LOS DATOS DE LA DENUNCIA : CLARIFICADOR. BAJATELO EN PDF 

" El PP considera que es importante y urgente establecer una eficaz política en favor de la familia en España "
( Programa Electoral PP.1996)

Anticorrupción decide investigar los manejos del ex director de Urbanismo de Madrid

La Fiscalía Anticorrupción ha abierto diligencias para investigar la gestión de Enrique Porto, ex jefe de Urbanismo de la Comunidad de Madrid, que desbloqueó un plan urbanístico sobre terrenos de su propiedad y tramitó otros planes que habían sido diseñados por una consultora de la que fue socio. La fiscalía ha analizado la denuncia que presentó el PSOE por estas supuestas irregularidades, donde se atribuyen al alto cargo los delitos de prevaricación y tráfico de influencias, y ha decidido abrir una investigación para determinar si la conducta de Porto es delictiva

El máximo responsable de la Fiscalía Anticorrupción, Antonio Salinas, no sólo ha ordenado la apertura de diligencias, sino que ha repartido ya las denuncias entre sus subordinados. La denuncia socialista sobre el caso Porto se refería concretamente a la gestión de un plan urbanístico en Villanueva de la Cañada (Madrid) en el que el ex director general de Urbanismo tenía propiedades. Tras desbloquear las trabas urbanísticas que tenían sus terrenos, los vendió obteniendo plusvalías multimillonarias.

También lograron grandes ganancias unos tíos de la presidenta regional, Esperanza Aguirre, que habían comprado terrenos en la zona y que los vendieron una vez fueron eliminados los obstáculos urbanísticos que ponían algunos funcionarios de la Comunidad.

Los socialistas consideran que el ex director general de Urbanismo de la Comunidad de Madrid pudo incurrir en los delitos de prevaricación, tráfico de influencias, y negociaciones y actividades prohibidas a funcionarios.

Antes de ejercer como director general de Urbanismo, Enrique Porto había estado asesorando como arquitecto privado al alcalde de Villanueva de la Cañada, Luis Partida (PP). Porto lo reconoció en una respuesta parlamentaria: "Un pueblo pequeño que ha pasado de 1.000 habitantes en el año 79, cuando yo aparecí por allí, a 15.000 habitantes en 2005. El plan general lo hice yo y algunos planes parciales".

La denuncia socialista pone de relieve cómo tras ser nombrado Porto director general de Urbanismo, en diciembre de 2003, se encargó su socio José María Fernández del Río del desarrollo de dicho plan general a través de la elaboración de distintos planes (parciales, proyectos de compensación y urbanización) que iría aprobando Porto como alto cargo de la Comunidad de Madrid. Esta colisión entre la gestión de Porto como cargo público y sus intereses privados tiene su mayor exponente en el sector de Villanueva de la Cañada denominado Los Pocillos.

El relato de hechos presentado en Anticorrupción recuerda cómo dicho sector fue bloqueado en mayo de 2003 por su antecesor en la dirección de Urbanismo al detectarse serias deficiencias en su planeamiento, y que el 12 de agosto de 2004, con el expediente ya caducado, Villanueva de la Cañada presentó en dicho departamento, con ligeras correcciones, el mismo documento rechazado un año antes.

A partir de ahí, Porto propuso en septiembre de 2004, para su aprobación en comisión de Urbanismo, y obviando los informes técnicos desfavorables, la subsanación de deficiencias.

Porto participaba en tres parcelas incluidas en dicho sector que el mismo había desbloqueado. Compartía terrenos con un concuñado del alcalde, Ricardo Ortega, y con su socio, José María Fernández del Río, autor del plan parcial. La denuncia socialista señala que estas tres personas han seguido el mismo modus operandi en "multitud de operaciones" que han practicado en Villanueva de la Cañada. Los socialistas recuerdan cómo Porto y sus dos compañeros de negocio compartieron un beneficio de 4,2 millones de euros entre la compra y la venta de sus terrenos tras desbloquearlos desde Urbanismo en 2004. La denuncia implica a otros beneficiarios del desbloqueo del citado sector de Villanueva de la Cañada: la empresa Alminar de Alvillas (propiedad de tíos y primos carnales de Esperanza Aguirre, los Gil de Biedma), que, al 50% con otra firma, compró por 419.995 euros unos terrenos en 2000 que revendió, también a medias, en 2006, por 4,6 millones. www.elpais.es  22.11.06

FAMILIARES DE ESPERANZA AGUIRRE DIERON UN 'PELOTAZO' TRAS UNA GESTIÓN DE PORTO  

Alminar Villas, una sociedad familiar de José Gil de Biedma, tío materno de Esperanza Aguirre, presidenta de la Comunidad de Madrid, ganó 2,1 millones de euros en la compraventa de unos terrenos en Villanueva de la Cañada (Madrid), cuyo plan de urbanización desbloqueó en 2004 Enrique Porto, el dimitido director general de Urbanismo, que también tenía propiedades en la misma zona. Dicha firma vendió en 2006 -al 50% con otra inmobiliaria- por 4,6 millones de euros un total de 24.326 metros cuadrados del sector desbloqueado que compró en 2000 por 419.975 euros.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, a través de su portavoz, ha declinado opinar sobre la gestión de su ex director general de Urbanismo en relación con el sector 1 de Villanueva de la Cañada, donde tanto Porto como familiares de la jefa del Ejecutivo regional tenían unos terrenos que vendieron en 2006 tras desbloquear urbanísticamente esa zona en 2004 el citado alto cargo regional.

Gil de Biedma es uno de los operadores inmobiliarios de la Comunidad de Madrid, donde se dedica, entre otras cosas, a la compraventa de suelo en distintos municipios, en algunos casos en pleno proceso de modificación de sus planes generales (aquellos que definen dónde y cómo se puede edificar). Tanto Porto, ex director de Urbanismo de Madrid, como Alminar Villas (inmobiliaria que preside José Gil de Biedma y Vega de Seoane y comparte con otros tíos y primos maternos de Aguirre) vendieron en enero de 2006 sus parcelas en el sector 1 de Villanueva de la Cañada.

Hasta que Porto fue nombrado director general de Urbanismo, la urbanización de ese sector estaba bloqueada, pues los técnicos habían planteado distintas objeciones al plan. Porto, desoyendo a sus técnicos, desbloqueó la aprobación del citado plan parcial -redactado por un socio suyo, José María Fernández del Río, ex consejero de Cajamadrid por el PP- en septiembre de 2004. Las ventas de esos terrenos, en los que ya se podía edificar, se hicieron en enero de 2006 sin que Porto, que poseía una parte, ni los familiares de Esperanza Aguirre, también dueños de terrenos en la zona, invirtieran un solo euro en urbanizarlos.

- Revalorización. La revalorización de los terrenos de Villanueva de la Cañada tuvo su primer hito en la recalificación del sector aprobada en 1999 por el Ayuntamiento, presidido por Luis Partida (PP). Partida encargó a Porto el diseño del crecimiento del municipio. Pese a la recalificación de los terrenos, el Gobierno regional, entonces presidido por Alberto Ruiz-Gallardón, bloqueó en mayo de 2003 la urbanización del plan parcial que desarrollaba el sector 1 (denominado Los Pocillos, con 1,4 millones de metros cuadrados), entre cuyos propietarios figuraban ya Porto y los familiares de Esperanza Aguirre. Cuando Porto, con el cambio de Gobierno regional, llegó a la Dirección General de Urbanismo -tomó posesión en enero de 2004-, desbloqueó nueve meses después los problemas que bloqueaban el plan de urbanización de dicho sector, donde los familiares de Esperanza Aguirre y él mismo tenían terrenos.

La finca que compraron los familiares de Esperanza Aguirre se valoraba en 24.040 euros en noviembre de 1999 -nueve meses después de su recalificación- por su dueño, Benito Nieto García (6.000 euros más de lo que le costó en 1995). Cuando la vende, un año más tarde, en mayo de 2000, ya pide y recibe 419.975 euros de Alminar de Villas (la empresa de los Gil de Biedma) y Construcciones Ureta. Ambas sociedades la venden en enero de 2006 por 4,6 millones de euros a la inmobiliaria Terinza 26, que a su vez le da un valor de subasta de seis millones de euros.

- Intervención decisiva. La intervención de Porto como director general de Urbanismo fue decisiva para su negocio y para el de la familia de Aguirre en Villanueva de la Cañada. Porto rechazó el informe de sus técnicos, que arrojaba una terrible losa sobre sus intereses y los de los Gil de Biedma. Sus responsables técnico y jurídico le exigieron en un escrito de nueve folios -que Porto evitó incorporar al expediente administrativo- mantener la suspensión urbanística que pesaba sobre este sector de Villanueva de la Cañada desde mayo de 2003 por entender que persistían dos de las seis deficiencias que denunciaron entonces, y alguna anomalía más, como la falta de informe de evaluación ambiental.

Los expertos consultados por este periódico ven otro supuesto trato favor de Porto a ese plan parcial: fue devuelto al Ayuntamiento de Villanueva de la Cañada en mayo de 2003 para su corrección antes de seis meses. Sin embargo, fue vuelto a presentar en Urbanismo en agosto de 2004, 15 meses después, por lo que Porto debió darlo por caducado. Sin embargo, lo bendijo y aprobó al mes siguiente. De haberlo rechazado, habría sido redactado como nuevo y conforme a la ley 9/2001 del Suelo de la Comunidad de Madrid, que forzaría a los dueños a ceder 104.000 metros cuadrados de suelo urbanizable a la Comunidad de Madrid (un tercio sería para viviendas protegidas, unas 300).

Funcionarios de Urbanismo afirman que ninguna de las objeciones que plantearon al plan eran insalvables. Pero admiten que sus pegas, de haber sido atendidas, habrían retrasado el plan, lo que podría haber complicado los planes de venta de los dueños y el calendario de construcción de los promotores.

TRES DEFICIENCIAS QUE NUNCA FUERON SUBSANADAS  

Enrique Porto, ex director general de Urbanismo de Madrid, autorizó el plan del Sector 1 de Villanueva de la Cañada, donde los familiares de Esperanza Aguirre y él mismo tenían terrenos, sin subsanar las tres deficiencias siguientes que denunciaron sus técnicos:

- Monte preservado. Los técnicos denunciaron que se inflaba ilegalmente el volumen de edificabilidad del sector al computarse como suelo urbanizable el monte preservado: "No pueden computarse dichos suelos a efectos del cálculo de la edificabilidad, del aprovechamiento urbanístico o del número máximo de viviendas en el ámbito del sector". Tal párrafo de los técnicos, se mutó en lo siguiente al bendecirlo Porto: "La consideración tanto por el plan parcial como por el plan general de estos terrenos como sistema general de espacios libres no es incompatible con su calificación como suelo no urbanizable protegido". Y así ocurriría en la práctica: el monte se computó y aumentó la edificabilidad del sector, según los expertos.

- Paralización por la M-503. La segunda deficiencia que orilló Porto y denunciaban sus técnicos rezaba así: "En relación con la carretera M-503, colindante con el Plan Parcial, se reitera la necesidad de subsanar las deficiencias que motivaron el aplazamiento de la aprobación definitiva del Plan General que afecta a una banda de 200 metros a ambos márgenes de dicha carretera, tramitación previa a la aprobación definitiva del presente plan parcial".

Más allá de si esta paralización afectaba directamente a fincas de Porto, como sugieren expertos consultados, lo que sí admiten funcionarios de Urbanismo es que el desbloqueo de este veto zonal derivado del Plan General, originaría unos trámites que retrasaría todo el plan parcial del sector donde tenían intereses Porto y los tíos y primos de Aguirre. Y al afectar al Plan General, su desbloqueo debía autorizarlo el Gobierno de Aguirre, según los expertos. Pero Porto eliminó de un plumazo el veto derivado de la M-503: "Se resuelve mediante una glorieta, cuyo trazado se ajusta al proyecto".

- Sin informe ambiental. Porto obvió una tercera anomalía que denunciaron sus técnicos: "Es necesario hacer mención del informe de la dirección general de Calidad y Evaluación Ambiental de octubre de 2003, en lo relativo a la obligatoriedad o no de someter el proyecto de plan parcial a alguno de los procedimientos ambientales. Entendemos necesario una aclaración a dicho informe, al existir un vacío en los procedimientos a realizar o realizados respecto a la protección, puesto que el plan general no efectuó evaluación ambiental como hubiera sido exigible, ni análisis ambiental". 

MÁS DE OCHO MILLONES DE PLUSVALÍA EN TRES CANTOS  

José Gil de Biedma Vega de Seoane y el colectivo de tíos y primos maternos de Esperanza Aguirre integrantes de la sociedad Alminar de Villas, no es la primera vez que se ven involucrados en polémicas urbanísticas por acciones supuestamente especulativas en la región donde gobierna su sobrina desde noviembre de 2003.

En enero pasado, el PSOE denunció que este grupo de familiares maternos de Aguirre ganaron ocho millones de euros en Tres Cantos (Madrid) con unas fincas que compraron en 2001 y vendieron en enero de 2004, ocho meses después de que el gobierno local (Tres Cantos Unido y PP) aprobara el nuevo plan general, que incrementó el suelo residencial en detrimento del industrial. La crisis costó la dimisión de un dirigente local del PP Rafael Vázquez, que nunca quiso explicar las razones ocultas de su cese. El negocio inmobiliario realizado en Tres Cantos por la familia materna de Aguirre lo denunció el portavoz local socialista, Miguel Aguado. Sus datos fueron reflejados en numerosas noticias. Su resumen es el siguiente. Entre 1988 y 1989, la firma Eland Construcciones compró 23 fincas (173.046 metros cuadrados) en Tres Cantos por 11,8 millones de pesetas (71.000 euros). Doce años después, en mayo de 2001, los tíos y primos de Aguirre compran la empresa, a cuyo frente se sitúa José Gil de Biedma y el resto de tíos y primos que volverían a reaparecer en negocios inmobiliarios conjuntos en otros municipios madrileños.

Dos meses después, todos esos parientes de Aguirre crean diversas empresas para autocomprarse los terrenos de Eland. Para financiar tal operación logran una hipoteca de 3,1 millones y valoran las acciones de Eland en 5,1 millones. La operación aportaba ya un incremento artificial del suelo de dos millones de euros, a tenor de la denuncia socialista.

