cospedal, que han ofrecido un mensaje más conciliador a Barberá, y los vicesecretarios que se han mostrado indignados y han admitido que sus explicaciones habían resultado "claramente insuficientes". Maillo se ha limitado a considerar que en el partido hay dirigentes con opiniones "individuales y personales", pero que lo importante y "muy positivo" era que Barberá hubiera decidido "dar la cara" al indicar que colaborará e irá a declarar ante el juez.

El PP ha señalado que pretende actuar con "prudencia, contundencia y la mayor rapidez posible" ante esta investigación interna, según ha ratificado Maillo, que ha manifestado que esta actuación no será una maniobra o "un instrumento de dilación"

http://politica.elpais.com/politica/2016/03/15/actualidad/1458067711_177865.html


 

COSPEDAL, SOBRE LA LLAMADA DEL JUEZ A BARBERÁ: “EN MI VIDA HE VISTO COSA SEMEJANTE”

 

La dirigente del PP se refiere, desde el "sentido del humor", al auto del instructor del 'caso Taula'

 

La cúpula del PP ha hablado finalmente de la llamada del juez a Rita Barbera, exalcaldesa de Valencia, por el caso Taula. La secretaria general de los populares, María Dolores de Cospedal, ha afirmado en la noche de este lunes, en una entrevista en 13TV, que "nunca ha visto cosa semejante", en referencia a la oportunidad que da el magistrado a la senadora para que comparezca voluntariamente ante él en un plazo de 20 días, antes de continuar con el trámite ante el Tribunal Supremo para proceder a la solicitud de su imputación por un supuesto delito de blanqueo de capitales. Esta tarde, tras el Comité de Dirección de la formación, el vicesecretario de sectorial del partido, Javier Maroto, ha esquivado la cuestión pese a la insistencia de los periodistas.

 

"En el auto, el juez la llama [a Barberá], pero dice que no le va a hacer ningún tipo de pregunta. Entonces, ¿no sé como va a declarar?", ha subrayado la dirigente del PP. "Lo digo con un poco de sentido del humor, porque todo esto es un poco chocante. Es la primera vez en mi vida que veo una cosa semejante", ha continuado la secretaria general del partido, que ha calificado esta llamada del juez como "anómala". En su escrito, el instructor ha señalado que, si la senadora comparece ante él, no será interrogada —algo que solo puede hacer el Supremo—; pero sí podría "dar a conocer hechos y circunstancias de posible interés para la causa y manifestar lo conducente a su defensa en relación con la investigación, que aparentemente le implica, antes de decidir sobre la petición interesada por el fiscal".

 

Cospedal ha subrayado que "lo normal es que, si el juez quiere preguntarle, le cite en calidad de testigo, pero no lo ha hecho". "Pese a todo ello, estoy convencida de que Barberá colaborará con la Justicia. Aunque no le corresponde [en referencia a que le corresponde hacerlo ante el Supremo]", ha remachado la representante del PP. El juez del caso Taula, Víctor Gómez, ha detallado en su escrito que la exalcaldesa de Valencia puede declarar voluntariamente ante él, asistida por un abogado y teniendo acceso a las actuaciones. O, también, presentar un escrito alegando lo que considere oportuno.

 

Estas declaraciones de Cospedal se producen después de horas de silencio del PP. Maroto, tras las sucesivas preguntas de los periodistas, se refirió de soslayo al caso: "Sin dar ningún nombre, porque en este caso, además, no hay ninguna apertura de juicio oral, lo que digo es que es incompatible la regeneración democrática con la corrupción. O se aparta de forma definitiva a todo el que tenga hechos probados en relación a este asunto [la corrupción] o no se tendrá credibilidad en la política. Dicho esto, hay un paso intermedio entre convertirse en Torquemada y poner paños calientes porque ha habido gran cantidad de personas acusadas e incluso imputadas por corrupción que luego han quedado en nada. Algunos son ministros a día de hoy. Si hubiéramos actuado como Torquemadas con cada caso que aparece, hoy no habría ningún concejal funcionando en ningún Ayuntamiento, ningún diputado, ningún senador, ningún miembro de ningún Gobierno".

 

http://politica.elpais.com/politica/2016/03/14/actualidad/1457994554_284845.html

 

UNA EXEDIL: “EL PP VALENCIANO TIENE MUCHO DINERO NEGRO DE CORRUPCIONES”

 

La exconcejal María José Alcón explica en una de las grabaciones el supuesto sistema de blanqueo

 

Los pinchazos telefónicos del caso Taula referidos al supuesto blanqueo de capitales por parte del Grupo Popular en el Ayuntamiento de Valencia respaldan la tesis de la fiscalía y la Guardia Civil. La exconcejal popular María José Alcón explica en una de las grabaciones autorizadas por el juez a su hijo el supuesto sistema de blanqueo. “En el partido me han dado 1.000 euros en dos billetes de 500. Dinero negro”. “Ellos tienen mucho dinero negro”, “de empresas, comisiones, corrupciones...” y “no pueden aflorarlo”, afirma Alcón, que menciona a la exalcaldesa Rita Barberá.

 

La Fiscalía Anticorrupción y la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, coordinados por el juez de Valencia Víctor Gómez, investigaban la actividad de la supuesta trama del 3% vinculada al PP regional cuando, a través de las escuchas telefónicas a la exconcejal María José Alcón, se encontraron con el supuesto delito de blanqueo que estaban cometiendo presuntamente medio centenar de miembros del Grupo Popular en el Ayuntamiento de Valencia. Era abril de 2015 y faltaban unas semanas para las elecciones locales y autonómicas.

 

Los pinchazos realizados a Alcón, exconcejal de Cultura y esposa de Alfonso Grau —el exvicealcalde de Valencia que está siendo juzgado por el caso Nóos— se unen a otros indicios reunidos por la fiscalía y la UCO. Entre estos, las declaraciones de cuatro exasesores del PP que han reconocido ante el juez que les ofrecieron participar en lo que ellos interpretaron como una operación de blanqueo. Ingresar 1.000 euros en la cuenta del partido y recibirlos al mismo tiempo en metálico del Grupo Popular en el Ayuntamiento.

 

Los cuatro han declarado que no advirtieron de los hechos a Barberá porque estaban convencidos de que estaba al tanto de los mismos o porque no les inspiraba “confianza”.

 

El caso se basa también en las confesiones realizadas por dos de los imputados —investigados según la nueva denominación oficial—: la propia Alcón y su hijo. Y en un escrito “anónimo” recibido en fiscalía en abril de 2015 en el que se detallaba el presunto delito.

 

Alcón relató la operación de blanqueo en una conversación grabada por la UCO el 15 de abril de 2015. La exconcejal habla con su hijo, al que le dice:

 

—Es que han hecho una trampa en el partido, que me han dado 1.000 euros en dos billetes de 500, dinero negro...

 

—Sí...

 

—Y yo les tenía que hacer una transferencia legal, de mi cuenta, o sea, ¿eh? Para blanquear dinero, vamos, corrupción política total [...].

 

— Pero... cómo que para blanquear, no lo entiendo.

 

—¿No lo entiendes cariño? Pues ellos tienen mucho dinero negro.

 

—¿Quién?

 

—Pues de empresas del partido, de empresas, comisiones, corrupciones... Entonces ese es un dinero que no pueden aflorarlo.

 

—¿Pero quién te ha dado a ti eso? ¿Rita [Barberá]?

 

—Mari Carmen García-Fuster [exsecretaria del Grupo Popular en el Ayuntamiento y supuesta controladora de la caja b del partido a escala municipal].

 

—Ah.

 

—Rita, sí. Entonces, a mí me han dado 1.000 euros en dos billetes de 500 que es dinero negro obtenido...

 

—¿Para que te lo quedes?

 

—Para que me lo quede yo y entonces yo se lo doy a ellos con una transferencia bancaria y se blanquea. Y si [alguien] dice: ‘¿Ese dinero de dónde viene?’ Ese dinero lo ha aportado la concejal María José [Alcón] de su cuenta corriente.

 

“Lo único que funciona en España es la corrupción”

 

El hijo le pregunta “cuántos billetes de 500 tienen ellos”. “Yo qué sé cariño. Como tú dijiste una vez, y tienes más razón que un santo, es este país lo único que funciona es la corrupción”, responde Alcón.

 

El teléfono de la exedil estaba intervenido por orden judicial porque la exconcejal era una de las personas que aparecía hablando del cobro de mordidas en las cintas acumuladas durante años por Marcos Benavent, el ex alto cargo de la Diputación de Valencia que participó en la trama del 3% y ahora colabora con la justicia.

 

Dos días después de hablar con su hijo, la exconcejal Alcón habla con su hermana y le cuenta lo mismo de forma “espontánea”, según destaca el fiscal. “A Juanjo le dije que me hiciera una transferencia de esos 1.000 euros que han blanqueado en el partido de todo el dinero negro que tienen. Y me dieron dos billetes de 500 y yo tenía que hacer una transferencia legal desde el BBVA de 1.000 euros. Que los blanquean así. [...] Es muy gordo todo”.

 

Otra prueba del supuesto blanqueo son las declaraciones de varios asesores del Grupo Municipal del PP en la capital, que comparecieron ante la UCO y ante el juzgado en calidad de testigos. Una de ellas hace su particular relato de los hechos en un escrito que redactó en abril de 2015, barajó llevar ante notario y conservó en un documento con dicha fecha en su ordenador hasta que se lo entregó al juez.

 

En el texto explica que el 23 de marzo recibió en su despacho la visita de un asesor de la alcaldía. Este le comunicó a ella y a otros compañeros de que debían realizar una transferencia y, con el comprobante en la mano, debían ir al despacho de la secretaría del grupo, que desempeñaba Mari Carmen García Fuster, para que les fuera devuelto ese importe en efectivo, con la condición de que no lo ingresaran en el banco, en ningún banco, relata la testigo.

 

La asesora fue citada al día siguiente por García Fuster a su despacho. “Me pidió disculpas por no haber sido ella quien nos informara el día anterior. Le comuniqué que yo no iba a participar en ese hecho (...). Me escudé en problemas económicos aludiendo que no dispongo de ese dinero”, escribió la testigo. Según la versión, García Fuster le insistió primero en que el dinero le sería devuelto y luego le gritó. “Llegó a ofrecerme ella los 1.000 euros para que los ingresara en mi cuenta y realizara la transferencia”, explicó.

 

Un caso sobre comisiones y financiación

 

El juez alzó este lunes el secreto del sumario sobre la pieza del supuesto blanqueo de capitales del PP en el Ayuntamiento de Valencia: el caso Taula. Una causa mucho mayor en la que se investiga el supuesto funcionamiento de una trama que cobró comisiones, en general del 3%, a empresas que resultaron adjudicatarias de la construcción de colegios, infraestructuras sanitarias y otro tipo de contratos por parte de Ayuntamientos, la Diputación de Valencia y la Generalitat.

 

Parte de este dinero iba a parar a las cajas b que el partido manejaba en los distintos niveles de la Administración, según fuentes de la investigación. El alzamiento ahora del secreto de sumario sobre esta pieza era, según esas fuentes, un paso necesario para que los senadores puedan decidir si conceden en su caso al Supremo el suplicatorio para imputar a Barberá por un delito de blanqueo.

 

http://politica.elpais.com/politica/2016/03/14/actualidad/1457985021_674563.html

 

EL JUEZ DEL 'CASO IMELSA' IMPUTA AL PP DE VALENCIA POR BLANQUEO DE CAPITALES

 

El magistrado ofrece a Rita Barberá declarar voluntariamente

 

El juez instructor del Caso Imelsa, germen de la Operación Taula, imputa al PP por blanqueo. Además, cita de nuevo a cuatro investigados (Alfonso Novo, María José Alcón, Mari Carmen García Fuster y su secretaria María José Pi Palau, por su proximidad al dinero de origen supuestamente ilícito. Además, el Juez Instrucción 18 de Valencia ofrece declarar a Rita Barberá antes de decidir si eleva al Supremo la causa por blanqueo. También ofrece lo mismo al otro aforado, al diputado autonómico Miquel Domínguez, aforado por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana.

 

En cuanto a la pieza principal mantiene el secreto de sumario y lo prorroga un mes más, hasta el próximo 14 de abril. Asimismo, el juez pide informe al fiscal sobre la procedencia de declarar la complejidad de la causa y ampliar de 6 a 18 meses la investigación de la pieza separada.

 

El juez imputa al PP por blanqueo. En ese sentido cita, para interrogar de nuevo, a cuatro investigados que en su día, estando la causa secreta, se acogieron a su derecho a no declarar. Se trata del concejal Alfonso Novo, la exedil María José Alcón, la exsecretaria del grupo municipal popular Mª Carmen García-Fuster y de la secretaria de ésta, María José Pi Palau, quienes, según el magistrado instructor, tenían, al menos indiciariamente, “mayor proximidad al dominio material sobre el dinero de supuesto origen ilícito”. Tendrán que declarar de nuevo ante el juez el día 8 de abril.

 

En cuanto a los dos aforados el titular del Juzgado de Instrucción 18 de Valencia ha acordado ofrecer a la exalcaldesa de Valencia, Rita Barbera, y al exconcejal Miquel Domínguez, la posibilidad de declarar voluntariamente en el marco de la pieza separada del “Caso Imelsa” que se sigue por un delito de blanqueo de capitales, antes de decidir si eleva la causa al Tribunal Supremo (TS), órgano ante el que Barberá es aforada por su condición de senadora, y al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV), competente para investigar y, en su caso, enjuiciar a Domínguez por ser diputado autonómico. El artículo 118 bis del Código Penal permite a los aforados renunciar a ese aforamiento y en virtud al derecho de defensa declarar ante el juez instructor sin necesidad de que la causa se eleve al tribunal que los afora.

 

El secreto, sin embargo, se ha prorrogado un mes más, hasta el 14 de abril, para el resto de la causa atendiendo a un escrito de la Fiscalía para que elevara sendas Exposiciones Razonadas ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, en el caso de Barberá, y ante la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana.

 

Entiende el Ministerio Público que “existen indicios suficientes de la participación” de los dos aforados en la comisión del delito de blanqueo de capitales por el que están investigadas 48 personas (concejales, exconcejales, asesores y exasesores del Ayuntamiento de Valencia) y por el que el instructor ha resuelto imputar también al Partido Popular al amparo de los artículos 302.2 del Código Penal y 119 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

 

En un auto notificado hoy, el instructor explica que los escritos presentados por el fiscal “contienen indicios racionales que fundamentan jurídicamente dicha petición”. El juez, sin embargo, considera oportuno seguir la doctrina del Tribunal Supremo y agotar la investigación para que, llegado el momento, tanto el Supremo como el alto tribunal valenciano dispongan de la máxima información que les pueda ser de utilidad para “valorar la implicación indiciaria de las dos personas aforadas”.

 

Por este motivo, el titular de Instrucción 18 ha decidido también interrogar de nuevo “Cabe la posibilidad de que quisieran, ahora, declarar, es decir, suministrar información que podría ser valiosa o reveladora de hechos o circunstancias ignotos en este momento, y que podrían servir para aproximarnos a la verdad, que es el único interés y finalidad de toda instrucción judicial”, arguye el juez, quien, para agotar la investigación, acuerda, igualmente, ofrecer a los dos aforados, Barberá y Domínguez, la posibilidad de ser oídos voluntariamente sobre unos hechos por los que podrían resultar imputados.

 

Se basa el magistrado en la doctrina del Tribunal Supremo (ATS 9884/2012), según la cual “deben depurarse en el Juzgado de Instrucción de origen cuantas diligencias sean precisas para completar la investigación de los hechos, al efecto no solo de acreditar los mismos sino también el grado de participación que en ellos hubiera podido tener la persona aforada, lo que pasará por recibirle declaración si voluntariamente se presta a ello”.

 

En dicho auto el Supremo establece que “debe agotarse la instrucción de la causa, a fin de permitirse una más fundada decisión no ya sobre la racionalidad de los indicios de existencia de infracción penal, sino de los que pueda haber de participación en ella del aforado”.

 

El Alto Tribunal exige que “cuando se imputan actuaciones criminales a un grupo de personas y alguna de ellas tiene el carácter de aforado, se individualice no solo la conducta concreta que respecto a ese aforado pudiera ser constitutiva de delito, sino también que haya algún indicio o principio de prueba que pudiera servir de apoyo a tal imputación (…). De ahí que para que proceda declarar su competencia sea menester que existan suficientes indicios de responsabilidad contra la persona aforada”.

 

De aceptar la fórmula de la declaración voluntaria, la senadora y el diputado autonómico comparecerían ante juez y fiscal, asistidos por abogado, previa designación de procurador y habiendo tenido conocimiento de las actuaciones. El juez les otorga un plazo de veinte días para declarar si lo desean. No serán interrogados. Y, alternativamente a esta comparecencia voluntaria, podrían presentar un escrito alegando lo que consideren oportuno en relación a los hechos investigados y a su posible participación en los mismos.

 

La declaración voluntaria de los aforados viene recogida en el artículo 118 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. No implica proceder alguno del órgano judicial contra ellos. Se trata, según recoge el auto de Instrucción 18, de un trámite que persigue garantizar su derecho de defensa “para que puedan dar a conocer hechos y circunstancias de posible interés para la causa y manifestar lo conducente a su defensa en relación con la investigación, que aparentemente les implica, antes de decidir sobre la petición interesada por el fiscal”.

 

Además del auto en el que el juez acuerda practicar más diligencias antes de pronunciarse sobre la petición del fiscal para que eleve la Exposición Razonada al Supremo y al TSJ, el magistrado del “Caso Imelsa” ha dictado una providencia en la que emplaza al Partido Popular para que designe a un representante procesal que habrá de prestar declaración en calidad de investigado (término que sustituye al de imputado) por un delito de blanqueo de capitales.

 

En esta resolución, el juez también solicita informe al representante del Ministerio Público para que se pronuncie sobre la oportunidad de declarar compleja la pieza separada del blanqueo y ampliar así de 6 a 18 meses el plazo para investigar.

 

En el “Caso Imelsa”, cuya pieza principal seguirá estando secreta hasta el 14 de abril tras la nueva prórroga acordada hoy por el instructor, hay 115 investigados (personas físicas y jurídicas) por varios delitos contra la administración pública, entre ellos, los de prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, cohecho, fraude, falsedad y blanqueo de capitales en relación con una trama de corrupción infiltrada en varias administraciones públicas de la Comunidad Valenciana cuyos integrantes se servían de sus puestos de responsabilidad para amañar contratos y cobrar comisiones ilegales a cambio de adjudicaciones fraudulentas.

 

En la pieza separada, con 48 personas imputadas más el PP, imputado como persona jurídica, se investigan las donaciones al partido para blanquear dinero de supuesta procedencia ilícita.

 

La causa, que se saldó con la detención a finales de enero de 24 personas, entre ellas el expresidente de la Diputación de Valencia y del PP provincial, Alfonso Rus, consta de 15 tomos (4.500 folios). La documentación incautada en los registros está clasificada en diez piezas documentales, integradas, cada una de ellas, por varios tomos.

 

http://cadenaser.com/emisora/2016/03/14/radio_valencia/1457957657_123120.html

 

EL PP VALENCIANO SE LUCRÓ CON HOSPITALES Y CENTROS DE SALUD

 

Los investigadores creen que la red usó el mismo "sistema" que al construir colegios

 

Los investigadores creen que la trama vinculada al PP valenciano también se lucró con la construcción de infraestructuras sanitarias y los grandes contratos de hospitales. Los indicios apuntan a que la red aplicó en Sanidad, el departamento de mayor presupuesto del Gobierno valenciano, el mismo presunto “sistema” de cobro de comisiones a cambio de adjudicaciones y desvío de parte de las mismas al partido detectado en otras Administraciones. El hombre clave en esta fase de la investigación es Máximo Caturla, que después dirigió la construcción de colegios.

 

La trama que supuestamente amañó contratos de la Generalitat, la Diputación de Valencia y Ayuntamientos por importes que suman cientos de millones de euros, también alcanzó al área sanitaria, según la tesis de los investigadores. Los indicios apuntan al periodo de 2000 a 2003, cuando se sentaron las bases del nuevo mapa de infraestructuras sanitarias en la comunidad y se adjudicó la mayor de todas, el nuevo hospital La Fe de Valencia, el centro de referencia autonómico que acabó costando más de 330 millones de euros.

 

El nombre clave en esta parte de la investigación es el de Máximo Caturla, considerado principal “recaudador” de la trama y el que de forma más “sistemática” habría derivado parte de estos ingresos a la caja b del partido. Caturla —que hasta 2015 fue vicepresidente de la Diputación de Valencia— fue detenido en enero y se acogió a su derecho a no declarar. La fiscalía pidió para él prisión provisional, pero el juez lo rechazó y le impuso una fianza de dos millones de euros.

 

Antes de convertirse, el 29 de agosto de 2003, en consejero delegado de Construcciones e Infraestructuras Educativas Sociedad Anónima (Ciegsa), desde donde según los indicios reunidos por la Guardia Civil y la fiscalía cobró comisiones por la construcción o reforma de 600 colegios e institutos y acumuló sobrecostes de 1.000 millones de euros, Caturla ocupó un cargo crucial en el departamento de salud.

 

Fue subsecretario para los Recursos de Sanidad. Un “órgano adjudicador” desde el que firmó la construcción de centros de salud, así como numerosos contratos hospitalarios. La compra y alquiler de equipos de hemodiálisis y radiológicos; el mantenimiento de sistemas eléctricos, ascensores y elevadores; la creación de la aplicación informática que centralizó los historiales médicos; el lavado de ropa hospitalaria, el suministro de aparatos quirúrgicos, y otros.

 

Financiación irregular

 

Caturla formaba parte del equipo económico de Sanidad cuando en febrero de 2003 se adjudicó el nuevo hospital La Fe a una Unión Temporal de Empresas. Entre ellas figuraba Lubasa, cuyo responsable se sentará en el banquillo de los acusados en el juicio por la presunta financiación ilegal del PP, en el marco del caso Gürtel, que se celebrará en la Audiencia Nacional.

