EL PP DE PABLO CASADO EN EL BANQUILLO

SITUACIÓN JUDICIAL DE 25 CASOS JUDICIALES RELACIONADOS CON EL PP

FEBRERO 2019

BÁJATE EN ESTE ENLACE EL DOCUMENTO INTEGRO EN PDF. 03.02.19

ÍNDICE

A. CONSIDERACIONES GENERALES

B. CALENDARIO JUDICIAL

C. SITUACIÓN CASOS MÁS RELEVANTES


01. CASO GÜRTEL

1.1. PS Primera Época 1999-2005
1.2. PS Caja B & Papeles de Bárcenas / Operación Kitchen
1.3. PS Jerez.
1.4. PS Aena.
1.5. PS Cantón.
1.6. PS Boadilla.
1.7. Arganda del Rey.
1.8. Blanqueo de capitales.
1.9. Trama valenciana :

- PS 1, 2 y 6. Financiación PPCV y Orange Market
- PS 3. Caso Fitur.
- PS 4. Visita Papa a Valencia.
- PS 5. Contratos con la Generalitad Valenciana / Reapertura

1.10. Destrucción ordenadores portátiles de Luis Bárcenas.
1.11. Mordida Toledana.

02. CASO PÚNICA

PS 01. Caso Talamino.
PS 02. Diputación de León.
PS 03. Comunidad de Murcia.
PS 04. Ayuntamiento de Valdemoro (urbanismo y contratación).
PS 05. Presunta contratación pública ilegal en el ámbito local.
PS 06. Cofely.
PS 07. Waiter Music.
PS 08. Francisco Granados y colaboradores.
PS 09. Trama internacional de presuntos blanqueos de capitales.
PS 10. Eico y Madiva. Reputación on line.
PS 11. Alfedel.
PS 12. 0tros Hechos (que continuarán en la Pieza principal).
PS 13. Sociedades publicas de la CM : Prisma, Arpegio y Fundación Arpegio.
PS 14. Financiación del PP de Madrid.
PS 15. Eico zona levante y CM.
PS 16. Eduardo Larraz y Consorcios urbanísticos.

03. CASO LEZO.

PS1. Expansión en Sudamérica del Canal de Isabel II (INASSA y EMISSAO)
PS2. Adjudicación, explotación y gestión de Canal Golf vinculado al CYII.
PS3. Adjudicación del Tren de Navalcarnero.
PS4. Financiación ilegal del PP de Madrid.
PS5. Blanqueo de capitales.

04. CASO FONDOS BUITRES AYUNTAMIENTO MADRID. TRIBUNAL DE CUENTAS

05. CASO ERIAL

06. CASO CIFUENTES Y SU MASTER URJC

07. CASO RATO.

08. CASO ACUAMED

09. CASO ESPÍAS COMUNIDAD DE MADRID.

10. CASO IMELSA.

11. CASO TAULA.

12. CASO EMARSA.

13. CASO BRUGAL.

14. CASO CASTELLANO / ALVIASA

15. CASO FÓRMULA 1

16. CASO PALMA ARENA

17. CASO NOVO CARTHAGO

18. CASO AUDITORIO DE PUERTO LUMBRERAS / CASO PASARELAS

19. CASO TEATRO MADRID. SENADOR JUAN SOLER

20. CASO ENREDADERA

21. CASO ESCOMBRERAS

22. CASO SERRALLO

23. CASO ÁTICO ESTEPONA

24. CASO AMAT

25. CASO EÓLICAS


A. CONSIDERACIONES GENERALES

La situación judicial del PP a 01 de febrero del 2019 es la siguiente :

- El PP es el único Partido de ámbito nacional condenado por lucrarse de una trama corrupta (sentencia 1ª Época Gürtel). Además continúa estando presente en 5 sumarios en calidad de acusado a título lucrativo, responsable civil subsidiario y/o investigado penal por blanqueo de capitales y delito electoral:

1. Caso Gürtel. PS Caja B. Papeles de Bárcenas

2. Caso Gürtel. PS Boadilla

3. Caso Destrucción discos duros de Bárcenas

4. Caso Imelsa. PS Operación Taula

5. Caso Palma Arena. PS 28.

- Las fianzas que le han sido fijadas en tres de estas 5 causas ascienden a 1.694.844€.

- Cajas B. Se ha constatado indiciariamente la existencia de diversas Cajas B regionales en Madrid, Baleares y Valencia, además de la acreditada por la sentencia de la 1ª Época de Gürtel que, según el Tribunal, habría venido funcionando durante 19 años en la sede nacional del PP.

- Operación Kitchen. Los Consejos de Ministros celebrados el 7 de diciembre del 2018 y 18 de enero del 2019 han acordado desclasificar como materia calificada con la categoría de “secreto” la documentación relativa al operativo policial denominado “Kitchen”, tal como lo solicitó el magistrado-juez de refuerzo del Juzgado Central de Instrucción Número 6. También en el primer Consejo acordó relevar del deber de secreto que afecta a los funcionarios policiales que hubieran intervenido en ese operativo para que puedan declarar como testigos o, en su caso, voluntariamente en la condición de investigados sobre cualquiera de los hechos relativos al mencionado operativo policial. Tras estos acuerdos, aunque la investigación continúa secreta, la D.G de la Policía ha confirmado por escrito a los juzgados que investigan esta PS la utilización de fondos reservados del Ministerio del Interior para contratar delincuentes, robar y destruir pruebas que podrían implicar a dirigentes nacionales del PP y al uso dado para estos fines a la Caja B que desde 1990 hasta el 2010 ha venido funcionando en la sede nacional del PP.

- Entre los investigados (imputados); procesados y/o condenados se encuentran toda la tipología posible de cargos públicos, tanto electos como designados. También están representados una amplia muestra de cargos orgánicos del PP que han formado o continúan formando parte de sus diferentes Comités Ejecutivos y Juntas Directivas. De todos ellos destacamos los siguientes :

- Ex Ministros de los Gobiernos de Aznar y de Rajoy : Alberto Ruíz Gallardón (ex Ministro de Justicia investigado por el Caso Lezo), Ana Mato (ex Ministra de Sanidad condenada por la 1ª Época del Caso Gürtel), Eduardo Zaplana (ex Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales investigado y en prisión sin fianza por el Caso Erial), Rodrigo Rato (condenado por las Tarjetas Black y procesado por el Caso Bankia), Ángel Acebes (ex Ministro de Justicia, Interior y Administraciones Públicas, procesado por el Caso Bankia) y Jaume Matas (ex Ministro de Medio Ambiente, condenado y procesado por el Caso Palma Arena).

- Ex Presidentes de CCAA : Ignacio González ( ex Pte. CM, investigado por el Cao Lezo, Caso Púnica y Caso Ático Estepona), Cristina Cifuentes (ex Pta. CM, procesada por el Caso Máster), Alberto Ruiz Gallardón (ex Pte. CM, investigado por el Caso Lezo), Eduardo Zaplana (ex Pte. de la C.Valenciana, investigado por el Caso Erial), Francisco Camps (ex Pte. de la C. Valenciana, investigado por el Caso Formula 1, visita Papa a Valencia, Gürtel PS5 Contratos a Orange Market), José Luis Olivas ( ex Pte. C.Valenciana, condenado por el Caso Bancaja), Jaume Matas (ex Pte. Baleares, condenado y procesado por el Caso Palma Arena) y Pedro Antonio Sánchez (ex Pte. Región de Murcia, procesado por los Casos Púnica y Auditorio).

- Ex Consejeros CCAA : Alberto López Viejo (condenado Caso Gürtel), Lucía Figar (investigada Caso Púnica), Salvador Victoria (investigado Caso Púnica) Ignacio Echevarría (investigado Caso Púnica); Manuel Cobo Vega (investigado Caso Lezo), Carlos Mayor Oreja (investigado Caso Lezo), Pedro Calvo Poch (investigado Caso Lezo), Paz González García (investigada Caso Lezo), Luis Blázquez Torres (investigado Caso Lezo), Pilar Martínez López (investigada Caso Lezo) Luis Peral Guerra (investigado Caso Lezo) Luis Eduardo Cortes Muñoz (investigado Caso Lezo), Alicia Moreno Espert (investigada Caso Lezo) Angélica Such, Milagrosa Martínez (condenada y en prisión por el Caso Fitur); Juan Cotino (procesado e investigado por el Caso Visita Papa a Valencia); Lola Johnson (investigada), Alicia de Miguel (investigada), Manuel Cervera, Luis Rosado (investigado), Rafael Blasco (condenado y en prisión Caso Cooperación), Serafín Castellanos (investigado); Víctor Campos (investigado); Vicente Rambla (investigado); Juan Carlos Ruiz López, Antonio Cerdá, Francisco Marqués y Joaquín Bascuñana (Murcia). Joan Flaquer, José María Rodríguez y Aina Castillo (C.A. Baleares)

- Ex Diputados autonómicos: David Serra (condenado), Ricardo Costa (condenado), Yolanda García (procesada), Cristina Ibáñez (procesada), Miguel Domínguez (procesado); Alfonso Bosch (procesado), López Viejo (condenado), Benjamín Martín Vasco (procesado), Mario Utrilla (investigado), Daniel Ortiz (investigado) y Josefa Del Olmo (investigada)

- Presidentes de Diputaciones Provinciales: Carlos Fabra, condenado (Castellón); Gabriel Amat, investigado (Almería); Joaquín Ripoll, condenado (Alicante); Alfonso Rus, investigado (Valencia) y Martín Marcos Rodríguez Barazón, procesado (León).

- Ex Altos Cargos de diferentes Administraciones Públicas: ex Secretario de Estado de Comunicación; ex Secretario de Estado de Medio Ambiente; ex Delegados del Gobierno en varias CCAA (7); ex Viceconsejeros y ex Directores Generales CCAA, etc.

- Ex Alcaldes y decenas de concejales: ex alcaldesa de Alicante, ex alcaldesa de Orihuela; ex alcalde de Murcia, ex alcalde de Granada, ex alcalde de Boadilla, ex alcalde de Majadahonda; ex alcalde de Arganda del Rey; ex alcalde Pozuelo de Alarcón; ex alcalde de Valdemoro, ex Alcalde Móstoles, etc.

- 3 ex Tesoreros Nacionales: 2 condenados por la PS 1999-2005 del Caso Gürtel, Ángel Sanchís y Luis Bárcenas y 1 (Álvaro Puerta, fallecido) procesado por la PS Caja B de la que también lo está Luis Bárcenas. También ha sido procesada por la titular del juzgado de instrucción nº 32 de Madrid la ex Tesorera y actual Gerente Nacional, Carmen Navarro por la destrucción de los discos duros de 2 ordenadores portátiles de Luis Bárcenas y además está siendo investigada por el Juzgado de Instrucción nº 18 de Valencia por su participación en un presunto delito electoral continuado (Caso Taula).

- 3 ex Gerentes Territoriales: Beltrán Gutiérrez (ex Gerente Madrid); Cristina Ibáñez (ex Gerente Valencia); Fernando Areal (ex Gerente del PP balear).

- La mayoría están siendo investigados y/o acusados por delitos relacionados con la corrupción: Asociación ilícita, delitos electorales, cohecho, falsedad, fraude a las administraciones públicas, malversación, prevaricación, estafa en concurso con falsedad en documento mercantil, contra la hacienda pública en concurso con falsedad continuada, blanqueo de capitales, tráfico de influencias, fraude, exacciones ilegales a las administraciones públicas, etc.


B) CALENDARIO JUDICIAL

01. CASO GÜRTEL

- PS AENA
. Desde el pasado 10 de diciembre 2018 se celebra el juicio oral en la Sección 2ª de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional sobre adjudicaciones presuntamente irregulares de AENA a empresas de Francisco Correa a cambio de dinero o viajes. Están en el banquillo Ángel López de la Mota, exdirector de Comunicación del ente público, José María Gavari colaborador de anterior, José Luis Izquierdo contable de la varias empresas de Gürtel y Francisco Correa. La Fiscalía Anticorrupción pide para el exdirector de Comunicación de AENA y su subordinado 8 años de cárcel, mientras que Correa e Izquierdo se enfrentan a 10 y 7 años de prisión, respectivamente. Está previsto que las sesiones finalicen 14 de febrero.

- PS Jerez. Se han fijado fechas para juicio oral que está previsto se celebre entre los meses de junio y julio del 2019. Hay 9 procesados. Se ha investigado la adjudicación de varios contratos por parte del Ayuntamiento de Jerez a empresas del entramado dirigido por Francisco Correa. El Tribunal Supremo archivó la investigación abierta contra la ex alcaldesa y diputada.

- Reapertura PS UDEF-BLA 22510. Papeles de Bárcenas. El juez De la Mata continúa practicando diligencias y llamando a declarar a nuevos testigos e imputados para aclarar las afirmaciones hechas por empresarios y comisionistas que en el juicio oral de la PS 1999-2005. La Sección 4ª de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, tras aceptar parcialmente el recurso de la Fiscalía que se oponía a la extensión de la instrucción, ha fijado la conclusión para el día 31 de diciembre de 2019.

- Reapertura PS UDEF-BLA 22510. Papeles de Bárcenas y la Operación Kitchen. El juez De la Mata ha solicitado y recibido del JCI nº 6 , del Ministerio del Interior y del periódico “El Mundo” los primeros informes y documentos de PS 7 Operación Kitchen que forma parte de las DP 96/17 Tándem que se instruyen el JCI nº 6 AN.

- Reapertura PS 5. Adjudicación contratos de la Generalitad Valenciana a Orange Market. A instancias de la Fiscalía Anticorrupción se ha reabierto esta PS a la vista de las declaraciones que varios condenados realizaron en el juicio PS 1-2 y 6 sobre financiación irregular del PPCV. El juez De la Mata ha llamado a declarar en calidad de investigado para, entre otros, a Francisco Camps, ex Presidente de la Generalitad Valenciana y como testigos a Ricardo Costa.

- PS Arganda del Rey. Tras firmar el pasado 9 de enero el auto de trasformación en PA el juez de la Mata ha dado a las partes 20 días para presentar los escritos de acusación contra los 20 procesados. Se investigan la adjudicación de numerosos contratos a empresas relacionadas con los responsables de la trama Gürtel. Por su cuantía tiene especial interés las irregularidades en la venta por parte de la EMS a la constructora Martinsa de la parcela 124 que ha generado importantes plusvalías y 25 millones de € comisiones a favor de Francisco Correa.

- Mordida Toledana. Tras su archivo provisional por un juez de Toledo es probable que en las próximas semanas la Audiencia Provincial de Toledo se pronuncie sobre los recursos de apelación que han registrado las acusaciones populares. Como novedad destaca que entre los papeles conocidos a través de la “Operación Kitchen” y que supuestamente fueron robados a Luis Bárcenas aparecen extractos de su agenda con nuevos datos relacionados con este caso

- PS Primera Época 1999-2005. Tras hacerse publica la sentencia la mayoría de las defensas de los condenados, incluido el PP, han presentado recursos de casación ante el Tribunal Supremo. La fiscalía también ha presentado recurso solicitando un importante incremento de las penas.

- PS 1-2-6. Financiación PPCV. Tras hacerse publica el 11 de junio del 2018 la sentencia por la que se condena a 18 de los 19 acusados al considerar acreditada su participación en la financiación ilegal de las citadas campañas electorales del Partido Popular de la Comunidad Valenciana (PPCV), varios condenados han anunciado recursos de apelación ante la Audiencia Nacional.

- Destrucción discos duros Bárcenas. Se ha fijado fecha de inicio de juicio el 9 de abril. Se celebrará en el juzgado de instrucción nº 31 de Madrid. Se da la circunstancia que en fechas recientes ha tomado posesión como Presidente de la Audiencia Provincial el magistrado Juan Pablo González que en su momento fue recusado por su compañeros de la Sala de lo Penal de La Audiencia Nacional por sus vinculaciones con el PP.

