HISTORIA DE UN SÚPER DELEGADO

El PSOE pide a la UE que investigue al delegado de la Xunta en Ourense

Fondos europeos financiaron un balneario de la fundación del cura Moure

El Ayuntamiento de Arnoia (Ourense) recibió en 2007 una subvención de los fondos europeos incluidos en el plan Leader Plus por 64.908 euros para "obras de mejora" en la zona recreativa de A Queixeira presupuestadas en 98.454 euros. La ayuda comunitaria fue solicitada en 2006 por la asociación Ceivam-Valmiño, que presidía el actual superdelegado de la Xunta en Ourense, Rogelio Martínez, entonces alcalde de Arnoia. Pero el PSOE sostiene que no se ha invertido ese dinero, cuyo destino el Ayuntamiento no logra justificar. El juez que investiga el caso tiene además en su poder facturas por pagos con fondos europeos a empresas vinculadas a Martínez.

El ayuntamiento oculta la factura de un gasto de 64.000 euros en obras

Dinero de Europa pagó facturas de firmas vinculadas a Martínez

"En los dos últimos años sólo trabajó en A Queixeira una niveladora de la Diputación y una excavadora de la Mancomunidad", asegura el portavoz socialista en Arnoia, Jorge Rodríguez, quien pidió en el pleno la factura de las obras con cargo al Leader Plus y le fue negada por el actual alcalde, José Camilo Fariñas. El regidor fue teniente de alcalde durante los mandatos de Martínez y socio suyo en varias empresas vinculadas a la trama de Ceivam, el centro de iniciativas para el desarrollo del Val do Miño que gestionó las subvenciones del Leader II y certificó obras inexistentes por 50.000 euros, según sentencia de la Audiencia Nacional. Por estos hechos el superdelegado está siendo investigado por la justicia.

Martínez sostiene que las obras están ejecutadas. "Consisten en muros, accesos y puestos para la Festa do Pemento", asegura. El delegado de la Xunta se escuda en que si el actual alcalde no muestra la factura "es cosa suya". La oposición sostiene que todas las inversiones en esa zona se realizaron años antes, con cargo a fondos del Leader II. El PSOE advierte que pedirá al juez que instruye el caso el ingreso en prisión de Martínez si se demuestra que "cometió también fraude" con los últimos fondos europeos y hubo, por tanto, "un supuesto delito continuado de estafa".

No es sólo el Ayuntamiento de Arnoia el que no aporta datos sobre Ceivam. Los socialistas tampoco tienen respuesta en la Xunta a sus preguntas sobre la gestión del superdelegado con los fondos comunitarios. "Hay ocultación de pruebas y obstaculización a la investigación", señala la secretaria de organización del PSOE orensano, la parlamentaria María Quintas. "No nos contestan a las preguntas que planteamos en el Parlamento" y además el PP "aplazó para febrero, después de su congreso orensano, una pregunta sobre esta misma cuestión en un hecho sin precedentes" que evidencia una "utilización partidista del Parlamento" y "connivencia de la Xunta" con un imputado.

Por su parte, el eurodiputado socialista Antolín Sánchez Presedo presentará en Bruselas, en la Oficina Europea de la Lucha contra el Fraude, la documentación de la gestión de Martínez con los fondos de los LeaderI, II y Plus para que "el Parlamento europeo investigue los hechos y le exija la devolución del dinero percibido irregularmente".

La gestión de los fondos comunitarios realizada por el grupo de gobierno de Arnoia durante la presidencia de Martínez -con el actual alcalde como número dos de su equipo- incluyen, según facturas que el PSOE ha incorporado al proceso judicial, pagos de Ceivam a empresas vinculadas al delegado de la Xunta.

El Balneario de Arnoia -propiedad de la Fundación San Rosendo que preside el cura Benigno Moure, condenado a cinco años de cárcel por estafar a una anciana con Alzheimer- facturó 1,5 millones de pesetas a Ceivam en 1998 por la organización de la Festa do Pemento de Arnoia que celebra el ayuntamiento. El Balneario era socio, con la institución local, de Actuar SL, la empresa creada para ejecutar las obras financiadas con los fondos europeos. Para esa fiesta gastronómica, la Diputación, en la que Martínez ejercía la vicepresidencia, aportó 400.000 pesetas, y el Ayuntamiento de Arnoia que él mismo presidía, 500.000. Salvo en la inauguración, en que hubo degustación gratuita de los pimientos, los comensales pagaron sus respectivos menús.

