CASO ULIBARRI : UN GENOVÉS A LA SOMBRA DE GENOVA

Ulibarri también pierde sus 140 viviendas de lujo en Boadilla del Monte

Estaba predestinado a convertirse en uno de los principales magnates de la comunicación en España hasta que se destapó el caso Gürtel y se conocieron sus relaciones con Francisco Correa y el resto de componentes de la trama corrupta vinculada al Partido Popular. Desde entonces, Ulibarri ha visto como su imperio se desmorona a marchas forzadas.

Tal y como ya informó El Plural, su constructora, Begar, se vio obligada a presentar un concurso de acreedores e impulsó un ERE que dejó sin empleo a 203 trabajadores. Después le llegó el turno a su conglomerado de medios en la Comunidad Valenciana, crecido y consolidado gracias a las buenas relaciones del magnate con los dirigentes del PP.

Cierre
Por ejemplo, el pasado mes de junio, Tele 7, la cadena de televisiones locales en la legión de la que Ulibarri es el principal accionista, puso en marcha un ERE que afectaba al 80 por ciento de su plantilla, y algunas de sus emisoras locales, como la de Gandía, echaron el cierre.

 Sin sus pisos de lujo
Ahora, Ulibarri ha visto cómo una entidad financiera se ha quedado con la promoción de lujo levantada en el municipio madrileño de Boadilla del Monte. Según Cotizalia, el empresario leonés tenía una deuda contraída con el Banco Santander que ascendía a 50 millones de euros. El Santander se negó a ofrecer nuevas condiciones financieras a Begar y optó por quedarse con las garantías.

Comisiones ilegales
Los bienes ejecutados no son otros que la promoción y terrenos que UFC (filial de la constructora) desarrolló para levantar las 140 residencias que forman parte del exclusivo Boadilla Park. Cabe recordar que, según el sumario del caso Gürtel, el Ayuntamiento de Boadilla adjudicó esta promoción de viviendas de lujo a la empresa de Ulibarri porque ésta pagó tres millones en comisiones ilegales a la trama corrupta.

www.elplural.com 04.08.09

Mención especial de Garzón para Ulibarri

De entre los numerosos detalles que se incluyen en las autos de inhibición del juez Garzón, emitidos el pasado jueves, ha pasado por alto para muchos la presencia de José Luis Ulibarri. El empresario leonés aparece, de una manera muy clarificadora, en el auto enviado al TSJM y en el que se imputa a los alcaldes de Pozuelo y Arganda. Además de aclarar su condición de imputado, Garzón le pone como ejemplo de los tejemanejes que utilizaba la trama de Correa para repartir las comisiones cobradas.

Tras aclarar que, en sus negocios, Correa obtenía “una comisión a repartir entre las personas que habían intervenido en la operación”, Garzón asegura lo siguiente: “Como ejemplo de esta forma de actuar se puede citar la adjudicación de una parcela de terreno en Boadilla del Monte a la empresa UFC, de la que es administrador el imputado José Luis Ulibarri”.

Ulibarri, el retorno
Poco a poco, la atención sobre José Luis Ulibarri, empresario leonés con suculentos negocios allí donde gobierna el PP, se ha ido desvaneciendo en la operación Gürtel en perjuicio de otras personas como Francisco Camps o Ricardo Costa. Sin embargo, en el auto del juez Baltasar Garzón con el que se inhibía a favor de los respectivos Tribunales Superiores de Justicia autonómicos, su nombre aparece brevemente en dos ocasiones, pero con suficiente protagonismo.

Imputado
La primera de ellas es en el auto remitido al TSJ de Madrid. Es aquí donde el magistrado se refiere al empresario como “el imputado José Luis Ulibarri”. En concreto, lo hace cuando explica cómo se repartían las porciones de las comisiones que conseguía Correa por sus gestiones.

Concursos a medida
“Para conseguir ese objetivo, el concurso se diseñaba a medida, de tal forma que el trámite administrativo tenía lugar adjudicándose aquél a la empresa presentada por Correa, que obtenía una comisión a repartir entre las personas que habían intervenido en la operación”, explica Garzón.

Ulibarri, todo un ejemplo
A continuación, comenta: “Como ejemplo de esta forma de actuar se puede citar la adjudicación de una parcela de terreno en Boadilla del Monte a la empresa UFC, de la que es administrador el imputado José Luis Ulibarri”.

“¡La polla!”
Esta forma de reparto la dejó en evidencia el propio Correa en una de las grabaciones conseguidas, con mención a Ulibarri incluida: "Compramos el suelo a 10.000...la operación son 8.000 millones de pelas y le ganamos 12.000 'kilos'. Yo he metido a un montón de gente ahí... he metido a Ulibarri, que es el que pone la pasta... yo no la pongo.... y yo de mi 50% reparto con 'Alvarito'( El bigotes) , reparto con el alcalde (del PP), reparto con Ramón Blanco (ex vicepresidente de Repsol) y reparto con Pablo Crespo (ex secretario de organización del PP en Galicia) en fin...¡la polla!”.

Empresa fantasma
Tampoco pasa por alto la mención a la sospechosa adjudicación a UFC de una parcela en Boadilla del Monte y de la que El Plural lleva informando desde hace unos años. La adjudicación en 2005 de terrenos para construir 139 viviendas y más de 300 plazas de garaje levantó sospechas porque la empresa de Ulibarri no estaba dada de alta en la Seguridad Social en el momento de tal concesión, era una empresa fantasma.

Tomás Martín Morales
La mención a esta adjudicación en Boadilla del Monte se completa con el segundo auto de Garzón en el que aparece mencionado Ulibarri, concretamente en el que se imputa a los alcaldes de Pozuelo y Arganda. Es en el momento en que se habla de Tomás Martín Morales, el que para muchos era el alcalde en la sombra en la localidad madrileña, de plena confianza de Panero.

Adjudicación directa
A él le relaciona con las adjudicaciones sospechosas de Boadilla a lo largo del Gobierno popular. Garzón le atribuye a él la “adjudicación directa de una parcela en Boadilla del Monte a la empresa UFC SA propiedad de José Luís Ulibarri tras la intervención de Francisco Correa”.

www.elplural.com 08.03.09

EL PP IGNORA SENTENCIAS QUE ANULAN CONCESIONES A ULIBARRI 

El Ayuntamiento de Ponferrada (León), gobernado con mayoría absoluta por el PP, ha hecho caso omiso desde 2007 a cuatro sentencias de concesiones irregulares al empresario José Luis Ulibarri, que mañana comparecerá ante el juez Baltasar Garzón como imputado en el caso Gürtel. El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCYL) dictó en 2007 y 2008 dos sentencias firmes que anulan el macroproyecto urbanístico de La Rosaleda, en pleno centro, que tuvo a Ulibarri como principal beneficiario: obtuvo parcelas para hacer 2.000 viviendas a un precio equivalente al 20% del que fijaba el mercado en 2002, cuando se produjo la operación.  

El tribunal anula todo el proceso por estar trufado de irregularidades: en una sentencia, niega la recalificación del suelo. En la otra, el pliego de condiciones para las adjudicaciones, por falta de publicidad y concurrencia, como informó el domingo Público. Sin embargo, las sentencias no se han ejecutado. Y no son las únicas que anulan concesiones o contratos con el empresario, cuyas supuestas comisiones en la compra de suelo para vivienda en Boadilla del Monte (Madrid), gobernada también por el PP, están siendo investigadas por Garzón.  

En 2008, los tribunales anularon por irregulares otras dos decisiones del consistorio de Ponferrada que beneficiaban a Ulibarri. Tampoco se han ejecutado. Tanto el Ayuntamiento de Ponferrada, cuyo alcalde, Carlos López Riesco, ocupa un escaño en el Congreso. Una de estas sentencias no ejecutadas se convirtió en firme en mayo de 2008, cuando el TSJCYL ratificó un auto de 2007 que anulaba una adjudicación de 2001 justo antes de la concesión irregular de La Rosaleda para construir el auditorio municipal. La demanda fue presentada por el Colegio de Arquitectos de León.  

El fallo es rotundo: de nuevo no hubo publicidad ni, por tanto, concurrencia, con lo que Ulibarri se aseguró la adjudicación. Únicamente se publicaron dos anuncios en la prensa local, recalca el fallo, "un instrumento de publicidad que no permite el conocimiento por la generalidad de los interesados". La adjudicación tuvo otra "peculiaridad", agrega la sentencia, porque se trataba de un "contrato mixto, no sólo de obras, sino también de consultoría y asistencia para la redacción del proyecto de obras", con lo que en realidad se juntaron sin publicidad dos adjudicaciones. Los jueces recuerdan que esta mezcla sólo puede darse en ocasiones excepcionales, lo que no era el caso. 

La segunda sentencia de 2008 que anula concesiones del Ayuntamiento de Ponferrada a Ulibarri afecta a la recalificación, en 2004, de suelo rústico para que Graveras del Bierzo controlada por el Grupo Begar instalara una planta de hormigón. La demanda fue presentada por la Asociación Nacional Española de Fabricantes de Hormigón Preparado (ANEFHOP) y, aunque la sentencia se dictó en julio de 2008, tampoco ha tenido repercusión alguna: la planta sigue funcionando con normalidad.  

En este caso, el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 de León estima que la recalificación del suelo no se ajustó a la ley ni tenía justificación: ningún elemento aconsejaba que el suelo dejara de ser considerado rústico, pese a lo cual el Ayuntamiento hizo las modificaciones que le reclamaba Ulibarri. El fallo anula la autorización del Ayuntamiento para instalar la planta y exige "reponer el suelo a su situación anterior".  

(www.publico.es, 03/032/09)

El empresario que ya se veía en la 'Champions'

"Su objetivo era hacer negocio con los políticos amantes del lujo. Le gustaba tenerles atrapados y, por tanto, a sus órdenes", asegura un empresario que trabajó con José Luis Ulibarri, el presidente del Grupo Begar que esta semana comparecerá ante el juez Baltasar Garzón como imputado por el caso Gürtel.

"Su objetivo eran los políticos amantes del lujo", dice un ex socio

Ulibarri, de 54 años, construyó de la nada un imperio que ahora se tambalea. Han pasado muchos años desde que en 1980 aquel chico de familia humilde su padre fue cartero y taxista que llegó a Ponferrada procedente del norte de Burgos fundara con un par de amigos la empresa de construcción Begar, acrónimo de estos amigos: Benito y García.

Él no dejó su impronta en el nombre porque trabajaba aún para otros, pero hoy domina el holding que factura más de 600 millones de euros. Tras años de crecimiento silencioso en provincias, empezaba a ser alguien en Madrid y Valencia y tenía su Champions particular ser un gran magnate nacional a la vuelta de la esquina. Pero de pronto se le cruzó Garzón en el camino.

En Ponferrada y Castilla y León había salido ganador en un entorno muy duro, que se rige aún a veces por reglas extremas. En Ponferrada superó a su ex jefe José Martínez Núñez fue su aparejador, constructor de métodos heterodoxos que fue acusado, aunque no condenado, de mandar sicarios a liquidar a José Cuiña cuando era consejero de Política Territorial de Galicia, y a encapuchados a destrozar oficinas del grupo Begar.

Tras años de auge en provincias, empezaba a ser alguien en Madrid

También penetró al este de la comunidad, terreno de Antonio Miguel Méndez Pozo, que fue condenado a siete años de cárcel por falsificación y llegó a cumplir nueve meses, pese a que este le declaró guerra a muerte. Para ello fue una ayuda inestimable la Junta de Castilla y León y el alcalde de Valladolid, Francisco Javier León de la Riva muy cercano a José María Aznar, que se jacta de ser íntimo de Ulibarri y de pasar juntos veladas veraniegas en el yate del empresario.

La Junta de Castilla y León ha acabado imponiendo una tregua entre Ulibarri y Méndez Pozo con la concesión compartida para que dos de sus empresarios predilectos creen juntos la televisión autonómica por TDT. Y es que ambos han levantado su imperio combinando el ladrillo y los medios de comunicación.

El salto de Ulibarri ha sido sin embargo mucho más espectacular: ha ido comprando los periódicos regionales de referencia incluido el centenario Diario de León y las televisiones locales más potentes, y ha trabado alianzas con muchos de los grandes grupos de ámbito nacional: emisoras de Vocento, diarios regionales vinculados a El Mundo, fichaje como hombre fuerte para comunicación de Florencio Carrera, procedente de la rama local de la Cadena Ser, etc.

Ha tenido relación privilegiada con el PP y ha tratado de atraerse al PSOE

Ahora Ulibarri estaba en plena expansión nacional: concesiones de TDT en Valencia, accionista de Punto Radio y dueño al 50% de El Semanal Digital, combativo periódico por Internet próximo al PP.

"Cualquiera que se enfrenta a él en Castilla y León tiene que tener en cuenta que será apisonado por los medios", explica un político de Ponferrada, que añade: "Hasta que entró en juego Garzón, Ulibarri tenía permanentemente un cheque en blanco porque nadie se atrevía a llevarle la contraria".

El mismo PSOE castellano-leonés le bailaba a menudo el agua, aterrorizado por su poder, y el partido incluso expedientó en el pasado a media federación socialista de Ponferrada, donde resisten los más feroces críticos de Ulibarri.

De hecho, el empresario ha cultivado al máximo las relaciones con el PSOE: exhibía las fotos con los apretones de mano con su "paisano" José Luis Rodríguez Zapatero, concursaba y ganaba muchas adjudicaciones para construir el AVE, y pujaba por incorporar a su constelación a cualquier directivo con buenos contactos en el PSOE. El último lo pescó en 2007 y fue una pieza notable: incorporó como consejero del Grupo Begar a Luis Carlos Croissier, ex ministro de Industria de Felipe González y ex presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores.

Amordazado en parte al PSOE durante muchos años, el empresario ha tenido pista libre para desarrollar las relaciones privilegiadas con el PP, que le han permitido saltar a Valencia con la TDT y a Madrid, donde para construir el hospital de Vallecas se asoció con la esposa del concejal Sigfrido Herráez, que ha dimitido por la concesión sospechosa de un contrato a Special Events, la empresa emblemática de la trama Gürtel que dirigía Francisco Correa y que investiga Garzón.

El holding toca muchos palos construcción, limpieza, jardinería, transporte, pero toda su profusa actividad tenía un común denominador: se trata de negocios que casi siempre dependen de la Administración pública.

