ROGELIO MARTÍNEZ : HISTORIA DE UN SÚPER DELEGADO
ÍNDICE
UN INFORME DE HACIENDA FRENA EL PROCESAMIENTO DE UN CARGO DE FEIJÓO
FEIJÓO PIDE LA CONFIANZA CIUDADANA Y PROTEGE A SU ALTO CARGO PROCESADO
LA OPOSICIÓN EXIGE EL CESE DEL SUPERDELEGADO DE OURENSE "POR CORRUPTO"
EL JUEZ ORDENA EL PROCESAMIENTO DEL ‘SUPERDELEGADO’ DE LA XUNTA EN OURENSE
EL DELEGADO DE LA XUNTA EN OURENSE ADJUDICÓ A UN FAMILIAR UNA OBRA ILEGAL
La Xunta tramita la legalización de una obra aprobada por su delegado en Ourense
El PSOE acusa a Rogelio Martínez de defraudar un millón de euros
EL DELEGADO DE LA XUNTA IMPUTADO LLEVA A SU PRIMO COMO TESTIGO
El PSOE pide a la UE que investigue al delegado de la Xunta en Ourense
El delegado de Ourense admitió en un pleno que certificó más obras falsas
EL DELEGADO DE OURENSE CULPA DEL FRAUDE A UNA EMPRESA DE LA QUE ES APODERADO
La oposición exige el cese del delegado de Ourense por fraude en subvenciones
La Audiencia Nacional confirma que el delegado de Ourense defraudó ayudas
Martínez firmó subvenciones para sus empresas
EL 'SUPERDELEGADO' DE OURENSE SERÁ INVESTIGADO POR ESTAFA Y MALVERSACIÓN
UN INFORME DE HACIENDA FRENA EL PROCESAMIENTO DE UN CARGO DE FEIJÓO
El caso por cuatro delitos acumula seis jueces y nueve años de trámites
Rogelio Martínez está acusado de fraude de fondos europeos cuando era alcalde
Tras media docena de jueces y nueve años de interminables trámites en diferentes tribunales, el procesamiento de Rogelio Martínez, el delegado de la Xunta de Galicia en Ourense, por la comisión de los presuntos delitos de malversación, fraude, falsedad documental y prevaricación continuada, cuando era alcalde de su pueblo, se ha topado con un nuevo obstáculo. El cierre de la instrucción y su envío a juicio oral permanece nuevamente paralizado, a la espera de un informe que la fiscalía reclamó el pasado mes de febrero a la Agencia Tributaria. Según detallan las fuentes consultadas, el ministerio público —que pidió reiteradamente el archivo de la causa contra Martínez— afirma que, sin ese nuevo informe patrimonial de los técnicos de Hacienda, no puede formular el escrito de calificación, un documento imprescindible para que el juez pueda continuar los trámites previos a la orden de apertura de juicio.
Y es que, en el caso que salpica al superdelegado y hombre de máxima confianza de Alberto Núñez Feijóo en la tercera ciudad de Galicia, los plazos judiciales se dilatan de forma reiterada desde que en 2006 fue llevado ante los tribunales por el Bloque Nacionalista Galego (BNG). Siete años después de aquella denuncia, en octubre de 2013, la instrucción concluyó (por segunda vez) que había indicios delictivos suficientes para ordenar el procesamiento de Martínez y los otros nueve imputados, por presunto fraude en el uso de fondos públicos concedidos por la Unión Europea para diferentes proyectos de cohesión en los años 1999 y 2000 que, a pesar de haber sido certificados, nunca se materializaron.
La decisión fue inmediatamente paralizada por una oleada de recursos presentada por los imputados, pero también por la fiscalía, que pidió el archivo de la causa porque, en su opinión, los delitos habían prescrito y las cantidades supuestamente defraudadas no alcanzaban la cantidad mínima para ser considerado delito. Hace 10 meses, en junio de 2014, la Audiencia de Ourense tumbó los recursos y avaló la decisión del juez que los situó a un paso del banquillo de los acusados. Era la tercera vez que Martínez reclamaba el sobreseimiento o archivo de una causa que pasó por tres jueces titulares y varios sustitutos.
A pesar de que la investigación concluyó formalmente hace 18 meses y de que la decisión de la Audiencia Provincial de enviar el caso a una vista oral es firme, el juzgado permanece a la espera de que todas las partes personadas califiquen los hechos y la responsabilidad de los imputados.
Este estancamiento es un capítulo más en la cadena de dilaciones que la instrucción acumula desde hace casi una década. Previamente, otros dos jueces intentaron archivar la causa. Nunca pudieron porque la Audiencia siempre ordenó su continuación. En enero de 2013, Martínez estuvo a punto de sentarse en el banquillo, pero la vista oral fue aplazada porque el juez decidió citar a más testigos y porque, además, encomendó el veredicto sobre la culpabilidad o la inocencia a un jurado popular. El PSOE —también personado en la denuncia— recurrió aquella decisión ya que no le parecía adecuado y su propuesta fue aceptada. Finalmente será un magistrado el que decida. Ahora y a un paso de que se produzca un nuevo cambio de titularidad en el tribunal de Ribadavia, el caso vuelve a estar parado.
En el auto de transformación en procedimiento abreviado, el juez relata la supuesta apropiación de fondos comunitarios concedidos al grupo de acción local Centro de Iniciativas para el Desarrollo de Val do Miño (Ceivam), que el delegado ourensano de la Xunta presidía cuando era alcalde de Arnoia, destinados a la construcción de una planta de biomasa nunca materializada pero que sí fue certificada por Rogelio Martínez, “a pesar de que sabía que no se había ejecutado, sino que se había llevado a cabo la reconstrucción de un galpón”. El juez también detalla ilegalidades en el cobro de subvenciones destinadas a la ejecución de talleres artesanales en los que siguió “estipulaciones similares a las de la planta de biomasa”.
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2015/04/10/galicia/1428682086_463056.htmlFEIJÓO PIDE LA CONFIANZA CIUDADANA Y PROTEGE A SU ALTO CARGO PROCESADO
Publicará su renta desde antes de ser presidente y el patrimonio de los conselleiros
Alberto Núñez Feijóo asume que la confianza de la ciudadanía en los dirigentes políticos "se ha visto especialmente minada en los últimos meses" por la proliferación de casos de corrupción y por eso considera que deben hacer un esfuerzo de transparencia, a fin de recobrar crédito. En esa línea va la publicación de su declaración de patrimonio y la del resto de sus conselleiros, información fiscal que se completará con las declaraciones de la renta exclusivamente del presidente gallego desde antes de llegar al cargo hasta la actualidad. Compatibiliza esta apuesta con decisiones como la de mantener en el cargo al delegado de su Gobierno en Ourense, Rogelio Martínez, procesado por malversación, estafa y falsedad en documento público.
El mandatario autonómico aprovechó la rueda de prensa posterior al Consello para publicitar su "política de transparencia" con la decisión de seguir la senda abierta por Mariano Rajoy, con la publicación de los datos sobre su situación económica. Se hará en los próximos días a través del sitio web del Ejecutivo y del Diario Oficial de Galicia, aunque hasta el lunes no precisará desde qué año se podrá conocer su renta. En cuanto a las declaraciones de patrimonio, que ya se difundieron en diciembre de 2011, explicó que el objetivo es que los ciudadanos puedan conocer de primera mano la evolución patrimonial del presidente y de sus conselleiros desde la toma de posesión hasta que cesen en sus funciones.