Entre 2000 y 2001, Ceivam pagó más de 300.000 pesetas al Mesón Lareira, creado por la propia agrupación y con el mismo domicilio social y teléfono que Cultivos Ribeiro, empresa de la que es socio Martínez. El 29 de junio de 2001, A Lareira le facturó a Ceivam 51.985 pesetas por "11 menús especiales por encargo"; el 1 de agosto del mismo año, le remitió otra factura, por 169.060 pesetas, en concepto de "comida servida con motivo de Festa do Pemento" y el 10 de septiembre facturó 113.848 pesetas por "50 menús servidos para Ceivam".

Los fondos europeos pagaron también, el 19 de septiembre de 2001, el "transporte por Arnoia-Castrelo do Miño-Cortegada y comida, durante tres días, de 35 personas" que asistieron a las "jornadas de finalización del Leader II". La empresa, que facturó por este servicio 2.313 euros, fue Viajes Compostela, de la que es socio el hermano de Rogelio Martínez. Ambos comparten sociedad en Cultivos Ribeiro. Viajes Compostela facturó además a Ceivam, el 24 de julio de ese mismo año, 1.101 euros por la "estancia y habitación en el Hotel Balneario" de Arnoia. La factura no especifica cuántas personas se alojaron en la villa termal ni el motivo de la estancia.

www.elpais.es 06.01.10

El delegado de Ourense admitió en un pleno que certificó más obras falsas

Firmó el final de cinco talleres artesanales que aún no se habían construido

Durante su etapa como alcalde de Arnoia y presidente de la agrupación Ceivam que distribuía fondos de la Unión Europea, el actual superdelegado de la Xunta en Ourense, Rogelio Martínez, no sólo subvencionó a sus empresas y certificó como planta de biomasa realizada con ese dinero un galpón abandonado que ya existía, hechos por los que fue condenado por la Audiencia Nacional. Martínez reconoció en un pleno que había certificado las obras de cinco talleres artesanales subvencionados también con ayudas europeas sin que estuvieran realizadas.

Los adjudicatarios canjearon después las obras para pagar a los empresarios
En la "trama de los talleres" está también implicado el técnico municipal

Así consta en las actas municipales. En el pleno de enero de 2001 Martínez avala, en nombre del Ayuntamiento, al grupo de artesanos Armiño, una operación de crédito por 91 millones de pesetas para que construyan cinco talleres. Martínez firmó ese mismo año la certificación de los pagos por las obras de los talleres finalizados, según figura en la documentación aportada por la Axencia Galega de Desenvolvemento Rural (Agader). Pese a ello, en el pleno de enero de 2002, reconoció que las obras estaban sin finalizar.

Las diputadas del PSdeG orensano Laura Seara y María Quintas y el senador Miguel Fidalgo denunciaron ayer la "gravísima trama de corrupción" urdida por el actual delegado de la Xunta con fondos comunitarios. Según su documentación, Martínez no sacó a concurso la adjudicación de los cinco talleres, sino que "llamó a un amigo, el ex presidente de los artesanos de Ourense, Ramón Souto" y dejó que éste distribuyera los talleres entre "un hijo, un sobrino, una hija de un amigo y un inmigrante cubano que denuncia que estafa". "Ninguno tenía relación con la artesanía", sostiene el PSdeG.

Según testimonios recabados por los socialistas, e incorporados a la investigación judicial abierta contra el superdelegado, varios adjudicatarios de estos talleres los entregaron a empresarios para "saldar deudas que tenían con ellos". Así, el de panadería que gestionaba Ramón Souto "se entregó en pago a la empresa que hizo la electricidad de los cinco talleres". El de madera, de Adrián Souto, a Luis Veloso Promociones, SL "para pagar deudas pendientes". En los documentos consta una certificación del cambio de titularidad de julio de 2001 y un presupuesto de más de 22 millones de pesetas.

