CASO ORIHUELA , SA

" Desconozco aún de que se me acusa "
(Dixit el susodicho sin ponerse ni siquiera colorado )

LORENTE CONTRATA CON CINCO FIRMAS DE FAMILIAS DEL PP

El equipo de gobierno local de Orihuela, en manos del PP con mayoría absoluta, contrata habitualmente con cinco empresas vinculadas a familiares de ediles populares. El total de esos contratos, según cálculos del Grupo Municipal Socialista, supera el millón de euros. La mayoría de las adjudicaciones se realizan la fórmula de "negociados sin publicidad".

Uno de los grupos empresariales beneficiados por esos contratos municipales está integrado por las mercantiles Ronis, Ronis-2 y Tesibel. Las tres mercantiles, según el PSPV, están participadas, de manera parcial o total, por Roberto Pertegaz, miembro de la ejecutiva local del PP oriolano y de la candidatura (en el número 16) de PP en las municipales de 2007. Pertegaz es cuñado de la edil de Cultura del PP, Pepa Ferrando. En la presente legislatura el grupo ha facturado unos 600.000 euros al Ayuntamiento.

La cuarta firma vinculada a familiares del PP es la empresa Construcciones Almarcha. Esta empresa es propiedad de Emilio Vicente Almarcha y el concejal del Juventud José Manuel Cutillas, del PP. La firma ha facturado unos 50.000 euros al consistorio. Uno de los contratos más polémicos fue la restauración del comedor del colegio público Vilar Palasí. La adjudicación es objeto de una investigación judicial por supuesto doble cobro de la empresa.

La quinta firma es la mercantil Bonsai Poll, de Jorge Lorente, hermano de la alcaldesa, Mónica Lorente. La mercantil ha facturado esta legislatura 500.000 euros. Esta firma también es objeto de investigación en el sumario del caso Brugal, que indaga, entre otros asuntos, la contrata de basura del municipio.

www.elpais.es 28.02.11

LOS JUECES MANTIENEN ACTIVOS 12 DE LOS 15 SUMARIOS DEL 'CASO ORIHUELA'

Las causas se abrieron en 2006 por una denuncia de la Fiscalía Anticorrupción

Los juzgados de Orihuela mantienen activos 12 de los 15 sumarios abiertos por supuestos delitos urbanísticos y contables en el Ayuntamiento de la ciudad, durante el mandato del ex alcalde José Manuel Medina, del PP. El dato está recogido en un informe remitido al consistorio por la defensa de Medina. El documento fue elaborado a petición expresa de la actual alcaldesa, Mónica Lorente, del PP.

Las diligencias están en fase de recabar pruebas documentales

Las diligencias que se siguen en las oficinas judiciales se derivan del desglose de la denuncia general presentada por la Fiscalía Anticorrupción de Alicante en marzo de 2006. Tres años y cuatro meses después, los jueces han archivado tres sumarios. Dos de las denuncias archivadas definitivamente son las relativas a concesiones de anticipos a cuenta a algunos concejales y supuestas irregularidades en la contratación del asesor de personal. La tercera se refería al sobrecoste de 5 millones de euros en la reforma de la glorieta de Gabriel Miró.

En este periodo ha habido un cuarto archivo, el relativo a las subvenciones del consistorio a la entidad Moros y Cristianos. La Audiencia tildó el sobreseimiento de "precipitado" y ordenó seguir la investigación.

Los jueces también han archivado el sumario principal contra el ex regidor Medina por los supuestos delitos de cohecho, prevariación y contra la ordenación del territorio. El fiscal anticorrupción, Felipe Briones, mantiene que Medina usó bienes (un chalé y dos lujosos turismos) propiedad de promotores beneficiados con adjudicaciones urbanísticas. El juez instructor decretó el sobreseimiento provisional de la denuncia al entender que no hay indicios de delito. No obstante, el fiscal ha presentado un recurso de apelación ante la Audiencia de Alicante. Para el acusador público, Medina incurrió en cohecho. El alto tribunal aún no ha resuelto la apelación de Anticorrupción. El informe de la defensa del ex alcalde popular de Orihuela José Manuel Medina sobre el estado de tramitación de las diligencias incoadas a raíz de la denuncia presentada por la Fiscalía Anticorrupción resalta un denominador común: la ausencia de imputados formales y también que prácticamente los jueces no han llamado a ningún funcionario o concejal del consistorio en calidad de testigo. La advertencia de esta parte es real dado el cansino ritmo de la instrucción de las distintas causas, prácticamente estancada en la fase preliminar de recabar pruebas documentales. No obstante, el fiscal anticorrupción, en su denuncia, puntualizó que los responsables penales últimos de las irregularidades eran los encargados de los distintos negociados municipales investigados.

El sumario cuya instrucción ha avanzado más en estos tres años es el que investiga la supuesta emisión de tres facturas falsas (por un total de 36.000 euros) emitidas por el secretario del Ayuntamiento, Alfonso Ramón Martínez Franco, en relación con la ejecución de unos vuelos fotogramétricos para el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU). Los trabajos fueron realizados por la mercantil Arquitectura, SL, propiedad de Santiago Rubio Moreda, yerno del secretario municipal. Ambos han declarado ya como imputados. El magistrado, el titular del Juzgado número 2, ha dictado ya el auto de transformación de las diligencias previas en procedimiento abreviado. El paso aboca a los dos imputados a las puertas de juicio oral, si no prospera el recurso que han presentado ante la Audiencia.

Del resto de sumario, al margen de la causa principal contra el ex alcalde de Orihuela José Manuel Medina, uno de los más destacados es el que investiga un supuesto pago ilegal de un extra de 180.000 euros por parte del Ayuntamiento a los trabajadores de la contrata de la basura, la mercantil Necso, además de la supuesta existencia de facturas falsas por importe total de 240.000 euros por trabajos no realizados. En este sumario ha declarado recientemente, en calidad de testigo, el ex gerente de la empresa Necso José Luis Pérez Maeso.

Otro sumario que permanece activo indaga supuestas irregularidades en la organización de conciertos municipales entre 1999-2003. Según el ex interventor de la corporación, no se ingresaron en la caja municipal las recaudaciones de los eventos. En ese periodo la concejal responsable del departamento era la actual alcaldesa, Mónica Lorente.

www.elpais.es 13.08.09

El fiscal sostiene que el ex alcalde de Orihuela cometió cohecho

Asegura que no ha probado la titularidad de un Audi A-8 y un Rolls Royce

La Fiscalía Anticorrupción de Alicante mantiene su acusación contra el ex alcalde de Orihuela, José Manuel Medina, del PP, por los supuestos delitos de cohecho y tráfico de influencias, vinculados con la adjudicación de programas urbanísticos a promotores. El titular, Felipe Briones, sitúa el tráfico de influencias en recalificaciones ilegales de suelo no urbanizable para construir viviendas y el cohecho en el uso por parte del ex regidor de bienes de empresarios beneficiados con adjudicaciones municipales. En este segundo apartado, Briones pone el acento en un Audi A-8 y un Rolls Royce, que Medina uso como propios, sin acreditar su titularidad.

Felipe Briones ha vertebrado en base a estas dos líneas el recurso de apelación que ha presentado ante la Audiencia de Alicante al auto de archivo provisional de la causa decretado por el titular del Juzgado número 4 de Orihuela, el magistrado Fernando Madrid Rodríguez. Al juez le bastó la declaración del ex alcalde para acordar el sobreseimiento provisional del sumario, el principal de los 16 en los que el fiscal desglosó su denuncia al Ayuntamiento por corrupción urbanística y contable.

Fernando Madrid Rodríguez archivó también provisionalmente otro sumario de esas 16 causas, el relacionado con las subvenciones del Ayuntamiento de Orihuela a la entidad Festera de Moros y Cristianos. No obstante, la Audiencia corrigió al juez por considerar "precipitado" el sobreseimiento. El tribunal provincial ha ordenado al instructor que reabra el sumario y practique las pruebas que solicitaba el fiscal.

En cuanto al Audi A-8, el fiscal mantiene que Medina lo pagó después de que se hiciera púbico que lo estaba usando como propio. "¿Qué lógica tiene el disfrute durante varios años de un coche sin abonarlo al concesionario? ¿Dónde está el documento de compraventa del vehículo y la cláusula que ampare el aplazamiento de su pago y hasta cuándo? Nada de ello se ha aportado a la causa", recoge el recurso del fiscal.

Y respecto al Rolls Royce, el fiscal rechaza la tesis de Medina de que se lo pedía ocasionalmente al propietario, un promotor local, para bodas. "Qué derecho ostentaba Medina a prestarlo para las bodas si no era suyo? ¿O más bien, Medina disponía del Rolls Royce como si fuera de su propiedad, mientras su amigo fue quien pagó el precio y pagaba los impuestos", se pregunta el fiscal.

www.elpais.es 02.07.09

Anticorrupción reactiva en Orihuela el caso de las ayudas a Moros y Cristianos

El fiscal anticorrupción de Alicante, Felipe Briones, ha remitido al juez nueva documentación sobre una de las causas del denominado caso Orihuela, en concreto la que investiga supuestas irregularidades en las subvenciones del Consistorio a la entidad festera local de Moros y Cristianos. En esas diligencias estaba imputado Antonio Franco, ex concejal del PP de Orihuela y presidente de la entidad festera. Las irregularidades en la justificación de esas ayudas municipales (600.000 euros en diez años) integran una de las 16 causas en las que la Fiscalía Anticorrupción de Alicante desglosó su denuncia general contra el Ayuntamiento oriolano por otras tantas ilegalidades en su gestión urbanística y contable. La causa ha sido sobreseída provisionalmente por el juez instructor, aunque el fiscal ha recurrido el archivo.

La documentación remitida es el acta de una reunión de una comparsa en la que el tesorero asegura que Franco le pidió facturas para justificar 6.000 euros de las subvenciones otorgadas por el Consistorio a la entidad festera. El documento está incorporado en un litigio civil que se sigue en el Juzgado de Primera Instancia número 7 de Orihuela.

El acta refiere a la asamblea de la comparsa Moros Beduinos de Orihuela del 10 de diciembre de 2008. En ruegos y preguntas, el documento recoge: "Recordó

[José Luis Bas, presidente y tesorero de la comparsa] que durante su mandato el presidente de la Junta Central, Antonio Franco, le había pedido que firmara por haber recibido en dos años 6.000 euros para tener facturas con las que justificar las subvenciones recibidas del Ayuntamiento, y que lo había hecho sin ningún problema y sin contar con la junta directiva".

Tras difundirse ese documento en este periódico, el presidente de la comparsa presentó una denuncia en el juzgado contra Franco por amenazas para que desistiera de llevarlo al fiscal anticorrupción. El denunciante mantiene que el ex edil, en una conversación telefónica grabada, le hizo responsable de la información: "Y para perjudicarme va a publicar en los periódicos, por mediación de un concejal, asuntos internos que solamente él conoce cuando fue concejal de Personal del Ayuntamiento". Y añade que de la conversación también dedujo que Franco le estaba "conminando" a que desistiera de presentar la documentación al fiscal.

www.elpais.es 22.03.09

LA DECLARACIÓN DEL EX ALCALDE BASTA AL JUEZ PARA ARCHIVAR EL 'CASO ORIHUELA' 

El juez ha decretado el archivo provisional de la causa principal de la Fiscalía Anticorrupción de Alicante contra José Manuel Medina, ex alcalde de Orihuela, del PP, por el uso de bienes (un Rolls Royce, un Audi A-8 y un chalé) propiedad de promotores beneficiados con adjudicaciones urbanísticas. El magistrado Fernando Madrid Rodríguez, titular del juzgado número 4 de Orihuela, no ve delito en los hechos denunciados y no cree que recibiera esos bienes como "dádivas" por las adjudicaciones. 