 

Fuentes cercanas al caso apuntan que la investigación en este periodo es complicada por el tiempo transcurrido y la posibilidad de que parte de los hechos hayan prescrito. Pero la etapa está siendo investigada.

 

La Consejería de Sanidad valenciana está rodeada de sospechas. Los cinco consejeros que la dirigieron entre 2000 y 2012 están hoy imputados, procesados o en la cárcel. Caturla fue subsecretario a las órdenes de Serafín Castellano, detenido en mayo de 2015 en la operación contra la llamada trama del Fuego. Castellano fue relevado por Vicente Rambla, que será juzgado por la presunta financiación ilegal del PP. A continuación, fue nombrado consejero de Sanidad Rafael Blasco, ahora en prisión por malversar fondos de la cooperación. Y los dos siguientes titulares de la cartera, Manuel Cervera y Luis Rosado, serán juzgados también en la Audiencia Nacional por amañar supuestamente contratos a favor de la red Gürtel.

 

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2016/03/01/valencia/1456855777_785407.html

 

RITA BARBERÁ: "NO DIMITO. NI ME LO PLANTEO"

 

La exalcaldesa asegura sobre el blanqueo que "todo es absolutamente falso" y pide "templanza y sosiego" a los dirigentes del PP que le reclaman que se marche - A los valencianos: "Les pido que sigan confiando en mí"

 

La exalcaldesa de Valencia y senadora, Rita Barberá, ha anunciado hoy que no dimite, ni se lo plantea, porque no ha "contribuido a ningún blanqueo de dinero" en el grupo popular municipal ni en el partido.

 

Barberá ha añadido que no ha ordenado, ni conocido ni ha sabido nada de ese blanqueo, ni tampoco ha tenido nunca el menor conocimiento de una caja B, y "todo lo que se ha dicho al respecto es falso".

 

Rita Barberá ha hecho estas afirmaciones en su primera rueda de prensa desde que se produjeron las detenciones por el denominado caso Imelsa y desde que concejales, exediles y asesores del grupo popular municipal declararon como investigados por un presunto caso de blanqueo en el Ayuntamiento de Valencia.

 

La senadora ha dicho "muy clarito y muy fuerte" que no dimite, porque no conoce nada de lo que se le acusa ya que el sumario está declarado secreto, porque no ha cometido "ningún delito o ningún ilícito" y porque hacerlo sería asumir una responsabilidad sobre algo que no ha cometido.

 

Ha insistido en que nunca ha tenido conocimiento de una financiación ilegal en su partido, "porque no la hay"; ha aseverado que no es corrupta, ni desde el punto de vista económico ni moral, y ha hecho hincapié en que nunca ha tenido ningún cargo orgánico en el partido y que las campañas electorales las organizan los comités de campaña.

 

Al igual que en el comunicado que emitió el pasado 2 de febrero, Barberá ha negado que en el Consistorio haya habido amaños o mordidas, por lo que ha apelado a esperar a que se levante el secreto de sumario para que se vea que "todo son acusaciones infundadas, maliciosas y profundamente falsas".

 

"Nunca me he quedado nada", ha asegurado Barberá, quien ha explicado que vive en un piso de alquiler, no tiene coche ni segunda vivienda, su patrimonio se ha publicado seis veces desde junio, vive de su sueldo y que está dispuesta a gastar "hasta el último euro" de su patrimonio para restablecer su "honor".

 

"Me quieren hacer aparecer como la jefa de una trama criminal y corrupta porque he dado voluntariamente mil euros para una campaña criminal sin que se me devolviera nada", ha lamentado Barberá, quien ha reclamado "sosiego" y "templanza" a los miembros de su partido que le han pedido explicaciones.

 

Gracias a su "buen amigo" Rajoy, Cospedal y Camps

Ha dado las gracias a varios miembros de su partido, entre ellos el presidente nacional del PP "y buen amigo" Mariano Rajoy.

 

Igualmente, ha agradecido su actitud a la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal; al ministro de Justicia, Rafael Catalá --"que no ha podido ser más claro", ha recalcado-- y al expresidente de la Generalitat Valenciana Francisco Camps, entre otros cargos del PP nacional.

 

"Por qué solo se habla de mí y no se pregunta a Pedro Sánchez si va a exigir dimisiones"

La exalcaldesa se ha preguntado "por qué solo se habla de ella" mientras parece "paralizado judicialmente" temas como los ERE de Andalucía. "¿Por qué no se pregunta al secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, si va a exigir dimisiones?", ha manifestado.

 

La exprimera edil ha planteado por qué es tratada "con mayor crueldad" cuando hay "casos multimillonarios de corrupción" en Cataluña o el secretario general del PSOE gallego "luce cuatro imputaciones".

 

"¿Por qué no se le pregunta a Pedro Sánchez todos los días si va a haber más dimisiones y a mis compañeros sí se les pregunta todos los días mí'", ha reiterado Barberá, que ha sentenciado: "No encuentro respuesta".

 

Insinúa que no acudirá a las Corts

Respecto a su citación el próximo lunes en Les Corts para dar explicaciones, ha precisado que no ha "decidido aún" si irá, aunque ha destacado que, como senadora, solo tiene obligación de comparecer ante una comisión de investigación -que no es el caso- y ha afirmado que no se va a someter a "tribunales totalitarios".

 

Barberá ha sostenido que el aforamiento que tiene por ser senadora no significa "inmunidad, ni impunidad ni blindaje", sino que en caso de tener que ser juzgada lo sería en "el primer tribunal de España", el Tribunal Supremo, y ha explicado que, en caso de ser citada, comparecerá ante el juez que le corresponde.

 

Ha lamentado que sobre ella ha caído una "avalancha" de peticiones de explicaciones y ha confesado que ha vivido un "inenarrable dolor anímico, horror y estupefacción" ante "tantas condenas mediáticas" que han caído sobre ella, mientras que ha pedido que se legisle para evitar filtraciones de sumarios.

 

Barberá ha pedido que se cumplan los estatutos del partido, que marcan que se abrirá expediente informativo si hay una imputación formal, que pasará a ser disciplinario cuando se abra juicio oral, y ha manifestado que si no ha ido hasta ahora al Senado es porque "no hay actividad parlamentaria", pero irá en cuanto se retome.

 

http://www.levante-emv.com/comunitat-valenciana/2016/02/25/rita-barbera-reaparece-valencia-dar/1384062.html

 

RAJOY: “HE HABLADO CON RITA BARBERÁ Y DICE QUE ES INOCENTE”

 

"He hablado con Rita Barberá y dice que es inocente”. Esta ha sido la contestación que ha dado el presidente del Gobierno en funciones, Mariano Rajoy, al ser preguntado por la posible imputación de la exalcaldesa de Valencia y senadora popular. Como viene haciendo en los útimos días, el líder del PP ha justificado que el partido no haya tomado aún medidas contra Barberá, pese a que algunos dirigentes ya piden abiertamente a la veterana política que se vaya para no seguir perjudicando a sus siglas. Sabiendo que le iban a preguntar de nuevo por el asunto, Rajoy ha llevado a su entrevista en Antena 3 un dossier en el que decía tener 174 casos de personas del PP cuyos casos se habian archivado después de haber sido acusados. "Pepe Blanco [exministro socialista] también estuvo imputado en el Supremo, su caso se archivó y a mí no se me ocurrió pedir que lo demonizaran".

 

"Vamos a esperar acontecimientos. Es muy difícil tomar decisiones sobre personas cuando el sumario es secreto", ha insistido el líder del PP sobre qué hacer con Barberá. Rajoy ha negado que el partido le haya dado "un trato de favor" al enviarla a la Diputación Permamente del Senado porque ya era aforada, pero fuentes de la Cámara alta aseguran que ese puesto garantiza su aforamiento incluso en el caso de que se disuelvan las Cortes por convocatoria de nuevas elecciones. "Si hubiera hecho algo, va a ser juzgada igual", ha zanjado el presidente en funciones.

 

Preguntado por si es partidario de la petición de Ciudadanos de eliminar los aforamientos, Rajoy ha dicho que "se podrían quitar", pero que ese no es el principal problema de España, sino el paro. Los populares llevaban en su programa electoral la reducción de los aforamientos, pero en el documento de propuestas que entregaron a la formación de Rivera y a Pedro Sánchez simplemente sugerían "adecuarlos". 

 

El presidente en funciones ha admitido que la corrupción es lo que "más daño" ha hecho al partido, aunque ha asegurado que alguno de los casos que ahora afectan al PP "son del siglo pasado" y ha defendido las medidas tomadas en la pasada legislatura para combatirla. Preguntado por la dimisión de Esperanza Aguirre, Rajoy ha insistido en que su situación no es la misma: "Aguirre ha tenido muchos consejeros imputados, alguno en la cárcel... A mí no me ha pasado eso en mi Gobierno".

 

El líder del PP también ha negado que el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, hubiese sugerido una conspiración para destapar solo los casos de corrupción del partido. "Él habló del hecho objetivo de que se han filtrado cinco o seis sumarios, pero yo respeto mucho a los jueces porque soy hijo de juez y he vivido en palacios de justicia".


http://politica.elpais.com/politica/2016/02/24/actualidad/1456300419_511448.html

 

EL ‘ANNUS HORRIBILIS’ DE RITA BARBERÁ

 

El ‘caloret’ marcó el inicio de la decadencia política de la exalcaldesa de Valencia

 

A finales de invierno de 2014 Rita Barberá era todavía el tótem del PP valenciano, aunque en el universo de la alcaldesa de Valencia avanzaban las fisuras. En las urnas ya había señales de agotamiento de la que había sido desde 1995, tras su primer mandato con Unión Valenciana, la imbatible máquina electoral del partido en Valencia y la locomotora que tiraba de otros candidatos como Eduardo Zaplana y Francisco Camps.

 

Su relación con Mariano Rajoy tampoco pasaba por el mejor momento. Era la matriarca de un partido que supuraba casos de corrupción en todas las Administraciones y había forcejeado con Rajoy para mantener a toda costa en el Palau de la Generalitat a su ahijado Camps, asediado por el caso Gürtel. Como consecuencia, a diferencia de lo que ocurrió con Zaplana y Camps, había dejado de ser decisiva en la designación de Alberto Fabra como líder del partido. Pero, aun así, era la figura más sólida del PP en la Comunidad Valenciana.

 

La Jefa, como se la conoce en el PP, retenía el mito que le atribuía su partido de “alcaldesa de España”, forjado en su ascendencia sobre los presupuestos de una Generalitat que le pagaba la fiesta del desarrollo urbanístico de Valencia y los hitos que la siluetean, así como su habilidad para acaparar logros de la Administración central como propios.

 

Pero el 23 de febrero de 2015 se tambaleó su leyenda. El acto de la Crida, que anuncia el inicio de la fiesta de las Fallas, siempre había sido para Barberá un escenario propicio, una prolongación del balcón peronista del Ayuntamiento. Sin embargo, esa tarde en las Torres de Serranos, con un discurso inconexo, suspicazmente eufórico y plagado de tropezones lingüísticos en castellano y en valenciano, la alcaldesa naufragó en su propio jugo. Y donde más le dolía: ante el mundo fallero, que había sido su principal sustento.

 

El episodio del caloret abrió la veda contra Barberá. Ese día empezó la cuenta atrás de su fin. Las redes sociales achicharraron su cartel como una falla en la noche de San José. Aunque pidió perdón al día siguiente, quedó sepultada ante una avalancha de críticas en toda España, no solo políticas, sino cívicas y universitarias. El caloret catalizó malhumores ciudadanos en Valencia, mientras de debajo del glamur de los eventos la crisis afloraba la mugre de las calles de los barrios, el abandono de los jardines y los socavones en el asfalto.

 

Para Barberá se había complicado todo. Las expectativas electorales no le aseguraban la alcaldía y ni siquiera la Generalitat, asfixiada financieramente, podía pagarle la traca final de su mandato. Ante esa expectativa, la mejor salida era no repetir como candidata y cerrar un período de 24 años de inauguraciones y esplendentes mayorías absolutas. Así podía mantener la vitola de animal político invencible.

 

Sin embargo, Rajoy la requirió para que volviera a encabezar la candidatura al Ayuntamiento de Valencia por séptima vez. Ante el desmoronamiento del partido, en metástasis judicial por los escándalos de corrupción, su presencia en la lista municipal podía amortiguar el hundimiento más que ningún otro candidato.

 

Barberá aceptó a regañadientes, relatan fuentes del PP. Solo estaba dispuesta a repetir en el caso de que el Gobierno hubiese aprobado una ley de reforma electoral que garantizase la alcaldía al partido que obtuviera el 40% de los votos. Así podía edulcorar su caída y sumar otro mandato en su palmarés de alcaldesa perdurable. Urgió con tanta insistencia al Gobierno para que impulsara la reforma que en Génova, según estas mismas fuentes, tuvieron que pararle los pies: “No te preocupes, Rita, que en Valencia no llegamos ni al 40% de los votos”. Cuando constató que no podía evitarlo, a menos que dejara el partido, recurrió al coraje: “Yo me podía haber ido por la puerta grande, pero no soy una rata que sale huyendo”, alegó en un foro.

 

Pero sus problemas iban en aumento. En abril de 2015, un mes antes de las elecciones, Compromís presentó la web llamada Ritaleaks, en la que se publicaron cientos de documentos con gastos de difícil justificación del Ayuntamiento de Valencia en años de crisis. Se trataba de viajes, comidas y diferentes actos de representación, algunos de los cuales estaban atribuidos a la alcaldesa.

 

Barberá había conseguido hasta ese momento mantenerse en la periferia de la mayoría de casos de corrupción, mientras su vicealcalde, Alfonso Grau, tuvo que dimitir a principios de año a causa de su imputación en el caso Nóos por decisiones que difícilmente se podían tomar sin el consentimiento de la alcaldesa.

 

El caso Imelsa estalló en vísperas electorales con la filtración de las conversaciones grabadas por el exgerente de esta empresa pública, Marcos Benavent. Salpicada por el caso, la exconcejal de Cultura y todavía asesora de Barberá, María José Alcón, tuvo que renunciar a ir en la lista. Las conversaciones de Alcón, esposa de Grau, revelaban favores políticos a un sobrino de la alcaldesa, Quique Sospedra Barberá, vinculado a empresas con las que el Ayuntamiento de Valencia contrató servicios de azafatas en eventos municipales.

 

El 24 de mayo Barberá perdió en las urnas la mitad de los votos que tenía y obtuvo 10 concejales, uno más que Compromís. Era su acta de defunción como alcaldesa. Su mito se había derrumbado. Mandó a sus representantes legales a recoger el acta de concejal, pero renunció a ella un día antes de la constitución de la nueva Corporación. “Hemos hecho importante a Valencia. La hemos puesto en el mapa”, proclamó en su despedida. Dos meses después, pese a que había dicho que “ni se le pasaba por la cabeza” la idea de optar a una plaza en el Senado, dimitió de diputada en las Cortes Valencianas y se convirtió en senadora territorial.

 

Alejada del foco mediático, su relativo paréntesis de tranquilidad duraría poco. A finales de enero de 2016 el juez instructor de Imelsa imputó a nueve de los 10 concejales de la lista de Barberá y a personas de su círculo de confianza en el marco de la Operación Taula, que investiga la presunta trama de financiación ilegal y blanqueo. Fuentes del caso apuntan que ella no fue detenida ni imputada por su condición aforada ante el Tribunal Supremo por el cargo de senadora, del que no puede ser destituida a menos que se disuelvan las Cortes Valencianas. Pero el juez ya ha dado el paso preceptivo para su imputación a través del Supremo.

 

Ahora, la alcaldesa que quiso convertir Valencia en un caladero de yates de lujo y una pista de bólidos como Mónaco, la que quiso empequeñecer al Marqués de Campo, (el alcalde que llevó el agua potable a Valencia y adoquinó sus calles), se esconde en su casa sitiada por las consecuencias del sistema que le sirvió de pedestal. Incluso Grau, el hombre que tuvo toda su confianza, empieza a señalarla, mientras ella recela de lo que pueda hacer la organización sobre la que ha reinado y manda whatsapps con advertencias: “Cuidado con lo que decís”.

 

Barberá se ha convertido en un lastre demasiado pesado para el PP. El portavoz Pablo Casado acaba de pedirle que reflexione si "aporta algo" al partido al que pertenece porque, en caso contrario "hay vida fuera de la política". Su lápida política está esculpida, solo le falta el pulido judicial.

 

http://politica.elpais.com/politica/2016/02/23/actualidad/1456224973_792788.html

 

 

LA UCO INVESTIGA SI EL PP VALENCIANO BLANQUEÓ SU CAJA B CON LINGOTES DE ORO

 

Los investigadores conectan la red del 3% con una trama del metal precioso caída en 2014

 

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil investiga si la trama del 3% vinculada al PP valenciano blanqueó el dinero negro presuntamente obtenido de mordidas en centenares de contratos públicos utilizando para ello lingotes de oro. Los indicios de que disponen los investigadores muestran una conexión entre la red valenciana y la trama del oro desmantelada en febrero de 2014 con más de un centenar de detenciones, la mayoría en la Comunidad Valenciana.

 

La empresa de uno de los principales detenidos en aquella operación lanzada hace ahora dos años por la policía y la Agencia Tributaria, Oro Direct, del ciudadano de origen búlgaro Miroslav Schopoff, pasó de facturar 11 millones de euros en 2008 a hacerlo por importe de 1.000 millones en 2012. Los indicios que los investigadores tienen ante sí apuntan a que en esa etapa Schopoff, actualmente imputado en la Audiencia Nacional junto a otras 140 personas por supuesto blanqueo de capitales a gran escala, mantuvo una relación muy estrecha con uno de los presuntos cabecillas de la red del PP valenciano, el expresidente de la Diputación de Valencia Alfonso Rus. La relación habría llegado hasta el punto de que Schopoff acudió a la celebración del segundo matrimonio de la hija de Rus, según las pistas obtenidas por los investigadores.

 

El exdirigente popular, que no comparece en público desde enero, cuando pasó 72 horas detenido, ha negado haber cometido irregularidades y ha afirmado que su imputación responde a un “montaje”. Este periódico intentó este miércoles sin éxito recabar la versión de Schopoff. El empresario negó en su día haber participado en una trama del oro.

 

PERMISO PARA TRABAJAR EN ALABAMA

 

En la sede de una empresa del centro de Valencia de compraventa de oro que sigue a nombre de Miroslav Schopoff en el Registro Mercantil, los encargados, con acento del Este, afirmaron estemartes que el empresario de origen búlgaro ya no es el dueño y que podía hallarse en Estados Unidos. La Audiencia Nacional señaló que el juzgado de Valencia que instruyó inicialmente el caso contra la trama del oro impuso a Schopoff la prohibición de salir de España. Pero en julio pasado la Audiencia Provincial admitió su recurso para poder viajar a Alabama (EE UU) y países europeos por motivos de trabajo.

 

Desde que perfilaron la envergadura de la red Taula, la UCO y la fiscalía tratan de identificar las vías de blanqueo presuntamente utilizadas para lavar los fondos obtenidos de comisiones cobradas por adjudicaciones de Ayuntamientos, Diputación de Valencia y Administración autonómica. Los indicios apuntan a la existencia de conexiones internacionales, según fuentes cercanas al caso que instruye el Juzgado número 18 de Valencia.

 

La trama del oro desmantelada en 2014, con 80 detenidos en la Comunidad Valenciana, muestra similitudes con este esquema. Schopoff montó su negocio en 2006, dedicado a la venta de lingotes en España como forma de inversión. El negocio se disparó coincidiendo con la llegada de la crisis al ampliarse a la compra de joyas de particulares, que se desprendían de ellas o las empeñaban. Solo en Valencia, pasó de haber 44 comercios de este tipo en 2010 a 230 en 2012.

 

Las alhajas eran enviadas por avión a Suiza y fundidas en lingotes. Parte de estos eran distribuidos después en España y otros se exportaban desde Suiza a otros países. El grupo Oro Direct de Schopoff, que según fuentes del caso se movía con guardaespaldas y automóviles blindados, se convirtió en la tercera empresa por ventas en la Comunidad Valenciana por detrás de los supermercados Mercadona y Consum. Un éxito que se vino abajo del todo con la intervención policial.

 

La policía y Hacienda apuntaron al desmantelar la red que esta pudo aprovechar el auge del oro para emitir facturas falsas de compras por importe de cientos de millones de euros, cuando las adquisiciones eran mucho menores. La diferencia entre la facturación real y la inflada era la cantidad económica en negro que quedaba blanqueada. Un mecanismo que, dijeron, pudo ser utilizado para lavar dinero del sector inmobiliario y del crimen organizado.

 

Los investigadores de Taula indagan ahora si este canal fue utilizado también por la red del PP valenciano. Y si parte de las comisiones que presuntamente fueron a parar a la caja b del partido y a los cabecillas de la organización acabaron convertidas en lingotes que se fundían en Suiza.

 

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2016/02/24/valencia/1456343457_632356.html

 

VARAPALO JUDICIAL A CAMPS: UNA JUEZA RECHAZA SU PETICIÓN DE QUE NO SE PUBLIQUEN NOTICIAS QUE LE VINCULEN CON LA CORRUPCIÓN

 

El expresidente solicitó esta medida tras informar la cadena Ser de que, según la investigación, Camps era el "recaudador" de la caja B del PP de Valencia

 

La jueza concluye que "no concurre ninguna razón ni motivo" para aceptar estas medidas cautelares

 

El Juzgado de Instrucción 13 de Valencia ha desestimado las medidas cautelares solicitadas por el expresidente de la Generalitat Valenciana, Francisco Camps (PP), en las que pedía que se prohibiera la publicación de informaciones que le vinculen con el caso Imelsa por el "desvalimiento" que sufre su imagen pública.

 

Camps interpuso una denuncia en la madrugada del lunes por un delito de revelación de secretos que, según él, habrían cometido la Guardia Civil, la Fiscalía o el Juzgado Instructor, y pedía que se prohibiera la emisión de la información en la Cadena SER u otros medios. La emisora informó este lunes que el expresidente era el "recaudador" que nutría a las cinco cajas B que tenía el PP en la Comunidad Valenciana.