02. CASO PÚNICA

- En un plazo breve el juez García Castellón tiene previsto reordenar el número de PS delimitando el contenido de cada una de ellas así como las personas que están siendo investigadas.

- Tras continuar las declaraciones de varios investigados y testigos, se han tomado declaración a petición de los interesados a los principales cabecillas de esta trama: David Marjaliza y Francisco Granados. El primero ha seguido aportando indicios incriminatorios contra varios acusados y otros que aún no lo están. El segundo, ex Secretario General del PP de Madrid, ha vinculado a tres ex Presidentes del PP de Madrid, Esperanza Aguirre, Ignacio González y a Cristina Cifuentes, con una Caja B del PP madrileño.

- Dos empresarios, Daniel Mercado (Over Marketing) y José Luis López Huerta (Waiter Music) han aportado nuevos indicios de pagos en B por parte de dirigentes del PP de Madrid implicando a varios Alcaldes de este Partido.

- También tendrá que decidir si llama a declarar a Eduardo Zaplana por sus vinculaciones con la “PS 10 Eico y Madiva sobre reputación on line” tras ser acusado por la UCO de un delito de tráfico de influencias en relación con el Ayuntamiento de Madrid durante la etapa de Ana Botella como alcaldesa.

- Financiación PP Madrid (PS 14). Tras integrar en esta pieza las actuaciones que se había llevado a cabo en la PS 4 del Caso Lezo, el juez tiene que decidir si llama a declarar a varios ex dirigentes del PP (Esperanza Aguirre e Ignacio González) así como al resto de los miembros del Comité de Expertos que adjudicaron la gestión durante los años 2009 y 2011 de la cafetería de la Asamblea de Madrid al empresario Arturo Fernández. Según la UCO, Cristina Cifuentes que presidió ambos comités, habría cometido los delitos de prevaricación y cohecho.

- En cuanto a otros aforados deberá resolver si eleva o no exposiciones motivadas al TSJCM y al Tribunal Supremo para que se investiguen a David Pérez, (alcalde de Alcorcón y Diputado Asamblea de Madrid), Bartolomé González (diputado en la Asamblea de Madrid y ex alcalde Alcalá de Henares por sus vinculaciones con Cofely), a Juan Soler (senador territorial y ex alcalde de Getafe en relación a las adjudicaciones del Consorcio Urbanístico de este municipio) y a Jaime González Taboada (senador territorial, ex Consejero de Medio Ambiente y D.G de Cooperación Local de la CM en relación a las adjudicaciones del Plan Prisma).

- PS Arpegio. Sobre las irregularidades cometidas en las adjudicaciones del Plan Prisma y a la vista de los avances en la instrucción es previsible que el juez dicte en los próximos meses auto de transformación.

- PS Waiter Music. Tras varias declaraciones voluntarias en sede judicial de su propietario José Luis López Huerta es probable que sean llamados en calidad de investigados varios ex alcaldes y ex concejales que pudieron beneficiarse de comisiones y dádivas de este empresario de festejos por haberle adjudicado contratos en sus respectivos municipios.

03. CASO LEZO

- Compra INASSA. Continúa la investigación tras tomar declaración a la practica totalidad de los ex consejeros del Canal de Isabel II, a altos ejecutivos que participaron en el año 2003 en la compra de esta empresa colombiana, y a la practica totalidad de los asistentes al Consejo de Gobierno de la CM, celebrado el 29 de noviembre del 2001, incluido su Presidente Alberto Ruiz Gallardón. Estos últimos en calidad de investigados. Se les acusa de un delito de malversación de caudales públicos. Por el momento ha dejado fuera a José Ignacio Echaniz, ex Consejero de Sanidad y en la actualidad aforado por su condición de diputado al Congreso. También ha tomado declaración como testigos a todos los que entonces eran Secretarios Generales Técnicos de las Consejerías.

- Sobre el resto de las PS deberán continuar las diligencias a lo largo del 2019, si bien la relativa al “Tren de Navalcarnero” y “Campo de Golf del Canal” las investigaciones están muy avanzadas. En esta última PS no hay que descartar que finalmente acabe declarando como testigo / investigada Esperanza Aguirre, ex Presidenta del PP de Madrid y ex Presidenta de la CM en el momento de los hechos.

04. OTRAS FECHAS DE REFERENCIA.

Caso Espías CM. El juicio oral con jurado popular está previsto comience el 4 de febrero y finalice el 22 de febrero del 2019. Según el auto de apertura están procesados “Miguel Castaño Grande, Sergio Gamón Serrano, José Luis Caro Vinagre, Antonio Coronado Martínez, José Oreja Sánchez y José Manuel Pinto Serrano, en su condición de funcionario públicos, prestaron sus servicios en la Dirección General de Seguridad de la Comunidad de Madrid, y procedieron durante los meses de marzo, abril y mayo de 2008 a realizar seguimientos a terceras personas, actividad que no estaba dentro de su trabajo, utilizando para ello y dentro de su jornada laboral, medios (coches, teléfonos ... ) que la Comunidad de Madrid ponía a su disposición para el ejercicio de sus cargos, destinando, en consecuencia, esos medios, y el coste que suponían, a actividades ajenas a sus respectivos trabajos”. Esté previsto que vayan como testigos, entre otros, Esperanza Aguirre, Ignacio González y Francisco Granados.

Caso Master Cifuentes. Tras perder su condición de aforada ha declarado como investigada ante el juzgado de instrucción número 51 de Madrid el pasado 23 de julio por los presuntos delitos de falsificación de documento público y cohecho. El 28 de noviembre la jueza Medel ha firmado un auto de procesamiento el que acusa a Cifuentes de un delito de falsedad documental relacionado con la falsificación del acta de defensa del trabajo de fin de master de la ex Presidenta de la CM.

Caso Bankia. Desde el 26 de noviembre del 2018 se está celebrado juicio oral en la Sección 4ª de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional presidida por la juez Ángela Murillo. Está previsto se celebren 80 sesiones que finalizarían en el próximo mes de junio.

B. SITUACIÓN CASOS MÁS RELEVANTES

01. CASO GÜRTEL

Tras 11 años desde que se iniciara la investigación, además de la causa principal, el sumario está formado por 12 Piezas Separadas que se están instruyendo o juzgando en la Audiencia Nacional (Juzgado Central de Instrucción nº 5; Sección 2ª de la Sala de lo Penal y Juzgado Central de lo Penal). En estos momentos hay 170 investigados y procesados.

En cuanto a cada una de las PS la situación es la siguiente:

2.1. PS Primera Época 1999-2005. Ha sido instruida por el Juzgado Central de Instrucción nº 5, cuyo titular entonces era el juez Pablo Ruz. El juicio comenzó el 4 de octubre del 2016 y quedó visto para sentencia el 17 de noviembre del 2017.

La sentencia hecha publica el pasado 24 de mayo condena a 29 de los 37 acusados mientras que absuelve a los otros ocho procesados, entre ellos Álvaro Pérez. En esta primera sentencia que dicta la Audiencia Nacional en relación con la trama Gürtel, los jueces consideran que los acusados cometieron delitos de asociación ilícita, fraude a la administración pública, cohecho (activo y pasivo), falsedad en documento mercantil, malversación de caudales públicos, prevaricación, blanqueo de capitales, delitos contra la hacienda pública, tráfico de influencias, apropiación indebida, exacciones ilegales o estafa procesal intentada.

La resolución impone la pena más alta, de 51 años y 11 meses de cárcel, al líder de la trama, Francisco Correa, mientras que a su considerado número dos, Pablo Crespo, le condena a 37 años y medio. El extesorero del PP Luis Bárcenas es condenado a 33 años y 4 meses de prisión y multas por más de 44 millones de euros. A su mujer, Rosalía Iglesias, la Audiencia le impone una pena de 15 años y 1 mes. Por su parte, la ex mujer de Correa, Carmen Rodríguez Quijano, resulta condenada a 14 años y 8 meses de cárcel. Otras de las condenas más elevadas son las del exalcalde de Majadahonda Guillermo Ortega, penado con 38 años y 3 meses de cárcel; la del exconsejero madrileño Alberto López Viejo, con 31 años y 9 meses; la del contable del entramado, José Luis Izquierdo, de 17 años y 7 meses; o la del exalcalde de Pozuelo Jesús Sepúlveda, de 14 años y 4 meses, entre otras.

El tribunal considera acreditado que durante esos años entre el Grupo Correa y el Partido Popular se tejió en esos territorios una estructura de colaboración estable y consistente en prestación de múltiples y continuos servicios relativos a viajes, organización de eventos, dentro de la normal actividad de dicho partido político. Pero además, según la Sala, se creó “en paralelo un auténtico y eficaz sistema de corrupción institucional a través de mecanismos de manipulación de la contratación pública central, autonómica, y local a través de su estrecha y continua relación con influyentes militantes de dicho partido, aquí enjuiciados, que tenían posibilidades de influir en los procedimientos de toma de decisión en la contratación pública de determinados entes y organismos públicos que dirigían o controlaban directamente a través de terceras personas”.

La sentencia relata cómo las empresas de Correa u otras empresas terceras elegidas, con el apoyo de los cargos públicos condenados, gozaban de un arbitrario trato de favor en la contratación pública. Inflaban precios que se cobraban de las distintas administraciones públicas afectadas, con la finalidad buscada de la obtención ilícita de importantes beneficios a costa del erario público, “o bien comisiones cuando la adjudicataria eran terceras empresas, que luego se repartían entre el Grupo Correa y las autoridades o cargos públicos electos o designados corruptos, que recibían cantidades de dinero en metálico, pero también otro tipo de servicios o regalos prestados por diferentes empresas de esta trama, como eventos, viajes, fiestas, celebraciones, etc. De las que en algunos casos se beneficiaron también sus familiares”.

Otras cantidades detraídas, según los jueces, sirvieron directamente para pagar gastos electorales o similares del Partido Popular o fueron a parar como donaciones finalistas a la llamada “Caja B” del partido, consistente “en una estructura financiera y contable paralela a la oficial existente al menos desde el año 1989, cuyas partidas se anotaban informalmente, en ocasiones en simples hojas manuscritas como las correspondientes al acusado Bárcenas, en las que se hacían constar ingresos y gastos del partido o en otros casos cantidades entregadas a personas miembros relevantes del partido, si bien estos últimos aspectos que se describen lo son únicamente para precisar el contexto en el que se imbrican los hechos objeto de este enjuiciamiento, pero quedando fuera de su ámbito de conocimiento”.

Dentro del entramado de empresas que Francisco Correa crea a su alrededor en lo que la sentencia denomina “un auténtico sistema de defraudación del erario público”, Luis Bárcenas era una pieza fundamental porque con su presencia, desde dentro del partido, podía acercarse a quien en cada caso convenía para conseguir la adjudicación correspondiente, “de cuya ejecución se incrementaba en la cuota fijada, que luego se repartía entre quien tenía relación en ella, y del que el propio partido recibía su correspondiente beneficio”. La Sala considera acreditado que Bárcenas nutrió sus cuentas de Suiza “con fondos provenientes de comisiones que recibió por su gestión e intermediación, aprovechándose de los cargos públicos que ostentó, en contrataciones públicas irregularmente adjudicadas”.

La sentencia detalla múltiples viajes y otros servicios organizados por la agencia Pasadena Viajes, regalos de coches, relojes, o eventos familiares en algún caso. Las comisiones se maquillaban mediante la emisión de facturas ficticias o por importes superiores. Por ejemplo, a Sepúlveda, la agencia Pasadena viajes le sufragó en viajes y servicios turísticos de la familia 50.332 euros. Y 4.500 euros de eventos familiares.

La sentencia rechaza una a una todas las peticiones de nulidad planteadas por las defensas. Entre éstas, la petición de que se declararan nulas las grabaciones realizadas por el ex concejal de Majadahonda José Luis Peñas.

El tribunal concluye que el PP debe ser condenado como partícipe a título lucrativo por los actos electorales que sufragaron las empresas del grupo Correa en las localidades madrileñas de Majadahonda y Pozuelo cuando Guillermo Ortega y Jesús Sepúlveda eran candidatos a esas alcaldías. La Sala explica que concurren todos los requisitos del responsable a título lucrativo, en tanto que los actos delictivos descritos en la sentencia, “produjeron beneficios económicos cuantificables al Partido Popular, consistentes en la financiación ilegal de actividades y diversos actos políticos realizados en campañas y precampañas electorales para sus candidatos, que de otra manera hubieran tenido que ser sufragados directamente con recursos económicos propios del partido político en cuestión”.

El PP deberá abonar 133.628,48 euros por los actos llevados a cabo en Majadahonda y 111.864,32 euros por los de Pozuelo, al haberse constatado que se produjo un enriquecimiento ilícito en perjuicio de los intereses del Estado, generándose una obligación civil de devolución. El tribunal explica que es el PP nacional y no su grupo municipal el que debe responder. “Por tanto, la persona, en este caso jurídica, conocedor del destino de los fondos recibidos y beneficiada de la actividad ilícita desarrollada por Francisco Correa fue el Partido Popular no el grupo municipal, grupo municipal que según declaró ante el Tribunal el testigo Pío García Escudero en campaña electoral está vacío de contenido dado que hay una serie de candidatos que aspiran a ser alcaldes y concejales; el testigo Ricardo Romero de Tejada lo confirmó ante el Tribunal: “era el Partido Popular quien debía sufragar los gastos y no el grupo municipal”. Por tanto, es el Partido Popular, dice la sentencia, quien ostenta un único NIF en el tráfico jurídico y quien resulta obligado al resarcimiento del daño.

La Sala también condena a Ana Mato como partícipe a título lucrativo en la cuantía de 27.857,53 euros por los viajes y otros servicios que el Grupo Correa ofreció a su familia. El tribunal recuerda que en la época de aquellas dádivas Ana Mato estaba casada en régimen de gananciales con Jesús Sepúlveda y por tanto esos gastos abonados por los condenados debían correr a cargo de la sociedad de gananciales “ parece evidente – señala la sentencia- que si la señora Mato realiza unos viajes y recibe unos servicios que no abona, está obteniendo un beneficio en la parte o cuota que debiera corresponderle sufragar como miembro de la sociedad conyugal, por lo que, en la medida que supone un enriquecimiento sin causa, como decíamos arriba, viene obligada a restituir aquello en que se ha beneficiado”.

Por último, en relación con la Caja B y el testimonio de Rajoy y otros dirigentes del PP, el Tribunal establece que “ la existencia de la caja o bolsa de la que se apodera del dinero LUIS BÁRCENAS, es algo que queda debidamente acreditado (…) Como prueba testifical relevante, el MF señala que algunas de las personas que aparecen como perceptoras de algunos cobros: Jaime Ignacio del Burgo, Santiago Abascal y Luis Fraga, han reconocido haber recibido esas cantidades. Sin embargo, lo han negado otros testigos comparecientes: Sres. Arenas, Álvarez Cascos, García Escudero, Rajoy, etc., que afirman la falta de credibilidad de dichos papeles y niegan la existencia una Caja B en el partido. Sin embargo, el MF rebate la veracidad de dichos testimonios, al indicar, - argumentación que comparte el tribunal, que debemos tomar en consideración, a la hora de valorar estas testificales-, lo que significaría reconocer haber recibido estas cantidades, en cuanto que supondría reconocer la percepción de pagos opacos para la Hacienda Pública, que si bien entiende que no son delictivos, pudieran ser considerados por los testigos como merecedores de un reproche social, como también que en caso de reconocer estas percepciones vendrían a admitir la existencia de una “Caja B” en el seno de una formación política a la que pertenecen o han pertenecido; por lo que se pone en cuestión la credibilidad de estos testigos, cuyo testimonio no aparece como suficiente verosímil para rebatir la contundente prueba existente sobre la Caja B del partido. En palabras del MF: “no son suficientemente creíbles estos testigos para rebatir dicha contundente prueba”.