Pese a que el Ayuntamiento avaló a los integrantes de Armiño con 91 millones de pesetas y Martínez certificó y ordenó el pago, las obras de los talleres "nunca se pagaron" a las empresas constructoras, de electricidad, montaje mecánico y fontanería, según la documentación. "Alguien se quedó con el dinero", sostienen los socialistas. Excepto un taller, que funcionó cuatro meses, el resto "nunca tuvo actividad", aún cuando la UE concedía subvenciones con la exigencia de que estuvieran activos al menos cinco años.

Pero en la "trama de los talleres" de Arnoia no sólo está implicado el superdelegado de la Xunta e integrantes de su grupo de gobierno. El técnico Miguel Reza, también miembro de Ceivam, concedía a su empresa Arquitectura, Ingeniería y Urbanismo los proyectos de obra de los talleres que él mismo certificaba después desde Ceivam. Cobraba por ello, de esta misma compañía, cerca de un millón de pesetas por caso, según el PSdeG.

Mientras las obras públicas realizadas con fondos comunitarios "no llegaron a funcionar", las empresas familiares de Rogelio Martínez, a las que también subvencionó la UE, gestionadas desde Ceivam "van adelante". Los socialistas mostraron ayer fotografías del galpón descrito como planta de biomasa y, frente a ello, las empresas familiares de Martínez en Arnoia integradas en Cultivos Ribeiro, SL, que se benefició de esos fondos.

www.elpais.es 02.07.09

EL DELEGADO DE OURENSE CULPA DEL FRAUDE A UNA EMPRESA DE LA QUE ES APODERADO

El superdelegado de la Xunta en Ourense, Rogelio Martínez, declaró ayer durante hora y media ante la juez de instrucción de Ribadavia, a quien la Audiencia Provincial ordenó el pasado enero reabrir la investigación sobre los supuestos delitos de estafa, malversación y falsedad documental en la gestión de fondos europeos. El representante de la Xunta negó haberse quedado con el dinero de los fondos que, según el informe de la Axencia Galega de Desenvolvemento Rural (Agader), del Ministerio de Agricultura, y de una sentencia firme de la Audiencia Nacional no se invirtieron en las obras que él y sus socios en la agrupación local Ceivam certificaron como realizadas.

Martínez sembró la duda sobre el destino de esos más de 50.000 euros de las arcas públicas, aunque en su declaración ante la juez apuntó hacia los técnicos señalando que él firma lo que le ponen delante. En su comparecencia posterior ante los medios de comunicación reiteró su inocencia y advirtió: "Tendrá que devolver el dinero la promotora adjudicataria porque ya le quedó clarísimo a la jueza que yo no cometí ningún fraude". Sin embargo, acabó reconociendo que él es apoderado en esa empresa adjudicataria, Actuar, S.L. (de la que el Ayuntamiento de Arnoia tiene el 50% del capital), junto con sus socios de Ceivam, que ayer también declararon.

El dirigente del PP restó importancia a la investigación judicial. "No estoy imputado; esto es una imputación procesal y la juez tendrá que ver si la mantiene", explicó. El representante del Gobierno gallego tildó la denuncia, presentada en 2006 por el BNG de Arnoia, de "política" y calificó de "camarilla del BNG" a la Axencia Galega de Desenvolvementio Rural (Agader), que abrió el expediente administrativo, y al Ministerio de Agricultura que le exigió la devolución del dinero no invertido (acuerdo que Martínez recurrió ante la Audiencia Nacional, que desestimó su petición y lo condenó a devolver las subvenciones). "Agader estaba manejada por la misma camarilla que presentó la denuncia y el Ministerio de Agricultura estaba dirigido por los mismos", afirmó. "Había que joder a alguien; a alguien que se llamaba Rogelio Martínez", espetó.

"Está clarísimo que yo no metí nada en el bolsillo", dijo, y acusó a PSOE y BNG de someterlo a un proceso paralelo. Entre quienes "impiden que el asunto se resuelva en sede judicial" citó a "personas imputadas y procesadas, en algún caso por acoso laboral, como [el secretario de los socialistas gallegos] don Pachi de Carballiño, [el senador socialista] Miguel Fidalgo, o [la ex vicepresidenta del Parlamento gallego] Tereixa Paz".