 

Una prohibición que Camps solicitió que se extendiera a "cualquier tipo de conversación, comentario o referencia que implique o mencione al denunciante de cualquier manera, aun de forma indirecta o mero comentario o conjetura" y que afectaría también a otros medios de comunicación que pudieran tener acceso a datos protegidos por el secreto de sumario que rige sobre el caso Imelsa o sobre aquellas diligencias relacionadas con el mismo que pudieran abrirse en otros tribunales.

 

La magistrada considera que la información que ha facilitado el Juzgado instructor, a través del gabinete de comunicación del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana sobre esta causa, en la que se investigan adjudicaciones fraudulentas en varias administraciones públicas a cambio de comisiones ilegales, está amparada por el Protocolo de Comunicación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

 

"Los gabinetes de comunicación son la piedra angular en el empeño del CGPJ por transformar la imagen y la reputación corporativa de la justicia española", señala el auto, que añade que "cuanta mejor información se facilite y más contacto haya con los profesionales de los medios, menos probabilidad de que se produzcan noticias confusas que crean estados de opinión que no respondan a la verdad de las cosas".

 

De conformidad con el criterio de la fiscal, el Juzgado de Instrucción 13 ha denegado la adopción de la medida cautelar limitativa de la libertad de información solicitada por Camps por entender que "cualquier norma limitativa de derechos sólo puede ser interpretada restrictivamente".

 

En este caso, añade la magistrada, "no concurre ninguna razón ni motivo acreditado alguno que determine ni justifique la adopción de medida cautelar alguna".

 

http://www.infolibre.es/noticias/politica/2016/02/23/la_justicia_rechaza_peticion_camps_que_publiquen_informaciones_que_vinculen_con_imelsa_45427_1012.html

 

 

EL JUEZ YA PONE A BARBERÁ EN EL PUNTO DE MIRA POR EL BLANQUEO EN EL PP

 

El magistrado remite el escrito al Senado para que acredite su aforamiento y poder iniciar una investigación.

 

El juez de Instrucción 18 de Valencia, encargado de la investigación por la 'operación Taula' y la pieza separada referente al presunto blanqueo de capitales en el grupo municipal del PP en Valencia, se ha dirigido al Senado para que acredite la condición de senadora de Rita Barberá. Con este paso, el magistrado pone en el punto de mira de la investigación a la exalcaldesa y abre la puerta a una próxima y posible imputación.

 

El escrito remitido al Senado es el paso previo para remitir la causa al Tribunal Supremo una exposición razonada de los hechos que podrían imputarse a Barberá. El magistrado abrió una pieza separada sobre la investigación por presunto blanqueo en el seno de la agrupación local del PP de Valencia en la que hay medio centenar de imputados (ahora llamados investigados). Las declaraciones de todos ellos finalizarán mañana, pero por el juzgado ya han pasado los concejales, exconcejales y asesores del partido. El juez ha remitido el escrito al Senado a un día de finalizar los interrogatorios.

 

El escrito ha sido dirigido al presidente del Senado, Pío García-Escudero, y deberá ser estudiado en la Mesa que se reúne este mediodía. La acreditación del aforamiento de Barberá supone que la causa por blanqueo sería remitida al Tribunal Supremo, el órgano que deberá investigar a la senadora.

 

En su petición, a la que ha tenido acceso la agencia Efe, el magistrado solicita a la Mesa del Senado que "a los efectos de determinar la competencia del órgano judicial sobre hechos referidos a la causa penal referenciada que se sigue en este juzgado" remita "certificación sobre la condición actual de senadora en la presente legislatura" de Rita Barberá.

 

La exalcaldesa de Valencia permanece en reclusión (con algunas excepciones como su visita a la peluquería la semana pasada) desde que estallara un caso en el que están investigados la práctica totalidad del grupo municipal del PP actual en el Ayuntamiento (salvo un edil independiente), así como asesores, exasesores y exconcejales de su etapa. Todo el entorno de Barberá en el consistorio ha sido implicado en la operación de supuesto blanqueo de capitales a través de donaciones al partido. Varios exasesores que dejaron de trabajar para el PP admitieron que se les propuso realizar esa operación.

 

En Taula fueron detenidas además personal de su más estrecha confianza como la secretaria del grupo, Carmen García Fuster, en libertad y con una fianza pecuniaria de 150.000 euros.

 

Todo su círculo ha estado investigado, así que todas las miradas estaban puestas en Barberá, a quien el juez no ha podido dirigirse hasta ahora por su condición de aforada.

 

El escrito, que implica ya que la justicia ha puesto el foco en la senadora, llega un día después de que el jefe de Génova, Mariano Rajoy, saliera en su defensa: “Deberíamos saber por lo menos de qué se le acusa a Rita Barberá”.

 

También la respaldó el expresidente de la Generalitat valenciana, Francisco Camps. “No se ha llevado ni un paquete de rosquilletas”, dijo. Camps habló de ella como una “mujer extraordinaria, de primer nivel, de quien se sienten orgullosos los valencianos”.

 

Son prácticamente las únicas dos manifestaciones de respaldo a la exalcaldesa en unas semanas en las que tanto desde el entorno de Génova como desde el PP valenciano se le ha instado a dar explicaciones, aunque también se le ha protegido su aforamiento al situarla en la Diputación permanente del Senado.

 

La extodopoderosa alcaldesa tan solo emitió un comunicado en el que negaba cualquier implicación y remitió varios mensajes al móvil de la presidenta de los populares valencianos. “Cuidado con lo que decís”, les dijo.

 

http://www.elespanol.com/espana/20160223/104489611_0.html

 

 

EL PP VALENCIANO ACTUÓ COMO UN GRUPO CRIMINAL, SEGÚN LA INVESTIGACIÓN

 

Los indicios señalan al conjunto de la formación regional. Declaraciones de Taula apuntan a la participación de Camps y al conocimiento de la sede nacional de Génova

 

El PP de la Comunidad Valenciana actuó en su conjunto como una organización criminal. Esta es la tesis de los investigadores del caso Taula, que empezó como unas pesquisas en torno al supuesto amaño de adjudicaciones en la Diputación de Valencia y se extienden ahora al conjunto de la formación regional, incluyendo la presunta financiación irregular del partido en los tres niveles del partido, local, provincial y autonómico, y en las tres provincias de la comunidad autónoma. Esta financiación irregular se habría nutrido de las mordidas ingresadas por la organización de centenares de mordidas por contratos públicos. Ya hay cuatro campañas, las de 2007, 2008, 2014 y 2015 de las que existen pruebas concretas de aportaciones irregulares. En el procedimiento de Taula hay indicios, como declaraciones de testigos y conversaciones grabadas, de la participación del expresidente regional del PP y de la Generalitat valenciana Francisco Camps en los hechos. Y de que la sede nacional de la formación, en la madrileña calle de Génova, estuvo al menos al tanto de los hechos y pudo beneficiarse de los mismos.

 

Las fuentes han considerado "precipitado" describir a Camps como "recaudador" del PP valenciano, y tampoco confirman la existencia de cinco cajas b en la formación de la Comunidad Valenciana, como ha publicado este lunes la Cadena SER, aunque no descartan que así sea. Si hubiera constancia de ello, han añadido las fuentes, Camps habría sido detenido o llamado a declarar por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, que dirige la investigación junto a la Fiscalía Anticorrupción en Valencia bajo la coordinación del juzgado de Instrucción número 18 de Valencia.

 

Camps ha negado su implicación en la supuesta trama y ha calificado de "falsas en su totalidad" las informaciones que así lo indican.

 

Los investigadores mantienen que el cobro de comisiones, las más habituales del 3%, a cambio de contratos públicos no fue un hecho aislado, sino que formó parte de un "sistema" estructurado y jerarquizado. En la mayoría de las ocasiones una parte de las mordidas servían para alimentar la caja b del partido, con la que se pagaban actos de la formación. Y los amaños habrían afectado a contratos de muy distintos ámbitos de las Administraciones valencianas.

 

El PP gobernó el Ayuntamiento de Valencia entre 1991 y 2015. La Generalitat y la Diputación de Valencia, entre 1995 y 2015. Y las principales instituciones de la Comunidad Valenciana durante esas mismas dos décadas.

 

La investigación de Taula, en la que hay 80 imputados, ha encontrado conexiones con otras tramas vinculadas al PP valenciano que funcionaron durante el mismo periodo. Más de 15 causas judiciales investigan hasta ahora por separado esa presunta actividad corrupta.

 

La Fiscalía y la acusación que ejercen los socialistas en el caso Fórmula 1, en el que está imputado Camps, quieren incorporar a este procedimiento a los cabecillas del caso Gürtel, en otro ejemplo de la presunta conexión entre tramas, cuyo nexo común es el Partido Popular valenciano.

 

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2016/02/22/valencia/1456136648_171455.html

 

FRANCISCO CAMPS ERA "EL RECAUDADOR" DE LA TRAMA DEL PP EN VALENCIA

 

La Operación Taula, por la que el juzgado número 18 de Valencia investiga al PP de este territorio y que en la actualidad cuenta con 63 imputados entre políticos de este partido, asesores y empresarios por blanqueo, cohecho y malversación entre otros delitos, no se limita a la capital del Turia o a la gestión del expresidente provincial, Alfonso Rus, al frente de la Diputación.

 

Fuentes de la investigación consultadas por la Cadena SER sostienen que hasta ahora solo han trascendido los cargos intermedios del entramado corrupto y establecen un nivel superior. En el mismo, sitúan al expresidente de la Generalitat y del PP en la región, Francisco Camps.

 

Las mismas fuentes aseveran que declaraciones de testigos que permanecen bajo secreto de sumario y las grabaciones del arrepentido Marcos Benavent, avalan sus sospechas en este sentido. Aseveran que Francisco Camps operaba como "recaudador" de dinero negro en el PP valenciano, obtenido mediante el pago de mordidas por parte de empresarios que resultaban adjudicatarios de los concursos públicos amañados en distintas consejerías de la Generalitat valenciana, en el periodo 2003-2011.

 

Los investigadores también sospechan de lo actuado que Francisco Camps era el nexo con Génova 13 y nutría con parte de los fondos en negro obtenidos en Valencia a la caja b nacional del Partido Popular. Las mismas fuentes añaden que están perfilando las investigaciones y acumulando pruebas para imputar al expresidente valenciano.

 

Camps niega "de forma categórica" la información

 

La Cadena SER se ha puesto en contacto con el expresidente Francisco Camps, quien "desmiente" de forma "categórica" la información, que califica de "absurda". Camps ha negado de forma "rotunda" las sospechas de los investigadores. Sostiene que "nunca" ha "recaudado" ni "organizado nada ilegal" y amenaza con querellarse por "falsa imputación de un delito".

 

"El PP en Valencia era una organización criminal con cinco cajas b"

 

Las fuentes de la investigación consultadas por la SER concluyen que el PP era "una organización criminal" con tres cajas b "transversales" en Valencia, y "al menos" dos más en las provincias de Alicante y Castellón.

 

Las grabaciones a los integrantes de la trama corroboran la "transversalidad" de las tres cajas de Valencia. Altos cargos bajo investigación aparecen en las grabaciones de Marcos Benavent reclamando dinero negro de la caja regional para la provincial y viceversa, con el objetivo de lograr más efectivo para financiar actividades del Partido Popular.

 

En el caso de la caja b de Alicante, los investigadores aún no han podido determinar la identidad de quien la gestionaba. En Castellón correspondía a Carlos Fabra, según las mismas fuentes. Fabra, cuyas primeras informaciones sobre supuesta corrupción ofreció la SER, cumple hoy condena en la cárcel de Aranjuez por fraude fiscal, donde permanece preso desde hace casi 15 meses.

 

http://cadenaser.com/ser/2016/02/21/tribunales/1456082796_285168.html

 

RITA BARBERÁ ADVIERTE A BONIG EN UN MENSAJE: “CUIDADO CON LO QUE DECÍS”

 

La senadora valenciana del PP recrimina a la presidenta regional su deslealtad vía SMS

 

Las relaciones entre la presidenta del PP valenciano, Isabel Bonig, y la exalcaldesa y senadora Rita Barberá empeoran por momentos. El caso Taula, que investiga una presunta red de amaño de contratos a cambio de comisiones ilegales y un posible blanqueo de dinero, ha estallado sobre Barberá. Por ello, los populares valencianos le han pedido públicamente que dé explicaciones porque casi todo su equipo municipal está imputado. A Barberá no le ha gustado el gesto. "¿De qué quieres que dé explicaciones?", le escribió Barberá a Bonig en un mensaje de texto.

 

El 2 de febrero, según fuentes del partido han confirmado a EL PAÍS, Barberá remitió un SMS a Bonig para expresarle su malestar. La presidenta regional de los populares había comparecido ese mismo día para dar explicaciones sobre las imputaciones del equipo municipal de Barberá y para anunciar que reclamaría el acta de los ediles cuando se levantase el secreto de sumario si seguían imputados.

 

La respuesta de Barberá a las presiones de su partido, que llegaban tanto desde Madrid como desde Valencia, fue emitir la misma noche del 2 de febrero un comunicado público en el que reconocía que había atendido las peticiones de donaciones económicas del partido —como la mayoría de ediles y asesores—, "pero siempre desde la legalidad". Eso fue en público porque en privado, además del comunicado, le envió un mensaje a Bonig.

 

Ese mensaje tenía una segunda parte, donde la senadora advirtió: "Cuidado con lo que decís". "Recordad por qué estáis ahí, porque yo di la cara por vosotros", continuaba el SMS de Barberá a Bonig el pasado 2 de febrero. "Esto me da fuerza, me habéis activado. No me merezco esto".

 

Bonig, según las mismas fuentes, no respondió a las misivas de Barberá. Optó por el silencio. La exalcaldesa se quejaba con este mensaje de la falta de lealtad de sus compañeros de partido, a los que había apoyado en su ascenso a la dirección.

 

La presidenta regional del PP citó el pasado lunes, 15 de febrero, a todos los concejales del PP de Valencia investigados para pactar la entrega del acta. Fue una reunión tensa, en la que al final los ediles se comprometieron con Bonig a entregar el acta si siguen formalmente imputados cuando se levante el secreto de sumario. Barberá no estuvo presente en la reunión.

 

Fuentes del PP señalan que la senadora popular envió esos mensajes en un momento en que las relaciones eran muy tensas en el partido. Desde que estalló el escándalo, Bonig ha sido una de las primeras interesadas en que Barberá dé un paso atrás y deje de estar en la primera línea de la política.

 

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2016/02/19/valencia/1455885537_005432.html

 

 

EL JUEZ ABRE PIEZA SEPARADA POR BLANQUEO EN EL PP DE VALENCIA CON 49 INVESTIGADOS

 

El juez que instruye la Operación Taula, derivada del caso Imelsa, ha decidido abrir una pieza separada para investigar el delito de blanqueo en el grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de Valencia, en la que hay 49 investigados (figura que sustituye al término de imputados en la antigua Lecrim). Entre ellos, se encuentran nueve de los diez ediles conservadores en el consistorio, exconcejales, asesores o personas que han ocupado esa responsabilidad en otras fechas. El único concejal del PP no imputado es el independiente Eusebio Monzó.

 

Asimismo, el juez de instrucción 18 ha intervenido inmuebles y vehículos y ha ordenado el bloqueo de productos bancarios de investigados para su comiso en caso de condena, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana en su cuenta de Twitter.

 

El instructor también ha decidido prorrogar el secreto del sumario que pesa sobre la causa hasta el próximo 14 de marzo. Esta prórroga se extiende a la pieza separada abierta para investigar el blanqueo. Este martes el juez había citado para declarar a tres asesores del grupo municipal popular, de los que uno se ha acogido a su derecho a no declarar. Los tres mantienen la condición de investigados por blanqueo.

 

La pasada semana se supo que el juez había citado a declarar a otras 19 personas como investigadas en el marco de las diligencias que se siguen por un presunto delito de blanqueo de capitales. Las próximas comparecencias tendrán lugar este miércoles (cuatro asesores, la edil María Jesús Puchalt y los exconcejales Vicente Aleixandre y Francisco Lledó), el jueves (los exediles Juan Vicente jurado y Mayrén Beneyto), viernes (Emilio del Toro y Ramón Isidro Sanchís) y los días 22 y 23.

 

El caso Imelsa se centra en este empresa, la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de la capital, Ciegsa y la Fundación Jaume II El Just, por presuntamente realizar adjudicaciones fraudulentas a cambio de comisiones ilegales. Suma ya 80 imputados por presunto amaño de contratos –desde 2003– en distintas administraciones públicas de la Comunitat. La parte relativa al presunto blanqueo afecta a 49 investigados.

 

En el curso de las diligencias han sido detenidas 24 personas, entre las que se encuentran el expresidente de la Diputación de Valencia, Alfonso Rus; los exvicepresidentes de la corporación Máximo Caturla y Juan José Medina; el ex secretario autonómico de Deporte y ex diputado en las Corts, David Serra; la ex concejal de Cultura del Ayuntamiento de Valencia, María José Alcón; el ex gerente de la Fundación Jaume II El Just, Vicente Burgos; el exacalde de Genovés, Emilio Llopis; la secretaria del grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de Valencia, Carmen García Fuster y Salvador Deusa Ibanco, ex jefe de sección de Evaluaciación y Planificación de la Diputación de Valencia.

 

Además, fueron arrestados 12 empresarios, como supuestos cohechadores, dos arquitectos y un ex trabajador del Ayuntamiento de Valencia (personal de confianza del grupo popular).

 

http://www.infolibre.es/noticias/politica/2016/02/16/el_juez_abre_pieza_separada_para_investigar_blanqueo_municipal_con_imputados_45061_1012.html?utm_source=twitter.com&utm_medium=smmshare&utm_campaign=noticias

 

 

RITA BARBERÁ, LA REINA DE LOS MERCADOS

 

La exalcaldesa de Valencia, rodeada de casos de corrupción, ha logrado blindarse como aforada

 

La exalcaldesa de Valencia ha gozado como nadie de una popularidad sin límites. Su discurso populista, vacío de contenido, la mantuvo en el poder 24 años. Era la alegre vecina, la Rita cercana, la reina de los mercados. Era la que reía a carcajadas, junto a Fernando Alonso, a bordo del Ferrari descapotable conducido por el expresidente del Gobierno valenciano, Francisco Camps. Era la matrona, un alter ego de la Virgen de los Desamparados (la patrona de Valencia), señala su biógrafo, no autorizado, el economista Josep Sorribes.

 

Pero el encanto, si es que alguna vez existió, se ha roto. Y la discípula de Fraga, asiste, con 67 años, incrédula, al final de una carrera política, que se niega a abandonar, parapetada, con la ayuda de su partido —tiene el carné número tres del PP— en el Senado. Casi todo su equipo actual, al que abandonó para instalarse en la Cámara alta, y parte del anterior (en total 18 personas) ha sido imputado en Operación Taula. Una trama dedicada, presuntamente, al cobro de comisiones, financiación y blanqueo del Partido Popular. Rita, según fuentes de la investigación, no ha sido llamada a declarar como imputada porque es aforada, y debe ser el Tribunal Supremo quien actúe contra ella.

 

La eterna aspirante a presidir la Generalitat valenciana, la que fuera musa del humor durante su juventud, la que consiguió desbancar a los socialistas tras un pacto con los regionalistas de Unión Valenciana —sin obtener la mayoría necesaria y con el caso Naseiro todavía fresco—, no quiere dar crédito a lo que está pasando.

 

Barberá tampoco aceptó perder la vara de alcaldesa, y menos todavía que esta fuera a parar a Joan Ribó, de Compromís, al que despreció ausentándose de su toma de posesión. Ribó decidió guardar la vara en un armario, porque dijo que simbolizaba una manera autoritaria de gobernar que no compartía, y abrió las puertas del Consistorio de par en par, para alegría de ciudadanos y turistas.

 

La discípula de Fraga, asiste, con 67 años, incrédula, al final de una carrera política, que se niega a abandonar

 

Compromís es la segunda fuerza política en la ciudad de Valencia. En las elecciones del pasado mayo obtuvo 9 concejales frente a los 10 del PP y ganó en numerosos barrios conservadores, algo que Barberá sigue sin superar. Los resultados de las elecciones generales de diciembre confirmaron el descenso del PP en la ciudad y la victoria de la coalición formada por Compromís y Podemos.

 

Y dieron la puntilla definitiva al quehacer de Rita Barberá en Valencia, que pidió a su amigo y presidente del partido, Mariano Rajoy, que la ubicara en el Senado junto a su otrora enemigo, el expresidente Alberto Fabra, que ya le ha advertido de que tiene los días contados. Justo hasta que se produzca el suplicatorio del Tribunal Supremo.

 

Rita Barberá es la economista, la periodista, la amante de la ópera, y de los bolsos de Louis Vuitton, modelos de la firma de lujo que Álvaro Pérez, el Bigotes, responsable en Valencia de la trama Gürtel, dijo haberle regalado. Ella nunca lo desmintió. En esa etapa, su pupilo Camps estaba a punto de ser juzgado por el caso de los trajes, que se saldó con una sentencia absolutoria. Aunque dos altos cargos de su Gobierno, uno de ellos el vicepresidente Víctor Campos, se declararon culpables y fueron condenados. Son muchos los que aseguran que, a partir de esa fecha, la populista Barberá se convirtió en una persona soberbia y poco accesible que no soportaba las críticas. Sin embargo, tambien son muchos los colaboradores de la política que señalan que sigue siendo la misma de siempre. La Rita que veranea en Xàbia, la cariñosa, la espontánea, la Rita que juega al dominó.

 

Lo cierto es que Barberá convirtió el Ayuntamiento de Valencia en su casa. Metió su coche en el garaje, donde ha permanecido sin salir 23 años, y se rodeó de familiares y fieles vasallos, que ante los numerosos casos de corrupción que acechan a la que fuera primera autoridad municipal echan balones fuera y aseguran que “la jefa” estaba al tanto de todo lo que ocurría en el interior del Consistorio.