Es más, algunos de estos testigos como el Sr. Arenas o García Escudero, vinieron indirectamente incluso a confirmar algunos de los apuntes de la Caja B. En concreto, en relación con una cena del año 2008 de Álvaro Lapuerta y de un regalo. Es decir, dieron detalles de lo que aparecía reflejado en este apunte de la Caja B del partido. Por otra parte, aunque se mantenga que las donaciones con que se nutría esta caja B no tenían carácter finalista, hay prueba que acredita lo contrario, como la que encontramos en los informes de la UDEF 22.510/13, de 06/03/2013 y 32.640/14, de 03/04/2014, ratificados ambos en las sesiones del día 05/07/2017”.

Por último, la practica totalidad de los condenados (PP, Ana Mato, Bárcenas, etc.) han presentado recursos de casación ante el Tribunal Supremo.

2.2. PS Caja B & Papeles de Bárcenas. Ha sido instruida por el Juzgado Central de Instrucción nº 5, cuyo titular era el juez Pablo Ruz. Son 6 los procesados más el PP y la empresa UNIFICA encargada de reformar la sede nacional del PP. A ambos se les considera responsables civiles subsidiarios. En el caso del PP en concepto de responsabilidad civil subsidiaria se le ha fijado una cuantía de 1.245.154,18€. que han tenido que depositar después de que los procesados no hayan satisfecho sus fianzas íntegramente por los delitos fiscales que están acusados. En concreto, para Lapuerta y Bárcenas, la garantía es de 8,98 millones de euros, para Cristóbal Páez, de 7,44 millones y para el arquitecto Gonzalo Urquijo, propietario de Unifica, 6,15 millones.

Según los hechos descritos en el auto de apertura de juicio oral se constata:

1. La existencia y funcionamiento de una Caja B en el Partido Popular

2. La utilización de fondos del PP ajenos al circuito económico legal para la retribución de parte de los trabajos de remodelación de las distintas plantas de la sede central de la formación política, ubicada en el inmueble sito en la calle Génova, ejecutados por la mercantil Unifica Servicios integrales S.l. para el Partido Popular entre 2005 y 2010.

3. Que el Partido Popular no ha declarado por el impuesto de sociedades 2008.

4. La apropiación por parte del gerente y del tesorero nacional de recursos propios de su formación política, integrados en la Caja B del propio Partido.

Tras consultar la Sección 2ª, encargada del juicio oral, al juez De la Mata por si hubiera algún conflicto entre la reapertura que está instruyendo y la celebración del juicio, el magistrado ha respondido que por su parte puede celebrarse cuando lo estime conveniente la Sala. Se está a la espera que se fijen las fechas para su celebración. La Sala estará formada por:

MARÍA JOSÉ RODRÍGUEZ DUPLÁ (Presidenta)
• MARÍA RIERA OCÁRIZ (Vocal)
• FERNANDO ANDRÉU MERELLES (Ponente)


Luis Bárcenas ha presentado escrito de recusación contra el juez Andréu por considerar que mantiene una relación de amistad con el ex juez Garzón.

Reapertura PS UDEF- BLA Papeles de Bárcenas / Operación Kitchen

Tras haberse cerrado la instrucción en octubre del 2016 y gracias a las declaraciones realizadas en la PS 1999-2005 por los procesados Francisco Correa y el empresario Alfonso García Pozuelo (Constructora Hispánica) en las que se involucran a grandes constructoras de pagar comisiones al PP nacional, y solicitarlo 2 acusaciones, en febrero del 2017 el juez De la Mata ha reabierto la “Pieza Separada UDEF-BLA nº 22.510/13”. Hasta el momento han sido llamados a declarar como investigados:

• Alfonso García Pozuelo. Empresario. Se negó a declarar.
• Francisco Correa Sánchez. Responsable trama Gürtel. Se negó a declarar.
• Plácido Vázquez. Comisionista. Se negó a declarar.
• Rafael Palencia Marroquín. Ex Presidente de Degremont Ibérica.
• Ángel Salado. Testigo. Ex presidente y DG de Degremont Iberia.
• Jaime Montaner Roselló Testigo. Alto ejecutivo de Degremont Ibérica.
• Jesús Tavallo García. Testigo. Director financiero de Degremont Ibérica.
• José Manuel del Castillo. Testigo. Presidente de Degremont Ibérica.
• María Paz González García. Testigo. Viceconsejera de Medio Ambiente CM.

Asimismo, tras solicitarlo IU, ha recibido del JCI nº 6 de la AN los audios y transcripciones de diferentes grabaciones que se están investigando en el Caso Lezo relacionadas con la financiación irregular del PP y un supuesto chantaje a Mariano Rajoy. Consecuencia de ello también ha tomado declaración como testigos a:

• Ignacio GONZÁLEZ. Ex Pte. de la CM
• Eduardo ZAPLANA. Ex Pte. de la Generalitad Valenciana y ex Ministro de Trabajo
• Idelfonso DE MIGUEL. Ex Gerente Canal Isabel II
• Javier LÓPEZ MADRID. Empresario. OHL
• Ignacio LÓPEZ GALIACHO
• Pedro CATALINA.
• Javier HORCAJO.
• Luis Vicente MORO. Ex Delegado del Gobierno en Ceuta
• Guillermo ORTEGA. Ex alcalde de Majadahonda
• Julio ARIZA. Propietario de Íntereconomía

En el mes de julio del 2018 ha tomado declaración como investigado a Vicente Cotino Escrivá que se ha negado a declarar y como testigos a :

• José Luis MONTESINOS DOMINGO. Director General de Constructora Hispánica
• Alfonso HERNÁNDEZ ESCRIBANO. Director de Servicios Corporativos y Secretario General del Consejo de Constructora Hispánica
• Carmen RODRÍGUEZ FLORES. Ex diputada y amiga personal de Álvaro Lapuerta.
• Ricardo COSTA CLIMENT. Ex Secretario General del PPCV. Ha presentado una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción el que manifiesta su intención de colaborar con la investigación en varias causas PS con Gürtel así como en otras investigaciones abiertas en Valencia (Caso Formula 1) . Ha solicitado medidas de protección por sentirse amenazado.
• Arturo GONZÁLEZ PANERO. A petición propia. Ex alcalde de Boadilla del Monte (Madrid). Cancelada
Finalmente en noviembre del 2018 ha tomado declaración como investigado a
• David MARJALIZA VILLASEÑOR 27.11.18
Y en calidad de testigos a los siguientes :
• Arturo GONZÁLEZ PANERO. A petición propia. 28.11.18. En su declaración ha implicado como conocedor de la trama Gürtel a Juan Manuel Moreno Bonilla, Presidente del PP de Andalucía y candidato a la Presidencia de la Junta de Andalucía.
• José FERNÁNDEZ BONET 29.11.18
• Cristina IBÁÑEZ VIDAL 29.11.18
• Álvaro PÉREZ ALONSO 30.11.18

Por último, De la Mata ha practicado, entre otras las siguientes diligencias:

1. Librar exhorto al Juzgado Central de Instrucción número 6 a fin de que remita testimonio de la declaración de David MARJALIZA VILLASEÑOR realizada en las DP 85/2014, el día 12.07.2018
2. Librar exhorto al Juzgado Central de Instrucción número 6 a fin de que remita testimonio de la declaración prestada el 25.04.2017 por Ildefonso de Miguel en las DP 91/2016 (Caso Lezo)
2. Librar exhorto a la Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional a fin de que remita testimonio de la declaración prestada el 17.11.2017 por Francisco Correa ejerciendo el derecho de última palabra.
3. Librar exhorto a la Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, para que remita copia del video de la declaración de Guillermo ORTEGA de 20.12.2016.
4. Exhorto al Juzgado Central de lo Penal de la Audiencia Nacional (PS 1-2-6 sobre financiación irregular PPCV y Orange Market) a fin de que envíe, copia de las declaraciones prestadas por los acusados Francisco CORREA SÁNCHEZ (16.01.2018), Álvaro PEREZ ALONSO (19.01.2018), Pablo CRESPO SABARIS (19.01.2018) y Ricardo COSTA CLIMENT (24.01.2018).

Operación Kitchen

Aunque esta investigación forma parte de la PS 7 de las “DP 96/17 Tándem” que se instruyen el Juzgado Central de Instrucción nº 6, el juez De la Mata a la vista de las informaciones que se iban conociendo de la PS 7 y que podían afectar a la investigación que está llevando a cabo sobre el presunto delito de cohecho cometido por varios empresarios relacionados con la Caja B del PP, ha decidido por auto de fecha 11 de noviembre 2018 practicar las siguientes diligencias:

1.- Dirigir requerimiento a la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior a fin de que, a la máxima urgencia, elabore y remita a este Juzgado informe completo relativo a la denominada operación KITCHEN, en particular en lo relativo a sus objetivos, preparación, aprobación, ejecución, reporte, supervisión y control, etc., detallando las identidades de todas las personas que hayan participado en la misma y la de sus últimos responsables, con expresión de sus tareas y responsabilidades. El informe deberá ir acompañado de toda la documentación generada y/u obtenida durante su desarrollo (oficios, informes, notas de servicio, y cualesquiera documentos incautados o recibidos, en cualquier soporte y por cualquier vía}.

2.- Requerir al medio informativo (EL MUNDO), a través de su Director, así como al profesional de la información que suscribe la pieza periodística indicada en los antecedentes, a fin de que ponga a disposición de este Juzgado, toda la documentación que tenga a su disposición, relativa a la denominada operación KITCHEN, que resulta mencionada en el artículo referido.

Tras estas primeras diligencias, el 5 de diciembre De la Mata acuerda las siguientes:

1.- Citar a declarar en calidad de personas investigadas a Luis BÁRCENAS GUTIÉRREZ y Rosalía IGLESIAS VILLAR, (21.12.18).

2.- Denegar, por el momento, la solicitud de la acusación popular IU y otros, sin perjuicio del resultado de la investigación de la causa, la citación de Ignacio LÓPEZ DEL HIERRO y de María Dolores DE COSPEDAL GARCIA y los requerimientos solicitados al portal Moncloa.com.

3.- Dar traslado a la UDEF, del conjunto documental aportado por el periódico "EL MUNDO", a fin de que proceda a su análisis e integración con los datos e informaciones disponibles hasta la fecha en la causa.

4.- Librar exhorto al Juzgado Central de Instrucción número 6 a fin de que le remita testimonio de los oficios, UAI 12.560/18 y UAI 12.696, de 29.10.2018 y 16.11.2018, remitidos a ese Juzgado por la UAI, así como de cualesquiera otras informaciones o documentos obrante en la causa relacionados con la operación KITCHEN, y en particular de la documentación que obre en la causa que haya sido generada y/u obtenida durante su desarrollo (oficios, informes, notas de servicio, y cualesquiera documentos incautados o recibidos, en cualquier soporte y por cualquier vía). La información obtenida se conservará en Pieza Separada reservada y secreta, en tanto se mantenga la declaración de secreto de dichas diligencias por parte del Juzgado Central de Instrucción número 6, al que se solicitará en el exhorto atentamente que comunique a este Juzgado el momento en que se produzca el fin de esta circunstancia.

5.- Librar oficio a la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior, reiterando el anterior y requiriendo de nuevo a fin de que, de modo inmediato, proceda a enviar a este Juzgado el informe completo que ha sido requerido sobre los objetivos, preparación, aprobación, ejecución, reporte, supervisión y control, etc., de la Operación KITCHEN desarrollada en la DGP, detallando las identidades de todas las personas que hayan participado en la misma y la de sus últimos responsables, con expresión de sus tareas y responsabilidades. El informe deberá ir acompañado de toda la documentación generada y/u obtenida durante su desarrollo (oficios, informes, notas de servicio, y cualesquiera documentos incautados o recibidos, en cualquier soporte y por cualquier vía), en todo lo que no resulte directamente afectado por la "parte de la información relativa a dicha operación" que pudiera verse afectada por el régimen jurídico establecido en las Leyes 9/1968 y 11/1995.

6.- Proceder, en resolución aparte, a solicitar la desclasificación oficial de la información y documentación relativa a la operación KITCHEN que pueda estar afectada por las Leyes 9/1968 y 11/1995.

En las DP 96/17 se investigan los negocios del comisario jubilado Villarejo, actualmente en prisión, y por los que está acusado de los presuntos delitos de organización criminal, blanqueo de capitales, cohecho, extorsión y revelación de secretos. Entre las diligencias acordadas destaca la solicitud al Consejo de Ministros, cursada el pasado 23 de noviembre, para que desclasificara toda la información de la “Operación Kitchen” que presuntamente se puso en marcha para conseguir información sensible que el extesorero del PP Luis Bárcenas habría sustraído del partido cuando le despidieron. Por su parte, el Consejo de Ministros celebrado el 7 de diciembre del 2018 acordó atender la solicitud del juez desclasificando como materia calificada con la categoría de “secreto” la documentación relativa al operativo policial denominado “Kitchen” y asimismo relevar del deber de secreto que afecta a los funcionarios policiales que hubieran intervenido en ese operativo para que puedan declarar como testigos o, en su caso, voluntariamente en la condición de investigados sobre cualquiera de los hechos relativos al mencionado operativo policial. Tras este acuerdo, aunque la investigación continúa secreta, la D.G de la Policía ha confirmado por escrito a los juzgados afectados que investigan esta PS la utilización de fondos reservados del Ministerio del Interior para contratar delincuentes, robar y destruir pruebas que podrían implicar a dirigentes nacionales del PP y al uso dado para estos fines a Caja B.

2.3. PS Jerez. Ha sido instruida por el Juzgado Central de Instrucción nº 5, cuyo titular es el juez José de la Mata. Tras decretarse apertura de juicio oral se han fijado fechas para el juicio que está previsto se celebre entre los meses de junio y julio 2019. Hay 9 procesados. Se ha investigado la adjudicación de varios contratos por parte del Ayuntamiento de Jerez a empresas del entramado dirigido por Francisco Correa. La investigación del Tribunal Supremo a María José García Pelayo, ex alcaldesa y diputada electa por Cádiz, ha sido archivada provisionalmente por el instructor sin que su decisión haya sido recurrida por el MF.

2.4. PS AENA. Ha sido instruida por el Juzgado Central de Instrucción nº 5, cuyo titular es el juez José de la Mata. Desde el pasado 10 de diciembre 2018 se celebra el juicio oral en la Sección 2ª de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional sobre adjudicaciones presuntamente irregulares de AENA a empresas de Francisco Correa a cambio de dinero o viajes. Están en el banquillo Ángel López de la Mota, exdirector de Comunicación del ente público, José María Gavari colaborador de anterior, José Luis Izquierdo contable de la varias empresas de Gürtel y Francisco Correa. La Fiscalía Anticorrupción pide para el exdirector de Comunicación de AENA y su subordinado 8 años de cárcel, mientras que Correa e Izquierdo se enfrentan a 10 y 7 años de prisión, respectivamente. Está previsto que las sesiones finalicen 14 de febrero. Entre los testigos que han declarado se encuentra Francisco Álvarez Cascos, Ministro de Fomento en el momento de los hechos.

2.5. PS Cantón. El juez De la Mata, a petición de la Fiscalía, ha abierto una investigación para determinar si el Banco Pastor, ahora integrado en el Banco Popular que a su vez ha sido comprado recientemente por el Banco de Santander, sirvió como “puente” para que más de 400 personas movieran un volumen de fondos total de 1.232 millones de euros a través de entradas y salidas en las sociedades Belfast Link, domiciliada en Uruguay, y Eves, radicada en Argentina. El magistrado acuerda también enviar una comisión rogatoria a las autoridades de Argentina y Uruguay para que éstas informen si las sociedades Belfast Link SA y Eves SA, "están o han estado inmersas en algún tipo de actividad delictiva previa, o si existen sospechas de que han podido blanquear fondos de procedencia delictiva".