Minutos después, el PSOE anunció que estudia personarse en el juicio junto con otros colectivos sociales de Ribadavia. Los socialistas aseguran que "cada vez que se levanta un papel sobre Ceivam aparecen irregularidades más graves" y ayer denunciaron adjudicaciones a empresas a las que está vinculado Martínez como Cultivos Ribeiro, en la que es apoderado y que percibió de Ceivam (en la que era presidente) más de 45 millones de pesetas.

"Hay una causa delictiva más grave que la simple desviación de fondos", sostiene el PSdeG. La diputada Laura Seara declaró "causa política de primer orden" la actuación de quien va a "gestionar ahora los fondos de la Xunta en Ourense" y reclamó al presidente de la Xunta "que no espere un solo día" para destituirlo.

A la denuncia de los socialistas se suma la decisión del BNG de presentar llevar el asunto a Bruselas. La candidata del Bloque, Ana Miranda, aspira a que la Comisión Europea adopte medidas disciplinarias contra el delegado de la Xunta. Miranda se pregunta "con qué autoridad moral se presenta el PP a las elecciones europeas y con qué autoridad moral va a pedir el PP ayudas en Bruselas".

Por su parte, el PP cierra filas con su delegado. El número dos, Alfonso Rueda, negó la semana pasada que hubiera una sentencia de la Audiencia Nacional y habló de "fallo administrativo". Ayer, el vicesecretario y portavoz, Antonio Rodríguez Miranda, subrayó que la condena no recae sobre Martínez sino sobre las empresas encargadas de las obras, olvidando mencionar que Martínez formaba parte Actuar, S.L. El PP, que presentó una querella penal por la autovía del Barbanza, sobre la que basó su estrategia de oposición cuando el juez imputó a cuatro funcionarios de Política Territorial que fueron absueltos, recrimina ahora a PSdeG y Bloque que acudan al juzgado.

(www.elpais.com, 26/05/09)

La oposición exige el cese del delegado de Ourense por fraude en subvenciones

Martínez dice que las obras que la Audiencia considera "inexistentes" están "hechas"

La sentencia de la Audiencia Nacional que confirma que el delegado de la Xunta en Ourense, Rogelio Martínez, acreditó "obras inexistentes" provocó ayer una rápida reacción de la oposición. La portavoz de la ejecutiva del PSdeG, Mar Barcón, convocó una rueda de prensa "de urgencia" para exigir a Feijóo la destitución de Martínez. "Hoy mismo", le apremió Barcón, arropada por los cuatro diputados socialistas por Ourense. La diputada del BNG Tereixa Paz, mientras, exigió a Feijóo que actúe de forma "inmediata y contundente".

"Será la empresa que pidió las ayudas quien tendrá que devolver el dinero"

El presidente de la Xunta se limitó a afirmar que hay que ser "respetuoso" con la decisión de los jueces y recordó que no es la primera vez en que se obliga a una Administración a devolver ayudas de la UE. La sentencia confirma que Martínez está involucrado en un fraude y le obliga a devolver ayudas europeas por más de 50.000 euros.

Por su parte, Martínez reivindicó ayer su inocencia en la certificación de "obras inexistentes" como presidente de la agrupación local Ceivam. Aunque la sala cuarta de la Audiencia obliga a Ceivam a reingresar la ayuda, Martínez entiende que "será la empresa que solicitó las subvenciones la que tendrá que devolver el dinero". Y detalló: "Actuar S.L. es la empresa que solicitó la ayuda".

Actuar es una sociedad limitada que, según consta en el registro mercantil, tenía como administrador en el momento de solicitar las subvenciones al entonces teniente de alcalde de Martínez y gerente de Ceivam, Juan Emilio Aparicio. La empresa estaba, además, participada por el Ayuntamiento de Arnoia, que presidía el ahora superdelegado.

Martínez aseguró también ayer que "las obras están hechas, ya que están los informes y las certificaciones" y aclaró que "para Ceivam estaba todo correcto" cuando cobró la subvención. "De lo contrario no habríamos pagado", explica, responsabilizando a las empresas que hicieron las obras de haber cometido el supuesto fraude. Los 50.000 euros "los cobró quien hizo las obras, los recurrió quien hizo las obras y si los tiene que devolver alguien, los devolverá quien hizo las obras", advirtió el representante de la Xunta en Ourense, pese a que en el fallo queda claro que se dicta a instancias no de la empresas sino de Ceivam, que figura como recurrente contra la orden del Ministerio de Agricultura que le obligaba en 2007 a devolver esa cantidad.