Hay otro elemento clave sin el que es difícil explicar el gran salto del ex aparejador de olfato extraordinario: Caja España. Al frente de la entidad llegó a colocar a su socio en Leocasa Begar controla el 50% de la empresa, Victorino González Ochoa. Y algunos de sus colaboradores alardeaban de su conexión con Enrique López, ex portavoz del Consejo General del Poder Judicial y cuñado de Miguel Hernán, hombre de confianza del magnate. Con tantos mimbres, la Champions parecía asegurada.

www.publico.es 01.03.09

El principal empresario imputado por el juez Garzón construye 2.000 viviendas fuera de la ley

El gobierno del PP en Ponferrada cedió de forma irregular parcelas para 2.000 pisos a José Luis Ulibarri, imputado del 'caso Gürtel'. El pago fue el 20% del precio de mercado
 

El Ayuntamiento de Ponferrada (Castilla y León), que gobierna el PP con mayoría absoluta, concedió en 2002 de forma irregular parcelas para construir 2.000 viviendas al empresario José Luis Ulibarri, imputado por el caso Gürtel, la presunta trama de corrupción que dirigía Francisco Correa y que operaba en feudos del PP. La concesión ha sido anulada por dos sentencias firmes por falta de publicidad y concurrencia, así como por recalificación improcedente del suelo, pero nunca se han ejecutado. La empresa de Ulibarri amasó en el proceso opaco de principio a fin 185.000 metros cuadrados edificables, por los que pagó un precio hasta cinco veces por debajo de los que establecía el mercado en aquel momento.

Ponferrada es la base desde la que se expandió el Grupo Begar, el conglomerado que dirige Ulibarri con intereses en la construcción, servicios de limpieza y medios de comunicación. La empresa opera en toda España, pero sobre todo en Castilla y León, Madrid y Valencia y su facturación alcanzó los 614 millones de euros en 2006.

Dos sentencias firmes anulan todo el proceso, pero no se ejecutan

El Ayuntamiento de Ponferrada ha declinado responder a las preguntas de Público. Por su parte, un portavoz de Ulibarri dijo que su grupo empresarial no haría ningún comentario a la prensa hasta que el empresario declare ante el juez Baltasar Garzón, cita prevista en principio para el día 4.

Las casi 2.000 parcelas concedidas directa o indirectamente a Ulibarri de forma irregular en Ponferrada forman parte del proyecto La Rosaleda, en pleno centro de la ciudad. La iniciativa se gestó con el alcalde Ismael Álvarez Rodríguez, que en junio de 2002 se vio obligado a renunciar tras ser condenado por acoso sexual a la concejal Nevenka Fernández. Pero lo heredó su sucesor, Carlos López Riesco, que culminó las adjudicaciones en septiembre de 2002.

El proyecto está trufado de irregularidades desde sus orígenes y así lo han certificado los tribunales. Para diseñarlo, se modificó el Plan General de Ordenación Urbana, pero los cambios fueron anulados de forma firme, por ilegales, por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León en 2007. Ya en 2005 había fallado en contra, pero la urbanización siguió construyéndose a todo tren, sin que la sentencia tuviera efectos prácticos.

La reforma del plan general recibió el visto bueno de la Junta de Castilla y León, que el PP también controla con mayoría absoluta, el 26 de julio de 2001. La sentencia del TSJ certifica que se aumentó la densidad para viviendas de forma desproporcionada de 30 a 70 por hectárea, se multiplicó por cuatro el terreno destinado a vivienda y además se suprimió el 10% previsto para equipamientos generales.

La segunda gran irregularidad puesta de manifiesto por otra sentencia distinta fue el pliego de condiciones de reparto de las parcelas establecido por la Sociedad Municipal Ponferrada Gestión Urbanística (Pongesur), una empresa municipal creada en 2000. Las concesiones han sido también anuladas por el Tribunal Superior de Justicia de la comunidad en otra sentencia firme del 11 de abril de 2008.

Falta de publicidad

El tribunal considera que no se respetó el principio de publicidad y de concurrencia. "Se anulan [las concesiones] por disconformidad con el ordenamiento jurídico", señala en el auto de 2008, que ratifica otro de 2007. Pero el Ayuntamiento no se ha dado por enterado.

Las polémicas concesiones tuvieron como máximo beneficiario a Ulibarri, aunque en distintos tiempos: en el primer acuerdo, de febrero de 2002, sus empresas aparecen camufladas en un mar de concesiones: se le asignaron 539 parcelas sobre un total de casi 5.000. Pero en otra acta de Pongesur, en septiembre del mismo año, Ulibarri acumula ya directamente 1.604 parcelas y la cifra se eleva hasta 2.016 si se incluyen las adjudicadas a Leocasa, de la que Ulibarri tiene el 50%.

En este momento septiembre de 2002 ya no son 5.000 las parecelas adjudicadas a manos privadas, sino sólo 3.700 porque Pongesur se ha quedado 1.269. Por tanto, Ulibarri amasa al final casi el 60% del total de adjudicaciones privadas.

En el reparto inicial cuando Ulibarri aparece simplemente como uno más se beneficia a empresas que ni siquiera tienen en su objeto social nada relacionado con la construcción, como Pizarras Franvisa o Fernández de la Mata, dedicada a las instalaciones eléctricas. En el acta de septiembre, ambas empresas, así como Cymotsa, desaparecen del listado y sus parcelas pasan a constar directamente ya para Ulibarri.

Empresas ajenas al sector recibieron licencias y las cedieron a Ulibarri 

Para esta operación Ulibarri utilizó a la promotora UFC, la misma que empleó para ganar en 2006 la concesión de Boadilla Park 169 viviendas en el municipio madrileño epicentro del caso Gürtel, en el punto de mira de Baltasar Garzón. El juez investiga si en la operación de Boadilla Ulibarri pagó tres millones de comisión a la trama. UFC era una empresa instrumental: pese al volumen de sus operaciones, en 2006 todavía no tenía empleados dados de alta en la Seguridad Social.

La operación de La Rosaleda supuso un negocio redondo para Ulibarri, que pagó por las parcelas un precio muy por debajo del precio de mercado: desembolsó 12,1 millones de euros para 185.045 metros cuadrados. Apenas 65 euros el metro cuadrado cuando en aquel momento en la localidad y en la provincia la media superaba los 300.

Las condiciones se estipulan en un documento notarial firmado el 27 de septiembre de 2002, tres días después de que el consejo de Administración de Pongesur limpiara las concesiones inciales y otorgara ya a UFC parcelas para 1.604 viviendas. El documento tiene aspectos extraños a las contrataciones de la Administración pública al establecer el monto total a pagar en 28,8 millones de euros y luego desmenuzarlo en tres partes de muy distinta naturaleza.

La primera incluye 3,025 millones, que la parte vendedora "confiesa haber recibido de la parte compradora con anterioridad a este acto". No se especifica ni cómo ni dónde se produjo el pago. Tampoco el momento, cuando la aprobación formal de las adjudicaciones había sido apenas tres días antes.

La segunda parte es el único desembolso real de dinero a la que se comprometía Ulibarri en el momento de la firma: los 12,1 millones de euros que le sirvieron para lograr los 185.045 metros cuadrados edificables. La última parte corresponde a 13,26 millones de euros "en especies" a cuenta de futuras obras de urbanización en La Rosaleda. Sin presupuesto concreto. Ni controles. Ni plazos. Además, se hace constar que obras por valor de 2,99 millones ya se han realizado en el momento de la firma.

Una vez en posesión de los terrenos, las empresas de Ulibarri no sólo han hecho negocio vendiendo sus pisos, sino también con la construcción de edificios en parcelas que ellos mismos vendieron a terceros, como la Torre de la Rosaleda, que con 28 plantas y 100 metros de altura es el edificio más alto de la comunidad.

En junio de 2004, UFC había revendido casi la mitad de las parcelas conseguidas en condiciones tan ventajosas y se reservaba para sí el espacio para construir 800 pisos.

www.publico.es 01.03.09

De Castilla y León a Boadilla del Monte con González Panero

El alcalde dimitido del municipio madrileño se rodeó de castellano-leoneses

La Operación Gürtel ha sacudido Valencia y Madrid, los dos grandes feudos del Partido Popular (PP). Pero en Boadilla del Monte, el epicentro del seísmo, las ramificaciones conectan muy a menudo con otro feudo popular: Castilla y León.

La figura clave es José Luis Ulibarri, el empresario de cabecera de la Junta de Castilla y León controla el 50% de la sociedad que debe poner en marcha la televisión autonómica, al que el ex alcalde de Boadilla y hoy imputado, Arturo González Panero, adjudicó en 2006 el proyecto de Boadilla Park. La operación suponía construir 139 viviendas y el enlace fue supuestamente su amigo común Francisco Correa, presunto cabecilla de la trama delictiva que ha desenmascarado Garzón. El juez investiga si se pagó una comisión de tres millones de euros.

La oposición en Boadilla y en Castilla y León creen que no es casual que el elegido para el proyecto de Boadilla Park llegara del norte porque las conexiones entre el ayuntamiento madrileño y la comunidad castellano-leonesa, ambos con mayoría absoluta del PP, van mucho más allá.

El caso más emblemático es el de Miguel Ignacio González Sánchez-Zorita, ex concejal de Salamanca y hombre de confianza del actual consejero de Interior y Justicia de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, forjado también en Salamanca. En 2002, Fernández Mañueco se hizo con la secretaría general del PP en la comunidad y al año siguiente González Sánchez-Zorita dejaba Salamanca y aterrizaba como número dos de Panero en Boadilla del Monte: primer teniente de alcalde y concejal de Obras.

A finales de 2005, Sánchez Zorita dejó el ayuntamiento para asumir la secretaría general de Deportes de la Junta, una de las áreas predilectas de la trama dirigida por Correa, al menos en Madrid.

En el pasado mandato llegaron a Boadilla más castellano-leoneses como asesores: Juan Carlos Martín Fernández ahora concejal fue contratado para medio ambiente procedente del PP de Segovia. Y durante el último mandato de Panero fue asesora especial del alcalde María Arenales Serrano, actual senadora por Valladolid.

En 2005, los socialistas sospechaban que la Junta tenía relación con las empresas de Francisco Correa, lo que les llevó a preguntar por los contratos con Special Events. La respuesta oficial fue que entre 2003 y 2005, el Gobierno regional pagó a esta empresa 36.028 euros por tres actos.

www.publico.es 01.03.09

Investigan las relaciones del diputado popular Marí Olano y el empresario Ulibarri en un proyecto urbanístico de Castellón

El diputado autonómico del PP en Valencia y abogado José Marí Olano ha sido citado a declarar en la Comisión de Investigación creada por el Ayuntamiento de Xilxes, en Castellón, que indagará sobre la tramitación del PAI de golf, en cuyo proyecto participa el empresario José Luis Ulibarri, imputado por Garzón en la operación Gürtel. Las coincidencias van más allá, ya que este diputado trabaja también en el despacho de abogados del ex ministro José María Michavila, un bufete que ayudó al magnate castellano leonés a conseguir 13 licencias de TDT en la Comunidad Valenciana y además ha venido prestando asesoría jurídica al Ayuntamiento madrileño de Boadilla, epicentro de la trama corrupta.


El portavoz de Economía y miembro de la dirección del PP en las Corts, José Marí Olano, asesora jurídicamente al constructor Andrés Selma en algunos de sus negocios, como el PAI de Xilxes, proyecto urbanístico en la cual participa también su socio José Luis Ulibarri, quien entró en el proyecto a mediados de 2006 con la sociedad UFC. El magnate castellanoleonés es uno de los imputados por el juez Garzón en la presunta trama de corrupción urbanística que investiga, vinculada con el PP.

3 millones de euros
Según se desprende de las grabaciones que investiga el juez Garzón, Ulibarri había pagado 3 millones de euros al cerebro de la red, Francisco Correa por la concesión de una promoción de viviendas en Boadilla del Monte. Presuntamente este dinero se repartió entre Correa y el entonces alcalde de la localidad, Arturo González Panero, también imputado en la causa.

Lista de comparecientes
Tanto Ulibarri como Andrés Selma aparecen en la lista de los 11 comparecientes solicitados por la Comisión de Investigación de Xilxes, además de José Marí Olano y tres altos cargos de la Conselleria de Medio Ambiente: la secretaria autonómica María Ángeles Ureña, el director general Jorge Traver y la jefa del servicio de evaluación ambiental, Esperanza Colomé.

Olano trabaja en el mismo bufete que Michavila
Olano, que es portavoz de Economía del PP en las Cortes Valencianas y ex letrado de la Generalitat, además de atender a sus responsabilidades políticas, trabaja como abogado en el bufete Eius, en el que también está  José María Michavila, ex ministro y hermano de la jefa de gabinete del presidente de la Generalidad valenciana, Francisco Camps. 

La sombra de Michavila y su despacho
El despacho de Michavila ayudó a Ulibarri a conseguir 13 licencias de TDT en la Comunidad Valenciana, se trató en cualquier caso de una concesión bajo sospecha y en la que pudo intervenir el secretario de Comunicación Popular, Esteban González Pons. Pero las oscuras coincidencias van más allá. El despacho de Michavila ha llevado la defensa jurídica del alcalde de Boadilla al menos en 12 pleitos municipales. Además, Panero contrató como asesor jurídico a uno de los miembros de este despacho.

Director jurídico de la Generalitat
Marí Olano era director del gabinete jurídico de la Generalitat cuando en diciembre de 2005 se adjudicaron 42 licencias de TDT locales y dos autonómicas, siendo conseller de Presidencia Esteban González Pons. En ese proceso, la principal adjudicataria fue Mediamed Comunicación Digital, empresa de la que es presidente José Luis Ulibarri y vicepresidente Andrés Selma, los dos socios en el PAI de Xilxes y en otros proyectos, según publica el diario Levante.

"No intervine personalmente..."
El diputado popular Marí Olano declaró a Levante que en el proceso de adjudicaciones de TDT "no intervine personalmente, no sé si lo hizo el servicio jurídico porque no tengo en la cabeza los 4.000 asuntos que lleva la Generalitat, pero yo no intervine en el expediente". En todo caso, añade, "es absolutamente legal el asesoramiento a Selma" ya que dice, "no estoy sujeto a régimen de incompatibilidad, porque las incompatibilidades de los altos cargos de la Generalitat no están reguladas".

Elius asesoró a Mediamed
De acuerdo con la misma publicación, el despacho Eius del que forma parte Marí Olano cobró al menos 150.000 euros a Mediamed como minuta de asesoramiento antes de la concesión de las TDT. La empresa de Ulibarri y Selma logró acaparar licencias en 13 de las 14 demarcaciones y adquirió el 80% de las acciones de Ondas 13, compañía que logró la gestión de la Televisión Municipal de Valencia (TMV).

www.elplural.com 01.03.09

ADJUDICACIONES ILÍCITAS Y CONCESIONES VINCULAN AL ALCALDE POPULAR DE PONFERRADA CON EL IMPUTADO ULIBARRI 

Los negocios del empresario José Luis Ulibarri con posibles irregularidades no se limitan a los investigados tras su imputación en la trama de corrupción que instruye el juez Baltasar Garzón y que salpica a empresarios y altos cargos del PP de Madrid y Valencia. En el municipio de Ponferrada (León), al menos tres sentencias han declarado ilícitas actividades de su grupo de empresas, Begar, y el trato de favor recibido por parte del Ayuntamiento. El Grupo Municipal Socialista presentará la próxima semana ante la Fiscalía Anticorrupción numerosa documentación sobre estas y otras actuaciones irregulares vinculadas con el consistorio que dirige Carlos López Riesco, alcalde del municipio y diputado nacional del PP. 