2.6. PS Boadilla. El 29 de junio del 2016 el juez De la Mata ha acordado la apertura de juicio oral sobre las actividades ilícitas cometidas en el Ayto. de Boadilla del Monte durante los años 2001 a 2009 por el grupo de Francisco Correa. En su auto procesa a 27 investigados, declara la responsabilidad civil de 11 sociedades mercantiles y al PP como partícipe a título lucrativo "consiguiendo que las empresas de la organización abonaran los costes de los distintos actos políticos organizados por y para el partido" y que se cifran en un total de 204.198,54 euros.

Les impone fianzas que suman un total superior a los 150 millones de euros en concepto de multas y responsabilidad civil, a lo que se suma el tercio establecido por ley. Las fianzas más altas corresponden a Correa, con más de 32 millones de euros; Crespo, con casi 24 millones, y González Panero, con 23,6 millones.
 

El entramado estaría integrado por Pablo Crespo Sabaris de modo permanente desde el año 2002; José Galeote Rodríguez durante al menos los años 2001 a 2003; Arturo González Panero y César Tomás Martín Morales desde su creación y Alfonso Bosch Tejedor, desde su nombramiento como Gerente de la EMSV en 2003.

Los integrantes del grupo habrían percibido comisiones que habrían ascendido, como mínimo, en el caso de Francisco Correa a 2.702.315,59 €; Pablo Crespo a 593.000 €; José Galeote a 557.609,9 €; Arturo González Panero a 1.800.000 €; Tomás Martín Morales a 1.327.235,5 € y Alfonso Bosch a 941.652 €. El empresario García Pozuelo ha remitido un escrito de conformidad con las acusaciones que contra él ha formulado la Fiscalía.

2.7. PS Arganda del Rey (Madrid). A la vista de las actuaciones llevadas a cabo por la Fiscalía así como por los informes recibidos de la UDEF, ONIF e IGAE el juez De la Mata ha dictado el 9 de enero del 2018 un auto donde propone juzgar a Francisco Correa, Pablo Crespo y otras 19 personas, entre ellas cargos públicos y empresarios, en la que se investigan las actividades desplegadas por aquellos y otras personas, a través de un complejo entramado societario, encaminadas a la obtención de adjudicaciones de contratos públicos de forma irregular, a cambio o con ocasión de la entrega a funcionarios y autoridades con competencia en el ámbito de la contratación pública de valiosos regalos o importantes cantidades dinero. En dos autos, el juez acuerda la formación de la pieza separada denominada “Arganda” y al mismo tiempo dictar el auto de pase a procedimiento abreviado relativo a esta causa, que comprende la actividad desarrollada, de forma ininterrumpida entre 1998 y 2009, por Correa y las personas y sociedades integradas en su grupo, en el municipio madrileño de Arganda del Rey, “dirigida a enriquecerse de modo ilícito con la manipulación de la contratación pública y con cargo a los fondos de las Entidades Municipales de la citada localidad”.

Los hechos investigados en esta pieza serían constitutivos de delito continuado de prevaricación, continuado de fraude a las administraciones públicas, continuado de cohecho pasivo, continuado de falsedad en documento mercantil, continuado de cohecho activo, contra la hacienda pública, insolvencia punible y malversación de caudales públicos. En su resolución, De la Mata explica que para sus fines, Correa contó con la colaboración de un grupo de colaboradores al que se fueron incorporando progresivamente autoridades y funcionarios públicos de este municipio y que, en la práctica, "llegaron a dirigir toda la contratación pública de Arganda del Rey". El grupo favoreció, siempre a cambio de distintas comisiones y pagos ilícitos, explica el instructor, la adjudicación irregular de contratos a distintas personas y sociedades, contando para ello con la colaboración, en distintas actuaciones de dichos procesos de contratación, de funcionarios públicos. En especial, por su cuantía, tiene especial interés las irregularidades en la venta por parte de la EMS a la constructora Martinsa de la parcela 124 que ha generado plusvalías de varios millones de € y significativas comisiones a Francisco Correa.
2.8.Blanqueo de capitales. Continúa la investigación sobre el entramado financiero y de blanqueo de capitales llevado a cabo por Francisco Correa. El 04.04.16 el Juez De la Mata ha requerido al registro Mercantil las cuentas de una docena de empresas relacionadas con Francisco Correa y Jacobo Gordon Levenfeld a fin de elaborar el informe correspondiente. Gordon compartía despacho con Ana Aznar y gestionaba empresas con Alejandro Agag.

2.9. Trama valenciana :

- PS 1, 2 y 6. La instrucción recayó en el juez José Ceres del TSJCV. El Juzgado Central de lo Penal de la Audiencia Nacional cuyo titular es el magistrado José María Vázquez Honrubia. ha sido el que ha presidido el juicio oral que se inició el 15 de enero y finalizó el 9 de mayo del 2018. Las Piezas 1 y 2 se refieren a delitos electorales en las autonómicas y municipales de 2007 y en las generales de 2008. La Pieza 6 es la relativa a los delitos fiscales cometidos por financiación irregular y al IRPF de Álvaro Pérez.

Han sido procesados 19 personas : 5 han sido altos cargos orgánicos del PPCV, otros 5 de la organización del Grupo Correa y 9 son empresarios. Estos últimos han presentado al juez escritos de conformidad previamente acordados con la Fiscalía.

Los encausados son los siguientes:

1. Francisco Correa Sánchez. Presidente y dueño mayoritario del Grupo Correa
2. Pablo Crespo Sabaris. Gerente del Grupo Correa
3. Álvaro Pérez Alonso. Ex socio mayoritario y ex empleado de Orange Market
4. Cándido Herrero Martínez. Consejero Delegado de Orange Market
5. Vicente Rambla Momplet. Ex Portavoz, ex Conseller y Vicepte del Consell. Diputado Autonómico. Fue miembro nato del Comité Ejecutivo Regional por su condición de miembro del Consell desde 1999 hasta 2011 y ejerció funciones de Director de campaña durante el periodo electoral en las elecciones autonómicas 2007.
6. Ricardo Costa Climent. Fue Vicesecretario General desde noviembre de 2004 hasta el 13.06.2007 y posteriormente Secretario General del PPCV desde el 13.06 hasta el 3.10.2009. Fue también Diputado Autonómico
7. Cristina Ibáñez Vidal. Fue Gerente Regional desde noviembre de 1995 (excepto en los periodos comprendidos entre junio a noviembre de 2008 en que fue sustituida por Yolanda GARCIA SANTOS y entre junio y noviembre de 2010).
8. David Francisco Serra Cervera. Vicesecretario General desde el 13.09.2007 hasta octubre de 2008 y posteriormente Vicesecretario de Organización desde octubre de 2008. Fue Diputado de las Cortes Valencianas.
9. Yolanda García Santos. Fue Gerente Regional desde junio de 2008 hasta noviembre de 2008 y Tesorera del PPCV desde octubre de 2008 así como Diputada Autonómica.
10. José Ramón Blanco Balín. Asesor fiscal externo Grupo Correa. Presidente Orange Market
11. Enrique Gimeno Escrig. Empresario. Ha firmado escrito conformidad con MF.
12. Tomás Martínez Berna. Empresario. Ha firmado escrito conformidad con MF.
13. Rafael Martínez Berna. Empresario. Ha firmado escrito conformidad con MF.
14. Antonio Pons Dolz. Empresario. Ha firmado escrito conformidad con MF.
15. Alejandro Pons Dols. Empresario. Ha firmado escrito conformidad con MF.
16. Gabriel Alberto Batalla Reigada. Empresario. Ha firmado escrito conformidad con MF.
17. Enrique Francisco Ortiz Selfa. Empresario. Ha firmado escrito conformidad con MF.
18. José Francisco Beviá García. Empresario. Ha firmado escrito conformidad con MF.
19. Vicente Cotino Escrivá. Empresario. Ha firmado escrito conformidad con MF.

Además de los 9 empresarios han admitido la presunta financiación del PPCV Francisco Correa, Álvaro Pérez, Pablo Crespo y Ricardo Costa que en su declaraciones en el juicio han reconocido conocer y participar en practicas irregulares llevadas a cabo en sendas Cajas B.
Según Correa, era Ricardo Costa quien le indicaba a Orange Market, que si "querían cobrar" debían facturar a una serie de empresarios los actos de las campañas de las elecciones municipales y autonómicas de 2007 y de las generales de 2008. Días antes había enviado un escrito al juez Vázquez Honrubia en el que reconocía que el PP liderado entonces por el expresidente de la Generalitat valenciana Francisco Camps, pagó a Orange Market en negro y con facturas falsas los servicios prestados para la organización de las campañas electorales de 2007 y 2008.

Por su parte Álvaro Pérez señaló a Francisco Camps como la persona que le dijo a Ricardo Costa que o la trama Gürtel le desviaba a determinados empresarios facturas por servicios prestados al PP o se quedaba sin cobrar : "En el caso del señor Costa cuando empezamos a reunirnos con el señor Crespo, yo le decía a Costa que era una barbaridad hacer esto [cobrarles a empresarios facturas del PP] y no lo digo por el cabreo que tenía Costa y la presión que yo le metía. Ricardo habla con la persona a la que le consultaba todo y le dice 'tenemos problemas serios'. Y le dicen que es la única manera y si no que lo deje. Esa persona es Francisco Camps".

Y finalmente, Ricardo Costa, ex Secretario General del PPCV, tras declarar al inicio de su intervención que “no he hablado nunca hasta ahora y después de una profunda reflexión, quiero contar lo que ha pasado porque mi único objetivo es colaborar” ha confirmado que “es cierto que el PP se financió con dinero negro” en las campañas electorales de 2007 y 2008. Financiación que era obtenida de “empresarios que contrataban con la administración”. Según Costa, al frente de las decisiones, y de las “relaciones” con estos adjudicatarios con la Generalitat valenciana, estaba quien fuera su presidente, y presidente del Partido Popular en la Comunidad valenciana, Francisco Camps, con el respaldo del exdirector general de la Policía Nacional y expresidente de Les Corts, Juan Cotino, y el exvicepresidente, Víctor Campos, a quien sucedió “por decisión de Camps” el acusado exvicepresidente, Vicente Rambla. También ha aseverado que estaban al corriente de la situación los hoy senadores Adela Pedrosa y Alberto Fabra. Tanto Camps, Pedrosa y Cotino que han declarado como testigos han negado las acusaciones de Ricardo Costa.

El pasado 11 de junio se ha hecho publica la sentencia por la que se condena a 18 de los 19, salvo a Vicente Rambla, todos ellos acusados de participar en la financiación ilegal de las campañas electorales del Partido Popular de la Comunidad Valenciana (PPCV) en las elecciones municipales y autonómicas de 2007 y en las generales del 2008. Se les condena por delitos electorales, falsedad documental continuada y contra la hacienda pública. El juez explica en su sentencia que se podría hablar de un soborno en diferido ya que “ciertos empresarios pagan hoy campañas electorales y mantienen u obtienen mañana contratos administrativos”.

- PS 3. Caso Fitur. Ha sido instruida por el juez José Ceres del TSJCV. El juicio oral se ha celebrado en ese mismo TSJCV. Se inició el 31 de marzo del 2014 y tras varias interrupciones ha finalizado en abril 2016. Se han investigado las adjudicaciones concedidas por el Gobierno valenciano para el diseño y montaje de su pabellón en la feria turística Fitur entre 2005 y 2009 por importe de cinco millones de euros. La sentencia se hizo pública el 10 de febrero 2017. Entre los condenados se encuentran Milagrosa Martínez, ex consellera de Turismo y ex presidenta de las Cortes Valencianas, condenada a nueve años prisión, Francisco Correa a 13 años; Pablo Crespo, a 13 años y 3 meses y Álvaro Pérez "el Bigotes" a 12 años. Los 3 últimos han ingresado en cárceles de la Comunidad de Madrid. La Sala II del Tribunal Supremo ha resuelto los recursos de casación el pasado 8 de mayo. En su sentencia ha confirmado íntegramente la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Valencia . Es la primera causa relacionada con la trama Gürtel que tiene ya sentencia firme del Supremo.

- PS 4. Visita Papa a Valencia. Ha sido instruido por el juez José Ceres del TSJCV. El juez de la Mata ha decretado el 23 de mayo del 2016 la apertura de juicio oral y se encuentra pendiente de fijar fecha para su celebración. Se juzgan las presuntas irregularidades en la adjudicación de un contrato de Canal 9 a una empresa pantalla de la trama Gürtel con motivo de la visita del papa Benedicto XVI a Valencia en 2006. El contrato presuntamente amañado consistía en la instalación de megafonía y pantallas gigantes para la difusión del V Encuentro Mundial de las Familias que presidió el Papa y se celebró junto a la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia. La adjudicación, de 7,4 millones de euros, fue a parar a Teconsa, una empresa leonesa de obra pública sin experiencia en el sector audiovisual, utilizada según el juez como fachada.

En su auto el juez ha procesado a 23 personas y 10 entidades responsables civiles, entre los que se encuentran:

Juan Cotino, ex presidente de las Cortes Valencianas y ex Director General de la Policía. Se le acusa de ocho delitos, entre ellos, los de asociación ilícita, malversación, prevaricación, blanqueo de capitales y fraude fiscal.

Pedro García Gimeno, ex director de Canal Nou la televisión pública valenciana.

También estarán en el banquillo los cabecillas de la trama: Francisco Correa, Pablo Crespo, Álvaro Pérez (El Bigotes) y José Ramón Blanco Balín.

- Fundación V Encuentro Mundial de las Familias. El 23 de febrero del 2018 el Juzgado de Instrucción número 5 de Valencia, que investiga desde 2016 las irregulares en las contrataciones de la Fundación V Encuentro Mundial de las Familias, ha tomado declaración a Francisco Camps en calidad de investigado. También al exvicepresidente Víctor Campos; al expresidente de Les Corts, Juan Cotino; al presidente de la Fundación, el obispo auxiliar de Valencia, Esteban Escudero; al representante legal y a la secretaria general de la misma, Francisco Javier Jiménez y Henar Moliner, y a dos miembros del patronato: el secretario del Arzobispado, Antonio Ramón Corbí y Enrique Pérez Boada. La causa, abierta en julio de 2016 por delitos de prevaricación, malversación y falsedad, tiene su origen en la PS 4 de la trama Gürtel en Valencia donde se investiga las irregularidades que se cometieron con motivo de la visita de Benedicto XVI a la ciudad de Valencia en julio del 2006.

- PS 5. Contratos Generalitad a Orange Market. Ha sido instruido por el juez José Ceres del TSJCV. El 11 de enero del 2016 el juez De la Mata ha decretado apertura de juicio oral y se encuentra pendiente de fijar fecha para su celebración. Se ha investigado la adjudicación a Orange Market de numerosos contratos de la Generalidad. Se sentarán en el banquillo 3 ex Consejeros de la Generalitad y varios altos cargos. Les acompañaran, entre otros, Francisco Correa, Pablo Crespo y Álvaro Pérez 'El Bigotes', para quienes la Fiscalía Anticorrupción solicita para cada uno 10 años de cárcel. En el auto se especifica que los acusados deberán responder de los delitos de “tráfico de influencias, prevaricación administrativa, falsedad en documento mercantil, falsificación en documento oficial y malversación de caudales públicos”. El magistrado explica que esta pieza se circunscribe al enjuiciamiento de "las plurales actuaciones" que se llevaron a cabo entre 2004 y 2009 a través de un entramado de sociedades. Los responsables de la trama, prevaliéndose de sus especiales relaciones, tanto directas o a través de terceros con autoridades y funcionarios públicos de la Generalitat Valenciana, lograron ser adjudicatarios de numerosos contratos públicos. Hay 25 procesados.