Las empresas que certificaron las obras de la planta de biomasa que, según la Audiencia, no fueron realizadas son Agrícola Orensana y Proyectos y Contratas Covelo. Rogelio Martínez está vinculado a ambas.En el caso de Agrícola Orensana, que facturó más de 6,4 millones de pesetas en concepto de "maquinaria y útiles según proyecto y aprovechamiento de biomasa", uno de sus dos administradores es socio del hermano del superdelegado y de otros ex cargos y militantes del PP en una empresa de espectáculos deportivos. Proyectos y Contratas Covelo facturó a Ceivam, a través de Actuar S.L., 5,2 millones de pesetas en concepto de "construcción de nave para tratamiento de biomasa según proyecto" y más de 300.000 pesetas por "equipamiento de prevención y seguridad". Gumersindo Álvarez Martínez, ex concejal del gobierno de Arnoia presidido por Rogelio Martínez, figuraba como administrador en 1998. La agrupación local Ceivam estaba integrada por los ayuntamientos de Arnoia, Cortegada y Castrelo de Miño (y no Castrelo do Val como por error informó ayer este periódico).

www.elpais.es 13.05.09

La Audiencia Nacional confirma que el delegado de Ourense defraudó ayudas

La Audiencia Nacional considera probado que Martínez certificó obras inexistentes

El superdelegado de la Xunta en Ourense, Rogelio Martínez, y los responsables de acreditar las obras en el grupo de acción local Ceivam (centro de iniciativas para el desarrollo do Val do Miño) tendrán que devolver al Estado más de 50.000 euros que defraudaron de los fondos comunitarios. La sala cuatro de lo contencioso administrativo de la Audiencia Nacional ha dictado una sentencia firme que avala el expediente administrativo abierto en su día por Agader (Axencia Galega de Desenvolvemento Rural, dependiente de la Xunta) y tramitado después por el Ministerio de Agricultura sobre el cobro indebido de ayudas de la Unión Europea por parte de Martínez -alcalde de Arnoia por el PP cuando se produjeron los hechos- y sus socios. El fallo de la Audiencia ratifica la orden del ministerio que obliga a los responsables de Ceivam a devolver el dinero que ingresaron de las arcas públicas tras certificar "obras inexistentes".

El ex alcalde de Arnoia y sus socios deberán reintegrar más de 50.000 euros
Un juzgado investiga si los mismos hechos constituyen delito

La sentencia, con fecha del pasado 15 de abril y contra la que no cabe recurso, es consecuencia del contencioso administrativo al que Martínez y los demás responsables de la agrupación local decidieron acudir tras perder un primer recurso de reposición contra la orden del ministerio, fechada en 2007, que les obligaba a devolver al Estado más de 50.000 euros que ingresaron irregularmente.

Con esta resolución se zanja el proceso administrativo contra los integrantes de Ceivam por el fraude en las ayudas europeas, aunque éstos tienen pendiente un proceso judicial, consecuencia de una denuncia presentada por el BNG de Arnoia, para responder en la vía penal por los mismos hechos. Martínez y sus socios están denunciados por estafa, falsedad en documento público y malversación en la gestión de estos fondos otorgados por la Unión Europea.

Para la Audiencia Nacional ha quedado probado que la agrupación local que presidía el entonces alcalde de Arnoia y vicepresidente de la Diputación Provincial de Ourense incurrió en "un incumplimiento sustancial del fin previsto en las subvenciones otorgadas", que en este caso era la construcción de una planta de tratamiento y aprovechamiento de biomasa y un taller artesanal.

El actual superdelegado de la Xunta certificó, en su condición de presidente de la asociación sin ánimo de lucro Ceivam, que se habían realizado las obras para las que había pedido subvención pese a que, según la sentencia, no fue así. El ponente de la Audiencia Nacional considera acreditadas las denuncias que figuran en el informe que Agader realizó tras inspeccionar las obras.