Pero su rédito especulativo no terminaría ahí. En enero de 2004, el entramado empresarial de la familia materna de Aguirre, quien ya gobierna en la Comunidad de Madrid pero no ha gestionado este planeamiento, vende 17 de las 23 fincas que posee por 11,2 millones de euros. En esta operación de compra de suelo a precio barato y posteriores ventas con incrementos artificiales del valor del suelo, la familia de Aguirre ha obtenido en dos años y medio beneficios que superan los ocho millones de euros, sin considerar las fincas aún no vendidas, 39.633 metros cuadrados, que ya valen otros 3.8 millones de euros, según el cálculo efectuado entonces por el PSOE sobre la operación del entramado societario de los Gil de Biedma y Vega de Seoane.

SIMANCAS PIDE A AGUIRRE EXPLICACIONES POR EL "PELOTAZO URBANÍSTICO" DE SU FAMILIA 

El portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid, Rafael Simancas, ha exigio hoy "explicaciones" a la presidenta Esperanza Aguirre sobre su "participación personal en el hecho probado de que su familia se benefició directamente de una operación urbanística especulativa e irregular en Villanueva de la Cañada". El PP ha respondido a las revelaciones que publica hoy EL PAÍS preguntando si existe "algún madrileño que conozca todas las actividades de sus tíos" porque "no está al alcance de ningún mortal".

En declaraciones a los periodistas antes de iniciar un viaje detrabajo a Bruselas, Simancas se refería así a una información publicada hoy este periódico según la cual una sociedad familiar de José Gil de Biedma, tío materno de Esperanza Aguirre, ganó 2,1 millones de euros en una compraventa de terrenos en esta localidad de Madrid, cuyo plan de urbanización desbloqueó en 2004 Enrique Porto, el dimitido director general de Urbanismo, que también tenía propiedades en la misma zona. Dicha firma vendió en 2006 -al 50% con otra inmobiliaria- por 4,6 millones de euros un total de 24.326 metros cuadrados del sector desbloqueado que compró en 2000 por 419.975 euros.

El secretario general del PSM-PSOE ha reclamado a Aguirre que dé "explicaciones urgentes y claras a la sociedad madrileña" y ha asegurado que, tal y como se "temían" los socialistas madrileños, el dimitido director general de Urbanismo "no era un verso suelto y la trama urbanística alcanza a la cúspide del Gobierno de Esperanza Aguirre". "Los beneficiarios en la trama urbanística de Villanueva de la Cañada al parecer ya no son sólo los familiares de Porto, sus socios en Plarquin, Fernández del Río y compañía, Luis Partida y su familia, sino que se descubre que también han sido beneficiarios los propios familiares de la presidenta", ha resumido Simancas, que ha considerado este asunto "extraordinariamente grave".

El encargado de dar explicaciones en nombre de Aguirre ha sido el Consejero de Presidencia, Francisco Granados, qye ha dicho que el terreno que adquirió José Gil de Viedma siempre fue urbanizable y se revalorizó porque entre la compra y la venta pasaron seis años. Según el consejero de Presidencia y secretario general del PP de Madrid, el terreno que compró el tío de la presidenta y su revalorización es consecuencia de los seis años que transcurrieron entre la compra y la venta, como ocurre "en muchísimas zonas de España, por no decir en todas, y desde luego en la Comunidad de Madrid y no solo con el suelo, sino también con los pisos o los chalés".

"Las plusvalías que se generan en el suelo se producen durante las recalificaciones, cuando pasa de rústico a urbanizable", cosa que, según según Granados, no sucedió en este caso. Para el PP, lo lógico es que en seus años se haya avanzado en la "tramitación administrativa normal de un expediente" como este, lo que, en todo caso, no implica el aumento del valor del suelo, como pasa con una recalificación. El secretario general del PP madrileño ha comentado irónicamente que "parece de broma que alguien vaya a saber en 2000 que tres años después a una sobrina suya la van a hacer presidenta de la Comunidad y que otros tres años más tarde, va a hacer director general de Urbanismo a un señor que, a su vez, va a aprobar un plan parcial en el que está una persona cercana a la presidenta".

Asimismo, ha preguntado si existe "algún madrileño que se haga responsable y conozca todas las actividades de sus tíos, sobrinos o primos" porque "eso es algo que no está al alcance de ningún mortal". Granados ha cuestionado si este caso es uno de los que Simancas califica de "urbanismo decente o indecente", según se produzcan en municipios gobernados por el PSOE o por el PP. Los grupos parlamentarios del PSOE e IU en la Asamblea de Madrid, a través de Matilde Fernández y Fernando Marín, han exigido hoy a Aguirre que en materia de Urbanismo "deje de jugar al calamar" y haga frente a todos los casos de corrupción, "denunciando e investigando las irregularidades y marginando a los que las cometan". Publicado en www.elpais.es  17.10.06

El Gobierno madrileño usó un bufete ante las trabas del jefe técnico a un plan urbanístico  

Espe $ Aguirre siempre rodeada de ladrillos y similares

El Gobierno de Madrid, presidido por Esperanza Aguirre (PP), pagó a un bufete privado para avalar un plan urbanístico al que puso trabas el jefe del servicio de planeamiento. Este técnico dependía de Enrique Porto, el director general de Urbanismo que dimitió hace una semana. Para aprobar el plan que rechazaba su jefe de planeamiento, Porto contrató a uno de los bufetes de abogados de mayor prestigio y coste en Madrid. Con ese informe, y otro de los dueños, dio vía libre a un proyecto que permitía más edificabilidad a los promotores de la que el técnico admitía y les brindaba un beneficio de más de 30 millones.

El polémico plan se situaba en el sector 3 del municipio madrileño de Villanueva de la Cañada. El jefe de Planeamiento, Jesús Sánchez-Cabezudo, forzó que en el expediente de ese plan se incorporase su informe negativo, que entregó en mano a Porto como garantía de que "estaría donde tenía que estar", según explicó su autor a este periódico.

El plan que cuestionaba Sánchez-Cabezudo se iba a desarrollar en el mismo municipio donde el ex director general poseía, con sus socios, más de 22.000 metros cuadrados, sobre los que tomó una decisión como cargo público para eliminar los obstáculos que impedían su urbanización y, después de hacerlo, vendió en 2006 las fincas que tenía por 4,3 millones de euros. En el sector 1 de Villanueva donde Porto tenía terrenos, el ex director general de Urbanismo obvió directamente la tenaz oposición de sus dos técnicos y no incorporó su opinión al expediente. En el sector 3 sobre el que informó en contra Sánchez-Cabezudo, no pudo hacer otro tanto. El técnico impuso que se incorporara su escrito al expediente, pero el resultado fue el mismo: hizo caso omiso de la opinión del funcionario experto en la materia.

La controversia en torno a la aprobación del plan urbanístico era si se podía incluir como suelo urbanizable del sector y computarlo a efectos del volumen total edificable, un espacio calificado de "montes preservados". Porto entendía que sí, con lo que aumentaba la edificabilidad (la superficie total construida). El técnico entendía que no, que los propietarios debían restar 28.000 metros de los montes a la superficie total del sector. Además, también juzgaba excesivo el coeficiente por el que multiplicaban el suelo para determinar el volumen final edificable del sector. Los promotores pretendían que fueran 0,2392 metros cuadrados por metro cuadrado; y el técnico lo rebajaba a 0,2179.

¿Qué ocurrió ante tales planteamientos desfavorables del jefe de los técnicos? La dirección de Urbanismo que encabezaba Porto para acallar - "contrastar jurídicamente", según la versión oficial- los argumentos de su responsable técnico, utilizó dos dictámenes jurídicos privados: uno de ellos lo facilitaron los propios promotores privados de los terrenos -los más interesados en conseguir la mayor edificabilidad posible-; y el otro fue encargado y pagado con dinero público por la propia dirección general a un bufete de los más caros de Madrid. Ambos dieron la razón a la tesis que ya defendía Porto desde que tramitó ya el anterior sector (Los Pocillos de Villanueva de la Cañada, donde poseía terrenos y, por tanto, intereses).

Los dos dictámenes sostuvieron que los montes preservados podían ser computados como urbanizables a efectos de rentabilizarlos en el aprovechamiento global por los dueños. Ésa era la tesis previa de Porto, como confió él mismo en sus reuniones con mandos del departamento, ya que suponía una "gran ocasión" para los promotores, según han contado funcionarios a EL PAÍS. El plan bendecido por Porto superaba -según el informe de su jefe técnico -, en 30.197 metros cuadrados la edificabilidad legal del sector. ¿En qué se traduciría este plus de edificabilidad aprobado a favor de los promotores? Pues en que podrían construir 150 viviendas unifamiliares más o 300 pisos más por encima del marco legal, siempre según cálculos de expertos. A razón de un mínimo de 1.000 euros por metro construido, daría un beneficio neto -no habría existido de haber prevalecido el criterio del técnico- de más de 30 millones de euros. El informe que recoge toda la tramitación del plan, que firma el subdirector de Urbanismo, Mariano Trías, revela que "con fecha 22 de octubre de 2004, el jefe del servicio de Planeamiento y Control del Madrid Metropolitano, solicita la incorporación al expediente de sendos informes de fechas de 8 y 11 de octubre de 2004, en los que tras diversas consideraciones técnicas informa desfavorablemente el expediente".Sánchez-Cabezudo relató a este diario cómo logró que su informe -a diferencia de lo ocurrido con el de su subordinada sobre el sector donde Porto tenía terrenos-, se incluyera en el expediente: "Lo entregué en mano y firmado al director general. Me pareció la mejor la manera de garantizar que mi informe se incorporara al expediente y de tener la seguridad de que estaría donde tenía que estar. Me he limitado a cumplir con mi función y con la legalidad, como vengo haciendo desde que trabajo para la Administración desde 1972. Y, desde luego, sigo manteniendo el mismo criterio que entonces expuse". Este veterano funcionario asegura que no pudo llegar a suscribir el informe que hizo su compañera Norma Pérez sobre el sector 1 de los Pocillos (donde tenía terrenos el ex director general de Urbanismo), en el que pedía la suspensión del proyecto, entre otros, por entender que permitía computar los montes preservados. Pero apoya el criterio de sus compañeros: "Lo conozco perfectamente, y lo asumo en su integridad". Sánchez-Cabezudo no recuerda un precedente en su dilatada carrera en el que sus jefes contrataran un dictamen privado para contrarrestar sus tesis. Un portavoz de Medio Ambiente asegura que esta medida suponía una mayor garantía jurídica. El plan de este sector de Villanueva de la Cañada (El Castillo) fue aprobado finalmente con el voto en contra del PSOE por entender, precisamente, que no quedaban excluidos del sector urbanizable los montes preservados.www.elpais.es 12.10.06

La principal promotora fue investigada por favores del PP  

La Consejería de Medio Ambiente del Gobierno de Esperanza Aguirre, antes de entrar a analizar a fondo el caso, lanza dos ideas para garantizar que en el sector 3 de Villanueva de la Cañada no debe sospecharse una actuación irregular del ex director general de Urbanismo, Enrique Porto: "Aquí él no tenía terrenos y el informe del técnico negativo sí consta en el expediente". Así admitían, después de que lo publicara este diario, que en el caso del sector 1 de Villanueva de la Cañada, Porto no incorporó el informe negativo de sus técnicos. Si les hubiera hecho caso habría paralizado un plan urbanístico en el que tenía intereses en forma de 22.000 metros cuadrados que poseía con sus socios en aquella zona.Los dueños de los terrenos, cuyo plan también fue cuestionado por un técnico y para el que se encargó un informe a un bufete privado de abogados, no están en la órbita del ex director general, pero alguno de ellos figura en otras causas de polémica urbanística.Uno de los principales propietarios de este sector es la promotora Afar-4. Es copropietaria de más de 600.000 metros cuadrados. Esa inmobiliaria ha sido denunciada e investigada bajo sospecha de haber sido ilegalmente favorecida por el Ayuntamiento de Majadahonda bajo el mandato del Partido Popular en los últimos años. La presunta conexión de esa firma -cuyo dueño, fallecido, llegó a estar imputado-, con algunos de sus últimos regidores, como Narciso de Foxá o Ricardo Romero de Tejada, ex secretario general del PP en Madrid, ha sido planteada por la fiscalía en el curso de las pesquisas que se instruyeron, que fueron archivadas y hoy se hallan pendientes de un recurso del PSOE.

Designado por Rato

Otro de los propietarios del citado sector es José Fernández Olano, que presidió la ex empresa pública Aldeasa desde 1996 hasta abril 2005 por designación del vicepresidente Rodrigo Rato (PP), y que también ha figurado en el consejo de administración de Altadis, socio de referencia de Aldeasa y de Endesa. A nombre propio, Fernández Olano posee unos 4.300 metros cuadrados que afirma haber comprado hace 18 años. Sus cuñados poseen otros 75.000 metros cuadrados, fruto de una herencia paterna y de compras realizadas hace unos diez años.Fernández Olano asegura que no desconoció el favor que les hizo la dirección de Urbanismo bajo mandato de Porto. "No tengo ni idea, no intervine en nada de eso". Afirma que apenas conoce a José María Fernández del Río, redactor del Plan de Villanueva de la Cañada y hasta hace seis meses miembro del consejo de administración de Caja Madrid por el PP. www.elpais.es 12.10.06

Porto asesoró desde su despacho oficial un trabajo privado en Cáceres  

Enrique Porto siguió asesorando desde su despacho oficial de director general de Urbanismo un plan urbanístico en Cáceres capital -gobernada por el PP- que le fue adjudicado antes de su nombramiento. Así lo acredita un fax enviado desde su dirección en febrero pasado en el que da instrucciones sobre una parcela cuyo descomunal aumento de edificabilidad ha causado la dimisión de un edil del PP, que habla de ilegalidad. Por otro lado, la consultora Plarquin tenía asegurado a Porto durante su mandato como "arquitecto colaborador", pese a su declarada desvinculación de ella cuando tomó posesión.