 

Barberá convirtió el Ayuntamiento de Valencia en su casa, y se rodeó de familiares y fieles vasallos

 

Este es el caso del que era su mano derecha, el vicealcalde Alfonso Grau, imputado en el caso Nóos, y de su su esposa, amiga de la exalcaldesa, la exedil María José Alcón, una de las primeras detenidas de la Operación Taula. El matrimonio lo ha dejado claro: Barberá, que siempre presumía de equipo, les ha dejado en la estacada; era ella la responsable de tomar las decisiones. Barberá insiste en que no. Y se niega a dar más explicaciones, a pesar de que todos en su partido así se lo han pedido.

 

Pero esta vez Rita no tiene un as en la manga. Ya no es la enérgica mujerona vestida de rojo que en 1995, cuando logró su primera mayoría absoluta, decía con desparpajo y sin inmutarse que Valencia tenía alma y casi todos la creyeron. “Un alma fuerte, impregnada del significado de su propio nombre: valentía, valor, vigor, fortaleza, buen augurio; un alma que invita a la tolerancia forjada en la confluencia y la convivencia de los pueblos, religiones y culturas, un alma humanista que propició el renacimiento del hombre: un alma libre que nace asomada a la mar y se proyecta sobre esa nuestra mar, eternamente abierta a la comunicación y el intercambio”.

 

La dicharachera Barberá, que disfrutaba agasajando a sus invitados en Fallas, no soportó las caceroladas bajo el balcón que le exigían que acabara con la corrupción y le pedían transparencia. Apoyó hasta el final al exconsejero Rafael Blasco, condenado a seis años y medio de cárcel por malversación de fondos públicos. Y al expresidente de la Diputación de Valencia, Alfonso Rus, imputado en la Operación Taula y en libertad bajo fianza de dos millones de euros.

 

Su partido todavía la protege. Sin embargo, los ciudadanos de esa “Valencia con alma”, los mismos que la apoyaron con sus votos durante años, ya la han sentenciado. La Rita cazadora de eventos, la iluminada, la hiperbólica, la popular, la mediática, la profunda. Ahora están todas bajo la lupa de la justicia y de los ciudadanos.

 

http://politica.elpais.com/politica/2016/02/12/actualidad/1455301186_432787.html

 

 

CELIA VILLALOBOS. "YO CREO EN LA INOCENCIA DE RITA BARBERÁ. PUNTO"

 

¿Rita Barberá debería dejar su escaño del Senado?

 

Mientras no se demuestre lo contrario, Rita Barberá es inocente. Si no, estaría investigada. Sería muy injusto.

 

¿Usted entonces es partidaria de que continúe?

 

Creo que es una decisión que debería tomar ella. No está investigada.

 

¿Pondría la mano en el fuego por ella?

 

Yo no pondría la mano en el fuego ni por mí misma. Pero yo creo en la inocencia de Rita. Punto.

 

http://m.eldiario.es/politica/Celia_Villalobos-PP-Mesa_del_Congreso-investidura-Mariano_Rajoy_0_482951849.html

 

LAS 100 COMIDAS Y OCHO VIAJES DE BARBERÁ QUE LA FISCALÍA VE IRREGULARES

 

Los pagos corresponden a la exalcaldesa y otros concejales de Valencia, casi todos del PP

 

La Fiscalía centra la investigación del conocido como caso Ritaleaks en 107 comidas, ocho viajes y seis compras cargadas como gastos de representación y protocolo al Ayuntamiento de Valencia en la anterior legislatura, cuando Rita Barberá era alcaldesa. Los pagos presuntamente irregulares seleccionados, de los 460 difundidos el año pasado por Compromís, incluyen una factura de más de 2.000 euros en un restaurante o de 771 por una noche de hotel.

 

Desde que el ministerio público empezó a investigar los hechos el año pasado, la policía ha cotejado los gastos cargados en el Ayuntamiento con las agendas oficiales de Barberá y su equipo de gobierno para excluir aquellas justificables por estar vinculadas a la actividad institucional. Los agentes han reclamado a restaurantes, tiendas y proveedores —como los de naranjas, que el Ayuntamiento regaló por importe de 25.000 euros en tres años— los documentos que recogen que las ventas realmente se produjeron.

 

Cuando terminen las diligencias pendientes en la investigación, la Fiscalía decidirá si denuncia el caso o lo archiva, según fuentes de la misma. La dirigente del PP es senadora, por lo que solo el Tribunal Supremo puede actuar contra ella. Un aforamiento que la ha protegido de verse implicada en el caso Taula en el que han sido imputados —investigados según la nueva denominación judicial— 18 concejales y exconcejales de su partido.

 

Equipo local

 

Las facturas sospechosas no afectan solo a Barberá. De las 107 comidas pagadas con fondos públicos, 68 fueron cargadas a la alcaldía. Una —de 472 euros— fue pasada personalmente por la exregidora y otras 34 por sus compañeros del Grupo Popular. Cuatro más lo fueron por concejales de la oposición socialista.

 

Los ocho viajes que despiertan dudas de legalidad en el ministerio público fueron realizados por Barberá. Cinco fueron desplazamientos a Madrid por motivos que indiciariamente no parecen institucionales y entre ellos hay al menos un acto con el presidente en funciones del Gobierno, Mariano Rajoy. La entonces alcaldesa pagó entre 212 y 685 euros por las noches de hotel en la capital española.

 

Tampoco están justificados en principio para la Fiscalía otros tres viajes. Uno a Florencia, en el que Barberá se gastó 771 euros en una noche de hotel en el año 2010 y, en total, 2.518 euros sumando el dispendio realizado por el concejal Cristóbal Grau. Otro a Santiago de Compostela con motivo del funeral del histórico líder del PP Manuel Fraga, que costó 2.323 euros entre los vuelos, el hotel y el coste del escolta.

 

Fórmula 1

 

Y el viaje que realizó a Londres en diciembre de 2011 con la explicación de reunirse con el patrón de la Fórmula 1, Bernie Ecclestone, que costó 7.200 euros sumando los vuelos de Barberá y Cristóbal Grau, así como el alquiler de un coche con chófer.

 

La organización del Gran Premio de Fórmula 1 está siendo investigado por la justicia. Y la negociación personal que realizó el expresidente de la Generalitat Francisco Camps lo mantiene imputado en la causa, ya que oficialmente el negocio fue acordado con Ecclestone por la empresa privada Valmor Sports.

 

Las dos últimas facturas que siguen bajo el escrutinio de la Fiscalía se refieren a compras en la mantequería Vicente Castillo de Valencia. La primera compra, que lleva fecha de 23 de marzo de 2011, costó 5.952 euros. E incluyó 680 euros en latas de ventresca de bonito, 730 en berberechos, 397 en mojama, así como cientos de euros en botellas de vino, jerez, ron, vermú y cerveza. La segunda, de abril de 2012, ascendió a 279 euros por la compra de vino y zumo de tomate.

 

Además de a Barberá, los gastos difíciles de justificar más importantes afectan a la exedil de Cultura Mayrén Beneyto y al concejal Cristóbal Grau.

 

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2016/02/11/valencia/1455218523_304731.html

LA PRESIDENTA DEL PP VALENCIANO USÓ SU CARGO PARA PEDIR DONACIONES

La jefa de gabinete de Bonig en la Consejería de Infraestructuras reclamó dinero a todos los altos cargos

La presidenta del PP en la Comunidad Valenciana, Isabel Bonig, utilizó entre septiembre de 2014 y junio de 2015 la Consejería de Infraestructuras autonómica, que entonces dirigía, para pedir a los altos cargos de su departamento que hiciesen donaciones al partido. La exigencia no partía del PP, sino de la propia consejería, ya que algunos responsables de las empresas públicas y los cargos de confianza no estaban afiliados a la formación.

La encargada de solicitar donativos a los cargos de libre designación de la Consejería de Infraestructuras —para una de las cuentas que la dirección valenciana del PP tiene abierta en el Banco Santander— fue la directora de gabinete de Isabel Bonig, Laura Peñarroya, que utilizó el correo corporativo de la Generalitat valenciana para recordar a los integrantes del organigrama de la consejería que tenían que hacerle “llegar firmada la orden de transferencia bancaria”. EL PAÍS ha tenido acceso a esos correos.

La actual presidenta regional del PP, Isabel Bonig, que encabeza la refundación del partido en la Comunidad para limpiarlo de los múltiples casos de corrupción, salió ayer a dar explicaciones. Aseguró a este periódico que la decisión de pedir donaciones se adoptó en una reunión en la sede del partido en la que estuvo presente el tesorero. “No es lo del grupo municipal de Valencia. Solo se pidió la aportación del 1% del sueldo —entre 40 y 60 euros mensuales— al personal eventual [no funcionario] de la Generalitat para afrontar la campaña electoral”, explicó Bonig, quien recordó que otros partidos también recurren a esta práctica.

La presidenta del PP valenciano usó su cargo para pedir donaciones

La exigencia de que los altos cargos de la Generalitat valenciana realizasen donaciones al PP, aunque no fuesen militantes, sorprendió a los afectados, porque la práctica había caído en el olvido tras lograr el poder, a mediados de los noventa, en la mayoría de las instituciones. A quienes se mostraron reticentes a pagar, la jefa de gabinete de Bonig les recordó que su puesto se lo debían al partido y la práctica totalidad pagó.

En el caso del Ayuntamiento de Valencia al que se refiere Bonig, la donación ingresada supuestamente se devolvía después en billetes de 500, por lo que los concejales están llamados a declarar por un delito de blanqueo.

Bonig aseguró que desde la dirección regional no se pidieron más aportaciones para sufragar la campaña. La presidenta de los populares valencianos, que cuenta con el apoyo de los dirigentes provinciales, convocará esta semana una junta directiva regional para la creación de una gestora local en Valencia y solicitar a Génova permiso para hacer un congreso extraordinario. Bonig ha pedido cambiar el nombre y el logo del partido en la comunidad, que le ha sido denegado.

La petición de que todos los cargos de la Consejería de Infraestructuras realizasen aportaciones al partido se cursó entre septiembre y octubre de 2014, apenas dos meses después de que Alberto Fabra, entonces presidente regional, nombrase a Bonig número dos del partido para rebajar la tensión con los presidentes provinciales y la entonces alcaldesa de Valencia, Rita Barberá. La remodelación en la cúpula regional aupó a la vicesecretaría de Organización a Emilio Llopis, jefe de gabinete del entonces presidente provincial de Valencia Alfonso Rus. Los dos están hoy apartados del PP y en libertad con cargos —con una fianza de uno y dos millones de euros, respectivamente— por haber orquestado, supuestamente, una trama para captar comisiones ilegales a cambio de contratos públicos.

La práctica de pedir donaciones a cargos y asesores, que se exigió, además, a los trabajadores del partido, también se produjo en otros departamentos de la Administración controlados por los populares, como Ayuntamientos y diputaciones. Los ingresos en la cuenta del partido empezaron a fluir en octubre y noviembre y se mantuvieron, según Bonig, hasta que los populares perdieron el poder. E insistió ayer en que los miembros de la dirección regional del PP siguen aportando entre 50 y 75 euros mensuales.

La concejal del PP en el Ayuntamiento de Valencia Maria Àngels Ramón-Llin admitió la semana pasada, antes de tener la condición de “investigada” en el marco de la Operación Taula por supuesto blanqueo de capitales, que los miembros del grupo municipal hicieron aportaciones periódicas de 60 euros y dieron otros 1.000 euros adicionales para la última campaña electoral municipal.

El juez que instruye la operación Taula considera que hay indicios de que esas aportaciones adicionales de 1.000 euros al partido fueron reintegradas por parte de la dirección del grupo municipal del PP, supuestamente, con dinero de comisiones ilegales.

http://politica.elpais.com/politica/2016/02/07/actualidad/1454873355_439334.html

UNA PRESIDENTA UNGIDA POR BARBERÁ

Isabel Bonig, presidenta del PP valenciano, aspira a refundar la organización

La sombra de Rita Barberá se proyecta mucho más allá de la ciudad de Valencia. Ella fue quien ungió el pasado mes de julio a Isabel Bonig como nueva presidenta de los populares valencianos en sustitución de Alberto Fabra, que apostaba por ceder el testigo en el Partido Popular de la Comunidad Valenciana (PPCV) a la exconsejera de Educación María José Català.

Ello explica por qué Bonig mide cada palabra cuando se le pregunta por el futuro de Barberá —“su situación depende del Comité Nacional de Derechos y Garantías”, dijo el viernes— y por qué pretende refundar el PP de la Comunidad Valenciana —cambiando hasta las siglas de la organización territorial si fuese posible—.

Isabel Bonig (Castellón de la Plana, 1970) es una mujer que no tiene empacho en romper con su pasado: lo hizo con su familia de militancia socialista al afiliarse al PP; lo hizo con la alcaldía de La Vall d'Uixó (Castellón), que dejó en 2011 tan pronto fue llamada al Gobierno valenciano por Francisco Camps, y lo ha hecho con cada uno de los equipos que le ha acompañado en las distintas etapas de su carrera política.

La presidenta del PP valenciano se define claramente como una persona de derechas, que no oculta una sonrisa de satisfacción cuando le preguntan por qué la llaman la Thatcher de Vall d’Uixó. La respuesta está en su animadversión hacia los sindicatos y su defensa a ultranza del liberalismo económico. “Si pudiese despedir a 200 funcionarios podría rebajar la contribución”, aseguró en una de sus primeras entrevistas al ser elegida alcaldesa de La Vall d’Uixò por el PP en 2007. Los empleados municipales mantuvieron el recorte de prensa durante cuatro años en el tablón de anuncios para recordar quién dirigía el municipio, lo que no fue obstáculo para que volviese a salir reelegida en 2011 antes de asumir la Consejería de Infraestructuras, con Camps primero y con Fabra después. Con un carácter fuerte, individualista y sin concesiones, Bonig tiene la virtud de encorajinar a la militancia con sus discursos —“hay que recuperar el alma del PP”—, aunque ello le complique la entrada entre la franja más moderada del electorado popular.

Ahora Bonig pretende liderar una refundación total del PP en la Comunidad Valenciana, como si el presente y el pasado se pudiesen dejar atrás con una simple confesión de errores para lograr la absolución de los votantes. Quizá por eso no ha dudado en anunciar que quiere volver a ser la presidenta regional del nuevo PPCV con el apoyo de quienes estuvieron al lado de Francisco Camps, Alfonso Rus, Carlos Fabra y Rita Barberá.

http://politica.elpais.com/politica/2016/02/06/actualidad/1454787950_323182.html

CERCO A BARBERÁ: CINCO CONVERSACIONES Y CINCO IMPUTADOS LA SALPICAN EN LA OPERACIÓN TAULA

Entre las 10 horas de grabaciones que durante años almacenó uno de los delfines de Alfonso Rus en la Diputación de Valencia, Marcos Benavent, cinco 'pinchazos' apuntan a las gestiones del Ayuntamiento dirigido por la popular, al igual que cinco son los detenidos vinculados a ese Consistorio en la 'Operación Taula'.

"Puedes venderle a 'la jefa': Mira, le he dado todo a tu sobrino". Esta es solo una de las comprometedoras frases contenidas en las 10 horas de grabaciones que durante años almacenó uno de los delfines de Alfonso Rus en la Diputación de Valencia, Marcos Benavent, y que salpican a Rita Barberá, a quien los interlocutores se refieren como 'la jefa' y cuyo familiar se habría visto supuestamente favorecido por una serie de contratos amañados.

Estos 600 minutos de audios que Esquerra Unida (EUPV) incluyó en su denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción en julio de 2014 incluyen al menos cinco conversaciones que cuestionan gravemente la gestión del Ayuntamiento gobernado por Barberá y son los mismos que este martes se han sustanciado en la 'Operación Taula', la macrooperación de Anticorrupción y la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil contra altos cargos del Partido Popular que se ha saldado ya 24 personas detenidas y otras cinco investigadas (el término utilizado ahora para referirse a los imputados). Entre todos ellos, hay cinco personas ligadas al Ayuntamiento de Valencia en la época que gobernaban los 'populares'.

Uno de los diálogos más relevantes de la mencionada fonoteca involucra a Benavent, exgerente de la empresa pública Imelsa de la Diputación provincial, y a la propia ex concejal de Cultura y asesora del PP a las órdenes de Barberá, María José Alcón, detenida este martes. Pocos días después del accidente del Metro de Valencia en 2006, que dejó 43 muertos, ambos integrantes de la presunta trama hablan de cómo repartir económica y políticamente las azafatas, la publicidad y las galas en la Mostra de València-Cinema del Mediterrani entre varias opciones, incluyendo empresas vinculadas laboralmente con Quique Sospedra Barberá, sobrino de Rita Barberá.

Si bien la ex alcaldesa de Valencia no aparece en ninguno de estos 'pinchazos', se deduce que estaría al corriente

De acuerdo a la conversación, que fue recogida en su día por el diario El Mundo, la empresa que mejor oferta presentaba no era otra que Thematica Events -la firma que facturaba unos 500.000 euros en cada Gran Premio de Europa de Fórmula 1 de Valencia y que Benavent habría empleado como sociedad pantalla para que el dinero supuestamente saqueado volviera a sus cuentas-, pero Alcón recalcaba que ellos tenían compromisos políticos.

Así, Benavent detalla a la ex concejal cómo descartar esta compañía y reconoce que "son órdenes de 'la jefa'". Thematica sabría que "está el sobrino", continúa Benavent, quien se compromete a trasladarle que debe presentarse para perder para que no digan que siempre se presenta para ganar. Para recompensar, siempre según esta conversación, le darían el contrato de publicidad a una empresa con buenas relaciones con Thematica y cercana al ex presidente de la Generalitat Francisco Camps.

Si bien el nombre de la ex alcaldesa de Valencia no aparece en ninguna de estos 'pinchazos', se deduce que presuntamente estaba al corriente de todo: "Ahí puedes venderle a 'la jefa': 'Mira, le he dado todo a tu sobrino'', aconsejó Benavent a la ex edil Alcón. Entre el año 2005 y 2006, fecha en la que se produce esta conversación, se habrían repartido miles de euros en comisiones a cambio de adjudicaciones fraudulentas, según desveló EUPV en una rueda de prensa.

Si cinco son las escuchas que salpican al Ayuntamiento de Valencia, cinco son también los altos cargos vinculados al Ejecutivo municipal que han sido detenidos o están siendo investigados -término que sustituye al de imputado tras la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal- tras la puesta en marcha de la 'Operación Taula':

María José Alcón: La ex concejala de Cultura en el equipo de Gobierno de Rita Barberá en el Ayuntamiento de Valencia y ex asesora del PP en el consistorio durante la última legislatura ha sido una de las 24 detenidas. Las cintas del ex gerente de Imelsa, Marcos Benavent, desvelaban su supuesta participación Alcón -esposa del exvicealcalde de Valencia Alfonso Grau, procesado en el caso Nóos-, en el cobro de comisiones ilegales a cambio de la adjudicación de contratos amañados. La ex concejala fue destituida como asesora del Ayuntamiento y su nombre fue retirado de la lista electoral que encabezó Rita Barberá en los comicios del pasado mes de mayo.

María del Carmen García Fuster Conocida como Mari Carmen, ocupaba la función de secretaria y asesora del grupo popular en el Ayuntamiento de Valencia en el mandato de Rita Barberá, de quien era una de sus personas de confianza hasta las pasadas elecciones municipales. García Fuster también fue detenida este martes en su domicilio. Además, es hermana de José Rafael García Fuster, exsenador popular y exconsejero del Banco Financiero y de Ahorros (BFA), la entidad financiera que resultó de la fusión de Bankia, Bancaja y otras cajas de ahorros.

Alfonso Novo El exconcejal de urbanismo del Ayuntamiento de Valencia durante la era Barberá es actualmente el portavoz del Partido Popular en el Consistorio y presidente del partido en la ciudad. En su caso, no ha sido detenido, solo está siendo investigado. Novo cogió el relevo de Barberá cuando esta decidió, tras perder la Alcaldía en las elecciones del pasado mes de mayo, abandonar el Ayuntamiento tras veinticuatro años al frente para centrarse en su labor como senadora territorial del PP. Según ha explicado Novo, el registro se ha centrado en los correos electrónicos de García Fuster, así como en "dos o tres ordenadores más" del personal del grupo.

Luis Salom: El asesor y comunity manager del PP Valenciano se encuentra entre los investigados en la Operación Taula. Salom se ha caracterizado en los últimos años por algunas polémicas a través de las redes sociales, vía por la cual también pedía que se actuara duramente contra los corruptos. Entre estas polémicas destaca, por ejemplo, la que mantuvo con la periodista Ana pastor. Además, Salom saltó a la palestra mediática por pedir a Ada Colau, de Guanyem Barcelona, y a Pablo Iglesias, de Podemos, que donasen 10.000 euros cada uno a una entidad benéfica para que él renuncie al registro de las marcas Guanyem Valencia y Guanyem Barcelona.

María José Pi Mientras la coordinadora general del PPCV, Eva Ortizella, señalaba este martes que Rita Barberá "está tranquila en casa", la actual secretaria del grupo muinicipal María José Pi también ha sido investigada. Junto a Novo y a Salom, Pi deberá presentarse este miércoles en el juzgado acompañada por un abogado tal y como les han comunicado los agentes de la UCO de la Guardia Civil que se han personado en el registro en los despachos del PP del consistorio en el marco de la macroperación a raíz del caso Imelsa.

La diputada provincial de Esquerra Unida, Rosa Pérez, que denunció en 2014 ante la Fiscalía Anticorrupción las irregularidades de Alfonso Rus, presidente de la Diputación de Valencia, que han desencadenado ahora las detenciones practicadas por la Guardia Civil, cree que tras la trama desmantelada hay un caso de financiación ilegal del PP. Tras meses de investigación, este martes culminaba una macro operación con 33 registros en casas particulares, sedes sociales de empresas y fundaciones de las tres provincias de la Comunitat, con al menos 24 detenidos y 29 investigados.

Tras practicar las diligencias, se terminó descubriendo que el ámbito de actuación de la trama corrupta era "mucho más extenso" de lo que se recogía en la denuncia inicial. Esto llevó a la Fiscalía a presentar el pasado mes de marzo una querella, que recayó en el Juzgado de Instrucción número 18 de Valencia. Prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, cohecho y blanqueo de capitales son los delitos contra la administración pública que se investigan en esta causa.