Hasta ocho sentencias del Tribunal Superior de Castilla y León implican al Ayuntamiento popular de Ponferrada (León) a través de su empresa gestora del suelo público (Pongesur) en actuaciones irregulares. Muchas de ellas están vinculadas además al Grupo Begar, el conglomerado de empresas de José Luis Ulibarri, que está imputado en la trama de corrupción que investiga el juez Baltasar Garzón. La oposición socialista del Ayuntamiento presentará la próxima semana documentación sobre todas estas irregularidades ante la Fiscalía Anticorrupción para que el Ministerio Público estudie si debe abrir una investigación contra la gestora del suelo público municipal. 

Según el Grupo Socialista, estas resoluciones judiciales “evidencian la ilegalidad de las más importantes actuaciones urbanísticas llevadas a cabo durante los últimos años por el alcalde y diputado popular Carlos López Riesco en Ponferrada”. Además, señalan que algunas de estas actuaciones “han ido de la mano” de Ulibarri, cuyas conexiones con el consistorio incluyen “adjudicaciones de parcelas declaradas ilícitas por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León”, “cuantiosas y jugosísimas concesiones de servicios públicos”, “concursos declarados igualmente ilícitos e innumerables adjudicaciones de obras públicas”. 

En concreto, de las ocho sentencias que se llevarán ante Anticorrupción y que señalan actividades irregulares de Pongesur, tres apuntan directamente contra el empresario imputado por Garzón. La primera de ellas, dictada por el Tribunal Superior de Justicia primero (febrero de 2007) y, en sentencia firme por el Supremo después (abril de 2008), anulaba el concurso por el cual se adjudicó al Grupo Begar la construcción de un Auditorio Municipal. 

En junio de 2008 el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de León también anuló una autorización de la Junta de Gobierno municipal que permitía a la empresa Gaveras del Bierzo, incluida en Begar, la instalación en suelo rústico de una planta de hormigón.

En tercer lugar, el Tribunal Superior castellano-leonés también anuló la adjudicación y venta de parcelas del terreno conocido como La Rosaleda, donde los principales beneficiarios fueron las constructoras de Ulibarri UFC y Leocasa. En el caso de este concurso, se intuye también un posible delito fiscal dado que, aunque hubo parcelas adjudicadas a tres empresas no vinculadas con el empresario, estos terrenos nunca se registraron a su nombre, sino que se inscribieron como propiedad de UFC. Esta operación incumplía el pliego de condiciones del concurso, que no permitía transacciones comerciales de las parcelas hasta después de constituidas las escrituras públicas. De este modo, la constructora de Ulibarri se habría ahorrado pagar impuestos de transmisiones al comprárselas a sus propietarios originales. 

Al margen de las operaciones irregulares urbanísticas, el consistorio de López Riesco ha hecho numerosas concesiones y adjudicaciones a las empresas del imputado Ulibarri. De hecho, el magnate controla, casi en régimen de monopolio, la gestión del transporte urbano de Ponferrada, el mantenimiento de los parques y jardines de la localidad y la limpieza de los edificios municipales (este servicio ha modificado el contrato al menos en seis ocasiones desde que le fue concedido en 2004).

Además, al empresario se le han adjudicado en los últimos años al menos siete obras públicas, por las que sus sociedades han ingresado unos honorarios de unos quince millones y medio de euros. 

(www.elplural.com, 20/02/09)

OCHO CONTRATOS DE LA COMUNIDAD PARA EL IMPUTADO ULIBARRI 

El empresario José Luis Ulibarri, imputado en la trama de corrupción que investiga el juez Baltasar Garzón, ha obtenido al menos ocho contratos de obras con la Comunidad de Madrid para construir colegios, parte de la ampliación del metro, uno de los nuevos hospitales y un parque de bomberos. 

Ulibarri, nacido en Burgos hace 54 años, es el presidente de Begar Construcciones y Contratas, SA, una empresa de obras que entre abril de 2004 y octubre de 2008 ha resultado adjudicataria de obras por 32.946.195 euros en tres consejerías (Transportes, Educación y Justicia) del Gobierno regional que preside Esperanza Aguirre. También recibió el encargo, junto a otras seis empresas, de construir el hospital Infanta Leonor de Vallecas. Juntas formaron una empresa (hospital de Vallecas, SA), que recibe 15,4 millones de euros de canon anual por el centro hospitalario. 

Ulibarri es uno de los 37 imputados por la presunta trama de corrupción que encabeza Francisco Correa. Garzón considera que hay indicios de que los imputados formaron un conglomerado de empresas para obtener fondos de entidades públicas para beneficio propio con "dádivas y sobornos a funcionarios".La empresa de obras de Ulibarri ha construido al menos cuatro colegios y ha rehabilitado otro en Madrid. El juez Garzón señala a esta comunidad como una de las regiones en las que se movía la trama corrupta, que también actuaba en Valencia, donde el empresario burgalés controla cuantiosos negocios de construcción y medios de comunicación, principalmente. En Madrid, José Luis Ulibarri resultó adjudicatario entre 2005 y 2007 de cinco proyectos de la Consejería de Educación que superan los 16 millones de euros. 

A principios de 2007 Begar se presentó y ganó frente a otras constructoras la obra del colegio de infantil y primaria Winston Churchill, en Valderribas (Vicálvaro). La oferta de la empresa rebajaba en más de 700.000 euros (de 5 a 4,3 millones) el presupuesto previsto por la Comunidad de Madrid para la obra. Debía terminarlo en 19 meses y construir las 27 aulas que finalmente fueron inauguradas por la presidenta Esperanza Aguirre el pasado octubre. En su nota a los medios de aquel día, la Comunidad destacaba que el centro, que cubre con otro más antiguo la demanda educativa de un barrio nuevo y joven, costó cinco millones de euros. Los mismos que había calculado al principio la Dirección General de Infraestructuras y Servicios de la Consejería de Educación. ¿Qué pasó con los 700.000 euros de diferencia? 

Antes de que acabara el proyecto, la constructora de Ulibarri obtuvo una ampliación de contrato del primer concurso, y sin publicidad. En agosto de 2008, Begar Construcciones recibe 787.000 euros más para insonorizar el colegio Winston Churchill. Esta vez por procedimiento negociado, que permite elegir a una empresa sin competencia cuando la cuantía no supera el 20% del presupuesto. El proyecto se amplió, según explicaron ayer desde la Consejería de Educación, para insonorizar el colegio, situado junto a la estación de tren de Vicálvaro. Ésa fue precisamente una de las peticiones que hizo la asociación de padres y madres de alumnos meses antes de que concluyeran las obras, como consta en una carta del AMPA. 

Los encargos a la empresa constructora de Ulibarri en la Comunidad de Madrid incluyen otros proyectos, todos adjudicados por concurso abierto y "con los procedimientos legalmente establecidos", asegura un portavoz del Gobierno regional. Begar es una de las firmas que ha construido el hospital Infanta Leonor (Vallecas), inaugurado el pasado marzo. Junto con otras seis empresas, creó la sociedad Hospital de Vallecas, SA. El centro se abrió al público sin la licencia de ocupación que debía otorgar el Ayuntamiento. 

También es responsable de la ampliación de la red del metro, otra de las propuestas estrella de Aguirre en la anterior legislatura. Begar hizo la estación de Aviación Española de la línea 10 de Metro (Hospital del Norte- Puerta del Sur) que adjudica Mintra, la empresa que construye el suburbano. Recibió 12 millones de euros por esa obra, inaugurada a finales de 2006. El sello de Ulibarri también está detrás de las obras del parque de bomberos de Navacerrada, obtenido por 4,2 millones de euros. 

(www.elpais.com, 13/02/09) 

CASTILLA Y LEÓN Y VALENCIA, FEUDOS AMIGOS 

José Luis Ulibarri es un hombre bien relacionado, sobre todo con gobernantes de comunidades autónomas regidas por el PP. Preside 23 empresas y ostenta diferentes cargos en otras 24. La mayoría tienen su sede en Castilla y León, donde está al frente de un holding (Grupo Begar) que también ha echado sus redes en la Comunidad Valenciana, donde tiene importantes intereses audiovisuales, inmobiliarios y de obra pública. 

Trabaja para administraciones de distinto signo, como el Ministerio de Fomento, para el que construye varios tramos del AVE a Barcelona o parte de la Ronda Sur de Granada. Pero se ha hecho fuerte en tierras castellano-leonesas, donde gobierna el PP. Su empresa Begar Construcciones y Contratas, SA, ha recibido adjudicaciones para edificar viviendas, colegios públicos y mejorar algunas carreteras de la región. En Ponferrada y en Valladolid, con cuyo alcalde mantiene una buena relación, participa en numerosas obras, la mayoría relacionadas con los servicios de limpieza. 

Su negocio más conocido en Valencia es Mediamed, empresa desde la que, con otros socios, se ha hecho con el control de 13 televisiones digitales adjudicadas por el Gobierno que preside Francisco Camps (PP). Begar también ha logrado en Valencia dos aparcamientos y un colector de la Generalitat. El Gobierno valenciano le concedió con la constructora Ocide la obra del hospital de Lliria por 25 millones. 

(www.elpais.com, 13/02/09) 

Garzón también investiga al empresario al que el Consell concedió 13 licencias de TDT

La operación anticorrupción que abrió el pasado viernes el juez Baltasar Garzón y que tiene ramificaciones en Valencia, donde investiga a Orange Market, ofreció ayer nuevas conexiones con la Comunitat. Varios agentes requisaron contratos en el Ayuntamiento de Boadilla del Monte (Madrid), entre ellos, la adjudicación de una parcela a la empresa inmobiliaria UFC. José Luis Ulibarri, presidente de UFC, se hizo en 2006 con trece licencias de TDT otorgadas por el Consell.

La operación anticorrupción que mantienen abierta la Fiscalía y el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón y que se desarrolla de forma paralela en Madrid, Andalucía y la Comunitat Valenciana, salpicó ayer a José Luis Ulibarri, otro empresario con conexiones con la Generalitat Valenciana.

Agentes de la investigación acudieron ayer al ayuntamiento de Boadilla del Monte (Madrid) para pedir varios documentos: entre ellos, los papeles sobre la adjudicación por 35 millones de euros de una parcela a la empresa del sector inmobiliario UFC, según la Cadena Ser. Esta empresa, UFC, está presidida por José Luis Ulibarri, y es la rama inmobiliaria del grupo Begar, el imperio de la construcción de este empresario castellano-leonés.

Tanto estas actuaciones como el registro el viernes en Valencia de Orange Market, firma de cabecera del PP en organización de actos y contratista millonaria de la Generalitat, se enmarcan en una operación contra presuntos casos de corrupción. La investigación tiene ramificaciones en la ciudad de Valencia, en las localidades gaditanas de Marbella y Sotogrande, y en los municipios madrileños de Boadilla y Majadahonda.



 

Ulibarri es un viejo conocido en la Comunitat Valenciana. Este empresario ha conseguido consolidar un imperio económico basado en la construcción, la obra pública y los medios de comunicación; un imperio radicado en Castilla y León, pero con cada vez más presencia en la Comunitat Valenciana.

Ulibarri irrumpió el año 2006 en el mapa televisivo valenciano. Una de las empresas que dirige, Mediamed Comunicación Digital, se hizo con trece licencias de televisión digital (TDT) otorgadas por el Consell. Mediamed, a través de sus firmas asociadas, consiguió obtener representación en trece de las catorce demarcaciones locales en que se dividió el espacio televisivo valenciano para el reparto de las licencias de TDT. En 2007, Ulibarri escenificó su buena sintonía con la administración autonómica durante la presentación de Tele 7, el proyecto audiovisual de Mediamed. En el acto celebrado en Feria Valencia, Ulibarri estuvo arropado por el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, y por los entonces consellers de Sanidad, Rafael Blasco, de Territorio, Esteban González Pons, de Bienestar Social, Alicia de Miguel, y el portavoz del Consell, Vicente Rambla. Con todo, la presencia de Ulibarri en la Comunitat Valenciana no se circunscribe únicamente al negocio de la comunicación. En los últimos años, el empresario de Castilla y León también ha ganado terreno como adjudicatario de obra pública que se licita en la Comunitat Valenciana.

Begar Construcciones y Contratas recibió en enero de 2007 la adjudicación del contrato de construcción del hospital de Llíria, en unión temporal con otra firma, al igual que la construcción del colector norte entre Beniferri y el Parque de Cabecera.

En el año 2006, el instituto Valenciano de la Vivienda (Ivvsa) ya adjudicó a Begar Construcciones y Contratas el proyecto de urbanización y construcción de 72 viviendas en Albaida. También logró la adjudicación de dos aparcamientos subterráneos en Valencia, uno en la Plaza de Neptuno y otro en Tomás de Montañana. Precisamente, el último movimiento de Ulibarri en el mapa comunicativo valenciano está vinculado a la capital valenciana. En junio pasado, otra empresa controlada por Ulibarri, Producciones Audiovisuales Digitales Alicante, se hizo con el control de la Televisión Municipal de Valencia (TMV), al comprar el 80% de las acciones a la adjudicataria original, Canal 13.

 www.levante-emv.com 08.02.09

UNA EMPRESA DEL MAGNATE ULIBARRI, IMPLICADA EN UNA TRAMA DE CONTRATACIÓN ILEGAL DE INMIGRANTES 

El juzgado de instrucción número 6 de Ponferrada investiga la presunta trama de contratación ilegal de inmigrantes en la que podría estar implicada la empresa Bodega del Abad, propiedad del magnate castellano-leonés, José Luis Ulibarri. Según ha podido saber El Plural, el juez investiga la posible colaboración de la citada bodega con una estrafalaria mujer residente en República Dominicana que se hace pasar por “Coronel Médico y Cirujana Pediatra”, y que consiguió traer a unos 500 ciudadanos dominicanos de forma irregular a la zona de El Bierzo a cambio de dinero. En el caso están imputados el alcalde popular de Carracedelo, Raúl Valcarce; su mujer, María Antonia Sernádez, que figura como administradora de la bodega implicada, y la propia Coronela. 

