EL PP EN EL BANQUILLO

Noviembre 2017

BÁJATE EN ESTE ENLACE UNA ACTUALIZADA Y SELECTA SELECCIÓN EN PDF. 23.11.17

A. CONSIDERACIONES GENERALES

B. SITUACIÓN CASOS MÁS RELEVANTES Y SU CALENDARIO JUDICIAL:

01. CASO GÜRTEL

02. CASO PÚNICA

03. CASO LEZO.

04. CASO RATO.

05. CASO ACUAMED.

06. CASO PEDRO GÓMEZ DE LA SERNA & GUSTAVO DE ARISTEGUI.

07. CASO IMELSA.

08. CASO TAULA.

09. CASO EMARSA.

10. CASO BRUGAL.

11. CASO CASTELLANO/ALVIASA.

12. CASO FÓRMULA 1.

13. CASO PALMA ARENA.

14. CASO NOVO CARTHAGO.

15. CASO AUDITORIO DE PUERTO LUMBRERAS.

16. CASO UMBRA.

17. CASO NUEVA CONDOMINA.

18. CASO ESCOMBRERAS.

19. CASO SERRALLO.

20. CASO ÁTICO ESTEPONA.

21. CASO AMAT.

22. CASO EÓLICAS.

23. CASO MARTÍNEZ PUJALTE.

24. CASO PERLA NEGRA.

25. CASO MERCAMADRID

26. CASO PEDRO SANZ

 


A. CONSIDERACIONES GENERALES

- El Partido Popular, como organización, está presente en 5 sumarios en calidad de acusado a título lucrativo, responsable civil subsidiario y/o investigado penal por blanqueo de capitales y delito electoral:

Caso Gürtel. PS Caja B. Papeles de Bárcenas
Caso Gürtel. PS Época 1999-2005
Caso Gürtel. PS Boadilla
Caso Destrucción discos duros de Bárcenas
Caso Imelsa. PS Operación Taula

- Las fianzas que le han sido fijadas en tres de estas cinco causas ascienden a 1.694.844€.

- Cajas B. Se ha constatado la existencia de diversas Cajas B regionales, además de la gestionada durante 19 años en Génova 13, al menos en el PP de Madrid, Baleares y Valencia.

- Entre los investigados (imputados); procesados y/o condenados se encuentran toda la tipología posible de cargos públicos, tanto electos como designados. También están representados una amplia muestra de cargos orgánicos del PP que han formado o continúan formando parte de sus diferentes Comités Ejecutivos y Juntas Directivas. De todos ellos destacamos los siguientes :

- Ex Ministros de los Gobiernos de Aznar y Rajoy : Ana Mato, Rodrigo Rato, Ángel Acebes y Jaume Matas.

- Ex Presidentes de CCAA : Ignacio González, Francisco Camps, Jaume Matas y el ex Presidente de la Región de Murcia, Pedro Antonio Sánchez por el Caso Auditorio y por el Caso Púnica.

- Ex Diputados y/o senadores : Jesús Merino y Pedro Gómez de la Serna (Segovia); Jesús Sepúlveda, Pilar Barreiro y Vicente Martínez Pujalte (Murcia); Álvaro Lapuerta y Francisco Granados (Madrid); Luis Bárcenas (Cantabria); Ana Tormé (Valladolid)

- Ex Consejeros CCAA : Alberto López Viejo, Lucía Figar, Salvador Victoria e Ignacio Echevarría (C.A Madrid); Angélica Such, Milagrosa Martínez; Juan Cotino; Lola Johnson, Alicia de Miguel, Manuel Cervera, Luis Rosado, Rafael Blasco, Serafín Castellanos y Víctor Campos (C.Valenciana); Juan Carlos Ruiz López, Antonio Cerdá, Francisco Marqués y Joaquín Bascuñana (Murcia). Joan Flaquer, José María Rodríguez y Aina Castillo (C.A. Baleares)

- Ex Diputados autonómicos: David Serra, Ricardo Costa, Vicente Rambla, Yolanda García Cristina Ibáñez, Miguel Domínguez (C. Valenciana); Alfonso Bosch, López Viejo, Benjamín Martín Vasco, Mario Utrilla, Daniel Ortiz y Josefa Del Olmo (C. Madrid).

