" Me tranquiliza que el juez no acuse al alcalde de quedarse con el dinero"
(Mariano dixit refiriéndose a un edil genérico y popular.02.02.07

El gobierno de tránsfugas de Gondomar ha descubierto la pólvora y ayer mismo, como prometió el sábado Alfonso de Lis, concejal de urbanismo, empezó a tender la mecha. "Gondomar dispone de un ordenamiento jurídico urbanístico", proclamó De Lis, para anunciar la "reviviscencia" de las Normas Subsidiarias de Planeamento de 1991, avalada por un informe jurídico de la Secretaría Xeral de Ordenación do Territorio e Urbanismo. Este informe indica que, anulado un plan general, como sucedió con el de Gondomar en 2005, recobra su vigencia el planeamiento existente con anterioridad a la aprobación del plan anulado para evitar el vacío normativo.

En Gondomar no se conceden licencias urbanísticas desde 2005. El informe de la Xunta le permite afirmar ahora a De Lis que el Ayuntamiento podrá hacerlo en los 93 núcleos rurales y de población delimitados por los técnicos municipales en 1991. "En el núcleo urbano [las licencias] son más restrictivas", añadió, "ya que sólo podrán otorgarse dentro del suelo urbano consolidado" (con redes de servicios: saneamiento, electricidad, etcétera).

Fuentes de la Consellería de Medio Ambiente han precisado, por una parte, que el dictamen de la Secretaría Xeral se limita estrictamente a un análisis jurídico, sin que comporte "ningún permiso para nada ni decida lo que se puede o no contruir", ya que la concesión de licencias es competencia muncipal. Por otra parte, las mismas fuentes contradicen a De Lis al sostener que "la normativa urbanística para los 93 núcleos delimitados será la más restrictiva".

En ellos, los técnicos municipales tendrán que combinar el contenido de las Normas Subsidiarias con los de la Lei de Ordenación Urbanística de Galicia (Louga) y prevalecerá, entre ambas normativas, la que establezca las mayores restricciones.

La Comisión Provincial de Urbanismo emitió un informe favorable a la delimitación de esos 93 núcleos en 1995, cuando se tramitaba el plan general que el pleno municipal aprobó en 1997, el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia anuló en 2001 y, definitivamente, el Tribunal Supremo en 2005. Por una sola de las más de 700 licencias que el Ayuntamiento concedió de acuerdo a ese plan anulado fueron recientemente inhabilitados el alcalde, Carlos Silva (PP), y los concejales que formaban la Xunta de Goberno Municipal.

Durante la elaboración de un nuevo plan general que reemplazara al anulado de 1997 fueron detenidos, en febrero de 2007, los concejales José Luis Mosquera, portavoz del gobierno local, y Alejandro Gómez, responsable de urbanismo, recientemente condenados ambos por cohecho: cobraron a promotores por establecer determinadas condiciones en los convenios urbanísticos que les afectaban. Fue entonces cuando se apodó el plan que se tramitaba como "el plan de la corrupción".

Ya en el actual mandato, que inició el BNG en el gobierno, la gestión del urbanismo local estaba sumida en un caos que paralizaba toda iniciativa. El gobierno nacionalista propuso entonces dos medidas para tratar de superarlo: tramitación de un nuevo plan general que espantara el fantasma del "de la corrupción" y, mientras, para superar la inacción urbanística, una delimitación de los núcleos en que hubiera más demanda de licencias para comenzar a concederlas: se delimitaron así cinco núcleos.

Pero ambas medidas precisaban la aprobación por el pleno municipal y los grupos popular y socialista no lo permitieron. El BNG hacía "una utilización abyecta del urbanismo", dijo el sábado De Lis. Ellos proponían rescatar "el plan de la corrupción", sin los convenios sospechosos de cohechos, y en 2008 votaron en contra de la delimitación de los núcleos atribuyendo favoritismos al BNG. Ahora los tránsfugas tramitan un nuevo plan y, hasta su aprobación, revitalizan todos los núcleos delimitados

Los tres implicados en el caso de corrupción descubierto en Gondomar deberán pagar una multa de 742.500 euros en total por haber formado una trama para «enriquecerse» a cambio de favorecer y desarrollar desde el Ayuntamiento tres proyectos urbanísticos.