El juez decidió sobreseer provisionalmente la causa sólo con la declaración del ex alcalde y sin admitir la práctica de pruebas solicitadas por la acusación pública y la popular. Ambas partes, a la espera de conocer en detalle el auto de archivo han anunciado su intención de apelar ante la Audiencia de Alicante. Por su parte, el ex alcalde Medina señaló: "[El auto] deja claro que a mí nadie me ha regalado nada, ni he cometido ninguna ilegalidad urbanística, como he mantenido en los últimos tres años". "Por tanto, denme de baja en la lista de supuestos corruptos", añadió. 

El Rolls Royce y el chalé (una lujosa vivienda en la playa de Orihuela) son propiedad de Joaquín Grau Pomares. Este promotor logró la recalificación de unos 2 millones de metros cuadrados en la partida de las Asomadas, para construir 2.000 viviendas. Mientras, Medina adquirió el Audi A-8 a un concesionario, propiedad del promotor Francisco Marcos Ferrer. El Ayuntamiento también recalificó a este empresario un terreno de 250.000 metros cuadrados para levantar un centro comercial. En su denuncia, el fiscal Anticorrupción de Alicante, Felipe Briones, mantiene que Medina recibió el Rolls y usó el chalé como consecuencia de las adjudicaciones. Respecto al Audi A-8, Briones sostiene que el ex regidor acabó de pagarlo después de que la Fiscalía abriera la investigación. 

El juez rechaza, en cambio, la acusación. Respecto al Audi A-8, valorado en 38.000 euros, asegura que "ha justificado documentalmente su adquisición y pago conforme a mercado". El magistrado tampoco ve elemento incriminatorio respecto al Rolls. "Medina ha reconocido haberlo utilizado, pero de forma puntual, para llevar a las novias en bodas, o tenerlo a su cuidado por su condición de aficionado a los vehículos antiguos y a la mecánica. No existe elemento probatorio de que lo tuviera a su disposición como si fuera propio", recoge el auto. 

En cuanto al chalé, el juez considera que Medina ha aportado documentos acreditativos del pago de la renta por su arrendamiento a razón de 604 euros mensuales. "Por lo que también quedan desvirtuadas las imputaciones de que el imputado estuviera disfrutando el bien sin pagar renta", puntualiza el auto. 

El juez tampoco aprecia indicios penales en el supuesto delito relativo a la ordenación del territorio derivado de la recalificación de suelo protegido para edificar. El magistrado señala que el Ayuntamiento se limitó a modificar las normas urbanísticas, "sin que conste que actuara a sabiendas de su ilegalidad, ni siquiera consta la ilegalidad del procedimiento", subraya el juez. "Tampoco se autorizó la edificación sobre suelo de especial protección", añade. 

Este archivo eleva a cuatro los sobreseimientos del total de 16 causas en los que la Fiscalía n desglosó su denuncia contra el consistorio oriolano. Los tres primeros hacen referencia a mandamientos de pagos sin facturas, el sobrecoste de las obras de la Glorieta y las subvenciones, también sin facturas justificativas, a una asociación festera local. 

(www.elpais.com, 12/11/08)

La causa del chalé y el Rolls de Medina lleva 18 meses de retraso

El juzgado, con cambio de titular, no ha practicado las pruebas del fiscal

Estalló como el paradigma de la corrupción municipal en el ámbito de la Comunidad Valenciana. La Fiscalía Anticorrupción de Alicante, que dirige Felipe Briones, presentó en marzo de 2006 una denuncia general, desglosada en 16 causas, contra el Ayuntamiento de Orihuela por supuestos delitos de corrupción derivados de la gestión urbanística y contable del Consistorio, en manos del PP desde 1986. La causa principal de la denuncia iba dirigida contra el ex alcalde, José Manuel Medina, por el uso de bienes (un lujoso chalé en la costa oriolana y dos llamativos coches, un Rolls Royce y un Audi A-8) propiedad de promotores beneficiados con adjudicaciones municipales de planes urbanísticos. Este sumario lo instruye el Juzgado número 4 de la localidad, que no ha practicado las nuevas pruebas solicitadas por el fiscal un año y medio después del interrogatorio, en calidad de imputado, al entonces todavía primer edil.

Las nuevas pruebas que solicitó el representante del ministerio público estaban relacionadas con los plantes urbanísticos del municipio, y especialmente con las calificaciones de suelos tipificadas en el planeamiento urbano vigente cuando se hicieron las adjudicaciones. El fiscal sostiene que algunos de esos planes afectaban a suelo no urbanizable de especial protección. En este supuesto se encuentra el PAI de las Asomadas, adjudicado al promotor Joaquín Grau Pomares. Este empresario es el propietario de un lujoso chalé en la costa de oriolana en el que vive José Manuel Medina y también el dueño de un Rolls Royce utilizado habitualmente por el alcalde. La acusación pública también pidió la práctica de otras pruebas, entre ellas el contrato de alquiler del chalé y la documentación para acreditar la propiedad del elitista turismo. Ninguna de esas pruebas se ha practicado un año y medio después, según han confirmado a esta redacción fuentes del caso.

El Juzgado número 4 también ha sufrido un cambio de titular en plena investigación del llamado caso Orihuela. La investigación la inició la magistrada Lidia María Paloma Montaño. Sin embargo, hace diez meses ésta pidió el cambio y su plaza ha sido ocupada por el juez Fernando Madrid.

Las 15 causas restantes de la Fiscalía Anticorrupción tampoco han tenido más éxito por lo que respecta al avance de su instrucción. Los jueces se han limitado a las pruebas preliminares, entre ellas, el interrogatorio del testigo de cargo del fiscal, el ex interventor de la Corporación, José Manuel Espinosa. www.elpais.es 27.03.08

El análisis de las grabaciones frena el avance judicial del 'caso Fenoll'

La policía lleva cinco meses trabajando y aún no ha clasificado todo el material

Hace cinco meses el Juzgado de Instrucción Número 3 de Orihuela ordenó el encarcelamiento del empresario Ángel Fenoll, de su hijo, que tiene su mismo nombre, y del gerente de su firma matriz y concejal del PP en Albatera, Javier Bru. Los tres fueron puestos en libertad 26 días después, pese a los cargos de extorsión, cohecho y tráfico de influencias que pesan sobre ellos. Cinco meses después el caso no avanza. ¿Por qué?

  • Existen decenas de conversaciones interrelacionadas todas ellas entre sí

  • Ordenar y clasificar todo el material resulta muy difícil para la policía

Fuentes judiciales aseguran que la aparente paralización del caso Fenoll se debe a la ingente cantidad de grabaciones ilícitas presuntamente realizadas a instancias del industrial. La Brigada de Delitos Económicos de la comisaría de Alicante incautó en el domicilio del empresario y en la sede de su firma Colsur, SL, en Orihuela, decenas de conversaciones grabadas que todavía no han sido transcritas en su totalidad ni, en consecuencia, remitidas a la juez instructora del caso. "Hay mucho material, con múltiples interrelaciones", señalan estas fuentes, que justifican el retraso con que avanza el caso por "la dificultad que entraña ordenar y clasificar todo el material para encauzar la investigación".

El caso Fenoll es la operación más espectacular de la Fiscalía Anticorrupción de Alicante para desentrañar la trama de corrupción político-empresarial existente en la comarca de La Vega Baja. En la punta de la pirámide se sitúa el industrial murciano Ángel Fenoll, rey del monopolio de las contratas de basuras en la zona, y primer imputado en la investigación que dirige la magistrada Nuria Soler, titular del Juzgado Número 3 de Orihuela, con el fiscal anticorrupción, Felipe Briones, empujando. Pese a ello, la causa está blindada bajo la losa del secreto del sumario. Nada ha trascendido, salvo los dos episodios más mediáticos de la operación: El encarcelamiento del empresario, su hijo y el gerente de la empresa, y su puesta en libertad. Después de eso, el silencio.

La investigación judicial comenzó a raíz de una denuncia de la Fiscalía Anticorrupción de Alicante. El representante del Ministerio Público apreció presuntos delitos de extorsión, cohecho y tráfico de influencias en una conversación grabada entre el industrial Fenoll y el portavoz del Centro Liberal en el Ayuntamiento de Orihuela, Jesús Ferrández.

En la cinta, difundida por el empresario en marzo de 2006, el concejal revela a Fenoll un supuesto intento de soborno de una de las empresas aspirantes a la contrata de la basura de Orihuela, la mercantil Urbaser. Ferrández comenta en la cinta que los intermediarios de los supuestos pagos ilegales por la adjudicación son el Papeles, alías del empresario José Antonio Rodríguez Belmonte, dueño de la promotora San Antonio, y su abogado, el urbanista José Vicente Escudero.

La grabación también recoge alusiones al plan zonal de residuos sólidos para la comarca de La Vega Baja, proyecto dependiente de la Diputación de Alicante. El concejal refiere al industrial que lo que verdaderamente "interesa" a Urbaser es el plan zonal.

La juez también investiga, como consecuencia del interrogatorio a los detenidos, la financiación de la campaña electoral del PP u otros partidos. En determinados pasajes de la comparecencia de Fenoll y Bru ante la magistrada el fiscal formuló preguntas directas al empresario sobre si éste había ayudado económicamente a la campaña electoral y si había ofrecido cantidades de dinero por la adjudicación de las dos plantas de basuras que la Diputación de Alicante prevé ubicar en La Vega Baja, donde Fenoll explota ya de manera irregular dos vertederos.

Aparte de las declaraciones de los detenidos, la única diligencia que ha practicado el juzgado ha sido la solicitud al Ayuntamiento de Orihuela de la declaración de bienes del ex portavoz del Centro Liberal, Jesús Fernández.

Bloqueada la contrata de las basuras

El mismo bloqueo que atenaza a la investigación judicial, en este caso por las dificultades técnicas para peinar las grabaciones, atraviesa en Orihuela el trámite para la adjudicación de la nueva contrata de basura del municipio, que motivó el inicio de las diligencias. La anterior corporación, presidida por el ex alcalde José Manuel Medina, del PP, aparcó el proceso a raíz del escándalo del supuesto soborno. El ex regidor, debido a la presión política y, sobre todo, a la escisión de su grupo, fue incapaz de sacar adelante la primera propuesta de la mesa de contratación municipal que otorgaba la mejor puntuación a la oferta de Urbaser. La de Fenoll quedó en tercer lugar.

La nueva corporación surgida de las urnas el 27 de mayo tampoco ha desbloqueado el proceso. La actual alcaldesa, Mónica Lorente, también del PP, que se opuso a la iniciativa de Medina de dar la contrata a Urbaser, pugna ahora por declarar desierto el concurso y redactar un nuevo pliego de condiciones. En su decisión, la regidora se ha topado con el boicot de la oposición que ha pedido un pleno extraordinario para adjudicar la contrata a Urbaser. No obstante, Lorente sorteará la demanda de la oposición, gracias a la mayoría absoluta que dispone. El grupo popular está más cohesionado alrededor de la alcaldesa, que en el caso del ex primer edil José Manuel Medina, salvo las excepciones de las concejales Araceli Vilella y Eva Ortiz. Pero podría permitirse la fuga esas dos ediles y aún sacar adelante su propuesta merced a su voto de calidad. La alcaldesa no ha fijado fecha para la celebración del pleno.

www.elpais.es 22.10.07

El ex interventor de Orihuela atribuye el dinero que se llevó a "préstamos"

El ex interventor del Ayuntamiento de Orihuela, José Manuel Espinosa, acudió a declarar como imputado por un presunto delito de malversación de caudales públicos. Espinosa atribuyó los 30.000 euros con los que en 2005 se fue a Zaragoza antes de confesar irregularidades en el Ayuntamiento a "préstamos" personales. El ex interventor declaró también sobre la emisión de facturas por intereses de demora a dos empresas proveedoras del Ayuntamiento. Según su abogado, los pagos están contemplados en la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

La investigación se inició después de que el ex interventor confesara en 2005 en una comisaría de Zaragoza haberse apropiado de dinero de las arcas municipales, aunque su abogado, José Luis Bernabé, aseguró ayer que ese dinero "nunca salió del Consistorio" y que correspondía a un préstamo personal otorgado por una de las empresas imputadas.