Apenas unos minutos después de su alegato en pro de la transparencia, que se suma a la contundencia con la que se refirió al caso Bárcenas —"me repugna", dijo en el Parlamento—, obviaba que su hombre fuerte en la provincia ourensana ha pasado de imputado a procesado. Se escudó en que la Fiscalía había pedido el sobreseimiento de la causa. "Por lo que yo sé, entiende que no hay delito", arguyó, cuando en realidad el ministerio fiscal solicitó el archivo por considerar que los supuestos delitos —la certificación y el cobro de una subvención para una obra que nunca se ejecutó— habían prescrito. Así, avanzó que por el momento no va a "cambiar de opinión", es decir, mantiene su confianza en Martínez.
"Si se inicia un procedimiento (que en verdad ya ha comenzado), veremos la situación procesal en la que queda y en función de esto tomaremos una decisión coherente y consecuente con otras que hemos tomado", fue todo lo que concretó. Preguntado sobre si le pediría su dimisión en caso de sentarse en el banquillo de los acusados, como parece que ocurrirá a tenor del último auto del juez, Feijóo desvío el tiro hacia el comportamiento de otros partidos ante casos similares, deslizando que en la misma situación estas formaciones —no explicitó cuáles— mantendrían a su alto cargo.
Por otra parte, la reunión del Gabinete sirvió para analizar el calendario legislativo para los próximos cuatro años. El Gobierno pretende impulsar unas 40 leyes, la mitad de ellas de carácter económico y la otra mitad reformas y actualizaciones de textos legales con más de una década de vigencia. En este paquete, el presidente confirmó que no estará el Estatuto de Autonomía, una modificación que, a su juicio, no está entre las preocupaciones ciudadanas. Sí se abordará la anunciada reducción de diputados.
En ese marco, abogó por "abrir un periodo de reflexión" sobre el sueldo de los parlamentarios y el sistema de cobro, que en la actualidad deja una parte importante del contante percibido libre de tributación, al consignarse en concepto de dietas. Empaquetó esta reducción de los gastos de la Cámara, así como todo el calendario legislativo analizado, con su ritual alusión a conseguir una Administración "eficiente y austera".
El Consello también aprobó el Plan Galego de Igualdade entre Homes e Mulleres para el período 2013-2015, que aglutina 320 actuaciones con una inversión de 220 millones de euros. Entre todas esas medidas no está la de dejar de subvencionar a los colegios concertados que separan por sexo. Aludió a la libertad de elección de los padres y a que todos los gobiernos autonómicos mantuvieron esos convenios, aunque el bipartito, en sus estertores había decidido suprimirlos.
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/02/14/galicia/1360871119_467520.htmlLA OPOSICIÓN EXIGE EL CESE DEL SUPERDELEGADO DE OURENSE "POR CORRUPTO"
Todos los partidos sin excepción llamaron corrupto a Rogelio Martínez y lo hicieron sin recurrir al adjetivo presunto apoyándose en su condena anterior
La comparecencia del vicepresidente, Alfonso Rueda, para explicar las líneas maestras de Presidencia, Xustiza e Administración Pública desembocó en la exigencia unánime de la oposición para que destituya al delegado de la Xunta en Ourensee, Rogelio Martínez, procesado por estafa, malversación de fondos públicos y falsedad documental. La máxima autoridad de la Xunta en esa provincia ya había sido condenado en sentencia firme por la Audiencia Nacional a devolver fondos cobrados de la Unión Europea por obras "inexistentes", a través de un complejo entramado de empresas, sociedades y grupos de acción local, mientras era alcalde de Arnoia. Y ahora vuelve a sentarse en el banquillo acusado de graves delitos de corrupción, sin que ni el presidente, Alberto Núñez Feijóo, ni el propio Rueda, del que depende orgánicamente, hayan movido un dedo para apearlo de sus responsabilidades políticas.
Todos los partidos sin excepción llamaron corrupto a Rogelio Martínez y lo hicieron sin recurrir al adjetivo presunto apoyándose en su condena anterior. "Sigue siendo el máximo representante en Ourense, ¿es esa la regeneración que pide a los demás el PP?", preguntó la diputada del BNG Tereixa Paz. Desde AGE, José Manuel Fajardo, aun más directo, le preguntó a Rueda cuándo va a destituirlo. "Son los que menos invierten en la Justicia, ¿para qué?. Porque sino los corruptos tendrían que irse de las instituciones, como el superdelegado de Ourense", insistió la portavoz socialista Beatriz Sestayo.
Rueda, que en la presentación de sus objetivos de legislatura, esgrimió la transparencia en la gestión de la Xunta, citó responder si el superdelegado va a seguir en su puesto durante mucho tiempo y pasó al contraataque. Miró a los bancos socialistas y espetó: "Menos mal que los que están imputados en el PSOE [los populares suelen citar el caso del alcalde lucense y del exministro José Blanco] son más inteligentes y están callados. Si aplicamos la doctrina, muchas personas del PSOE no pueden tener responsabilidades públicas".
Sus planes de legislatura pasan por seguir mejorando las infraestructuras judiciales, ampliar el mapa de emergencias con más grupos supramunicipales que atiendan a aquellos municipios donde no hay parques de bomberos, continuar peleando por fondos europeos para ampliar los 2.000 millones que concedió la UE con aportaciones que reparte el Estado y continuar el plan de adelgazamiento de la Xunta.
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/02/12/galicia/1360700101_071311.html?rel=rosEPEL JUEZ ORDENA EL PROCESAMIENTO DEL ‘SUPERDELEGADO’ DE LA XUNTA EN OURENSE
Rogelio Martínez será juzgado por malversación, estafa y falsedad en relación con ayudas de la UE
Al presidente de la Xunta y del PP gallego, Alberto Núñez Feijóo, se le abren los frentes por supuesta corrupción en el partido y en las instituciones públicas. En el epicentro de la mediática imputación del exbarón José Luis Baltar —el jueves declaró ante el juez acusado por la fiscalía de un supuesto delito de prevaricación relacionado con el congreso provincial del partido que ganó su hijo— el hombre de confianza de Feijóo en Ourense, el delegado de la Xunta en la provincia, Rogelio Martínez, se sentará en el banquillo acusado de los supuestos delitos de malversación, estafa y falsedad en documento público. La situación judicial del superdelegado ourensano, que arrastra esta acusación desde 2006, ha dado un salto cualitativo: acaba de pasar de imputado a procesado por falsificar, supuestamente, un documento y cobrar —en su condición de presidente del grupo de acción local Ceivam— subvenciones de obras financiadas por la UE , por más de 51.000 euros, que "nunca llegaron a ejecutarse".
La Audiencia reabre el caso del delegado de la Xunta
Siendo alcalde de Arnoia, y en calidad de presidente de Ceivam, Martínez certificó ayudas europeas del plan Leader para la construcción de las instalaciones de una nave de biomasa en su municipio que, según la acusación —PSOE y BNG— y la fiscalía, ya existían. Ello supone el reconocimiento de que el dinero percibido por el grupo de desarrollo local fue desviado y que el representante de la Xunta en la provincia "falsificó" para ello un documento.
La fiscalía, que desde que se abrieron las diligencias insistió en la prescripción del delito, reconoció en 2010 que Martínez pudo haber incurrido en falsificación. El ministerio público secundó entonces la tesis de los demandantes pero insistió en pedir el sobreseimiento de la causa por considerar prescrito el delito. Ni el fiscal ni la defensa del superdelegado negaban la comisión de la falsificación, sino que alegaban que desde 1999 (fecha de solicitud de la subvención) y hasta que se registró la denuncia, en 2006, se habían superado los cinco años de plazo que marca la ley. La acusación entendía que el delito estaba vigente argumentando que debían contabilizarse los años transcurridos desde que el superdelegado cobró la subvención, no desde que la pidió.
El apoyo inquebrantable de Feijóo
Feijóo ha sorteado hasta el momento la eterna imputación del máximo representante de la Xunta en Ourense. Cada vez que la oposición pedía explicaciones, la dirección del PP de Galicia y el Gobierno autonómico respondían acusando. Han respondido siempre a las preguntas de socialistas y nacionalistas que, con ellas, lo único que buscaban era "condenar de antemano" al representante institucionaL y acabar con la administración periférica "que es eficaz y austera".