En diciembre de 2006 el diario El Mundo publicó la rocambolesca historia de La Coronela, que en realidad se llama María Jesús Landeira, una leonesa natural de Cacabelos y que cuenta en su haber con varias denuncias por engañar a inmigrantes prometiéndoles un trabajo en España. Para dar credibilidad a su tapadera militar solía ir vestida con un uniforme del ejército. Según este periódico, a sus víctimas les cobraba entre 3.000 y 14.000 euros por “hacer los papeles” y conseguir, siempre en la zona de El Bierzo, un puesto de trabajo de un año.  

Connivencia con algunas empresas

La Coronela actuaba en connivencia con algunas empresas, y muestra de ello es una conversación grabada, cuya transcripción publicó El Mundo, en la que participan una de sus víctimas (A) y la persona que debía contratarla en España (E):
“E.- Bueno, pues no sé, no sé. Yo, María [La Coronela] me dijo eso, le dije que bueno, que si hubiérais venido antes, sí. En la vendimia, que sí hay mucho trabajo, entonces claro. Yo esto lo voy a hacer a través de aquí, pero bueno, esto puede ser una semana de trabajo nada más; la castaña. Después vosotras ya tenéis que buscaros la vida.  

A.- María [La Coronela] dijo que el contrato era por un año.  

E.- No, lo que pasa es que... vamos a ver, para arreglaros los papeles había que hacerlo por un año. Pero ella sabía que, prácticamente, cuando habló conmigo, era para no daros trabajo.  

I.- Que íbamos a ganar 1.300... el mínimo 900, decía ella.  

E.- No, bueno, eso es un plan que os ponen para haceros los papeles... pero eso no, no penséis que... ni lo ganan los españoles. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Entonces, yo no sé por qué ponen eso, ni por qué lo hacen...  

A.- María... para sacarme los cuartos a mí.  

E.- No, pues a mí ella me dijo que os había cobrado lo que me tiene que pagar a mí, que son 650 euros”.

La empresa de Ulibarri, implicada en la trama  

Lo que no se supo entonces es que, entre las empresas leonesas con las que trataba La Coronela, estaba presuntamente Bodega del Abad, propiedad de Ulibarri y donde figura como administradora María Antonia Sernadez. En marzo de 2006 la Subdelegación de Gobierno de Castilla y León dio el visto bueno a la solicitud de autorización de trabajo y residencia de un año para una mujer dominicana que responde a las iniciales L.P.B., solicitada por Bodega del Abad.

Denuncia ante comisaría  

Cuando L.P.B. llegó a España en octubre de 2006, nada era como le habían prometido en su país. Según consta en la denuncia presentada ante la Policía, pagó a La Coronela un total de 7.000 euros entre febrero de 2004 y septiembre de 2006, a cambio de un trabajo en Bodega del Abad. Al llegar a España, debía entrar en contacto con María Antonia Sernández López, a la que se refiere como “dueña” de la empresa, para formalizar el contrato, en principio, de un año tal y como figuraba en la autorización de la Subdelegación de Gobierno.

¿Un trabajo para despistar?  

Sin embargo, cuando llega a Carracedelo, María Antonia le dice que no le iban a dar trabajo allí. Ante la insistencia de la dominicana, al final la contrata para pelar castañas “por un espacio de 20 días”, en El Artesano, una fábrica de conservas que tiene con su marido, el alcalde de Carracedelo, del PP. Ese mismo día, L.P.B, a cambio del trabajo, tiene que firmar su contrato, su finiquito y su despido, pero lo más sorprendente es que está todo a nombre de Bodegas del Abad. Y para colmo, recibió sólo 400 euros, a pesar de que en la nómina que firmó figura un total de 497,87 euros.


Unas 500 víctimas  

En la denuncia, L.P.B aseguró que tenía constancia de que La Coronela había engañado a a “numerosos ciudadanos dominicanos” con ofertas falsas de empleo, al menos 500, según había tenido constancia. Además entregó en la comisaría una tarjeta de presentación que le proporcionó María Jesús Landeira, con el escudo de España y el de la ONU, en la que dice ser “Coronel Médico y Cirujana Pediatra”.  

Recursos del alcalde y su mujer 

La Coronela sigue en la República Dominicana aunque, hasta el momento, el juzgado que lleva el caso no ha podido dar con ella ya que permanece en paradero desconocido. Quienes sí han recurrido su imputación son la administradora de Bodega del Abad, María Antonia Sernádez, y su marido, Raúl Valcarce, ambos propietarios de la segunda empresa implicada en esta truculenta trama, El Artesano.

El marido, apoderado de Ulibarri  

Valcarce, además de alcalde de Carracedelo es presidente de la mancomunidad de municipios de la comarca de Ponferrada y diputado provincial de León. Él también estuvo vinculado a una empresa de Ulibarri, Señorío de Valcarce, donde figuró como apoderado. Sin embargo tuvo que renunciar a este puesto tras el escándalo que suscitó en febrero de 2004 la contratación del servicio de limpieza a Begar Medio Ambiente, propiedad también de Ulibarri. El alcalde acusó entonces al líder de la oposición, Óscar Garnelo, de montar una trama para desprestigiarle a pocas semanas de las elecciones generales y lo amenazó con denunciarlo por acusarle de corrupción.  

Amenazas al PSOE  

Una actitud similar mantuvo cuando el PSOE local le pidió explicaciones ante el cúmulo de rumores que circulaban en el pueblo sobre la presunta implicación de él y su familia en la trama de inmigrantes ilegales montada por La Coronela. Se decía entonces que su mujer era la persona que hablaba con el inmigrante en la conversación difundida por El Mundo. Era enero de 2007 y Valcarce, una vez más, según explicó a El Plural Oscar Garnelo, amenazó con denunciarle. 

(www.elplural.com, 28/01/09)

Castilla y León concede la televisión autonómica a Méndez Pozo y Ulibarri

Castilla y León abre paso a la televisión autonómica tras la adjudicación a una sociedad privada de dos canales que emitirán en digital terrestre, después de su tradicional rechazo a la implantación de una televisión pública, como han hecho otras comunidades desde 1983. El Ejecutivo que preside Juan Vicente Herrera, del PP, ha adjudicado dos canales de TDT a una sociedad participada al 50% por Canal 4 Castilla y León y Televisión Castilla y León, las dos cadenas de televisión regional privadas que emiten en analógico, a través de una red de cerca de 30 emisoras, presididas por los empresarios Antonio Miguel Méndez Pozo y José Luis Ulibarri, respectivamente.

Uno de los primeros acuerdos de la sociedad ha sido la del nombramiento de un director general de consenso, que no procede de ninguna de las dos empresas. Se trata del periodista leonés Oscar Campillo Madrigal, de 47 años, hasta ahora director de El Mundo de Valladolid y de El Mundo de Castilla y León, autor de dos libros biográficos sobre el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero.

Según el consejero de la Presidencia y portavoz de la Junta de Castilla y León, José Antonio de Santiago-Juárez, aunque la sociedad tiene plazo para iniciar sus emisiones hasta el próximo otoño, las empresas que la conforman tienen recursos suficientes para poder anticiparse a las previsiones. Al concurso, entendido por el Gobierno de Herrera como un paso decisivo en la configuración del mapa de medios audiovisuales de esta comunidad, también se presentó Kiss TV, presidida por el empresario asturiano Blas Herrero.

La resolución contempla la explotación de dos canales de televisión por un periodo de 10 años, prorrogables. Uno de ellos emitirá las 24 horas del día un canal íntegramente autonómico, mientras que el otro albergará una oferta regional con desconexiones provinciales, sin que se permita la emisión de contenidos de forma simultánea.

www.elpais.es 26.01.09

IU DE PONFERRADA PIDE INVESTIGAR LA CONCESIÓN DEL SERVICIO DE AUTOBUSES A LA EMPRESA DE ULIBARRI 

Izquierda Unida ha propuesto que se cree una comisión de investigación en el Ayuntamiento de Ponferrada, dirigido por el popular Carlos López Riesco, para esclarecer las condiciones en las que se produjo la adjudicación del servicio de Transporte Urbano (TUP) a la empresa Begar, propiedad del empresario y constructor José Luis Ulibarri. 

IU solicitó este lunes al equipo de gobierno de Ponferrada, del PP, y a los grupos de la oposición, PSOE y MASS, que pongan en marcha una comisión de investigación que permita aclarar las condiciones en las que se adjudicó el servicio de transportes urbanos a la empresa Begar. Para el partido, que no tiene representación política en el municipio leonés, la actual concesionaria del TUP (una fusión entre la empresa de Ulibarri y la anterior gestora, Aupsa) ha supuesto un “saqueo” a las arcas de la localidad.

¿Músculo financiero?

De hecho, como viene denunciando la oposición, antes de la llegada de Begar, que paradójicamente entró en el Ayuntamiento como “músculo financiero” para el servicio, la anterior concesionaria se autogestionaba cubriendo sus gastos, mientras que en la actualidad la deuda del TUP asciende a más de medio millón de euros sólo en 2007. Ello sin contar los intereses que el consistorio debe pagar por la renovación de la flota, pese a no tener garantizada su compra en el futuro.

Gestión pública

Por ello, la coalición de izquierdas ha pedido al equipo de gobierno local que cree una empresa municipal de transporte para que el servicio sea gestionado por la administración pública y no por empresas privadas, evitando así situaciones como la actual, en la que el Ayuntamiento está teniendo que cargar con la deuda de la concesionaria. “Si los ciudadanos tenemos que pagar por tener un servicio público, lo lógico es que sean las instituciones públicas las que gestionen estos servicios”, apuntó Germán Valcarce, miembro de la ejecutiva local de IU.

Participar de los beneficios

Además, propusieron que si la compañía de Ulibarri llegase a tener ganancias con este negocio, estas reviertan también en el municipio. En este sentido, Valcarce apuntó que “si el Ayuntamiento tiene que cubrir las pérdidas, lo lógico sería que cuando hubiera ganancias también revirtieran en las arcas municipales”. “Para ello, lo mejor sería crear una empresa municipal”, insistió.

"Saqueo" y "despilfarro"

En este sentido, IU criticó el afán privatizador del PP y destacó que “el TUP es el paradigma de lo que supone privatizar, que al final no es más que un saqueo de lo público”. A su juicio, un servicio fundamental como el del transporte público se está convirtiendo “en un despilfarro absoluto debido a la política de privatización del Ayuntamiento”. 

(www.elplural.com, 29/10/08)

EL POPULAR AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA SILENCIA LOS DATOS ECONÓMICOS DE LA EMPRESA DE TRANSPORTES DE ULIBARRI 

El presidente de la Comisión de Transportes de Ponferrada, el popular Severino Alonso, no dio ninguna respuesta a los grupos de la oposición –PSOE y MASS- sobre las irregularidades de la empresa concesionaria de los servicios de transporte público, propiedad del empresario José Luis Ulibarri, que vienen denunciando estos grupos. Alonso se limitó a remitirles a un expediente municipal que les será entregado en los próximos días. Para la oposición, esta actitud es “un ejemplo más de la política de falta de transparencia y oscurantismo absoluto en al gestión municipal”. 

En una rueda de prensa, el portavoz socialista de Educación y Transporte de Ponferrada, Javier Campos, criticó el “monopolio concesional” del Ayuntamiento de Ponferrada (León) al constructor y magnate de la comunicación José Luis Ulibarri, y la gestión que el equipo de Carlos López Riesco está haciendo en torno a la empresa que gestiona el transporte municipal en la localidad, que es propiedad del empresario.

Suspensión de pagos

Como ya informó El Plural, Begar, empresa propiedad de Ulibarri a la que se cedió la gestión del transporte público municipal para darle un impulso financiero, ha dejado de pagar a sus trabajadores pese a que el nuevo servicio de autobuses, el TUP, ha incrementado en un 20 por ciento el número de usuarios en el último año. 

Silencio de Severino Alonso

Durante la Comisión Informativa sobre Transportes, el portavoz del PP en este campo, Severino Alonso, se limitó a remitir a los grupos de la oposición a la consulta de un expediente que ha solicitado ante el Ayuntamiento y al que, previsiblemente, tendrán acceso durante esta semana. Para Campos, es inconcebible que Alonso desconozca “cuestiones de capital importancia” como si el consistorio “debe pagar 500.000 euros anuales en concepto de amortizaciones de inversiones a TUP, cuando antes la empresa AUPSA [la anterior concesionaria del servicio] se valía de sus propios recursos”.

¿A cuánto asciende el déficit?

Los socialistas y el MASS también se quedaron sin saber “si la empresa TUP ha presentado cuentas y datos económicos y cuáles son los importes”, ni “a cuánto asciende el déficit de explotación del servicio”. Campos denunció además que Alonso guardase silencio al ser preguntado por los pagos de amortizaciones de inversiones del servicio y por las previsiones de facturación de la empresa ahora que se ha duplicado el número de líneas y se ha reducido el precio de los billetes.

"Que corrijan la situación"

“Nosotros seguimos instando a las partes a que corrijan la situación para mantener tanto el servicio como las condiciones laborales de los empleados, y entendemos que el señor alcalde se encuentra nuevamente en la obligación de arrojar luz y dar explicaciones sobre la que se presume nefasta gestión del servicio TUP”, apuntó Campos durante la rueda de prensa posterior a la Comisión. 

(www.elplural.com, 22/10/08)

Los socialistas de Ponferrada se preguntan por qué la empresa de Ulibarri “que aumenta su clientela anual, no puede pagar a sus empleados”

Cada vez más próximo el día en que los trabajadores del transporte público de Ponferrada celebrarán una importante huelga por la suspensión del pago de las nóminas, los grupos en la oposición del consistorio presidido por el popular Carlos López Riesco tratan de explicarse por qué se ha llegado a esta situación de impago. Los socialistas se muestran claros: “Nos causa una sorpresa mayúscula el hecho de que se haya conocido que la empresa concesionaria tenga intención de suspender el pago a los trabajadores de un servicio municipal que en el último año ha experimentado un incremento medio de usuarios del 25%”. Las razones siguen ocultas.

En este sentido, y según relata Infobierzo.com, el Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Ponferrada recuerda ahora la “publicidad constante y machacante en los medios de comunicación por parte de los responsables del Ayuntamiento en la materia” sobre el incremento del 20% en el número de viajeros del nuevo servicio de autobuses, TUP. Por ello, el Grupo Municipal Socialista se pregunta “cómo una empresa que aumenta su clientela anual, no puede pagar a sus empleados”.

Para más inri
El edil del Grupo Municipal Socialista Javier Campos va más lejos en sus reivindicaciones: “Nuestra estupefacción crece si tenemos en cuenta que el antiguo concesionario mantenía a flote el negocio con sus recursos, mientras que ahora el Ayuntamiento de Ponferrada va a pagar hasta el 2011 la cantidad de 266.884 euros por año, además de las compensaciones por déficit del servicio que en su momento se estimen oportunas". En este sentido, el testimonio de Campos coincide con el de fuentes próximas a El Plural, que afirman suponer que la concesión del servicio, “opaca”, se pudo realizar por otras razones. Para estas, la entrada al grupo concesionario de Begar, propiedad de José Luis Ulibarri, “tenía el objetivo de aportar el músculo financiero, para un servicio que llevaba 30 años prestándose correctamente, y lo primero que hace es no pagar a los empleados”.