PS 5. Contratos Generalitad a Orange Market. Reapertura. El pasado 12 de julio del 2018 la Fiscalía Anticorrupción ha solicitado la reapertura total de esta PS por considerar que de algunas declaraciones prestadas durante el juicio de la PS 1-2-6 (financiación irregular PPCV) como las de Francisco Correa, Pablo Crespo, Álvaro Pérez y Ricardo Costa relativas a Francisco Camps y a otros aconsejan investigar si su intervención de modo decisorio en el sistema irregular de pagos del PPCV y a que Víctor Campos y Juan Cotino afectó también a esta PS sobre adjudicación de contratos de la Generalitad a Orange Market. Tras ser recurrida la propuesta del MF por varios de los acusados la Sección 2ª de la Sala de lo Penal ha ordenado al Juzgado Central de Instrucción nº 5 de la Audiencia Nacional la reapertura. Por el momento ha tomado declaración a las siguientes personas:

• Ricardo COSTA CLIMENT (testigo)
• Paula SÁNCHEZ DE LEÓN (testigo)
• Nuria ROMERAL (testigo)
• Juan SANZ (testigo)
• Alicia VERDÚ (testigo)
• Concepción GODOY (testigo)
• Vanessa BORRAS (testigo)
• Salvadora IBARS SANCHO (investigada)
• Álvaro PÉREZ ALONSO (investigado)
• Francisco CORREA SÁNCHEZ (investigado)
• Pablo CRESPO SABARIS (investigado)
• Cándido HERRERO MARTÍNEZ (investigado)
Francisco CAMPS ORTIZ (investigado)

1.10. Caso destrucción ordenadores Bárcenas. Tras desestimar la Audiencia Provincial de Madrid los recursos del PP, de su Tesorera Nacional y de su Asesor Jurídico contra el auto de procesamiento del juzgado de instrucción nº 32 de Madrid por el que se procesaba a Carmen Navarro, ex Gerente y ex Tesorera Nacional del PP, a Alberto Durán, Jefe de la Asesoría Jurídica del PP, a José Manuel Moreno, ex informático de Génova 13 y al propio Partido Popular, la titular del citado juzgado ha dictado la apertura de juicio oral. Se les acusa de delitos de daños informáticos y encubrimiento. Previamente la Audiencia Provincial de Madrid había desestimado la recusación presentada por el PP contra la titular de este juzgado Pilar Freire. Se ha fijado fecha de inicio de juicio el 9 de abril 2019. Se celebrará en el juzgado de instrucción nº 31 de Madrid. Se da la circunstancia que en fechas recientes ha tomado posesión como Presidente de la Audiencia Provincial el magistrado Juan Pablo González que en su momento fue recusado por su compañeros de la Sala de lo Penal de La Audiencia Nacional por sus vinculaciones con el PP.

1.11. Mordida Toledana. Tras archivar la causa el juzgado de 1ª Instancia e Instrucción nº 3 de Toledo (06.06.17) , las acusaciones populares han presentado recursos de apelación ante la Audiencia Provincial de Toledo. Se investiga la adjudicación de la contrata de limpieza del Ayuntamiento de Toledo a Sufi-Sacyr a cambio de una comisión de, al menos, 200 mil € para la campaña electoral de Cospedal en las autonómicas del 2007. Como novedad destaca que entre los papeles conocidos a través de la “Operación Kitchen” y que supuestamente fueron robados a Luis Bárcenas aparecen extractos de su agenda con nuevos datos relacionados con este caso

03. CASO PÚNICA

Está siendo investigado por el Juzgado Central de Instrucción nº 6 de la Audiencia Nacional cuyo titular interino ha sido hasta junio 2017 el juez Eloy Velasco. Desde finales de ese mes se ha reincorporado su titular, Manuel García Castellón que ha estado los últimos 16 años destinado como juez de enlace en Francia y después en Italia. La Comisión Permanente del CGPJ acordó el 17 de agosto del 2017 nombrar como juez de refuerzo al magistrado Diego de Egea y Torrón que recientemente ha solicitado su traslado al juzgado nº 43 de Madrid del que es titular alegando por razones personales

Aunque la cifra probablemente crezca, en estos momentos el número de investigados asciende a 180. Entre estos hay, al menos, varios ex Consejeros y Altos Cargos de Gobiernos regionales, ex alcaldes y ex diputados autonómicos.

Esta causa se inicia en Junio del 2014 a raíz que la Fiscalía Anticorrupción, tras recibir demanda de ayuda en investigación llevada a cabo por las autoridades suizas, decidió presentar una querella contra, entre otros, Francisco Granados, ex Alcalde de Valdemoro, ex Consejero de los Gobiernos de Esperanza Aguirre y ex Secretario General del PP de Madrid y contra el empresario David Marjaliza.

Según la investigación llevada a cabo por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO), ambos habían montado una estructura societaria dentro y fuera de España con la que se ocultaban, tan solo en Suiza y Singapur, unos 11 millones de euros en cuentas controladas por Granados y Marjaliza. El juez Velasco les atribuye “formar parte de una organización criminal dedicada a perpetrar delitos de blanqueo, contra la Hacienda Pública, falsedad documental, cohecho y tráfico de influencias”.

A la vista de todo ello, se han formado 16 Piezas Separadas, aunque es probable que en breve se reordenen, reduciendo su numero y procediendo a designar los particulares a incluir en cada pieza y precisando hechos y sujetos de cada una de ellas :

01. Caso Talamino. Se han investigado el chivatazo por parte de 2 guardias civiles que Francisco Granados recibió en septiembre de 2014 de que estaba siendo investigado por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil lo que le permitió destruir pruebas y ocultar dinero. Tras la instrucción del juez Velasco, en los primeros días del mes de noviembre 2017, se ha celebrado el juicio en la Sección Primera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. El 4 de diciembre del 2017 se ha hecho publica la sentencia por la que se condena a dos años de prisión a Francisco Granados, por un delito agravado de aprovechamiento de revelación de secreto por funcionario público. También han sido condenados a dos años de prisión, el guardia civil José Manuel Rodríguez Talamino, autor del chivatazo, y a un año y medio de cárcel el agente en excedencia del instituto armado José Luis Caro Vinagre. El próximo 20 de febrero está convocada la vista para resolver los recursos de casación interpuestos ante el Tribunal Supremo.

02. Diputación de León. El juez García Castellón ha dictado en el pasado 12 de junio auto de apertura de juicio oral. Hay 7 procesados entre los que se encuentran Marcos Martín Martínez Barazón, ex Presidente de la Diputación Provincial y Alejandro de Pedro, responsable de las empresas EICO y MADIVA.

03. Comunidad de Murcia. El juez Velasco se inhibió a favor del TSJMU por la condición de aforado de Pedro Antonio Sánchez. Tras dimitir como Presidente de la Comunidad y como diputado autonómico, el TSJMU, tras dictar el juez instructor un auto de trasformación, se ha inhibido a favor de la Audiencia Nacional. Se le acusa de los delitos de fraude a ente público, cohecho y revelación de información reservada. El juez García Castellón ha dictado el pasado 15 de julio auto de transformación que ha sido anulado a la espera de realizar las diligencias de prueba solicitadas por las defensas.

Sobre Pilar Barreiro, ex alcaldesa de Cartagena y actual senadora, el Tribunal Supremos, tras declarase competente una vez que el juez Velasco remitió su exposición razonada citado Tribunal, ha decidido el sobreseimiento. Estaba acusada de delito de fraude, falsificación de documentos, prevaricación, malversación y cohecho. Se ha presentado recurso contra el sobreseimiento. El PSOE y ADADE han recurrido en apelación ente el Tribunal Supremo.

04. Ayuntamiento de Valdemoro. Se está investigando, al menos, todo lo relativo a irregularidades urbanísticas en este municipio madrileño. Se han nombrado dos peritos arquitectos para tasación y valoración de beneficios. Hay un primer informe de la UCO sobre este particular y pendiente declaraciones de varios de los involucrados.

05. Contratos públicos en el ámbito local. La Fiscalía ha solicitado el auxilio de dos peritos interventores del Estado para estudiar la contratación pública desarrollada en varios ayuntamientos de la CM: Serranillos del Valle, Torrejón de Velasco ,etc.

06. Hechos referentes a Cofely. Se investigan varios contratos de eficiencia energética suscritos entre la multinacional francesa Cofely y varios Ayuntamientos gobernados mayoritariamente por el PP : Almendralejo, Brunete, Villalba, Alcalá de Henares, Móstoles, etc. Se sospecha que se han pagado cuantiosas comisiones y se han realizado irregularmente encuestas electorales.  Están siendo investigados, entre otros, Borja Gutiérrez, alcalde de Brunete (Madrid), José García Lobato, alcalde de Almendralejo (Badajoz) y Carlos López Jimeno, ex Director General de Industria de la CM, por intervenir en la adjudicación de contratos de eficiencia energética de colegios públicos de Alcalá de Henares. Se está a la espera que el juez García Castellón decida si remite exposición motivada al TSJM para que investigue a Bartolomé González, en la actualidad Diputado de la Asamblea de Madrid y ex alcalde de Alcalá de Henares (Madrid). En julio del 2016 ya dimitió como diputado autonómico el ex alcalde de Móstoles, Daniel Ortiz. La instrucción en este caso está muy avanzada y tras formación de PS sería previsible Auto de Transformación.

07. Hechos referentes a Waiter Music. Se investiga la contratación de eventos musicales por parte de 47 Ayuntamientos de Madrid entre los años 2004-2014. Se sospecha de posibles comisiones percibidas y que varios contratos con FCC, ACCIONA, DRAGADOS, OHL, SACYR, GRUPO DHO, URBASER en realidad habrían servido, entre otras cosas, para financiar al PP de Madrid en campañas electorales. Recientemente la UCO ha presentado un informe sobre el ayuntamiento de Algete (Madrid) y sus contratos con esta empresa en el que acusa de varios delitos a su ex alcaldesa y a varios de sus colaboradores. El empresario José Luis López Huerta propietario de Waiter Music ha reconocido en sede judicial que varios investigados y otros que no lo son pudieron beneficiarse de comisiones y dadivas por haberle adjudicado contratos en sus respectivos municipios.

08. Francisco Granados y colaboradores. Se investigan adjudicaciones urbanísticas contra el pago de comisiones y regalos. Relacionado con PS 4 (Urbanismo y Valdemoro).

09. Trama internacional de presuntos blanqueos de capitales. Tiene su origen en la investigación llevada a cabo en Suiza y afectaría a Francisco Granados, David Marjaliza y sus respectivas esposas y a toda una trama de compensación orquestada por el comisionista Michael Langdom.

10. Eico y Madiva. Se investiga si el propietario de estas dos empresas Alejandro de Pedro cobró por realizar fraudulentamente informes de reputación on line a cargos públicos de diversas Administraciones Públicas y empresas. La UCO y la fiscalía, además del caso de Murcia, ha avanzado en las relaciones de estas empresas con varios Ayuntamientos de la CM (Coslada, Algete, etc.) así como con Altos Cargos de la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Madrid durante la época de Ana Botella. En este último caso, la UCO acusa a Eduardo Zaplana de trafico de influencias.

11. Hechos referentes a Alfedel. Se investiga la constitución de cooperativas para la construcción y puesta en marcha de colegios concertados con diferentes administraciones territoriales: C. Madrid, Guadalajara, Baleares, Comunidad Valenciana, Murcia, etc.

12. 0tros Hechos (que continúan en la Pieza principal)

13. Sociedades públicas de la CM : Prisma, Arpegio y Fundación Arpegio. Se investiga si se pagaron comisiones a altos cargos de la CM así como si se desviaron fondos a favor del PP en relación con las inversiones realizadas a través del Plan Prisma. Están siendo investigados todos los miembros que participaron en las Mesas de Contratación designados por Arpegio para la adjudicación de contratos a cargo del citado programa de inversiones locales. El 16 de mayo del 2017 dimitió Miguel Ángel Ruiz López, Vice consejero de Medio Ambiente de la CM, tras ser registrado su despacho. En septiembre del 2017 también “dimitió” Jaime González Taboada como Consejero de Medio Ambiente que durante 12 años fue Director General de Cooperación Local encargado de supervisar el Plan Prisma. Días después de dimitir, Cristina Cifuentes a través de su Grupo Parlamentario, le designó senador territorial en representación de la CM.

14. Financiación irregular del PP de Madrid. Según varios informes de la UCO se da por sentado que se han adjudicado a empresarios contratos públicos de diferentes administraciones de la Comunidad Madrid a cambio de financiar al PP regional. Entre otros, citan expresamente a Cristina Cifuentes, Ex Presidenta de la Comunidad de Madrid, y Ex Presidenta del PP madrileño, a la que se acusa de dos delitos (prevaricación y cohecho) por las irregularidades cometidas en la adjudicación de la cafetería al Grupo Cantoblanco del empresario, también investigado, Arturo Fernández. El juez García Castellón ha tomado declaración como investigada a Tatiana Recorder, ex jefa del servicio jurídico de la Asamblea de Madrid que participó junto a la hoy ex presidenta Cristina Cifuentes en las Mesas de contratación que propusieron la adjudicación a Arturo Fernández.  Posteriormente ha vuelto a rechazar el archivo solicitado por Recorder recordando en su auto que la recurrente “no apreció, sin que pueda determinarse aún si por ignorancia o con intencionalidad, la incompatibilidad de ser miembro de la mesa de contratación y del comité de expertos de la Dña. Cristina Cifuentes Cuencas” . Tras recurrir en apelación la investigada la Sección 4 de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha confirmado en su totalidad el auto del juez García Castellón.
El 19 diciembre del 2017 se ha tomado declaración como imputado al empresario de la comunicación Daniel Mercado (investigado en el Caso Nóos de Baleares) que ha admitido haber facturado irregularmente al PP de Madrid.

En Febrero, Marzo, abril y julio del 2018 también ha declarado a petición propia Francisco Granados que ha involucrado directamente a varios dirigentes del PP de Madrid de mantener una estructura de financiación paralela a la oficial encaminada a reforzar las campañas electorales de Esperanza Aguirre. Entre los citados se encuentran: Ignacio González, Cristina Cifuentes (a los que les atribuye una relación sentimental); Borja Sarasola, Isabel Gallego, etc.

Asimismo han declarado ante el juez de ser conocedores de diferentes irregularidades que afectarían a la financiación irregular del PP de Madrid, los empresarios Alfonso del Corral, el ya citado José Luis Huerta y María José Barral.

Por su parte Isabel Gallego, ex Directora General de Comunicación de Esperanza Aguirre, también ha presentado el 4 de abril del 2018 un escrito, ratificado en declaración, sobre la estructura y relaciones de Alex de Pedro con el Gobierno de la CM.

Por último se ha incorporado otro informe de la UCO en el que a raíz de la documentación incautada en los registros de los domicilios y despachos del ex gerente del PP de Madrid Beltrán Gutiérrez y el empresario Javier López Madrid, quedaría acreditada la financiación en B del Partido Popular en Madrid, el pago de Comisiones a cambio de la adjudicación de contratos, y la emisión de facturas falsas para justificar los gastos electorales que excederían de los límites permitidos.

PS 15: EICO zona levante y CAM. Según el MF afecta a distintas Comunidades Autónomas y Ayuntamientos. Según los informes de la UCO entre los afectados estarían la ex alcaldesa de Denia y el ex alcalde de Gandía, etc. De esta PS se ha inhibido a favor del Juzgado de Instrucción nº 18 de Valencia los contratos de reputación al Ayuntamiento de Valencia, que habrían quedado incorporados al Caso Taula.

PS 16 Eduardo Larraz y Consorcios urbanísticos. En esta PS se investiga la actividad desarrollada por unos 20 consorcios urbanísticos en los que hay dudas fundadas sobre la adjudicación a empresas predeterminadas, bien sea de parcelas o de obras, a cambio de comisiones. Entre los que podría verse afectados, según el MF, se encontraría Juan Soler, ex alcalde de Getafe, diputado regional de la Asamblea de Madrid y senador territorial.