La sentencia dictada ayer por la Sección Quinta de la Audiencia Provincial con sede en Vigo recalca la «gravedad de los hechos, por su trascendencia social, la entidad del daño a la función pública y por incumplir el deber de fidelidad al cargo» de los políticos implicados. Pero, pese a esa consideración, el juez concede una notable rebaja en las penas solicitadas por la Fiscalía, que inicialmente había reclamado en total una sanción de 4,7 millones de euros y la rebajó después a 1,25 por la autoinculpación y colaboración de parte de los imputados.

El fallo judicial considera probado que los entonces ediles de Urbanismo, Alejandro Gómez (del PP), y el de Cultura y portavoz del mismo partido, José Luis Mosquera, habían pedido dinero a tres promotoras a cambio de que el nuevo Plan Xeral de la villa posibilitase sus proyectos constructivos. En esa trama, el tribunal califica al arquitecto vigués Borja Ramilo, como «cómplice necesario» e intermediario en la petición de comisiones a las empresas, que ascendía a 540.000 euros.

Esa cantidad es la que el tribunal impone finalmente como sanción al edil de Urbanismo, que, como su compañero, abandonó el cargo al estallar el caso en febrero del 2007. Gómez Garrido, que nunca admitió su relación con la trama de extorsión, se enfrentaba a una petición de pena 1.080.000 euros, que ya había sido rebajada desde 1,92 millones en los que en un principio había calificado su delito el fiscal.

Por haber dado datos sobre dos cohechos más que no habían sido investigados, el edil de Cultura logró una reducción de pena del 93%, quedando esta establecida en 135.000 euros, como logró igualmente el arquitecto intermediario, al que se le aplicó una segunda rebaja hasta fijar su condena en 67.500 euros.

El jurado popular ya les declaró el 4 de junio culpables de cohecho tras la vista pública que se celebró en junio pasado. Ahora, la sección quinta de la Audiencia Provincial de Pontevedra en Vigo ha condenado a los ex concejales del PP en Gondomar José Luis Mosquera, de Cultura, y Alejandro Gómez, de Urbanismo, a penas de multa que suman 675.000 euros por tres delitos de cohecho, y de 67.500 euros al arquitecto Borja Ramilo, que actuó como intermediario.

El tribunal considera probado que los tres pidieron dinero a promotores a cambio de facilitar desarrollos urbanísticos en el plan general que se estaba tramitando.

Los hechos se desarrollaron durante el anterior mandato, con Carlos Silva (también del PP y expulsado en el actual de sus cargos públicos por falsedad documental) en la alcaldía, y fueron denunciados por un promotor, víctima de la extorsión, cuya actuación como gancho permitió la detención, el 14 de febrero de 2007, de los dos concejales, la pareja de uno de ellos (absuelta) y el arquitecto.

Mosquera y su novia recibieron en una céntrica cafetería de Vigo una primera entrega de 60.000 euros (del total de 180.000 que pensaban cobrar) sin sospechar que estaban siendo grabados con una cámara oculta que portaba el gancho y gestionaban agentes de la Guardia Civil.

Esa grabación y otras telefónicas que la precedieron fueron determinantes en el juicio, así como los testimonios de otros dos promotores, que finalmente admitieron haber sido solicitados para el cohecho por la misma cantidad de 180.000 euros. Mosquera declaró én el juicio que el dinero de esas extorsiones se destinaba a financiar la campaña electoral de los independientes de Move Gondomar (escindidos del grupo socialista) con los que el PP preveía pactar tras las elecciones municipales de 2007.

Otra parte de la extorsión, según Mosquera, se destinaba a apoyar la campaña del PP en la colonia gallega de Montevideo, aunque el ex concejal puntualizó que ni el partido ni el entonces alcalde, Carlos Silva, estaban al corriente de esos hechos.

El ex concejal de Cultura, que era el portavoz del Gobierno local, es condenado en la sentencia conocida ayer a pagar 135.000 euros y a una suspensión de cargo público por 15 meses (cinco por cada delito), mientras que la multa a su compañero de Gobierno, Alejandro Gómez, asciende a 540.000 euros (el montante de los tres cohechos) y a tres años de suspensión de cargo público. El arquitecto Ramilo, a 67.500 euros de multa y 15 meses de suspensión para ejercer en el ámbito de la Administración Pública.