Partido del Bierzo
Una concesión que los miembros del Partido del Bierzo (PB), también en la oposición en el consistorio califican de “medida electoralista para poner en marcha estas líneas y esta flota de autobuses”, que sólo un año y medio después de su entrada en funcionamiento comienza a dar problemas directamente a los trabajadores y usuarios, con la amenaza de huelga.

El alcalde, al rescate
El PB hace hincapié en que “todos los ponferradinos, estamos pagando por mantener este servicio el triple de lo que valía con la anterior concesionaria. Sin embargo la empresa no ha pagado las últimas mensualidades y el Alcalde, ahí mismo ha asegurado que el Ayuntamiento acudirá en su rescate”.

Culpan al Ayuntamiento
Por su parte, y según informa Infobierzo, los concejales del Movimiento Alternativo Social (MASS) en el Ayuntamiento de Ponferrada, Ángel Escuredo y Fátima López Placer, responsabilizan al regidor municipal de esta situación “ya que él es el último responsable de que los servicios municipales se presten de forma eficaz y satisfactoria”.

Trato de favor
Los miembros del MASS recuperan una crítica ya formulada: “Ya dijimos en aquel momento no entender el afán de Riesco por privatizarlo todo para luego subvencionar a las empresas concesionarias que encima en este caso y curiosamente, es una empresa en la que Begar tiene un importante volumen de acciones y a la que sospechamos que en este ayuntamiento se le ha dado un trato de favor”.

¿La crisis?
El MASS exige transparencia en este tema “y que no se recurra una vez más al argumento de la crisis para justificar cualquier problema que se ocasione en el municipio”.

www.elplural.com 19.10.08

¿HA DEJADO JOSÉ LUIS ULIBARRI DE PAGAR A LOS TRABAJADORES DEL TRANSPORTE PÚBLICO DE PONFERRADA?  

Los trabajadores del transporte público de Ponferrada han visto suspendidas sus nóminas e iniciarán en 15 días una huelga indefinida en el caso de que las partes implicadas, Ayuntamiento y consorcio concesionario, no resuelvan el conflicto. En la parte correspondiente al consorcio se encuentra la empresa Begar, del polémico empresario José Luis Ulibarri. Una suspensión de pagos de nóminas que los trabajadores no comprenden, con un constante aumento del número de viajeros en la localidad. Según informa InfoBierzo.com, los trabajadores barajan la hipótesis de que podría tratarse de una medida de presión de las empresas concesionarias hacia el Ayuntamiento para el posible reembolso de alguna cantidad adelantada por el consorcio empresarial.  

Según informa InfoBierzo.com, el delegado de la Federación de Transportes de CC.OO en El Bierzo, Antonio López, ha explicado que el pasado 7 de octubre el consorcio de empresas concesionarias del servicio (antigua AUPSA y Grupo BEGAR) anunció a los delegados de los empleados la suspensión del pago de nóminas “porque no hay dinero”. De este modo, la gerencia de la empresa abonaría el sueldo pendiente de septiembre pero no “el de los meses siguientes” pues “no pueden afrontar los pagos”.

Para el delegado sindical, “las cuentas de resultados del pasado año de la empresa no se han hecho públicas. No sabemos si han tenido pérdidas o ganancias”.

Por todo esto, los trabajadores del transporte público creen que en un plazo de 15 a 20 días se iniciará una huelga indefinida en el servicio de autobuses. Todavía resta por conocer el alcance para la resolución del conflicto que puede tener la mediación del Órgano de Solución de Conflictos Laborales, SERLA, aunque los sindicatos ya dejan claro que mientras no existan “garantías” de la vuelta al sistema de pago regular de las nóminas no se resolverá la convocatoria de huelga.  

Según ha podido conocer Infobierzo.com, el equipo de Gobierno ha mantenido una reunión urgente para analizar la situación. Es más, el edil del área, Severino Alonso, ha dejado claro que “no sabemos exactamente qué ha ocurrido en esta situación de impago”. Se espera una comparecencia del alcalde. Según recoge el mismo medio, los trabajadores han declarado desconocer si la suspensión del pago de las nóminas forma parte de una medida de presión de la compañía concesionaria hacia el Ayuntamiento para el posible reembolso de alguna cantidad adelantada por el consorcio empresarial, y que sirvió de base para poner en marcha el nuevo servicio de autobuses, ya que “no conocemos el pliego de condiciones de la concesión”. Lo que no comprenden los trabajadores es “cómo dicen que no hay dinero, cuando según los datos se ha incrementado un 20% el número de viajeros, o eso dicen”.  

(www.elplural.com, 16/10/08)

¿POR QUÉ PRESIONÓ ULIBARRI A LA VÍCTIMA DEL CASO NEVENKA OFRECIÉNDOLE UN EMPLEO?

Las relaciones del controvertido empresario José Luis Ulibarri con ayuntamientos del PP y la extensión de su red de negocios por distintas comunidades de hegemonía popular siguen revelando interesantes coincidencias. Su apego a la ciudad leonesa de Ponferrada, en la que sus suculentos negocios han llamado la atención de muchos observadores, lo convirtió, sin duda, en un testigo de excepción y una fuente privilegiada de información sobre el conocido como caso Nevenka.  

El caso Nevenka fue un episodio de abuso sexual por parte del alcalde conservador de Ponferrada Ismael Álvarez a la entonces concejala de Hacienda y Comercio del municipio hasta 2001, Nevenka Fernández. El papel de Ulibarri, en lo sucedido antes y después de la revelación del escándalo, fue muy destacado: una vez que Nevenka Fernández denunció públicamente a su entonces jefe, el mencionado alcalde Álvarez, Ulibarri retiró a la concejala la oferta de trabajo que le había propuesto con el objetivo de que ésta “rehiciera su vida”. ¿A qué se debió el interés del conocido empresario leonés por colocar a la entonces incómoda Nevenka Fernández? ¿Es una coincidencia que Ulibarri hubiera conseguido concesiones y contratas por parte del Consistorio?

Enorme narrador

Lo cuenta nada más y nada menos que el afamado escritor y columnista Juan José Millás en un libro publicado en 2004 sobre lo sucedido: “Hay algo que no es como me dicen. El caso de Nevenka Fernández contra la realidad”. En esta crónica del caso, narrada desde el punto de vista de su víctima, el autor recrea el “infierno” que la ex concejala de Hacienda y Comercio del Ayuntamiento de Ponferrada tuvo que soportar en las fechas posteriores a la presentación de la denuncia por acoso contra el que fuera alcalde de la localidad, el popular Ismael Álvarez, con el que Nevenka había mantenido en fechas anteriores una relación íntima.

El alcalde, condenado

El caso se cerró en noviembre de 2002. El Tribunal Supremo dio en gran parte la razón a la víctima del acoso y condenó al regidor popular a una multa total de 2160 euros. No obstante, el Alto Tribunal consideró favorablemente una parte del recurso interpuesto por el acusado, rechazando el agravante de abuso de autoridad. Ello llevó a rebajar la pena dictada seis meses antes por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León.

Pocos la apoyaron

Pero a pesar de la aclaratoria sentencia, no muchos quisieron creer a Nevenka cuando esta dio el paso de denunciar en público el “infierno” que venía sufriendo desde que rompiera su relación sentimental con su entonces compañero de equipo de gobierno y jefe, Ismael Álvarez. Según narra Millás, Nevenka llevaba meses recluida “como una refugiada” en el piso “de la familia de su novio, Lucas Vázquez”. Fue entonces cuando “lo que había quedado de Nevenka tras meses de terror” dio la noticia en una rueda de prensa en la que, además, anunció su dimisión como concejala de Hacienda y Comercio.

Aparece Ulibarri

Las presiones y llamadas no cesaron desde ese momento. La primera de estas consistió en un “manifiesto de todos los concejales a favor del alcalde”. Entre estos se encontraba una amiga íntima de Nevenka y, lo que es más relevante, el actual regidor de la localidad, Carlos López Riesco, entonces titular de la concejalía de Fomento y que curiosamente había accedido a tal cargo a través del padre de la denunciante. Es en este momento donde Millás explica la oportuna aparición del empresario José Luis Ulibarri: “El mazazo definitivo fue la llamada de un directivo de Begar, una empresa constructora que había hecho a Nevenka una oferta de trabajo que ahora retiraba, atemorizada por la repercusión pública de su denuncia”.

No hay que imaginar mucho

Begar, como El Plural ha venido informando desde hace tiempo, es propiedad del empresario leonés Ulibarri, accionista a su vez de la empresa “Ferroser”, “a la que el Ayuntamiento de Ponferrada había otorgado la concesión del servicio de aguas de la ciudad”. Millás establece la conexión de manera clara: “No era preciso ser un paranoico para imaginar que las presiones habían comenzado a actuar apenas unas horas después de la denuncia”.

Una buena oferta

De esta forma, Ulibarri retiraba a la ex concejala lo que parecía haber sido una interesante oferta de reincorporación al mercado laboral: “Nevenka había contado con aquel trabajo en Begar para rehacer su vida y, de súbito, se encontraba literalmente en la calle”.

Más obstáculos

No quedaron ahí las presiones, por supuesto. Por ejemplo, Ana Botella cerró filas con el ya acusado alcalde, considerando “impecable” su dimisión del puesto. Además, el juicio vino preñado de irregularidades, principalmente por parte del fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, José Luis García Ancos, que tuvo que ser relevado del caso tras el revuelo ocasionado por el insultante interrogatorio realizado a la víctima: “Usted no es una empleada de Hipercor, a la que tocan el trasero y tiene que aguantarse porque es el pan de sus hijos”.

Suma y sigue

No queda, por tanto, Ulibarri, precisamente al margen de este escándalo. Otros, como el de la concesión de suelo para la construcción de 626 viviendas en la misma localidad se encuentra archivado, pero tuvo durante un tiempo como imputado al alcalde de la localidad, precisamente un Carlos López Riesco que prometió seguir “el programa de Ismael Álvarez como el Catecismo”.  

Riesco que fue hasta 2002 concejal del Ayuntamiento regido por el condenado Ismael Álvarez. Las sentencias pesan, pero los contratos y negocios se mantienen. Suma y sigue.  

(www.elplural.com, 02/10/08)

LOS NEGOCIOS DE ULIBARRI, MÁS ALLÁ DE LA CONSTRUCCIÓN: MEDIOS DE COMUNICACIÓN, CONTRATAS DE LIMPIEZA, SEGURIDAD... 

El controvertido y multimillonario empresario de la comunicación y de la construcción, José Luis Ulibarri, promete dar mucho que hablar. A lo publicado por El Plural se unen las revelaciones de otros medios locales y publicaciones por Internet que arrojan aún más luz a una trayectoria digna de analizar desde el plano periodístico y jurídico. Una página tan crítica con el Partido Popular como la de Los Genoveses ha realizado una recopilación de las andanzas más sobresalientes del magnate leonés: la novedad reside en que los negocios de Ulibarri se extienden, además, a servicios de limpieza y seguridad; un perfil digno de un estudio concienzudo.  

Construcción, comunicación y contratas de diversos servicios ocupan la vida laboral del empresario leonés José Luis Ulibarri. Los oscuros casos de adjudicaciones de parcelas edificables a una empresa fantasma de su propiedad, UFC S.A., que, con solo tres trabajadores sin estar dados de alta en la Seguridad Social, habría conseguido la proeza de ser adjudicataria de suelo para construir cientos de viviendas, parecen ser solo la punta del iceberg. En la localidad de Boadilla, por su parte, se destapó el pastel: la empresa, adjudicataria en 2005 de terrenos para construir 139 viviendas y más de 300 plazas de garaje, no estaba dada de alta en la Seguridad Social en el momento de tal concesión. Lo mismo ocurrió en Ponferrrada, donde Ulibarri mantiene muy buenas relación con su alcalde, el popular Carlos López Riesco. También allí su empresa fantasma UFC resultó adjudicataria de un concurso de la empresa municipal PONGESUR S.A. para construcción de viviendas.  

Buenas relaciones

No se le ha dado tampoco mal la Comunidad valenciana presidida por Camps. Ulibarri se vio beneficiado por la Administración popular al obtener la licencia para construir el hospital de Llíria. Precisamente de dicha comunidad ha conseguido el empresario hasta 13 licencias de Televisión Digital Terrestre, así como 7 emisoras de radio. Sus participaciones, además de un 20% en Punto Radio –emisora que le ha concedido recientemente un “Micrófono de Oro”- se encuentran también en el accionariado de El Semanal Digital, cuyo director, el ex presidente de Nuevas Generaciones del PP, Antonio Martín Beaumont, habría hecho de intermediario para facilitar sus relaciones con altos cargos de una comunidad tan prolífica en negocios para este como la valenciana. Casualmente, en la presentación del canal televisivo Tele 7, presidido por Ulibarri, estuvieron presentes el propio Beaumont, Luis del Olmo, así como el presidente regional, Francisco Camps. El Semanal Digital firmó la crónica: “La televisión de El Semanal Digital en Valencia arranca con una gala”.  

Mucho más

No se quedan ahí sus influencias y propiedades. Y es que Ulibarri ha aprendido este modelo de expansión de su antiguo jefe, José Luis Martínez Núñez. Los Genoveses explica muy claramente esta forma de proceder en los negocios: “Comprar medios de comunicación para ganarse apoyos políticos influyentes –sobre todo del PP- presionando en la opinión pública. Este portal anti-PP va aún más lejos en su recopilación sobre el empresario leonés: “Ulibarri ha creado una red de desprestigio a través de confidenciales que desde el anonimato atacan a empresarios y políticos que denuncian sus particulares actuaciones”.

Diarios en papel

Ulibarri, que es, además, íntimo amigo del cuñado del ex portavoz del CGPJ, ahora aspirante al Tribunal Constitucional, Enrique López, también tiene diarios en papel: entre estos destacan el Diario de Soria, el Correo de Burgos y Diario de León. Además, mantiene diversos acuerdos con El Mundo para la explotación de estas cabeceras y participó en la creación de ASODAL, Asociación Española de Televisiones Privadas Digitales Autonómicas y Locales, en la que el leonés se comprometió con el grupo Vocento y COPE en defender los intereses de la televisión local, para que las licencias no cayeran en manos de “caciques que intentan mantener su poder mediático”…
Y además...

Pero todavía queda un capítulo. Distintos medios locales denuncian que el empresario obtuvo dos adjudicaciones de Caja España (para la limpieza y seguridad), que habría conseguido gracias a sus influencias en la entidad, de cuyo Consejo de Administración había formado parte. La cuantía de los contratos ascendió a 6,8 millones de euros. Casi nada. 