La confianza de Feijóo en Martínez es tan sólida que el presidente no solo no lo obligó a renunciar al cargo cuando la Audiencia Nacional lo acusó en firme y le obligó a devolver la subvención de 51.000 euros cobrados de los fondos comunitarios, sino que le reiteró su apoyo renovándolo en el cargo en las pasadas autonómicas. "Confío en la Justicia y se hará lo que digan los jueces" reiteraba, por su parte, el delegado territorial de la Xunta cada vez que se archivaba su caso. Martínez insiste en que sí se realizaron las obras que la Audiencia Nacional sentenció que no se habían llevado a cabo y señaló con el dedo al constructor. La nave de biomasa "se hizo y se justificaron unas inversiones", explicó. "El promotor cobró unas subvenciones, pero si no fue así tendrán que pedirle que las devuelva, no hay nada más".
Los socialistas sostienen que Martínez pudo haber malversado hasta un millón de euros entre 1999 y 2007 toda vez que desde Ceivam se "creó una trama" encaminada a la "malversación de ayudas europeas". El PSOE afirma que la "trama empresarial" está vinculada al PP de Arnoia durante los años mencionados en los que Martínez era alcalde (lo fue durante tres décadas) y asegura que entre las empresas más activas se encuentran Construcciones Covelo, SL, y Cruzval, de la que es titular un primo del superdelegado.
Tras los consecutivos archivos y aperturas de la causa y el paso por el juzgado de Instrucción de Ribadavia de tres jueces distintos, el actual, José Luis Deaño, dio la razón el año pasado a la defensa y a la fiscalía y acabó archivando igualmente la denuncia. La acusación recurrió y la Audiencia de Ourense ordenó la reapertura. Los abogados de Martínez volvieron a recurrir. El proceso parecía interminable. El jueves pasado, Deaño dio marcha atrás en el archivo y sobreseimiento ateniéndose a la advertencia de la Audiencia provincial que ve "indicios delictivos". La decisión supone el rechazo a la última petición de archivo realizada por la defensa del superdelegado el pasado día 5 y que en esta ocasión —invalidado ya el argumento de la prescripción del delito— argumentaba que la subvención de la UE se había invertido en las obras. El letrado del superdelegado alegaba en su petición de sobreseimiento de la semana pasada que "no existen indicios sólidos" que permitan apreciar "más allá de la mera sospecha" de que los 51.000 euros de la UE fueron desviados, aún cuando la Audiencia Nacional ya había condenado en firme en 2007 a Martínez, en la vía administrativa, por este mismo delito obligándole a la devolución del importe no acreditado y certificado como gasto con su firma. La defensa de Martínez alegaba, además, para obtener el archivo de la causa, que "no hay pruebas que permitan deducir que no se adquirió la maquinaria" y cita el testimonio de cinco personas que aseguraron haber trabajado en la construcción y acondicionamiento de la planta de biomasa.
Mientras la Audiencia Provincial insistía (lo ha hecho en dos ocasiones) en que se reabriera la causa, el procedimiento no hizo más que dilatarse. La última vez cuando el juez de instrucción determinó que lo juzgara un tribunal popular, a lo que se opusieron los demandantes. Finalmente (y otra vez mediante la intervención de la Audiencia Provincial) Martínez se sentará ante un tribunal integrado por magistrados para que juzguen si el procesado cometió o no los delitos.
Según la documentación aportada por los demandantes, en 1999 la sociedad Actuar, SL, de la que Martínez era socio mayoritario, pidió una ayuda para construir la planta. Dos meses después se hizo con la cesión de uso de unos terrenos municipales por 1,2 millones de pesetas. En el documento, firmado por el Ayuntamiento de Arnoia del que el superdelegado era entonces alcalde, y los propietarios de la SAT (Sociedad Agraria de Transformación) O Carballo consta, como instalación existente en la finca, una edificación, la misma nave de biomasa para cuya construcción el superdelegado pidió y recibió después la subvención a la UE.
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/02/10/galicia/1360528697_676918.htmlEL DELEGADO DE LA XUNTA EN OURENSE ADJUDICÓ A UN FAMILIAR UNA OBRA ILEGAL
Los socialistas denuncian en el juzgado a Rogelio Martínez por prevaricación
Cuando Rogelio Martínez, el superdelegado de la Xunta en Ourense, era alcalde de Arnoia, aprobó la construcción de un tanatorio en su municipio ubicado en terreno catalogado por Patrimonio: en el cementerio anexo a la iglesia municipal de San Salvador, que figura como "arquitectura religiosa" inventariada. A su lado, el cruceiro tiene una protección especial como Bien de Interés Cultural (BIC). Martínez autorizó la obra, que realizó la empresa de un primo suyo, desoyendo la orden de la Xunta, que entonces lo conminó a paralizarla. La Administración le había advertido de que estaba pasando por alto la normativa sanitaria que impide que las sepulturas, algunas de las cuales hay que pisar para acceder a la sala funeraria, estén a menos de 50 metros de estos recintos. El PSdeG, que comenzó en 2009 a reclamar por la vía institucional el expediente informativo del caso, no ha recibido ninguna respuesta. El silencio del Gobierno gallego ha llevado a los socialistas a denunciar por vía judicial al superdelegado por un presunto delito de prevaricación.
Patrimonio no entregó al PSdeG el informe sobre el tanatorio de Arnoia
El tanatorio de Arnoia fue financiado por la Diputación y la Administración autónoma. Martínez, que adjudicó la obra desde el Ayuntamiento, reconoce que "al menos la parte de la Diputación", de la que él era vicepresidente, la realizó Cruzval, la empresa de su pariente. El representante de Feijóo en Ourense no recuerda si hubo otra adjudicataria "porque de eso hace ya al menos seis años", señala. El PSOE incluye a Cruzval en la "trama empresarial" vinculada a Ceivam (la asociación de desarrollo local creada para recibir subvenciones de la UE) con "el objetivo de malversar ayudas europeas", según consta en la denuncia penal -registrada también por los socialistas ourensanos, que lo acusan en este caso de malversación de fondos públicos, prevaricación y fraude en subvenciones- por la que está siendo ya investigado judicialmente. Por este mismo hecho el superdelegado ourensano fue condenado en sentencia firme por la Audiencia Nacional, que lo declaró culpable de defraudar, desde Ceivam, más de 50.000 euros de ayudas comunitarias mediante la certificación de obras "inexistentes".
Mientras la investigación anterior -están a punto de declarar los últimos testigos- sigue abierta, Martínez se enfrenta a una nueva demanda por la construcción del tanatorio. Según consta en la documentación aportada al juzgado de instrucción de Ribadavia, todos los informes de Patrimonio eran desfavorables, motivo por el que el mencionado departamento de la Xunta, durante el Gobierno bipartito, sancionó al Ayuntamiento de Arnoia con una multa de 5.000 euros.
La secretaria de organización de los socialistas ourensanos y parlamentaria autonómica, María Quintas, acusó ayer al director general de Patrimonio Cultural, José Manuel Rey Pichel, de haber mentido en sede parlamentaria y pidió su cese "inmediato". En su demanda judicial, el PSdeG aporta el vídeo de la comisión en la que Pichel informa a la diputada socialista de que el expediente que reclama "está ya en el registro" de la Xunta. "Pero allí no aparece", sostiene Quintas, quien además advierte, y consta en la demanda judicial, de que el Parlamento gallego "ha suspendido incluso las comparecencias de los responsables" de explicar en qué situación se encuentra el expediente.