Diferentes documentos en poder de este diario apuntan a que Porto, en contra de lo manifestado por él y asumido por el Gobierno de Esperanza Aguirre, nunca se desvinculó de su actividad privada ni de su consultora Plarquin tras ser nombrado director de Urbanismo de la Comunidad de Madrid en diciembre de 2003.

Existe una primera e insólita evidencia: un fax enviado por Porto desde la Dirección General de Urbanismo el pasado 13 de febrero, con el siguiente mensaje: "Por indicación de don Enrique Porto, te envío la siguiente documentación". El fax lleva el sello de la Dirección General de Urbanismo, y deja como teléfonos de contacto los del despacho oficial, así como su número de fax. Va enviado a Antonio Pimenta, de Prointec, firma que contrató en enero de 2003 los servicios de Porto como uno de los arquitectos que realizaría la revisión del plan general de Cáceres, cuyo alcalde es José María Saponi (PP).

El fax de Porto va referido a una finca del casco urbano cacereño de unos 11.000 metros cuadrados donde existía un colegio de las monjas carmelitas. En función del nuevo plan, la superficie edificable en dicho suelo pasaría de 7.910 metros cuadrados a 60.500, con inclusión de un colegio, pero en su mayor parte destinados a la construcción de un gran centro comercial, y uso terciario y residencial. Tal revisión se ha producido por un convenio cuya legalidad cuestionan sus detractores. Y sobre dicha parcela el director de Urbanismo de Madrid asesora en cuatro folios a sus compañeros de equipo redactor en febrero de 2006.

El alto cargo de Aguirre apunta a Prointec cuáles pueden ser los límites o los volúmenes de edificabilidad, la reserva para dotaciones públicas, la cesión de terrenos para dotaciones y participación en las plusvalías, y la "monetización" de las cesiones. Para ello compara la normativa extremeña con la madrileña.

Esta operación ha sido tan polémica que ha costado la dimisión, ayer, de un edil cacereño del PP, Manuel Rodríguez Cancho, por creer que "roza la ilicitud y la ilegalidad", y que la compensación por multiplicar su

edificabilidad -unos 2,5 millones de euros- "es escasa para la repercusión que la obra tendrá en la zona". Este expediente, la parcela de las carmelitas, vio frustrada su aprobación por la comisión municipal de Urbanismo ayer.

Quedó en la mesa con los votos en contra de dos concejales del PSOE, uno de IU y del propio Cancho (PP), que votó en contra de su partido. La portavoz socialista en dicho municipio, Carmen Heras, ha pedido toda la documentación del Ayuntamiento sobre la intervención de Porto porque sostiene que "si está cuestionado el que ha sido responsable del nuevo plan de general de Urbanismo de Cáceres, el plan está cuestionado". Heras argumenta que si Porto ha dimitido por beneficiarse de operaciones urbanísticas en la Comunidad de Madrid, el plan de Cáceres "puede estar contaminado".

Esta edil reparó meses atrás en que Porto, nombrado en diciembre de 2003, seguía figurando en la redacción del plan e incluso en febrero de 2004 acudió a una conferencia sobre el mismo.

Existe un segundo documento que apunta que Porto mantuvo su actividad privada tras su nombramiento como director de Urbanismo de Esperanza Aguirre. El 18 de febrero de 2004, la aseguradora Dual International, en nombre de Lloyd's, le recuerda a Plarquin -firma que teóricamente ha abandonado Porto tras su nombramiento en diciembre de 2003- que su cobertura de responsabilidad civil profesional cubre las actividades de los "arquitectos socios": Enrique Porto Rey; su esposa, Pilar Fernández González, y su socio, José María Fernández del Río.

El 5 de marzo de 2004, dicha aseguradora comunica a Plarquin que ha cambiado la póliza conforme a las instrucciones recibidas un mes antes de dicha consultora.

El cambio operado en la cobertura de los servicios profesionales de sus arquitectos es muy significativo: Porto ya no es asegurado como socio, sino como colaborador. "Queda cubierta la actividad profesional al servicio de la sociedad de los arquitectos colaboradores de la misma, Enrique Porto y Miguel Ángel García Horcajada, y excluida toda su actividad fuera de dicha sociedad". No se trata de garantizar con la póliza pasados trabajos profesionales de Porto dentro de la sociedad, ya que hasta febrero de 2004 estuvo cubierto como "arquitecto socio", sino las que desempeñe en adelante como "arquitecto colaborador".

Y tampoco cabe colegir que la cobertura del seguro se refiera a las actividades profesionales realizadas por Porto en el pasado a título individual. La póliza es tajante: "Quedan excluidas las reclamaciones que se puedan presentar contra los tres arquitectos socios de la sociedad y de los arquitectos colaboradores [Porto] por sus actuaciones profesionales realizadas con anterioridad a la fecha de actividad de la citada sociedad 1/6/2000".

Porto se autoaplica esa fórmula de arquitecto colaborador de Plarquin para intentar fortalecer la apariencia de desmarque de ella que ha intentado plasmar con la venta de sus acciones en dicha firma tras su nombramiento como director general de Urbanismo. Ocurre que dicha venta de su paquete accionarial recae en personas con las que sigue manteniendo vínculos societarios a través de varias inmobiliarias. Y sucede que Plarquin le factura cada mes cerca de 6.000 euros por alquiler a una de sus inmobiliarias, Fernández y Porto.  www.elpais.es 10.10.06

Aguirre guarda silencio sobre el informe que se eliminó en 2004  

Un mes después de estallar el escándalo de su ex director de Urbanismo Enrique Porto, el Gobierno de Esperanza Aguirre sigue sin calificar ni investigar la cadena de irregularidades apuntadas por este diario sobre su gestión. La última y más grave enterró un informe negativo de sus técnicos para poder dar luz verde a un plan parcial en Villanueva de la Cañada (Madrid) donde poseía terrenos que vendería años después. El consejero de Medio Ambiente, Mariano Zabía, manifestó en el Parlamento regional el pasado jueves lo siguiente sobre dicho plan: "No hay informes negativos, hay peticiones de ampliación". Refutó así las sospechas del diputado socialista Modesto Nolla: "¿Ha buscado usted los informes de sus técnicos? Cuando voy a ver el expediente que va a la Comisión de Urbanismo en 2004, cuando usted es consejero y ya es director Porto, que tiene intereses directísimos porque tiene propiedades en ese sector, me encuentro que ya no están los técnicos. ¿Eso a usted no le hace sospechar?".

Al día siguiente, este diario publicó el informe de los técnicos: exigía la paralización del sector y su devolución al Ayuntamiento de Villanueva para corregir sus deficiencias. Medio Ambiente, tras leer la noticia, replicó entonces que el informe no existía ya que no constaba en el expediente. Lo hizo sin consultar a sus autores, los técnicos de Urbanismo redactores del escrito sepultado: las responsables técnica y jurídica.

Dicha versión de Medio Ambiente fue desmentida ayer en este diario por una de sus autoras. La responsable técnica, Norma Pérez, ratificó ayer en EL PAÍS que, aunque Porto no lo incorporó al expediente que elevó, su informe es "oficial, existe y está disponible para cualquier autoridad". De hecho, según otros funcionarios, cuando Porto reclamó para preparar la comparecencia de Zabía todos los escritos existentes en su dirección de Urbanismo sobre el sector 1 de los Pocillos de Villanueva de la Cañada, sus subordinados cumplieron fielmente sus órdenes. Le entregaron los dos informes obrantes en el departamento sobre dicho proyecto: el de los técnicos que Porto sepultó, que exigía paralizar dicho sector, y el que rubricó el ex director general y elevó a la comisión de Urbanismo con su propuesta de que se desbloqueara y aprobara porque daba por subsanadas todas sus deficiencias.¿Ocultó Porto tal informe a Zabía o éste lo conocía cuando dijo al Parlamento que no existía? Este diario trasladó ayer este interrogante a Medio Ambiente. No hubo respuesta de dicha consejería. www.elpais.es 10.10.06

Cerco a una gestión  : Cronología de las supuestas actuaciones irregulares de Porto

La gestión del ex director general de Urbanismo, Enrique Porto, se ha puesto en entredicho a raíz de las informaciones que ha ido publicando EL PAÍS a lo largo de casi un mes. El cerco de información sobre su actuación le llevó a dimitir el pasado martes 3 de octubre.

- 12 de septiembre. El director general reconoce que no se ha inhibido cuando Urbanismo ha tramitado planes redactados por su antigua empresa, Plarquin. Ésta es una consultora a la que cedió sus contratos como arquitecto y en la que también han trabajado uno de sus hermanos y una hija. "Yo, a partir de ahora, me voy a inhibir porque es más elegante y me causa menos problemas", afirmaba. "Pero en pureza, no hay incompatibilidad en esto". El artículo 4 de la Ley de Incompatibilidades de Altos Cargos sí exige su inhibición.

- 14 de septiembre. Ecologistas en Acción y el PSOE denuncian que los expedientes de proyectos urbanísticos privados de Porto o sus socios en Moralzarzal, Guadarrama y El Molar tienen ahora informes medioambientales favorables, pese a que fueron vetados por el Gobierno regional bajo el mandato de Alberto Ruiz-Gallardón. La Consejería de Medio Ambiente responde que aún no han sido aprobados.

- 25 de septiembre. Porto había declarado que sólo se había inhibido una vez en relación a proyectos de su antigua empresa, Plarquin: en la revisión de las normas subsidiarias del SAU 21 (suelo apto para urbanizar) de El Molar. Había trabajado en este proyecto antes de ser director general y luego lo retomó Plarquín. Un escrito demuestra que tramitó y agilizó el expediente.

- 3 de octubre. El Tribunal Superior de Justicia ha requerido dos veces en 10 meses -la segunda bajo amenaza de multa- al Gobierno regional para que le entregue el expediente de revisión de las normas subsidiarias del SAU 21 de El Molar, agilizado por Porto. Este mismo día, EL PAÍS se pone en contacto con Porto para contrastar la información de la que dispone: Porto autorizó en 2004 un plan parcial en Villanueva de la Cañada (Madrid), que incluía la urbanización de más de 20.000 metros cuadrados. Una parte de estos terrenos eran de su propiedad, desde 1988, y el resto, de la sociedad Elclansol, que pertenece desde 1994 a su esposa, con la que tiene régimen de bienes gananciales. Dicho suelo, rústico en origen, fue recalificado en 1999 como urbano por un plan general que redactó el propio Porto cuando era arquitecto privado, contratado por el Ayuntamiento de Villanueva de la Cañada. En enero pasado, el director de Urbanismo y sus socios vendieron esas fincas por 4,3 millones de euros. Cuando las compraron pagaron 87.000 euros.

Dos horas después de esa llamada, la Consejería de Medio Ambiente anuncia la dimisión de su director general de Urbanismo. Porto no responde a las llamadas de este periódico y, a través del consejero de Medio Ambiente, Mariano Zabía, se hace público que explica su cese en "motivos personales" y en que, fuera del cargo, quiere ejercer su defensa. También mantiene que la dimisión se había realizado el día anterior, 2 de octubre.

- 4 de octubre de 2006. Juana Manrique, arquitecta municipal de Villanueva de la Cañada y esposa de su alcalde, Luis Partida (PP), cobró entre 2003 y 2005 de José María Fernández del Río, redactor del plan de Los Pocillos, que facilitó la operación urbanística que benefició a Porto y sus socios. Los pagos se produjeron antes y después de emitir su informe favorable al proyecto. En dicho sector, poseían más de 20.000 metros cuadrados (que vendieron en enero de 2006 por 4,3 millones) su pagador, Fernández del Río y sus socios: Porto y Ricardo Ortega, cuñado de la funcionaria.

- 6 de octubre de 2006. Porto desoye las conclusiones de los tres técnicos que le plantearon el 17 de septiembre de 2004 mantener la suspensión de edificar en un sector (Los Pocillos), donde él poseía con otros socios más de 22.000 metros cuadrados de suelo. En su informe final y sin las firmas de los técnicos, Porto dio por subsanadas las deficiencias que habían señalado los técnicos. En enero de 2006, él y sus socios vendieron esos terrenos por 4,3 millones. www.elpais.es 08.10.06

Un arquitecto ultraliberal  

"¿Para ser director general tienes que vender todo y ser un anacoreta?", se preguntaba el miércoles en un periódico el ya ex director general de Urbanismo, Enrique Porto Rey, un día después de cesar en el cargo que ejercía desde el 30 de diciembre de 2003, nombrado por el consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, Mariano Zabía.

Desde luego, este arquitecto y urbanista de 66 años no ha practicado tal extremo mientras ha sido alto cargo, sino que ha mantenido sus inversiones y propiedades inmobiliarias durante el ejercicio del cargo. "Cuando uno trabaja en un ámbito profesional es lógico que invierta en el mismo campo, porque es lo que conoce", justifican en la Consejería de Medio Ambiente.

Nacido en Villagarcía de Arousa (Pontevedra), Porto fue funcionario del Ministerio de Vivienda y profesor de Urbanismo de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Universidad Politécnica de Madrid, entre 1968 y 2000. Algunas biografías difundidas esta semana afirmaban que era catedrático de Urbanismo, pero no pasó de profesor adjunto, según el decano del Colegio de Arquitectos, Ricardo Aroca. "Estaba muy ligado al catedrático José López Zanón [prestigioso profesor de la Politécnica], pero era más un allegado que un arquitecto con personalidad propia", explica. En la actualidad está en situación de jubilación voluntaria en la Universidad.

Como Aroca, otras fuentes del sector confirman que Porto desarrolló sobre todo su carrera en el ámbito privado. "No es conocido por sus aportaciones teóricas al Urbanismo y a la Arquitectura", sentencia Aroca, que lo define como "ultraliberal".

En el plano personal, quienes le conocen lo describen como una persona de gran sentido del humor, afable, "más listo que inteligente", muy agradable de trato, pero soberbio en sus conocimientos. Hasta su llegada al Gobierno regional, el ex director general tuvo una prolífica actividad en el ámbito privado, a través de Plarquín, una consultora especializada en urbanismo, de la que fue administrador entre 2000 y 2002. La había fundado con José María Fernández del Río, arquitecto y ex consejero en Caja Madrid del PP.

Porto se vanagloria de ser un experto en Derecho urbanístico y tiene mucha afición a utilizar argumentos jurídicos. Desde el Gobierno regional se justificó en su día su elección como director general precisamente por ser "uno de los mayores expertos" en planeamiento y Derecho urbanístico de España.

