www.losgenoveses.net : Feijoo y el Caso Portos

LA NOTICIA DEL DÍA

EL JUEZ INTERROGA DURANTE DOS HORAS AL JEFE DE PORTOS, ACUSADO DE PREVARICAR

Tras dos horas de interrogatorio, el presidente de Portos de Galicia, José Manuel Álvarez-Campana, se marchó ayer sonriente del Juzgado de Instrucción número 2 de Santiago. Acusado por la fiscalía de prevaricación medioambiental y urbanística por haber aprobado una declaración de impacto ambiental irregular de la piscifactoría de Rinlo (Ribadeo) cuando era director general de Calidade e Avaliación Ambiental en el último Gobierno de Manuel Fraga. Ese proyecto lo paralizó un juez en 2005 y tiene en contra dos sentencias de 2009 del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG).

Álvarez-Campana esgrimió en su defensa, según fuentes judiciales, el único documento que avala la legalidad de la planta: una resolución de la Comisión Europea de 2007 que no apreciaba infracciones del derecho comunitario. Y ello porque aceptaba los cambios presentados en el proyecto después de la salida de Álvarez-Campana del Gobierno, ya con el bipartito en el poder, que reducían considerablemente la afectación de la planta a la Red Natura.

"Estoy tranquilo", declaró al salir, si bien rechazó comentar los pormenores de su declaración. El fiscal especializado en Medio Ambiente, Álvaro García Ortiz, le acusa de actuar dejando de lado los criterios ambientales para salvaguardar "intereses ajenos de naturaleza económica". Álvarez-Campana prefirió ayer guardar silencio sobre una acusación de la que sí se defendió el mes pasado. Entonces aventuró que tanto el fiscal al querellarse como los magistrados del TSXG cuando anularon la declaración se habían equivocado por la complejidad de la normativa y el exceso de trabajo.

El escrito de la Comisión Europea, en el que también se escudan la Consellería do Mar y el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, llegó en respuesta a una denuncia de la asociación ecologista Adega, que batalló desde el principio contra la piscifactoría y que no insistió en su reclamación administrativa porque el juez ya había paralizado las obras. La querella que se tramita ahora llegó, de hecho, tras una denuncia de Adega a la fiscalía.

El colectivo trata ahora de sumarse a la querella como acusación popular, pero todavía no ha reunido los 10.000 euros que el juez Javier Míguez ha fijado como fianza. Fuentes de la investigación se muestran sorprendidas sobre lo elevado de la cuantía. En el proceso contra el juez Baltasar Garzón por su investigación de los crímenes del franquismo, la fianza exigida al sindicato Manos Limpias, único sostén de la querella, fue de 6.000 euros.

(www.elpais.com, 04/05/10)

FEIJÓO PIDE "CONTUNDENCIA" JUDICIAL PERO RATIFICA AL RESPONSABLE DE PORTOS

Con una denuncia de la fiscalía por prevaricación a su presidente de Portos por el procedimiento de autorización de un piscifactoría en un espacio protegido, el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, está "tranquilo". Al mismo tiempo, pide "investigar a fondo y contundencia en cualquier denuncia que se presente, pero por supuesto preservando las garantías del Estado de derecho y de cualquier persona a defenderse".

José Manuel Álvarez-Campana era director general de Calidade e Avaliación Ambiental cuando, en 2005, el Gobierno de la Xunta en funciones del que era vicepresidente Feijóo autorizó 21 piscifactorías en la costa. El Tribunal Superior de Xusticia de Galicia (TSXG) acaba de tumbar una de ellas, la de Rinlo, en la mariña lucense, con dos sentencias firmes. Y Álvaro García Ortiz, fiscal especializado en la sentencia de Medio Ambiente, se ha querellado contra Álvarez- Campana por delitos de prevaricación medioambiental y urbanística por el modo en el que tramitó la declaración de impacto ambiental de la planta, que se iba a instalar sobre dos hábitats de carácter prioritario y otro de interés comunitario.

Feijóo, que contestó ayer sobre esta situación tras la reunión semanal del Consello de la Xunta, se escudó en las actuaciones de la Unión Europea, que ampararon en su día las plantas. "Los hechos que conocemos sobre ese asunto y lo probado es que la denuncia se archivó por parte de las autoridades comunitarias. Creo que eso hay que ponerlo de manifiesto, si no perdemos un poco de vista la situación. Archivaron esa denuncia y avalaron la tramitación ambiental de esa planta. Si hay nuevas actuaciones que sigan adelante", afirmó. A pesar de eso, la sentencia del TSXG que anula la declaración de impacto ambiental es posterior e impedirá a la empresa Acuinor, SL, construir su piscifactoría en Rinlo. El argumento del presidente parece ignorar esta sentencia.