El fiscal pedía, al inicio de la vista oral, 1,92 millones de euros de multa para cada ex concejal y seis años de inhabilitación, y 720.000 euros y 15 meses de inhabilitación para el arquitecto. Al admitir Mosquera y Ramilo su culpabilidad, el fiscal rebajó para ellos sus peticiones de pena, que también queda reflejada en la sentencia por la circunstancia atenuante de colaboración con la justicia.

El abogado Lorenzo Cuervo, defensor de Alejandro Gómez, confirmó ayer a Europa Press que recurrirá la sentencia, en la que "sorprende", dijo, que la mayor pena se haya impuesto "al único acusado que se defendió hasta el final, tras admitir los otros su culpa al ser capturados in fraganti".

La sentencia de la Audiencia Provincial condena a los dos ex concejales, José Luis Mosquera y Alejandro Gómez, y al arquitecto Borja Ramilo por tres delitos de cohecho pasivo impropio, definido por el hecho de que "la autoridad o funcionario público solicita dádiva o presente o admite ofrecimiento para realizar un acto propio de su cargo" que aún no ha realizado.

La mera solicitud de esa dádiva o presente ya es delito, pero los supuestos cubiertos por el artículo 425 del Código Penal, que es el que se aplica en esta sentencia (y en la causa que pesa sobre el presidente valenciano, Francisco Camps, por los famosos trajes que no pagó), son los menos graves, aquellos, dice el fallo de Gondomar, "en los que el acto perseguido por el particular [la recalificación de unos terrenos] resulta conforme a Derecho". O, dicho de otro modo, una modalidad de cohecho en la que los concejales realizan actos propios de su cargo que no son constitutivos de delito ni injustos.

Un cohecho distinto sería cuando la dádiva o soborno se entrega o compromete para la comisión, por ejemplo, de un delito de homicidio. En el caso que nos ocupa la dádiva se dirige a recalificar urbanísticamente unos terrenos, "acto objetivamente conforme al ordenamiento jurídico" y que, por tanto, no es delito, sino que sólo podría llegar a ser constitutivo de una infracción administrativa. Por eso se le aplican solo penas de multa y no de prisión.

"Cuando el objeto del cohecho es un acto discrecional, obviamente el respeto del principio de imparcialidad queda cuestionado", afirma la sentencia, "pues el funcionario [en este caso los dos concejales] se sitúa en una posición parcial respecto a su futura decisión, con independencia de que ésta se vea o no afectada por la dádiva". En Gondomar, la dádiva determinó el acto de los dos ediles.

LA JUSTICIA AVALA LAS ESCUCHAS TELEFÓNICAS QUE DESTAPARON LA TRAMA URBANÍSTICA DE GONDOMAR

La Quinta Sección de la Audiencia de Pontevedra, con sede en Vigo, considera válidas las escuchas policiales que sirven como prueba clave para acusar a dos concejales del PP de Gondomar, un arquitecto de Vigo y una amiga por supuestos cobros de comisiones ilegales en el 2007 a constructores a cambio de licencias urbanísticas.

Las cintas grabadas contenían una conversación entre un promotor que denunció el supuesto delito de cohecho y varios implicados que le pedían dinero a cambio de una licencia. La defensa falló hasta ahora en sus intentos de desacreditar la investigación. Insiste en que las grabaciones fueron efectuadas de forma ilegal y, por ello, reclama el archivo de la causa.

La resolución judicial rechaza el recurso de apelación presentado por los cuatro implicados, quienes reclamaban la anulación de las cintas, pero todavía no es firme porque estos han recurrido ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG). Si la sala no ve motivo para archivar la investigación, el juicio se celebrará dentro de unos meses en la Audiencia en Vigo mediante un jurado popular. Serán nueve ciudadanos de a pie, sin un especial conocimiento de las leyes, quienes decidirán si los cuatro encausados son inocentes o culpables de un delito de cohecho o corrupción.

La batalla legal por echar abajo las grabaciones se remonta al 2007, pero los tribunales vigueses siempre han confirmado la legalidad de las cintas. En marzo, los cuatro implicados presentaron sendos recursos en la Audiencia, a los que se adhirieron mutuamente, por lo que quedaron fusionados en uno solo. La respuesta de los magistrados vigueses es contundente pues sostiene que las cintas son válidas. Lo fundamenta en que el juez de instrucción que investigaba el caso dio validez con un auto a dichas actuaciones y también a la intervención telefónica que desarrolló la Guardia Civil.