Es el mismo perfil que describió el pasado jueves el vicepresidente regional, Ignacio González, cuando reiteradamente se le preguntó si respaldaba la gestión de su ex director general. González eludió responder hasta en cinco ocasiones, pero comentó: "Yo no conocía las actividades privadas de este señor. Sé que es un urbanista de prestigio. Tenía un perfil incuestionable desde el punto de vista profesional".

Pero otras fuentes replican que había poco fondo en su dominio de la materia. Y explican que lo que hizo Porto fue acaparar conferencias y cursos especializados en Urbanismo, lo que le ayudó a adquirir influencia y conseguir contratos para su empresa. Entre sus méritos se encuentra el haber dirigido los equipos redactores de los planes generales de A Coruña (1998), Albacete (1999), Burgos (1999), Cáceres (2003), Palencia (1991) y el plan del que luego se beneficiaría, en Villanueva de la Cañada (1997).

Cuando es llamado para la dirección general de Urbanismo, Porto se encontraba inmerso en la redacción de planeamientos de varios municipios madrileños, además de la capital: Cobeña, Ciempozuelos, Moraleja de Enmedio, Camarma de Esteruelas, Alcorcón, Leganés, Algete, Villanueva de la Cañada, San Martín de la Vega, Parla y Moralzarzal.

Tras aceptar el cargo, Porto reclama a los ayuntamientos que revoquen sus contratos o los subroguen en Plarquin. Al mismo tiempo, formaliza su desvinculación. Vende 50 acciones a Alejandro Arca Naveiro, arquitecto que trabajaba a sus órdenes, que se convierte en heredero de sus proyectos privados. El ex director de Urbanismo termina de desprenderse de Plarquín en enero de 2004: su esposa e hija ceden 200 acciones a José María Fernández del Río; y Porto y su esposa entregan otras 250 acciones a José Federico Bouzas. Por las 500 acciones que poseían, el director de Urbanismo y su familia reciben 3.000 euros. Su valor nominal. Porto regala a Plarquin sus contratos. Pero, como ha salido a la luz desde el pasado 22 de septiembre, la desvinculación no es completa.Las primeras informaciones apuntan a que Porto atenta contra la legalidad y da una imagen insostenible para un alto cargo, al no tener clara la línea que separa sus negocios y su actividad pública. Hasta ahora el ex director general no ha explicado en público su marcha y sus actividades. Evita las cámaras y varios diputados de los tres partidos (PP, PSOE e IU) comentan que el Gobierno le ha cerrado la boca para impedir que las irregularidades de su gestión suban el escalafón. www.elpais.es 08.10.06

   EL DIRECTOR DE URBANISMO DE MADRID ELIMINÓ EL VETO DE LOS TÉCNICOS PARA FAVORECER SU NEGOCIO  

Enrique Porto, director general de Urbanismo de Madrid hasta el pasado martes -dimitió al consultarle EL PAÍS por un negocio privado que hizo en Villanueva de la Cañada gracias a su gestión como cargo público- desoyó y alteró las conclusiones de los tres técnicos que le plantearon el 17 de septiembre de 2004 mantener la suspensión de edificar en un sector (Los Pocillos) donde Porto poseía con otros socios más de 22.000 metros cuadrados de suelo. Porto, en su informe final y sin las firmas de los técnicos, las dio por subsanadas seis días después. En enero de 2006, vendió esos terrenos por 4,3 millones de euros.

Porto modificó, al menos en una ocasión, las conclusiones de sus técnicos. Sus funcionarios le plantearon el 17 de septiembre de 2004 mantener la suspensión de edificar en el sector 1 de los Pocillos de Villanueva de la Cañada. Ignoraban que su jefe tenía allí 20.000 metros cuadrados. Porto, que cuando estalló el escándalo alegó que se limitaba a elevar lo que le decían sus técnicos, realizó una radical modificación de su propuesta. El documento final que debió firmar Porto, tal y como se lo pasaron sus técnicos, contenía el siguiente veredicto: "En virtud del informe técnico y jurídico (...) procede que se adopte el siguiente acuerdo:

- Primero. Mantener el aplazamiento del Plan Parcial del Sector 1 de Los Pocillos a los efectos de que por el Ayuntamiento se subsanen las deficiencias puestas de manifiesto en el informe de la dirección general de Urbanismo y Planificación Regional.

- Segundo. Devolver el expediente al Ayuntamiento de Villanueva de la Cañada para las correcciones solicitadas. El documento definitivo deberá remitirse a la comunidad en el plazo de seis meses a contar desde la notificación del aplazamiento de la aprobación definitiva".

Porto eliminó esta propuesta técnica del informe final, que rubricó sólo seis días después con el siguiente texto: "Procede que se adopte el siguiente acuerdo:

-Primero. Dar por subsanadas las deficiencias que motivaron el aplazamiento del Sector 1 Los Pocillos por acuerdo de la Comisión de Urbanismo de 7 de mayo de 2003.

- Segundo. Aprobar definitivamente el Plan Parcial del Sector Los Pocillos del Plan General de Villanueva de la Cañada.

Lo hizo en su nombre y con su firma, vulnerando, entre otros posibles preceptos legales, el artículo 4 de la Ley de Altos Cargos de la Comunidad de Madrid que le obligaba a inhibirse de un asunto en el que tenía intereses.

El 28 de septiembre de 2004, la comisión de Urbanismo sólo conoció el informe corregido por Porto. Y lo aprobó con su presencia. Había eliminado la última traba para urbanizar el sector de Los Pocillos -1,4 millones de metros cuadrados-, cuya recalificación diseñó en 1999 como arquitecto privado. Sus tierras -más de 22.000 metros cuadrados a su nombre o al de su sociedad Elclansol-, adquirieron un valor inusitado. Este plan parcial estaba paralizado desde 2003 porque los técnicos entendían que precisaba un informe de impacto ambiental, irrumpía en montes preservados y presentaba problemas con una carretera (M-503), entre otros.

En 2004, los técnicos volvieron a confirmar su veto al Plan Parcial. Porto necesitaba desbloquear este asunto y lo hizo eliminando el informe de los técnicos. Su acto revalorizó sus tierras, como ponen de manifiesto sus escrituras de venta de 2006. Las fincas "se encuentran dentro de un sector de suelo urbanizable que dispone a fecha de hoy de plan parcial aprobado definitivamente y firme en derecho, y con fecha de publicación en el boletín oficial de 26 de noviembre de 2004". En un cajón, quedaban las deficiencias y el veto que los tres técnicos plantearon a su sector, a su plan. Los técnicos cuyos informes se jactaba públicamente de acatar sin rechistar: los responsables de hacerle converger todos los aspectos técnicos y jurídicos sobre el plan que debía elevar. Del informe final desaparecieron "la técnico informante, la jurídico informante y el jefe de servicio de planeamiento y control de Metropolitano". Eran las mismas personas que denunciaron en 2003 las deficiencias del sector y lo bloquearon. En 2004, seguían viendo dos deficiencias:

1. "En relación con la carretera 503, colindante con el plan parcial, se reitera la necesidad de subsanar las deficiencias que motivaron el aplazamiento de la aprobación definitiva del Plan, que afecta a una banda de 200 metros a ambos márgenes de dicha carretera, tramitación previa a la aprobación definitiva del presente plan parcial".

2. "El plan parcial deberá excluir de su ámbito los terrenos de monte preservado, cuya delimitación precisa deberá contar con un informe favorable de la dirección general del Medio Natural. No pueden computarse dichos suelos a efectos de cálculo de edificabilidad, del aprovechamiento urbanístico o del número máximo de viviendas".

Al desaparecer las medidas correctoras para tales deficiencias del informe final de Porto -con fincas colindantes con la M-503 y los montes preservados-, no sólo se ganó en rapidez para urbanizar, sino que, según técnicos consultados, se han computado los montes preservados como zona verde lo que ha multiplicado la edificabilidad del sector donde se asentaban sus parcelas.www.elpais.es 06.10.06

PORTO DESCALIFICÓ EN UN JUICIO UN INFORME CONTRA EL ALCALDE DE SAN LORENZO  

El ex director de Urbanismo de la Comunidad declaró como testigo en junio de 2005 en un juicio contra José Luis Fernández Quejo, del PP, ex alcalde de San Lorenzo de El Escorial, por un supuesto delito urbanístico y descalificó a uno de los técnicos de su propio departamento que firmaron un informe que declaraba nulas dos licencias urbanísticas. El alcalde fue posteriormente absuelto. Este Ayuntamiento adjudicó a la empresa Plarquin, de la que Porto fue socio hasta 2003, el desarrollo urbanístico de Monesterio, un proyecto de construcción de miles de casas y un gran centro comercial en San Lorenzo.

La declaración de Porto ante la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial fue providencial para el alcalde y los otros cinco ediles acusados en ese proceso. El ya ex director de Urbanismo compareció como testigo de tres abogados de los acusados. Su testimonio desbarató en parte la principal prueba de cargo que tenía el fiscal de Urbanismo de Madrid, Emilio Valerio.

Esta prueba era un informe firmado en 1998 por técnicos de la consejería de Urbanismo de la Comunidad de Madrid en el que se "declaraban nulas de pleno derecho" las licencias otorgadas por el Consistorio de San Lorenzo a la empresa mercantil Inversiones Neypas, S. L. El alcalde, José Luis Fernández Quejo, fue absuelto junto con otros cinco ediles de la acusación de haber recalificado una parcela que estaba protegida saltándose la normativa urbanística, y también de permitir una tala de árboles centenarios. Ante el tribunal, Portó restó importancia a un informe firmado por tres peritos de la Comunidad de Madrid acerca de citada recalificación. El informe que cuestionó Porto tiene fecha del 21 de septiembre de 1998 y lo firman Beatriz Lobón Cerviá, entonces jefa de Urbanismo de la Consejería de Obras Públicas de la Comunidad; Benigno Pasarón García, técnico informante de inspección urbanística de la zona de planeamiento y control sur y este, y Tomás Avendaño Pereda, jefe de la sección de inspección urbanística.

En la fecha en que se hizo este informe el presidente de la Comunidad de Madrid era Alberto Ruiz-Gallardón. Sin embargo, en la fecha del juicio, la presidenta era Esperanza Aguirre y Ruiz Gallardón, alcalde de Madrid. Beatriz Lobón es jefa de urbanismo del Ayuntamiento de Madrid.

En el juicio, Porto desacreditó el informe. Señaló que el Departamento de Inspección Urbanística, del que había partido este informe incriminatorio, estaba bajo su responsabilidad. Entre otras cosas, subrayó: "...Pasarón [en alusión a uno de los firmantes] realizó la visita a las obras [de San Lorenzo, pero] no tiene la autoridad exigida por la ley 4/84. No es abogado, ni siquiera licenciado en Derecho. Es profesor, pero su precisión jurídica no es grande. Según la ley, para ser inspector urbanístico", añadió, "se tiene que ser funcionario público, ya que se [realiza una labor de] agente de la autoridad". Porto indicó que había hablado con Pasarón antes del juicio y que éste le había reconocido que "era contratado laboral y arquitecto técnico". Explicó que para realizar labores de inspección "se requiere grado académico del grupo A, [ser] funcionario del grupo A y titulado superior, y el arquitecto técnico", dijo, "no entra en ese grupo, [pero] puede hacer funciones de auxiliar de la inspección".

Fuentes judiciales entienden llamativo que estas manifestaciones las hiciera el ya ex director de Urbanismo de Madrid como "testigo de la defensa" y que fuese la empresa Plarquin la que resultase adjudicataria, en mayo de 2004, del diseño del desarrollo urbanístico de Monesterio. Este complejo supone levantar otro caso urbano de San Lorenzo para 18.000 personas en un paraje situado a cinco kilómetros del actual. www.elpais.es 06.10.06

EL PARLAMENTO MADRILEÑO QUIERE INVESTIGAR EL URBANISMO LOCAL  

El llamado caso Porto es susceptible de ser investigado por una comisión de investigación en la Asamblea de Madrid. Éste fue el único punto en el que se pusieron de acuerdo ayer los tres grupos parlamentarios (PP, PSOE e IU), que después hicieron patente que cada uno está pensando en una investigación distinta.Mientras la oposición quiere analizar en el hemiciclo la gestión del ex director de Urbanismo, Enrique Porto, el PP pretende que las indagaciones afecten también al urbanismo de los municipios donde gobierna la izquierda. A eso tampoco se oponen PSOE e IU, pero los socialistas prefieren tratarlo en un pleno monográfico e IU opta por una comisión por cada municipio cuyo urbanismo sea cuestionado.El debate sobre la comisión de investigación partió del pleno de la Asamblea, pero pasó muy pronto a los pasillos del hemiciclo. La idea la lanzó la presidenta regional, Esperanza Aguirre, del PP, que en su turno de intervenciones le dijo al portavoz socialista, Rafael Simancas, que si quiere investigación en la Cámara pida una comisión, porque el PP se la va a aceptar. "Pero también vamos a investigar otros municipios, como Getafe o Rivas-Vaciamadrid [gobernados por el PSOE e IU]", apostilló.Antes había apostado porque el grupo socialista lleve la cuestión a los tribunales, "si tiene conocimiento de alguna irregularidad o de algún delito". Fue la respuesta que ofreció Aguirre a otra propuesta anterior de Simancas: que el pleno de la Asamblea celebre un pleno monográfico para "analizar a fondo el urbanismo de la comunidad". En él, continuó, se harían propuestas de futuro, "habrá una revisión de los desaguisados que Porto ha hecho", dijo, y se decidirán los trabajos preliminares para elaborar un Plan Regional de Estrategia Territorial, que decida el desarrollo urbanístico futuro.Ya fuera de la Cámara, el PP expuso que está dispuesto a aceptar una comisión, siempre que trate el urbanismo de toda la región, "sin límites, ni condiciones", según dijo su portavoz, Antonio Beteta. Pero el PSOE no quiere que el grupo popular utilice su mayoría para imponer qué es lo que trata la comisión y quién comparece en ella. Por eso, la portavoz adjunta, Ruth Porta, exigió tres garantías para que su grupo la acepte: que no haya límite a la petición de comparecencias, tampoco a la documentación que se pide y, sobre todo, que el calendario de la comisión ponga en primer lugar al caso Porto.Cumplidos esos requisitos, el Partido Socialista está dispuesto a tratar cualquier asunto urbanístico, sin límites, y de cualquier municipio de la región. "Pero lo de Porto primero".