El ex interventor prestó ayer declaración durante unos 40 minutos y, al finalizar, salió por la puerta de atrás del Palacio de Justicia para evitar a los medios de comunicación. También estaban citados a declarar los responsables de dos empresas proveedoras del Ayuntamiento, beneficiarias de las supuestas facturas irregulares, pero no acudieron al no haber sido localizadas.

Tras la comparecencia de Espinosa, el abogado del ex interventor, José Luis Bernabé, explicó a Efe que el Consistorio emitió a las citadas empresas facturas por los trabajos realizados y por los intereses de demora correspondientes a los atrasos en los pagos, algo que, según matizó, no era "doble facturación". El abogado recordó que la fórmula de pago de intereses de demora, cuyo objetivo es que "los proveedores puedan cobrar" y agilizar los pagos, había sido propuesta por el propio ex interventor y que está contemplada en la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. "Estas facturas eran contabilizadas", resaltó Bernabé, quien destacó que él desconoce si "se pagaban o no".

En esta causa están personadas, junto al Ayuntamiento de Orihuela, las entidades bancarias Caja Mediterráneo (CAM) y Caja Rural. El letrado explicó que las dos empresas imputadas habían solicitado pólizas de crédito a las citadas entidades mediante certificaciones de pago del Ayuntamiento, mientras éste no pagaba el dinero correspondiente a los trabajos. Los créditos corresponden a cantidades superiores a 60.000 euros que ambas entidades no han cobrado, por lo que reclamaron por la vía de lo contencioso-administrativo que el Consistorio se hiciera cargo del pago. "Las cajas buscan la responsabilidad civil del Ayuntamiento", explicó Bernabé, quien aseguró desconocer por qué el Ayuntamiento se niega a pagar.

La acusación pública la ejerce el fiscal Anticorrupción, Felipe Briones, que también mantiene abiertas otras seis denuncias contra el Ayuntamiento por supuestas irregularidades urbanísticas y contables.

EL PAÍS - Alicante - 15/09/2007

EL EX INTERVENTOR DE ORIHUELA ASEGURA QUE AVISÓ A UNA CONCEJALA DEL PP DE POSIBLES ANOMALÍAS 

El ex interventor del Ayuntamiento de Orihuela José Manuel Espinosa afirmó ayer que la concejal de Urbanismo, Eva Ortiz (PP), fue avisada de las presuntas «irregularidades administrativas» por la emisión de tres facturas del consistorio de unos 12.000 euros cada una. Espinosa declaró como testigo en el juzgado de instrucción número 2 de Orihuela en relación con esta causa, una de las dieciséis abiertas que investiga el fiscal Anticorrupción de Alicante, Felipe Briones, sobre supuestas anomalías contables y urbanísticas en el ayuntamiento. También declararon como testigos el portavoz socialista expulsado del PSPV, Francisco García Ortuño, y el de Los Verdes, Monserrate Guillén.

Las facturas fueron emitidas por la realización de supuestos vuelos fotogramétricos sobre tres pedanías del término oriolano. Se pretendía que los planos sirvieran para la revisión del PGOU, trabajos solicitados, al parecer, por el secretario municipal, Alfonso Martínez. El ex interventor comentó que las facturas llevaban la firma de la edil de Urbanismo y que ésta fue avisada de la existencia de «ciertas irregularidades administrativas» en relación con ellas, que debían ser resueltas. Según Espinosa, la concejal le respondió que no se preocupara porque ella hablaría con el secretario municipal para que se subsanaran esas presuntas irregularidades. «Ya no supe más de las facturas y hasta que me fui no fueron pagadas», señaló.  

Guillén aseguró que no vio «ninguna factura» y que fue el ex interventor municipal quien dijo que existían y que estaban firmadas por la edil de Urbanismo. «Desconozco si las facturas fueron pagadas», aunque su emisión podría vulnerar la ley de contratos, porque es «una ilegalidad fraccionarlas para no tener que sacar» el servicio a concurso, indicó. El portavoz de Los Verdes también declaró sobre la legalización de viviendas construidas «de forma irregular y permitidas por el ayuntamiento» en terreno agrícola no urbanizable. Según Guillén, «se dejaba de actuar durante algunos años y las viviendas resultaban legalizadas con informes favorables del secretario municipal y con los emitidos desde el estudio de arquitectura de su yerno». García Ortuño acusó al secretario de haber actuado en connivencia con su yerno y promotores en varios planes parciales del PGOU del municipio (www.levante-emv.com, 22/03/07)

EL ALCALDE DE ORIHUELA NOMBRA A UN MAGISTRADO CABALLERO CUBIERTO 

El alcalde de Orihuela, José Manuel Medina, del PP, imputado por corrupción, ha propuesto al magistrado Julio Calvet Botella, para el cargo de Caballero Cubierto, máximo exponente de la Semana Santa oriolana. El nombramiento fue ratificado por el pleno de la corporación celebrado el martes, con los votos a favor del Grupo Popular, del Centro Liberal y del concejal del PSPV, Antonio García. Los tres ediles ex socialistas se abstuvieron, mientras el edil de Los Verdes, Monserrate Guillén, abandonó la sesión cuando iba a debatirse ese punto.

El magistrado Calvet, natural de Orihuela, preside desde diciembre de 2006 la sección 9ª de la Audiencia de Alicante, con sede en Elche. Esta sala es la que por razones de ámbito territorial ve los recursos de apelación que se planteen a cualquier resolución o sentencia de los juzgados de la demarcación de Orihuela. El magistrado fue juez de primera instancia en Orihuela y de lo Social en Alicante. El cargo de Caballero Cubierto es el más relevante de la procesión del Santo Entierro y, además, goza del privilegio de ser la única persona que puede cruzar la catedral sin descubrirse. 

El concejal Francisco García Ortuño ha cuestionado la elección del alcalde: "Medina elige a un magistrado en el peor momento, dada su actual situación jurídica, con 16 causas abiertas en los juzgados por supuestos casos de corrupción, y tres imputaciones ya en firme", explicó. "Además, se trata de un magistrado nítidamente conservador", añadió. 

La secretaria general del PSPV de Orihuela y candidata a la alcaldía, Antonia Moreno, pese a reconocer los méritos de Calvet también cuestionó la decisión de Medina: "Más por estética que por ética", puntualizó. En el mismo sentido se ha pronunciado el ex edil del Centro Liberal, Enrique Luca, quien resaltó la "inoportunidad" del nombramiento debido a los "procesos judiciales en los que está inmerso el alcalde". 

Por otro lado, el PSPV de Orihuela presentó ayer un recurso de reposición contra el acuerdo del pleno del Consistorio del pasado 13 de febrero en el que se aprobó la urbanización de la Cala Mosca, último tramo virgen de la costa oriolana. El proyecto, que prevé la construcción de 1.700 nuevas casas, fue adjudicado al contratista Esteban Gomendio, empresario integrado en el consejo de la TV local Canal 34, afín a los postulados del PP. 

Para la candidata socialista a la alcaldía, Antonia Moreno, el acuerdo del pleno "es nulo de pleno derecho, ya que el proyecto ha sido adjudicado sin que el promotor haya adjuntado el preceptivo estudio de impacto ambiental". "Además, la futura urbanización es una salvajada urbanística. Lo lógico sería negociar con el empresario la liberación de ese suelo para el disfrute de los ciudadanos", añade. 

Medina adjudica en la costa de Orihuela 1.000 viviendas a un promotor afín al PP

El Ayuntamiento de Orihuela, gobernado por el PP, ha culminado el expediente para la urbanización del último tramo de la costa aún a salvo de las edificaciones, la cala de la Mosca. El programa prevé 1.000 viviendas e incluye un puerto deportivo, pendiente de su autorización por la Dirección General de Costa. El proyecto será adjudicado al contratista Esteban Gomendio, miembro del consejo de la TV local Canal 34, afín al PP. El promotor también es socio del empresario Joaquín Grau Pomares, propietario del chalé y del Rolls que usa el alcalde, José Manuel Medina.

El programa urbanístico que se pretende ejecutar en la playa de Orihuela, a la altura de la cala de la Mosca, será llevado al pleno de la corporación el próximo martes para su aprobación provisional. El plan ocupará un total de 462.000 metros cuadrados, de los cuales 260.000 serán edificables para levantar 1.000 viviendas. La iniciativa incluye un puerto deportivo y pese a que el proyecto aún no ha sido autorizado por la Dirección General de Costas, el promotor recoge la instalación en los folletos publicitarios para promocionar la futura urbanización.

El programa urbanístico será adjudicado a la Agrupación de Interés Urbanístico Grupo Gomendio, del empresario Esteban Gomendio López de Asiain. Este promotor integra el consejo de administración de la TV local Canal 34, medio de comunicación afín al PP. Gomendio López es, además, socio del promotor Joaquín Grau Pomares. Este empresario es el propietario de un chalé en la costa de Orihuela en el que vive, en régimen de alquiler, el alcalde Orihuela y también del Rolls Royce que usa el regidor.

El uso de esos bienes por parte de Medina es la espina dorsal de la denuncia del Fiscal anticorrupción de Alicante contra el Consistorio oriolano. La imputación del alcalde en esa causa le abocó el pasado mes de septiembre a renunciar a la reelección en el cargo en los comicios municipales del próximo mes de mayo.

La oposición califica la iniciativa de "aberración porque supone urbanizar el último tramo virgen el litoral oriolano, sin que haya demanda para nuevas viviendas", en palabras del edil de los Verdes, Monserrate Guillén. Mientras, el concejal Francisco García Ortuño, apunta hacia un "pelotazo urbanístico", "ya que son claras las relaciones entre el promotor Gomendio y el PP". "El plan estaba paralizado desde 2002 y precisamente se reactiva unos meses después de que el alcalde anuncie que no opta a la reelección por sus imputaciones judiciales", añade García Ortuño.

Por su parte, la concejal de Urbanismo, Eva Ortiz, rechazó las acusaciones de la oposición y defendió la legalidad del programa urbanístico. "Es un proyecto incluido en Plan General de Ordenación urbana desde 1998, y se trata de la segunda fase de un sector, cuya primera fase ya está ejecutada", afirmó la edil. "No es cierto que el proyecto haya estado paralizado y, ahora, se haya retomado. La propuesta entró en el Ayuntamiento en 2003 y no se le ha dado el visto bueno hasta que no hemos contado con todos los informes favorables de los técnicos, tanto del Ayuntamiento como de otras administraciones", añadió.

La edil evitó pronunciarse sobre el proyecto de puerto deportivo que el promotor incluye en el programa. "No es una competencia municipal, hasta el punto que hemos obligado al urbanizador a que elimine cualquier referencia a ese proyecto [el puerto deportivo] en la propuesta que ha presentado al Ayuntamiento", añadió la concejal. www.elpais.es  26.01.07

El alcalde de Orihuela niega a la juez que haya pagado facturas falsas, pero no aporta pruebas documentales

El alcalde de Orihuela, José Manuel Medina, del PP, negó ayer ante la juez que haya pagado facturas falsas por supuestos trabajos no realizados por la firma Necso (concesionaria del servicio de basura del municipio), y también rechazó "cualquier ilegalidad" en el abono de una paga extra a los empleados de esa empresa para evitar una huelga. No obstante, según fuentes judiciales, el primer edil no aportó en su comparencia pruebas documentales. Medina, según esas fuentes, se comprometió ante la magistrada a remitirle en breve toda la documentación para probar la legalidad de la gestión municipal en ambos casos.