PÉREZ: "DETRÁS DE TODO ESTÁ LA FINANCIACIÓN ILEGAL DEL PP"

Pérez explica a Vozpópuli sus primeras impresiones tras la macro operación llevada a cabo este martes.

- Pregunta: ¿Qué opina de las detenciones practicadas a lo largo de este martes?

- Respuesta: Estoy muy satisfecha con el trabajo que ha realizado la Fiscalía Anticorrupción y la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. Nosotros presentamos una denuncia el 30 de julio de 2014 y creemos que lo que presentamos entonces era ya contundente. Habíamos hecho una investigación en la diputación provincial y teníamos numerosa documentación sobre irregularidades que consideramos podían ser constitutivas de delito. Posteriormente nos llegaron grabaciones (se refiere a las que hizo el arrepentido Marcos Benavent, gerente de Imelsa a dirigentes del PP valenciano) y alguna documentación más y desde el primer momento nos dimos cuenta de que no era la trama Imelsa o la trama diputación, sino que iba más allá y podía constituir un modus operandi del PP. No solamente eran casos concretos de corrupción de dirigentes del PP, sino que afectaba al Ayuntamiento de Valencia, al de Xátiva, e incluso, en aquel momento, a algunos responsables de la Generalitat.

- P: ¿Estamos ante un caso de corrupción de personas o puede haber financiación ilegal del PP?

- R: De las pruebas que nosotros presentamos ya presumíamos que podía haber financiación ilegal del partido. Supongo que después de un año y medio de investigación de la Fiscalía y de la UCO las pruebas serán mucho más contundentes. Oías conversaciones en las que decían esto para tal y esto para el partido. Eso se oía claramente.

- P: ¿Va a adoptar alguna iniciativa?

- R: Todo esto se inicia por una denuncia presentada por mí y mi intención es personarme en la causa los próximos días. Considero que tengo legitimidad.

- P: ¿Le ha extrañado alguna de las detenciones?

- R: No me ha extrañado ninguna. Nosotros presentamos pruebas contundentes contra todos ellos.

http://vozpopuli.com/actualidad/75008-cerco-a-barbera-cinco-conversaciones-y-cinco-imputados-la-salpican-en-la-operacion-taula

BARBERÁ, EL OCASO DE ‘LA ALCALDESA DE ESPAÑA’

La regidora de Valencia durante 25 años pierde el favor del PP por la corrupción

El escándalo de corrupción en la Comunidad Valenciana le ha estallado al PP en el peor momento, surtiendo a la oposición de munición y complicando aún más un pacto de Gobierno. Consciente de que tienen por delante un goteo de detenciones y revelaciones comprometedoras, el partido intenta marcar distancias. Y eso incluye ahora a Rita Barberá, alcaldesa de Valencia durante 25 años. El PP ya no la defiende y confía en que dé un paso atrás y dimita.

Rajoy, amigo personal de Barberá —la llama la alcaldesa de España por sus cinco victorias electorales—, la defendía a finales de enero. “Está absolutamente limpia”, dijo, pero poco después fue imputado todo su equipo en Valencia salvo ella —que es aforada— y un edil nuevo del grupo municipal. El martes la rebajó a categoría de “una militante más” y el jueves advirtió de que “todo el mundo, sea quien sea, tendrá el mismo trato. Esto se acabó. Aquí ya no se pasa ninguna”.

Barberá presidió el congreso nacional del PP en Valencia que rescató al líder del PP tras la rebelión sucesoria por el batacazo electoral —el segundo— de 2008. Rajoy agradeció aquel respaldo en varias ocasiones y tuvo con la alcaldesa deferencias que negó a otros dirigentes populares, como recibirla durante tres horas en La Moncloa en septiembre de 2014 para sorpresa del presidente valenciano Alberto Fabra y en plena batalla por las candidaturas.

El líder del PP zanjó cualquier debate en el partido sobre su relevo y apoyó con entusiasmo su campaña en las municipales del pasado mayo. “No sé si es mi obligación decirlo o no, pero me trae sin cuidado. Rita, eres la mejor. A ti te quieren los vecinos de Valencia y no a los que acosan, insultan y mienten”, manifestó Rajoy el mismo día en que la fiscalía abría diligencias por unos gastos de representación de la alcaldía de Valencia. Ni el presidente ni nadie en el partido se atreven ahora a calificar de acoso las acusaciones a la exalcaldesa.

Rajoy no la dejó caer tampoco tras la debacle electoral. Perdieron la mitad de sus concejales, “¡Qué hostia!”, resumía la noche electoral Barberá sobre el hombro de su compañero Serafín Castellano, detenido días después.

“Últimamente no es fácil ser del PP”, admitía la vicesecretaria de programas del partido, Andrea Levy, refiriéndose al “bochornoso” escándalo en la Comunidad Valenciana. La corrupción abrasa las posibilidades de pacto para los populares. Los favores prestados han sido amortizados y el partido ya no sujeta la mano de Barberá.

En Valencia, Barberá se despidió de la alcaldía con un puñado de sonados fracasos. La política de grandes eventos, que impulsó junto con el presidente de la Generalitat Francisco Camps, no solo no cuajó sino que en algunos casos dejó un reguero de deudas. Ahí están la Copa del América, el Gran Premio de Europa de Fórmula 1, el Open de Tenis o los Valencia Summit, congresos que organizó el Instituto Nóos de Iñaki Urdangarin. “Nadie puede negar que han sido acontecimientos capaces de atraer inversores, turistas y movimiento económico”, se defendía en 2013.

Lenta caída

Su caída ha sido lenta pero sostenida. Ni con el PP en La Moncloa sacó Barberá adelante uno de sus proyectos más personales: la prolongación de una avenida a costa de fragmentar el barrio de El Cabanyal. Tampoco desatascó la ejecución del Parque Central, un espacio verde en el centro de la capital que exigía el soterramiento de las líneas del ferrocarril.

El caso Nóos se llevó por delante al vicealcalde de Valencia Alfonso Grau, mano derecha de Barberá en el Consistorio. Hoy, Grau, que dimitió de su cargo a principios de 2015 tras ser acusado por la Audiencia de Palma de presuntas irregularidades en la adjudicación de contratos a Urdangarin, asegura que no cruzan palabra.

La Operación Taula, coordinada por el juez instructor del caso Imelsa, que investiga un presunto amaño de contratos públicos a cambio de comisiones ilegales en varias Administraciones públicas valencianas, ha sido el último mazazo: están imputados 9 de los 10 concejales de la lista de Barberá y personas de su círculo de confianza. Barberá, aforada en el Senado, se mueve sobre arenas movedizas.

http://politica.elpais.com/politica/2016/02/06/actualidad/1454785022_076641.html

LA EDIL ALCÓN APUNTA A BARBERÁ: “LA ÍNTIMA DE RITA ME DIO DOS BILLETES DE 500 Y ME ORDENÓ METERLOS EN LA CUENTA DEL PP”

María José Alcón, ex concejala del Ayuntamiento de Valencia, explica en exclusiva a OKDIARIO su calvario judicial: "La jefa del grupo municipal, amiga íntima de la alcaldesa, me dio dos billetes de 500 euros y me ordenó ingresarlos en una cuenta. Era una condición 'sine qua non' para todos los que íbamos en la lista electoral".

María José Alcón, ex concejala de Cultura del Ayuntamiento de Valencia, habla en una entrevista en exclusiva con OKDIARIO para explicar la razón de su implicación en la operación de la Fiscalía Anticorrupción contra dicha corporación por presunto blanqueo de capitales. Recuerda que iba en el puesto número 16 de las listas del PP al Ayuntamiento el pasado mes de mayo. Un puesto que le pareció muy bajo. Ella había dimitido como concejal de Cultura en 2010 a consecuencia de un grave accidente. Pero le hacía ilusión volver al consistorio.

Pero para volver se encontró con un duro peaje: la jefa/secretaria del grupo municipal del PP del Ayuntamiento de Valencia, Carmen García Fuster, le dio 1.000 euros en billetes de 500 para que se los llevara a casa y los ingresara en una cuenta de dicho grupo para sufragar la campaña electoral de Rita Barberá. El fiscal lo llama blanqueo de capitales, ella no le pone nombre a esta maniobra, pero la ha llevado al calabozo y a su implicación penal.

"O ponías los 1.000 euros o no ibas en la candidatura de Rita", afirma la ex concejal del PP

Alcón es tajante sobre quién le dio el dinero en b y la orden de ingresarlo en una cuenta para sufragar la campaña de Rita Barberá: “Me lo dio Mari Carmen García Fuster”. No sabe si la orden venía o no de Barberá, pero afirma lo siguiente: “Me lo ordenó García Fuster de malos modos. Era la jefa del grupo y tenía autoridad suficiente para obligarme a hacer eso y más”.

La ex concejala prosigue así: “No sé de dónde sacó el dinero, lo tenía a mano. Me dijo, toma esos dos billetes de 500 euros cada uno y ahora haz un ingreso en la cuenta del PP, del Grupo Popular del Ayuntamiento de Valencia, que no del Partido Popular de Valencia. Mari Carmen, por su carácter y su forma de ser, tenía el respaldo, además de la amistad, de la alcaldesa. Tenía autoridad para eso y para mucho más”.

Alcón es explícita sobre el papel ejecutor en esta trama de presunto blanqueo de García Fuster: “Ella me dio el número de cuenta y me dijo que era para la campaña electoral. Ahí tienes los billetes, ingrésalos en esta cuenta y punto”.

La exconcejala explica por qué obedeció esta irregular práctica: “Ingresé el dinero porque era una condición sine qua non para ir en la lista electoral”.

“Si no hubiera ido en las listas yo nunca habría hecho esto. Las personas que iban en la lista electoral, después fueron también los asesores, como se ha visto y mucha más gente, todos tenían que hacer esta operación”.

Lo siguiente a esta maniobra de extraños pagos y reintegros “fue la Guardia Civil”, explica dolida Alcón. “Me siento traicionada no, lo siguiente. Estoy muy dolida y decepcionada y muy triste”.

Alcón añade: “Ignoro si Rita Barbera lo sabía pero ella y García Fuster eran íntimas amigas y yo desconozco lo que sabía la alcaldesa. Que hable ella. Es lo mínimo”.

El pesar de esta ex concejala del PP ese patente: “Estoy muy decepcionada con el PP. Yo entré en política para hacer un servicio y estoy muy orgullosa de mi etapa como concejala de Cultura y ver que en la política haya personas tan rastreras y tan falsas, porque en principio eran amigos míos, me ha decepcionado muchísimo y estoy muy triste”.

Alcón afirma que no pudo negarse a obedecer el sistema de donaciones irregulares para la campaña de Rita Barberá: “Me lo dijo de una forma autoritaria y sin posibilidad de argumentarle absolutamente nada. Las personas que van en la lista electoral todas tienen que hacer esto”.

En la causa varios testimonios ratifican la versión de Alcón sobre el sistema de pago en b y reintegro en a del dinero para la campaña de Barberá.

http://okdiario.com/investigacion/la-edil-de-valencia-ma-jose-alcon-o-ponias-los-1-000-euros-o-no-ibas-en-la-candidatura-de-rita-66794

LA TRAMA DEL 3% DEL PP VALENCIANO PAGÓ EN 2014 LA CAMPAÑA EUROPEA

Una empresa negoció a la vez el traslado de militantes al mitin central y el pago de la mordida en 2014

La trama del 3% vinculada al PP valenciano desmantelada en la Operación Taula actuó en la campaña de las elecciones europeas de 2014. Según los indicios que tienen ante sí los investigadores, una de las empresas de autobuses que llevó militantes populares para llenar el acto central en Valencia, celebrado en el edificio de L’Àgora de la Ciudad de las Artes y las Ciencias, negoció simultáneamente el traslado de afiliados en autocares y la facturación de una mordida del 3%, el porcentaje que con más frecuencia exigía la red.

El encargado de tratar los detalles fue, según estos indicios, Juan José Medina, que era director de campaña del PP provincial y vicepresidente de la Diputación de Valencia. Medina fue uno de los 24 detenidos la semana pasada, cuando el juez Víctor Gómez lanzó la Operación Taula, investigada por la Guardia Civil y la Fiscalía. El juez impuso a Medina una fianza civil de un millón de euros tras rechazar la petición de prisión provisional realizada por el ministerio público.

La empresa de transportes, radicada en un municipio mediano de la provincia de Valencia, prestaba servicios al partido y era a la vez adjudicataria de contratos de la Diputación, al menos uno de los cuales fue negociado sin publicidad. La mercantil también fue concesionaria de la Generalitat, y había recibido subvenciones de baja cuantía del Gobierno autónomo.

Medina fue, según los investigadores, una pieza clave en la trama, que empezó a actuar en 2003 y se mantuvo activa hasta que las pesquisas salieron a la luz, poco antes de las elecciones municipales y autonómicas de 2015. Junto a Máximo Caturla, que fue consejero delegado de Construcciones e Infraestructuras Educativas de la Generalitat Sociedad Anónima (Ciegsa), Medina habría sido el principal receptor de las mordidas. Estas se repartieron de forma sistemática, según las mismas fuentes, entre el beneficio personal de los miembros de la red y el partido.

En total se cobraron comisiones por cientos de contratos —600 solo en el caso de colegios construidos o reformados por Ciegsa—. Para estimular la entrega del dinero, los miembros de la red utilizaban una clasificación que penalizaba en las adjudicaciones a las empresas que se resistían a pagar y premiaba a las que lo hacían más rápido.

Al acto electoral celebrado en L’Àgora el 21 de mayo de 2014 asistió el presidente del Gobierno en funciones, Mariano Rajoy, el candidato popular para las europeas, Miguel Arias Cañete, y la plana mayor del PP valenciano, incluidos la entonces alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, y Alfonso Rus, en aquel momento presidente de la Diputación de Valencia. “Hemos hecho juntos muchas cosas. Hemos tenido, habéis tenido, mucho apoyo de los valencianos. Hemos pasado también momentos difíciles, nos han acosado y mucho, pero os digo una cosa, estamos aquí y vamos a seguir aquí durante mucho tiempo”, dijo Rajoy dirigiéndose a ellos.

Los socialistas han denunciado que el PP pagó 5.000 euros por el alquiler de L’Àgora en vez de los 40.000 que costaba el recinto. La Ciudad de las Artes y las Ciencias, dirigida ahora por los socialistas, ha abierto una investigación sobre aquel arrendamiento, que ha calificado de “subvención encubierta”.

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2016/02/03/valencia/1454527861_793522.html

UNA EXASESORA DEL PP SE NEGÓ A PAGAR LOS 1.000 EUROS PORQUE LO VIO TURBIO

La ex trabajadora municipal intuyó que "era blanqueo claramente"

Vicente Igual, edil investigado: "Es un golpe que ni en el peor de los sueños podía imaginar"

La ex asesora del grupo popular en el Ayuntamiento de Valencia, Arantxa Martí, ha asegurado este martes, tras declarar como testigo ante la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, que se negó a donar mil euros al partido como le pidieron porque "era blanqueo claramente y un tema turbio".

Uno de los ediles del PP investigados, Vicente Igual, una pieza fundamental en el Gobierno de Rita Barberá, ha confirmado a este diario que ya ha recibido la notificación para declarar ante el juez como imputado. Igual no ha respondido sobre las veracidad de las acusaciones que pesan sobre él y la practica totalidad del equipo municipal.

El que fuera concejal de Administración y Personal del Gobierno local del PP, que ocupó el quinto puesto de la lista en la pasadas elecciones municipales, ha expresado su malestar por la situación. "Es un golpe que ni en el peor de los sueños me podía imaginar", ha señalado. "Personalmente un palo", ha agregado.

El juzgado de Instrucción número 18 de Valencia, la fiscalía y la UCO investigan la causa que se sigue, de momento, contra 29 personas por un presunto amaño de contratos públicos a cambio de comisiones ilegales en varias administraciones públicas valencianas. La Operación Taula, ordenada como parte del caso Imelsa, se llevó a cabo hace una semana y se saldó con 24 detenidos, 29 investigados y más de 30 registros.

Martí fue asesora del exvicealcalde Alfonso Grau y, a preguntas de los medios de comunicación, ha explicado a la salida de la Comandancia de Patraix, que sale como testigo ya que se negó a participar en las presuntas donaciones que concejales y asesores hacían para la financiación del PP de la capital. Así, ha comentado que no participó porque no le "gustó el tema" debido a que "era blanqueo claramente y les daban instrucciones para ello".

La exasesora de Grau no ha repetido como personal de confianza del Grupo Municipal del PP en este mandato. "No esperaba seguir en cualquier caso, pero era un tema turbio" y no quiso "colaborar". "Era un tema de no participar en el delito, hice lo que me dictó la conciencia", ha manifestado.

Hasta estas dependencias se han acercado también para prestar declaración el exedil de Educación Emilio del Toro, quien ha asegurado que esta operación le ha pillado fuera de Valencia. El antiguo edil ha comparecido ante la UCO como investigado y no ha respondido a si pagó los 1.000 euros.

Por las oficinas policiales han desfilado también hoy arquitectos citados para declarar por la construcción de campos de fútbol de césped artificial, que está bajo investigación. Uno de ellos ha atendido a los medios para asegurar que solo se dedicaban a decir "si el control de calidad del botecito de la pelota era el adecuado o no" y ha justificado que por su parte no había "ningún interés" en este caso.

Estos técnicos, que dirigieron las obras de los campos de fútbol de Chella y Navarrés, desconocen si las constructoras tenían intereses en estos proyectos pero ellos niegan que cobraran "mordidas" y lamentan que "esto afecta a gente que no tiene nada que ver", según la declaración del que ha hablado a los medios.

El instructor del caso Imelsa, Víctor Gómez, comenzará mañana miércoles la declaración de los investigados (antes imputados) del grupo municipal del PP. El primero será Alfonso Novo, presidente del partido en la ciudad de Valencia y portavoz municipal en el Ayuntamiento. Este diario ha intentado, sin éxito, recabar la versión de Novo.

El exvicealcalde de Valencia Alfonso Grau, en declaraciones a la Agencia Efe, ha explicado que declaró hace unos días ante la UCO en calidad de testigo y se marchó "sin ningún papel" de citación para declarar ante el instructor del caso Imelsa. Grau ha sido rotundo al asegurar que no le consta la petición a los ediles de Valencia de 1.000 euros para ayudar en la última campaña electoral ni su posterior devolución en efectivo porque él ya había dimitido de su cargo.

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2016/02/02/valencia/1454414597_272662.html

EL INSTRUCTOR IMPUTARÁ A LA CÚPULA MUNICIPAL DEL PP EN VALENCIA

El portavoz del PP, Alfonso Novo, declara el miércoles por supuesto blanqueo de capitales

El Juzgado de Instrucción número 18 de Valencia citará en los próximas días a decenas de cargos municipales y asesores del PP de Valencia dentro de una investigación por presunto blanqueo de capitales. Unas 50 personas entre exconcejales, miembros del actual grupo municipal, asesores y exasesores del PP en el Ayuntamiento de la capital llevan declarando desde el viernes ante la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil por el caso Imelsa, causa que se sigue contra 29 personas por un presunto amaño de contratos a cambio de comisiones ilegales en varias administraciones valencianas. El juez, de momento, solo ha concretado la imputación de tres miembros del grupo municipal.

El primero en declarar ante el juez este miércoles será el portavoz del PP en el Ayuntamiento de Valencia y presidente del partido en la capital, Alfonso Novo —suspendido de militancia tras su imputación—. Le seguirán el asesor del PP Luis Salom y una tercera persona, los dos imputados también por blanqueo. El magistrado citará a un cuarto investigado que al igual que Novo aparece como autorizada para disponer de las cuentas de la agrupación local del PP.

En las dos semanas siguientes desfilarán por el juzgado que coordinó la Operación Taula el resto de imputados relacionados con el Consistorio valenciano. El Grupo Municipal del PP electo en mayo está salpicado de lleno por el escándalo.

El juzgado, la fiscalía y la UCO indagan si el PP utilizó a su grupo municipal de Valencia para recaudar dinero legal con el que financiar la última campaña electoral, que luego se devolvía en billetes de 500 euros, supuestamente de una caja B. La dirección nacional y regional del PP anunció tras la Operación Taula —que se saldó con con 24 detenidos, 29 investigados y 30 registros— la disolución de la agrupación local del partido y la creación de una gestora del partido en Valencia.

Goteo de declaraciones

El goteo de declaraciones ha continuado este lunes en la Comandancia de la Guardia Civil de Patraix, en la capital. Por las dependencias policiales ha pasado el exedil Juan Vicente Jurado, responsable de alumbrado del Gobierno local hasta mayo de 2015. A su salida exculpó a la exalcaldesa Rita Barberá del caso Imelsa. Jurado, que se ha negado a declarar ante la UCO —“prefiero hacerlo ante el juez”, dijo— reconoció que colaboró en la última campaña electoral del PP con una aportación de 1.000 euros y “unas cajitas de bengalas con la cara de Rita [Barberá]”. Su familia tiene negocios de pirotécnia. Jurado ha manifestado que nadie le retornó el pago.

El exconcejal ha añadido que quien “movía los hilos [de la gestión] en el Ayuntamiento de Valencia, al menos los últimos cuatro años”, era el exvicealcalde del Consistorio Alfonso Grau, procesado en el caso Nóos. E insistió en que si algo ha hecho Barberá “es confiar en personas en las que no debería haber confiado”.

El exgerente de Imelsa Marcos Benavent acudió por la tarde ante la UCO, acompañado de su abogado y con la intención, según explicó, de “seguir colaborando con la justicia”. En su primera aparición pública desde mayo pasado, Benavent reconoció que ha vivido los últimos meses “con expectación” y aseguró que “no es motivo de alegría todo lo que está pasando”, pero añadió: “Es lo que hay”. “Supongo que seguirán saliendo más cosas, el tiempo dirá”. comentó.