EL PSOE PIDE LA DIMISIÓN DE ZABÍA POR NEGLIGENCIA O POR COMPLICIDAD  

El caso Porto acaparó ayer gran parte de la primera sesión del curso del Pleno de la Asamblea regional. Uno de los momentos más tensos fue cuando el diputado socialista, Modesto Nolla, reclamó la dimisión del consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, Mariano Zabía. "Todo el mundo sabía a qué se dedicaba el señor Porto. Hace tres meses que circulaba por Internet, lo han difundido los medios de comunicación... ¿Se enteraba usted, señor consejero?", planteó. Luego le reclamó su dimisión por dos motivos: "Por negligencia, al ignorar sus actividades, o por su complicidad y por encubrir las actividades del señor Porto".Pero no consiguió que Zabía abandonara su cargo. Éste se mantuvo en el argumentario que en los últimos días ha esgrimido su partido: que los socialistas "siempre mienten, exageran o deforman la realidad". "Por supuesto, no es mi intención presentar la dimisión", puntualizó. www.elpais.es 06.10.06

La trama del ex jefe de Urbanismo de Madrid alcanza al alcalde del municipio donde hizo negocios 

La trama de amistades e intereses que posibilitó que el dimisionario director de Urbanismo del Gobierno de Madrid (PP), Enrique Porto, rentabilizara un pelotazo de 4,3 millones de euros en Villanueva de la Cañada -tras recalificarse sus terrenos y desbloquear, desde su cargo, su urbanización en 2004- incorpora un elemento más: Juana Manrique, arquitecta municipal de Villanueva de la Cañada y esposa de su alcalde, Luis Partida (PP). La mujer cobró honorarios del redactor del plan parcial de Los Pocillos, José María Fernández del Río, antes y después de emitir un informe favorable a dicho proyecto en julio de 2004. En dicho sector tenían terrenos tanto su pagador, Fernández del Río, como el entonces director general de Urbanismo, Porto, y su propio cuñado, Ricardo Ortega.Entre los tres totalizaban una propiedad en el sector que superaba los 20.000 metros cuadrados. Estos pagos del socio de Porto a la esposa del alcalde de Villanueva de la Cañada, que se extienden desde 2003 a 2005, tienen varias singularidades, como su inusitada regularidad. Fernández del Río liquidaba trimestralmente honorarios por supuestas actividades profesionales a dicha funcionaria.

Ingresos documentados

Uno de los pagos documentados se refiere a 12 de enero de 2004. Ese día Manrique cobra de Fernández del Río 28.577 euros. En septiembre de 2004, Plarquin, empresa en la que Porto ha cedido sus acciones a sus socios en otras empresas, realiza otro pago a la esposa del alcalde por una suma similar, 26.615 euros por "honorarios correspondientes a trabajos de colaboración realizados en su estudio referidos al desarrollo urbanístico de los terrenos situados en Alfoz de Quintadueñas (Burgos)". Y, en septiembre de 2005, se documenta otro pago a Manrique por "honorarios correspondientes a trabajos de colaboración realizados en su estudio referidos al desarrollo urbanístico de los terrenos situados en el área GAL de Alcalá de Henares (Madrid)".

Este diario reclamó ayer sin éxito la versión de Partida y de su esposa para saber cuál es su régimen de incompatibilidades y si su estatuto le permite tal actividad privada, al margen de que, en definitiva, estaba cobrando emolumentos de un personaje con un doble interés en su municipio: Fernández del Río era autor de varios planes parciales en Villanueva de la Cañada que había aprobado el Ayuntamiento para el que trabajaba. Y, al mismo tiempo, era uno de los propietarios beneficiados por una doble decisión municipal del Ayuntamiento que presidía su esposo: la aprobación del plan general de 1999, que recalificó el sector de sus terrenos, y del plan parcial de 2004 que lo desarrolló. Ella tenía un papel clave, que era informar favorablemente de cada uno de los trámites: plan general, plan parcial, desarrollo de las unidades de ejecución, proyectos de urbanización, licencias de obras, viviendas... www.elpais.es 05.10.06

La esposa del alcalde de Villanueva cobró del autor del plan que facilitó el 'pelotazo' de Porto

Juana Manrique, arquitecta municipal de Villanueva de la Cañada y esposa de su alcalde, Luis Partida (PP), cobró entre 2003 y 2005 de José María Fernández del Río, redactor del plan de Los Pocillos que facilitó el pelotazo que benefició a Enrique Porto, entonces director de Urbanismo. Los pagos se produjeron antes y después de emitir su informe favorable al proyecto. En dicho sector, poseían más de 20.000 metros cuadrados -que vendieron en enero de 2006 por 4,3 millones- su pagador, Fernández del Río y sus socios: Porto, que dimitió anteayer al conocerse el pelotazo, y Ricardo Ortega, cuñado de la funcionaria. El líder del PSM, Rafael Simancas, denunció ayer que Porto y Partida eran un "tándem especulativo" cuya responsabilidad recaía en la presidenta Esperanza Aguirre.

Estos pagos del socio de Porto a la esposa del alcalde de Villanueva de la Cañada, que se extienden desde 2003 a 2005, se producen con una inusitada regularidad. Fernández del Río le liquidaba trimestralmente honorarios por supuestas actividades profesionales a dicha funcionaria. Así, por ejemplo, según sus apuntes contables, Fernández decía abonarle a Manrique el 50% de sus honorarios por labores realizadas precisamente para inmobiliarias que operaban en Villanueva de la Cañada en concepto de proyectos de ejecución de vivienda o urbanización. Algunos de tales servicios databan de 2003, por tanto, al menos desde ese año la arquitecta municipal habría venido desempeñando este doblete público y privado. Uno de los pagos documentados se refiere al 12 de enero de 2004, bajo el epígrafe "tercera liquidación". Ese día Juana Manrique cobra de Fernández del Río 28.577 euros.

En septiembre de 2004, Plarquin -empresa de Fernández del Río que antes compartía con Porto-, realiza otro pago a la esposa de Partida por un monto similar, 26.615 euros, por "honorarios correspondientes a trabajos de colaboración realizados en su estudio referidos al desarrollo urbanístico de los terrenos situados en Alfoz de Quintadueñas (Burgos)".

Y, en septiembre de 2005, se documenta otro pago por el siguiente concepto: "Honorarios correspondientes a trabajos de colaboración realizados en su estudio referidos al desarrollo urbanístico de los terrenos situados en el área GAL de Alcalá de Henares (Madrid)".

Incompatibilidades

Este diario reclamó ayer sin éxito la versión de Partida y de su esposa para saber cuál es su régimen de incompatibilidades y si su estatuto le permite tal actividad de índole privada, al margen de que, en definitiva, ella ha estado cobrando emolumentos de un personaje que tenía un doble interés en su municipio: Fernández del Río era, por un lado, autor de varios planes parciales en Villanueva de la Cañada que había aprobado el Ayuntamiento para el que ella trabajaba. Y, al mismo tiempo, era uno de los propietarios beneficiados por una doble decisión municipal del Ayuntamiento que presidía su esposo: la aprobación del plan general de 1999 que recalificó el sector de sus terrenos -redactado por Porto- y del plan parcial de 2004 que lo desarrolló.Y ella tenía un papel clave en tales asuntos: debía informar favorablemente, como así hizo, cada uno de dichos trámites, plan general, plan parcial, desarrollo de las unidades de ejecución, proyectos de urbanización, licencias de obras y viviendas, etcétera.No es una hipótesis. Un ejemplo: el 14 de julio de 2004, entre pago y pago de Fernández del Río. Manrique dictaminó el proyecto del plan parcial del sector 1 de Los Pocillos redactado por su financiador. La arquitecta lo "informa favorablemente para su aprobación provisional, ya que se han cumplido todas las modificaciones exigidas en los informes emitidos por los distintos órganos consultados". Por el contrario, Ecologistas en Acción denunció en los juzgados al equipo redactor de los planes parciales de dicho municipio y a las autoridades que los aprobaron: Comisión de Urbanismo de Madrid y Corporación de Villanueva de la Cañada.Este conflicto de intereses tiene claro diagnóstico para el líder de los socialistas madrileños, Rafael Simancas. "Desde 1989 en este municipio el ya ex director general de Urbanismo de la Comunidad y el regidor del PP han ido promoviendo desarrollos urbanísticos que han favorecido a amigos y familiares en detrimento del interés general. Partida y Porto han formado un tándem especulativo en su propio interés. ¿Por qué el Gobierno de Aguirre desbloquea el plan de Los Pocillos cuando antes fue rechazado?", se preguntó ayer en Villanueva de la Cañada."Es significativo", añadió, "que la arquitecta municipal y esposa del alcalde de Villanueva de la Cañada recibiera dinero de Plarquin. Tendrían que dar explicaciones de por qué la arquitecta municipal ha recibido dinero de la empresa redactora del plan general y en qué concepto". Simancas fue más lejos: la dimisión de Porto "alcanza a la propia presidenta y al consejero Mariano Zabía, porque si no se enteró en tres años tendría que dimitir por incompetente, y si lo sabía, debe dimitir como corresponsable". www.elpais.es 05.10.06

Esperanza Aguirre se limita a decir: "Pregúntenle a Porto"  

"Pregúntenle a Porto". Ésta fue la respuesta que la presidenta regional, Esperanza Aguirre, dio ayer cuando se le preguntó sobre las razones de la dimisión del director de Urbanismo, Enrique Porto. "Estará deseoso de contestarles", añadió. Ningún miembro del Gobierno ha respaldado la gestión del alto cargo y sólo el Grupo Parlamentario del PP en la Asamblea regional ejerció su defensa. El portavoz, Antonio Beteta, fue el encargado de ofrecer la justificación del supuesto pelotazo de 4,3 millones en el que participó Porto en Villanueva de la Cañada.

Ningún miembro del Gobierno regional ha apoyado públicamente al ex director de Urbanismo. El martes, el consejero de Medio Ambiente, Mariano Zabía (superior de Porto), eludió pronunciarse cuando se le preguntó. Ayer fue la presidenta regional la que se zafó de las cuestiones de los periodistas y les animó a que preguntaran al propio Porto. "Estará deseoso de contestarles", dijo.

En cambio, fue Beteta el encargado de ofrecer la justificación de Porto acerca del supuesto pelotazo que habría obtenido en Villanueva de la Cañada, que le habría reportado a él y a sus socios unos 4,3 millones de euros por la venta de una finca.

En la rueda de prensa ofrecida por el portavoz del PP, Antonio Beteta, no estuvo el ex director, que tampoco ha ofrecido todavía su versión del pelotazo, pese a que EL PAÍS le solicitó una explicación el martes. Preguntado por las razones por las que era el encargado de defender a Porto, Beteta afirmó que desconocía por qué el ex alto cargo no ha respondido a las preguntas de este periódico, pero que "el PP defiende que la política urbanística del Gobierno regional es legal y legítima". Y abundó: "No hay nada ilegal en la actuación del señor Porto y no se ha producido ninguna denuncia contra él".

Antes, Beteta había leído un documento en el que detallaba la relación entre el ex alto cargo y la parcela de Los Pocillos con la que se lucró. Según Beteta, "no existió ningún pelotazo urbanístico", porque a Porto sólo le correspondían 333 metros cuadrados de la finca de 2.000 metros que adquirió junto a otras cinco personas en 1988. Además, según esta versión, los otros terrenos, que suman 20.000 metros cuadrados, no pertenecen a Porto, sino a su esposa, que participa en la empresa Elclansol, la propietaria. Las fincas fueron adquiridas, recalcó, cuando ya eran urbanizables. Pero la compra se efectuó en 1994, y los terrenos fueron convertidos en urbanizables por el propio Porto en su redacción del plan general en 1999. Beteta no mencionó que el matrimonio tiene régimen de bienes gananciales, ni que Porto desbloqueó el planeamiento parcial en 2004, cuando ya era director general. Beteta afirmó que su grupo "respalda la gestión de Porto al frente de Urbanismo" y arremetió contra el Partido Socialista de Madrid (PSM) al que acusó de atacar la "honorabilidad" del ex director para "tapar su falta de proyecto político".El portavoz socialista, Rafael Simancas, replicó que el PSM ha cumplido con su deber de hacer denuncias políticas y puso la información de la que dispone su grupo a disposición de la Fiscalía. Hoy tiene previsto reclamar en la Asamblea la dimisión del consejero Zabía por su responsabilidad al no haber detectado las irregularidades de Porto.  www.elpais.es 05.10.06

José María Fernández del Río: "He consultado con Urbanismo"

¿Para qué sirve que tu socio sea director general de Urbanismo? Alguna respuesta da el acta de la reunión del 18 de junio de 2005 de los propietarios del sector 1 de los Pocillos de Villanueva de la Cañada, uno de los cuales era el entonces director general de Urbanismo, Enrique Porto, con parcelas a su nombre y de su sociedad Elclansol. Esta reunión se produce cuando se ha despejado el mayor nubarrón sobre su negocio inmobiliario.

Un año antes, la urbanización del sector, de 1.470.080 metros cuadrados, había sido desbloqueada por Porto desde Urbanismo, al dar por subsanadas las deficiencias que lo bloqueaban por obra de los informes negativos emitidos por el anterior gobierno madrileño. En la sesión, según el acta, toma la palabra José María Fernández del Río, redactor del plan parcial aprobado por Porto y socio de él en varias inmobiliarias, una de las cuales (Elclansol), poseía más de 20.000 metros cuadrados precisamente en dicho sector.

Fernández explica a los reunidos que los principales propietarios proponían agrupar las tres unidades de ejecución del sector en una sola porque les aportaría grandes ventajas. Con la unificación, al tener repartidos sus terrenos entre las tres unidades, evitarían la fragmentación de sus propiedades; reducirían sus gestiones; y lograrían que se agrupasen los aprovechamientos adjudicados en cada unidad y que estuviesen lo más cercano posible al propietario. Y ahorrarían en la administración y en la gestión de las obras de urbanización. Fernández explica que "se ha estudiado la citada propuesta con el Ayuntamiento y por su propio equipo, considerándola en ambos casos como buena y favorable a la gestión del sector".