Feijóo cree, además, que no tendrá ninguna incidencia en los planes que tiene la Xunta para que se construyan más piscifactorías a lo largo de la costa gallega. "La administración de justicia tiene que dictar resoluciones conforme a derecho y nosotros lo que haremos es actuar en la acuicultura conforme a derecho. Es posible legalmente hacer plantas acuícolas en Red Natura; de hecho hay varias trabajando en ella. Vamos a cumplir la legislación europea. Si ahora hay un fiscal que considera que debe ponerla en conocimiento del juez, que lo haga, que cumpla con su obligación. Y nosotros cumpliremos con las nuestras", explicó el presidente gallego.

Pero el problema de la piscifactoría no es estar en la Red Natura, sino afectar a hábitats prioritarios dentro de ella, cosa que la UE no permite. De hecho, el fiscal describe en su denuncia que Álvarez-Campana trató de "impedir el control de las autoridades comunitarias". El ex director general de Calidade e Avalidación Ambiental defendió ante este periódico el "rigor" del permiso que anuló el tribunal gallego, y argumentó que "los jueces tienen mucho trabajo" y que "estos temas ambientales son complejísimos".

(www.elpais.com, 09/04/10)

PORRO DECLARA DOS HORAS ANTE EL JUEZ POR EL RELLENO DE VIGO

La presidenta de la Autoridad Portuaria de Vigo, Corina Porro, confió ayer en que se resuelva "favorablemente" el caso del relleno del Areal, una obra que fue paralizada cautelarmente por un juzgado vigués, una decisión levantada de forma condicionada por la Audiencia Provincial de Pontevedra.

La ex alcaldesa de Vigo prestó declaración en el juzgado de instrucción número 6 de Vigo durante más de dos horas. En declaraciones a los medios, la presidenta del Puerto se mostró "satisfecha" de que se le diese la oportunidad de "poder presentar distintos informes de todas las actuaciones, desde el comienzo del expediente, de la mejora de la operatividad del muelle del Areal". Los informes aportados son de Puertos del Estado, de la Autoridad Portuaria de Vigo y de la Abogacía del Estado.

"Espero que ahora se resuelva favorablemente, para poder continuar las obras sin ningún problema", afirmó. Según explicó, su declaración, en presencia de la jueza, el fiscal y el representante de la Abogacía del Estado, sirvió para que ella pudiese "informar de toda la actuación del Puerto de Vigo" en relación con las obras de relleno del Areal.

Según recordó Porro, el Puerto de Vigo recurrió la paralización y, recientemente, se le ha permitido que pueda reanudar las obras, aunque condicionando esa posibilidad a que se entreguen nuevos informes avalados por el Centro de Experimentación de Obras Públicas del Ministerio de Fomento (Cedex). La Autoridad Portuaria se encuentra ahora a la espera del informe del Cedex para poder retomar los trabajos.

Por otra parte, Corina Porro informó de que la documentación que se ha entregado "ya estaba en el plan de empresa que se negoció en 2008". Asimismo, explicó que ayer se entregaron en el juzgado nuevos informes sobre obras realizadas "sin Plan de Utilización de Espacios y estando en vigor ya la Ley de Plan de utilización de Espacios Portuarios".

La ex alcaldesa de Vigo afirmó que se trata de obras "de toda índole" que suman inversiones de más de 360 millones de euros, y que incluyen la ampliación de Bouzas, actuaciones en algunas lonjas y obras en el puerto pesquero. El relleno de Bouzas, el más grande de Galicia, se realizó en una zona de gran valor marisquero y sin medidas de control ambiental.

(www.elpais.com, 09/04/10)

EL DIRECTOR DE PORTOS ACHACA A ERRORES JUDICIALES LA QUERELLA POR PREVARICACIÓN

Tiene en contra una sentencia del Tribunal Superior de Xustiza y una denuncia del fiscal especializado en la defensa del Medio Ambiente por prevaricación medioambiental y urbanística, pero José Manuel Álvarez-Campana, director general de Calidade e Avaliación Ambiental en el último Gobierno de Manuel Fraga y actual presidente de Portos de Galicia, sostiene que la declaración de impacto ambiental que firmó y dio el visto bueno en 2005 a la piscifactoría de Rinlo, en Ribadeo, fue correcta y rigurosa. "Los jueces tienen mucho trabajo y estos temas ambientales son complejísimos, con una maraña de leyes locales, autonómicas, estatales y europeas", arguye para explicar las resoluciones en su contra. Con respecto a la querella, lo mismo: "Quiero creer que el fiscal tiene muchísimo trabajo", aventura.