Mientras la parlamentaria denuncia que en la Xunta les dan "largas", el nuevo alcalde de Arnoia y hombre de confianza de Martínez ha aprobado un planeamiento urbanístico que, según declaró a este periódico el superdelegado, "ha legalizado ya el tanatorio"."Los cargos del PP de Ourense se creen que están por encima de la ley", reiteraron ayer en rueda de prensa Quintas y el asesor jurídico del PSdeG, José Arcos. Sostienen que "el incumplimiento de la legalidad a sabiendas debería conducir, como en otros casos, a la inhabilitación política" del representante de la Xunta en Ourense.
Mientras tanto, Martínez quita hierro al asunto y sostiene que la Xunta le envió un escrito hace 15 días legalizando la obra "con la condición de que quitemos una farola y arreglemos una escalera".
"Se empeñaron los curas"
"Fueron los dos curas del pueblo quienes se empeñaron en que hiciéramos ahí el tanatorio", justifica el representante de la Xunta en Ourense, Rogelio Martínez, la elección de una zona protegida por Patrimonio para realizar la obra. Sostiene que "el Obispado prefirió esta opción" a la que él les propuso inicialmente "en un terreno de la parte posterior".
Martínez sostiene que el tanatorio se construyó en el mismo lugar en el que "había antes una vieja edificación", un almacén "que quitaba visibilidad". "Con la nueva obra se ve la iglesia desde la carretera", aduce.
El representante del Gobierno de Núñez Feijóo en Ourense reconoce que el Ayuntamiento de Arnoia, que entonces presidía, pagó la sanción impuesta por la Xunta de 5.000 euros pero sostiene que nunca les ordenó "derribar ni parar la obra". "Si no se legalizó a tiempo fue porque estaba incluida en los planes provinciales de la Diputación y tenían un plazo de ejecución".
www.elpais.es 02.03.11
La Xunta tramita la legalización de una obra aprobada por su delegado en Ourense
El tanatorio incumple la normativa de Patrimonio y de cementerios
Rogelio Martínez decidirá, en su condición de superdelegado de la Xunta en Ourense, si se legaliza el tanatorio de Arnoia que él mismo autorizó, pese a tener en contra todos los informes de la Administración, cuando era alcalde del municipio. Patrimonio le impuso entonces una multa de 5.000 euros por no restituir la legalidad.
La Xunta intenta legalizar ahora la obra. El director general de Patrimonio, José Manuel Rey Pichel, detalló ayer en comisión parlamentaria que el lunes entró en el registro de la jefatura territorial de Ourense el expediente para que, en una reunión entre representantes de la delegación provincial, que preside Martínez, y la Iglesia se decida si se legaliza el inmueble funerario ubicado en zona catalogada Bien de Interés Cultural (BIC) e incrustada entre los panteones de tal forma que para acceder a él es necesario pisar sobre algunas sepulturas.
Rey Pichel reconoció que el tanatorio autorizado por el actual superdelegado de la Xunta fue declarado ilegal por Patrimonio en 2006, año en el que el departamento que ahora preside informó desfavorablemente la obra. También explicó que el nuevo alcalde que sustituyó a Martínez en Arnoia intentó legalizarlo cambiando la calificación del suelo e incluyéndolo en el planeamiento urbanístico, pero sin presentar a Patrimonio el nuevo proyecto.
Según Pichel, en diciembre de 2008 la Xunta informó desfavorablemente el planeamiento urbanístico que, sin embargo, fue autorizado en julio de 2009 y aprobado el pasado mes de octubre. Está en vigor desde el 30 de noviembre. El Ejecutivo gallego deja ahora en manos de su superdelegado en Ourense la legalización de la obra que, irregularmente, él mismo autorizó.
El director general de Patrimonio realizó esta exposición a instancias de la pregunta presentada en la comisión por la parlamentaria del PSOE María Quintas. La diputada lleva desde el pasado febrero esperando, sin éxito, que la Xunta le entregue los expedientes del tanatorio.
Quintas advirtió ayer de que el Gobierno de Feijóo está incumpliendo el reglamento de la Cámara relativo a la obligación del Gobierno autónomo de entregar información a los diputados en un plazo de 30 días. Pichel le replicó que, aun conociendo el reglamento, resulta imposible atender todas las peticiones de información que realizan los diputados. En cualquier caso, afirmó que la documentación del tanatorio que reclamaba la socialista estaba ya en poder de la Cámara, aunque Quintas tampoco la recibió ayer.
El PSdeG ya ha anunciado que demandará por prevaricación al superdelegado de Ourense y sostiene que la Xunta es "cómplice" en esta actuación con la que "Feijóo intenta proteger a su hombre de confianza" en Ourense.
El superdelegado no solo ha obviado la normativa de Patrimonio al construir el tanatorio en zona BIC, sino que además, la sanitaria sobre cementerios que obliga a que las edificaciones en los camposantos mantengan una distancia de al menos 50 metros respecto a las tumbas.
Los socialistas están convencidos de que la actuación del delegado es "idéntica" a la del ex alcalde de Melón Alberto Pardellas (también del PP), que autorizó la construcción de un polideportivo a escasos metros del monasterio cirsterciense. A este, el incumplimiento le ha costado la inhabilitación política.
www.elpais.es 17.12.10
El PSOE acusa a Rogelio Martínez de defraudar un millón de euros
El PSdeG culpó ayer al superdelegado de la Xunta en Ourense, Rogelio Martínez, de haber malversado hasta un millón de euros en fondos comunitarios. Desde 1999 y hasta 2007 el Ayuntamiento de Arnoia, donde era alcalde Martínez, y las empresas vinculadas a Ceivam (la asociación de desarrollo local creada para recibir subvenciones de la UE) habrían constituido una "trama" encaminada a la "malversación de ayudas europeas" del Leader II y Leader Plus, según los socialistas.
La secretaria de organización del PSOE ourensano, María Quintas, asegura que paralelamente a la constitución de Ceivam se crearon diversas sociedades, todas ellas vinculadas al PP de Arnoia (en alguna figura el cura Benigno Moure, presidente de la Fundación San Rosendo, condenado a pena de cárcel por quedarse el patrimonio de una anciana ingresada en uno de sus geriátricos) e integradas por familiares ligados a la vez a los negocios de Martínez, generando un "entramado de intereses comunes".
Entre las empresas más activas destaca Construcciones Covelo, SL, Cruzval, de la que es titular el primo de Martínez denunciado judicialmente por el PSOE por prestar falso testimonio ante el juez -dijo que no les unía ningún parentesco y que se conocían sólo profesionamente- que investiga el supuesto fraude cometido por el superdelegado en la gestión de las ayudas comunitarias. En la organización de las empresas vinculadas a Ceivam y a Martínez figuran concejales del PP de Arnoia y familiares como el hermano de Martínez.
Proyectos no realizados
Según la denuncia socialista, los proyectos a los que deberían ir destinadas las subvenciones no se realizaron.
Es el caso de una planta de biomasa -por la que hay abierta una investigación judicial-, un galpón que según declararon los testigos ante el juez existía años antes; o los talleres que debían dedicarse a labores de artesanía y que nunca llegaron a funcionar. Quintas sostiene que en este caso ni siquiera se le pagó a los operarios que hicieron los trabajos. "Se les ofreció que se quedaran con los talleres". Los socialistas se preguntan dónde está el millón de euros recibido de Europa.Martínez, condenado en sentencia firme de la Audiencia Nacional a devolver 50.000 euros recibidos de Europa para la planta de biomasa que según la Audiencia no se construyó, no ha devuelto aún ese dinero según el PSOE.
www.elpais.es 17.07.10
EL DELEGADO DE LA XUNTA IMPUTADO LLEVA A SU PRIMO COMO TESTIGO
El superdelegado de la Xunta en Ourense, Rogelio Martínez, llevó a declarar como testigo para su defensa judicial, en relación con la investigación del fraude de los fondos comunitarios por el que fue condenado ya en firme por la Audiencia Nacional , a un primo carnal que, según el PSOE, "prestó falso testimonio". Gumersindo Álvarez Martínez, principal promotor inmobiliario del Ayuntamiento de Arnoia cuando Rogelio Martínez era alcalde, fue también el constructor de la planta de biomasa por la que la agrupación local que presidía el hombre de confianza de Feijóo en Ourense, pidió y cobró una subvención, pese a que la nave había sido levantada años antes.