A renglón seguido, alardea de que también ha logrado el visto bueno a esta modificación del plan parcial de la Comunidad. "También se ha consultado a la dirección general de Urbanismo si la citada propuesta constituiría una modificación del Plan Parcial, y, por lo tanto, si se debería tramitar como una modificación del Plan Parcial. Finalmente, no se considera sustancial la modificación y, por tanto, únicamente se debe tramitar ante el Ayuntamiento un proyecto de delimitación de una única unidad de ejecución".www.elpais.es 05.10.06

  EL JEFE DE URBANISMO DE ESPERANZA AGUIRRE DIMITE TRAS HACER UN NEGOCIO DE 4,3 MILLONES  

 El director general de Urbanismo de la Comunidad de Madrid, Enrique Porto, autorizó en 2004 un plan parcial (Los Pocillos) de Villanueva de la Cañada (Madrid) que incluía más de 20.000 metros cuadrados, parte de los cuales eran de su propiedad y otros de su sociedad Elclansol (que compartía con un concuñado del alcalde). Porto dio por corregidas las deficiencias que bloqueaban su urbanización desde hacía un año y vendió sus fincas en enero pasado por 4,3 millones de euros, frente a los 87.000 euros pagados por él y sus socios antes de su recalificación en 1999. Tras pedirle este diario su versión, Porto dimitió.

La historia de este pelotazo urbanístico se cierra el 11 de enero de 2006. Ese día, la constructora Fadesa -firma que en ocasiones ha pagado servicios privados arquitectónicos de Porto y de Plarquin, firma de sus socios- compra una finca rústica de 2.000 metros cuadrados en Villanueva de la Cañada. Quienes la venden la habían comprado en 1988 por 24.000 euros. Sus afortunados propietarios eran Enrique Porto y esposa (25%), y sus socios José María Fernández del Río y esposa (25%) y Ricardo Ortega Aranegui (50%), concuñado de Luis Partida, alcalde de Villanueva de la Cañada desde 1979. Su número registral es 4.159.Pese al título de "rústica" que le atribuye la escritura, ésta destaca que la finca "se encuentra íntegramente incluida en el sector número 1 de suelo urbanizable denominado Los Pocillos, que dispone a fecha de hoy de Plan Parcial aprobado definitivamente y firme en derecho, y con fecha de publicación en el BOCAM [Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid] de 26 de noviembre de 2004". El precio de venta se tasa en 186 euros por metro cuadrado, lo que brinda a los vendedores un ingreso total de 400.458 euros. La escritura apostilla: "se permite la edificación en el presente sector de 2.975 viviendas, de las cuales 2.030 son libres en tipología unifamiliar, 498 son libres en tipología multifamiliar y únicamente 447 viviendas son de protección pública".

Ese mismo día, Elclansol, firma que incluye a los mismos propietarios (la esposa de Porto, con régimen de gananciales, es socia desde noviembre de 2001, al igual que Fernández del Río y el concuñado del alcalde de Villanueva de la Cañada), vende también a Fadesa otras dos parcelas rústicas en dicho municipio: números registrales 2.587 (11.285 metros cuadrados) y 2.718 (10.062 metros cuadrados). La escritura, vuelve a recalcar, que "a fecha de hoy" ambas fincas están incluidas en el sector del suelo urbanizable antedicho y que dispone de plan parcial aprobado.

Con igual precio por metro cuadrado, la sociedad de Porto, Elclansol, cobra 3,9 millones de euros por unos terrenos que le costaron 63.000 euros en 1994, antes de su recalificación.

La operación tiene la singularidad de que intervienen tres actores privilegiados para la puesta en valor de los terrenos:

-El primero es Porto, que ha redactado como arquitecto privado el Plan General de Villanueva de 1999, que incluye el sector de los Pocillos -donde se ubican las tres fincas-, como urbanizable. Y que algunos años después, como director general de Urbanismo, desbloquea y da por subsanadas en agosto de 2004 las deficiencias, atribuidas en mayo de 2003 a dicho sector por el anterior Gobierno madrileño, que impedían su urbanización.

-El segundo actor clave en el enriquecedor proceso urbanístico de estas parcelas es José María Férnandez del Río -ex consejero de Cajamadrid a propuesta del PP-, quien firma el plan parcial rechazado por el Gobierno regional bajo el mandato de Alberto Ruiz-Gallardón y también suscribe el nuevo plan entregado a su socio y director de Urbanismo en agosto de 2004, entre cuyos redactores figuran la hija y el hermano del alto cargo. El plan parcial que entrega a Urbanismo incluye entre el listado de terrenos y propietarios las tres parcelas que comparte con Porto.

-Y el tercer actor, el concuñado de Luis Partida, alcalde de Villanueva de la Cañada (PP), que se llama Ricardo Ortega. Este propietario, socio de Porto, resulta beneficiado de las sucesivas decisiones que impulsaría su pariente, Partida (PP), como son la aprobación del plan general y del plan parcial, así como de sus secuelas.. Hasta el punto de que la propia escritura de venta condiciona los pagos aplazados (60%) a dos hechos de esa índole: "A la fecha de aprobación definitiva del proyecto de reparcelación (30%), y a la fecha de aprobación del proyecto de urbanización (30%)". La diferencia de valor de estas fincas se explica por su recorrido urbanístico: cuando son compradas, entre 1988 y 1994, su superficie era rústica, y se incorporan al catálogo de urbanizables en el plan general que diseña Porto como privado y aprueban el Ayuntamiento y el Gobierno regional en 1999.

Pero el impulso definitivo para su urbanización se produce cuando Porto autoriza el plan parcial para dicho sector (redactado por su socio). Y refrenda con su firma que se han superado todas las graves deficiencias que lo paralizaban (ausencia de evaluación de impacto ambiental, irrupción en un monte preservado, problemas de aplazamiento del plan general por efecto de la M-503...). Aunque los nuevos informes favorables ponen condiciones y exigen precisiones, en menos de un mes Porto los da como enteramente positivos. Su documento final no incluye las firmas de los técnicos y jefe de servicio, en contra de lo habitual.www.elpais.es 04.10.06

CRONOLOGÍA DE UN ' PELOTAZO' 

1988, Enrique Porto compra una finca rústica de 2.000 metros cuadrados en Villanueva de la Cañada (Madrid). Lo hace en compañía de su socio José María Fernández del Río, y de Ricardo Ortega, concuñado del alcalde de dicho municipio, Luis Partida (PP), por un precio de 24.000 euros.

1994, Elclansol, que desde 2001 incluye como accionista a la esposa de Porto (con régimen de gananciales), compra unas fincas que totalizan más de 20.000 metros cuadrados en Villanueva de la Cañada por unos 63.000 euros.

Un documento revela que existe una cuarta parcela rústica a su nombre en Villanueva de la Cañada de unos 8.000 metros cuadrados.

1999, se aprueba el Plan General de Ordenación Urbana de Villanueva de la Cañada, redactado por Porto, que incluye en el suelo urbanizable el sector de los Pocillos, en el que están enclavadas las tres primeras fincas, en las que ya se puede edificar.

Mayo de 2003, el anterior Gobierno regional devuelve al Ayuntamiento de Villanueva de la Cañada el plan parcial de Los Pocillos (obra de un socio de Porto), donde se ubican las tres primeras fincas del alto cargo, por encontrarle serias deficiencias que debe corregir en seis meses, plazo que se incumple.

Diciembre de 2003, Porto es nombrado director general de Urbanismo en la Comunidad de Madrid.

Agosto de 2004, entra en Urbanismo el documento de subsanación de deficiencias, obra del socio de Porto.

Septiembre de 2004, Porto da por subsanadas las deficiencias y lo firma.

Enero de 2006, Porto y sus socios venden las tres primeras fincas por 4,3 millones de euros a Fadesa.

Porto afirma que dimitió para defenderse con "total libertad" 

Enrique Porto presentó ayer su dimisión como director general de Urbanismo para poder defenderse "con total libertad". Dimitió acosado por las informaciones que destaparon un trato de favor desde su cargo a su antigua empresa, Plarquin. La versión oficial que ofreció el consejero de Medio Ambiente, Mariano Zabía, jefe de Porto, es que presentó su renuncia el lunes y le fue aceptada ayer. La dimisión se difundió dos horas después de que EL PAÍS llamara a Porto para preguntarle sobre su negocio privado de cuatro millones de euros.La versión oficial ofrecida por la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio es que Porto puso su cargo a disposición del consejero el pasado lunes por la tarde, con "carácter irrevocable", desbordado por los acontecimientos que han puesto en tela de juicio su actuación al frente de Urbanismo.

Porto justificó su renuncia en razones personales y en que tenía la intención de "defenderse con total libertad y proteger su honorabilidad" de las acusaciones que ha recibido a cuentagotas, desde que el pasado 12 de septiembre EL PAÍS reveló que había autorizado planes urbanísticos redactados por sus antiguos socios en varios municipios de la región.Sin embargo, fuentes del Gobierno regional admitieron la dimisión del alto cargo de Urbanismo tan sólo dos horas después de que este periódico reclamara a Porto su versión sobre su implicación en un nuevo escándalo: un supuesto pelotazo en Villanueva de la Cañada.

A mediodía de ayer la noticia de la dimisión de Porto corrió como la pólvora en los mentideros políticos de la comunidad. El propio consejero confirmó la noticia a los dos portavoces de Urbanismo de la oposición en la Asamblea regional, Modesto Nolla (PSOE) y Eduardo Cuenca (IU),durante una comida.

Zabía comentó a los dos diputados que el ya ex director de Urbanismo había puesto su cargo a disposición de la consejería a principios de septiembre, cuando este periódico reveló la vinculación entre Porto y su antigua empresa, Plarquin, con la planificación urbanística de algunos municipios de la región. La tarde del lunes, según la versión que recibieron los dos diputados, Enrique Porto presentó oficialmente su renuncia, que no habría sido aceptada hasta ayer por la mañana.

Tras el almuerzo, los tres acudieron a la Asamblea regional, donde se celebraba la Comisión de Urbanismo. En los pasillos del hemiciclo, Zabía comentó que la renuncia de su alto cargo es una "prueba de honorabilidad", puesto que hasta el momento, dijo, no se ha producido una imputación por parte de ningún tribunal de justicia "que le obligase a tomar la decisión que ha tomado". El consejero eludió responder a la pregunta de si respalda la gestión del ex director de Urbanismo.

La oposición hizo una lectura muy crítica de la dimisión. El diputado socialista Nolla interpretó que el ex director de Urbanismo habría sido forzado a dimitir, para impedir que el grupo socialista siguiera investigando sobre sus actividades. "Cuando se ha empezado a destapar cuál era el papel que [Porto] desempeñaba en el urbanismo de Madrid, que no era un papel precisamente presentable y defendible, ha sido cuando ha dimitido o le han forzado a dimitir", afirmó.

Desde las filas de IU, el diputado Eduardo Cuenca afirmó que Porto ha sido el "agente necesario" para que fueran agilizados los planes urbanísticos que están tramitando una serie de municipios de la Comunidad de Madrid. www.elpais.es 04.10.06

La presidenta de la Comunidad de Madrid respaldó siempre a Porto  

La dimisión del director de Urbanismo de la Comunidad de Madrid, Enrique Porto, tiene una intrahistoria. A mediodía de ayer, este diario le pidió su versión sobre la venta de unos terrenos de su propiedad recalificados en Villanueva de la Cañada, incluidos en un plan autorizado por él y redactado por su socio. Igualmente se recaba la versión de su portavoz en la Consejería de Medio Ambiente, de la que depende. Ambos quedan en dar una respuesta a lo largo del día. Porto alega que está reunido con su consejero de Medio Ambiente, Mariano Zabía (PP). Pero no hay respuesta. Dos horas más tarde se anuncia su dimisión. Hasta la mañana de ayer, cuando conoció la información que preparaba este diario, el Gobierno regional que preside Esperanza Aguirre arropaba públicamente a Porto. Zabía mantenía días atrás que Porto era "un gran profesional",

A Zabía le daba igual que Porto hubiera autorizado media docena de planeamientos en la región madrileña para distintos municipios (Villanueva de la Cañada, Moralzarzal, Moraleja de Enmedio, etcétera) como director de Urbanismo que le habían presentado sus socios privados o parientes directamente o a través de Plarquin (firma de sus socios); que esta empresa pagase un alquiler a una empresa de Porto, ya que está enclavada en la sede de sus inmobiliarias.

Media docena de planes

Tampoco pestañeó el consejero de Presidencia, Francisco Granados, cuando se enteró de que la sociedad pública regional Arpegio había contratado a Plarquin, la empresa controlada por los socios de Porto para un plan en Valdemoro. El Gobierno regional tampoco pareció sentirse alarmado por el hecho de que en el único expediente en que dijo haberse inhibido, la revisión de las normas subsidiarias de El Molar, se demostrase que sí intervino en las fases previas a su elevación a la comisión de Urbanismo.

Según su portavoz, "se inhibió cuando se tenía que inhibir". Eso sí, el trabajo previo ya estaba hecho: Porto había reclamado y urgido todos los informes que desbloquearían un sector en el que intervino antes de su nombramiento.

Este diario publicó cómo los planes privados redactados por Porto o Plarquin tenían una suerte especial. Si bajo su antecesor cosechaban informes negativos, bajo su mandato se desbloqueaban. Su portavoz alegaba que Porto no podía cambiar los informes de todos. A su ubicuidad como diseñador privado y autorizador público de planes ha añadido el de propietario beneficiado por los mismos. Ha sido la gota que ha quebrado su respaldo oficial. www.elpais.es 04.10.06

La 'buena estrella' de un "gran profesional" del urbanismo  

Durante las últimas semanas y hasta la mañana de ayer, cuando tuvo noticia de que este diario preparaba una información sobre el pelotazo dado en Villanueva de la Cañada por el director general de Urbanismo, el Gobierno regional ha arropado oficialmente y sin fisuras a Enrique Porto.