04. CASO LEZO

En una primera fase ha sido instruido por Eloy Velasco del Juzgado Central de Instrucción nº 6 de la Audiencia Nacional. Desde finales de junio del 2017, tras reincorporarse su titular, Manuel García Castellón, la instrucción ha sido compartido hasta diciembre del 2018 con el juez de refuerzo Diego de Egea y Torrón que ha solicitado su traslado al juzgado nº 43 de Madrid del que es titular alegando por razones personales

El sumario inicialmente fue dividido en 6 PS. En estos momentos son 4 las PS ya que la relativa a la financiación del PP de Madrid ha sido testimoniada para su integración en la PS 14 del Caso Púnica y la Pieza 6, contratos irregulares vinculados a Mercasa, el juez Velasco se inhibió a favor del Juzgado Central de Instrucción nº 5. El número de investigados supera el centenar.

Se investigan presuntos caso de corrupción que afectarían a la compra de empresas en Sudamérica (Colombia y Brasil) por el Canal de Isabel II; a la financiación del PP de Madrid y la adjudicación de un contrato para la construcción de un tren en el municipio de Navalcarnero. La UCO trata de determinar si hubo desvío de fondos públicos que terminaron en las cuentas particulares de miembros del Partido Popular y en la propia contabilidad en B de este Partido. Las PS son las siguientes:

Causa Principal y Pieza 1. Hechos referentes a la expansión en Sudamérica del Canal de Isabel II, con las adquisiciones con desvío de dinero público de INASSA (Colombia) y EMISSAO (Brasil). El pasado 26 de diciembre el juez de refuerzo llamó a declarar a lo largo del mes de enero y febrero del 2018 a más de 30 personas como investigados por estar vinculados a la operación de compraventa de la sociedad INASSA.

Tras estas primeras declaraciones y resultado del análisis de la documentación recibida e incautada , de las declaraciones de varios testigos y de las investigaciones llevadas a cabo por el juez García Castellón y la Fiscal Ana Cuenca en una visita a Colombia ha citado y tomado declaración como investigados a la practica totalidad de los asistentes al Consejo de Gobierno de la CM, celebrado el 29 de noviembre del 2001, incluido su Presidente Alberto Ruiz Gallardón.

A todos ellos se les acusa de un delito de malversación de caudales públicos. Por el momento ha dejado fuera a José Ignacio Echaniz, ex Consejero de Sanidad y en la actualidad aforado por su condición de diputado al Congreso.

Pieza 2. Adjudicación, explotación y gestión de Canal Golf vinculado al CYII. Se han incorporado varios informes de la UCO en los que la Fiscalía se ha apoyado para considerar que desde su diseño hasta su gestión se han producido todo tipo de irregularidades. Acusa a Ignacio González y a varios de sus familiares más directos de haberse beneficiado de esa recalificación. En un auto fechado el pasado 9 de agosto el juez acordó, entre otras diligencias, las siguientes:

- Requerir a la Dirección General de Urbanismo y Planificación Regional de la CM para que certifiquen si el informe confeccionado sobre la aplicación del art. 161.5 de la Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo de la Comunidad de Madrid con motivo de la tramitación del Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid del 18 de enero de 2007 sobre la declaración de interés general del Proyecto Modificado de acondicionamiento del Tercer Depósito del CYII interesado por el Secretario General Técnico de la Consejería de Medio Ambiente mediante fax del día 17 de enero de 2007 a las 21 : 06 horas se corresponde con el que se adjunta como Anexo IV.

- Requerir al Presidente al Consejo de Administración de DRAGADOS/ACS. para que identifique sin género de dudas a la persona concreta que tomó la decisión de subcontratar a la sociedad TECNOCONCRET para ejecutar las instalaciones del golf en las obras de construcción de la pista de prácticas de golf del Proyecto Modificado de restauración y consolidación del Depósito n° 3 del CYII.

- Requerir al Administrador de la sociedad TECNOCONCRET para que identifique todas las instalaciones deportivas (tanto campo de golf, como otras instalaciones deportivas) en los que TECNOCONCRET hubiera participado en su construcción y/o instalado el césped artificial con anterioridad al contrato investigado de CANAL GOLF, en el que fue subcontratada por DRAGADOS .

Tras recibir lo documentos solicitados se está a la espera de que el MF solicite nuevas declaraciones entre las que podría encontrase la de Esperanza Aguirre, ex Presidenta de la CM en el momento de los hechos.

Pieza 3. Adjudicación del Tren de Navalcarnero. Según la UCO y el MF existen indicios sobre la adjudicación fraudulenta del contrato de obra del tren Móstoles-Navalcarnero que involucrarían al empresario Javier López Madrid y a Jesús Trabada, ex director general de Infraestructuras de la Comunidad de Madrid v ex consejero delegado de la empresa pública Mintra. Además se han hallado numerosas pruebas sobre el presunto pago de una comisión desde el entorno de la empresa OHL del también investigado, Juan María Villar Mir. A todos ellos se les ha tomado declaración.

Pieza 4. Financiación ilegal del PP Madrid. Según la UCO, la empresa INDRA por sugerencia de altos responsables políticos del PP de Madrid entregó 687.497,58 € (566.497,58 € en el año 2012 y 121.000€ en el año 2013) a empresas vinculadas directa o indirectamente a proveedores de campaña del Partido Popular de la Comunidad de Madrid. Esta PS se ha integrado en la PS 14 del Caso Púnica.

Pieza 5. Blanqueo de capitales.

Pieza 6. Contratos irregulares vinculados a Mercasa. Con fecha 24 de mayo 2017 el juez Velasco se ha inhibido a favor del Juzgado Central de Instrucción nº 5.

Por último, entre los investigados, además de lo citados por la compra de INASSA, se encuentran, entre otros, los siguientes:

• Ignacio González González. Ex Presidente de la CM y Secretario General del PP en esta misma CM. Ha estado en prisión desde el 21 de abril hasta el 8 de noviembre del 2017.

• Pablo Manuel González. Está acusado de “saquear” Mercasa, la empresa pública dependiente de la SEPI, que gestiona los mercados madrileños y de la que era director de Operaciones. Es hermano de Ignacio González.

• Pablo González Liberal. Padre de Ignacio González, tras ser acusado de ayudar a su hijo a blanquear dinero mediante préstamos ficticios, el juez García Castellón ha archivado su causa.

• María Lourdes Cavero Mestre. Empresaria y esposa de Ignacio González. Está también imputada junto a su marido por el Caso del Ático de Marbella. Ha sido Vicepresidenta de la CEIM, la patronal de empresarios madrileños que presidía Arturo Fernández. Actualmente presidía Subastas Segre (en cuya directiva se encuentran su hermana Pilar y su amiga Carmen Cafranga).

• José Juan Caballero Escudier. Cuñado de Ignacio González y marido de la Diputada de la Asamblea de Madrid, Isabel González. El juez le considera uno de los beneficiarios del pelotazo del campo de golf del Canal de Isabel II en el distrito madrileño de Chamberí. Los investigadores sospechan que se usó ese proyecto para desviar fondos que revirtieron en el clan familiar de los González.

• Beltrán Gutiérrez Moliner. Ex gerente del Partido Popular en la Comunidad de Madrid. Fue condenado por el fraudulento de las tarjetas Black de Caja Madrid y está imputado en la pieza sobre la financiación irregular del PP de Madrid en el Caso Púnica.

• Eduardo Ameijide Montenegro. Expresidente de la empresa pública Mercasa. Presentó su dimisión tras la detención del hermano del expresidente de la Comunidad de Madrid.

• Juan Miguel Villar Mir. Empresario y propietario de la constructora OHL. Según Velasco, su constructora pagó una comisión de 1,4 millones de euros a Ignacio González para hacerse con el contrato del tren de Navalcarnero.

• Francisco Javier López Madrid. Yerno del empresario Villar Mir. Está condenado por las tarjetas Black e imputado en la Púnica. Se le acusa de haber financiado al PP de Madrid con 1,8 millones de euros en dinero negro. También se le responsabiliza de pagar 1,4 millones en Suiza a Ignacio González por una adjudicación a OHL, empresa en la que ha sido consejero.

• Edmundo Rodríguez Sobrino. Se le acusa de ser el principal responsable del desfalco de 25 millones de dólares en la compra por parte del Canal de Isabel II de la sociedad brasileña Emissao. Fue destituido cuando su nombre apareció vinculado a los Papeles de Panamá.

• María Fernanda Richmond. Ex directora financiera del Canal de Isabel II. El juez la relaciona con la compra de Emissao. Está casada con el consejero delegado de Indra, Javier de Andrés, investigado en el Caso Púnica.

• Adrián Martín López de las Huertas. Ex gerente del Canal de Isabel II. El juez le responsabiliza también de la compra de Emissao.

• José Martínez Nicolás. Consejero delegado de la Agencia Informática y Comunicaciones de la Comunidad de Madrid (ICM). Ya ha sido detenido dos veces, en el marco de la operación Lezo y también en la Púnica. En el desfalco del Canal le responsabilizan de haber hinchado los contratos de ICM para desviarlos al PP y de tener una cuenta de un millón de euros en Liechtenstein. En la Púnica está siendo investigado por el pago al conseguidor, Alejandro de Pedro, siguiendo instrucciones del ex Consejero Salvador Victoria.

• José Manuel Serra Peris. Abogado del Estado, nombrado presidente del Comité de Auditoría del Canal Isabel II en 2014 cuando ya estaba imputado por la salida a bolsa de Bankia. También fue consejero de Red Eléctrica y Secretario de Estado de Industria y Energía con Aznar.

• Ildefonso de Miguel. Director gerente del Canal Isabel II entre 2006 y 2009.

• Pedro Antonio Martín Martín. Ex alto cargo de los gobiernos de Aznar como Secretario de Estado de Deportes, de Comunicación y Presidente del Consejo Superior de Deportes.

04. CASO FONDOS BUITRES AYUNTAMIENTO MADRID. TRIBUNAL DE CUENTAS

El Tribunal de Cuentas condena a la ex alcaldesa de Madrid Ana Botella y a los que fueron concejales en su equipo de gobierno por la venta de 18 promociones de viviendas de la Empresa Municipal de Vivienda de Madrid (EMVS) al grupo societario Fidere, sociedad de inversión inmobiliaria del fondo Blackstone, por debajo de su precio de mercado en el año 2013.

En la sentencia la sección de Enjuiciamiento del Tribunal cifra en casi 25,8 millones de euros el perjuicio que esta operación ocasionó a la EMVS. "La enajenación se hizo por un precio inferior al valor mínimo posible que cabía atribuir a los inmuebles vendidos, lo que supuso un quebranto en el patrimonio público".

Por ello, declara responsables contables directos al entonces máximo dirigente de la EMVS, Fermín Oslé, a la exalcaldesa Ana Botella y a todos los concejales de su equipo de gobierno: Concepción Dancausa, Enrique Núñez, Diego Sanjuanbenito, Paz González Dolores Navarro y Pedro Corral, que deben asumir el pago solidario para resarcir los daños.

En el apartado de hechos probados, recuerdan que la sentencia se enmarca en el procedimiento abierto a raíz del informe elaborado por la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid en 2016 que recoge diversas irregularidades.

El Tribunal destaca que hay pruebas documentales que avalan que el plazo que se dio para proceder a presentar ofertas para la enajenación, de 14 días naturales, era "insuficiente" a menos que se pudiera disponer de información previa para realizar una inspección, valoración económica y comprobación de la situación jurídica "rigurosas", al tratarse de 5.315 inmuebles.

El Tribunal entiende que los condenados no realizaron la "supervisión de la gestión contable ni la presupuestaria y de control de déficit que tenían encomendada tanto por la normativa mercantil como por la de derecho público (…) tampoco dieron las instrucciones a los gestores de la sociedad pública que, nuevamente, tanto el derecho público como el privado, les autorizaban a impartir para corregir las actuaciones que se alejaran de los requisitos jurídicos propios de una 'buena gestión financiera” (…) no advirtieron y evitaron que la enajenación se hiciera a través de un procedimiento ilegal y por un precio lesivo para el patrimonio público".

05. CASO ERIAL.

Está siendo investigado por la jueza titular del juzgado Instrucción número 8 de Valencia Isabel Rodríguez. Los investigadores consideran acreditado que Eduardo Zaplana, ex ministro de Aznar y ex presidente de la Generalitad Valenciana, recibió comisiones por la adjudicación de contratos del Plan Eólico Valenciano y por las concesiones de las ITV en la Comunidad Valenciana, obteniendo de forma ilegal, "decenas de millones" de euros, parte de los cuales continúan ocultos en el extranjero a través de una compleja red de despachos de abogados y testaferros.

La jueza, tras negarse a declarar, decretó para Zaplana prisión provisional comunicada y sin fianza. En la actualidad está ingresado por enfermedad en el Hospital de la Fe de Valencia. También ha enviado a prisión a Francisco Grau, ex secretario general de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM), y asesor fiscal, y a Joaquín Barceló, ex director del Centro de Desarrollo Turístico de Benidorm.

La magistrada ha dejado en libertad con la prohibición de abandonar España y la obligación de comparecer cada semana en el juzgado a los hermanos José y Vicente Cotino. La juez cree que sus empresas, la más conocida de las cuales es Sedesa, pagaron comisiones a Zaplana a cambio de obtener contratos del plan eólico y las ITV.

El tío de ambos, Juan Cotino, que fue director general de la Policía en el Gobierno de José María Aznar y presidente de las Cortes Valencianas, entre otros cargos, ha comparecido como investigado ante los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. En la causa hay, en total, una decena de imputados, entre los que se encuentra la esposa de Zaplana Rosa Barceló, y Mitsuko Henríquez, secretaria personal del exministro.

06. CASO CIFUENTES Y SU MASTER EN LA URJC

El origen de este caso se encuentra en las publicaciones periodísticas en las que se cuestionaba el título de Máster en Derecho Autonómico por la Universidad Rey Juan Carlos que figuraba en el CV de Cristina Cifuentes. Posteriormente se publicó un video del año 2011 donde aparecía, siendo Vicepresidenta de la Asamblea de Madrid, sustrayendo en un supermercado dos botes de crema rejuvenecedora.

Las noticias sobre el Máster y el video citado provocaron su dimisión como Presidenta del PP de Madrid, como diputada autonómica de la Asamblea y como Presidenta del Gobierno de la CM. Tras perder su condición de aforada ha declarado como investigada en el juzgado de instrucción número 51 de Madrid, cuya titular es Carmen Rodríguez Medel

En un primer momento hubo 12 investigados. La juez investigaba tres cuestiones. La primera si el procedimiento de convalidación de asignaturas fue legal o por el contrario se falsificaron firmas. La segunda si también se falsificó el acta relativa a la supuesta defensa del TFM, y la tercera si Enrique Álvarez -director del Instituto de Derecho Público de la URJC desde su creación a finales de 2005- pudo cometer un delito de continuado de prevaricación o falsificación de documento público. Tras la sentencia del Tribunal Supremo que archivaba la exposición motivada que Rodríguez Medel había enviado sobre Pablo Casado , la jueza firma un auto el 1 de octubre 2018 por el se acuerda el sobreseimiento provisional de la causa
en relación con los siguientes investigados por los delitos de prevaricación y cohecho impropio:

01. Enrique Álvarez Conde
02. Cecilia Rosado Villaverde
03. Pablo Chico de la Cámara
04. Alicia López de los Mozos
05. Susana Galera Rodrigo
06. Rodrigo Martín Jiménez
07. Jesús Primitivo González
08. Manuel Arenilla Sáez
09. Elena Pérez Martín
10. Esther González Hernández
11. Amalia Calonge Celada
12. Laura Nuño Gómez
13. Clara Souto Galván
14. Cristina Cifuentes Cuenca
15. Álvaro Morente Hidalgo
16. Alida Mas Taberner
17. María Mateo Feito
18. Dolores Cancio Álvarez

En ese mismo auto se decide “continuar la instrucción únicamente por el delito de falsificación documental en relación con el documento de defensa del trabajo fin de master relativo a la alumna Cristina Cifuentes Cuenca fechado en 2 julio de 2012 y hecho público el 21 de marzo de 2018 en relación con los siguientes investigados: Enrique Álvarez Conde, Cecilia Rosado, Cristina Cifuentes, Alicia López de los Mozos y Teresa Feito Higueruela.