En su declaración ante el juez de Rivadavia que instruye las diligencias en la denuncia criminal contra Martínez, Gumersindo Álvarez negó, contestando a la pregunta de la acusación, tener grado alguno de parentesco con el imputado. El letrado del PSOE ourensano presentará hoy en el mismo juzgado una demanda contra el constructor ya que, a la vista de los certificados de nacimiento de los ascendientes de éste y de Martínez, el padre del primero y la madre del superdelegado eran hermanos.
El PSOE pide que se abran diligencias contra el testigo por un presunto delito de falso testimonio en causa criminal. Álvarez Martínez reconoció en su declaración judicial ser el representante legal de la empresa Proyectos y Contratas Covelo, SL, y, tras negar el parentesco con el superdelegado, afirmó que conocía a los imputados por su "actividad profesional".
El contratista afirmó que había cobrado 6,4 millones de pesetas por la edificación de la nave por la que Rogelio Martínez y el resto de los miembros de la agrupación local Ceivam -en su mayoría vinculados al grupo de gobierno de Arnoia- recibieron la subvención de los fondos comunitarios tras certificar la obra en 13 millones de pesetas. El representante de la empresa constructora detalló que levantó la nave sobre "un galpón en ruinas", pese a la aportación gráfica de la acusación en la que se evidencia que la nave llevaba años construida. Así lo confirmaron ante el juez los representantes de la asociación O Carballo, que firmaron con Rogelio Martínez varios años antes un documento de compra de los terrenos en los que se asienta la nave.
(www.elpais.com, 07/07/10)
El PSOE pide a la UE que investigue al delegado de la Xunta en Ourense
Fondos europeos financiaron un balneario de la fundación del cura Moure
El Ayuntamiento de Arnoia (Ourense) recibió en 2007 una subvención de los fondos europeos incluidos en el plan Leader Plus por 64.908 euros para "obras de mejora" en la zona recreativa de A Queixeira presupuestadas en 98.454 euros. La ayuda comunitaria fue solicitada en 2006 por la asociación Ceivam-Valmiño, que presidía el actual superdelegado de la Xunta en Ourense, Rogelio Martínez, entonces alcalde de Arnoia. Pero el PSOE sostiene que no se ha invertido ese dinero, cuyo destino el Ayuntamiento no logra justificar. El juez que investiga el caso tiene además en su poder facturas por pagos con fondos europeos a empresas vinculadas a Martínez.
El ayuntamiento oculta la factura de un gasto de 64.000 euros en obras
Dinero de Europa pagó facturas de firmas vinculadas a Martínez
"En los dos últimos años sólo trabajó en A Queixeira una niveladora de la Diputación y una excavadora de la Mancomunidad", asegura el portavoz socialista en Arnoia, Jorge Rodríguez, quien pidió en el pleno la factura de las obras con cargo al Leader Plus y le fue negada por el actual alcalde, José Camilo Fariñas. El regidor fue teniente de alcalde durante los mandatos de Martínez y socio suyo en varias empresas vinculadas a la trama de Ceivam, el centro de iniciativas para el desarrollo del Val do Miño que gestionó las subvenciones del Leader II y certificó obras inexistentes por 50.000 euros, según sentencia de la Audiencia Nacional. Por estos hechos el superdelegado está siendo investigado por la justicia.
Martínez sostiene que las obras están ejecutadas. "Consisten en muros, accesos y puestos para la Festa do Pemento", asegura. El delegado de la Xunta se escuda en que si el actual alcalde no muestra la factura "es cosa suya". La oposición sostiene que todas las inversiones en esa zona se realizaron años antes, con cargo a fondos del Leader II. El PSOE advierte que pedirá al juez que instruye el caso el ingreso en prisión de Martínez si se demuestra que "cometió también fraude" con los últimos fondos europeos y hubo, por tanto, "un supuesto delito continuado de estafa".
No es sólo el Ayuntamiento de Arnoia el que no aporta datos sobre Ceivam. Los socialistas tampoco tienen respuesta en la Xunta a sus preguntas sobre la gestión del superdelegado con los fondos comunitarios. "Hay ocultación de pruebas y obstaculización a la investigación", señala la secretaria de organización del PSOE orensano, la parlamentaria María Quintas. "No nos contestan a las preguntas que planteamos en el Parlamento" y además el PP "aplazó para febrero, después de su congreso orensano, una pregunta sobre esta misma cuestión en un hecho sin precedentes" que evidencia una "utilización partidista del Parlamento" y "connivencia de la Xunta" con un imputado.
Por su parte, el eurodiputado socialista Antolín Sánchez Presedo presentará en Bruselas, en la Oficina Europea de la Lucha contra el Fraude, la documentación de la gestión de Martínez con los fondos de los LeaderI, II y Plus para que "el Parlamento europeo investigue los hechos y le exija la devolución del dinero percibido irregularmente".
La gestión de los fondos comunitarios realizada por el grupo de gobierno de Arnoia durante la presidencia de Martínez -con el actual alcalde como número dos de su equipo- incluyen, según facturas que el PSOE ha incorporado al proceso judicial, pagos de Ceivam a empresas vinculadas al delegado de la Xunta.
El Balneario de Arnoia -propiedad de la Fundación San Rosendo que preside el cura Benigno Moure, condenado a cinco años de cárcel por estafar a una anciana con Alzheimer- facturó 1,5 millones de pesetas a Ceivam en 1998 por la organización de la Festa do Pemento de Arnoia que celebra el ayuntamiento. El Balneario era socio, con la institución local, de Actuar SL, la empresa creada para ejecutar las obras financiadas con los fondos europeos. Para esa fiesta gastronómica, la Diputación, en la que Martínez ejercía la vicepresidencia, aportó 400.000 pesetas, y el Ayuntamiento de Arnoia que él mismo presidía, 500.000. Salvo en la inauguración, en que hubo degustación gratuita de los pimientos, los comensales pagaron sus respectivos menús.
Entre 2000 y 2001, Ceivam pagó más de 300.000 pesetas al Mesón Lareira, creado por la propia agrupación y con el mismo domicilio social y teléfono que Cultivos Ribeiro, empresa de la que es socio Martínez. El 29 de junio de 2001, A Lareira le facturó a Ceivam 51.985 pesetas por "11 menús especiales por encargo"; el 1 de agosto del mismo año, le remitió otra factura, por 169.060 pesetas, en concepto de "comida servida con motivo de Festa do Pemento" y el 10 de septiembre facturó 113.848 pesetas por "50 menús servidos para Ceivam".