- Presidentes de Diputaciones Provinciales: Carlos Fabra (Castellón); Gabriel Amat (Almería); Joaquín Ripoll (Alicante); Alfonso Rus (Valencia); Martín Marcos Rodríguez Barazón (León).

- Ex Altos Cargos de diferentes Administraciones Públicas: ex Secretario de Estado de Comunicación; ex Secretario de Estado de Medio Ambiente; ex Delegados del Gobierno en varias CCAA (7); ex Directores Generales CCAA, etc.

- Ex Alcaldes y decenas de concejales: ex alcaldesa de Alicante, ex alcalde Toledo, ex alcaldesa de Orihuela; ex alcalde de Murcia, ex alcaldesa de Cartagena, ex alcalde de Granada, ex alcalde de Boadilla, ex alcalde de Majadahonda; ex alcalde de Arganda del Rey; ex alcalde Pozuelo de Alarcón; ex alcalde de Valdemoro, ex Alcalde Mostoles, etc.

- 3 ex Tesoreros Nacionales: Procesados por el Caso Gürtel están Ángel Sanchís, Álvaro Lapuerta y Luis Bárcenas. También está procesada por la titular del juzgado de instrucción nº 32 de Madrid la actual Tesorera Nacional, Carmen Navarro por la destrucción ordenadores Bárcenas y además está siendo investigada por el Juzgado de Instrucción nº 18 de Valencia por su participación en presunto delito electoral continuado (Caso Taula)

- 3 ex Gerentes Territoriales: Beltrán Gutiérrez (ex Gerente Madrid); Cristina Ibáñez (ex Gerente Valencia); Fernando Areal (ex Gerente del PP balear).

- La mayoría están siendo investigados y/o acusados por delitos relacionados con la corrupción: Asociación ilícita, delitos electorales, cohecho, falsedad, fraude a las administraciones públicas, malversación, prevaricación, estafa en concurso con falsedad en documento mercantil, contra la hacienda pública en concurso con falsedad continuada, blanqueo de capitales, tráfico de influencias, fraude, exacciones ilegales a las administraciones públicas, etc.

B. SITUACIÓN CASOS MÁS RELEVANTES Y CALENDARIO JUDICIAL

01. CASO GÜRTEL

Tras 10 años desde que se iniciara la investigación, además de la causa principal, el sumario está formado por 12 Piezas Separadas que se están instruyendo o juzgando en la Audiencia Nacional (Juzgado Central de Instrucción nº 5; Sección 2ª de la Sala de lo Penal y Juzgado Central de lo Penal). En estos momentos hay 167 procesados.

En cuanto a cada una de las PS la situación es la siguiente:

1.1. PS Primera Época 1999-2005. Ha sido instruida por el Juzgado Central de Instrucción nº 5, cuyo titular era el juez Pablo Ruz.
El juicio comenzó el 4 de octubre del 2016 y ha quedado visto para sentencia el pasado 17 de noviembre. En total se han celebrando 124 sesiones en la sede de la Audiencia Nacional en San Fernando (Madrid)

Hay 37 procesados, entre los que se encuentran, como participes a titulo lucrativo el Partido Popular, al que se le ha fijado una fianza de 245.492 € y Ana Mato, ex Ministra de Sanidad a la que se ha fijado una fianza de 28.467€. La responsabilidad civil de los procesados se eleva a 449 millones de euros en concepto de fianza (multas y responsabilidad civil).

Otros procesados relevantes :

- 3 ex Tesoreros Nacionales del PP : Ángel Sanchís, Álvaro Lapuerta y Luis Bárcenas. Entre los tres suman 20 años como responsables de las finanzas de este Partido ( 1990-2010 ).

- Los 15 cargos públicos que han tenido responsabilidades en representación del PP en diferentes administraciones territoriales ( Ayuntamientos y CAM ) y/o en las Cortes Generales o Asamblea de Madrid.

Los delitos por los que están acusados son los siguientes:
Asociación ilícita, cohecho, falsedad, fraude a las administraciones públicas, malversación, prevaricación, estafa en concurso con falsedad en documento mercantil, contra la hacienda pública en concurso con falsedad continuada, blanqueo de capitales, tráfico de influencias, fraude, exacciones ilegales a las administraciones públicas.