(www.elplural.com, 01/10/08)

la constructora a la que el alcalde pepero de Boadilla benefició, no existía para la Seguridad Social

La empresa UFC S.A. consiguió en octubre de 2005 una suculenta contrata del Ayuntamiento de Boadilla del Monte (Madrid), en manos del PP, para la construcción de 139 viviendas libres y más de 300 plazas de aparcamiento. Tal y como explicó El Plural en su momento, el grupo municipal Alternativa por Boadilla (APB) denunció en 2006 ante los tribunales las irregularidades de esta adjudicación ya que, pese a que el Pliego de Condiciones exigía que la empresa tuviera una organización propia y personal para poder ejecutar el proyecto, UFC no lo tenía. De hecho, según ha podido saber este periódico, hasta el 22 de diciembre de 2006 la compañía no se inscribió en la Seguridad Social y además cuenta únicamente con tres trabajadores, que fueron dados de alta el 28 de diciembre de ese mismo año.

El presidente de UFC S.A. es el empresario leonés José Luis Ulibarri, muy cercano al PP. Su hombre de confianza y socio en numerosos negocios es Miguel Hernán Manovel García, casado con la hermana del hasta ahora portavoz del Consejo General del Poder Judicial, Enrique López y candidato ahora por el PP para el Tribunal Constitucional, junto a Francisco José Hernando, ex presidente del Tribunal Supremo y del CGPJ.

También en Ponferrada
La empresa fantasma de Ulibarri no sólo consiguió de la mano de un alcalde del PP la contrata de Boadilla. Algo similar sucedió en Ponferrada (León), cuando UFC consiguió una adjudicación de suelo público para la construcción de 626 viviendas. Tal y como reveló El Plural, el alcalde, Carlos López Riesco, y otros cinco consejeros de la empresa municipal del suelo de la localidad, fueron imputados por un presunto delito de prevaricación por ceder suelo público a una empresa de construcción que no se encontraba inscrita en el régimen de la Seguridad Social.

Magnate de la Comunicación
Pero Ulibarri no es sólo un magnate de la construcción. Tiene también intereses en medios de comunicación. En este sentido, cabe destacar que es accionista de El Semanal Digital, posee un 20 por ciento de Punto Radio, participa en las televisiones locales de León y de Castilla y León y es el propietario del Diario de Soria, el Correo de Burgos y del Diario de León. Además mantiene diversos acuerdos con El Mundo de Pedro J. Ramírez para la explotación de estas cabeceras.

Beneficiado en la Comunidad Valenciana
En la Comunidad Valenciana también se vio beneficiado por la administración del PP al obtener la concesión para la construcción del hospital de Llíria, cuenta allí con 13 licencias de televisión digital terrestre (TDT) y recientemente se ha hecho con la televisión local de Valencia. Ulibarri es el presidente la empresa mercantil Mediamed Comunicación Digital, cuyo proyecto audiovisual fue presentado con el aval de Francisco Camps. También le otorgaron 7 emisoras de radio. La relación del magnate con Camps y la plana mayor valenciana le fue facilitada especialmente por el director-editor de El Semanal Digital, Antonio Martín Beumont, antiguo presidente de las Nuevas Generaciones del PP a escala nacional.

Buenas relaciones peperas
Sus buenas relaciones con el PP son evidentes y prueba de ello es la presencia en la boda de su hija de “lo más granado” del partido en Castilla y León, según reveló Extradigital. Allí estuvieron Juan Vicente Herrera, (Presidente de la Junta de Castilla y León, PP), Silvia Clemente (Consejera de Cultura de la Junta de Castilla y León, PP), Antonio Villanueva (Consejero de Economía de la Junta de Castilla y León, PP), Antonio Silván (Consejero de la Junta de Castilla y León, PP), Jesús Merino (Ex consejero de Fomento de la Junta de Castilla y León, PP), Isabel Carrasco (Presidenta de la Diputación de León y procuradora en la Cortes castellano leonesas, PP), Juan-José Lucas (Ex presidente de la Junta de Castilla y León y Ex Ministro de Aznar, PP), Alberto López Riesco (Alcalde de Ponferrada. PP), además de Alfredo Prada (Consejero de Justicia de la Comunidad de Madrid, PP), Sigfrido Herráez (Concejal de Vivienda de la Comunidad de Madrid), León de la Riva (Alcalde de Valladolid, PP) o Eduardo Fernández (Delegado Territorial de la Junta de Castilla y León, PP), entre otros.

www.elplural.com 27.09.08

Una empresa fantasma del empresario José Luís Ulibarri obtuvo numerosas concesiones en Castilla y León



 

El pasado 19 de abril, el constructor y propietario de medos de comunicación, José Luís Ulibarri, resultó premiado por la Federación de Asociaciones de Radio y Televisiones de España, que preside el periodista radiofónico Luís del Olmo, con el “Micrófono de Oro” a la comunicación. El flamante galardonado es propietario del Diario de León, Diario de Soria, Televisión Ponferrada, Retecal, accionista de Punto Radio y gran amigo personal de popular periodista.

Dentro del Partido Popular, a José Luís Ulibarri se le considera íntimamente ligado al Clan de Valladolid. Pese a su poder mediático, su verdadero poderío radica en sus numerosas empresas de construcción, alguna de ellas fantasma como documenta hoy extraconfidencial.com, con la que resultó adjudicatario de numerosas obras públicas, parcelas, infraestructuras, servicios y contratas (algunas de limpieza pública como Seralia), cuando se encontraba legalmente inhabilitado para ello y carecía de capacidad para contratar con las administraciones publicas.

El escándalo estalló tras una denuncia formulada por Alternativa por Boadilla (Partido de los Independientes de Boadilla), liderado por el conocido como “Concejal Fiscal de Madrid” Ángel Galindo. En este municipio madrileño, el Ayuntamiento adjudicó a UFC -su empresa fantasma- a finales de octubre de 2005, unas obras, tras comprometerse a ejecutarlas en 12 meses. Casi tres años después, aún no han sido concluidas.
Extraconfidencial.com habló con José uís Ulibarri, quien tachó todas estas acusaciones de falsas, asegurando que nunca ha tenido problemas ni actuado de forma ilegal.

Antecedentes como aparejador de Teconsa

Ulibarri fue primero aparejador de Teconsa, el principal grupo constructor de Castilla y León, donde trabajó durante muchos años a las órdenes del empresario José Luís Martínez Núñez, cuyas empresas últimamente también se han diversificado. Toda su estrategia empresarial la aprendió en esta etapa, siendo ésta actualmente objetivo de su máxima competencia.

Desde entonces, este empresario mediático y constructor, ha seguido escrupulosamente el modelo de Martínez Núñez: comprar medios de comunicación para ganarse apoyos políticos influyentes -sobre todo del Partido Popular-, presionando en la opinión pública.

Entre sus amigos está Sigfrido Herráez -antiguo Concejal del Vivienda del PP de Madrid- con cuya esposa tiene una sociedad constructora. Su grupo de empresas, Construcciones Begar S.A., está en Valladolid. Hace escasas fechas el Diario Palentino publicó que León de la Riva, Alcalde de Valladolid, visitaba en numerosas ocasiones y disfrutaba en el barco de recreo de José Luís Ulibarri.

Una de sus operaciones más turbias fue en Ponferrada. Precisamente, en La Rosaleda, donde operó a través de la empresa “fantasma” UFC S.A. en un “concurso simulado” donde obtuvo casi todas las parcelas. El pliego de condiciones de esta licitación fue anulado por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León. Fue precisamente en esta ciudad leonesa donde José Luís Ulibarri recibió hace diez días el “micrófono de oro” a la comunicación.

Tan flamante galardonado, vinculado en el PP al Clan de Valladolid, fue “cazado in fraganti” en el municipio madrileño de Boadilla del Monte, donde apareció nuevamente con UFC S.A. Cuando el Ayuntamiento solicitó certificación oficial, resultó que no tenía trabajadores ni estaba inscrita en la Seguridad Social, como consta en el documento que hoy reproduce extraconfidencial.com. Era una empresa "fantasma". Tirando del hilo se supo que todas las concesiones de diferentes administraciones públicas recibidas anteriormente a través de esta empresa, eran nulas de pleno derecho. Miles de viviendas, contratos de construcción de obras, etc… adjudicadas a una sociedad sin trabajadores. Y siempre los gobernantes muy cerca del Partido Popular.

En Boadilla, una licitacion inferior

Precisamente, en este municipio madrileño Ulibarri pagó cuatro millones de euros menos que los demás licitadores y pese a haber incumplido el plazo, el Ayuntamiento presidido por el edil del PP Arturo González Panero aún no ha resuelto este contrato, ni adjudicado al siguiente licitador. De este modo, Boadilla ha perdido esta importante cantidad porque el plazo ofertado por UFC para construir 340 plazas de aparcamiento y 139 viviendas en 7 bloques, fue de 12 meses. Imposible para unas obras de esta índole. Casi tres años después aún no han sido concluidas.

José Luís Ulibarri aseguró a extraconfidencial.com sobre su empresa que “UFC S.A. es una sociedad participada 100% por Begar y ha actuado hasta ahora con una legalidad absoluta y no ha tenido nunca ningún problema. UFC no estuvo dada de alta en la Seguridad Social hace tiempo porque no tenía trabajadores. Pero ahora hemos cambiado nuestra actuación y como tenemos alguna compra de suelo en concursos de las administraciones públicas, hemos tenido que darla”.

El empresario vallisoletano recalcó a nuestro periódico que “todo esto viene de Boadilla del Monte donde hace tiempo hubo una denuncia, que yo sepa está archivada. Y no hemos tenido nunca ningún problema ni esperamos tenerlo. Todas las informaciones que me está trasladando son falsas”.
No obstante, el documento que reproduce extraconfidencial.com contradice al constructor. Antes de Noviembre de 2006 en que UFC causó alta en la Seguridad Social, la empresa de José Luís Ulibarri obtuvo concesiones públicas para miles de viviendas en Castilla y León -Ponferrada- Operación La Rosaleda, Zamora, Valladolid, León, Boadilla del Monte, etc-. Además, actualmente UFC S.A. construye también en los Altos del Bernesga más de 700 viviendas y campo de golf. En todas estos municipios gobierna el Partido Popular.

J. J. Miravete

http://www.extraconfidencial.com/articulos.asp?idarticulo=823

'Caso Ulibarri': seis ediles del PP de Ponferrada acusados por un posible delito de prevaricación

El ‘caso UFC’ ha cogido cuerpo. Tanto que, para dotarle de la justa dimensión, ha sido rebautizado ya como ‘caso Ulibarri’, en referencia al constructor y editor de medios leonés propietario de la promotora en cuestión, implicada en un asunto de posibles adjudicaciones irregulares en la localidad berciana de Ponferrada, de donde es natural el empresario.

La semana pasada, el Juzgado número 2 de Ponferrada dictó auto de admisión a trámite de la querella presentada por el abogado Ángel Galindo en representación de varias fuerzas políticas locales (Izquierda Unida, Partido de Bierzo, MAAS, Alternativa Comarcal Democrática y la Federación de Asociaciones de Vecinos de El Bierzo) contra seis ediles del Partido Popular por posible delito de prevaricación.

Entre los acusados se encuentran el actual alcalde de Ponferrada, Carlos López Riesco, y el teniente de alcalde y concejal de Urbanismo, Juan Elicio Fierro, por su actuación como máximos responsables de la sociedad municipal Pongesur (Ponferrada Gestión Urbanística) en un proceso de adjudicación de viviendas en el que participó el constructor José Luis Ulibarri (Grupo Begar).

Algo similar ya ocurrió en la localidad madrileña de Boadilla del Monte, donde UFC resultó ganador de un concurso con una oferta más barata (35 millones), con un plazo de ejecución inasumible (doce meses desde la adjudicación) y, como luego se denunció, por pujar bajo la cabecera de una sociedad instrumental (propiedad de Begar) que no estaba registrada en la Seguridad Social.

En aquella ocasión, Ulibarri se impuso a otro constructor y editor de medios, el también leonés José Martínez Núñez. Sin embargo, aquella derrota sirvió para que el diario La Crónica de León (propiedad del derrotado) se hiciera eco de las posibles irregularidades, un modelo extrapolable al resto de concursos donde su rival ha obtenido concesiones bajo la marca UFC.

Prensa, ladrillos y política

Ese ha sido el caso de Ponferrada, donde además confluyen otras circunstancias. Se da el caso de que Ulibarri, a través de UFC, obtuvo 539 viviendas de un total de 5.000. Sin embargo, siete meses después, la promotora poseía terrenos para edificar 1.400, después de que otros de los adjudicatarios, algunos de ellos socios del editor en algunos de sus negocios, vendieran sus parcelas. ¿Falsa concurrencia?

La proximidad de las elecciones municipales ha hecho de este caso una de las principales punta de lanza contra el Partido Popular de El Bierzo, con el ‘caso UFC’ como banderín de enganche. Precisamente, en este contexto se enmarca la reciente compra del principal periódico de la provincia -El Diario de León- por parte del propio Ulibarri. Los medios, el ladrillo y la política juntos y bien revueltos.

www.elconfidencial 21.03.07

El alcalde de Valladolid presume de amistad con Ulibarri, presidente de BEGAR, adjudicatario de las obras del nuevo Servicio de Limpieza a pesar de presentar la oferta más cara

En el diario El Día Valladolid del pasado 5 de julio de 2006 el regidor vallisoletano presumía de su amistad con Jose Luis Uribarri Cormenzana, presidente del Grupo BEGAR.

De la Riva pasa parte de sus vacaciones estivales en el yate de «mi amigo» José Luis Ulibarri.

El Ayuntamiento adjudica el proyecto y ejecución de las nuevas instalaciones del Servicio de Limpieza en el Polígono de San Cristóbal a la empresa BEGAR (que dirige Uribarri) por 5,4 millones de euros, a pesar de ser la oferta más cara de las cuatro presentadas.

También le asignó la rehabilitación de la Casa Colón, considerándose como prioritaria en la adjudicación la fecha de entrega, que luego se incumplió por la empresa.

Ulibarri: las adjudicaciones al Grupo BEGAR que escandalizan

De socio a adjudicatario. De socio referente en Caja España con Retecal a adjudicatario de servicios

Las influencias del empresario leonés José Luis Ulibarri, presidente del Grupo Begar, le han permitido obtener dos contratos millonarios en Caja España por un importe superior a los 6,8 millones al recaer en sus sociedades los contratos de seguridad y el servicio de limpieza.

Amparado históricamente por el tránsfuga de la UPL y miembro del consejo de administración de Caja España, José María Rodríguez de Francisco, el presidente de Begar ha pasado de ser socio de referencia de la entidad financiera en la empresa Retecal a ser uno de los principales adjudicatarios de sus servicios externos.