El regidor compareció en calidad de imputado por los delitos de falsedad, prevaricación y malversación de caudales públicos ante la titular del Juzgado número 3 de Orihuela. Esa oficina judicial instruye tres de las 15 causas en las que la Fiscalía Anticorrupción de Alicante ha desglosado su denuncia general por ilegalidades en la gestión urbanística y contable en el Consistorio oriolano. Medina está, además, imputado en la causa principal de la denuncia que investiga el uso por parte del primer edil de bienes -entre ellos un chalé y un Rolls Royce- propiedad de promotores beneficiados con adjudicaciones urbanísticas.

El Juzgado número 3 investiga las facturas por valor de 240.000 euros presentadas a cobro por parte de la mercantil Necso, por un supuesto lucro cesante, y también el abono, mediante decreto de la alcaldía, de un extra de 180.000 euros a la plantilla de esa empresa en la Navidad de 2004 para evitar una huelga.

El fiscal anticorrupción de Alicante basa sendas acusaciones en la denuncia del ex interventor de la corporación, José Manuel Espinosa. El funcionario, testigo de cargo del ministerio público, asegura que "vio las facturas falsas", y que el alcalde abonó la paga extra, con los informes en contra de los técnicos.A la salida del juzgado, Medina dijo que las "facturas de Necso corresponden a trabajos realizados" y que abonó la extra "porque la obligación del alcalde es procurar que la basura no esté en la calle molestando". www.elpais.es 24.01.07

El juez imputa al alcalde de Orihuela por el caso de las facturas falsas

Los juzgados de Orihuela han acordado dos nuevas imputaciones al alcalde de la localidad, José Manuel Medina, del PP, derivadas de la denuncia general de la Fiscalía Anticorrupción de Alicante al Consistorio por corrupción urbanística y contable. El titular del Juzgado número 3 ha citado al regidor, como imputado por los supuestos delitos de falsedad y prevaricación, relacionados con el caso de las facturas falsas presentadas a cobro por la firma Necso (adjudicataria del servicio de basuras del municipio) por un importe de 240.000 euros y por el pago de un extra de 180.000 euros a los operarios de esa empresa para evitar una huelga en la Navidad de 2004.

José Manuel Medina está, además, imputado en la causa principal de la denuncia de la fiscalía que investiga el uso por parte del primer edil de bienes -un Rolls Royce y un chalé- propiedad de promotores locales beneficiados con adjudicaciones urbanísticas en suelo no urbanizable. Medina ya declaró en este sumario el pasado mes de agosto y admitió ante la juez, la titular del Juzgado número 4, que vivía en el chalé del promotor y que conducía el lujoso turismo del empresario.

A los pocos días de su paso por el juzgado, Medina, en la alcaldía de Orihuela desde 1996, anunció que no optaba a la reelección al cargo en los comicios municipales del próximo mes de mayo. Además del acoso judicial, en la actitud del regidor pesó la decisión del presidente regional del PP, Francisco Camps, de retirarle su apoyo.

Las dos nuevas imputaciones a Medina -el juez está pendiente de la agenda del fiscal para fijar la fecha de la comparecencia en el juzgado del alcalde- forman parte de las 15 causas en el las que el fiscal anticorrupción desglosó su denuncia general contra el Ayuntamiento. El juez ya ha interrogado por estos supuestos hechos delictivos al ex interventor de la corporación, José Manuel Espinosa. El funcionario es el testigo de cargo en la denuncia de la Fiscalía.

En su declaración ante el magistrado José Manuel Espinosa aseguró que la firma Necso presentó a cobro, basándose en un supuesto lucro cesante, tres facturas por un importe de unos 240.000 euros. "Yo vi las facturas", aseveró el ex interventor. Según el funcionario, la sociedad presentó las facturas en mayo de 2002, cuando el Ayuntamiento se planteó la retirada de la adjudicación de la contrata para unificar el servicio de basuras del casco urbano y la playa.El funcionario también declaro ante el juez que el alcalde pagó, mediante decreto, en diciembre de 2004, un extra de 180.000 euros a la plantilla de Necso para evitar una huelga.El ex interventor mantiene que Medina ejecutó el abono de las cantidades, pese a que los beneficiados no guardaban ninguna relación laboral con la corporación y en contra del criterio de los técnicos del área económica. www.elpais.es  09.01.07

EL ALCALDE DE ORIHUELA, ACUSADO DE CORRUPCIÓN, NO OPTARÁ AL CARGO  

José Manuel Medina, alcalde de Orihuela, del PP, anunció ayer que no optará a revalidar el cargo en los comicios municipales de mayo de 2007. La decisión del regidor, en el puesto desde 1996 y en la actualidad imputado por corrupción, se produce tras constatar que ya no cuenta con el respaldo del presidente regional del PP, Francisco Camps. Éste cuestionó su apoyo a Medina a raíz de que el alcalde admitiese ante la juez que vive en un lujoso chalé y conduce un Rolls Royce propiedad de un contratista local beneficiado con adjudicaciones urbanísticas.

El uso de bienes particulares de promotores por parte del alcalde es una de las 16 causas en las que el fiscal anticorrupción de Alicante, Felipe Briones, ha desglosado la denuncia general por otros tantos supuestos hechos delictivos derivados de la gestión urbanística y contable en el consistorio oriolano.

José Manuel Medina anunció ayer en conferencia de prensa su decisión de no optar a la reelección, justo una jornada después de que otro juzgado iniciase las diligencias por dos de las denuncias subsidiarias del fiscal: el sobrecoste de 3,5 millones en las obras de una plaza y la ausencia de justificantes de la recaudación por taquilla de los eventos municipales. En ambos sumarios, el testigo de cargo del fiscal, el ex interventor de la corporación, José Manuel Espinosa, se ratificó en sus denuncias.

El alcalde de Orihuela justificó su renuncia a presentarse a la reelección como candidato del PP a la alcaldía en el, en su opinión, empeño del fiscal por mantener abiertas las causas judiciales, "al menos hasta el mes de mayo", puntualizó. "Va a llegar el mes de mayo con 160 causas más, porque éste [el fiscal] no va a consentir que se sobresea o archive ninguna de las denuncias", argumentó el regidor. El alcalde lamentó que el ministerio público haya recurrido el archivo de unas de las denuncias decretado por el juez el pasado julio.

"Ante esta evidencia", prosiguió Medina, "y con independencia de lo que decidiera el partido, no estoy disponible para ser candidato". El alcalde subrayó que a partir de mayo se va a dedicar con todas sus posibilidades a limpiar su nombre.

Aparte del acoso judicial, Medina también ha perdido el respaldo del presidente regional del PP y jefe del Gobierno valenciano, Francisco Camps. El alcalde se había alineado con este sector interno de los populares valencianos que pugna con el colectivo zaplanista [afines al portavoz del PP en el Congreso de los Diputados, Eduardo Zaplana] por el control de la organización. El cambio de actitud de Camps se produjo el 30 de agosto, un día después de la comparencia de Medina ante la juez. "Tomaré la decisión que habrá que tomar y seguro que coincide con lo que ustedes [los periodistas] piensan", dijo Camps al ser preguntado por la imputación de Medina.www.elpais.es 23.09.06

El ex interventor declara que Medina pagó 3,5 millones de más por una obra  

José Manuel Espinosa, ex interventor del Ayuntamiento de Orihuela, declaró ayer ante la juez que el alcalde, José Manuel Medina, del PP, pagó 3,5 millones de euros de más por las obras de la plaza de la Glorieta Gabriel Miró. El funcionario, testigo de cargo del fiscal anticorrupción, compareció en el Juzgado número 6, que instruye dos de las 15 denuncias secundarias de la Fiscalía contra el Consistorio Oriolano. La magistrada también interrogó, como testigos, a los portavoces del PSPV y Los Verdes, Francisco García Ortuño y Monserrate Guillén.María Teresa Martínez Soto, titular del Juzgado número 6 de Orihuela, inició ayer las diligencias de dos de las 15 causas secundarias de la Fiscalía Anticorrupción de Alicante por ilegalidades urbanísticas y contables en el Ayuntamiento. Esta oficina instruye las denuncias relativas al sobrecoste en las obras de remodelación de la plaza de la Glorieta Gabriel Miró e irregularidades contables en el patrocinio y recaudación en taquilla de los eventos culturales, deportivos y musicales de las distintas concejalías. Al interrogatorio de los tres testigos asistió el fiscal anticorrupción de Alicante, Felipe Briones.Las obras de la Glorieta Gabriel Miró las ejecutó la promotora Doalco, del empresario local afín al PP Domingo Alcocer. El Ayuntamiento, de acuerdo con las certificaciones de obras aprobadas, abonó un total de 5,3 millones de euros, cuando la adjudicación inicial fue de 1,8 millones.

El ex interventor ratificó ante la juez su primitiva declaración al fiscal anticorrupción. Espinosa subrayó que, "por indicaciones del alcalde el proyecto sufrió varios reformados que por su volumen no eran una modificación, sino un nuevo proyecto, extremo que hubiera precisado la paralización de las obras y proceder a una nueva licitación", puntualizó. "Además, los nuevos sobrecostes del proyecto carecían de consignación presupuestaria", añadió. El funcionario responsabilizó al alcalde del sobrecoste: "Iba cambiando el proyecto a su criterio y a pie de obra", dijo.

Los portavoces de los grupos municipales del PSPV y los Verdes también se ratificaron en sus iniciales declaraciones ante el fiscal. Francisco García Ortuño adjuntó además un informe valorativo que fija en 3,3 millones el sobrecoste del proyecto. El estudio elaborado por un ingeniero del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos de Obras Públicas de Alicante fija el presupuesto material de las obras en 2 millones de euros. García Ortuño subrayó que la promotora Doalco "contrata de forma habitual obras con el Ayuntamiento y que esas diferencias de coste se aplican a los beneficios de la empresa y estoy convencido de que también tienen como destino la aportación económica al PP".

Mientras, el edil de Los Verdes también ratificó que el sobrecoste de la Glorieta de Gabriel Miró no "estaba justificado, y que las sucesivas modificaciones encubrían una operación de maquillaje, porque tampoco el valor real de las obras es el finalmente pagado", puntualizó el concejal.Respecto a la denuncia sobre los patrocinios e ingresos por taquillas de los diversos eventos organizados por el Ayuntamiento, el ex interventor declaró que ninguna de las firmas que aparecían como patrocinadores ingresaban luego cantidad alguna en el Ayuntamiento. "Las cantidades ingresadas por la recaudación en taquilla eran mínimas, y, además, nunca se presentaba el justificante de ingresos, sino únicamente el de gastos", declaró Espinosa. "Yo advertía repetidamente a los concejales de las diversas áreas de la ilegalidad de la práctica", añadió. www.elpais.es 22.09.06

El edil Ferrández sugirió a la oposición de Orihuela sustraer papeles del consistorio

El concejal de Centro Liberal Jesús Ferrández habló en una reunión con los portavoces de la oposición de entrar a «robar» en el Ayuntamiento pruebas que avalaran las acusaciones del ex interventor José Manuel Espinosa Fenoll sobre irregularidades en la gestión municipal. El edil Francisco García Ortuño avanzó ayer en rueda de prensa que llevará la grabación donde aparecen estos comentarios a la Fiscalía Anticorrupción la semana próxima.

esús Ferrández (CL), Francisco García Ortuño (grupo municipal socialista) y Monserrate Guillén (Los Verdes) mantuvieron una reunión con el entonces interventor municipal, José Manuel Espinosa Fenoll el 22 de febrero de 2005. Tras una hora de revelaciones sobre presuntas irregularidades en el Ayuntamiento, ahora investigadas en los juzgados, se desarrolló la siguiente secuencia a la que ha tenido acceso el periódico. y sobre la que uno de los protagonistas, Jesús Ferrández, rehusó pronunciarse ayer:


J esús Ferrández (J.F) : (Tras una hora de conversación) Estrategia a seguir. Silencio absoluto sobre esto. Discretamente tenemos que conseguir las facturas de este...