Como consecuencia de haber prosperado las recusaciones planteadas respecto a los magistrados Concepción Espejel Jorquera y Enrique López López, conforme al turno establecido y según las normas de reparto establecidas, queda constituido el Tribunal por los siguientes Magistrados: Ángel Hurtado Adrián (Presidente y Ponente), Julio de Diego López y José Ricardo de Prada Solaesa.

La Sala ha tomado declaración en calidad de testigos a Mariano Rajoy, ex Secretario General del PP y Presidente del PP desde el 2004; los ex Secretario Generales, Francisco Álvarez Cascos y Javier Arenas; los ex Vicesecretarios Generales, Rodrigo Rato y Jaime Mayor Oreja, la ex Presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre y el actual Presidente del Senado, Pío García Escudero.

Por su parte las fiscales en su alegato final han concluido, entre otras cosas, que "ha quedado plena y abrumadoramente acreditada la caja 'b' con los 'papeles de Bárcenas” (24.10.17).

En esta misma línea se ha manifestado en su testimonio como perito Manuel Morocho , inspector jefe del Grupo XXI de la UDEF, que en su comparecencia rebatió la versión de Rajoy y otros dirigentes, quienes aseguraron que dejaron de contratar con la Gürtel en 2004 al descubrir que Francisco Correa empleaba el nombre del partido para delinquir. Además este inspector que ha llevado el peso de la investigación corroboró que todas las fiestas y viajes de Ana Mato fueron pagados desde la caja B de Correa.


1.2. PS Caja B & Papeles de Bárcenas. Ha sido instruida por el Juzgado Central de Instrucción nº 5, cuyo titular era el juez Pablo Ruz. Son 6 los procesados más el PP y la empresa UNIFICA encargada de reformar la sede nacional del PP a los que se les considera responsables civiles subsidiarios. En el caso del PP en concepto de responsabilidad civil subsidiaria se le ha fijado una cuantía de 1.245.154,18€.

Para atender una resolución del actual titular del JCI nº 5, el PP ha tenido que depositar 1,2 millones como fianza como responsable civil subsidiario, después de que los procesados no hayan satisfecho sus fianzas íntegramente por los delitos fiscales que están acusados. En concreto, para Lapuerta y Bárcenas, la garantía es de 8,98 millones de euros, para Cristóbal Páez, de 7,44 millones y para el arquitecto Gonzalo Urquijo, propietario de Unifica, 6,15 millones.

Según los hechos descritos en el auto de apertura de juicio oral se constata:

- La existencia y funcionamiento de una Caja B en el Partido Popular

- La utilización de fondos del PP ajenos al circuito económico legal para la retribución de parte de los trabajos de remodelación de las distintas plantas de la sede central de la formación política, ubicada en el inmueble sito en la calle Génova, ejecutados por la mercantil Unifica Servicios integrales S.l. para el Partido Popular entre 2005 y 2010.

- El Partido Popular no ha declarado por el impuesto de sociedades 2008

- Apropiación por parte del gerente y del tesorero del Partido Popular de recursos propios de la formación política, integrados en la caja b del Partido.

Como consecuencia de haber prosperado las recusaciones planteadas por la acusaciones populares e informadas favorablemente por la Fiscalía respecto a los magistrados Concepción Espejel Jorquera y Enrique López López, conforme al turno establecido y según las normas de reparto establecidas, queda constituido el Tribunal por los siguientes Magistrados: Ángel Hurtado Adrián, Ponente, Julio de Diego López y José Ricardo de Prada Solaesa.

Reapertura.

Tras haberse cerrado la instrucción en febrero del 2017 y gracias a las declaraciones realizadas en la PS 1999-2005 por los procesados Francisco Correa y el empresario Alfonso García Pozuelo (Constructora Hispánica), en las que se involucran a grandes constructoras de pagar comisiones al PP nacional, y solicitarlo 2 acusaciones, el juez De la Mata ha reabierto el procedimiento abreviado 275/2008 Pieza Separada UDEF-BLA nº 22.510/13. Hasta el momento han declarado como investigados el empresario Alfonso García Pozuelo, Francisco Correa y el comisionista Plácido Vázquez. Los 3 se han negado a declarar. Posteriormente De la Mata, atendiendo la petición de IU y otros ha tomado declaración como investigado en calidad de investigado al empresario Rafael Palencia Marroquín y como testigo a Ángel Salado. Asimismo, tras solicitarlo, ha recibido del JCI nº 6 de la AN audios y transcripciones de diferentes grabaciones que se están investigando en el Caso Lezo relacionadas con la financiación irregular del PP. Se está a la espera de nuevas diligencias.