El consejero de Medio Ambiente, Mariano Zabía, mantuvo días atrás que el ahora dimitido era "un gran profesional". Le daba igual que Porto hubiera autorizado como director general de Urbanismo media docena de planeamientos en la región -en municipios como Villanueva de la Cañada, Moralzarzal, Moraleja de Enmedio...- que le habían sido presentados por sus socios privados o parientes, ya fuera directamente o a través de Plarquin, la empresa de la que formó parte y que sus socios mantenían. También omitió Zabía que Plarquin pagaba un alquiler a una empresa de Porto, ya que estaba enclavada en el cuartel general de sus inmobiliarias.

Tampoco pestañeó el consejero de Presidencia, Francisco Granados, cuando se enteró de que la sociedad pública regional, Arpegio, había contratado a Plarquin para un plan urbanístico en Valdemoro.El Gobierno regional tampoco pareció sentirse alarmado por el hecho de que en el único expediente en que Porto dijo haberse inhibido, la revisión de las normas subsidiarias de El Molar, se demostró posteriormente que sí intervino en las fases previas a su elevación a la Comisión de Urbanismo.

En palabras de su portavoz, "se inhibió cuando se tenía que inhibir". Eso sí, el trabajo previo ya estaba hecho: Porto había reclamado y urgido todos los informes que desbloquearían un sector en el que intervino él antes de su nombramiento y, posteriormente, Plarquin.Tras mostrarse que los planes privados de Porto o Plarquin gozaban de una estrella que hacía que, donde en la etapa de Ruiz-Gallardón cosechaban informes negativos, durante el mandato de Esperanza Aguirre se desbloqueaban, su portavoz alegaba que él no podía cambiar los informes de todos.A su ubicuidad como diseñador privado y autorizador público de planes ha añadido el de propietario beneficiado por los mismos. Ha sido la gota que ha quebrado su respaldo oficial.

 Dimite el director general de Urbanismo de Madrid  

El director general de Urbanismo de la Comunidad de Madrid, Enrique Porto, ha presentado hoy su dimisión, según ha podido saber ELPAIS.es de fuentes del Gobierno regional. Porto se hallaba en vuelto en un gran escándalo después de que EL PAÍS revelara que aprobó proyectos en los que había participado como urbanista privado antes de asumir el cargo y que cedió después sus contratos a una empresa –Plarquin- fundada por él en 2000 y propiedad de sus ex socios.

Precisamente hoy EL PAÍS publicaba el último capítulo de esta historia. Según esta información, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha requerido por segunda vez en diez meses al Gobierno regional, bajo amenaza de multa, a que le entregara el expediente de las normas subsidiarias de un barrio del municipio de El Molar. En el planeamiento de dicho barrio había intervenido primero Porto como arquitecto y luego Plarquin.

Tras ser designado en diciembre de 2003 director general, Porto subrogó sus contratos como arquitecto privado de planeamientos en municipios madrileños a Plarquin, cuyas acciones vendió entonces a socios en firmas del sector. Tanto Plarquin como empresa -ubicada en un edificio de Porto- como individualmente sus dueños (socios del alto cargo) han ido redactando planes sobre distintos municipios -con un equipo que incluía en ocasiones a un hermano y a una hija de Porto- que han sido presentados ante Urbanismo para su aprobación sin que el director general se inhibiera, según admitió a EL PAÍS.

Porto no era un arquitecto cualquiera. En 2002 estaba inmerso, según su currículo, en la redacción de los planeamientos -globales, parciales o de detalle-, de varios municipios madrileños: Cobeña, Ciempozuelos, Moraleja de Enmedio, Camarma, Alcorcón, Leganés, Algete, Villanueva de la Cañada, San Martín de la Vega, Parla, Moralzarzal y la capital.

Motivos personales

Según fuentes de la Comunidad de Madrid, Porto ha alegado motivos personales para su renuncia "para defenderse con total libertad y proteger su honorabilidad". Fuentes del Gobierno regional han informado de que Porto tomó ayer esta decisión, que ha sido aceptada por el consejero Mariano Zabía, al considerar que "las falsas denuncias y presiones sobre su quehacer profesional no deben perjudicar la buena gestión y la transparencia que caracterizan a la Administración regional".

Esta misma mañana, horas antes de conocerse la noticia, la portavoz adjunta del PSOE en la Asamblea de Madrid, Ruth Porta, había vuelto a exigir a la presidenta regional, Esperanza Aguirre que hiciera dimitir a Porto. "Por honestidad, no puede presentarse en el próximo pleno sin haber cesado a Enrique Porto", ha afirmado. Según Porta, "no hay justificación razonable para mantener en su cargo a una persona que está al frente del Urbanismo, impulsando expedientes que diseñó cuando se dedicaba a hacer proyectos desde la empresa privada".

El portavoz del PP, Antonio Beteta, por su parte, replicó que el PSOE "ha iniciado la caza del hombre y el chivo espiatorio se llama Porto, que ha actuado siempre con la ley en la mano".www.elpais.es 03.10.06

Los jueces amenazan con multar a la Comunidad por no entregarles un informe  

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha requerido por segunda vez en los últimos 10 meses al Gobierno regional, ahora bajo amenaza de multa, que le entregue el expediente de revisión de las normas subsidiarias de un barrio (el SAU 21) de El Molar, que agilizó Enrique Porto, actual director de Urbanismo. Porto, antes de su nombramiento, había intervenido en su planeamiento como urbanista privado, planeamiento que luego asumió la empresa Plarquin, propiedad de sus ex socios. Ecologistas en Acción, pese al apoyo de la justicia, aún no ha recibido el citado expediente.

El actual Gobierno madrileño ha ejercido una inusitada celeridad en la revisión de las normas subsidiarias del SAU 21 de El Molar. El departamento que dirige Porto le dio luz verde en junio de 2005. Sólo un mes después fue aprobado por el Gobierno regional. Y al mes siguiente, Plarquin, la firma de los socios de Porto, ya tenía elaborados los planos de desarrollo del sector, lo que le permitiría facturar tres millones a los promotores privados. Frente a tales prisas para desbloquear las deficiencias que impedían el planeamiento urbanizador del SAU 21, el Gobierno regional ha mostrado menos prisas en enviar este expediente a la justicia.

Lo denuncia Ángeles Nieto, de Ecologistas en Acción: "La Comunidad de Madrid, más concretamente la Consejería de Medio Ambiente y la Dirección General de Urbanismo, que es quien tiene el expediente, está entorpeciendo la actuación de la justicia en el caso de El Molar". Nieto detalla el supuesto calendario obstructor: "En noviembre de 2005, Ecologistas en Acción interpuso un recurso contencioso ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) contra la aprobación definitiva del Consejo de Gobierno del ámbito de suelo SAU 21 de la revisión de las normas subsidiarias de El Molar. Ese acuerdo se hizo público el 26 agosto de 2005 en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid".

Los ecologistas añaden: "Este recurso se interpuso porque consideramos que no pueden construirse viviendas bajo la huella sonora de Barajas. Con fecha 25 de enero de 2006, el Tribunal Superior admitió a trámite el recurso contencioso administrativo y requirió a la Comunidad que aportase el expediente administrativo del SAU 21 en 20 días. En julio de 2006, enviado a Ecologistas el pasado 4 de septiembre, el Tribunal Superior volvió a insistir a la Comunidad que presentase el expediente diciendo que ha transcurrido en exceso el plazo marcado e, incluso, les amenazó con multa", relata Nieto.

Esta portavoz de Ecologistas en Acción ve la siguiente intención oculta en tales trabas: "El procedimiento de aprobación continúa, ya se ha creado la junta de compensación y se han aprobado los estatutos de la misma. El plan parcial está pendiente de que lo apruebe definitivamente la Comunidad. Se podría dar el caso de que la Comunidad de Madrid aprobase definitivamente el plan parcial del SAU 21 antes de remitir el expediente al TSJM. Evidentemente, están intentando ganar tiempo para iniciar las obras antes de que se pronuncie el tribunal". "Además de este entorpecimiento, la Comunidad no nos ha remitido ninguna información de la que le hemos requerido para poder documentar el recurso. Por ejemplo, la Secretaria General Técnica de la Consejería de Medio Ambiente nos ha denegado la copia del acta de la reunión de la Comisión de Urbanismo donde se aprobó el SAU; y la Secretaría del Consejo de Gobierno no ha contestado sobre copia del acuerdo por el que se denegaron los sectores A5, A6, A7 y A8 de Algete por encontrarse bajo la misma isófona que el SAU 21 de El Molar". Por su parte, un portavoz de Medio Ambiente afirmó que el pasado día 19 ya se dio orden de traslado del expediente al tribunal.

El PSOE ha multiplicado su interés en revisar lo sucedido en las sucesivas autorizaciones que recibió el citado expediente urbanizador, fundamentalmente la subsanación de las deficiencias de las normas subsidiarias que bloquearon su urbanización en abril de 2002 por decisión del Gobierno regional del entonces presidente Alberto Ruiz-Gallardón.

Este periódico reveló que, en contra de lo declarado oficialmente al diputado socialista Modesto Nolla, Porto no se inhibió en la tramitación de este desarrollo urbanístico, a pesar de que había intervenido en él antes de ser director general. Por el contrario, Porto agilizó la entrega de informes de su consejería (Medio Ambiente) para que el expediente pudiera ser elevado por su departamento para su definitiva aprobación. Su intervención cobra mayor relevancia para el PSOE porque Porto, antes de ser nombrado director general, y luego Plarquin, la empresa de sus socios, redactaron el planeamiento de dicho sector. Ruiz-Gallardón había paralizado el proyecto por el impacto sonoro del aeropuerto sobre las futuras viviendas, la invasión de zonas forestales y la falta de garantía en la depuración de sus aguas. www.elpais.es 03.10.06

El director regional de Urbanismo autorizó planes redactados por sus socios inmobiliarios  

Enrique Porto Rey, tras ser designado en diciembre de 2003 director general de Urbanismo de la Comunidad, subrogó sus contratos como arquitecto privado de planeamientos en municipios madrileños a una consultora suya -Plarquin-, cuyas acciones vendió entonces a socios en firmas del sector. Tanto Plarquin como empresa -ubicada en un edificio de Porto- como individualmente sus dueños (socios del alto cargo) han ido redactando planes sobre distintos municipios -con un equipo que incluía en ocasiones a un hermano y a una hija de Porto- que han sido presentados ante Urbanismo para su aprobación sin que el director general se inhibiera, según admitió a este diario.

Porto es un arquitecto que en 2002 estaba inmerso, según su currículo, en la redacción de los planeamientos -globales, parciales o de detalle-, de varios municipios madrileños: Cobeña, Ciempozuelos, Moraleja de Enmedio, Camarma, Alcorcón, Leganés, Algete, Villanueva de la Cañada, San Martín de la Vega, Parla, Moralzarzal y la capital. Tras ser nombrado director general el 30 de diciembre de 2003, Porto cede sus contratos madrileños a la empresa Plarquin. No es que los consistorios, surgida su incompatibilidad, busquen un nuevo despacho de arquitectura, sino que es Porto quien lo designa. Y lo busca muy cerca: él mismo fundó Plarquin en 2000 con José María Fernández del Río, arquitecto y ex consejero en Caja Madrid del PP.

Al tiempo que subroga sus contratos en Plarquin, Porto formaliza su desvinculación. Este desmarque arranca en enero de 2003 con la venta de 50 acciones a Alejandro Arca Naveiro, arquitecto que trabajaba a sus órdenes, a quien designará como heredero de sus proyectos privados. El ya director de Urbanismo cierra su desenganche de Plarquin en enero de 2004: su esposa e hija ceden 200 acciones a José María Fernández del Río; y Porto y su esposa entregan otras 250 acciones a José Federico Bouzas. En total, por sus 500 acciones el director de Urbanismo y su familia reciben 3.000 euros. Su valor nominal. Porto, igualmente, regala a Plarquin la cesión de todos sus contratos. Sólo exige a su sucesor en la empresa que se haga cargo de su personal. Con ello, aparentemente, regala contratos de los que uno solo ya vale casi 12.000 euros.

Pese a tal desvinculación formal, hay varios hechos que siguen relacionando Plarquin con Porto. Los dos principales compradores de sus (450 de las 500 títulos enajenados) son socios suyos en otras empresas. Fernández del Río es socio, a partes iguales, en la empresa Fernández y Porto.

El director de Urbanismo (con su esposa e hijos) posee 3.500 acciones. Las mismas que Fernández del Río, esposa e hijos. El objeto social de Fernández y Porto no deja de chirriar en manos de un director de Urbanismo: "Promoción urbanística en su más amplio sentido"; "solicitar y obtener concesiones administrativas de toda clase de aprovechamientos de servicios, de disfrute, de ocupación"; "la promoción de centros comerciales o hipermercados"... Sus activos valen más de un millón de euros. Porto la define como "una sociedad patrimonial que posee el edificio madrileño de José Silva, 14".

Fernández del Río, además, es socio de la esposa de Porto, en Elclansol, una inmobiliaria de la que forma parte Ricardo Ortega, cuñado del dirigente del PP, Luis Partida, alcalde de Villanueva de la Cañada. Pero Fernández del Río no es el único accionista de Plarquin que mantiene relaciones societarias con el alto cargo de la Comunidad. Bouzas, otro de los compradores de sus acciones, es socio suyo en la empresa Trienal, inmobiliaria que coadministra junto con Porto. Su sede es también la misma de Plarquin.

No sólo los dos principales dueños de Plarquin son socios de Porto. Existe un tercer nexo: Plarquin tienen sede en el edificio José Silva, 14, propiedad de la inmobiliaria que comparten Porto y Fernández del Río, y por la que paga un alquiler. Plarquin, por tanto, factura a una firma del alto cargo (Fernández y Porto). Y ambas comparten teléfono.