García Ortuño (G.O) : No ha habido reunión. (Risas)

J.F: Mañana mismo empiezo yo a trabajar en el tema. Hay que conseguir lo que tenga este..., Fernando García Molina (funcionario de Contratación). Que consigamos copia, o si es posible los originales. Fíjate lo que te digo...

Monserrate Guillén (M.G): ¿ Cómo?

J.F. : Si pudiéramos robarlo lo robamos. Pues hay que entrar....

M.G. : Hay que entrar allí...

J.F : ¿Dónde guardan las llaves de Fernando...? Tú tienes copias de esas llaves ¿No?

Espinosa Fenoll (E.F.) : No. Si está abierto...

J.F. : No, cierran con llave, cierran con llave. (...).

E. F.: Nadie tiene acceso

G.O.: De quién te puedes fiar...

J.F.: ...para robar las facturas. ("Para robar nooo", se oye de fondo). Para un juzgado no valen las fotocopias. Nooo, espérate. Tenemos que sacarlas, ir a un notario, hacer copias compulsadas y devolverlas. Tiene que ser en una tarde.

G.O. : ¿Y en quién podemos confiar? ¿Confías en alguien?

J.F.: Y el soporte contable que pudiera haber...

G.O. : ¿Confías en alguien?

E. F.: Ahora mismo...

G.O: La chica de (...)

(Descartan varios nombres de funcionarios que se citan) .

J.F.: ¿Y el soporte contable que pudiéramos tener para asegurarnos de que no rompen lo otro? ¿Algo que tengamos, que no nos lo quiten?. Lo que tú has manejado.

E.F.: Yaaa...

J.F. ¿Eso quién lo tiene?

E.F: No sé si está metido en el ordenador, eh! (...)

J.F: Déjate de historias. Espérate. Del ordenador de arriba sí se puede entrar ¿No?

E.F.: Claro. (...)

E.F . El problema es que sepas acceder. (....).

J.F.: Vamos a analizar cómo entramos, copón. En el (área) de Personal, ¿de quién nos podemos fiar?

E.F. : Es que aparte del ordenador hay que saber quien tiene el programa de contabilidad.

M.G: ¿Y tú no has hecho nada para entrar desde tu casa al ordenador?

E.F.: No

J.F. : ¿Qué terminales se puede entrar?

E.F .: Estoy pensando. Se puede entrar Tesorería, Intervención lógicamente, Cultura...

M.G. : Cultura se puede entrar...

J.F.: Cultura se puede entrar... ¿Y qué claves hay que hacen falta?, Anótame las claves en un papel, que desde Cultura puedo entrar yo. ¿Qué es lo que hay que hacer?

E.F. : Sicalsical

J.F .: Solo eso. Sicalsical, tal cual y entras, ¿Hay que hacer algo raro?

E.F.: Mi clave Espinosaespinosa, que supongo la habrán borrado (...)

J.F.: Bien, vamos a ver, entramos en eso. Ya conseguimos los soportes fiscales y luego... ¿Las facturas de Necso estarán en el bajo... en el sótano?.

E.F.: Tengo que hacer memoria.

J.F.: Haz memoria (...)

G.O.: ¿Y el registro?

E.F.: Olvídate del registro.

J.F: Entramos una tarde. Yo he entrado varias veces. Vamos, despistamos al guardia y nos metemos. Montamos cuatro o cinco una reunión. Además, podemos entrar hasta el despacho de García Molina, montándonos una reunión... Unos vigilando y otros tal...(Al fondo se percibe otra conversación sobre las facturas de Necso). Vamos a intentarlo. El día mejor para hacer esto es viernes por la tarde. Y de improviso, tenemos que montar una reunión que nadie sepa nada, nuestra de grupo allí. Yo me traigo lo que tenga que traerme, a los amigos que tengo que traerme, que me hacen esas cosas....(se oye "Isidro" y algunas risas) Con tiempo despistamos al guardia, hay que llevárselo, nos lo llevaremos y controlado. Si es posible tarde de siete en adelante. Viernes por la tarde no hay nadie. Con paciencia y calma. Entrar a recoger esa documentación. Es vital, es vital (...). www.diarioinformacion.com  16.09.06

" El alcalde de Orihuela y concejales se han llevado millones "

José Manuel Espinosa (Orihuela, 1953) fue interventor del Ayuntamiento de Orihuela entre 1979 y 2005. Tras apoderarse de 30.000 euros, huyó a Zaragoza, donde se encontró con el ex alcalde y ex consejero de Obras Públicas Luis Fernando Cartagena, condenado a cuatro años de cárcel por apropiarse de 49.000 euros donados por una congregación religiosa al Ayuntamiento e investigado por el caso de las primas únicas. A su regreso, fue destituido por el alcalde, José Manuel Medina, del PP, y decidió levantar la tapa de la alcantarilla de un Ayuntamiento que está bajo el foco judicial. Desde entonces está de baja por depresión y ha visto entorpecido "por presiones municipales" su activismo cultural como director de los Cantores de la Pasión y otras asociaciones de la Semana Santa de Orihuela en las que siempre tuvo una vivaz participación.

Pregunta. Es testigo en 16 causas abiertas por ilegalidades urbanísticas y contables del Ayuntamiento de Orihuela. ¿No teme por su seguridad?

Respuesta. No, sé que me han estado espiando. Quién iba a mi casa, quién salía de mi casa. Y que lo están haciendo actualmente, pero nunca he llegado a pensar que me pudieran pegar un tiro o una paliza.

P. ¿Ha vivido situaciones incómodas en estos años?

R. No, digamos que yo he sido un olvidado de la Corporación. Y no sé por qué. Sabiendo lo que yo sé de ellos y lo que ellos saben de mí, es muy extraño que ni siquiera haya habido un mínimo contacto para negociar. Lo achaco a que yo tengo mi parte de responsabilidad como interventor y eso les puede salvar en ese aspecto. Deben pensar: tú lo has hecho, pues tú apechuga con las consecuencias. Pero ellos también tienen su culpa y responsabilidad política.

P. ¿Cuál es la suya?

R. Yo puedo estar inmerso en un problema penal por haber consentido todas y cada una de las mangonerías que ha hecho la Corporación. Yo, que soy una persona muy flexible, he tratado de blanquear todos los temas oscuros que ha proporcionado la Corporación.

P. El caso saltó porque usted cogió dinero, 30.000 euros, de las arcas municipales.

R. Hay que demostrarlo, pero jurídicamente y penalmente sí lo cogí, aunque no del Ayuntamiento.

P. ¿Por qué lo hizo?

R. Por necesidades económicas. Me divorcié de mi mujer, las pensiones a las hijas, una nueva vida, un nuevo piso... No es que lo cogí: me lo ofreció una empresa. Me dijeron que luego se traducía en facturas falsas al Ayuntamiento y quedaba compensado. Pero ese dinero yo lo había tomado como un préstamo.

P. Desapareció de Orihuela y se fue a Zaragoza.

R. Como pude irme a Japón. Perdí la cabeza totalmente. Mi error fue no haberme confesado con alguien. Si lo hubiese hecho, estoy convencido de que no hubiese pasado nada. Me hubiesen calmado y ayudado. Y todo este lío que hay de 2005 para acá no se hubiese producido.

P. En la basílica del Pilar de Zaragoza se encontró con el ex alcalde Luis Fernando Cartagena. ¿Fue causal?

R. Eso fue una mera casualidad. Él estaba con una bufanda del Pamesa, que estaba jugando la final de la Copa del Rey.

P. ¿Hablaron del asunto?

R. No, yo sé que él lo sabía. Porque Cartagena es punto y aparte. Cuando me pidió que le buscara el indulto a través de mis asociaciones culturales de Orihuela, lo busqué. Pero cuando ocurre mi caso no se le ocurre ni llamarme para nada. No sé de él desde la basílica. Eso en Orihuela se llama clasismo puro y duro. El señorito se sirve de sus lacayos, pero los lacayos no se pueden servir del señorito.

P. ¿El Ayuntamiento se embruteció después de la salida de Luis Fernando Cartagena o ya lo estaba?

R. Cartagena ha hecho auténticas barbaridades. Y si no, que me explique lo de las primas únicas. ¿Cómo puede tener 300 millones de pesetas en el banco de Santander con el sueldo que tenía? Ya saldrá todo.

P. ¿Cuál es su situación judicial?

R. Ahora lo mío está paralizado. Mi juicio sería para 2008.

P. ¿Tiene algún beneficio por colaborar en las causas abiertas por las irregularidades del Consistorio?

R. El fiscal me ha dicho que tengo concedida una eximente incompleta.

P. ¿Por qué levantó la tapa de la alcantarilla?

R. Jesús Ferrández [ex concejal de Urbanismo del PP y ahora portavoz del Centro Liberal], el traidor, invitó a los portavoces municipales a ir a mi casa. Mi intención limpia era explicar a los portavoces qué me había pasado. Pero me graban y a raíz de eso estalla el caso. Yo no quería hacer daño a nadie. Quería salvarme yo. Pero la grabación se publica en EL PAÍS y yo me meto en el carro de las denuncias. Y voy a seguir porque ya no tengo nada que perder. Como lo tengo todo perdido, me da lo mismo so que arre.

P. ¿Qué estaba pasando en el Ayuntamiento?

R. Había un clientelismo total y absoluto sobre determinadas empresas. Los contratos de obra no existían, eran verbales, que está prohibido por la ley, y sin concurso. El Ayuntamiento cogía a las empresas: haz esto, haz lo otro. Y luego llegaban las facturas de los contratistas, todas sin superar los cinco millones de pesetas.

P. ¿Qué ocurrió con los sobrecostes de la Glorieta?

R. El alcalde dice ahora que los informes de la Glorieta están avalados por el interventor. En diciembre de 2002 se inaugura la glorieta con un coste inicial de 282 millones que luego se traducen en 1.200. Y al interventor le llegan los datos económicos y las certificaciones de obra cinco o seis meses después de inauguradas las obras. ¿Va a ser que la culpa es mía? Todos los cambios de la fuente, las farolas y bancos los ha hecho el alcalde a pie de obra. Y prevaricando, porque oralmente ya estaba transgrediendo la legalidad, ya que la ley sólo admite una ampliación del 20%. Hay informes del ingeniero que decían que con ese dinero hacía cuatro glorietas y mejores que la que se hizo.

P. También están las facturas de Necso.

R. Eso tiene tarea. Las tuve en mi despacho más de un año y pico. Necso firma un contrato de rescisión del contrato de basura en el que no se habla del lucro cesante. Y Luego, el secretario autonómico de Agricultura y Desarrollo Rural, Antonio Rodríguez Barberá, negocia al margen del alcalde que con unas facturitas le pagan el lucro cesante. Qué casualidad que ese año fue embajador cristiano Antonio Rodríguez Barberá. No te digo más.