1.3. PS Jerez. Ha sido instruida por el Juzgado Central de Instrucción nº 5, cuyo titular es el juez José de la Mata. Se ha decretado apertura de juicio oral y se encuentra pendiente de fijar fecha para su celebración. Hay 9 procesados. Se ha investigado la adjudicación de varios contratos por parte del Ayuntamiento de Jerez a empresas del entramado dirigido por Francisco Correa. La investigación del Tribunal Supremo a María José García Pelayo, ex alcaldesa y diputada electa por Cádiz, ha sido archivada provisionalmente por el instructor sin que su decisión haya sido recurrida por el MF.

La Sala estará formada por Ángel Hurtado Adrián, Julio de Diego López y José Ricardo de Prada Solaesa. El Pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha aceptado el pasado 6 de octubre ha aceptado las recusaciones de Espejel y López solicitadas por varias acusaciones populares y por la fiscalía.

1.4. PS AENA. Ha sido instruida por el Juzgado Central de Instrucción nº 5, cuyo titular es el juez José de la Mata. Se ha decretado apertura de juicio oral y se encuentra pendiente de fijar fecha para su celebración. Esta pieza se incoó a la vista del informe de UDEF número 2408/ 2011 en el que se ponían de relieve determinados hechos y datos relacionados con la contratación llevada a cabo por empresas vinculadas a Francisco Correa Sánchez con la entidad pública AENA y el presunto abono de distintos servicios y gastos de carácter particular a empleados de este organismo público durante los años 2000 a 2002. Están procesados :
La Sala estará formada por Ángel Hurtado Adrián, Julio de Diego López y José Ricardo de Prada Solaesa. El Pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha aceptado el pasado 6 de octubre ha aceptado las recusaciones de Espejel y López solicitadas por varias acusaciones populares y por la fiscalía.

1.5. PS Cantón. El juez De la Mata, a petición de la Fiscalía, ha abierto una investigación para determinar si el Banco Pastor, ahora integrado en el Banco Popular que a su vez ha sido comprado recientemente por el Banco de Santander, sirvió como “puente” para que más de 400 personas movieran un volumen de fondos total de 1.232 millones de euros a través de entradas y salidas en las sociedades Belfast Link, domiciliada en Uruguay, y Eves, radicada en Argentina. El magistrado acuerda también enviar una comisión rogatoria a las autoridades de Argentina y Uruguay para que éstas informen si las sociedades Belfast Link SA y Eves SA, "están o han estado inmersas en algún tipo de actividad delictiva previa, o si existen sospechas de que han podido blanquear fondos de procedencia delictiva".

1.6. PS Boadilla. El 29 de junio del 2016 el juez De la Mata ha acordado la apertura de juicio oral sobre las actividades ilícitas cometidas en el Ayto. de Boadilla del Monte durante los años 2001 a 2009 por el grupo de Francisco Correa. En su auto procesa a 27 investigados, declara la responsabilidad civil de 11 sociedades mercantiles y al PP como partícipe a título lucrativo "consiguiendo que las empresas de la organización abonaran los costes de los distintos actos políticos organizados por y para el partido" y que se cifran en un total de 204.198,54 euros.

Les impone fianzas que suman un total superior a los 150 millones de euros en concepto de multas y responsabilidad civil, a lo que se suma el tercio establecido por ley. Las fianzas más altas corresponden a Correa, con más de 32 millones de euros; Crespo, con casi 24 millones, y González Panero, con 23,6 millones.

El entramado estaría integrado por: Pablo Crespo Sabaris de modo permanente desde el año 2002; José Galeote Rodríguez durante al menos los años 2001 a 2003; Arturo González Panero y César Tomás Martín Morales desde su creación y Alfonso Bosch Tejedor, desde su nombramiento como Gerente de la EMSV en 2003.