El titular del Juzgado de Instrucción número 6 autorizó la grabación con micrófonos ocultos y una cámara de vídeo después de que un promotor denunciase una trama de cobro ilegal de comisiones. El supuesto cebo acudió a la cita a un despacho de un implicado para negociar la mordida y registró la conversación que ahora sirve como prueba. A la vez, la Policía Judicial siguió el rastro de las llamadas de los sospechosos.

En febrero del 2007, el promotor que era víctima de la supuesta trama de corrupción entregó 60.000 euros al concejal de Cultura de Gondomar, José Luis Mosquera, y a su novia, Belén F., en la cafetería de un hotel de Vigo. Era un pago acordado por una licencia. La operación era seguida por la Policía Judicial, que entró en el local y arrestó de inmediato a la pareja.

Los otros dos implicados son el ex edil de Urbanismo, Alejandro Gómez, que siempre se declaró inocente del delito de cohecho, y el arquitecto Borja R., como coautor necesario.

(www.lavozdegalicia.es, 28/04/09)

El caso Gondomar revela que se pidió un millón de euros por recalificar tres fincas

El caso de la supuesta corrupción urbanística destapado la semana pasada en Gondomar afecta a más promociones inmobiliarias que la que dio origen a la denuncia presentada en la fiscalía viguesa el pasado mes de noviembre. Según pudo constatar ayer La Voz de Galicia, parte de los imputados habrían solicitado casi un millón de euros en total a cambio de recalificar tres parcelas del municipio para permitir construir en ellas a través de convenios urbanísticos alcanzados con el Ayuntamiento para tal fin.

Las declaraciones efectuadas por los cuatro imputados ante la jueza, y las pruebas documentales aportadas, principalmente la conocida grabación en vídeo hecha de manera secreta al concejal de Cultura, hacen concluir que parte de los protagonistas del caso habrían mantenido conversaciones con tres grupos de promotores distintos, a los que presuntamente les reclamaron en total el citado millón de euros. Además de los 45 millones de pesetas solicitados al autor de la denuncia (que finalmente fueron rebajados a 35 millones), a los implicados se les imputaría la petición de otros cien millones de pesetas por modificar la calificación de una segunda parcela de grandes dimensiones, y cerca de otros 35 millones de pesetas más por realizar la misma operación en una tercera finca.

Solamente el primer plazo del caso denunciado ante la fiscalía llegó a ser cobrado en una cafetería de Vigo la semana pasada por el edil José Luis Mosquera y su novia Belén Fernández. Las negociaciones y peticiones de fondos por las otras dos parcelas no habían dado fruto hasta el momento a pago alguno, por lo que hasta que se efectúe el escrito de calificaciones por parte del fiscal, tanto sobre Mosquera, como sobre Alejandro Gómez (edil de Urbanismo) y Borja Ramilo (arquitecto privado de Vigo) pesan dos delitos de cohecho en grado de tentativa, además del consumado que dio origen a las cuatro detenciones. Por ese pago deberá responder también la pareja sentimental del edil de Cultura gondomareño, que era quien llevaba consigo los 60.000 euros del pago de la mordida que estaba siendo vigilado por la Guardia Civil. La declaración de José Luis Mosquera ante la jueza ratifica en parte lo dicho en la grabación de vídeo secreta a la que fue sometido ante el empresario que hizo las veces de gancho. El edil independiente en las filas del PP aseguró a la magistrada que el dinero solicitado por realizar las tres operaciones iba a ser destinado a pagar gastos de campañas electorales de las próximas elecciones municipales.

Lo curioso del caso es que el PP local había diseñado una operación de renovación total de su lista en Gondomar, en la que sólo se mantendría en el cartel de los próximos comicios de mayo el actual alcalde, Carlos Silva. Mosquera aludió en su declaración que el PP y la formación independiente Move Gondomar serían los destinatarios del dinero. (La voz de Galicia, 22/02/07)

Los dos ediles del PP de Gondomar tenían concertado cobrar otros 150.000 euros

Los dos concejales del PP en Gondomar (Pontevedra) y el arquitecto que fueron detenidos el pasado miércoles cuando se disponían a cobrar una comisión de casi 60.000 euros habían concertado el pago de otros 150.000. Los ediles habían exigido el pago de la mordida a cambio de incluir convenios para actuaciones urbanísticas en el Plan General del municipio, que entonces estaba tramitándose. El PP decidió ayer marcar distancias y abrir expediente disciplinario al único de los detenidos que milita en sus filas. Además, ha emplazado a ambos concejales a entregar sus actas.