Para Álvarez-Campana, las imputaciones del fiscal -que le acusa de imponer los criterios comerciales sobre los naturales cuando aprobó el documento- carecen de fundamento. "Me extrañaría mucho que hubiese planteado la demanda si hubiese hablado conmigo antes", sostiene. Aduce que la declaración de impacto ambiental que suscribió no autorizaba la construcción de la planta -ubicada en un espacio protegido por la Red Natura con hábitats prioritarios-. "Es un acto de trámite", asegura, y alega que la decisión final dependía de la Dirección Xeral de Recursos Mariños, que entonces comandaba Carmen Bouso Montero. También insiste en que su resolución llamaba a tener en cuenta las competencias de la Dirección Xeral de Conservación da Natureza, que lideraba Javier Ruiz de Almirón. Según entiende, la declaracion de impacto ambiental es un "informe de informes para que el que decida tenga todo en cuenta".

"El procedimiento se hizo siguiendo escrupulosamente los principios administrativos, normativos, técnicos y científicos", asevera. Si el tribunal la anuló lo hizo, a su juicio, porque se lió con la numerosa normativa aplicable. "A veces los jueces están en otros mundos más que en este derecho administrativo". Añade que la aplicación de un criterio "muy restrictivo" respecto a las actividades posibles en espacio de Red Natura hizo el resto.

Sobre el argumento central del fiscal, que se basa en que la declaración obvia las limitaciones de la normativa estatal y europea respecto a los proyectos en hábitats protegidos de Red Natura, el presidente de Portos niega su responsabilidad y apunta a Recursos Mariños como responsable de la autorización de la obra. "Yo ni siquiera era competente en gestión de espacios naturales". Insiste, además, en una denuncia de la asociación ecologista Adega a la Comisión Europea contra la declaración, que Bruselas rechazó tras un proceso en el que recabó información de las propias instituciones. "Es curioso que el fiscal no la incluya en su escrito", apunta. Desde Adega, Daniel Vispo apunta que la asociación desistió de recurrir la decisión después de que el juez paralizase las obras. "Ni siquiera mandamos los informes periciales del juzgado a Europa", recuerda.

El presidente de Portos entiende, además, que de los dos cargos que le imputa el fiscal, prevaricación medioambiental y urbanística, el segundo carece de razón de ser porque la declaración se emitió "sólo a efectos ambientales".

Utiliza una comparación para explicar su proceder. "Las declaraciones de impacto son en toda Europa casi siempre positivas pero condicionadas. Si fuese un semáforo, sería uno en naranja, con condiciones muy potentes", explica, y se muestra confiado en que obró con diligencia: "Estoy deseando explicar lo que hicimos con toda la claridad del mundo. No tengo nada que ocultar, y estoy encantado de poder ponerlo de manifiesto".

(www.elpais.com, 08/04/10)

EL FISCAL ACUSA DE UN DOBLE DELITO DE PREVARICACIÓN AL PRESIDENTE DE PORTOS

Con las elecciones autonómicas de 2005 ya perdidas, al último Gobierno de Manuel Fraga, del que Alberto Núñez Feijóo era vicepresidente primero, le entraron las prisas por dejar listo su plan de acuicultura, que amparaba 21 piscifactorías en distintos lugares de la costa. Mientras PSdeG y Bloque negociaban ya el reparto de carteras de la coalición, la Xunta en funciones de Fraga y Feijóo aprobó el 29 de julio de 2005 ese proyecto que aquel Gobierno del PP consideró "estratégico para la economía gallega". Dos sentencias firmes del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) acaban de tumbar uno de las plantas acuícolas más polémicas de aquel plan, la de Rinlo, en el entorno de As Catedrais, en la Mariña lucense, que contó además con el beneplácito del ayuntamiento socialista de Ribadeo. La empresa Acuinor, SL, ya no podrá construir allí su piscifactoría, después de que el TSXG haya anulado la preceptiva declaración de impacto ambiental. Y mucho menos después de que un segundo fallo invalidara aquel acuerdo de Fraga.