El 28 de noviembre la juez Rodríguez Medel firma un auto de procesamiento en el que acuerda la finalización de la instrucción manteniendo el delito de falsedad documental Enrique Álvarez Conde, Cecilia Rosado, Cristina Cifuentes y Teresa Feito Higueruela.

07. CASO RATO

El ex Vicepresidente del Gobierno, ex Ministro de Economía y ex Gerente del FMI, tras ser condenado por el “Caso de las tarjetas Black” (que se encuentra pendiente de que el Tribunal Supremo resuelva los recursos de casación de los condenados), tiene abiertas las siguientes causas:

- Bankia. La instrucción la ha dirigido el juez Fernando Andreu, titular del Juzgado Central de Instrucción nº 4 de la AN. El 17 de noviembre del 2017 se decretó la apertura de juicio oral. Desde el 26 de noviembre del 2018 se está celebrado juicio oral en la Sección 4ª de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional presidida por la juez Ángela Murillo. Está previsto se celebren 80 sesiones que finalizarían en el próximo mes de junio. Además de Rato, han sido procesados, el ex vicepresidente y Presidente de la Comunidad Valenciana, José Luis Olivas, el ex consejero delegado Francisco Verdú, los ex consejeros José Manuel Fernández Norniella, el ex ministro Ángel Acebes y una treintena de vocales, administradores y miembros del consejo de Administración. En total, 34 personas físicas y jurídicas que adoptaron las decisiones en la salida a bolsa de Bankia en los años 2010 y 2011. El origen de este caso está en la presentación de 3 querellas ante la Audiencia Nacional por parte de UPyD , 15MpaRato e IU.

- Patrimonio y negocios privados. La instrucción la dirige el juez de instrucción número 31 de Madrid, Antonio Serrano-Arnal. Tiene su origen en una denuncia de la Fiscalía, al hilo de una investigación realizada por la AEAT. Está imputado por fraude fiscal, alzamiento de bienes, y cohecho entre particulares.

08. CASO ACUAMED.

Está siendo investigado por el Juzgado Central de Instrucción nº 6 de la Audiencia Nacional. Se investiga la presunta adjudicación fraudulenta por parte de esta empresa pública de contratos inflados para obras hídricas y medioambientales entre 2007 y 2014. El número de investigados suman 48, entre ellos varios ex Altos Cargos de la Administración General del Estado, incluido Federico Ramos de Armas, ex Secretario de Estado de Medio Ambiente, ex Presidente de Acuamed y ex Subsecretario del Ministerio de la Presidencia nombrado por la entonces ex Vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría. En el sumario aparece citado reiteradamente el ex Ministro de Agricultura y hoy Comisario Europeo, Miguel Arias Cañete.

09. CASO ESPÍAS COMUNIDAD DE MADRID.

En enero de 2009, el diario El País, un mes antes de que se conociera el Caso Gürtel, destapa una supuesta trama de espionaje político en la Comunidad de Madrid. Tras numerosas informaciones, el Gobierno de Esperanza Aguirre se ve envuelto en acusaciones de espionaje realizadas por empleados de seguridad de la Comunidad hacia miembros de su propio gobierno, el vicealcalde de Madrid, Manuel Cobo y el ex vicepresidente y ex consejero regional Alfredo Prada. Las causas abiertas se fueron concentrando en el juzgado número cinco del que era y sigue siendo titular Carmen Valcarce. En julio e 2010, la jueza archiva el caso al no poder cuantificar el dinero público que se malversó. En Marzo del 2011 la Audiencia provincial obliga a la jueza a reabrir el caso y hacer nuevas pruebas. En Febrero del 2012 la jueza decide por segunda vez archivarlo. En Mayo del 2012 la Audiencia Provincial vuelve a reabrirlo. El 23 de enero del 2014, la Audiencia Provincial vuelve activar el caso. Tras varios años sin la jueza Valcarce en marzo del 2017 decretar la apertura de juicio oral con jurado. Está previsto que comience el 4 de febrero del 2018. Se sientan en el banquillo de los acusados tres guardias civiles, un funcionario público, y dos agentes de la policía nacional -entre ellos el ex director general de Seguridad, Sergio Gamón-, acusados todos ellos por un presunto delito de malversación de caudales públicos. Declararán como testigos, entre otros, Esperanza Aguirre, ex presidenta de la Comunidad de Madrid, y su entonces vicepresidente, Ignacio González y Francisco Granados, consejero de Justicia,

10. CASO IMELSA.

Esta empresa de la Diputación Provincial de Valencia, “Impulso Económico Local Sociedad Anónima” está siendo investigada por el Juzgado de Instrucción nº 18 de Valencia cuyo titular es el juez Víctor Gómez. Los investigados (personas físicas y jurídicas) están acusados de varios delitos contra la administración pública, entre ellos, los de prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, cohecho, fraude, falsedad y blanqueo de capitales en relación con una trama de corrupción infiltrada en varias administraciones públicas de la Comunidad Valenciana cuyos integrantes se servían de sus puestos de responsabilidad para amañar contratos y cobrar comisiones ilegales a cambio de adjudicaciones fraudulentas. Según el juez la actividad de esta presunta organización criminal vinculada al PP valenciano habría cobrado mordidas a cambio de la adjudicación de cientos de contratos públicos en la Generalitat —especialmente en su sociedad dedicada a construir colegios—, la Diputación de Valencia y Ayuntamientos, como el de Valencia.

11. PS OPERACIÓN TAULA.

En esta PS del Caso Imelsa, se investiga por blanqueo de capitales a un total de 50 personas entre los que se encuentra la practica totalidad del Grupo Municipal del PP en el Ayuntamiento de Valencia. Su cabeza de lista y ex senadora, Rita Barberá, fallecida el 23 de noviembre del 2016, declaró voluntariamente ante el Tribunal Supremo. Parte del dinero obtenido habría servido para financiar al Partido Popular de la ciudad de Valencia al que se le acusa de blanqueo de capital y delito electoral. Por inhibición del JCI 6 se incorpora también la actividad reputacional desarrollada por EICO y MADIVA. El 23 de octubre del 2017 el juez ha tomado declaración en calidad de investigada a Carmen Navarro, ex Tesorera y Gerente Nacional del PP. La acusa de un delito electoral continuado.

12. CASO EMARSA.

Tras dos intentos frustrados finalmente se ha celebrado el juicio oral en la Audiencia Provincial de Valencia. Han sido procesadas 24 personas acusadas de apropiarse de 23 millones de euros a lo largo de ocho años (2004-2012) mediante un amplio abanico de desfalcos y gastos cargados a la entidad pública: desde viajes al extranjero con la familia a noches con prostitutas en hoteles de lujo. Once de los 24 acusados han confesado sus delitos a cambio de una rebaja de penas. Entre los principales encausados están:

• Enrique Crespo, expresidente de Emarsa, ex alcalde de Manises (PP) y ex Vicepresidente de la Diputación Provincial de Valencia.
• Esteban Cuesta, ex Gerente entre 2004 a 2010
• Enrique Arnal, ex director financiero entre 1996 y 2010.

La fiscalía ha mantenido que sus gestores vaciaron los fondos de la sociedad pública, liquidada en 2010 debido a su situación patrimonial, por varias vías. El pasado 22 de junio se ha hecho publica la sentencia. La sección primera de la Audiencia de Valencia condena a 24 acusados del saqueo de la depuradora de Pinedo por el desvío de 23,5 millones de euros de presupuesto público. El expresidente de Emarsa, Enrique Crespo, ha sido condenado a 10 años de cárcel, junto al gerente de Emarsa, Esteban Cuesta, 12 años de prisión

13. CASO BRUGAL.

Esta operación se inició en los primeros meses de 2006 a raíz de que el empresario Fenoll difundiera unas grabaciones con un concejal de Orihuela, en las que se ponían de manifiesto unas presuntas ilegalidades en la adjudicación del concurso local de basuras, donde supuestamente iba a resultar desfavorecida la mercantil de su propiedad, Colsur.

El sumario se instruye en el juzgado nº 5 de Alicante y está dividido en una veintena de piezas separadas de las que las más importantes se refieren al Plan Zonal de Residuos, la contrata de basuras de Orihuela y el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de la ciudad de Alicante. En la PS Orihuela hay procesados 14 personas, incluido el ex Presidente de la Diputación Provincial de Alicante y ex Presidente del PP en esa provincia. En la PS PGOU Alicante, están investigados 21 personas, incluida la ex alcaldesa Sonia Castedo y el empresario Enrique Ortiz.

14. CASO CASTELLANO / ALVIASA.

Está siendo instruido por el Juzgado de Instrucción nº 1 de Sagunto cuyo titular es el juez Héctor Ignacio Santamaría. El 15 de diciembre del 2016 el juez se inhibió en favor de la Audiencia Nacional en la PS 1, la que investiga el amaño de contratos, por considerar que entre los investigados, entre los que figura el exconsellers y ex Delegado de Gobierno en la Comunidad Valenciana, Serafín Castellano, hay más de una treintena de empresarios de varias CCAA. Según los investigadores los acusados integraban un grupo criminal que actuaba de manera coordinada en varias comunidades y también en el extranjero. Se les atribuyen los siguientes delitos: alteración del precio de concursos públicos, pertenencia a organización criminal, falsedad en documento mercantil, delito cohecho, malversación de caudales públicos, prevaricación y negociaciones prohibidas a los funcionarios.

15. CASO FÓRMULA 1.

La investigación se está llevando a cabo por el juzgado de instrucción número 2 de Valencia. Tiene su origen en una querella de la Fiscalía Anticorrupción. Se investigan las presuntas irregularidades en la organización de los grandes premios de Europa de Fórmula 1 que tuvieron lugar en Valencia entre 2008 y 2012 que afectarían a los contratos de suministro de sistemas de acceso; megafonía; equipos de emisión; producción de eventos y catering y a los sobre costes de construcción del circuito.

En otra PS también se investiga la absorción de Valmor por la empresa pública Circuito del Motor y la asunción de la deuda por parte de la Generalitat. Entre los investigados inicialmente se encontraba Francisco Camps, ex Presidente de la Generalitad Valenciana. La jueza Beatriz Sobremonte decidió archivar la causa contra Camps que estaba acusado de malversación y prevaricación por haber utilizado una sociedad privada para eludir la legislación de contratación del sector público. La decisión de la jueza ha sido recurrida por la Generalitad Valenciana que cita como jurisprudencia la reciente sentencia del Tribunal de Cuentas que condenó a Ana Botella y siete ex cargos del Ayuntamiento de Madrid por malvender pisos públicos a fondos buitres.

16. CASO PALMA ARENA.

El sumario está formado por 28 PS. Se inicia en el 2007 por un desvío de 48 millones en la construcción del velódromo “Palma Arena”. En estos momentos entre investigados, procesados y condenados hay 42 personas. El ex Presidente Jaume Matas ha sido condenado por la PS 2 (6 meses de prisión tras recurso de casación al TS); por la PS 6 por un delito de cohecho, en su consideración de pasivo impropio, a una multa de 9.000 euros y al comiso de los 42.111 euros que recibió como regalo a través de la contratación ficticia de su mujer por parte de un conocido hotelero mallorquín y por la PS Nóos. (3 años y 8 meses). En estos momentos está en la prisión de Aranjuez donde cumple condena por la ultima sentencia.

Sobre la PS 28, formada por 3 subpiezas, en las que se investiga la financiación irregular del PP en esta Comunidad ha sido juzgado por la Audiencia Provincial y se encuentra pendiente de sentencia. En octubre del 2018, al inicio del juicio, Jaume Matas admitió las acusaciones de prevaricación, malversación y fraude formuladas por la Fiscalía aceptando las penas de 2 años y medio de prisión sustituible por multa de 18.000 euros. De los seis acusados tres han alcanzado acuerdos de conformidad. Además de Matas, también se han admitido las acusaciones y se han conformado con las penas solicitadas el empresario y dueño de Over Marketing Daniel Mercado y la exdirectora general de Tecnología Encarnación Padilla, cuñada de Matas.

También han sido juzgados el exconseller de interior y antiguo delegado del Gobierno José María Rodríguez, la exsecretaria general de Interior María Luisa de Miguel y la exjefa de prensa del departamento autonómico de Salud Marisa Durán.

En las tres subpiezas ha quedado acreditado que Matas y Mercado se pusieron de acuerdo para pagar a través de contratos públicos fraudulentos trabajos electorales que Over Marketing había realizado sin cobrar o por debajo de su precio para el PP balear. Estas adjudicaciones presuntamente corruptas se llevaron a cabo a través de tres departamentos del Govern: la Conselleria de Interior, la Dirección General de Tecnología y la Conselleria de Salud.

Las responsabilidades civiles solicitadas por la Fiscalía y la Abogacía balear por esta causa ascienden a 28.913 euros. El PP está acusado como responsable civil subsidiario por 18.000 euros.

17. CASO NOVO CARTHAGO.

Está siendo instruido por el Juzgado Nº 2 de Murcia cuyo titular es la juez Miriam Marín García. Se investigan varios delitos de corrupción urbanística relacionados con la recalificación de terrenos cercanos al Mar Menor en el municipio de Cartagena. El relato de hechos según el MF se remonta al año 2002, cuando la promotora Hansa Urbana comenzó a adquirir terrenos junto al Mar Menor con la pretensión de construir un gran complejo urbanístico. Como se daba la circunstancia de que el suelo era objeto de numerosas y rigurosas figuras de protección ambiental, la mercantil habría comenzado a realizar gestiones ante autoridades municipales y autonómicas para tratar de soslayar esos obstáculos. Para ello, entre otras razones, exponía que se iban a crear 8.000 puestos de trabajo gracias a una inversión de mil millones de euros.

El primer paso para tratar de burlar presuntamente la legislación ambiental lo habría dado el consejero Cerdá reabriendo el PORN del Mar Menor, para lo que habría contado con la colaboración del entonces director general de Medio Natural, Carlos Brugarolas, y de la asesora María Antonieta Fernández. Se da la circunstancia de que, coincidiendo con esos trámites, esta trabajadora eventual de la Consejería habría ingresado en sus cuentas 125.000 euros que el fiscal considera «injustificados e ilícitos», lo que la ha llevado a ser acusada de blanqueo de capitales. El fiscal menciona expresamente a Valcárcel para dejar constancia de su apoyo al proyecto, como quedó de manifiesto cuando en julio de 2003 presidió la presentación pública de Novo Carthago en un hotel de La Manga del Mar Menor, rodeado de buena parte de sus consejeros y de la entonces alcaldesa de Cartagena, Pilar Barreiro. En el resto de la tramitación, en la que era necesaria la declaración de impacto ambiental, habrían participado los otros encausados, quienes habrían burlado a conciencia la ley y que están acusados por ello de prevaricación. Entre estos destaca el exconsejero Bascuñana, que firmó la aprobación definitiva.

Según un auto de la juez del año 2016 estaría implicado Ramón Luis Valcárcel, ex Presidente de Murcia y en la actualidad eurodiputado. En ese auto se especifica que “del conjunto de lo instruido resultan indicios que apuntan hacia la posibilidad de que, para conseguir la reclasificación urbanística del proyecto Novo Carthago, se entregasen por la promotora Hansa Urbana incentivos económicos a distintas autoridades con potestad para dar viabilidad a dicho proyecto, entre ellos, al anterior presidente de la Comunidad (que podría haber recibido los emolumentos a través de su hija (María Rosario) o de su cuñado Juan Francisco Cruz Alfaro, socio de Faromur”.