Los dos concejales del PP en Gondomar (Pontevedra) que fueron detenidos el pasado miércoles, junto a un arquitecto, cuando se disponían a cobrar una comisión de casi 60.000 euros, habían concertado el pago de otros 150.000 en dos plazos sucesivos. Los ediles habían exigido el pago de la mordida a cambio de aumentar la edificabilidad de una parcela adquirida en el municipio por una empresa inmobiliaria. La dirección del PP gallego, que en un principio había descartado medidas contra los ediles, rectificó ayer y les exigió que renuncien a sus puestos en la corporación local.

El primer teniente de alcalde de Gondomar (municipio turístico de 13.000 habitantes lindante con Vigo) y responsable del área de urbanismo, Alejandro Gómez Garrido, y el concejal de Cultura y portavoz del equipo de gobierno, José Luis Mosquera Veleiro, junto al arquitecto Francisco Javier de Borja Ramilo Méndez, fueron denunciados por el empleado de una empresa para la que gestionaba suelo y licencias urbanísticas.

La operación se gestó hace meses, cuando la inmobiliaria acudió al Ayuntamiento de Gondomar para proponer un convenio urbanístico que le permitiese aumentar la edificabilidad de una parcela. Según fuentes próximas a la investigación, la firma contactó, a través del arquitecto Ramilo Méndez, que actuaba como intermediario, con el concejal de Cultura, Mosquera Veleiro, quien exigió el pago de una cantidad próxima a 300.000 euros para introducir el convenio en el Plan Geneal, que se encontraba en fase de trámite. El edil Mosquera, según las fuentes consultadas, se comprometía a implicar en la operación al concejal de urbanismo.

Un empleado de la empresa pidió a sus superiores que le concedieran plenos poderes para negociar la operación y denunciar a los responsables municipales. La denuncia llegó hasta la Fiscalía de Vigo el pasado 27 de noviembre. Al día siguiente, las diligencias se trasladaron al juzgado, y la Guardia Civil puso en marcha la operación.

A través de intervenciones telefónicas y la constatación de otras pruebas documentales presentadas por el denunciante, la Guardia Civil siguió la pista a los detenidos el miércoles. Para no levantar sospechas, el primer pago de sobornos se concertó para el pasado miércoles por la tarde en la cafetería del hostal Galicia, en pleno centro de Vigo. La juez Eugenia Manzanares, a petición del fiscal del caso, Juan Carlos Aladro, había firmado previamente las órdenes de detención incomunicada para que la Guardia Civil los arrestase al término de la cita.

Agentes del instituto armado prepararon un dispositivo para controlar la entrega de dinero. La reunión estuvo a punto de frustrarse porque Mosquera Veleiro era reacio a acudir en persona. Finalmente, accedió y se presentó con su novia, Belén Fernández. Las fuentes consultadas indicaron que la mujer, aunque estaba al corriente de los pagos, no intervino directamente en la trama.

Después de constatar que los cerca de 60.000 euros que se habían acordado como pago "pasaban a las manos del concejal", ambos fueron detenidos. La Guardia Civil arrestó después en sus domicilios al concejal de urbanismo, Gómez Garrido, y al arquitecto que actuó de intermediario. Los tres, además, habían concertado otras dos entregas de dinero que se iban a realizar en los próximos días, una de 60.000 euros y otra de 90.000.