Los fondos europeos pagaron también, el 19 de septiembre de 2001, el "transporte por Arnoia-Castrelo do Miño-Cortegada y comida, durante tres días, de 35 personas" que asistieron a las "jornadas de finalización del Leader II". La empresa, que facturó por este servicio 2.313 euros, fue Viajes Compostela, de la que es socio el hermano de Rogelio Martínez. Ambos comparten sociedad en Cultivos Ribeiro. Viajes Compostela facturó además a Ceivam, el 24 de julio de ese mismo año, 1.101 euros por la "estancia y habitación en el Hotel Balneario" de Arnoia. La factura no especifica cuántas personas se alojaron en la villa termal ni el motivo de la estancia.
www.elpais.es 06.01.10
El delegado de Ourense admitió en un pleno que certificó más obras falsas
Firmó el final de cinco talleres artesanales que aún no se habían construido
Durante su etapa como alcalde de Arnoia y presidente de la agrupación Ceivam que distribuía fondos de la Unión Europea, el actual superdelegado de la Xunta en Ourense, Rogelio Martínez, no sólo subvencionó a sus empresas y certificó como planta de biomasa realizada con ese dinero un galpón abandonado que ya existía, hechos por los que fue condenado por la Audiencia Nacional. Martínez reconoció en un pleno que había certificado las obras de cinco talleres artesanales subvencionados también con ayudas europeas sin que estuvieran realizadas.
Los adjudicatarios canjearon después las obras para pagar a los empresarios
En la "trama de los talleres" está también implicado el técnico municipal
Así consta en las actas municipales. En el pleno de enero de 2001 Martínez avala, en nombre del Ayuntamiento, al grupo de artesanos Armiño, una operación de crédito por 91 millones de pesetas para que construyan cinco talleres. Martínez firmó ese mismo año la certificación de los pagos por las obras de los talleres finalizados, según figura en la documentación aportada por la Axencia Galega de Desenvolvemento Rural (Agader). Pese a ello, en el pleno de enero de 2002, reconoció que las obras estaban sin finalizar.
Las diputadas del PSdeG orensano Laura Seara y María Quintas y el senador Miguel Fidalgo denunciaron ayer la "gravísima trama de corrupción" urdida por el actual delegado de la Xunta con fondos comunitarios. Según su documentación, Martínez no sacó a concurso la adjudicación de los cinco talleres, sino que "llamó a un amigo, el ex presidente de los artesanos de Ourense, Ramón Souto" y dejó que éste distribuyera los talleres entre "un hijo, un sobrino, una hija de un amigo y un inmigrante cubano que denuncia que estafa". "Ninguno tenía relación con la artesanía", sostiene el PSdeG.
Según testimonios recabados por los socialistas, e incorporados a la investigación judicial abierta contra el superdelegado, varios adjudicatarios de estos talleres los entregaron a empresarios para "saldar deudas que tenían con ellos". Así, el de panadería que gestionaba Ramón Souto "se entregó en pago a la empresa que hizo la electricidad de los cinco talleres". El de madera, de Adrián Souto, a Luis Veloso Promociones, SL "para pagar deudas pendientes". En los documentos consta una certificación del cambio de titularidad de julio de 2001 y un presupuesto de más de 22 millones de pesetas.
Pese a que el Ayuntamiento avaló a los integrantes de Armiño con 91 millones de pesetas y Martínez certificó y ordenó el pago, las obras de los talleres "nunca se pagaron" a las empresas constructoras, de electricidad, montaje mecánico y fontanería, según la documentación. "Alguien se quedó con el dinero", sostienen los socialistas. Excepto un taller, que funcionó cuatro meses, el resto "nunca tuvo actividad", aún cuando la UE concedía subvenciones con la exigencia de que estuvieran activos al menos cinco años.
Pero en la "trama de los talleres" de Arnoia no sólo está implicado el superdelegado de la Xunta e integrantes de su grupo de gobierno. El técnico Miguel Reza, también miembro de Ceivam, concedía a su empresa Arquitectura, Ingeniería y Urbanismo los proyectos de obra de los talleres que él mismo certificaba después desde Ceivam. Cobraba por ello, de esta misma compañía, cerca de un millón de pesetas por caso, según el PSdeG.
Mientras las obras públicas realizadas con fondos comunitarios "no llegaron a funcionar", las empresas familiares de Rogelio Martínez, a las que también subvencionó la UE, gestionadas desde Ceivam "van adelante". Los socialistas mostraron ayer fotografías del galpón descrito como planta de biomasa y, frente a ello, las empresas familiares de Martínez en Arnoia integradas en Cultivos Ribeiro, SL, que se benefició de esos fondos.
www.elpais.es 02.07.09
EL DELEGADO DE OURENSE CULPA DEL FRAUDE A UNA EMPRESA DE LA QUE ES APODERADO
El superdelegado de la Xunta en Ourense, Rogelio Martínez, declaró ayer durante hora y media ante la juez de instrucción de Ribadavia, a quien la Audiencia Provincial ordenó el pasado enero reabrir la investigación sobre los supuestos delitos de estafa, malversación y falsedad documental en la gestión de fondos europeos. El representante de la Xunta negó haberse quedado con el dinero de los fondos que, según el informe de la Axencia Galega de Desenvolvemento Rural (Agader), del Ministerio de Agricultura, y de una sentencia firme de la Audiencia Nacional no se invirtieron en las obras que él y sus socios en la agrupación local Ceivam certificaron como realizadas.
Martínez sembró la duda sobre el destino de esos más de 50.000 euros de las arcas públicas, aunque en su declaración ante la juez apuntó hacia los técnicos señalando que él firma lo que le ponen delante. En su comparecencia posterior ante los medios de comunicación reiteró su inocencia y advirtió: "Tendrá que devolver el dinero la promotora adjudicataria porque ya le quedó clarísimo a la jueza que yo no cometí ningún fraude". Sin embargo, acabó reconociendo que él es apoderado en esa empresa adjudicataria, Actuar, S.L. (de la que el Ayuntamiento de Arnoia tiene el 50% del capital), junto con sus socios de Ceivam, que ayer también declararon.
El dirigente del PP restó importancia a la investigación judicial. "No estoy imputado; esto es una imputación procesal y la juez tendrá que ver si la mantiene", explicó. El representante del Gobierno gallego tildó la denuncia, presentada en 2006 por el BNG de Arnoia, de "política" y calificó de "camarilla del BNG" a la Axencia Galega de Desenvolvementio Rural (Agader), que abrió el expediente administrativo, y al Ministerio de Agricultura que le exigió la devolución del dinero no invertido (acuerdo que Martínez recurrió ante la Audiencia Nacional, que desestimó su petición y lo condenó a devolver las subvenciones). "Agader estaba manejada por la misma camarilla que presentó la denuncia y el Ministerio de Agricultura estaba dirigido por los mismos", afirmó. "Había que joder a alguien; a alguien que se llamaba Rogelio Martínez", espetó.
"Está clarísimo que yo no metí nada en el bolsillo", dijo, y acusó a PSOE y BNG de someterlo a un proceso paralelo. Entre quienes "impiden que el asunto se resuelva en sede judicial" citó a "personas imputadas y procesadas, en algún caso por acoso laboral, como [el secretario de los socialistas gallegos] don Pachi de Carballiño, [el senador socialista] Miguel Fidalgo, o [la ex vicepresidenta del Parlamento gallego] Tereixa Paz".
Minutos después, el PSOE anunció que estudia personarse en el juicio junto con otros colectivos sociales de Ribadavia. Los socialistas aseguran que "cada vez que se levanta un papel sobre Ceivam aparecen irregularidades más graves" y ayer denunciaron adjudicaciones a empresas a las que está vinculado Martínez como Cultivos Ribeiro, en la que es apoderado y que percibió de Ceivam (en la que era presidente) más de 45 millones de pesetas.
"Hay una causa delictiva más grave que la simple desviación de fondos", sostiene el PSdeG. La diputada Laura Seara declaró "causa política de primer orden" la actuación de quien va a "gestionar ahora los fondos de la Xunta en Ourense" y reclamó al presidente de la Xunta "que no espere un solo día" para destituirlo.
A la denuncia de los socialistas se suma la decisión del BNG de presentar llevar el asunto a Bruselas. La candidata del Bloque, Ana Miranda, aspira a que la Comisión Europea adopte medidas disciplinarias contra el delegado de la Xunta. Miranda se pregunta "con qué autoridad moral se presenta el PP a las elecciones europeas y con qué autoridad moral va a pedir el PP ayudas en Bruselas".