Por su parte la Fiscalía, en un escrito de noviembre 2018 por el que se opone al archivo solicitado por los acusados, sostiene una «unidad de acción» entre dos consejerías, la de Medio Ambiente y la de Urbanismo, al frente de las cuales estaban Antonio Cerdá y Joaquín Bascuñana, respectivamente, lo que permitió que saliera delante la recalificación urbanística Una tramitación que, según la Fiscalía Anticorrupción, fue «ilegal, caprichosa, mendaz, espuria, arbitraria y burda», y en la que solo habría primado la voluntad de favorecer unos intereses particulares, los de la promotora Hansa Urbana, frente a los de la ciudadanía.

En Diciembre del 2018, el MF en su escrito de calificación provisional acusa a Cerdá, Bascuñana, Alvarado y Ródenas de supuestos delitos de prevaricación, mientras que al propio Cerdá, a la que fue su asesora, María Antonieta Fernández, y al exalto cargo Carlos Brugarolas les atribuye falsedad documental. Este es el listado de acusados y penas solicitadas que incluye el MF:

Antonio Cerdá Cerdá. Le piden tres años y medio de prisión y otros tantos de inhabilitación por un delito de falsedad documental en concurso con prevaricación continuada.
Joaquín Bascuñana García. Acusado de prevaricación, el fiscal solicita para el exconsejero una condena de seis años y medio de inhabilitación para empleo o cargo público.
Carlos Brugarolas Molina El fiscal le atribuye falsedad documental en concurso con prevaricación continuada y le pide tres años y tres meses de prisión y lo mismo de inhabilitación.
María Antonieta Fernández Cano. Acusada de falsedad documental en concurso con prevaricación continuada y de blanqueo de capitales, le piden tres años y ocho meses de prisión.
José María Ródenas Cañada. Acusado de prevaricación en calidad de partícipe, se enfrenta a una petición de cinco años y seis meses de inhabilitación para empleo o cargo público.
Manuel Alfonso Guerrero. Acusado de prevaricación en calidad de partícipe, se enfrenta a una petición de cinco años y seis meses de inhabilitación para empleo o cargo público.
Antonio Alvarado Pérez. El fiscal anticorrupción le pide seis años y medio de inhabilitación para cargo o empleo público por presunta prevaricación, en calidad de autor.

El resto de acusados contra quienes se dirige la fiscal se completa con el ex director general de Medio Natural, Carlos Brugarolas, que también afronta una petición de tres años y tres meses de prisión y otros tantos de inhabilitación, y la antigua asesora personal de Cerdá, María Antonieta Fernández Cano, acusada de prevaricación y blanqueo de capitales, por los que se le piden tres años y ocho meses de prisión; además del ex director general de Calidad Ambiental, Antonio Alvarado; el ex director general de Administración Local y de Urbanismo, Manuel Alfonso Guerrero; el ex subdirector general de Urbanismo, José María Ródenas Cañada; y el antiguo asesor jurídico de Urbanismo, Luis María Romero Agulló, quienes están acusados de prevaricación -en calidad de partícipes- y que se enfrentan a peticiones de inhabilitación que rondan los seis años.

18. CASO AUDITORIO DE PUERTO LUMBRERAS / CASO PASARELAS

18.1. Caso Auditorio

El TSJMU, tras remitirle el Juzgado de Instrucción nº 1 de Lorca una exposición motivada para que fuera investigado Pedro Antonio Sánchez, ex alcalde de Puerto Lumbreras y ex Presidente de la Región de Murcia, y tras constatar que había perdido su aforamiento por dimitir como Diputado autonómico , ha devuelto el caso al Juzgado de Lorca por considerar que ahora es el competente. El origen de esta causa está en una querella de la Fiscalía contra Pedro Antonio Sánchez por cometer los presuntos delitos de falsedad, prevaricación, malversación de caudales y fraude durante su etapa como alcalde de Puerto Lumbreras. El motivo son las obras de construcción del Teatro Auditorio, adjudicadas en 2008 y que fueron recepcionadas en 2011 sin que, supuestamente, hubieran sido terminadas.

18.2. Caso Pasarelas

Ha sido instruido por el juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Lorca que decretó la apertura de juicio oral contra Pedro Antonio Sánchez y contra el arquitecto Martín Lejárraga Azcarreta por la posible comisión de los delitos de prevaricación, falsedad documental y fraude en la contratación. Este caso surgió como una escisión del “Caso Auditorio” y se ha investigado si desde el Ayuntamiento de Puerto Lumbreras, y más concretamente quien era su alcalde en aquellos tiempos, Pedro Antonio Sánchez, pudieron cometer algún tipo de ilegalidad en 2007 con la adjudicación del proyecto de rehabilitación y embellecimiento de un puente y una pasarela en la rambla de Nogalte.

En diciembre del 2018 la Audiencia Provincial de Murcia ha absuelto a Pedro Antonio Sánchez y Martín Lejárraga Azcarreta declarando nulo el auto de otra sección de este tribunal que reabrió el caso debe ser declarado nulo. El tribunal ha señalado que ese auto y las diligencias de investigación que se acordaron entonces no pueden tener valor jurídico alguno porque la declaración de la causa como compleja se acordó cuando habían transcurrido los seis meses previstos por la ley. La Fiscalía Anticorrupción ha anunciado su intención de recurrir ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Murcia la absolución del expresidente.

19. CASO TEATRO MADRID. SENADOR JUAN SOLER

Tras la querella presentada el 10 de marzo del 2015 por Roberto Benítez, un vecino de Getafe, se investiga por el Juzgado de Instrucción número 4 de Getafe el supuesto amaño de contratos durante los años en que Juan Soler, actualmente Senador Territorial, diputado autonómico y concejal, fue alcalde de Getafe (2011-2015). En concreto, seis contratos relacionados con el Teatro de la Calle Madrid y con otras obras de Getafe.

Tras más de 3 años de instrucción la Fiscalía a través de un informe presentado en julio 2018 considera que ya hay suficientes indicios como para imputar al aforado Juan Soler por lo que solicita al juez que eleve al Tribunal Supremo una exposición motivada. En este procedimiento están siendo investigados varios empresarios que habrían ayudado al Ayuntamiento a manipular adjudicaciones presentando empresas pantalla, mientras otros se llevaban los contratos con información privilegiada.

La Fiscalía reúne en su informe diferentes testimonios que apuntan a que todas las modificaciones irregulares se hicieron por encargo directo de Soler. Esas irregularidades se repitieron en otros concursos públicos, como la construcción de escuelas infantiles o la remodelación del Mercado Municipal. Soler era "no solo conocedor de la tramitación relativa a estos concursos, sino que también era el impulsor", sostiene el escrito.

20. CASO ENREDADERA.

En mayo de 2016, tras con la denuncia del concejal de Seguridad del Ayuntamiento de Montgat (Barcelona) se inicia la investigación en el Juzgado de Instrucción 2 de Badalona y en la Fiscalía Anticorrupción. En la actualidad este juzgado se ha inhibido a favor de otros ubicados en varias CCAA. La investigación arrancó en julio de 2016 en el Ayuntamiento de Montgat (Barcelona). La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) halló indicios del supuesto amaño de contratos municipales para la instalación de radares de tráfico. Posteriormente se ha conocido que los intereses de esta trama trascendían de la ordenación del tráfico y que llegaba a concejalías como las de Bienestar Social, Obras, Urbanismo, Deportes y Parques y Jardines. A partir de este primer informe fueron detenidas 43 personas —entre ellas 16 alcaldes y concejales y nueve policías locales— y comunicó la condición de investigados a más de 70 por su presunta implicación en una trama de corrupción en 44 Ayuntamientos.

Entre los detenidos y actualmente en prisión se encuentra el constructor y empresario leonés José Luis Ulibarri, dueño de varios periódicos en Castilla y León y de parte de la televisión autonómica. Está procesado en el Caso Gürtel ( PS Boadilla).

En las grabaciones telefónicas realizadas por la UDEF se han conocido, entre otras cuestiones, las excelentes relaciones entre algunos alcaldes como el de León y Consejeros del Gobierno de Castilla y León con el empresario Ulibarri. Estas relaciones de confianza le suponían conocer con antelación las condiciones de determinados contratos públicos que posteriormente le serían adjudicados.

En el caso del Ayuntamiento de León, la UDEF tras el registro llevado a cabo el pasado 10 de julio la UDEF, incautó 15 contratos valorados en 19 millones de euros, entre ellos el contrato del servicio de atención a domicilio para personas mayores y dependientes, valorado en 8,7 millones de euros, que fue adjudicado a Aralia Servicios Socio sanitarios. Esta empresa es propiedad de José Luis Ulibarri.

En el caso de la Junta de Castilla y León su consejero de Fomento Juan Carlos Suárez-Quiñones, juez de profesión, aparece citado en el sumario por las conversaciones interceptadas por la UDEF en las que ofrece una obra sin concurso y anuncia otras que el Gobierno planeaba adjudicar a Ulibarri.

Además de este empresario fueron detenidos el alcalde de Arroyomolinos, Carlos Ruipérez, y Sadat Maraña, asesor en la Diputación de León, ambos del partido de Ciudadanos que preside Albert Rivera.

Han sido registrados los Ayuntamientos de León, Astorga, San Andrés de Rabanedo y Villaquilambre (León), Alcobendas, Fuenlabrada, Majadahonda, Arroyomolinos, Villanueva de la Cañada, Pinto, Parla, Torrelodones (Madrid), Oviedo, Huesca, Teruel, Illescas (Toledo), Lérida, Mollet del Vallés, Tiana (Barcelona), Plasencia (Cáceres), Palencia, Vélez-Málaga,. Además se ha requerido información a la Diputación de Alicante y a los Ayuntamientos de Mataró, Montgat, Pineda de Mar, Premià de Mar, Rubí, Aldea del Fresno, Brunete, El Escorial, Galapagar, Manzanares el Real, Valdemorillo, La Cistérniga, El Puig, Gandía, O’Grove, Logroño, San Vicent del Raspeig y Vitoria.
La UDEF ha realizado, al menos, 92 registros, en 31 despachos profesionales, 24 domicilios y 12 empresas. Una de estas es Aplicaciones Gespol S.L., filial de la constructora Sacyr. Esta mercantil, con sede en Barcelona, era la proveedora de un software para policías locales que centra parte de las sospechas.

Según la Fiscalía Anticorrupción, en los pinchazos telefónicos y en la investigación policial hay “indicios suficientes” de que estos hechos supondrían varios delitos: prevaricación, fraude, revelación de información, malversación, tráfico de influencias, cohecho, falsedad documental, alteración del precio de concurso público y organización criminal.

21. CASO ESCOMBRERAS.

Esta causa está siendo investigada por la titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Murcia, María del Mar Azuar. Se intenta esclarecer una supuesta trama de corrupción montada en torno a esa planta desaladora, por cuya explotación la Comunidad Autónoma se comprometió a realizar pagos por importe de 600 millones de euros en el plazo de 25 años. La desalinizadora está gestionada por empresas del grupo ACS, y según fuentes oficiales de la Comunidad Autónoma, el gobierno autonómico habría pagado hasta el momento 94 millones de euros por el alquiler, debiendo por el momento otros 35 millones. La investigación judicial tiene su origen en una denuncia presentada a finales del pasado año por la Fiscalía Superior de la Región. En su denuncia figura como cabeza de la trama Antonio Cerdá, ex consejero de los gobiernos de Ramón Luis Valcárcel. Además de Cerdá, la acusación se dirige contra una quincena de funcionarios públicos y de integrantes de los consejos de administración de varias de las sociedades, públicas y privadas, que habrían participado en el supuesto fraude.

Según la fiscal María Isabel Neira en un informe remitido en diciembre del 2018 al juzgado considera que “No parece creíble que el proyecto ejecutado por un grupo de personas, encuadradas en la parte pública, actuasen a espaldas de los órganos de gobierno, sin control de nadie y generando costes inasumibles” e insiste que “la intervención judicial de la desaladora está más que justificada en función, en primer lugar, de la gravedad y del elevado número de delitos que podrían haberse cometido, pues aprecia indicios de prevaricación continuada, malversación de caudales públicos, fraude, cohecho y falsedad documental, a los que se podrían sumar los de administración desleal y actividades prohibidas a funcionarios. A ese extenso elenco presuntamente delictivo se suma el hecho de que la Comunidad habría estado pagando hasta marzo de 2018, en apariencia, un canon ilegal a Enagás por la toma de agua para la desaladora en el puerto de Escombreras, con un coste aproximado de 1,7 millones de euros anuales”.

22. CASO SERRALLO.

Ha sido instruida por María Ángeles Jiménez , jueza titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Granada que ha investigado las dos querellas presentadas, como origen del caso, por la Fiscalía de Urbanismo y Medio Ambiente de Granada. En mayo del 2018 la jueza ha decretado la apertura de juicio oral contra 17 acusados que ha sido confirmado por la Audiencia Provincial de Granada al rechazar los recursos de varios de los investigados a los que se les acusa de irregularidades urbanísticas junto al centro comercial Serrallo Plaza, en el extremo sureste de la ciudad, donde el Plan de Urbanismo preveía un parque y en su lugar se levantaron varias edificaciones sin solicitar licencia hasta terminar con la construcción de una discoteca, con sala de fiestas y pista de patinaje, a cargo de la constructora García Arrabal. Entre los investigados están José Hurtado, ex alcalde de Granada y la ex concejal de urbanismo, Isabel Nieto, varios empresarios y técnicos municipales. Todos ellos están acusados de delitos contra la ordenación del territorio, fraude en la contratación, prevaricación común, prevaricación urbanística, tráfico de influencias y malversación.

23. CASO ÁTICO ESTEPONA.

La causa se inició en el año 2012. Está siendo instruido por el Juzgado de Instrucción nº 5 de Estepona. Se investigan las circunstancias que concurren en la venta de un ático de lujo de más de 500 metros cuadrados en 2008 por la empresa offshore “Coast Investors” que fue comprado por Ignacio González, ex Presidente de la CAM y ex Secretario General del PP madrileño. Además del propio González están investigados, entre otros, su mujer Lourdes Cavero y el Presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo.

24. CASO GABRIEL AMAT.

Está siendo instruido por el Juzgado de Instrucción nº 1 de Roquetas del Mar. Se investigan las relaciones entre Gabriel Amat Ayllón, Alcalde de Roquetas del Mar, ex Presidente de la Diputación Provincial y Presidente del PP en Almería con una trama de empresas beneficiadas por sus decisiones. La mayoría de estas empresas están controladas por familiares y amigos del propio Amat. La UDYCO ha presentado al juzgado un segundo informe ampliatorio sobre la citada trama.

25. CASO EÓLICAS.

El origen de la investigación está en un informe realizado por un inspector de la Agencia Tributaria, fechado el pasado 30 de diciembre de 2014, en el que se afirma que Altos Cargos de la Junta de Castilla y León en connivencia con algunas empresas de la comunidad cobraron 110 millones de euros para favorecer la concesión de autorizaciones para medio centenar de los 241 parques eólicos distribuidos por la comunidad en los diez últimos años.

Este informe dio pie a una querella de la Fiscalía de Valladolid presentada en mayo del 2017 y aceptada a tramite por el Juzgado de Instrucción nº 4 de Valladolid. Entre los citados en el informe se encuentra el entonces Vice Consejero de Economía y Empleo entre el 2002 y el 2011, Rafael Delgado Núñez, que era el que firmaba las autorizaciones administrativas y Alberto Esgueva, que fue hasta 2006 consejero delegado de Excal, empresa pública de la Junta dedicada a fomentar exportaciones. Su grupo empresarial es uno de los más beneficiados por las operaciones. El responsable de la Consejería de Economía era Tomás Villanueva fallecido súbitamente en septiembre del 2017. En la actualidad son 21 los investigados y han declarado una veintena de testigos.
 

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