En un comunicado hecho público ayer, la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, recordó que "todos los imputados siguen gozando de la presunción de inocencia que ampara a cualquier ciudadano". Los cuatro detenidos se encuentran en libertad con cargos, acusados de tres delitos de cohecho.El jueves, los principales dirigentes populares consideraban injustificada la detención de los concejales. Ayer, el PP marcó distancias y abrió expediente disciplinario al único de los detenidos que milita en sus filas, y emplazó a los dos a entregar sus actas de concejal. La fiscalía, sobre cuyas intenciones sembró dudas el PP, replicó que le es "absolutamente indiferente" la ideología de los imputados. www.elpais.es 17.02.07

dos ediles del PP detenidos en Pontevedra iban a recibir una comisión de 50.000 euros

Los concejales de Gondomar (Pontevedra) José Luis Mosquera Veleiro y Alejandro Gómez Garrido, del PP, detenidos el miércoles por la Guardia Civil, iban a recibir ese día 50.000 euros de un promotor que se prestó a colaborar con la justicia para desmontar la supuesta trama de corrupción urbanística. A ambos ediles (responsables de Urbanismo y Cultura) y al arquitecto Francisco Javier Borja Ramilo, contratato por el Ayuntamiento, la juez les imputa tres delitos de cohecho a cada uno, y otro a la compañera sentimental de Mosquera, Belén Fernández. Los cuatro han quedado en libertad con cargos.

La comisión de 50.000 euros que Mosquera y Gómez iban a cobrar del promotor demostraría un delito continuado de pagos ilegales a cambio de conceder licencias urbanísticas y otros "favores". La investigación que desencadenó su detención y la del arquitecto Francisco Javier Borja Ramilo, se remonta varios meses atrás, cuando la Fiscalía de Vigo incoó diligencias previas tras una de tantas denuncias que se han presentado por supuestos pagos ilegales en esta localidad turística de 13.000 habitante y cercana a Vigo.

El promotor destapó las presuntas corruptelas y se inició un discreto seguimiento a través de intervenciones telefónicas de los detenidos y de otras personas que estarían en el punto de mira de la investigación. Unas denuncias que pusieron en evidencia a ambos ediles cuando la Guardia Civil montó un dispositivo para realizar la entrega vigilada de más de 50.000 euros que supuestamente iban a percibir los concejales, según confirmaron fuentes de la investigación.

En el momento de interceptar la entrega del dinero se detuvo al responsable municipal de Cultura, Luis Mosquera, concejal independiente y portavoz del equipo de gobierno, y a su novia, Belén Fernández. El concejal de Urbanismo y primer teniente de alcalde, Alejandro Gómez, no habría acudido a la cita por culpa de un catarro que le mantenía desde días antes recluido en su casa. Belén Fernández declaró ayer por la mañana ante el juez y volvió a los calabozos de la Comandancia de la Guardia Civil. A última hora, la juez ordenó libertad condicional para los dos ediles y el arquitecto, a los que imputa tres delitos de cohecho a cada uno. Los tres deberán presentarse en el juzgado cada 15 días. A la mujer también la dejó en libertad provisional tras imputarle un delito de cohecho.

Un portavoz del instituto armado confirmó que los detenidos habían permanecido incomunicados. Por la tarde fueron puestos a disposición judicial. Al encontrarse bajo arresto incomunicado, acordado por la juez Eugenia Manzanares Saavedra, declaraban al mismo tiempo y sólo con la asistencia de abogado de oficio, según estipula la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Durante el tiempo de su detención incomunicada, los arrestados no pudieron entrevistarse ni con sus abogados ni con sus familiares. La juez también decretó el secreto de las actuaciones. Fuentes de la investigación no descartan la detención de más implicados.

La identidad del promotor queda preservada hasta que se levante el secreto de sumario. De confirmarse la imputación a los detenidos, se convertiría en el principal testigo de cargo en el juicio de este caso.

Por su parte, el alcalde de Gondomar, Carlos Silva, pidió ayer prudencia. "Para nosotros cabe la presunción de inocencia", afirmó, y lanzó un "mensaje de tranquilidad: ahora debemos mantener la cabeza fría". Silva criticó el método usado para detener a los dos ediles: "Alejandro estaba en su casa, en pijama, con gripe, su mujer esta mañana [por ayer] aún no sabía si estaba en Pontevedra o en Vigo".

Silva dijo desconocer exactamente lo que se les imputa a los dos concejales, a la compañera sentimental de uno de ellos y al arquitecto Francisco Borja Ramilo, que trabaja habitualmente con uno de los constructores más conocidos de Gondomar, José Fajo. El alcalde afirmó que no tomará ninguna decisión para recomponer su gobierno mientras no haya más datos, e insistió en que seguirán trabajando con total normalidad.