P. Había unas facturas del yerno del secretario del Ayuntamiento...

R. Eso lo descubrí yo. Al final no se han tramitado. Eran unas facturas de vuelos fotogramétricos que, qué casualidad, ninguna superaba los dos millones de pesetas, que es el límite de la ley. Cuando las vi llame a la concejal y le dije que no me gustaba un pelo. A dos millones por pedanía se iba a llevar el payo 60 millones de pesetas.

P. También había irregularidades en la contratación del asesor de personal.

R. Ahí tuve yo una pelea con el alcalde. Por cojones tenía que entrar ése de asesor de personal. Le dije que estaba cobrando del Gobierno de la Región de Murcia y que estaba prohibido que una persona cobrase dos sueldos de la Administración, pero al final, como siempre, a firmar. Y ahí estuvo, cobrando del Ayuntamiento a través de una empresa de asesoría de Murcia.

P. ¿Con qué objeto se cometían estas irregularidades?

R. Es la forma de gobernar el PP. Aquí, en Torrevieja y en todos los sitios. Mantener estómagos agradecidos.

P. ¿Ha habido enriquecimientos personales?

R. Digamos que ha habido una estabilidad económica para cada uno de los casos. Y una seguridad de cara al futuro.

P. Usted fue interventor accidental. ¿El Ayuntamiento no quería uno de carrera?

R. Dijéramos que yo era el menos malo de los funcionarios. Me costó trabajo en el sentido que soy bachiller superior y no licenciado, pero a base de ser autodidacta lo conseguí. Otros interventores quisieron venir, pero el Ayuntamiento estaba muy contento conmigo por mi flexibilidad. Y ahora no quiere venir nadie. Han sacado la plaza y han salido todos volando.

P. En las cintas dice que recibía presiones para apañar el desbarajuste. En el informe del fiscal dice que no era presión directa. ¿Le presionó Medina o no?

R. Digamos que era una presión que subyacía en el ambiente. Como eres interventor accidental, te puedo quitar y poner a otro. Nunca me lo dijeron así, pero se notaba en la expresión, la mirada, la forma de hablar... Si no hacía caso a sus intenciones, me fumigaban.

P. El actual interventor ha hecho un informe...

R. Un informe carroñero y vengativo. No tiene capacidad gramatical para hacer el informe que hizo. Si yo cierro el año contable de 2005 con los números reales, había un déficit bastante importante. Pero aprovechan la venta de las subastas de la costa para paliarlo. Antes nunca se me había permitido dar de baja ingresos pendientes de cobro, pero ahora no hay nada escrito.

P. ¿De cuánto es el déficit?

R. De unos doce millones de euros, pero eso ya lo sabían todos antes. Los acontecimientos han venido por sí solos y ya va siendo hora de que Orihuela conozca cómo gobierna el PP: intereses propios, clientelismo, funcionarios vinculados al partido,...

P. ¿Lo que le está ocurriendo en este momento al alcalde se parece a sí mismo?

R. Es un reflejo de lo que es. Una persona que va a salto de mata, que le importan un capullo los programas presupuestarios y el presupuesto...

P. ¿No le sorprende que el empresario Ángel Fenoll, no esté imputado en ninguna de las causas?

R. No porque no le afectan. Fenoll tiene un problema importante con el contrato irregular de la costa. Contrato que hizo Jesus Ferrández, el de la grabación.

P. ¿Queda mucha basura por sacar?

R. Mucha y gorda. La estructura de alguna empresa muy importante puede temblar.

P. ¿Le queda munición?

R. La recámara la tengo llena, pero voy por dosis. Voy a morir matando.

P. ¿Cómo vive su situación?

R. Mi futuro no lo veo muy claro. Tengo una mujer y un hijo que son los que me sacan a flote, apoyo de amigos y familiares, pero tengo bastante incertidumbre sobre el futuro. Se me acaba el año y medio de baja por enfermedad y no sé qué va a pasar. Otros se han llevado los millones y yo no me he llevado nada.

P. ¿Quién se los ha llevado?

R. El alcalde y concejales se han llevado millones. Algunos pueden vivir tranquilos toda su vida y yo sólo me he llevado el cepillo de la iglesia. He sido el cabeza de turco. El emblema negativo del Ayuntamiento de Orihuela. Aquí nadie quiere dar la cara: todo el mundo es bueno y honrado. Pero tienen la moral en la boca. Yo he reconocido mis culpas y las que vengan, pero ellos son unos cobardes.www.elpais.es 04.09.06

El alcalde de Orihuela admite a la juez que usa bienes de constructores  

El alcalde de Orihuela, José Manuel Medina, del PP, admitió ayer ante la juez que usa bienes propiedad de un promotor adjudicatario de programas urbanísticos. El regidor declaró como imputado por un delito contra la ordenación del territorio derivado de la denuncia de la Fiscalía Anticorrupción. Medina reconoció que vive de alquiler [con contrato verbal] en un chalé y conduce un Rolls Royce del contratista.La comparecencia del primer oriolano ante la magistrada Lidia María Paloma Montaño es el inicio de la investigación por la denuncia del fiscal anticorrupción de Alicante, Felipe Briones, por ilegalidades urbanísticas y contables en el Consistorio.Briones centró su interrogatorio en el uso por parte del alcalde de bienes propiedad de promotores beneficiados con adjudicaciones de programas urbanísticos, según el fiscal, en suelo no urbanizable y protegido. El alcalde tiene un Audi A-8, que acabó de pagar después de que fiscal abriera las diligencias. Medina compró el coche en un concesionario, propiedad del promotor Francisco Marcos. Además, el regidor usa un Rolls Royce, modelo Bentley, y vive en un lujoso chalé en la costa oriolana, propiedad del promotor Joaquín Grau Pomares.Medina vive en el chalé desde 2004, según él, en régimen de alquiler y con opción de compra. Cuando el fiscal le interrogó sobre la naturaleza de los contratos, Medina declaró: "Son verbales y abono 100.000 pesetas mensuales [600 euros] por transferencia bancaria, por el alquiler, en el que se incluyen todos los gastos, como luz, agua, etc. El plazo de la opción de compra es de cinco años, el máximo de alquiler. El precio de la opción es de entre 50 y 60 millones de pesetas [entre 300.000 y 360.000 euros] a día de hoy, aunque hemos acordado que se fijará en su día según el valor del mercado". El alcalde admitió que reside en la casa los fines de semanas. "Aunque tengo intención de irme a vivir allí cuando abandone la actividad política", precisó.

Sólo para eventos importantes

A la pregunta del fiscal sobre desde cuándo tiene a su disposición el Rolls Royce, el alcalde respondió: "No lo tengo a mi disposición. Sólo lo he usado en alguna ocasión[para un evento importante como una boda, en su respuesta a la juez sobre la misma cuestión]". Sobre el Audi A-8, el alcalde dijo que dispone de vehículo desde finales de 2003, y que acabó de pagarlo en octubre de 2005 [el fiscal abrió las diligencias un mes antes].El interrogatorio de la juez giró en torno a las adjudicaciones de planes urbanísticos del Consistorio de Orihuela. La magistrada preguntó si las actuaciones afectaban a suelo no urbanizable y protegido. "Afectan a suelo no urbanizable, pero no a suelo protegido", recalcó Medina. La magistrada inquirió al alcalde si era conocedor de que para aprobar planes urbanísticos en suelo no urbanizable es necesario modificar el Plan General de Ordenación Urbano (PGOU), y por qué no se hizo así, y optó por la fórmula del plan parcial. Medina dijo que los técnicos municipales le indicaron que tenía que hacerse así, y "no era necesario una modificación del PGOU". Tras el interrogatorio, la magistrada mantuvo la imputación a Medina y le emplazó a que en 10 días aporte el PGOU y los planos que indican qué terreno tiene la clasificación de suelo urbanizable. Publicado en www.elpais.es 30.08.06

Medina declara mañana ante la juez que investiga el 'caso Orihuela'  

El alcalde de Orihuela, José Manuel Medina (PP), debe declarar mañana en calidad de imputado por un supuesto delito relativo a la ordenación del territorio tras la denuncia que presentó contra él en su día la Fiscalía Anticorrupción de Alicante. Así consta en un auto dictado el pasado mes de junio por la titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Orihuela, que también ha llamado a declarar al día siguiente por esta misma causa al ex interventor municipal José Manuel Espinosa, en este caso como testigo. El fiscal Anticorrupción de Alicante, Felipe Briones, solicitó el pasado mes de mayo a la titular de este juzgado que el alcalde declarase como imputado por un presunto delito relativo a la ordenación del territorio tras interponer una denuncia contra él y otros cargos del Ayuntamiento por supuestas irregularidades urbanísticas y contables. En su denuncia, Briones aludía a la existencia de bienes como vehículos de lujo y vivienda presuntamente disfrutados por el alcalde y solicitaba investigar su posible relación con la adjudicación de varios planes urbanísticos por parte del Consistorio.El ministerio fiscal relata una serie de hechos que pudieran ser, en su opinión, constitutivos de delitos "imputables" al alcalde, a los miembros de la comisión de gobierno, a promotores y a empresarios.

Entre otras supuestas anomalías, el fiscal cita la emisión de facturas falsas e irregularidades en contrataciones con determinadas empresas, la aprobación de las recaudaciones de entradas de actuaciones artísticas y la concesión de subvenciones sin justificar a la directiva de la Asociación de Moros y Cristianos.El ministerio público también señala las concesiones de anticipos a cuenta a algunos concejales sin acuerdo previo del órgano competente y el cambio de presupuesto en la Glorieta Gabriel Miró, que se aumentó en cinco millones de euros.Igualmente, la Fiscalía considera que hubo irregularidades en la contratación del asesor de personal por incompatibilidad manifiesta y pagos de salarios extras a una empresa no incluidos en el contrato vigente con la misma, así como irregularidades en la compra de viviendas en el casco antiguo de Orihuela y abusos urbanísticos.Juan Carlos García Ortuño, que era portavoz del grupo municipal socialista hasta que fue expulsado del PSPV pero mantiene su acta de concejal en el ayuntamiento oriolano, declaró ayer a la Cadena SER que ejercerá la acusación particular en la causa abierta contra José Manuel Medina.El alcalde de Orihuela ha llegado a conducir con asiduidad un Rolls Royce propiedad de un empresario local, cuyo chalé de lujo usaba como residencia habitual. Publicado en www.elpais.es 28.08.06

El juzgado descubre otro abono en una cuenta del alcalde de Torrevieja de 228.384 euros

El juzgado número 4 de Torrevieja ha descubierto una nueva cuenta bancaria del alcalde del municipio. El PSPV exige a Hernández Mateo que explique el origen del dinero, que se suma a otros ingresos bancarios de 512.137 euros.Un nuevo documento en poder de la Fiscalía Anticorrupción y del Juzgado número 4 de Torrevieja refleja que una cuenta bancaria del alcalde, Pedro Ángel Hernández Mateo, registró unos abonos desde el 1 de enero de 1996 al 31 de diciembre de 1999 por un valor de 228.384 euros.

Estos abonos se unen a los ya conocidos ingresados en la misma cuenta bancaria de la CAM entre 2000 y 2005 por un total de 512.137 euros (85.212.500 pesetas) cuyo origen no ha trascendido. El alcalde de Torrevieja ha mantenido hasta el momento un total silencio sobre la procedencia del dinero asegurando que sólo dará explicaciones ante el juez en caso de que sea llamado de nuevo a declarar. Los datos económicos citados figuran en el expediente de diligencias previas número 3416/2005 en el que se imputa al alcalde de los supuestos delitos de tráfico de influencias y uso de información privilegiada por las operaciones de compra-venta de las fincas en Almoradí que adquirió por por 180.000 euros, y vendió 28 meses después por 5.409.188 euros a la mercantil Eden del Mar con intereses urbanísticos en Torrevieja. Esta empresa vendió a la vez a Hernández Mateo una finca en San Miguel de Salinas.