En lo que respecta a la planta de biomasa, la Audiencia Nacional da validez al informe en el que consta que pese a que Ceivam certificó inversiones por 39.065,79 euros, no había "síntomas de actividad permanente" en la planta de biomasa, que se "certificaron obras que no constan realizadas" y que la nave que se presentó como obra ejecutada con las ayudas comunitarias ya existía antes de solicitar la subvención.

La sentencia confirma también que en las instalaciones "no se encuentran máquinas propias del tratamiento de la biomasa". Además desmonta el argumento del robo de la maquinaria que los socios de Ceivam adujeron para justificar su falta, así como el testimonio de que emplearon el dinero de las ayudas en hacer obras en el interior de la nave. "No se ha aportado ninguna prueba" que acredite esas alegaciones, sostiene el magistrado.

Respecto al taller de orfebrería, la Audiencia detalla que las facturas con las que Ceivam intentó justificar la inversión de los fondos de la UE "no alcanzan a la totalidad de la partida de adquisición de la maquinaria certificada". Explica que en el interior del taller faltaba maquinaria por la que Ceivam recibió 12.897,98 euros. Por ello, la Audiencia desestima el recurso interpuesto por los responsables de Ceivam contra la orden del ministerio y les ordena a devolver al Estado el importe de las ayudas que cobraron irregularmente.

www.elpais.es 12.05.09

Martínez firmó subvenciones para sus empresas

La sociedad mixta Ceivam constituida como agrupación de desarrollo local sin ánimo de lucro e integrada por asociaciones privadas y por los ayuntamientos de Arnoia (presidido por Rogelio Martínez), Cortegada y Castrelo do Val, gestionó, entre 1996 y 2001, obras que presentó al plan Leader II para obtener subvención de los fondos comunitarios.

En el documento de constitución de Ceivam consta que la comisión de seguimiento, creada ad hoc para el programa Leader y responsable de la aprobación de los proyectos, estaba formada por cuatro miembros, todos ellos con voz y voto: el presidente del grupo de acción local y alcalde de Arnoia, Rogelio Martínez; el secretario de ese mismo ayuntamiento, Pablo Fernández Loureiro, como gerente, y dos vocales. Fernández Loureiro acabó asumiendo el cargo de responsable financiero y la gerencia pasó a ocuparla un ex teniente de alcalde de Martínez, Juan Emilio Aparicio, que, según consta en la denuncia del BNG, pasó a estar en nómina en Ceivam.

Según datos del registro mercantil, Aparicio era al mismo tiempo administrador de la empresa Actuar, SL (Actividades Culturales y Turísticas de Arnoia) creada en 1996 y participada por el mismo ayuntamiento y que resultó beneficiada con varias subvenciones. El ex teniente de alcalde era también administrador único de la empresa Cultivos Ribeiro de la que Rogelio Martínez es apoderado. La empresa recibió igualmente importantes ayudas de fondos comunitarios certificadas por ambos socios a través de Ceivam.

El responsable financiero de Ceivam, Fernández Loureiro, era socio en esa época de Rogelio Martínez en la empresa Energías de Ourol, en la que figuraba como consejero delegado Luis Castro Valdivia, el cuñado del ex director de Industria de la Xunta del PP Ramón Ordás, acusado por la Fiscalía de favorecer a su familiar en la concesión de minicentrales. Martínez sostiene que su representación en la empresa no era a título personal sino municipal, y señala que se desvinculó de ella al no poder poner en marcha el parque eólico previsto. Ahora figura como administrador Castro Valdivia. El delegado de la Xunta reconoce que éste instaló al mismo tiempo dos empresas hidroeléctricas en Arnoia.

www.elpais.es 12.05.09

EL 'SUPERDELEGADO' DE OURENSE SERÁ INVESTIGADO POR ESTAFA Y MALVERSACIÓN

El superdelegado de la Xunta en la provincia de Ourense, Rogelio Martínez, será investigado por los supuestos delitos de malversación, estafa y falsedad en documento público. La Audiencia Provincial ha reabierto el proceso judicial derivado de una denuncia presentada por el grupo local del BNG de Arnoia contra Martínez por la gestión de fondos comunitarios.