Pero las consecuencias jurídicas de autorizar una piscifactoría en un espacio protegido de la Red Natura con hábitats prioritarios pueden no terminar ahí. El fiscal especializado en la defensa del Medio Ambiente, Álvaro García Ortiz, acaba de presentar una denuncia penal contra el entonces director general de Calidade e Avaliación Ambiental, José Manuel Álvarez-Campana, por el modo en que tramitó la declaración de impacto ambiental de la planta acuícola en 2005. Campana es ahora presidente de Portos de Galicia.El fiscal especializado en la defensa del Medio Ambiente, que parte de una denuncia previa del colectivo ecologista Adega, atribuye a José Manuel Álvarez-Campana dos delitos de prevaricación medioambiental y prevaricación urbanística. En su denuncia, de nueve páginas, que ha presentado en los juzgados de instrucción de Santiago y que obra en poder de Adega, el fiscal explica que en la zona de Ribadeo donde la Xunta de Manuel Fraga pretendía instalar la piscifactoría, el Inventario Nacional de Hábitats detecta dos de carácter prioritario y un tercero de interés comunitario.

No sólo eso. Subraya el ministerio público que toda esta información la tenía ya en 2005 la Consellería de Medio Ambiente, que dirigía entonces Xosé Manuel Barreiro. Según consta en el escrito enviado al juez, la "Administración Medioambiental es consciente no sólo de la condición de LIC/ZEPVN [Lugares de Interés Comunitario / Zonas de Especial Protección de Valores Naturales] de As Catedrais, su inclusión en Red Natura 2000, sino también de la presencia, en los terrenos sobre los que se autorizan las obras, de hábitats prioritarios y no prioritario".

El fiscal de Medio Ambiente cita el Real Decreto 1997/1995, coincidente con la directiva comunitaria sobre hábitats, para recordar que, para autorizar proyectos sobre terrenos afectados por la Red Natura donde se detectan hábitats prioritarios, "únicamente se podrán alegar consideraciones relacionadas con la salud humana y la seguridad pública, o relativas a consecuencias positivas de primordial importancia para el medio ambiente, o bien, previa consulta a la Comisión Europea, otras razones imperiosas de interés público de primer orden".

El ministerio público va más lejos y concluye que la declaración de impacto ambiental firmada por el entonces director general de Calidade e Avaliación Ambiental intentó eludir los controles de la Unión Europea sobre estos espacios protegidos, con el objetivo de salvaguardar "intereses ajenos de naturaleza económica".

Todo ello figura en el texto de la denuncia que estudia ya el juzgado de instrucción número 3 de la capital gallega: "Con la finalidad de impedir el control de las instituciones comunitarias, pese a la constancia de que se trataba de un espacio protegido, así determinado en la directiva y en los inventarios, y por si ello fuera poco, consignado con un asterisco en el numeral que los identificaba, no consultó a la Comisión Europea, tal y como establece el punto 4 del artículo 6 de la directiva, la inmisión en este espacio protegido, pues la aprobación del proyecto no se refería a consideraciones relacionadas con la vida humana y la seguridad pública, ni a consecuencias positivas de primordial importancia para el medio ambiente, sino simplemente, la respuesta a intereses ajenos y de naturaleza económica".

La denuncia cita las dos sentencias del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia que han anulado esa declaración de impacto ambiental y la autorización para la planta de Rinlo, y pide al juzgado que solicite a la Xunta el expediente completo sobre esta piscifactoría y tome declaración en calidad de imputado al actual presidente de Portos de Galicia, José Manuel Álvarez-Campana, a quien atribuye los citados delitos de prevaricación medioambiental y urbanística. Portos es un ente adscrito a la Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras.

Ex concejal en A Coruña, la trayectoria política de Álvarez Campana siempre estuvo ligada a las siglas del Partido Popular. Con la Xunta de Manuel Fraga permaneció en el cargo de director general de Calidade e Avaliación Ambiental hasta que fue relevado en otoño de 2005 por el bipartito. Dio entonces el salto a la dirección de la Cámara minera, una patronal de empresas donde figuran representadas varias de las firmas energéticas con las que el propio Álvarez Campana había tratado en la Administración, desde el departamento que emitía los informes de impacto ambiental para canteras, minicentrales y otras obras susceptibles de dañar el medio ambiente. Sólo dejó la Cámara minera para concurrir a las elecciones autonómicas en las listas del PP en febrero de 2009. Con Feijóo de vuelta en la Xunta, recuperó su despacho en la Administración, ahora como presidente de Portos de Galicia.

(www.elpais.com, 07/04/10)

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