La desastrosa gestión de Ulibarri al frente de Retecal, que llevó a sus socios Hidrocantábrico y Caja España a una situación económica insostenible al borde de la quiebra, ha sido recompensada con dos contratos que posiblemente en unos meses no se podrían haber rubricado al perder el tránsfuga de la UPL su hegemonía en la entidad con la entrada del nuevo presidente.

El penúltimo capítulo de la caja vuelve a tener a José Luis Ulibarri como protagonista. Hace apenas tres meses, y ya con el nombre de Santos Llamas como candidato de consenso para presidir Caja España, el consejo de administración adjudicó a la empresa Athena Seguridad (2,7 millones) y Seralia (4,1 millones de euros), ambas de Ulibarri, los contratos de seguridad y servicio de limpieza.

Sin embargo, la adjudicación del contrato de seguridad vino precedida por un informe de una consultora que aconsejaba al Grupo Eulen, empresa que hasta este año venía realizando los servicios, como primera opción para la renovación del mismo. Eulen presentó una oferta económica superior (100.000 euros), pero contaba a su favor que había desarrollado de forma positiva el trabajo en años anteriores y cumplía el requisito de poseer oficinas propias en las ciudades en las que Caja España tuviese sedes para depositar en sus cajas fuertes las llaves de las oficinas de la entidad financiera. Athena Seguridad carece de delegaciones en un buen número de provincias en las que desarrolla su actividad Caja España por lo que ha tenido que subcontratar el servicio.

Y en buena medida ha ocurrido igual con el servicio de limpieza que ha recaído mayoritariamente en la empresa Seralia, sociedad propiedad de José Luis Ulibarri.

También en Valladolid

Las estrechas y públicas relaciones de amistad entre el presidente de Begar y el alcalde de Valladolid, Javier León de la Riva, también han permitido a este leonés obtener frutos empresariales. El último: la adjudicación del proyecto y la ejecución de las obras de las nuevas instalaciones del Servicio de Limpieza en el Polígono de San Cristóbal por 5,4 millones, a pesar de ser la oferta más cara de las cuatro presentadas.

Pero anteriormente a esta adjudicación, el Grupo Begar tuvo que ejecutar las obras de rehabilitación de la Casa de Colón. La sociedad que preside Ulibarri fue una de las tres empresas que concurrió a la construcción del nuevo edificio. Para el fallo de la licitación, el Consistorio consideró en el pliego de condiciones como punto principal «la fecha de entrega», aspecto éste que permitió al Grupo Begar obtener la obra, pero que posteriormente no cumplió, ya que no llegó en fecha. Pese a ello ingresó 1,5 millones de euros.

Sin embargo, los favores en la ejecución de la rehabilitación de la Casa de Colón no concluyeron con la no sanción por parte del equipo de Gobierno. Begar nuevamente resultó beneficiada al recibir el encargo de rehabilitar la antigua Casa de Colón (934.397 euros) gracias a la ampliación de las actividades previstas en el pliego de condiciones del concurso que había ganado. Fue una decisión del propio León de la Riva, al aprovechar la proximidad entre las dos obras para, con un solo concurso, conceder en la práctica la ejecución de ambas a la misma empresa; cómo no, Begar, la compañía de José Luis Ulibarri.

Madrid

Las alianzas de Ulibarri en Madrid se centran en la figura del ex concejal de Vivienda del PP del Ayuntamiento Sigfrido Herráez, que abandonó el Consistorio de la capital para fichar una semana más tarde como vicepresidente en la constructora Rayet. Sorprendentemente, Rayet está ejecutando los dos proyectos más emblemáticos en el Ensanche de Vallecas, una zona que fue directamente administrada por Herráez como concejal meses antes de su salida del equipo de Gobierno. Pero ahí no terminan las casualidades. La esposa del ex edil logró la adjudicación de las obras y la gestión del nuevo hospital de Vallecas y en el Consorcio que resultó agraciado en la licitación aparece, curiosamente, como principal socio de ésta Ulibarri, ocupando además uno de los puestos directivos más importantes del mismo.

Valencia

Por su parte, en Valencia su alianza con el empresario de la comunicación y ex de Nuevas Generaciones Antonio Martín Beaumont le ha permitido conseguir agrupar en la sociedad Mediamed Comunicación Digital a seis de las adjudicaciones de licencias de Televisión Digital Terrestre de la Comunidad Valenciana, convirtiéndose así indirectamente, y por la puerta de atrás, en uno de los empresarios mediáticos con mayor peso de esta región. Sin embargo, sus intereses también están en otras regiones del Levante y este diario pronto hablará también de Murcia.

Confidenciales y otros

Ulibarri ha creado una red de desprestigio a través de confidenciales que desde el anonimato atacan a empresarios y políticos que denuncian sus particulares actuaciones. Otro ejemplo de estos procederes es Joaquín Sánchez Torné, actual director de un rotativo en la ciudad de Burgos propiedad del empresario leonés José Luis Ulibarri.

De vacaciones estivales en el yate de «mi amigo» José Luis Ulibarri

El regidor vallisoletano [Javier León de la Riva] presume de amistad con José Luis Ulibarri. Tal es esa relación que el alcalde no duda en compartir con el constructor jornadas festivas a bordo del yate que el empresario posee. Esa estrecha vinculación también es constatable en las numerosas «consultas» que no duda en realizar a José Luis Ulibarri en cuestiones que afectan a muchas de sus decisiones públicas.

Así, entre sus grandes preocupaciones por mejorar la calidad de vida de los vallisoletanos, León de la Riva no dudó en ser uno de los pocos alcaldes de Castilla y León en solicitar una licencia de Televisión Digital Terrestre (TDT) para su municipio.

Al desconocer el funcionamiento del medio, el alcalde no dudó en invitar a su amigo José Luis Ulibarri en uno de sus múltiples encuentros de mesa y mantel a que le elaborase un informe a ‘su medida’ para que el regidor supiese qué pasos debería acometer para gestionar o adjudicar una televisión local.

De esta manera, el primer edil podrá tener a su disposición dos cadenas de ‘Televisión De la Riva Total’ municipales (TDT), una la de su amigo José Luis Ulibarri y la otra la que gestionaría directamente el alcalde de Valladolid.

Los favores al Grupo Begar no se centran exclusivamente en las adjudicaciones de obra hechas casi a la medida, sino que también están presentes, día a día, en el canal de televisión de José Luis Ulibarri, pues bien sabe que en Valladolid es el político que manda.

Único beneficiario del desastre de su gestión en Retecal

La aventura de José Luis Ulibarri junto a Hidrocantábrico y Caja España en Retecal fue la plataforma desde la que este empresario dio su particular salto a los medios de comunicación. La necesidad de crear una empresa regional de telecomunicaciones y la obligatoriedad implícita de crear una televisión bajo su tutela fue el camino aprovechado por el presidente de Begar para erigir su imperio mediático a bajo costo. Su desastrosa gestión al frente de Retecal llevó a sus socios a una situación económica insostenible que hizo imposible la continuidad en esta empresa del sector de las telecomunicaciones. Esta situación, sin embargo, no fue óbice para que Ulibarri continuara beneficiándose de sus alianzas y de ese modo seguir diseñando una televisión a su medida bajo el amparo de la gran matriz. Mientras Retecal continuaba su lenta agonía, José Luis Ulibarri aprovechó el apoyo institucional y el reparto de licencias de Frecuencias Modulada en el que resultó favorecido para continuar haciéndose un hueco en los medios de comunicación de Castilla y León. Mientras sus socios buscaban una salida a la indefendible situación de Retecal, Ulibarri diseñaba, financiaba y estructuraba su empresa audiovisual a través de Retecal, cargando la parte alícuota de los gastos a sus compañeros de aventura. Los enfrentamientos con Caja España y con Hidrocantábricos terminaron por hacer inviable la explotación de la empresa de telecomunicaciones de Castilla y León que finalmente tuvo que ser absorbida por una compañía líder en el sector como ONO y de ese modo poder garantizar su viabilidad. Durante este proceso de venta, el presidente de Televisión Castilla y León aprovechó no para continuar con el negocio de las telecomunicaciones, sino para apropiarse a precio de saldo de la televisión que él mismo había gestado en el seno de la ahora transferida Retecal.

Fuente: El Día de Valladolid, 05-07-2006.

Acuerdos adoptados por la Junta de Gobierno de Valladolid en su reunión del 23 de junio de 2006:

El Ayuntamiento adjudica a Begar la construcción de las nuevas instalaciones del Servicio de Limpiezas en el Polígono de San Cristóbal, por un importe de 5,4 millones de euros

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Valladolid, reunida esta mañana en sesión ordinaria, ha abordado los asuntos que figuran a continuación dentro del orden del día.

Dentro de los asuntos del Área de Medio Ambiente, el órgano de gobierno ha acordado adjudicar a la empresa Begar, S.A. el contrato referente a la redacción del proyecto y ejecución de las obras de construcción de la nueva sede del Servicio de Limpieza del Ayuntamiento de Valladolid, que se ubicará en el Polígono de San Cristóbal. La cuantía del contrato asciende a 5.427.322 euros.

Esta cifra se materializará a lo largo de los años 2006 y 2007, mientras dure la ejecución de las instalaciones, que ocuparán una parcela de 13.000 metros cuadrados situados en la calle Plomo, esquina con Topacio. Según las previsiones, el complejo tendrá una nave garaje de 6.000 metros cuadrados construidos con capacidad para 150 vehículos; un taller de 2.000 metros cuadrados, y un edificio de oficinas, de dos alturas con unos 1.500 metros cuadrados construidos.

El traslado de las dependencias desde su actual ubicación en la calle Mieses (Huerta del Rey) hasta el Polígono de San Cristóbal es un compromiso adquirido por el equipo de gobierno con los vecinos de la zona, quienes venían demandando la desaparición de las instalaciones, al hallarse completamente rodeadas de viviendas. En principio, el traslado estará culminado en el plazo de dos años.

Entre la propuestas aportadas por el proyecto de Begar hay que citar la creación de un punto limpio en el espacio ahora ocupado por el Servicio de Limpieza, que dará servicio a los ciudadanos.

Fuente: Ayuntamiento de Valladolid.

 
José Luis Ulibarri ya es, oficialmente, nuevo presidente del Diario de León
 
La plantilla asume con mucho recelo el cambio en la presidencia ante su política laboral "de contención"

"El empresario leonés José Luis Ulibarri ha asumido la presidencia del Diario de León tras la celebración de la Junta General de Accionistas y el nombramiento del nuevo Consejo de Administración. En el transcurso de la reunión ordinaria de la Junta General, presidida por el hasta ese momento presidente del rotativo, Santiago Rey Fernández-Latorre, presentaron su dimisión los antiguos consejeros y a continuación se dio a conocer la composición del nuevo Consejo, integrado por las siguientes personas: Presidente, José Luis Ulibarri Cormenzana; consejero delegado, Miguel Manovel García; vocales, Adriana Ulibarri Fernández y María Jesús García de la Calle; secretario no consejero, Arturo Cortés de la Cruz. Ulibarri adquirió el Diario de León el pasado día 5 de marzo, a través de la empresa Begar. Cumplidos los trámites administrativos legales de tiempo y forma, ayer tuvo lugar el traspaso de poderes y de representación".
 Este comunicado, pubicado en el Diario de León en su edición de hoy, da oficialidad al cambio de propiedad en el centenario rotativo leonés. La renovación del consejo, al contrario de lo exteriorizado de forma pública, ha provocado una profunda "preocupación dentro de la plantilla" del diario, según han asegurado hoy mismo algunos de sus redactores. Estos advierten que los "antecedentes no son buenos" destacando la política laboral de "contención" de la que siempre ha hecho gala el empresario de la construcción en sus medios de comunicación (en los que priman las rotaciones de personal, los sueldos 'a la baja' y la eventualidad laboral).

http://lahoraleonesa.blogspot.com/2007/04/jos-luis-ulibarri-ya-es-oficialmente.html

José Luis Ulibarri, ¿negocios bajo sospecha?

José Luis Ulibarri, presidente del grupo Begar, podría haber obtenido dos adjudicaciones de Caja España (de seguridad y limpieza) que se realizaron por concurso gracias a sus influencias, siempre según denunció ayer el grupo de comunicación Promecal.

Se trata de sendos contratos adjudicados a las compañías Athena Seguridad y Seralia, ambas pertenecientes al grupo del empresario leonés.

En este caso, y según relata el mencionado grupo empresarial, el consejo de administración de la entidad de ahorro adjudicó hace apenas tres meses la seguridad por 2,7 millones y la limpieza de las sedes por 4,1 millones a las compañías de Ulibarri.

La adjudicación vino precedida por un informe que encargó la entidad financiera a una consultora. Curiosamente, en este texto se aconsejaba a otra empresa como responsable de la seguridad, la que venía realizando la labor hasta este momento.

Se trataba del Grupo Eulen, cuya oferta era 100.000 euros superior, pero tenía a su favor varios factores. Para empezar había desarrollado de forma satisfactoria ya esta función. Para seguir, cumplía el requisito de poseer oficinas propias en las ciudades en las que la Caja tiene sedes, imprescindible por ley.

La compañía del empresario leonés, en cambio, no las tiene, por lo que, siempre según la versión del citado grupo de comunicación, se ha visto obligada a subcontratar dicho servicio a otra compañía. Otro tanto ha sucedido con la adjudicación que se ha llevado la compañía Seralia, también perteneciente al grupo Begar, que limpiará la mayoría de sedes de Caja España.

Este no es el primer caso en el que una adjudicación al grupo de Ulibarri ha llegado hasta los medios de comunicación por su relación de amistad con el adjudicatario o los fallos en la gestión.

En lo referente a las adjudicaciones de seguridad y limpieza de Caja España, el rotativo del grupo editorial Promecal señala directamente a su íntima relación de amistad con el concejal no adscrito José María Rodríguez de Francisco, que hasta la próxima asamblea de la entidad financiera continúa siendo miembro de su Consejo de Administración.

Otra de las adjudicaciones que señala el citado grupo es la última que ha obtenido el empresario leonés. Se trata de la del proyecto y la ejecución de las obras de las nuevas instalaciones del Servicio de Limpieza en el Polígono de San Cristóbal por un total de 5,4 millones de euros, lo que produce extrañeza dado que la oferta presentada por Begar era en este caso la más cara. De hecho, superaba en un total de 300.000 euros la oferta de la siguiente concursante, Acciona, y en casi 900.000 a la más barata, en este caso Indeza.

La decisión de dar al grupo de Ulibarri la adjudicación estaba basada en criterios estéticos, pero también de funcionalidad, calidad de los materiales y del proyecto, según explica el citado grupo.