Por su parte, el PP cierra filas con su delegado. El número dos, Alfonso Rueda, negó la semana pasada que hubiera una sentencia de la Audiencia Nacional y habló de "fallo administrativo". Ayer, el vicesecretario y portavoz, Antonio Rodríguez Miranda, subrayó que la condena no recae sobre Martínez sino sobre las empresas encargadas de las obras, olvidando mencionar que Martínez formaba parte Actuar, S.L. El PP, que presentó una querella penal por la autovía del Barbanza, sobre la que basó su estrategia de oposición cuando el juez imputó a cuatro funcionarios de Política Territorial que fueron absueltos, recrimina ahora a PSdeG y Bloque que acudan al juzgado.
(www.elpais.com, 26/05/09)
La oposición exige el cese del delegado de Ourense por fraude en subvenciones
Martínez dice que las obras que la Audiencia considera "inexistentes" están "hechas"
La sentencia de la Audiencia Nacional que confirma que el delegado de la Xunta en Ourense, Rogelio Martínez, acreditó "obras inexistentes" provocó ayer una rápida reacción de la oposición. La portavoz de la ejecutiva del PSdeG, Mar Barcón, convocó una rueda de prensa "de urgencia" para exigir a Feijóo la destitución de Martínez. "Hoy mismo", le apremió Barcón, arropada por los cuatro diputados socialistas por Ourense. La diputada del BNG Tereixa Paz, mientras, exigió a Feijóo que actúe de forma "inmediata y contundente".
"Será la empresa que pidió las ayudas quien tendrá que devolver el dinero"
El presidente de la Xunta se limitó a afirmar que hay que ser "respetuoso" con la decisión de los jueces y recordó que no es la primera vez en que se obliga a una Administración a devolver ayudas de la UE. La sentencia confirma que Martínez está involucrado en un fraude y le obliga a devolver ayudas europeas por más de 50.000 euros.
Por su parte, Martínez reivindicó ayer su inocencia en la certificación de "obras inexistentes" como presidente de la agrupación local Ceivam. Aunque la sala cuarta de la Audiencia obliga a Ceivam a reingresar la ayuda, Martínez entiende que "será la empresa que solicitó las subvenciones la que tendrá que devolver el dinero". Y detalló: "Actuar S.L. es la empresa que solicitó la ayuda".
Actuar es una sociedad limitada que, según consta en el registro mercantil, tenía como administrador en el momento de solicitar las subvenciones al entonces teniente de alcalde de Martínez y gerente de Ceivam, Juan Emilio Aparicio. La empresa estaba, además, participada por el Ayuntamiento de Arnoia, que presidía el ahora superdelegado.
Martínez aseguró también ayer que "las obras están hechas, ya que están los informes y las certificaciones" y aclaró que "para Ceivam estaba todo correcto" cuando cobró la subvención. "De lo contrario no habríamos pagado", explica, responsabilizando a las empresas que hicieron las obras de haber cometido el supuesto fraude. Los 50.000 euros "los cobró quien hizo las obras, los recurrió quien hizo las obras y si los tiene que devolver alguien, los devolverá quien hizo las obras", advirtió el representante de la Xunta en Ourense, pese a que en el fallo queda claro que se dicta a instancias no de la empresas sino de Ceivam, que figura como recurrente contra la orden del Ministerio de Agricultura que le obligaba en 2007 a devolver esa cantidad.
Las empresas que certificaron las obras de la planta de biomasa que, según la Audiencia, no fueron realizadas son Agrícola Orensana y Proyectos y Contratas Covelo. Rogelio Martínez está vinculado a ambas.En el caso de Agrícola Orensana, que facturó más de 6,4 millones de pesetas en concepto de "maquinaria y útiles según proyecto y aprovechamiento de biomasa", uno de sus dos administradores es socio del hermano del superdelegado y de otros ex cargos y militantes del PP en una empresa de espectáculos deportivos. Proyectos y Contratas Covelo facturó a Ceivam, a través de Actuar S.L., 5,2 millones de pesetas en concepto de "construcción de nave para tratamiento de biomasa según proyecto" y más de 300.000 pesetas por "equipamiento de prevención y seguridad". Gumersindo Álvarez Martínez, ex concejal del gobierno de Arnoia presidido por Rogelio Martínez, figuraba como administrador en 1998. La agrupación local Ceivam estaba integrada por los ayuntamientos de Arnoia, Cortegada y Castrelo de Miño (y no Castrelo do Val como por error informó ayer este periódico).
www.elpais.es 13.05.09
La Audiencia Nacional confirma que el delegado de Ourense defraudó ayudas
La Audiencia Nacional considera probado que Martínez certificó obras inexistentes
El superdelegado de la Xunta en Ourense, Rogelio Martínez, y los responsables de acreditar las obras en el grupo de acción local Ceivam (centro de iniciativas para el desarrollo do Val do Miño) tendrán que devolver al Estado más de 50.000 euros que defraudaron de los fondos comunitarios. La sala cuatro de lo contencioso administrativo de la Audiencia Nacional ha dictado una sentencia firme que avala el expediente administrativo abierto en su día por Agader (Axencia Galega de Desenvolvemento Rural, dependiente de la Xunta) y tramitado después por el Ministerio de Agricultura sobre el cobro indebido de ayudas de la Unión Europea por parte de Martínez -alcalde de Arnoia por el PP cuando se produjeron los hechos- y sus socios. El fallo de la Audiencia ratifica la orden del ministerio que obliga a los responsables de Ceivam a devolver el dinero que ingresaron de las arcas públicas tras certificar "obras inexistentes".
El ex alcalde de Arnoia y sus socios deberán reintegrar más de 50.000 euros
Un juzgado investiga si los mismos hechos constituyen delito
La sentencia, con fecha del pasado 15 de abril y contra la que no cabe recurso, es consecuencia del contencioso administrativo al que Martínez y los demás responsables de la agrupación local decidieron acudir tras perder un primer recurso de reposición contra la orden del ministerio, fechada en 2007, que les obligaba a devolver al Estado más de 50.000 euros que ingresaron irregularmente.
Con esta resolución se zanja el proceso administrativo contra los integrantes de Ceivam por el fraude en las ayudas europeas, aunque éstos tienen pendiente un proceso judicial, consecuencia de una denuncia presentada por el BNG de Arnoia, para responder en la vía penal por los mismos hechos. Martínez y sus socios están denunciados por estafa, falsedad en documento público y malversación en la gestión de estos fondos otorgados por la Unión Europea.
Para la Audiencia Nacional ha quedado probado que la agrupación local que presidía el entonces alcalde de Arnoia y vicepresidente de la Diputación Provincial de Ourense incurrió en "un incumplimiento sustancial del fin previsto en las subvenciones otorgadas", que en este caso era la construcción de una planta de tratamiento y aprovechamiento de biomasa y un taller artesanal.
El actual superdelegado de la Xunta certificó, en su condición de presidente de la asociación sin ánimo de lucro Ceivam, que se habían realizado las obras para las que había pedido subvención pese a que, según la sentencia, no fue así. El ponente de la Audiencia Nacional considera acreditadas las denuncias que figuran en el informe que Agader realizó tras inspeccionar las obras.
En lo que respecta a la planta de biomasa, la Audiencia Nacional da validez al informe en el que consta que pese a que Ceivam certificó inversiones por 39.065,79 euros, no había "síntomas de actividad permanente" en la planta de biomasa, que se "certificaron obras que no constan realizadas" y que la nave que se presentó como obra ejecutada con las ayudas comunitarias ya existía antes de solicitar la subvención.