Todos los planeamientos urbanísticos iniciados o diseñados en municipios de la región por Porto o sus socios (personalmente o a través de Plarquin) han ido entrando poco a poco en la Consejería de Medio Ambiente para su aprobación a lo largo del mandato del director de Urbanismo. Porto se ha visto ya en la tesitura de inhibirse o dar su conformidad a proyectos que él mismo inició o que posteriormente remataron o realizaron sus socios. No es una hipótesis. Es un hecho que se repite: desde 2004 se han ido autorizando en Urbanismo planeamientos parciales de sectores redactados por el socio de Porto, Fernández del Río, a nombre de una empresa, Estudios de Planeamiento y Gestión Urbanística, Arquitectura e Ingeniería que tenía como sede la misma que la empresa del alto cargo: José Silva, 14 y su mismo correo, fernándezyporto@terra.es.

La documentación aportada en Urbanismo acreditaba que el equipo redactor dirigido por Fernández del Río estaba integrado por el hermano de Porto, Eduardo Porto Rey, su hija Genoveva Porto y su otro socio, José Bouzas. "Ningún funcionario me dijo que figuraban mi hija o mi hermano", alega Porto. Fernández del Río también ha sido redactor de otros dos planeamientos bendecidos por su socio y alto cargo: Brunete (SR-2 El Olivar) y el plan especial de redes de Villanueva de la Cañada.Plarquin, paralelamente, ha redactado y visto autorizados planeamientos en Urbanismo -Moralzarzal, plan parcial sector S-1, Las Hachazuelas- con técnicos coincidentes con el anterior equipo. Esta empresa, incluso, veía conformado por el director de Urbanismo el planeamiento general de Ciempozuelos, iniciado por Porto y que subrogó a Plarquin. Y esperan turno de pasar por la ventanilla de Porto una veintena de planes urbanísticos -la mitad, generales- redactados por sus socios

"Ahora me inhibiré"

El director de Urbanismo, tras admitir que no se había inhibido en ninguno de los seis planeamientos ya autorizados y obra de sus socios, hizo este anuncio: "Yo, a partir de ahora, me voy a inhibir porque es mucho más elegante y me causa menos problemas. Voy a dar la orden de que si viene algo de Plarquin, o de Fernández del Río, o de Alejandro Arca o cualquiera que tenga relación con Plarquin, que sepan que yo me inhibo y que el consejero de Medio Ambiente y Urbanismo nombrará a otro para hacerse cargo del tema. Pero en pureza, no hay incompatibilidad en esto. Lo he consultado con mis abogados".Y detalla su labor: "Mi departamento hace dos informes; el técnico, que comprueba que el proyecto urbanístico cumple con la ley en cuanto al ordenamiento (aprovechamientos tipo, estándares...); y el jurídico, que comprueban que está bien tramitado (que se ha sometido a exposición pública, que se han tramitado las alegaciones, que se han pedido y atendido los informes sectoriales...). Y me lo pasan a mí y le doy conformidad y pasa a la comisión, que es la que lo aprueba. Yo estoy como invitado en ella por si hay alguna duda, pero no tengo voto". www.elpais.es 12.09.06

Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio

5007 DECRETO 353/2003, de 30 de diciembre, del Consejo de Gobierno, por el que se nombra a don Enrique Porto Rey como Director General de Urbanismo y Planificación Regional. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 21.m) y 45 de la Ley 1/1983, de 13 de diciembre, de Gobierno y Administración de la Comunidad de Madrid, a propuesta del Consejerode Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, el Consejo de Gobierno, previa deliberación, en su reunión del día 30 de diciembre de 2003,
DISPONE

Nombrar a don Enrique Porto Rey como Director General de Urbanismo y Planificación Regional.

Dado en Madrid, a 30 de diciembre de 2003.

El Consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, MARIANO ZABÍA

La Presidenta, ESPERANZA AGUIRRE GIL DE BIEDMA

EL DIRECTOR DE URBANISMO AGILIZÓ EL PLAN DE EL MOLAR EN EL QUE DIJO HABERSE INHIBIDO  

El director general de Urbanismo de la Comunidad, Enrique Porto, declaró hace unos días que sólo se había inhibido en una ocasión en relación a proyectos de su antigua empresa, Plarquin, que ahora pertenece a sus socios. Fue en el caso de la revisión de las normas subsidiarias del SAU 21 (suelo apto para urbanizar) de El Molar -en cuyo planeamiento había trabajado, él antes de ser director general, y luego Plarquin-, aprobadas por la Comisión de Urbanismo en junio de 2005. Sin embargo, un escrito de 2004 firmado por Porto demuestra que intervino para tramitar y agilizar el expediente.

Porto admite que desde su nombramiento, en diciembre de 2003, ha autorizado media docena de planeamientos redactados por sus socios privados en Brunete, Ciempozuelos, Moralzarzal, Moraleja de Enmedio y Villanueva de la Cañada. Su única inhibición declarada se ceñía a la revisión de las normas subsidiarias del SAU 21 de El Molar, cuyo plan parcial -que prevé levantar más de 4.000 viviendas en la zona- ha redactado Plarquin. La historia de este desarrollo es ilustrativa del desatasco urbanizador que suele bendecir los planeamientos de sus socios en inmobiliarias (Elclansol y Fernández y Porto).

El Gobierno regional, entonces dirigido por Alberto Ruiz-Gallardón, bloqueó la urbanización del SAU 21 en abril de 2002. Ya con Esperanza Aguirre en el Ejecutivo, el socialista Modesto Nolla, que veía la sombra de Porto en este expediente, obtuvo la siguiente respuesta del Gobierno regional el 4 de octubre de 2005: "Se informa de que el director general de Urbanismo se ha inhibido en el expediente formulado y promovido por el Ayuntamiento de El Molar, denominado subsanación de deficiencias de las normas subsidiarias de planeamiento municipal, en el ámbito del sector del suelo apto para urbanizar número 21, por presumir que en su desarrollo va a intervenir, entre otras, Fadesa, empresa para la que el director general había prestado servicios profesionales con anterioridad a su cargo público en el plan de la Montaña en Aranjuez y no haber transcurrido los dos años que establece la ley".

Omisiones de la nota

La nota omitía datos. En primer lugar, no decía que había un vínculo mucho más cercano entre Porto y dicho proyecto: él mismo y luego Plarquin, la empresa de sus socios, habían sido contratados para elaborar el planeamiento del SAU 21. Segundo elemento incierto del comunicado: Porto no se inhibió en el expediente. Sólo lo hizo en el documento de autorización y remisión a la Comisión de Urbanismo, que no firma él, sino dos de sus subordinados.

Sin embargo, el director de Urbanismo no se inhibió en las fases anteriores de su tramitación. Un escrito suscrito por él de 27 de diciembre de 2004 -reproducido arriba-, urge a la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental a que emita el informe "en el menor plazo posible". Su misiva recordaba al citado departamento -inserto en la consejería de la que él depende, Medio Ambiente y Ordenación del Territorio- que en noviembre de 2003 dicha dirección emitió un informe en el que imponía como condición para la aprobación del SAU 21 para uso residencial la modificación de la huella sonora del aeropuerto de Barajas.

Porto le informaba de que el 28 de enero de 2004 se había aprobado la nueva huella de la ampliación del aeropuerto, y que el alcalde de El Molar le había presentado el 10 de noviembre el expediente de cumplimiento de las condiciones impuestas por el Gobierno regional en 2002. Sólo quedaba dicho informe, que resultó positivo.

Plarquin, beneficiaria del desbloqueo del veto sonoro, lo destacó en su plan: "Anexo cuarto a la memoria. Cumplimiento del decreto 78/1999 de 27 de mayo por el que se regula el régimen de protección contra la contaminación acústica de Madrid". Precisamente, la inicial contratación de Porto por promotores privados para redactar el SAU 21 se bloqueó por el problema de la huella sonora. El impacto acústico de Barajas lo dejaba claro entonces un informe de la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental de 31 de enero de 2002: "La simulación acústica elaborada por AENA afecta a los sectores 21 y 22". Dicho informe del Gobierno de Gallardón añadía que el SAU entraba en terrenos forestales protegidos y no quedaba garantizada la depuración de sus aguas. Por ello, suspendía su aprobación. Mientras los informes oficiales iban cambiando de sentido para dar por anuladas dichas trabas, Porto tramitaba y agilizaba desde la Administración el desbloqueo urbanístico de dicho sector, cuya redacción final recaería en Plarquin.

Los trámites fueron rápidos: el departamento de Porto da luz verde el 20 de junio de 2005 a la subsanación de las normas subsidiarias del SAU 21, y el 14 de julio las aprueba el Gobierno regional. Eso permitía ya su urbanización, y a Plarquin redactar su plan. En septiembre ya estaban los planos. Su factura rondaría los tres millones de euros.

Porto suele alegar que su papel en la tramitación de los planeamientos de sus socios privados es muy limitado y que en la Comisión de Urbanismo sólo tiene voz, y no voto. Pero su voz, según revelan las actas, es decisiva. Un botón de muestra: el pasado 27 de junio de 2006 se celebró una sesión de la Comisión de Urbanismo de Madrid, presidida por el consejero de Medio Ambiente, Mariano Zabía. Entre los puntos del día figuraba la revisión del plan general de Brunete con ordenación pormenorizada de ocho sectores. Uno de ellos lo había redactado Plarquin.

Solicitó la palabra el alcalde de Alcorcón, el socialista Enrique Cascallana. Denunció que no había hallado en el expediente el requerimiento que hizo la Dirección General de Urbanismo el 15 de marzo de 2005 al Ayuntamiento de Brunete sobre el carácter sustancial o no de las modificaciones promovidas. Planteó una segunda objeción a la aprobación de dicho plan: dicha modificación urbanística tenía vivos aún recursos de reposición.

Tomar la palabra

Sin que nadie solicitara su opinión, Porto tomó la palabra para "comentar, en primer lugar, que los recursos de reposición se hacen sobre un acto de trámite y que, en cualquier caso, se presentan en sede municipal y es por tanto el Ayuntamiento quien debe responder si es correcta o no la tramitación en este sentido y, en segundo lugar, para informar de que las modificaciones que se han introducido no se pueden considerar sustanciales, toda vez que el Tribunal Supremo se ha pronunciado en varias ocasiones al respecto, viniendo a decir que para que se consideren cambios sustanciales deberá producirse un cambio de modelo, cambio que no se produce en este plan y que, por lo tanto, hace factible su aprobación".

Cascallana no dio por buena la explicación de Porto. Puntualizó que se refería al punto quinto del informe de su propio departamento, la Dirección General de Urbanismo y Planificación Regional, donde requería el necesario informe municipal que acreditase si se habían producido o no esas modificaciones sustanciales. "Al no incorporarse" dicho informe en el expediente, el alcalde de Alcorcón anunció su voto en contra. El alcalde de Rivas (IU), Alfredo Pelegrín, secundó dicho voto en contra. Con ambos votos en contra, la Comisión de Urbanismo aprobó el expediente y lo elevó al Gobierno regional para su aprobación definitiva.

Misión en Brunete: subsanar deficiencias

El Plan General de Brunete -uno de cuyos sectores redactó Plarquin- revela cómo, una vez más, esta empresa interviene en un proyecto inicialmente bloqueado. La portada del plan dice: "Documento de subsanación de las deficiencias requerida por resolución del consejero de Obras Públicas de Madrid en mayo de 2003". Las deficiencias serían subsanadas durante el mandato de Enrique Porto en Urbanismo.

El 15 de marzo de 2006 Porto devolvía al Ayuntamiento su plan porque cuando lo presentó, el 30 de diciembre de 2005, carecía del "informe definitivo de incidencia ambiental". Éste sería emitido por fin el 13 de enero de 2006. Brunete, tras incorporarlo, planteó un argumento que bendeciría Porto: "Este documento no supone cambios sustantivos y, en consecuencia, no debe ser sometido al trámite de información pública".

Porto, el 22 de junio de 2006, dio por bueno que el plan había superado sus deficiencias: todos los informes eran ya positivos.

PORTO: "NO HE DESBLOQUEADO NINGÚN PLAN DE PLARQUIN" 

Enrique Porto ha enviado a EL PAÍS su versión sobre su actuación en relación a proyectos urbanísticos de su antigua empresa, Plarquin, o sus socios:

"El director general de Urbanismo y Planificación Regional de la Comunidad no ha desbloqueado ningún plan general o parcial presentado por ayuntamiento alguno de la región. Los ayuntamientos son los competentes para promover los planes de desarrollo urbanístico, que deben seguir una estricta tramitación en la que se pronuncian los propios municipios y diversos órganos de las Administraciones autonómica y central. Sólo cuando se cuenta con todos los informes técnicos sectoriales el proyecto se eleva a la Comisión de Urbanismo de la Comunidad para que se pronuncie. El director general de Urbanismo no forma parte de esa comisión, formada por 30 personas en representación de las tres administraciones públicas".

"El criterio que sigue la Comunidad de Madrid respecto al desarrollo urbanístico de los ayuntamientos es supeditar el urbanismo al medio ambiente, de forma que sólo cuando un proyecto cumple con la estricta legalidad medioambiental se pronuncia el área de urbanismo. Todos los informes a los que hace referencia su periódico son informes de carácter medioambiental en los que la Dirección General de Urbanismo carece de competencia alguna. No ha participado ni puede participar en ellos.

El Plan General de Moralzarzal, al que hace referencia Ecologistas en Acción, se encuentra en fase de avance de planeamiento. El plan al que aluden en Guadarrama se encuentra igualmente en fase de avance de planeamiento. En ambos casos son iniciativas municipales que ni siquiera han sido aprobadas inicialmente por los ayuntamientos, por lo que no sé cómo puedo desbloquear algo que ni ha llegado a la dirección general que dirijo.

Levantar el aplazamiento

En el caso de El Molar, la Comisión de Urbanismo sólo acordó levantar el aplazamiento existente sobre un sector tras recibir el informe acústico preceptivo y vinculante de la Dirección General de Aviación Civil, dependiente del Ministerio de Fomento. Además, en ningún momento participé como director general en este asunto.

Respecto a la empresa de asesoría técnica Plarquin, me desvinculé de ella totalmente al ser nombrado director general, y lo hice en escritura pública y lo expliqué incluso en la Asamblea de Madrid a comienzos de 2004. Por lo que informó su periódico, sigue trabajando por encargo de ayuntamientos de todos los colores políticos, como realizan las numerosas empresas que operan en este sector profesional de alta cualificación, y sin que ello tenga influencia alguna en las decisiones urbanísticas de las administraciones". www.elpais.es 25.09.06

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