Los ingresos en la cuenta de Mateo en la CAM, mediante 89 cheques y con cantidades nunca iguales, según expuso el viernes el portavoz adjunto del PSPV-PSOE , Manuel Vera, se produjeron al margen de sus retribuciones como político -bien como alcalde o como diputado autonómico- por lo que «debe dar explicaciones ya; creo que es el momento». Hernández Mateo declaró ante la titular del juzgado número 4 el 28 de octubre de 2005 que sus únicos ingresos desde que tomó posesión como alcalde eran por su actividad política, la proveniente de los productos que «vende como fruto de la finca» y la venta familiar de una propiedad. Vera denunció también que en la declaración jurada municipal de bienes del alcalde de Torrevieja no figuran estos abonos y cantidades, y además señala que sólo posee una sola cuenta con un saldo de unos cuatro millones de pesetas.
«Afirmo con rotundidad que no es la única cuenta del alcalde y que hay muchas, como una en La Caixa donde cobra los pagarés por la venta de la finca de Almoradí o la del antiguo banco de Crédito y Ahorro», señaló Manolo Vera.

El responsable del PSOE anunció que se pedirá al juez que instruye el caso que llame a declarar al director de La Caixa de Torrevieja en calidad de testigo y que se requiera a Hernández Mateo copia de la renta de los ejercicios citados para ver si figuran los ingresos, ya que de lo contrario «estaríamos ante un presunto delito fiscal». Este medio contacto ayer sábado con el gabinete de prensa del ayuntamiento sin obtener respuesta sobre las cuentas del alcalde como ha ocurrido en anteriores ocasiones.
Publicado en www.levante-emv.com  14.05.06

El alcalde de Orihuela pagó el Audi que usaba tras intervenir el fiscal  

El alcalde de Orihuela (Alicante), José Manuel Medina, del PP, pagó en metálico un Audi A-8 a un concesionario, propiedad del promotor Francisco Marcos Ferrer, beneficiado con adjudicaciones municipales, inmediatamente después de que la Fiscalía Anticorrupción de Alicante iniciara las diligencias de investigación por supuestos hechos delictivos derivados de la gestión urbanística y contable en el Consistorio oriolano.

El fiscal inició la investigación el 15 de septiembre de 2005 y Medina abonó 22. 000 euros por la adquisición del lujoso turismo el 17 de octubre de ese año. El alcalde disponía del vehículo desde el 11 de enero de 2005. En esa fecha, Medina entregó un coche siniestrado para el desguace (otro Audi según Medina) que el concesionario valoró en 18.000 euros. El concesionario Automoción Oleza, SA, valoró el turismo que se llevó el alcalde, un Audi A-8, 3.7 V8 Quatt, matrícula 7135 CCW, en 40.0000 euros.

La documentación (facturas sobre la operación de compra del turismo) se incluye en el escrito de ampliación de denuncia que ayer trasladó a Felipe Briones, fiscal Anticorrupción de Alicante, el portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Orihuela, Francisco García Ortuño. Éste ejerce la acusación popular, ya admitida a trámite por el juzgado, en la denuncia general del ministerio público por supuesta corrupción en Orihuela. Tanto el alcalde como el propietario del concesionario esgrimen la misma documentación para rechazar la acusación y constatar que la operación de compra del Audi A-8 fue anterior a la investigación de la Fiscalía.

El concesionario Automoción Oleza, SA, es propiedad del constructor Francisco Marcos Ferrer. El pleno del Ayuntamiento de Orihuela autorizó el pasado mes de octubre al promotor la construcción de un gran centro comercial en la costa del municipio. El proyectó acarreó la recalificación de unos 250.000 metros cuadrados de suelo. El alcalde justificó la iniciativa en la ausencia de grandes centros comerciales de esas características en la costa oriolana. La oposición rechazó ese argumento, ya que las grandes superficies instaladas en franja costera del municipio superan el centenar.

La adjudicación de ese programa urbanístico, denominado Entreplayas, y el uso del Audi A-8 por parte de Medina están incluidos en la causa principal de Anticorrupción contra el alcalde por los supuestos delitos de cohecho y tráfico de influencias, a raíz del uso por parte del primer edil de bienes propiedad de promotores beneficiados con adjudicaciones municipales. Esta denuncia se completa con otros bienes -un Rolls Royce y un chalé- que usa Medina y cuya titularidad corresponde al promotor Joaquín Grau Pomares, al que el alcalde recalificó 2 millones de metros cuadrados y un tercer plan de actuación integral (PAI), de unos 800.000 metros cuadrados, al constructor José Antonio Rodríguez Belmonte. Los tres planes han conllevado la recalificación de suelo, a juicio del fiscal, no urbanizable y con "elevado grado de protección". Por la causa principal, el fiscal ha solicitado a la juez que cite a declarar, en calidad de imputado, a Medina.

El fiscal ha abierto otras 15 causas secundarias, consecuencia del desglose de la principal, por otros tantos hechos delictivos en la gestión urbanística y contable del Consistorio. Estas denuncias, pendientes del reparto por el Decanato de Orihuela, abarcan asuntos como pagos de facturas falsas, irregularidades en el proyecto de restauración del casco histórico y adjudicaciones urbanísticas ilegales, con suelo sin justificar o calles inexistentes.

Publicado en www.elpais.es 06.05.06

La acusación denuncia un abono de 300.000 euros por obras sin justificar  

a acusación popular en el caso Orihuela, que ejerce el portavoz del Grupo Municipal Socialista, Francisco García Ortuño, trasladó ayer al fiscal Anticorrupción de Alicante un escrito con supuestas irregularidades en el proyecto para la recuperación del casco histórico de la ciudad. Esta parte denuncia un mandamiento de pago por 300.506 euros no justificado y que el director del proyecto, José Vicente Escudero, en calidad de asesor del alcalde, compaginó el cargo con su actividad privada, sin tener concedida la compatibilidad.

El pago fue aprobado por la comisión de gobierno de 15 de abril de 1997. Su destino eran gastos relativos con los compromisos con los propietarios de los inmuebles comprendidos en el proyecto de rehabilitación. La acusación sostiene que "no se han adjuntado los justificantes de pagos realizados, la valoración de inversiones, las escrituras de transmisión, ni los talones a nombre del propio mandatario, y ni tan siquiera se ha rendido cuenta del mismo ante dicho órgano municipal, como es preceptivo". El alcalde, José Manuel Medina (PP), titular del mandamiento, dice que el documento está justificado. La denuncia de Francisco García Ortuño recoge que José Vicente Escudero, por decreto del alcalde, fue contratado el 2 de abril de 1997 como asesor de los servicios jurídicos. Luego fue nombrado director de la Oficina del Casco Histórico y asesor de infracciones urbanísticas.

El denunciante asegura que Escudero "jamás" obtuvo la compatibilidad que marca la ley. El abogado es propietario de la mercantil Lo Galante Inversiones, SL. Esta firma se constituyó en enero de 2002 con un capital sociedad de 36.000 euros y declaró en el año 2003 un total activo de 176.867 euros.

Escudero, por su parte, negó ayer las acusaciones formuladas por el grupo socialista: "El mandamiento de pago, expedido para el alcalde, está justificado hasta la última peseta. Mi contratación como asesor en el Ayuntamiento de Orihuela fue a tiempo parcial, al 80%, y, por tanto, compatible como mi actividad privada. Nunca lleve ningún asunto particular relacionado con el casco histórico de la ciudad. La sociedad a la que alude es mi despacho profesional, que está legalmente establecido".

Publicado en www.elpais.es 06.05.06

El fiscal desglosa en 15 causas la denuncia por corrupción en Orihuela  

El fiscal anticorrupción de Alicante ha abierto 15 causas por supuestas ilegalidades en la gestión urbanística y contable en el Ayuntamiento de Orihuela, en manos del PP desde 1987. Las denuncias de la fiscalía son el desglose de la causa principal contra el alcalde, José Manuel Medina, por supuesto cohecho y tráfico de influencias en los que habría incurrido al usar bienes (un Rolls Royce, un Audi A8 y un chalé) de promotores beneficiados por adjudicaciones.

El fiscal anticorrupción de Alicante, Felipe Briones, ha remitido la causa principal al Juzgado número 4, cuya titular, Lidia María Paloma Montaño, admitió a trámite a finales de marzo el primer escrito del fiscal sobre el caso Orihuela, que incluía 30 supuestos hechos delictivos. El fiscal ha pedido a la magistrada que cite a declarar, como imputado, al primer edil oriolano. El Ministerio Público pretende esclarecer el uso de bienes de promotores por parte del alcalde y la adjudicación de tres planes urbanísticos. Medina, en el cargo desde 1996, dijo ayer desconocer los motivos de la acusación.

El fiscal ha trasladado al Decanato de Orihuela las 15 causas subsidiarias de la principal para su reparto. La base de estas causas son las denuncias del ex interventor de la corporación, José Manuel Espinosa, y los portavoces de los grupos de la oposición. En las diligencias previas, Espinosa declaró: "He sido el blanqueador de facturas de Medina". El fiscal propone en todos los casos pruebas testificales y documentales para delimitar las responsabilidades penales. Briones solicita la declaración, en calidad de imputados, de un concejal más, Antonio Franco, del PP, responsable del área de Personal; el secretario de la corporación, Alfonso Ramón Martínez y su yerno Santiago Rubio Moreda; y el ex asesor de personal Luis Alberto Prieto Marín. En su primer escrito, el fiscal subrayó que otros posibles acusados son los responsables de los negociados.

Las 15 causas secundarias del caso Orihuela son las siguientes:

- Revisión del PGOU. Facturas por 12.000 euros por trabajos relacionados con la revisión del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU). El encargo lo hizo directamente el secretario de la corporación, Alfonso Ramón Martínez, a una empresa de su yerno.

- Asesor con doble sueldo público. En diciembre de 2004 el alcalde contrató a Luis Alberto Prieto Marín como jefe de personal del Ayuntamiento con dedicación exclusiva. Prieto Marín, liberado sindical a tiempo parcial, trabajaba como profesor de Secundaria en Murcia con una carga docente de 12 horas semanales. Al trascender que cobraba dos sueldos públicos (38.000 euros del Ayuntamiento y 29.000 de la Consejería de Educación) dimitió como jefe de personal del Consistorio oriolano el 15 de abril de 2005.

- Liquidación del presupuesto de 2004. Pagos de facturas falsas y de otras correspondientes a obras inexistentes por 11 millones de euros, según un informe del interventor accidental de la corporación, José Manuel Pons, sobre la liquidación del presupuesto de la corporación del año 2004.

- Contratos verbales. Irregularidades en los contratos de obras y servicios, según la denuncia del ex interventor de la corporación, quien sostiene que el Ayuntamiento, entre 2000 y 2005, adjudicó contratos verbales por importe superior al millón de euros. El ex interventor mantiene que las adjudicaciones vulneran la ley de contratos.

- Facturas falsas y paga extra. El fiscal pide al juez que investigue el pago de facturas falsas a la firma Necso (adjudicataria del servicio de basuras en el casco urbano de Orihuela desde 1988) por 240.000 euros, por supuesto lucro cesante en 2002. En esta causa el Ministerio Público también incluye el pago, mediante decreto del alcalde, de una paga extra de 180.000 euros a la plantilla de Necso para evitar una huelga de los trabajadores. Los operarios recibieron su parte proporcional, por transferencia, el 22 de diciembre de 2004.

- Moros y Cristianos. El fiscal solicita al juez que abra diligencias por las subvenciones de la corporación a la entidad festera Moros y Cristianos desde 1992. Faltan facturas y justificantes por importe de 600.000 euros. El responsable del abono de las ayudas era el concejal de Personal, Antonio Franco.