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2016/02/01/valencia/1454322154_889430.html

LA LISTA DE CARGOS PÚBLICOS QUE COBRÓ EN B INCLUYE A RITA BARBERÁ

El PP de Valencia valora ya la posible desaparición de su grupo municipal en la ciudad ante la magnitud del escándalo del presunto cobro de comisiones ilegales

El Ayuntamiento, escuela de corrupción

La UCO cree que Rita Barberá estaba al tanto del blanqueo

La afiliada número tres del Partido Popular también habría recibido dinero de la caja B de Valencia y estaría al corriente de los métodos de blanqueo de sus concejales. De todos sus fieles escuderos. Según la información de la que dispone EL MUNDO, la lista de cargos del Partido Popular de la ciudad de Valencia que habrían recibido pagos en B incluye a la ex alcaldesa Rita Barberá. Su nombre ha aparecido -junto con el de varias decenas de dirigentes del grupo municipal popular- durante las diligencias practicadas por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en los últimos meses. Según esta información, los agentes manejan multitud de documentación que ratificarían los testimonios recabados en los últimos días. Unas declaraciones que apuntan a la existencia de una caja B en el grupo municipal popular del Ayuntamiento de Valencia. Algunos de esos pagos corresponden a las donaciones de 1.000 euros con retorno de dos billetes de 500 euros en B para costear la última campaña electoral de Barberá. Al menos un tomo de la operación Taula, desarrollada la semana pasada en la Comunidad Valenciana, recoge los indicios que apuntarían a la presunta financiación irregular del PP en Valencia. El Juzgado de Instrucción 18 de Valencia, la Fiscalía Anticorrupción y la Guardia Civil investigan una presunta red de corrupción, organizada y jerarquizada, que se habría aprovechado de sus cargos públicos para desviar miles de euros de la Administración en comisiones. La fuga de capitales de esta trama ha llevado a los agentes de la UCO hasta dos sociedades radicadas en Panamá y Brasil.

La Guardia Civil cree que Barberá estaba al corriente de los métodos de blanqueo, de todo lo que ocurría en su Ayuntamiento. La torpeza que cometió el equipo más próximo a la dirigente cuando pidió al personal laboral y de confianza del PP ayuda para blanquear dinero de origen desconocido, en marzo de 2015, es sólo un hilo del que está tirando la Guardia Civil tras acumular multitud de pruebas. Entre la documentación y las posteriores averiguaciones la UCO habría detectado presuntas entregas en B a la ex alcaldesa a cambio de donativos limpios.Rita Barberá es senadora y está aforada, goza de privilegios jurisdiccionales, y sólo podría declarar como investigada -término que sustituye al de imputada tras la entrada en vigor de la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal- ante el Tribunal Supremo. Que sea senadora no significa que la UCO no pueda investigar quién consintió el lavado de dinero desde el despacho de un partido político del Ayuntamiento de Valencia y por qué aparece el nombre de Barberá.

Según fuentes próximas al caso, la Guardia Civil tendrá que entregar un informe al juzgado con el resultado de los interrogatorios que está practicando. Si el juez Víctor Gómez, quien dirige las pesquisas, considera necesaria la declaración como imputada de Barberá elevará una exposición razonada al Supremo para que la interroguen.

Estado de 'shock' Valencia aún no se ha recuperado del shock que ha supuesto conocer la investigación sobre los donativos con retorno en B para blanquear dinero cuyo origen se desconoce. Fuentes del partido reconocen que las revelaciones han supuesto un mazazo para el PP en Valencia, sobre todo porque estas prácticas se han mantenido al menos hasta mayo de 2015, cuando ya se conocían todos los grandes casos de corrupción y hasta las polémicas anotaciones de Luis Bárcenas.

Ya han declarado ante la Guardia Civil la mayoría de los concejales del PP en la anterior legislatura. La imagen no tiene precedentes, decenas de personalidades históricas del PP de Valencia desfilando por un grave caso de supuesto blanqueo, incluido, por ejemplo, Miquel Domínguez, el único que está aforado -junto a la senadora Barberá- porque la ex alcaldesa consiguió colarle en la candidatura a las Cortes Valencianas. Domínguez es un estrecho colaborador de Juan Cotino, otrora todopoderoso vicepresidente del Consell en tiempos de Francisco Camps. Eran tiempos en los que el sector democristiano del partido mantenía una enorme influencia. La portavoz accidental en el Ayuntamiento de Valencia, María Àngels Ramon-Llin, y los concejales Félix Crespo, Lourdes Bernal, Vicente Igual, Beatriz Simón, Cristóbal Grau y Alberto Mendoza también han declarado ya en el cuartel.

Este miércoles el juez ha citado a Alfonso Novo, el sucesor de Barberá en el grupo municipal, imputado por un presunto delito de blanqueo de capitales. Aún está pendiente que declare en sede judicial Luis Salom, el polémico asesor de Barberá responsable de las redes sociales del PP a quien diversos testimonios atribuyen «consejos» para no ser detectados al «reintroducir» billetes de 500 euros en el circuito legal.

Todo apunta a que la cajera de este tentáculo de la organización Taula era Mari Carmen García Fuster, la ex secretaria del grupo municipal para quien la Fiscalía Anticorrupción pidió prisión. El juez lo rechazó. En sus manos, admiten fuentes del partido, estaban las cuentas del grupo popular, las mismas desde donde salía el dinero para las generosas campañas de Barberá.

Barbera y la cajera despachaban prácticamente a diario. En las únicas declaraciones conocidas hasta el momento, en la cadena Cope, Barberá negó cualquier tipo de irregularidad, tanto en lo que se refiere a la financiación del partido como a la adjudicación de contratos. Las fórmulas para vaciar la caja opaca del PP de Valencia eran variadas. La diputada provincial y concejal en Valencia Beatriz Simón, por ejemplo, presumió de haber colaborado lavando el dinero a través de los proveedores de su tienda de ropa de bebé. Luis Salom, mientras, habría invitado a sus compañeros a pagar compras en el Cortes Inglés con billetes de 500 euros, devolverlos al día siguiente y pedir el retorno en billetes pequeños. Otro de los ex ediles que habría recibido los dos billetes de 500 fue Vicente Aleixandre. Los testigos que se negaron a participar sufrieron amenazas y han declarado que no sólo Fuster les reclamaba el dinero. La red de lavado pudo haber entrado hasta en la Alcaldía.

26.000 euros en naranjas sin expediente

El Ayuntamiento de Valencia ha trasladado a la Fiscalía Anticorrupción que no encuentra ningún expediente administrativo que justifique la compra de hasta 26.000 euros en naranjas que cada año enviaba Rita Barberá a destacados dirigentes del PP. Según fuentes próximas al caso, el Ayuntamiento ha comunicado que las naranjas se adquirían directamente al proveedor que escogía la Alcaldía y sólo han aparecido las facturas y los contratos. La comunicación se enmarca dentro de la fase prejudicial del 'caso Ritaleaks', el que destapó los suntuosos gastos de Alcaldía en la etapa de Barberá tras la denuncia que presentó el grupo municipal Compromís. Más de 400 facturas que suman cerca de 300.000 euros. Gastó una media de 6.000 euros al año en naranjas para regalarlas. Todos los ministros de Rajoy tenían naranjas y podrían responder al cargo que ocupaban, sí, pero las cajas sólo se remitieron con Rajoy en La Moncloa. No todo el PP disfrutó de las naranjas de Barberá, sólo altos cargos cercanos a la ex alcaldesa, los 'pata negra' de Génova 13. Parece que era habitual que el Ayuntamiento enviara cajas de naranjas a cargos orgánicos del partido, no electos, sin ninguna responsabilidad pública en la Administración. Incluso a periodistas de medios de comunicación nacionales o locales. Entre ellos destaca el coordinador electoral del PP, José Antonio Bermúdez de Castro; el ex presidente del gobierno José María Aznar -para quien había doble regalo pues también las recibía su mujer, la ex alcaldesa de Madrid Ana Botella-; la secretaria general del partido, María Dolores de Cospedal; Javier Arenas, o el coordinador de organización, Juan Carlos Vera.

http://www.elmundo.es/comunidad-valenciana/2016/02/01/56ae7ad8ca47410b4a8b45f0.html

SE ESTRECHA EL CERCO SOBRE RITA BARBERÁ

En las grabaciones en manos del juez existen numerosas menciones a La Jefa, que es como se conocía a Rita Barberá por su vehemencia en la dirección del consistorio

Estrechos colaboradores de la actual senadora del PP caen en la Operación Taula, y la oficina del partido en el Ayuntamiento de Valencia es escenario de uno de los principales registros

"Buenos días, alcen las manos del ordenador y levántese lentamente". Así irrumpió este martes, a las 10.00 horas, la Guardia Civil en el grupo municipal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Valencia. Fue uno de los 33 registros simultáneos que se realizaron en el marco de la Operación Taula (nombre que proviene de la Taula de Canvi, la mesa de divisas del siglo XV en la Corona de Aragón) que culminó, según fuentes judiciales, con 24 detenidos (hay 29 imputados), 252 cuentas corrientes bloqueadas y el embargo de 150 vehículos de alta gama.

El principal arrestado fue Alfonso Rus, expresidente de la Diputación de Valencia (2007-2015) y exalcalde de Xàtiva (1995-2015) con el Partido Popular. Además de su domicilio, se registraron las oficinas del Olímpic de Xàtiva, club de fútbol del que ha sido máximo dirigente en dos ocasiones, y el almacén de telas de la firma de ropa Steffano Russini, que dirige junto a su esposa. Rus está en el centro de una supuesta trama de cobro ilegal de comisiones y blanqueo de capitales entre 2004 y 2009 con la Diputación de Valencia como telón de fondo. La conversación difundida en mayo de 2015 por la Cadena SER en la que se le escuchaba contar billetes, "dos millones de pelas", provocó un terremoto político que dio al traste con su carrera. En aquella grabación también se oye la voz de Marcos Benavent, hombre clave en la investigación.

Benavent fue mano derecha de Rus y concejal de Fiestas en el Ayuntamiento de Xàtiva. Tras un breve amago de retirada de la política, regresó en 2007 como gerente de Impulso Económico Local (Imelsa), empresa pública de la Diputación con un presupuesto anual de 25 millones y dedicada, en buena parte, a la organización de brigadas rurales. Ese mismo año, según la investigación, Benavent habría creado, sin plantilla, Berceo Mantenimiento y Spartaki Sinergies, empresas pantalla que facturaron por trabajos no realizados a siete adjudicatarias de la corporación provincial. El dinero obtenido acabaría repartido entre los integrantes de la trama de comisiones.

Un USB de 10 horas

El origen de la operación está en el USB con 10 horas de material sensible que el 31 de julio de 2014 entregó a la Fiscalía la entonces diputada provincial de Esquerra Unida, Rosa Pérez Garijo. En aquel tiempo Marcos Benavent vivía obsesionado con su seguridad, lo grababa todo y se sentía perseguido y amenazado. Sus cambios de humor y carácter hacían recelar a sus superiores. Una alarma que se consumó a finales de diciembre de 2014. En plenas fiestas navideñas, Benavent accedió a su despacho en Imelsa, se apropió de un ordenador portátil y un par de discos duros y se esfumó sin dejar huella.

Tras unos meses en paradero desconocido, reapareció el pasado junio para declarar ante el juez. A la salida de los tribunales admitió haber sido "un yonqui del dinero" y se mostró dispuesto a colaborar y "sacar mierda a punta pala". Desde entonces, sus más de 30 horas de confesiones ante la Guardia Civil y la aportación íntegra del material informático ha permitido al juzgado de instrucción número 18 ampliar el horizonte de la investigación más allá de la denuncia inicial de Pérez Garijo.

Aunque la causa sigue bajo secreto de sumario, los distintos movimientos procesales de meses anteriores y los arrestos de este martes arrojan luz sobre la geografía corrupta del PP valenciano. De hecho, esta operación actúa como pieza central del gran puzle que deja entrever el paisaje general. Dos de los detenidos son los vicepresidente de la Diputación Juan José Medina y Máximo Caturla. Este último también fue gerente de Ciegsa, la empresa pública dedicada a la construcción de colegios y desde donde se cavó un agujero de 1.000 millones según la auditoría de la Intervención General hecha pública la semana pasada por el Consell. También ha sido puesto a disposición judicial David Serra, un viejo conocido de los pasillos del TSJ valenciano por su procesamiento en la causa de la Gürtel sobre los presuntos delitos electorales y fiscales del PP valenciano.

De la suma de vasos comunicantes existen grabaciones referidas a Rafael Blasco, en prisión tras el saqueo de los fondos de cooperación. Y una de las firmas investigadas es T-Systems, que recibió 2,3 millones de Imelsa por servicios informáticos. Carlos Pujadas, socio de esta empresa está relacionado, tal y como revela el diario Levante-EMV, con Augusto César Tauroni, también en la cárcel y mano derecha de Rafael Blasco en el esquilmado de fondos solidarios. Y Tauroni, hombre hecho pirueta, compró en B tres avionetas a Avialsa, empresa contratada por Serafín Castellano, exconsejero de Gobernación, a cambio de jugosas mordidas, según la investigación judicial.

Redondeles, cabriolas, saltos mortales entre las instituciones valencianas en tiempos del Partido Popular a los que cabe añadir los 32 millones que, de forma no del todo clara, Rus pagó por implantar césped artificial en polideportivos a Hermanos Doménech y Benigras, firma sin experiencia en el sector y propiedad de Vicente Cuquerella, quien acumula el 37,2% del número 102 de la calle Quart, sede del PP valenciano. O los 38 millones a Inelcol, empresa de Vicente Quilis, íntimo de Rus, para substituir bombillas convencionales por LED, de bajo consumo. Y, finalmente, los 12 millones, con un 100% de sobrecoste, que se pagó por el techado de la plaza de toros de Xàtiva.

“La Jefa” y “La Lavadora”

Pero donde los nudos gordianos se aprietan con mayor tirantez es entre la Diputación y el Ayuntamiento de Valencia. En las grabaciones en manos del juez existen numerosas menciones a "La Jefa", que es como se conocía a Rita Barberá por su vehemencia en la dirección del consistorio. Algo que trascendió durante la campaña electoral de mayo de 2015 y que acabó por salpicar, hasta convertirla en manchurrón andante, a su principal asesora: María José Alcón (detenida este martes), quien había sido concejal de Cultura, esposa de Vicente Burgos (de la fundación Jaume II el Just y también arrestado) y casada en segundas nupcias con Alfonso Grau, procesado en el caso Nóos.

Según la investigación, Alcón habría cobrado comisiones relacionadas con la Mostra de Valencia entre 2005 y 2006, en la que uno de sus contratistas fue Enrique Sospedra Barberá, sobrino de la entonces primera edil. Todo por intermediación de Benavent. También se apunta a presuntas mordidas en la rehabilitación de las históricas Torres de Quart, la peatonalización del puente de Serranos y la edificación del centro cultural la Rambleta.

Los registros de este martes en los despachos del PP en el Ayuntamiento acabaron con cuatro concejales confinados en un estancia, con la prohibición de comunicarse con el exterior y con la detención de la asesora María José Pi y de la secretaria del grupo desde 1991, Mari Carmen García Fuster, persona de extrema confianza de Rita Barberá y conocida dentro del Partido Popular con el apodo de "La Lavadora". Además resultaron imputados Alfonso Novo, presidente y portavoz del PP de Valencia, y Luis Salom, asesor a cargo de la redes sociales de la agrupación local. Ambos están citados a declarar este miércoles en los juzgados. Por su parte, Eva Ortiz, secretaria general del PP valenciano, explicó en rueda de prensa que los detenidos han sido suspendidos de militancia y que Rita Barberá "estaba muy tranquila en su casa".

http://www.infolibre.es/noticias/politica/2016/01/27/operacion_taula_estrecha_cerco_sobre_rita_barbera_43921_1012.html

LA INVESTIGACIÓN POR LA CORRUPCIÓN EN VALENCIA APUNTA A RITA BARBERÁ

La causa judicial iniciada en la Diputación de Valencia toca a la exalcaldesa del PP

La investigación nacida en torno a la Diputación de Valencia apunta a la exalcaldesa de Valencia Rita Barberá, según han confirmado fuentes del caso. Barberá no ha sido detenida ni imputada este martes, según las mismas fuentes, porque es senadora y tiene la condición de aforada ante el Tribunal Supremo. Solo el alto tribunal tiene capacidad para dirigir acciones penales contra ella. Tendrá que ser el Juzgado de Instrucción 18 de Valencia, encargado del caso, el que envíe eventualmente una exposición razonada de motivos al Supremo para poder tomarle declaración en calidad de imputada (investigada, según la nueva denominación judicial).

Desde que el caso salió a la luz, el año pasado, Barberá ha negado haber participado o haber tenido conocimiento de ninguna irregularidad. Las pesquisas sobre esta presunta red de cobro de comisiones de Valencia, en las que han sido detenidas 24 personas e imputadas un total de 29, se iniciaron con la difusión de las grabaciones efectuadas en secreto durante años por el ex alto cargo de la diputación Marcos Benavent. En varias grabaciones se escucha a Benavent y a una de las ahora arrestadas, la exconcejal del Ayuntamiento de Valencia María José Alcón, hablar de "la jefa" como una persona que está al tanto de los amaños.

La jefa, creen los investigadores, es Barberá. En las grabaciones también se escucha a los interlocutores referirse presuntamente al sobrino de la exregidora Enrique Sospedra Barberá como beneficiario de adjudicaciones irregulares. Barberá desmintió expresamente esta información el año pasado. Del hilo de las grabaciones han tirado la Fiscalía Anticorrupción, la Guardia Civil y el juzgado en el último año y medio hasta reunir indicios relevantes contra Barberá, aseguran fuentes de la investigación.

Bien parada

Hasta ahora la exalcaldesa ha salido bien parada de todos los escándalos judiciales que han estallado en Valencia, aunque algunos le han caído cerca. Álvaro Pérez, El Bigotes, presunto cabecilla en la trama de Gürtel en Valencia, contaba en una conversación grabada por la policía que le había regalado un bolso de una marca de lujo. Pero Barberá no resultó implicada, entre otras razones, porque su Ayuntamiento no adjudicó contratos a la trama de Francisco Correa.

El juez de Palma José Castro pidió oficialmente imputarla en el caso Nóos junto al expresidente de la Generalitat Francisco Camps por las adjudicaciones. Pero el Tribunal Superior valenciano consideró insuficientes los indicios presentados contra ella.

El ministerio público mantiene ahora abierta una investigación contra Barberá, para la que acaba de pedir una prórroga de seis meses a la Fiscalía General del Estado, por el llamado caso Ritaleaks. Posibles irregularidades en los gastos de representación de la regidora, que ascendieron a 278.000 euros en cuatro años e incluyeron el pago de 700 euros por una noche de hotel.

Después de la pérdida de la alcaldía de Valencia, que ocupó de 1991 a 2015, Barberá fue elegida en otoño senadora territorial por el PP junto al expresidente de la Generalitat Alberto Fabra.

http://politica.elpais.com/politica/2016/01/26/actualidad/1453822747_623000.html

TRES IMPUTADOS Y DOS DETENIDOS EN EL AYUNTAMIENTO POR EL ‘CASO IMELSA’

El portavoz del grupo municipal del PP en Valencia, Alfonso Novo, citado a declarar

El juez deja en libertad a medianoche a la exconcejal María José Alcón

Un grupo de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil ha entrado en torno a las 10 de la mañana de hoy a registrar el grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de Valencia por orden del Juzgado de Instrucción número 18, que investiga el supuesto cobro de comisiones en la adjudicación de contratos públicos. En la operación está investigado el portavoz municipal del PP en el Consistorio y presidente local del partido, Alfonso Novo, un asesor y una empleada. Han sido detenidas la actual secretaria municipal y la exconcejal María José Alcón, que el juez ha dejado en libertad pasada la medianoche.

El Juzgado de Instrucción 18 de Valencia, instructor del caso Imelsa, ha coordinado la operación contra una trama de corrupción infiltrada en varias administraciones públicas de la Comunidad Valenciana cuyos integrantes se servían de sus puestos de responsabilidad en dichas entidades públicas para percibir comisiones ilegales a cambio de adjudicaciones fraudulentas.

El juzgado ha citado como investigados (antes imputados) a Novo, al asesor municipal del PP Luis Salom y a otra empleada del grupo. En la operación ha sido detenida en su domicilio la secretaria del grupo municipal popular, Carmen García Fuster, y la exconcejal de Cultura María José Alcón. El juez ha dejado en libertad a la exconcejal de Cultura, que está investigada, junto a otras 28 personas, por prevaricación, malversación, cohecho, tráfico de influencias y blanqueo.

En septiembre de 2015, la policía ya practicó un registro en el Ayuntamiento de Valencia y se incautó de "copiosa" documentación de la etapa en que Alcón dirigía la Concejalía de Cultura de la capital bajo el mandato de Rita Barberá. Los agentes se llevaron documentación relacionada con la adjudicación de un contrato de recuperación de las Torres de Quart y otro relacionado con el centro cultural de La Rambleta. Antes habían visto la luz unas grabaciones, en poder de la justicia, en las que aparecía la entonces concejal.

"Se han llevado correos", dice Novo

Visiblemente cansado, Novo ha comparecido ante los medios de comunicación al terminar el registro. El concejal ha negado su implicación en una supuesta trama de cobro de comisiones ilegales y ha resaltado que "en ningún momento" les han explicado "ni por qué ni a santo de qué" están siendo investigados. "Mañana lo aclararán, es lo primero que tienen que hacer", ha dicho en referencia a su declaración mañana ante el juez.

Respecto a si va a mantener sus cargos en la Corporación, Novo ha asegurado que "por supuesto que sí", ya que en su opinión, "no podemos tomar decisiones precipitadas" y, de esta forma, "ya veremos cuál es la acusación, si se sustenta y en qué queda esto".

El registro, en el que ha estado presente el fiscal Anticorrupción Pablo Ponce, ha comenzado a la una y media de la tarde y ha concluido pasadas las tres. Los agentes de la Guardia Civil han abandonado el Consistorio con bolsas y cajas.

"Se han llevado correos electrónicos de algunos ordenadores, no de todos", ha confirmado Novo. "En ningún momento hemos estado retenidos", ha insistido el portavoz popular en Valencia y presidente local del partido.

Diferente miembros del Gobierno local de la ciudad -que componen Compromís, PSPV y València en Comú- han lamentado "profundamente la imagen que se pueda trasladar a la opinión pública de una institución que tiene que merecer el máximo respecto de la ciudadanía".