La sentencia confirma también que en las instalaciones "no se encuentran máquinas propias del tratamiento de la biomasa". Además desmonta el argumento del robo de la maquinaria que los socios de Ceivam adujeron para justificar su falta, así como el testimonio de que emplearon el dinero de las ayudas en hacer obras en el interior de la nave. "No se ha aportado ninguna prueba" que acredite esas alegaciones, sostiene el magistrado.
Respecto al taller de orfebrería, la Audiencia detalla que las facturas con las que Ceivam intentó justificar la inversión de los fondos de la UE "no alcanzan a la totalidad de la partida de adquisición de la maquinaria certificada". Explica que en el interior del taller faltaba maquinaria por la que Ceivam recibió 12.897,98 euros. Por ello, la Audiencia desestima el recurso interpuesto por los responsables de Ceivam contra la orden del ministerio y les ordena a devolver al Estado el importe de las ayudas que cobraron irregularmente.
www.elpais.es 12.05.09
Martínez firmó subvenciones para sus empresas
La sociedad mixta Ceivam constituida como agrupación de desarrollo local sin ánimo de lucro e integrada por asociaciones privadas y por los ayuntamientos de Arnoia (presidido por Rogelio Martínez), Cortegada y Castrelo do Val, gestionó, entre 1996 y 2001, obras que presentó al plan Leader II para obtener subvención de los fondos comunitarios.
En el documento de constitución de Ceivam consta que la comisión de seguimiento, creada ad hoc para el programa Leader y responsable de la aprobación de los proyectos, estaba formada por cuatro miembros, todos ellos con voz y voto: el presidente del grupo de acción local y alcalde de Arnoia, Rogelio Martínez; el secretario de ese mismo ayuntamiento, Pablo Fernández Loureiro, como gerente, y dos vocales. Fernández Loureiro acabó asumiendo el cargo de responsable financiero y la gerencia pasó a ocuparla un ex teniente de alcalde de Martínez, Juan Emilio Aparicio, que, según consta en la denuncia del BNG, pasó a estar en nómina en Ceivam.
Según datos del registro mercantil, Aparicio era al mismo tiempo administrador de la empresa Actuar, SL (Actividades Culturales y Turísticas de Arnoia) creada en 1996 y participada por el mismo ayuntamiento y que resultó beneficiada con varias subvenciones. El ex teniente de alcalde era también administrador único de la empresa Cultivos Ribeiro de la que Rogelio Martínez es apoderado. La empresa recibió igualmente importantes ayudas de fondos comunitarios certificadas por ambos socios a través de Ceivam.
El responsable financiero de Ceivam, Fernández Loureiro, era socio en esa época de Rogelio Martínez en la empresa Energías de Ourol, en la que figuraba como consejero delegado Luis Castro Valdivia, el cuñado del ex director de Industria de la Xunta del PP Ramón Ordás, acusado por la Fiscalía de favorecer a su familiar en la concesión de minicentrales. Martínez sostiene que su representación en la empresa no era a título personal sino municipal, y señala que se desvinculó de ella al no poder poner en marcha el parque eólico previsto. Ahora figura como administrador Castro Valdivia. El delegado de la Xunta reconoce que éste instaló al mismo tiempo dos empresas hidroeléctricas en Arnoia.
www.elpais.es 12.05.09
EL 'SUPERDELEGADO' DE OURENSE SERÁ INVESTIGADO POR ESTAFA Y MALVERSACIÓN
El superdelegado de la Xunta en la provincia de Ourense, Rogelio Martínez, será investigado por los supuestos delitos de malversación, estafa y falsedad en documento público. La Audiencia Provincial ha reabierto el proceso judicial derivado de una denuncia presentada por el grupo local del BNG de Arnoia contra Martínez por la gestión de fondos comunitarios.
Martínez, alcalde de Arnoia durante los últimos 30 años (hasta este lunes en que tomó posesión como delegado de la Xunta), fue denunciado por haber certificado supuestamente subvenciones, como presidente del grupo de acción local Ceivam, de fondos comunitarios del plan Leader para "la construcción de instalaciones que ya existían". Según la denuncia, el entonces alcalde de Arnoia certificó el final de algunas obras que "no se ejecutaron".
El grupo local del BNG demandó a Martínez en septiembre de 2006 y se inició un proceso, paralizado en 2008 por el juzgado de Ribadavia a petición del abogado del delegado de la Xunta y del fiscal, que esgrimían la prescripción del delito. Alegaban que desde 1999, fecha de la solicitud de la subvención, hasta que se registró la denuncia pasaron más de cinco años, plazo que marca la ley.
Los demandantes recurrieron el sobreseimiento del caso y argumentaron que los hechos denunciados no se produjeron al pedir la ayuda a la UE, sino al certificar, en septiembre de 2001, el final de unas obras "que no se realizaron, pero sí se cobraron".
La Audiencia de Ourense admitió en enero su recurso y ha ordenado al juzgado de Ribadavia que reabra la investigación. Según la documentación aportada por el BNG de Arnoia en su demanda, en 1999 la sociedad Actuar, SL (Actividades Culturales y Turísticas de Arnoia) en la que Rogelio Martínez, en su condición de alcalde, era socio mayoritario, pidió una subvención para construir una planta de biomasa. Dos meses después, Martínez adquirió la "cesión de uso" de unos terrenos municipales propiedad de la SAT (Sociedad Agraria de Transformación) O Carballo por 1,2 millones de pesetas.
En el documento firmado por las dos partes (ayuntamiento y propietarios) constan como instalaciones existentes en el momento de la compra "un vallado de postes de cemento y alambrada y una edificación".
El proyecto se presentó al programa comunitario antes de que fueran adquiridos los terrenos y quien hizo la solicitud en nombre de Actuar, SL era socio de Martínez y concejal de su gobierno. Según la denuncia, en noviembre de 2001 el actual superdelegado certificó, como presidente de Ceivam, el fin de obra por 13 millones de pesetas. En el documento justificaba la construcción de la nave y del vallado en "que ya existían antes de la compra del uso de los terrenos".
El auto de la Audiencia orensana ordena la reapertura de las diligencias necesarias para "determinar y depurar quiénes participaron en los actos falsarios que se imputan y con qué carácter público o particular medió la necesaria intervención y en especial la que pueda atribuirse a los miembros del grupo de acción local Ceivam" que presidía Martínez.
Junto a la denuncia por la planta de biomasa, el BNG de Arnoia presentó en el juzgado documentación relativa a otros supuestos fraudes del ex regidor en la gestión de fondos comunitarios, entre ellos, el relativo a la creación de cinco talleres artesanales presupuestados en más de 600.000 euros. En la demanda figura la certificación firmada en noviembre de 2001 por Rogelio Martínez como presidente de Ceivam en la que acredita que "tras la comprobación de la ejecución de las obras" el gasto "ha sido efectivamente realizado". Sin embargo, el BNG de Arnoia sostiene que en esa fecha "no se había realizado la urbanización de los talleres, no había sistemas de seguridad y faltaba alguna maquinaria necesaria para que pudieran funcionar".
Rogelio Martínez sostiene que la demanda "es claramente política; de hecho la presentaron en periodo electoral" y advierte que su defensa ha presentado informes periciales que avalan su "buena gestión" con los fondos comunitarios. Reconoce que existía el inmueble y la valla de la planta de biomasa antes de pedir la subvención pero alega que se hicieron "obras dentro". "Aún en el peor de los casos, si se demostrara que hubo alguna certificación incorrecta, quien tendría que devolver el dinero a la Unión Europea sería el grupo de acción local, que era una sociedad mixta, y no yo, que sólo firmé el traspaso de gastos a la vista de los informes favorables del ingeniero y del gerente", sostiene. El grupo del BNG de Arnoia ha incluido también a estos dos en la demanda.
(www.elpais.com, 06/05/09)
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