El portavoz del grupo municipal socialista, Carlos Cabaleiro, no se mostró sorprendido por las detenciones: "Siempre sospechamos que había irregularidades urbanísticas, aunque la verdad es que no sabíamos que la cosa llegaba a estos extremos". Cabaleiro acusó al equipo de gobierno de "dar licencias urbanísticas de forma selectiva".

Xosé Antón Araúxo, portavoz nacionalista, se remontó a las presiones que han vivido los ediles del BNG desde que comenzaron a luchar contra el urbanismo irregular: "Quemaron los coches y la casa de un compañero, dieron una paliza a otro...". Araúxo acusó al subdelegado del Gobierno de ignorarles cuando denunciaron las agresiones, alegando que eran problemas entre particulares.

El presidente de la Xunta, Emilio Pérez Touriño, consideró las detenciones como "una muestra de que el Estado de derecho funciona y de que las leyes están para ser cumplidas. Lo importante es destacar su eficacia ejemplarizante", añadió.www.elpais.es 16.02.07

Efectivos de la Guardia Civil detuvieron ayer a dos concejales del gobierno de Gondomar, ambos del PP, y a la compañera sentimental de uno de ellos por el presunto cobro de comisiones ilegales por favores urbanísticos. El arresto se produjo por sorpresa en el momento en que efectuaban la transacción ilegal, según fuentes próximas a la investigación. Los ediles son el concejal de Urbanismo, Alejandro Gómez Garrido, y el de Cultura, José Luis Mosquera de Leiro. La Guardia Civil se disponía anoche a detener a un arquitecto contratado por el Ayuntamiento.

La operación se desarrolló por orden de la Fiscalía contra delitos urbanísticos y medioambientales de Vigo, que imputa a los ediles un delito de cohecho. La Guardia Civil seguía desde hacía días los movimientos de los detenidos, y esperó hasta ayer para intervenir mientras efectuaban presuntamente el intercambio económico. "Los cogieron in fraganti, con las manos en la masa", declaró una fuente conocedora de la operación. La mujer arrestada es la compañera sentimental del edil de Cultura, José Luis Mosquera de Leiro.

Los tres detenidos prestarán declaración en el juzgado número 6 de Vigo, después de pasar por el cuartel del instituto armado en Gondomar. Al cierre de esta edición, la Guardia Civil aún no había logrado localizar al cuarto detenido, un arquitecto que presta habitualmente trabajos para el Ayuntamiento, informaron las citadas fuentes.

La operación cogió por sorpresa a todo el mundo en Gondomar, incluido el alcalde, Carlos Silva, del Partido Popular. Silva aseguró desconocer los detalles de la operación y los motivos por los que fueron arrestados los dos miembros de su equipo de gobierno. A primera hora de la tarde de ayer, el regidor municipal se había reunido con el concejal de Urbanismo, ajenos al seguimiento policial del que ambos Garrido estaban siendo objeto.

Hace sólo diez días que fue aprobado inicialmente el plan de urbanismo de la localidad entre fuertes críticas de los grupos de la oposición, socialistas y nacionalistas, que denunciaban, entre otras operaciones, la recalificación de 300.000 metros cuadrados de suelo rústico.

El urbanismo de Gondomar tiene abundantes frentes abiertos. Uno de ellos, un auto del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia que confirmaba la anulación del Plan General de Ordenación Municipal, aprobado en 1997. Y, como consecuencia de éste, la causa abierta por la concesión de 300 licencias con arreglo a ese plan con posterioridad a la anulación del planeamiento. La Dirección General de Urbanismo de la Xunta le dio un plazo de un mes al Ayuntamiento para que anulara las licencias, a lo que se opuso el alcalde.

Para amplios sectores de la localidad, el urbanismo está también en el trasfondo de las agresiones físicas sufridas por concejales de la oposición o la quema del coche del portavoz nacionalista en el ayuntamiento, David Giráldez, y el del representante de la formación nacionalista en la entidad local menor de Morgadáns, Domingos Solla. El ex concejal Manuel Pereiro también denunció haber sufrido una paliza. www.elpais.es 15.02.07

dos ediles del PP detenidos en Pontevedra iban a recibir una comisión de 50.000 euros

La dirección del PP arremete contra la fiscalía y afirma que no tomará medidas

Urbanismo peligroso