- Mandamientos de pago. Según el ex interventor, Encarna Galiano, concejal del PP entre 1999 y 2003 y actual asesora de Infraestructuras del alcalde, dejó el cargó sin justificar mandamientos de pagos por 22.000 euros.

- Conciertos municipales. Según la denuncia del ex interventor, no se ingresaron en caja las recaudaciones de los conciertos municipales durante el mandato 1999-2003. En ese periodo la concejal responsable del departamento era la actual portavoz del Grupo Municipal Popular, Mónica Lorente.

- Minuta por asunto privado. El alcalde, mediante decreto, abonó 6.000 euros a un abogado por un asunto jurídico ajeno a la corporación. Medina no ha negado el abono de esa minuta al letrado.

- Urbanismo. En el plan parcial J. I Las Piscinas hay 4.600 metros cuadrados de suelo, valorados en 2,5 millones de euros, sin justificar.

- Calle virtual. La urbanización El Presidente, según los planos oficiales del departamento de Urbanismo, recoge la calle Guatemala; sin embargo, la vía no existe en realidad.

- Casco histórico. El fiscal pide que se investiguen los desfases de las valoraciones de las viviendas incluidas en el programa de rehabilitación del casco histórico y el precio real pagado. La Consejería y el Ayuntamiento pagaron cantidades "desorbitadas" por bienes que una vez construidas valdrían muchísimo menos, según la denuncia. La oficina, dirigida por el urbanista y abogado José Vicente Escudero, estuvo activa entre 1995 y 2003.

- Aparcamiento privado para los jueces. En esta causa el fiscal incluye diversas adjudicaciones a la constructora Doalco, del promotor local Domingo Alcocer; entre otras, un aparcamiento subterráneo, a las puertas del casco histórico de la ciudad, donde el alcalde, también por decreto, paga siete plazas para uso exclusivo de los jueces de Orihuela. El coste del servicio, que Medina comenzó a abonar en abril de 2002, es de unos 9.000 euros anuales.

- Salón de plenos. Sobrecoste en las obras de ampliación del salón de plenos del Ayuntamiento. El fiscal no cuantifica en su denuncia la cuantía.

- Remodelación de la Glorieta. Sobrecoste de 3,3 millones de euros en las obras remodelación de la plaza de Glorieta Gabriel Miró. Las obras fueron ejecutadas por la firma Doalco.

Aparte de la causa principal y las 15 secundarias, el fiscal anticorrupción también ha anunciado la apertura de diligencias por el supuesto intento de soborno de la empresa Urbaser, aspirante a la nueva contrata de basuras, al alcalde y tres ediles más. Tras el escándalo, Medina ha aparcado la adjudicación y ha solicitado informes externos. Uno de los concejales implicados en el supuesto soborno, Isidro Hernández, elegido en la lista del PSPV y militante del PP desde 1990, dimitió el martes

Publicado en www.elpais.es 04.05.06

El alcalde de Orihuela, imputado por cohecho y tráfico de influencias  

El fiscal anticorrupción de Alicante ha pedido a la juez que tome declaración, en calidad de imputado, al alcalde de Orihuela, José Manuel Medina, del PP, por los delitos de cohecho y tráfico de influencias en los que habría incurrido al usar bienes -un Rolls Royce y un chalé- de un promotor beneficiado con adjudicaciones municipales. Esta causa es la base de la denuncia global del fiscal por la gestión contable y urbanística del Ayuntamiento de Orihuela.

El titular de la Fiscalía Anticorrupción de Alicante, Felipe Briones, ha desglosado la denuncia global por 30 supuestos hechos delictivos derivados de la gestión contable y urbanística del Consistorio oriolano, en manos del PP -con mayoría absoluta desde 1987-, en dos causas, según han confirmado a este periódico fuentes judiciales. En su escrito de proposición de pruebas, Briones propone una causa principal, con el alcalde, José Manuel Medina -en el cargo desde 1996- como primer imputado por los delitos de cohecho y tráfico de influencias y prevaricación, derivados del uso por parte del regidor de bienes de promotores y de la adjudicación ilegal de tres programas urbanísticos.

El segundo bloque de la acusación del ministerio público lo incluyen las supuestas irregularidades contables denunciadas por el ex interventor de la corporación, José Manuel Espinosa. Los denunciados en esta segunda causa son cinco concejales, todos del PP, tres asesores del alcalde, un promotor y la mercantil Necso.

Briones ha trasladado la causa principal al Juzgado número 4 de Orihuela, oficina a la que el pasado 13 de marzo remitió la denuncia general del caso Orihuela. El fiscal ha pedido a la juez, la magistrada Lidia María Paloma Montaño, que cite como imputado a Medina por los delitos de cohecho, tráfico de influencias y prevaricación. En el primer apartado, el fiscal incluye el uso de bienes del promotor Joaquín Antonio Grau Pomares por parte de Medina. El alcalde conduce un Rolls Royce/Bentleyque, según un certificado del Colegio Oficial de Gestores de Alicante, está dado de alta en la Jefatura Provincial de Tráfico a nombre del promotor Grau Pomares. Además, el alcalde reside en un lujoso chalé de la costa, propiedad del mencionado empresario.

Aparte, del supuesto cohecho la causa principal de Anticorrupción contra Medina incluye tres supuestos de tráfico de influencias por la adjudicación irregular, según el fiscal, de tres proyectos urbanísticos a sendos promotores locales.

En los tres casos, las adjudicaciones incluyeron recalificaciones de suelo, a juicio de la Fiscalía, no justificadas. El primer proyecto urbanístico es el conocido como las Asomadas, adjudicado al promotor Grau Promares en junio de 2004. El pleno autorizó al promotor la reclasificación de dos millones de metros cuadrados para construir 4.500 viviendas y un campo de golf.

El segundo plan urbanístico (Tierras Nuevas I y II, con 800.000 metros cuadrados en la costa) fue adjudicado el pasado mes de octubre por el pleno municipal al promotor José Antonio Rodríguez Belmonte. La adjudicación escenificó la división del Grupo Municipal Popular, entre los afines al presidente del Consell, Francisco Camps, liderados por el alcalde, y los partidarios del portavoz del Grupo Popular en el Congreso y ex presidente valenciano, Eduardo Zaplana, encabezados por presidenta local, Mónica Lorente. Estos últimos votaron en contra de la adjudicación por considerar que se trataba de suelo no urbanizable protegido.

El tercer proyecto urbanístico de la denuncia de la Fiscalía se refiere a la recalificación, también el pasado mes de octubre, de unos 200.000 metros de suelo para construir un centro comercial al promotor Francisco Marcos Ferrer. Este empresario posee un concesionario de automóviles, y Medina usa un Audi A8 propiedad del establecimiento. Este periódico no ha podido comprobar si el fiscal ha incluido el uso del Audi A8 en la denuncia.Publicado en el  www.elpais.es  03.05.06

QUIÉN ES QUIÉN EN LA TRAMA DE ORIHUELA  ( PP )

El fiscal anticorrupción de Alicante, tras 6 meses de investigación, ha puesto nombres y apellidos a la trama político-empresarial en el Ayuntamiento de Orihuela, en manos del PP con mayoría absoluta desde 1987, denunciada por el ex interventor de la corporación, José Manuel Espinosa, y por la oposición. El ministerio público ha remitido al juzgado un escrito con una treintena de casos supuestamente delictivos por la gestión urbanística y contable del Consistorio. El fiscal Felipe Briones engloba las irregularidades en cuatro delitos: malversación, falsedad, tráfico de influencias y prevaricación. Los denunciados son el alcalde, cuatro concejales, tres asesores del primer edil (una de ellas concejal cuando ocurrieron los hechos), cuatro promotores y la firma Necso.

- Alcalde. El grueso de la denuncia recae sobre el alcalde, José Manuel Medina, a quien el fiscal acusa de los cuatro delitos, por recalificaciones de suelo protegido, sobrecostes de obras sin consignación presupuestaria, contratación ilegal del jefe de personal y uso de bienes (un chalé y dos lujosos turismos) propiedad de empresarios beneficiados por adjudicaciones. Medina llegó a la alcaldía en 1996 en sustitución del ex consejero de Obras Públicas Luis Fernando Cartagena, que está pendiente de ingresar en prisión tras haber pedido el indulto por apropiarse de la donación de 49.000 € de unas religiosas al Ayuntamiento. Al aflorar la división interna de los populares, entre zaplanistas y campistas, el alcalde se alineó en el segundo sector, claramente más débil en Alicante. Este extremo le acarreó el pasado mes de julio la pérdida de la presidencia local del PP oriolano

- Concejales. Junto a Medina, el fiscal denuncia a los concejales responsables de Urbanismo, Personal y Hacienda, es decir, Eva Ortiz, Antonio Franco y Antonio Rodríguez Barberá, respectivamente, por los supuestos delitos de tráfico de influencias y prevaricación y falsedad. Rodríguez Barberá es secretario autonómico de la Consejería de Agricultura. El escrito del fiscal incluye la acusación directa del ex interventor a la también diputada autonómica Mónica Lorente.

- Asesores. La nómina de cargos públicos denunciados por el fiscal se completa con tres asesores del alcalde: Encarna Galiano, Luis Alberto Prieto Marí y José Vicente Escudero. Encarna Galiano, compañera sentimental del alcalde, fue concejal entre 1999 y 2003 y es en la actualidad asesora de infraestructuras. Según el ex interventor, dejó el cargo sin justificar mandamientos de pagos por valor de 22.000 €. Prieto Marí, familiar político del concejal Antonio Franco, fue contratado en exclusiva en diciembre de 2004 como jefe de Personal del Ayuntamiento. Prieto Marí era, además, profesor de la Consejería de Murcia a tiempo parcial, por su condición de liberado sindical. Tras trascender que cobraba dos sueldos públicos, dimitió. Vicente Escudero, está acusado del de cobró comisiones ilegales.

- Promotores. El fiscal personaliza la trama empresarial en los promotores supuestamente beneficiados por trato de favor en la recalificación de suelo. Éstos son Joaquín Antonio Grau Pomares, Francisco Marcos Ferrer, Domingo Alcocer y José Antonio Rodríguez Belmonte.

- Necso. Esta empresa es la adjudicataria de las basuras desde 1987. En 2002, según el ex interventor, se pasaron a cobro facturas falsas por un supuesto lucro cesante de 240.000 €. El 22 diciembre de 2004, el Ayuntamiento, por decreto de la alcaldía, pagó un extra de 180.000 € a los empleados de Necso para evitar una huelga.

- Canal 34. Alcocer, Marcos y José Antonio Rodríguez Belmonte, junto con otros cuatro promotores locales, coinciden en el consejo de administración de la televisión local canal 34, emisora afín al PP. En julio de 2005 Rodríguez Belmonte se convirtió en el socio mayoritario de la televisión. El gerente del canal, recientemente legalizado por el Consell, es Antonio Galiano, hermano de la asesora de Medina y ex concejal Encarna Galiano.

Para los mas curiosos , ahí van algunos antecedentes del susodicho y alrededores

www.losgenoveses.net - La noticia del día - 19.10.05
www.losgenoveses.net - La noticia del día - 20.02.05
www.losgenoveses.net - La noticia del día - 26.02.05
www.losgenoveses.net.  La noticia del día - 06.02.04
www.losgenoveses.net - La noticia del día - 07.11.05
www.losgenoveses.net - La noticia del día - 02.10.05
www.losgenoveses.net - La noticia del día - 27.09.05
www.losgenoveses.net - La noticia del día - 01.07.05

Problemillas internos - ¿ Arde Valencia ?

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