Otra adjudicación bajo sospecha, según el grupo Promecal, es la de la Casa de Colón. En esta caso concurrían tres empresas en total, pero Ulibarri consiguió ser el que realizase las obras porque el Consistorio decidió que el punto que más debía valorarse a la hora de calificar los proyectos presentados era «la fecha de entrega». La adjudicación estaba dotada con 1,5 millones de euros y se da la circunstancia de que no llegó a finalizarla a tiempo.

En lugar de imponerle la pertinente sanción por incumplimiento de la fecha prevista, en este caso la compañía de Ulibarri resultó beneficiada con el encargo de la ampliación de actividades prevista en el pliego de condiciones del concurso. Es decir, que incumplió las condiciones y se llevó una ampliación del mismo proyecto por valor de 934.397 euros, según los medios del grupo Promecal.

El presidente del Grupo Begar también aprovechó su red de amistades para introducirse en el mundo de los medios de comunicación por medio de la plataforma Retecal. Junto a Hidrocantábrico y Caja España, Ulibarri creó la plataforma y su gestión al frente de la misma la condujo a una lenta agonía. Aún así, se le señala como el único ganador del hundimiento, ya que mientras sus socios luchaban por salir bien parados, el empresario leonés resultó agraciado con una serie de licencias de Frecuencia Modulada, cargando la parte proporcional a los socios de Retecal. Los contínuos enfrentamientos con Caja España e Hidrocantábricos obligaron a vender el ente, y Ulibarri aprovechó para adquirir en propiedad una tele a precio «de saldo», según Promecal.

La rehabilitación de este complejo de 706 viviendas también ha suscitado las críticas. El proyecto, adjudicado a la compañía de Ulibarri por un montante total de 4,5 millones de euros fue comenzada en octubre de 2004 y preveía un plazo de ejecución máximo de 25 meses. Además de la disconformidad de los vecinos de Burgos, las críticas vienen dadas por el hecho de que no las va a terminar a tiempo de cumplir el plazo.

También en Valencia parece tener amigos el polémico empresario. Y entre ellos, se destaca su relación con el ex ministro de Justicia, José María Michavila, y con el empresario de la comunicación, Antonio Martín Beaumont, con el que ha agrupado en la sociedad Mediamed Comunicación Digital, seis de los adjudicatarios de licencias de TDT en esta comunidad. Dicha empresa no tiene ninguna Televisión Digital Terrestre de manera directa, pero sí a través de sus firmas asociadas.

http://www.limpieza.com/noticias_n/noticias.asp?noticias=2532

La televisión de El Semanal Digital en Valencia arranca con una gala

Eran las ocho y veinte de la tarde cuando los conductores de la gala, los conocidos presentadores Ximo Rovira y Ana Cuesta, salían a un cuidado escenario para dar la bienvenida a todos los asistentes. A partir de ese instante todo se sucedió con rapidez y expectación. María Abradelo y el director de Tele 7 en Alicante, David Lozano; Ramón Palomar; Luis Del Olmo y  el director de Informativos de Tele 7 Miguel Ángel Pastor; Julio Insa, periodista deportivo que conducirá este área en la nueva cadena, y el presidente del Valencia, Juan Bautista Soler; los creativos de la marca de la firma Engloba; el presidente de Tele 7, José Luis Ulibarri y, por último, el presidente de la Generalitat, Francisco Camps fueron los encargados de subir a un escenario que estuvo ocupado -con proyecciones incluidas- poco más de 45 minutos. Nacía así oficialmente en la Comunidad Valenciana una televisión en la que participa Elsemanaldigital.com.

Precisamente el director de este periódico, Antonio Martín Beaumont, estuvo entre los presentes. En representación del El Semanal Digital S.L. acudieron, además de nuestro director, el propio Ulibarri, presidente de Tele 7, y el miembro del Consejo de Administración Fernando Letamendía.

Y mientras tanto, como espectadores, se había dado cita el "todo" Valencia. Además de los mencionados, varios miembros del Gobierno valenciano, como su portavoz, Vicente Rambla; su titular de Sanidad, Rafael Blasco; la consejera de Bienestar Social, Alicia de Miguel o el de Territorio y Vivienda, Esteban González Pons. A ellos les acompañaba un nutrido grupo de políticos entre concejales o diputados o el secretario del Bloc Nacionalista Valencia, Enric Morera.

Todos ellos mezclados y departiendo, en un entorno debidamente cuidado con logotipos de Tele 7, con empresarios (como Enrique Ortiz), accionistas, gentes del deporte, de la cultura, la fiesta y tradiciones, del espectáculo o periodistas como la directora de Punt 2 TVV, Lola Johnson, el coordinador de producción de Canal 9 Alicante, Luis Redondo y un nutrido grupo de directores de medios de comunicación y periodistas de la Comunidad Valenciana.

En el capítulo de intervenciones, José Luis Ulibarri agradeció a los presentes su asistencia al acto e ilusionó con este nuevo proyecto televisivo de TDT comparándolo con la idiosincrasia y el dinamismo de la sociedad valenciana. Ulibarri aseguró "creer" en el proyecto, ofreció las trece televisiones, repartidas por la Comunidad Valenciana, al servicio de todos los valencianos y dio las gracias también al equipo de Tele 7 al completo, que lo ha dado todo por el proyecto.

Por su parte, el presidente de la Generalitat Valenciana, Francisco Camps -que cerró el acto-, no dudó en señalar que "Tele 7 estará al nivel de lo que la Comunidad Valenciana se merece" y dijo que tiene "una gran directora, Lourdes Reyna, a la que conozco desde hace tiempo".

Colofón final

Y al concluir los parlamentos todavía aguardaba una sorpresa a los allí presentes: una orquesta amenizaba con una sintonía compuesta para la ocasión acompañando, con una perfecta sincronización, a un espectacular despliegue de fuegos artificiales. Era el punto y seguido a una fiesta que luego se prolongó -con un cóctel y cena fría- hasta pasadas las 11 de la noche. Éxito rotundo.

http://www.elsemanaldigital.com/articulos.asp?idarticulo=64082 28.02.07

Ulibarri: las adjudicaciones al Grupo Begar que escandalizan.De socio a adjudicatario. De socio referente en Caja España con Retecal a adjudicatario de servicios

Las influencias del empresario leonés José Luis Ulibarri, presidente del Grupo Begar, le han permitido obtener dos contratos millonarios en Caja España por un importe superior a los 6,8 millones al recaer en sus sociedades los contratos de seguridad y el servicio de limpieza.

Amparado históricamente por el tránsfuga de la UPL y miembro del consejo de administración de Caja España, José María Rodríguez de Francisco, el presidente de Begar ha pasado de ser socio de referencia de la entidad financiera en la empresa Retecal a ser uno de los principales adjudicatarios de sus servicios externos.

La desastrosa gestión de Ulibarri al frente de Retecal, que llevó a sus socios Hidrocantábrico y Caja España a una situación económica insostenible al borde de la quiebra, ha sido recompensada con dos contratos que posiblemente en unos meses no se podrían haber rubricado al perder el tránsfuga de la UPL su hegemonía en la entidad con la entrada del nuevo presidente.

El penúltimo capítulo de la caja vuelve a tener a José Luis Ulibarri como protagonista. Hace apenas tres meses, y ya con el nombre de Santos Llamas como candidato de consenso para presidir Caja España, el consejo de administración adjudicó a la empresa Athena Seguridad (2,7 millones) y Seralia (4,1 millones de euros), ambas de Ulibarri, los contratos de seguridad y servicio de limpieza.

Sin embargo, la adjudicación del contrato de seguridad vino precedida por un informe de una consultora que aconsejaba al Grupo Eulen, empresa que hasta este año venía realizando los servicios, como primera opción para la renovación del mismo. Eulen presentó una oferta económica superior (100.000 euros), pero contaba a su favor que había desarrollado de forma positiva el trabajo en años anteriores y cumplía el requisito de poseer oficinas propias en las ciudades en las que Caja España tuviese sedes para depositar en sus cajas fuertes las llaves de las oficinas de la entidad financiera. Athena Seguridad carece de delegaciones en un buen número de provincias en las que desarrolla su actividad Caja España por lo que ha tenido que subcontratar el servicio.

Y en buena medida ha ocurrido igual con el servicio de limpieza que ha recaído mayoritariamente en la empresa Seralia, sociedad propiedad de José Luis Ulibarri.

También en Valladolid. Las estrechas y públicas relaciones de amistad entre el presidente de Begar y el alcalde de Valladolid, Javier León de la Riva, también han permitido a este leonés obtener frutos empresariales. El último: la adjudicación del proyecto y la ejecución de las obras de las nuevas instalaciones del Servicio de Limpieza en el Polígono de San Cristóbal por 5,4 millones, a pesar de ser la oferta más cara de las cuatro presentadas.

Pero anteriormente a esta adjudicación, el Grupo Begar tuvo que ejecutar las obras de rehabilitación de la Casa de Colón. La sociedad que preside Ulibarri fue una de las tres empresas que concurrió a la construcción del nuevo edificio. Para el fallo de la licitación, el Consistorio consideró en el pliego de condiciones como punto principal «la fecha de entrega», aspecto éste que permitió al Grupo Begar obtener la obra, pero que posteriormente no cumplió, ya que no llegó en fecha. Pese a ello ingresó 1,5 millones de euros.

Sin embargo, los favores en la ejecución de la rehabilitación de la Casa de Colón no concluyeron con la no sanción por parte del equipo de Gobierno. Begar nuevamente resultó beneficiada al recibir el encargo de rehabilitar la antigua Casa de Colón (934.397 euros) gracias a la ampliación de las actividades previstas en el pliego de condiciones del concurso que había ganado. Fue una decisión del propio León de la Riva, al aprovechar la proximidad entre las dos obras para, con un solo concurso, conceder en la práctica la ejecución de ambas a la misma empresa; cómo no, Begar, la compañía de José Luis Ulibarri.

Madrid. Las alianzas de Ulibarri en Madrid se centran en la figura del ex concejal de Vivienda del PP del Ayuntamiento Sigfrido Herráez, que abandonó el Consistorio de la capital para fichar una semana más tarde como vicepresidente en la constructora Rayet. Sorprendentemente, Rayet está ejecutando los dos proyectos más emblemáticos en el Ensanche de Vallecas, una zona que fue directamente administrada por Herráez como concejal meses antes de su salida del equipo de Gobierno. Pero ahí no terminan las casualidades. La esposa del ex edil logró la adjudicación de las obras y la gestión del nuevo hospital de Vallecas y en el Consorcio que resultó agraciado en la licitación aparece, curiosamente, como principal socio de ésta Ulibarri, ocupando además uno de los puestos directivos más importantes del mismo.

Valencia. Por su parte, en Valencia su alianza con el empresario de la comunicación y ex de Nuevas Generaciones Antonio Martín Beaumont le ha permitido conseguir agrupar en la sociedad Mediamed Comunicación Digital a seis de las adjudicaciones de licencias de Televisión Digital Terrestre de la Comunidad Valenciana, convirtiéndose así indirectamente, y por la puerta de atrás, en uno de los empresarios mediáticos con mayor peso de esta región. Sin embargo, sus intereses también están en otras regiones del Levante y este diario pronto hablará también de Murcia.

Confidenciales y otros. Ulibarri ha creado una red de desprestigio a través de confidenciales que desde el anonimato atacan a empresarios y políticos que denuncian sus particulares actuaciones. Otro ejemplo de estos procederes es Joaquín Sánchez Torné, actual director de un rotativo en la ciudad de Burgos propiedad del empresario leonés José Luis Ulibarri.

De vacaciones estivales en el yate de «mi amigo» José Luis Ulibarri

El regidor vallisoletano presume de amistad con José Luis Ulibarri. Tal es esa relación que el alcalde no duda en compartir con el constructor jornadas festivas a bordo del yate que el empresario posee. Esa estrecha vinculación también es constatable en las numerosas «consultas» que no duda en realizar a José Luis Ulibarri en cuestiones que afectan a muchas de sus decisiones públicas.

Así, entre sus grandes preocupaciones por mejorar la calidad de vida de los vallisoletanos, León de la Riva no dudó en ser uno de los pocos alcaldes de Castilla y León en solicitar una licencia de Televisión Digital Terrestre (TDT) para su municipio.

Al desconocer el funcionamiento del medio, el alcalde no dudó en invitar a su amigo José Luis Ulibarri en uno de sus múltiples encuentros de mesa y mantel a que le elaborase un informe a ‘su medida’ para que el regidor supiese qué pasos debería acometer para gestionar o adjudicar una televisión local.

De esta manera, el primer edil podrá tener a su disposición dos cadenas de ‘Televisión De la Riva Total’ municipales (TDT), una la de su amigo José Luis Ulibarri y la otra la que gestionaría directamente el alcalde de Valladolid.

Los favores al Grupo Begar no se centran exclusivamente en las adjudicaciones de obra hechas casi a la medida, sino que también están presentes, día a día, en el canal de televisión de José Luis Ulibarri, pues bien sabe que en Valladolid es el político que manda.

Único beneficiario del desastre de su gestión en Retecal

La aventura de José Luis Ulibarri junto a Hidrocantábrico y Caja España en Retecal fue la plataforma desde la que este empresario dio su particular salto a los medios de comunicación. La necesidad de crear una empresa regional de telecomunicaciones y la obligatoriedad implícita de crear una televisión bajo su tutela fue el camino aprovechado por el presidente de Begar para erigir su imperio mediático a bajo costo. Su desastrosa gestión al frente de Retecal llevó a sus socios a una situación económica insostenible que hizo imposible la continuidad en esta empresa del sector de las telecomunicaciones. Esta situación, sin embargo, no fue óbice para que Ulibarri continuara beneficiándose de sus alianzas y de ese modo seguir diseñando una televisión a su medida bajo el amparo de la gran matriz. Mientras Retecal continuaba su lenta agonía, José Luis Ulibarri aprovechó el apoyo institucional y el reparto de licencias de Frecuencias Modulada en el que resultó favorecido para continuar haciéndose un hueco en los medios de comunicación de Castilla y León. Mientras sus socios buscaban una salida a la indefendible situación de Retecal, Ulibarri diseñaba, financiaba y estructuraba su empresa audiovisual a través de Retecal, cargando la parte alícuota de los gastos a sus compañeros de aventura. Los enfrentamientos con Caja España y con Hidrocantábricos terminaron por hacer inviable la explotación de la empresa de telecomunicaciones de Castilla y León que finalmente tuvo que ser absorbida por una compañía líder en el sector como ONO y de ese modo poder garantizar su viabilidad. Durante este proceso de venta, el presidente de Televisión Castilla y León aprovechó no para continuar con el negocio de las telecomunicaciones, sino para apropiarse a precio de saldo de la televisión que él mismo había gestado en el seno de la ahora transferida Retecal.

Diario de Burgos

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