El alcalde de Valencia, Joan Ribó, ha señalado que "si eso es, como dice la secretaria general, un partido de ley y orden que vengan los dioses y lo vean". En una entrevista a la Cadena Ser, Ribó ha subrayado que "los datos indican que [el PP] es un partido con niveles de corrupción que ya no son una manzana podrida, es todo el cesto, hasta el cesto mismo".

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2016/01/26/valencia/1453824321_453251.html

24 DETENIDOS EN UNA OPERACIÓN ANTICORRUPCIÓN CENTRADA EN VALENCIA

La Guardia Civil ha lanzado este martes una operación contra la corrupción centrada en Ayuntamientos de la provincia de Valencia que fueron gobernados por el PP, la Diputación provincial y la Generalitat. Entre los detenidos —24, según fuentes de la investigación— se encuentra Alfonso Rus, el expresidente de la diputación y exalcalde de Xàtiva. Además, ha sido arrestado Emilio Llopis, exjefe de gabinete de Rus en la diputación valenciana y María José Alcón, exconcejal popular del Ayuntamiento de Valencia y antigua asesora de la exalcaldesa de Valencia Rita Barberá. Alcón está casada con Alfonso Grau, el exvicealcalde de Valencia que está siendo juzgando en Palma en el caso Nóos.

El portavoz del PP en el Ayuntamiento de Valencia, Alfonso Novo, también ha sido imputado (investigado en la nueva denominación judicial). La investigación apunta, además, según confirman fuentes de la misma, a la exalcaldesa Barberá y al exvicepresidente de la Generalitat Gerardo Camps. Como Barberá y Camps son aforados, por su condición de senadora y diputado en el Congreso respectivamente, tendrá que ser el juzgado de instrucción el que, eventualmente, remita una exposición razonada de motivos al Tribunal Supremo con los indicios que existan contra ellos. Solo este alto tribunal puede dirigir acciones penales contra ellos.

Dentro de la llamada Operación Taula, coordinada por el Juzgado de Instrucción número 18 de Valencia, han sido detenidas este martes 24 personas en Valencia, Castellón y Alicante y se han realizado 33 registros judiciales. Los investigadores han recopilado documentación y diferentes pruebas en domicilios, sedes de empresas (entre ellos los de la sociedad pública de la Generalitat Ciegsa), fundaciones (como la Fundación Jaume II El Just), las instalaciones de una asociación deportiva (Club Deportivo Olímpic de Xàtiva), el Grupo Municipal del PP en Valencia o la empresa de comunicación Engloba, con sede en Valencia, según apuntan fuentes de la investigación. El número de imputados —a los que ahora se denomina investigados— asciende a 29, según el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana. Una de las cinco personas que están implicadas, pero que no han sido detenidas este martes es el portavoz popular en el Ayuntamiento de Valencia y presidente del PP en la ciudad.

Todos los implicados habrían participado, supuestamente, en una red que cobraba comisiones a cambio de adjudicaciones públicas. La investigación aborda también, según fuentes de la misma, la posible financiación irregular del PP valenciano. Las fuentes explican que se está investigando "una trama de corrupción infiltrada en varias administraciones públicas" de la Comunidad Valenciana, que supuestamente ha perpetrado los delitos de prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, cohecho y blanqueo de capitales. Una de estas fuentes ha calificado de "descomunal" la envergadura de las supuestas irregularidades, que se habrían cometido durante años.

La Guardia Civil ha llegado al Ayuntamiento de Valencia y ha entrado al grupo municipal del PP en el Consistorio, donde está revisando documentación. Los agentes han accedido a las oficinas a las 10 de la mañana y varios empleados del PP y concejales han permanecido retenidos y se les han reclamado las claves de sus ordenadores, informa Cristina Vázquez. Más tarde les han dejado salir, si bien la secretaria del grupo municipal, María del Carmen García Fuster, ha sido detenida.

La operación se está desarrollando fundamentalmente en la provincia de Valencia, ya que el caso afecta al Ayuntamiento de la capital, la diputación provincial y la propia Generalitat, tres entidades que han estado copadas por el PP. Pero también se han producido registros en las provincias de Alicante y Castellón. Rus ha sido detenido en su casa de Xàtiva, en cuyo interior ha permanecido hasta pasadas las tres de la tarde. Ha abandonado el inmueble en un vehículo policial camuflado en el que también viajaba el fiscal Vicente Torres. Numerosos vecinos se han congregado en torno a la vivienda, informa Joaquín Ferrandis.

El PP de la Comunidad Valenciana ha abierto expediente a todos los afiliados detenidos y les ha suspendido cautelarmente de militancia. También ha acordado la destitución inmediata de todos los cargos orgánicos que desempeñen y su cese en cualquier tipo de actividad relacionada con la formación. El portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Rafael Hernando ha anunciado "medidas contundentes" contra todos los militantes detenidos en Valencia, en un mensaje que ha difundido a través de Twitter.

Entre los objetivos de la operación se encuentra el exvicepresidente de la Diputación de Valencia Máximo Caturla. Este fue consejero delegado de Construcciones e Infraestructuras Educativas Sociedad Anónima (Ciegsa), una empresa pública de la Generalitat dedicada a levantar colegios que, según desveló hace poco el Gobierno valenciano, incurrió en sobrecostes que superaban los 1.000 millones de euros la década pasada.

También ha sido detenido el exalcalde popular de Moncada y exvicepresidente de la diputación, Juan José Medina. Y el exdiputado autonómico David Serra, que está imputado en dos piezas del caso Gürtel. El exjefe de gabinete de Rus, Emilio Llopis, otro de los arrestados, fue también alcalde de Genovés hasta el pasado mes de mayo. Llopis se querelló contra EL PAÍS por una información relacionada con estas presuntas irregularidades. El juzgado archivó la denuncia hace unas semanas.

El presidente de la Diputación y del PP de la provincia de Valencia, Alfonso Rus, se vio forzado a dimitir el pasado abril, apenas un mes antes de las elecciones locales y autonómicas, al hacerse pública una conversación en la que se le escuchaba contando dinero. La grabación había sido realizada por Marcos Benavent, entonces mano derecha de Rus como gerente de la gran empresa de la diputación, Impulso Económico Local Sociedad Anónima (Imelsa).

Grabaciones

Las pesquisas se iniciaron a raíz de una denuncia presentada por la diputada de Esquerra Unida, Rosa Pérez Garijo, en julio de 2014 ante la Fiscalía Anticorrupción. En el escrito se aportaron indicios de que Benavent había creado sociedades pantalla para cobrar comisiones a varias concesionarias y contratistas de la Diputación de Valencia. EU aportó, además de la denuncia, numerosas horas de grabación realizadas en secreto por Benavent, relacionadas aparentemente con el amaño de contratos y con la financiación de actos del PP provincial. En una de esas conversaciones era en la que se escucha presuntamente a Rus contar billetes de quinientos en quinientos, mientras habla con Benavent, hasta sumar "dos millones de pelas".

La investigación abierta por la Fiscalía, dirigida por los delegados de Anticorrupción en Valencia Vicente Torres y Pablo Ponce, y más tarde por el juzgado llevó a descubrir "que el ámbito de actuación de la trama corrupta era mucho más extenso de lo que se recogía en esa denuncia inicial", ha señalado el Tribunal Superior valenciano.

Los investigadores, pertenecientes a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, han analizado inversiones inmobiliarias sospechosas, algunas de las cuales se habrían realizado en el extranjero, así como la presunta contratación irregular de personal en la diputación. Esta última práctica afectaría, según fuentes cercanas al caso, a otros partidos además de al PP.

La difusión del contenido de las cintas de Benavent provocó la suspensión de militancia del PP de Rus. Y forzó la renuncia de Alcón de la lista del PP al Ayuntamiento de Valencia, en la que había sido incluida en los últimos puestos por Barberá.

El pasado 26 de mayo, Benavent, que grabó en secreto durante años a sus compañeros de partido y ha colaborado intensamente en los últimos meses con los investigadores, acudió a declarar ante el juez. "Quiero pedir perdón públicamente. Lo siento mucho. Asumiré lo que tenga que asumir, la culpa que sea y la cárcel. E intentaré reponer todo lo que me he llevado", afirmó. Benavent, que dijo que llegó a convertirse en un "yonqui del dinero", aseguró que "las grabaciones son verdad" y que iba "a salir mierda a punta pala".

http://politica.elpais.com/politica/2016/01/26/actualidad/1453798078_040910.html

RUS O LA DETENCIÓN DEL POPULISMO

La detención de Alfonso Rus en su domicilio de Xàtiva, la ciudad que gobernó para el PP con su peculiar estilo populista entre 1995 y 2015, ha conmocionado este martes a los vecinos de esta ciudad de 30.000 habitantes de la provincia de Valencia.

La noticia de que el también expresidente provincial del PP estaba detenido en su domicilio de Xàtiva ha congregado a centenares de personas durante toda la mañana frente a su vivienda en la calle de Montcada, en el corazón de una ciudad que durante años controló a su antojo montado en un Porsche rojo, símbolo de su ascenso al poder. No en vano, Alfonso Rus, cada vez que tenía ocasión, recordaba que llevó a Mariano Rajoy en uno de sus primeros deportivos hace más de dos décadas tras lograr el aval del dirigente de Génova para ingresar en el PP.

La operación policial contra la corrupción en el PP valenciano ha provocado este martes en Xàtiva un espectáculo callejero, mediterráneo, que con gusto hubiese rodado otro valenciano, el fallecido Luis García Berlanga. El domicilio del defenestrado político —que perdió las elecciones municipales del pasado mes de mayo y que fue repudiado por el PP tras difundirse una grabación en la que cuenta los billetes de una supuesta mordida— se ha convertido en lugar de peregrinación para muchos vecinos deseosos de ver "la caída de Alfonso" o conmocionados por la detención de un hombre "que ha hecho cosas muy buenas por Xàtiva".

"Vive en el edificio más alto de la ciudad, no tiene pérdida", orientaba Antonio a los periodistas. Y es que todo lo que rodea a Rus siempre ha sido superlativo a pesar de que el exdirigente del PP siempre bromeó con su baja estatura para arrancar las risas y los aplausos de un público, que hasta hace menos de un año llenó los auditorios en los que intervenía.

De lo que no hay duda es de que el populismo político que Rus encarnó bajo las siglas del PP ha impregnado también su detención. "A mí me sabe mal", decía Rosa. "A mí no, si ha robado que lo pague", replicaba su amiga. El gentío, procedente en parte del mercadillo de los martes próximo a la casa de Rus, ha terminado por convertir los accesos al domicilio del expolítico en una especie de zoco alternativo, animado también a última hora de la mañana por los escolares del cercano colegio de los Dominicos que, por decenas, han acudido a presenciar el espectáculo con sus mayores. Una situación que ha obligado a la Policía Local a cortar la calle por la que solo se ha permitido el acceso al garaje del edificio de los Mercedes, Audi y BMW de los vecinos de Rus.

"He vendido las 120 series que llevaba y muchos más cupones con la máquina", explicaba orgullosa María José, vendedora de la ONCE que no ocultaba su satisfacción por su día de suerte. "Siempre voy donde hay gente y me han dicho que aquí había mucha, más que en el mercadillo", aseguraba.

Salida a las 15.15

La salida de la vivienda de Rus se ha producido a las 15.15 horas, en un vehículo policial camuflado, un Toyota blanco sin distintivos. El exalcalde detenido estaba sentado detrás del conductor, sin grilletes y escondido tras una chaqueta oscura que no ha impedido ver su rostro después de que el vehículo diese un frenazo para no arrollar a los periodistas. A su lado, un agente de la Guardia Civil y en el asiento del copiloto el fiscal Anticorrupción Vicente Torres. Al salir por uno de los dos accesos al garaje que tiene el edificio, el vehículo se ha encontrado con una legión de periodistas a la carrera y, por increíble que parezca, con decenas de vecinos deseosos de grabar con sus teléfonos móviles al exalcalde del PP, pálido y cabizbajo en el coche policial, mientras le gritaban "¡corrupto, corrupto!".

Alfonso Rus ha sido trasladado de su domicilio a la fábrica de muebles FDM, otro punto clave en los negocios turbios del expolítico popular, mientras la Guardia Civil terminaba el registro del CD Olímpic de Xàtiva, el equipo de fútbol que también presidió el político popular.

Tan solo un día antes, Rus había intentado dar una imagen de normalidad. El lunes almorzó en los Salones Alameda del polígono industrial de Xàtiva, cerca de la fábrica, en compañía de su yerno e intentó aparentar una tranquilidad rota desde el domingo, cuando arreciaron los rumores sobre una inminente operación policial que lo colocaba en el ojo del huracán. Entonces ya solo faltaban unas horas para ver cómo acababa el populismo con el que cimentó un poder ahora derribado.

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2016/01/26/valencia/1453831352_385798.html

LA INVESTIGACIÓN POR LA CORRUPCIÓN EN VALENCIA APUNTA A RITA BARBERÁ

La investigación nacida en torno a la Diputación de Valencia apunta a la exalcaldesa de Valencia Rita Barberá, según han confirmado fuentes del caso. Barberá no ha sido detenida ni imputada este martes, según las mismas fuentes, porque es senadora y tiene la condición de aforada ante el Tribunal Supremo. Solo el alto tribunal tiene capacidad para dirigir acciones penales contra ella. Tendrá que ser el Juzgado de Instrucción 18 de Valencia, encargado del caso, el que envíe eventualmente una exposición razonada de motivos al Supremo para poder tomarle declaración en calidad de imputada (investigada, según la nueva denominación judicial).

Desde que el caso salió a la luz, el año pasado, Barberá ha negado haber participado o haber tenido conocimiento de ninguna irregularidad. Las pesquisas sobre esta presunta red de cobro de comisiones de Valencia, en las que han sido detenidas 24 personas e imputadas un total de 29, se iniciaron con la difusión de las grabaciones efectuadas en secreto durante años por el ex alto cargo de la diputación Marcos Benavent. En varias grabaciones se escucha a Benavent y a una de las ahora arrestadas, la exconcejal del Ayuntamiento de Valencia María José Alcón, hablar de "la jefa" como una persona que está al tanto de los amaños.

La jefa, creen los investigadores, es Barberá. En las grabaciones también se escucha a los interlocutores referirse presuntamente al sobrino de la exregidora Enrique Sospedra Barberá como beneficiario de adjudicaciones irregulares. Barberá desmintió expresamente esta información el año pasado. Del hilo de las grabaciones han tirado la Fiscalía Anticorrupción, la Guardia Civil y el juzgado en el último año y medio hasta reunir indicios relevantes contra Barberá, aseguran fuentes de la investigación.

Bien parada

Hasta ahora la exalcaldesa ha salido bien parada de todos los escándalos judiciales que han estallado en Valencia, aunque algunos le han caído cerca. Álvaro Pérez, El Bigotes, presunto cabecilla en la trama de Gürtel en Valencia, contaba en una conversación grabada por la policía que le había regalado un bolso de una marca de lujo. Pero Barberá no resultó implicada, entre otras razones, porque su Ayuntamiento no adjudicó contratos a la trama de Francisco Correa.

El juez de Palma José Castro pidió oficialmente imputarla en el caso Nóos junto al expresidente de la Generalitat Francisco Camps por las adjudicaciones. Pero el Tribunal Superior valenciano consideró insuficientes los indicios presentados contra ella.

El ministerio público mantiene ahora abierta una investigación contra Barberá, para la que acaba de pedir una prórroga de seis meses a la Fiscalía General del Estado, por el llamado caso Ritaleaks. Posibles irregularidades en los gastos de representación de la regidora, que ascendieron a 278.000 euros en cuatro años e incluyeron el pago de 700 euros por una noche de hotel.

Después de la pérdida de la alcaldía de Valencia, que ocupó de 1991 a 2015, Barberá fue elegida en otoño senadora territorial por el PP junto al expresidente de la Generalitat Alberto Fabra.

http://politica.elpais.com/politica/2016/01/26/actualidad/1453822747_623000.html

EL COMITÉ DE DERECHOS Y GARANTÍAS DEL PP SUSPENDE DE MILITANCIA A LOS AFILIADOS DETENIDOS EN VALENCIA

El Comité Nacional de Derechos y Garantías del Partido Popular, a instancia del Partido Popular de la Comunidad Valenciana, acuerda la suspensión de militancia de las personas detenidas en el curso de la operación policial desarrollada hoy en Valencia y que figuran como afiliados del PP.

El Comité Nacional de Derechos y Garantías asimismo recuerda que Alfonso Rus fue suspendido de militancia en mayo de 2015.

El Partido Popular rechaza cualquier tipo de corrupción, venga de donde venga, y adoptará las medidas que estén en su mano para atajar cualquier actuación que infrinja la ley.

El Partido Popular recuerda que existe la presunción de inocencia, pero -a pesar de ello y teniendo en cuenta los hechos ocurridos hoy en Valencia- se procede a la suspensión de militancia conforme a los Estatutos del partido

http://www.pp.es/actualidad-noticia/comite-derechos-garantias-pp-suspende-militancia-afiliados-detenidos-valencia

24 DETENIDOS EN UNA OPERACIÓN ANTICORRUPCIÓN CENTRADA EN VALENCIA

Alfonso Rus, expresidente de la diputación, entre los implicados. La Guardia Civil ha registrado el grupo del PP en el Ayuntamiento de Valencia

La Guardia Civil ha lanzado este martes una operación contra la corrupción centrada en Ayuntamientos de la provincia de Valencia que fueron gobernados por el PP, la Diputación provincial y la Generalitat. Entre los detenidos —24, según fuentes de la investigación— se encuentra Alfonso Rus, el expresidente de la diputación y exalcalde de Xàtiva. Además, ha sido arrestado Emilio Llopis, exjefe de gabinete de Rus en la diputación valenciana y María José Alcón, exconcejal popular del Ayuntamiento de Valencia y antigua asesora de la exalcaldesa de Valencia Rita Barberá. Alcón está casada con Alfonso Grau, el exvicealcalde de Valencia que está siendo juzgando en Palma en el caso Nóos.

María José Alcón ha quedado en libertad bajo fianza aunque en calidad de investigada --la nueva denominación de los imputados-- por varios delitos, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana.

El titular del Juzgado de Instrucción número 18 de Valencia ha acordado su puesta en libertad bajo fianza aunque ha quedado como investigada en las diligencias abiertas por prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, cohecho y blanqueo de capitales.

Como medida cautelar, el juez ha acordado además el embargo de todos sus bienes. Alcón ha llegado sobre las 22.20 horas al juzgado de guardia para prestar declaración y ha abandonado las dependencias de la Ciudad de la Justicia de Valencia sobre la medianoche.

Alcón es la única de los detenidos que ha prestado declaración este martes ante el juez. La operación contra esta trama se ha saldado con 24 arrestos en las provincias de Valencia, Alicante y Castellón. Además, hay otros 5 investigados que no han sido detenidos pero que sí han sido citados para declarar ante el juez.

Entre los detenidos, figuran, además de la propia Alcón, el expresidente de la Diputación y del PP de Valencia Alfonso Rus; el exdiputado del PP en las Corts y ex secretario autonómico de Deporte David Serra; y el ex secretario autonómico de Educación Máximo Caturla.

El portavoz del PP en el Ayuntamiento de Valencia, Alfonso Novo, también ha sido imputado (investigado en la nueva denominación judicial). La investigación apunta, además, según confirman fuentes de la misma, a la exalcaldesa Barberá y al exvicepresidente de la Generalitat Gerardo Camps. Como Barberá y Camps son aforados, por su condición de senadora y diputado en el Congreso respectivamente, tendrá que ser el juzgado de instrucción el que, eventualmente, remita una exposición razonada de motivos al Tribunal Supremo con los indicios que existan contra ellos. Solo este alto tribunal puede dirigir acciones penales contra ellos.

Dentro de la llamada Operación Taula, que toma su nombre de las mesas de cambio de divisas nacidas en el siglo XV, ha sido coordinada por el Juzgado de Instrucción número 18 de Valencia. En ella han sido detenidas este martes 24 personas en Valencia, Castellón y Alicante y se han realizado 33 registros judiciales. Los investigadores han recopilado documentación y diferentes pruebas en domicilios, sedes de empresas (entre ellos los de la sociedad pública de la Generalitat Ciegsa), fundaciones (como la Fundación Jaume II El Just), las instalaciones de una asociación deportiva (Club Deportivo Olímpic de Xàtiva), el Grupo Municipal del PP en Valencia o la empresa de comunicación Engloba, con sede en Valencia, según apuntan fuentes de la investigación. El número de imputados —a los que ahora se denomina investigados— asciende a 29, según el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana. Una de las cinco personas que están implicadas, pero que no han sido detenidas este martes es el portavoz popular en el Ayuntamiento de Valencia y presidente del PP en la ciudad.

Todos los implicados habrían participado, supuestamente, en una red que cobraba comisiones a cambio de adjudicaciones públicas. La investigación aborda también, según fuentes de la misma, la posible financiación irregular del PP valenciano. Las fuentes explican que se está investigando "una trama de corrupción infiltrada en varias administraciones públicas" de la Comunidad Valenciana, que supuestamente ha perpetrado los delitos de prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, cohecho y blanqueo de capitales. Una de estas fuentes ha calificado de "descomunal" la envergadura de las supuestas irregularidades, que se habrían cometido durante años.

La Guardia Civil ha llegado al Ayuntamiento de Valencia y ha entrado al grupo municipal del PP en el Consistorio, donde está revisando documentación. Los agentes han accedido a las oficinas a las 10 de la mañana y varios empleados del PP y concejales han permanecido retenidos y se les han reclamado las claves de sus ordenadores, informa Cristina Vázquez. Más tarde les han dejado salir, si bien la secretaria del grupo municipal, María del Carmen García Fuster, ha sido detenida.

La operación se está desarrollando fundamentalmente en la provincia de Valencia, ya que el caso afecta al Ayuntamiento de la capital, la diputación provincial y la propia Generalitat, tres entidades que han estado copadas por el PP. Pero también se han producido registros en las provincias de Alicante y Castellón. Rus ha sido detenido en su casa de Xàtiva, en cuyo interior ha permanecido hasta pasadas las tres de la tarde. Ha abandonado el inmueble en un vehículo policial camuflado en el que también viajaba el fiscal Vicente Torres. Numerosos vecinos se han congregado en torno a la vivienda, informa Joaquín Ferrandis.