Martínez, alcalde de Arnoia durante los últimos 30 años (hasta este lunes en que tomó posesión como delegado de la Xunta), fue denunciado por haber certificado supuestamente subvenciones, como presidente del grupo de acción local Ceivam, de fondos comunitarios del plan Leader para "la construcción de instalaciones que ya existían". Según la denuncia, el entonces alcalde de Arnoia certificó el final de algunas obras que "no se ejecutaron".

El grupo local del BNG demandó a Martínez en septiembre de 2006 y se inició un proceso, paralizado en 2008 por el juzgado de Ribadavia a petición del abogado del delegado de la Xunta y del fiscal, que esgrimían la prescripción del delito. Alegaban que desde 1999, fecha de la solicitud de la subvención, hasta que se registró la denuncia pasaron más de cinco años, plazo que marca la ley.

Los demandantes recurrieron el sobreseimiento del caso y argumentaron que los hechos denunciados no se produjeron al pedir la ayuda a la UE, sino al certificar, en septiembre de 2001, el final de unas obras "que no se realizaron, pero sí se cobraron".

La Audiencia de Ourense admitió en enero su recurso y ha ordenado al juzgado de Ribadavia que reabra la investigación. Según la documentación aportada por el BNG de Arnoia en su demanda, en 1999 la sociedad Actuar, SL (Actividades Culturales y Turísticas de Arnoia) en la que Rogelio Martínez, en su condición de alcalde, era socio mayoritario, pidió una subvención para construir una planta de biomasa. Dos meses después, Martínez adquirió la "cesión de uso" de unos terrenos municipales propiedad de la SAT (Sociedad Agraria de Transformación) O Carballo por 1,2 millones de pesetas.

En el documento firmado por las dos partes (ayuntamiento y propietarios) constan como instalaciones existentes en el momento de la compra "un vallado de postes de cemento y alambrada y una edificación".

El proyecto se presentó al programa comunitario antes de que fueran adquiridos los terrenos y quien hizo la solicitud en nombre de Actuar, SL era socio de Martínez y concejal de su gobierno. Según la denuncia, en noviembre de 2001 el actual superdelegado certificó, como presidente de Ceivam, el fin de obra por 13 millones de pesetas. En el documento justificaba la construcción de la nave y del vallado en "que ya existían antes de la compra del uso de los terrenos".

El auto de la Audiencia orensana ordena la reapertura de las diligencias necesarias para "determinar y depurar quiénes participaron en los actos falsarios que se imputan y con qué carácter público o particular medió la necesaria intervención y en especial la que pueda atribuirse a los miembros del grupo de acción local Ceivam" que presidía Martínez.

Junto a la denuncia por la planta de biomasa, el BNG de Arnoia presentó en el juzgado documentación relativa a otros supuestos fraudes del ex regidor en la gestión de fondos comunitarios, entre ellos, el relativo a la creación de cinco talleres artesanales presupuestados en más de 600.000 euros. En la demanda figura la certificación firmada en noviembre de 2001 por Rogelio Martínez como presidente de Ceivam en la que acredita que "tras la comprobación de la ejecución de las obras" el gasto "ha sido efectivamente realizado". Sin embargo, el BNG de Arnoia sostiene que en esa fecha "no se había realizado la urbanización de los talleres, no había sistemas de seguridad y faltaba alguna maquinaria necesaria para que pudieran funcionar".

Rogelio Martínez sostiene que la demanda "es claramente política; de hecho la presentaron en periodo electoral" y advierte que su defensa ha presentado informes periciales que avalan su "buena gestión" con los fondos comunitarios. Reconoce que existía el inmueble y la valla de la planta de biomasa antes de pedir la subvención pero alega que se hicieron "obras dentro". "Aún en el peor de los casos, si se demostrara que hubo alguna certificación incorrecta, quien tendría que devolver el dinero a la Unión Europea sería el grupo de acción local, que era una sociedad mixta, y no yo, que sólo firmé el traspaso de gastos a la vista de los informes favorables del ingeniero y del gerente", sostiene. El grupo del BNG de Arnoia ha incluido también a estos dos en la demanda.

(www.elpais.com, 06/05/09)