El PP de la Comunidad Valenciana ha abierto expediente a todos los afiliados detenidos y les ha suspendido cautelarmente de militancia. También ha acordado la destitución inmediata de todos los cargos orgánicos que desempeñen y su cese en cualquier tipo de actividad relacionada con la formación. El portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Rafael Hernando ha anunciado "medidas contundentes" contra todos los militantes detenidos en Valencia, en un mensaje que ha difundido a través de Twitter.

Entre los objetivos de la operación se encuentra el exvicepresidente de la Diputación de Valencia Máximo Caturla. Este fue consejero delegado de Construcciones e Infraestructuras Educativas Sociedad Anónima (Ciegsa), una empresa pública de la Generalitat dedicada a levantar colegios que, según desveló hace poco el Gobierno valenciano, incurrió en sobrecostes que superaban los 1.000 millones de euros la década pasada.

También ha sido detenido el exalcalde popular de Moncada y exvicepresidente de la diputación, Juan José Medina. Y el exdiputado autonómico David Serra, que está imputado en dos piezas del caso Gürtel. El exjefe de gabinete de Rus, Emilio Llopis, otro de los arrestados, fue también alcalde de Genovés hasta el pasado mes de mayo. Llopis se querelló contra EL PAÍS por una información relacionada con estas presuntas irregularidades. El juzgado archivó la denuncia hace unas semanas.

La Guardia Civil ha pedido al juez el embargo de 150 coches de alta gama, 252 cuentas bancarias y 148 propiedades de los implicados en el caso.

El presidente de la Diputación y del PP de la provincia de Valencia, Alfonso Rus, fue defenestrado en mayo, semanas antes de las elecciones locales y autonómicas, al hacerse pública una conversación en la que se le escuchaba contando dinero. La grabación había sido realizada por Marcos Benavent, entonces mano derecha de Rus como gerente de la gran empresa de la diputación, Impulso Económico Local Sociedad Anónima (Imelsa).

Grabaciones

Las pesquisas se iniciaron a raíz de una denuncia presentada por la diputada de Esquerra Unida, Rosa Pérez Garijo, en julio de 2014 ante la Fiscalía Anticorrupción. En el escrito se aportaron indicios de que Benavent había creado sociedades pantalla para cobrar comisiones a varias concesionarias y contratistas de la Diputación de Valencia. EU aportó, además de la denuncia, numerosas horas de grabación realizadas en secreto por Benavent, relacionadas aparentemente con el amaño de contratos y con la financiación de actos del PP provincial. En una de esas conversaciones era en la que se escucha presuntamente a Rus contar billetes de quinientos en quinientos, mientras habla con Benavent, hasta sumar "dos millones de pelas".

La investigación abierta por la Fiscalía, dirigida por los delegados de Anticorrupción en Valencia Vicente Torres y Pablo Ponce, y más tarde por el juzgado llevó a descubrir "que el ámbito de actuación de la trama corrupta era mucho más extenso de lo que se recogía en esa denuncia inicial", ha señalado el Tribunal Superior valenciano.

Los investigadores, pertenecientes a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, han analizado inversiones inmobiliarias sospechosas, algunas de las cuales se habrían realizado en el extranjero, así como la presunta contratación irregular de personal en la diputación. Esta última práctica afectaría, según fuentes cercanas al caso, a otros partidos además de al PP.

La difusión del contenido de las cintas de Benavent provocó la suspensión de militancia del PP de Rus. Y forzó la renuncia de Alcón de la lista del PP al Ayuntamiento de Valencia, en la que había sido incluida en los últimos puestos por Barberá.

El pasado 26 de mayo, Benavent, que grabó en secreto durante años a sus compañeros de partido y ha colaborado intensamente en los últimos meses con los investigadores, acudió a declarar ante el juez. "Quiero pedir perdón públicamente. Lo siento mucho. Asumiré lo que tenga que asumir, la culpa que sea y la cárcel. E intentaré reponer todo lo que me he llevado", afirmó. Benavent, que dijo que llegó a convertirse en un "yonqui del dinero", aseguró que "las grabaciones son verdad" y que iba "a salir mierda a punta pala".

http://politica.elpais.com/politica/2016/01/26/actualidad/1453798078_040910.html

ALFONSO RUS, EL HOMBRE QUE CONTABA BILLETES

La detención del expresidente de la Diputación de Valencia le pone la lápida política

La detención este martes de Alfonso Rus ha sido un paso más en la caída en desgracia del que fuera líder del Partido Popular en la provincia de Valencia, alcalde de Xàtiva y presidente de la Diputación valenciana de 2007 a 2015. La imagen de su apresamiento supone su definitiva lápida política.

Alfonso Rus (Xàtiva, 1950) siempre fue un asunto muy controvertido en su ciudad de origen, donde fue alcalde por el PP entre 1995 y 2015. Prometió llevar la playa a esta ciudad del interior y, aún así, le votaron. "¡Serán burros!", se sorprendió. El pasado mes de mayo volvió a ser cabeza de cartel sin el apoyo de su partido, que lo suspendió de militancia tres semanas antes de las elecciones municipales por las grabaciones en las que el también presidente de la Diputación de Valencia contaba dinero de una supuesta mordida. Él siempre negó que la voz que se le atribuía fuera la suya.

El escándalo de Imelsa, una empresa de la Diputación que contrató supuestos trabajos ficticios con firmas de un hombre de su confianza, Marcos Benavent, y cuyas ramificaciones salpican a exmiembros del Consell, acabaron con su fulgurante carrera. Benavent, que aseguró que "iba a salir mierda a punta de pala" y fue el autor de las grabaciones, está "colaborando plenamente" con la justicia.

El PP perdió las elecciones en Xàtiva, donde pasó del 45% de 2011 a contar con menos de la mitad de los apoyos, el 21%, una sangría que se tradujo en el paso de 11 a 5 concejales. Rus fue sustituido al frente de la Corporación por el joven socialista Roger Cerdà y presentó la derrota como una conspiración del PP contra él. Se apartó de la vida pública y se centró en sus negocios. Su familia empezó con una tienda que vendía productos del hogar, y él lo fue ampliando a otros negocios, entre los que se cuentan una fábrica de ataúdes y una firma de textil denominada Stefano Russini. Según indicó, no pensaba volver a la política sino dedicar los meses que le quedaban hasta su jubilación a trabajar en sus empresas.

“Van a por mí porque soy el número uno”, alegó Rus ante la presión del entonces presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, para que dejara el partido y evitar que las grabaciones que realizó Benavent (de quien fue padrino de boda), no deteriorasen aún más las funestas expectativas electorales. Rus se había convertido en uno de los principales barones del partido. “El día 25 de mayo diré de dónde viene el complot hacia mí”, advirtió, insinuando fuego amigo. Nunca cumplió su amenaza.

Cuando saltó a la política autonómica su cartel era tosco, un ripio de complicado encaje en el pulcro elenco de un partido que le consideraba un estrafalario y chismoso tendero de todo a cien, que buscaba relieve social en el pescante de un Ferrari. El partido le prohibió expresamente que no fuera a dar mítines con el Ferrari. "Si voy en una furgoneta, creerán que voy a robarles", adujo. Pese a su falta de glamur, Rus se fue haciendo sitio en la cúpula del partido. Su momento llegó cuando la corrupción descabezó el paisaje del partido. Eso mejoró el aspecto de Rus. Frente a una Generalitat asfixiada, él mantenía la caja de la Diputación en números negros y pagaba a 30 días a los proveedores.

Rus emergía como uno de los hitos de una organización que se derrumbaba y su ascensión era la constatación del fracaso de Fabra. Pero las grabaciones de su apadrinado, entregadas a la fiscalía por Esquerra Unida, apuntaban que los lixiviados de la basura en la que se hundía la nave y los que corrían por debajo del suelo que pisaba Rus no eran distintos. Lo que más inquietaba a sus adversarios era cuántas alcantarillas más levantaría en su caída. La respuesta está en los interrogatorios a los que sea sometido ahora.

http://politica.elpais.com/politica/2016/01/26/actualidad/1453801600_991059.html

ESTOS SON LOS DETENIDOS E IMPUTADOS EN LA MACRORREDADA DE VALENCIA

Alfonso Rus, expresidente de la Diputación de Valencia, y otros siete cargos relevantes del PP, entre los 24 arrestados en la Operación Taula

La macro redada contra la corrupción impulsada por la Fiscalía Anticorrupción, supervisada por el juzgado de instrucción número 18 de Valencia y ejecutada por la Guardia Civil ha acabado, por el momento, con 24 detenidos: ocho políticos del PP, un exasesor de este partido, 12 empresarios y tres técnicos vinculados con la Diputación de Valencia. Estos son, de momento, los 15 cuya identidad ha sido confirmada:

Alfonso Rus. Expresidente de la Diputación de Valencia, expresidente del PP de Valencia y exalcalde de su ciudad, Xàtiva. Ha sido arrestado en su domicilio. Es sospechoso de ser el hombre clave del caso Imelsa.

David Serra, exvicesecretario del PP en la Comunidad Valenciana e imputado por el caso Gürtel, concretamente en las piezas que investigación la presunta financiación ilegal del partido. Serra fue el número 2 de Ricardo Costa, autor de una frase célebre: "La fiesta no se acaba nunca en el PP de la Comunidad Valenciana".

Emilio Llopis: Exjefe de gabinete de Rus y exalcalde de Genovés, un pueblo cercano a Xàtiva. Fue nombrado asesor del PP en la Diputación de Valencia pese a las sospechas de su implicación en el caso. Es sospechoso de ser una de las personas grabadas contando dinero.

Máximo Caturla. Exvicepresidente de la Diputación de Valencia con Rus. Dimitió de todos sus cargos en mayo de 2015 después de que se le escuchara en conversaciones sobre cobro de comisiones en el Caso Imelsa. Era miembro del consejo de administración de la empresa de la corporación provincial.

Juan José Medina. Otro exvicepresidente de la Diputación y miembro del núcleo duro de Rus. Exalcalde de Moncada, es vicesecretario de organización del PP en Valencia provincia. El partido ha anunciado la destitución de todos los detenidos e imputados. Como Llopis, seguía como asesor del PP en la Diputación de Valencia pese a las sospechas en torno a él.

María José Alcón: Exconcejal y exasesora del PP en el Ayuntamiento de Valencia, también fue cazada en las conversaciones sobre mordidas en torno al caso Imelsa. Es la esposa de Alfonso Grau, vicealcalde con Rita Barberá y uno de los acusados en el caso Nóos. Grau saltó a la fama por la "chulería" con la que defendió su inocencia.

Vicente Burgos: Compañero de estudios de los Camps (además de Francisco, Gerardo, diputado en el congreso) y Esteban González Pons (ahora en el parlamento europeo) dejó quebrada una fundación de la Generalitat tras una gestión calificada de megalómana. Luego fue nombrado liquidador de Canal 9. Exmarido de María José Alcón, ingresó en prisión en julio de 2014 por impagar deudas.

María del Carmen García-Fuster. Exsecretaria del grupo popular en el Ayuntamiento de Valencia, asesora del PP en este mandato y una de las personas de confianza de Rita Barberá, alcaldesa de Valencia hasta las pasadas elecciones municipales. Ha sido detenida en su domicilio. Y las oficinas del PP en el consistorio, registradas. Hermana de José Rafael García-Fuster, exsenador popular y exconsejero del Banco Financiero y de Ahorros (BFA), la entidad financiera resultante de la fusión de Bankia, Bancaja y otras cajas de ahorros.

Pedro Aracil, exasesor del PP en el área de cultura en el Ayuntamiento de Valencia. Ese departamento fue responsabilidad de Alcón, otro de los detenidos.

José Adolfo Vedri. Cabeza visible de Engloba, la agencia de publicidad mimada por el PP, según Francisco Correa, cerebro de la trama Gürtel. Habría recibido adjudicaciones a cambio de mordidas y participado en el blanqueo del dinero distraído. Su empresa fue registrada. Su domicilio, donde fue detenido, también.

Vicente Cuquerella. Copropietario de la sede principal del PP en la Comunidad Valenciana y propietario de Benigrass, una de las empresas registradas. Benigrass fue una de las beneficiarias del plan de la Diputación de Valencia para subvencionar la instalación de cesped artificial en campos de fútbol municipales. El proyecto costó 33 millones de euros.

Jaime Úbeda, testaferro de Marcos Benavent, el peón de Rus. Varias sociedades utilizadas supuestamente para blanquear dinero estaban a su nombre.

Mariano Sánchez. Exsuegro de Benavent, fue quién propició la investigación judicial al filtrar decenas de horas de grabaciones de éste. Tendría relación con un servicio de atención telefónica contratado, de manera irregular, por la Diputación de Valencia. Paradójicamente, su despecho por la ruptura de Benavent y su hija, su denuncia puede provocar su propio procesamiento.

Joan Vergara, exarquitecto en Imelsa, el centro de la trama. Supuesta clave al hinchar precios o aceptar facturas falsas en planes de inversión de la Diputación de Valencia.

Salvador Deusa, exjefe de evaluación y planificación de la Diputación de Valencia. Licenciado en Químicas por la Universidad de Alicante, llegó a la Diputación procedente de Ràdio Televisió Valenciana (RTVV).

Los imputados

También han trascendido algunos de los supuestos implicados (imputados, investigados tras la reforma de la reforma legal del gobierno) en el caso que no han sido detenidos.

Alfonso Novo, exconcejal de urbanismo del Ayuntamiento de Valencia y, tras la marcha de Barberá al senado, número 1 del PP en el consistorio.

Luis Salom, el asesor del PP célebre por su combatividad e hiperactividad en las redes sociales.

Marcos Benavent. Exgerente de Imelsa, la empresa de la que nació la supuesta trama, y el hombre que ha tirado de la manta a cambio de una reducción de condena. Benavent, tras su excéntrica aparición en la Ciudad de la Justicia de Valencia, donde avisó de que saldría "mierda a punta pala", lleva meses colaborando en la investigación. Su imputación es conocida desde hace tiempo.

José Estarlich. Otro de los testaferros de Benavent.

http://www.eldiario.es/cv/detenidos-confirmados-macrorredada-corrupcion-Valencia_0_477702416.html

DETENIDO ALFONSO RUS, POR CORRUPCIÓN Y BLANQUEO

El juzgado de Instrucción número 18 de Valencia, la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada y la Guardia Civil están llevando a cabo una operación contra una trama de corrupción municipal y regional infiltrada en varios ayuntamientos -incluido el de Valencia-, la Generalitat y la Diputación de Valencia. Hasta el momento se han producido 24 detenciones y 29 investigados, además de registros que se han practicando de forma simultánea por toda la Comunidad.

Entre los detenidos está el ex presidente del PP en la provincia de Valencia y de la Diputación, Alfonso Rus, así como algunos de sus más cercanos colaboradores, como Emilio Llopis, ex jefe de gabinete y mano derecha de Rus en la corporación valenciana, y los ex vicepresidentes Juan José Medina y Máximo Caturla. Llopis y Medina aún era asesores de los populares en la Diputación y han sido destituidos horas después de su detención.

Las fuentes consultadas por este periódico han confirmado que Rus dormirá esta noche en los calabozos tras pasar más de 12 horas en los registros que han practicado los agentes de la Guardia Civil tanto en dos de sus empresas (Modas Rusini y FDM) como en su casa e incluso en el club de fútbol que presidió, el Olimpic de Xàtiva. No será hasta mañana cuando el ex presidente de la Diputación Provincial de Valencia declare ante el juez.

Esta misma noche, en cambio, ya han comenzado a desfilar por la Ciudad de la Justicia de Valencia algunos de los empresarios de la trama arrestados. No se descarta que cargos públicos puedan prestar declaración de manera inminente.

A última hora de la mañana de la tarde también se había confirmado la detención de David Serra, ex diputado del PP procesado en Gürtel en la causa que investiga la presunta financiación ilegal del PP. Serra también fue grabado aceptando dinero procedente de una supuesta comisión.

Rus ha abandonado su domicilio a primera hora de la tarde en compañía del Fiscal Anticorrupción y de agentes de la UCO camino de la sede de una de sus empresas, una fábrica de muebles custodiada por la Guardia Civil desde primera hora de la mañana que será ahora registrada. Al también ex alcalde de Xàtiva se le considera el epicentro de la trama.

La UCO también ha entrado en las oficinas del grupo popular en el Ayuntamiento de Valencia, donde los trabajadores están retenidos en una sala mientras se produce el registro. Además, ha sido detenida su secretaria, Mari Carmen García Fuster y la ex concejal popular María José Alcón, esposa del vicealcalde Alfonso Grau, juzgado por el caso Nóos. El portavoz municipal, Alfonso Novo, el asesor Luis Salom y una secretaria están en la lista de imputados.

Otro de los lugares donde la Guardia Civil ha practicado registros es el campo de La Murta, del Olimpic de Xàtiva, club de fútbol del que Rus fue presidente hasta el pasado mes de mayo. Uno de los ex presidentes, y vecino del ex alcalde, Antonio Camaño, ha sido citado a declarar.

En Valencia, desde primera hora hay agentes en la sede Ciegsa, la empresa pública encargada de la construcción de colegios que fue dirigida durante años por Caturla. La Intervención de la Generalitat ha detectado sobrecostes por más de 1.000 millones. También se busca documentación en Engloba, una empresa de comunicación.

En la localidad de Benigànim también se ha personado la UCO para registrar la empresa de uno de los dueños de la sede del PP al que, según se investiga, Rus pudo 'regar' con un contrato de 32 millones.

La investigación apunta directamente a la gestión de la ex alcaldesa de Valencia Rita Barberá -en la actualidad senadora territorial- o al ex presidente de la Diputación y del PP en esta provincia, Alfonso Rus, retirado de la política. También al ex conseller Gerardo Camps, en la actualidad diputado nacional del PP en el Congreso; o al ex diputado regional del PP, David Serra. Se investiga una presunta red internacional de pago de comisiones, organizada y jerarquizada, que mordía de contratos públicos revistiendo de legalidad numerosas adjudicaciones millonarias.

Según la información de la que dispone EL MUNDO, el juzgado también investiga presunta financiación ilegal del PP en Valencia. Al parecer, esta red se habría camuflado entre las administraciones aprovechando que durante años el foco mediático estuvo en Gürtel. Pasó inadvertida. Se investiga, además, si dirigentes locales del PP de Valencia cometieron un presunto delito de blanqueo de capitales.

En los registros están participando, además de los agentes de la Guardia Civil, dos de los tres delegados de la Fiscalía Anticorrupción en Valencia, los fiscales Pablo Ponce y Vicente Torres.

Según estas fuentes, no se descartan más detenciones en los próximas horas. Incluso algunos registros podrían durar hasta 48 horas. La operación la dirige el juzgado de Instrucción 18 de Valencia pero participan otros ocho juzgados más por la gravedad de los delitos que se investigan. Desde las nueve de la mañana nueve secretarios judiciales están desplegados por varios puntos de la Comunidad.

Todos los ex cargos públicos o empresarios arrestados están vinculados a la Generalitat, la Diputación o el Ayuntamiento de Valencia. Según esta información, algunos de los detenidos también están relacionados e investigados -término que sustituye al de imputado- en otras causas abiertas por corrupción.

La Fiscalía lleva desde julio de 2014 investigando estos hechos y la UCO se incorporó al caso en en noviembre de ese año. En abril de 2015 Anticorrupción elevó la denuncia a un juzgado y el magistrado Víctor Gómez, titular del juzgado número 18, asumió las pesquisas. En todo este tiempo los investigadores han contado con la colaboración de Marcos Benavent, el comisionista confeso y ex gerente de Imelsa, empresa pública de la Diputación y uno de los puntos de partida de la trama.

Benavent ha aportado abundante documentación a la causa y ha confesado multitud de delitos a cambio de una reducción de su pena. En todo este momento ha estado aislado y en permanente contacto con la Guardia Civil. En total ha declarado más de 30 horas ante la Guardia Civil.

El origen

En el origen de la operación se encuentran las más de 10 horas de grabaciones que la diputada provincial de Esquerra Unida, Rosa Pérez, entregó a la Fiscalía Anticorrupción de Valencia. Los audios los registró durante años Marcos Benavent y en ellos aparecerían multitud de cargos públicos contando billetes que podrían proceder del pago de comisiones. Incluso en una de ellas se escucha con claridad a Alfonso Rus contando billetes junto a Benavent.

También aparecen ex diputados regionales como David Serra, procesado en Gürtel, o ex cargos de la Diputación como Máximo Caturla.

Se investiga el supuesto amaño de macrocontratos de la Diputación como el plan provincial de leds (32 millones), el de césped artificial -cuyo gran beneficiado fue el actual propietario de la sede central del PP en la Comunidad, en la calle Quart de Valencia- o contrataciones de Imelsa.

Los proyectos bajo sospecha en el Ayuntamiento de Valencia son el de la reforma de las Torres de Quart, la Mostra de Cine -uno de los contratistas era el sobrino de Barberá, Enrique Sospedra Barberá-, o la reforma del puente de Serranos. También la adjudicación del espacio cultural de La Rambleta.

En todos estos proyectos ha participado la ex concejal de Cultura, María José Alcón, investigada por otro juzgado por presuntos delitos fiscales.

Alcón estuvo casada con Vicente Burgos, ex gerente de la Fundación Jaume II El Just. Burgos fichó a Benavent y le abrieron las puertas del Ayuntamiento. La actual pareja de Alcón es Alfonso Grau, ex alcalde procesado en Nóos por los pagos a Iñaki Urdangarin.

Alcón es una de las claves del caso. En 2011 perdió su acta de concejal pero en la anterior legislatura ejerció de asesora de la ex alcaldesa de Valencia. Alcón ocupaba el número 16 de la lista del PP en las municipales para Valencia pero renunció a su puesto tras publicarse parte de las comprometidas grabaciones.


http://www.elmundo.es/comunidad-valenciana/2016/01/26/56a5df8222601dd0448b4618.html

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