Los integrantes del grupo habrían percibido comisiones que habrían ascendido, como mínimo, en el caso de Francisco Correa a 2.702.315,59 €; Pablo Crespo a 593.000 €; José Galeote a 557.609,9 €; Arturo González Panero a 1.800.000 €; Tomás Martín Morales a 1.327.235,5 € y Alfonso Bosch a 941.652 €. El empresario García Pozuelo ha remitido un escrito de conformidad con las acusaciones que contra él ha formulado la Fiscalía. El Pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional aceptó el 6 de octubre del 2016 la abstención de la jueza Espejel.

1.7. Arganda del Rey. A la vista de las actuaciones llevadas a cabo por el juez De la Mata y la Fiscalía así como por los informes recibidos de la UDEF, ONIF e IGAE es probable que se cree en breve una PS que afecte al Ayuntamiento de Arganda del Rey (Madrid). Se investigan la adjudicación de numerosos contratos a empresas relacionadas con los responsables de la trama Gürtel. En especial, por su cuantía, tiene especial interés las irregularidades en la venta por parte de la EMS a la constructora Martinsa de la parcela 124 que ha generado plusvalías de varios millones de € y significativas comisiones a Francisco Correa. Tras una exposición motivada al TSJCM, De la Mata ha tomado declaración en calidad de investigada a la ex Diputada de la Asamblea de Madrid, Josefa Aguado que en su momento fue Jefa de deportes de la Sociedad Municipal de Fomento. El juez le acusa de 3 delitos :prevaricación, fraude a la administración pública y malversación de caudales públicos. Asimismo han declarado en calidad de investigados y/o testigos varios ex concejales y ex responsables de la citada Sociedad Municipal de Fomento. Por último, se ha solicitado un nuevo informe sobre las operaciones urbanísticas afectadas a la IGAE quien ha requerido un perito Ingeniero de Caminos para valorar si eran necesarios varios proyectos o es una mera división para evitar un procedimiento de adjudicación más rígido y si se justifican las ampliaciones y complementarios.

1.8.Blanqueo de capitales. Continúa la investigación sobre el entramado financiero y de blanqueo de capitales llevado a cabo por Francisco Correa. El 04.04.16 el Juez De la Mata ha requerido al registro Mercantil las cuentas de una docena de empresas relacionadas con Francisco Correa y Jacobo Gordon Levenfeldt a fin de elaborar el informe correspondiente. Gordon compartía despacho con Ana Aznar y gestionaba empresas con Alejandro Agag.

1.9. Trama valenciana :


- PS 1, 2 y 6. Ha sido instruida por el juez José Ceres del TSJCV. El Juzgado Central de Instrucción nº 5 de la Audiencia Nacional, cuyo titular es el juez José de la Mata, decretó el 26 de febrero del 2016 la apertura de juicio oral que se celebrará a partir del próximo 15 de enero del 2018 en el Juzgado Central de lo Penal de la Audiencia Nacional cuyo titular es el magistrado José María Vázquez Honrubia. Las Piezas 1 y 2, se refieren a delitos electorales en las autonómicas y municipales de 2007 y en las generales de 2008. La Pieza 6 es la relativa a los delitos fiscales cometidos por financiación irregular y al IRPF de Álvaro Pérez.. Están procesados 20 personas. Nueve empresarios han presentado al juez escritos de conformidad acordados con la Fiscalía.

- PS 3. Caso Fitur. Ha sido instruida por el juez José Ceres del TSJCV. El juicio oral se ha celebrado en ese mismo TSJCV. Se inició el 31 de marzo del 2014 y tras varias interrupciones ha finalizado en abril 2016. Se han investigado las adjudicaciones concedidas por el Gobierno valenciano para el diseño y montaje de su pabellón en la feria turística Fitur entre 2005 y 2009 por importe de cinco millones de euros. La sentencia se hizo publica el 10 de febrero 2017. Entre los condenados se encuentran Milagrosa Martínez, exconsellera de Turismo y expresidenta de las Cortes Valencianas, condenada a nueve años prisión, Francisco Correa a 13 años; Pablo Crespo, a 13 años y 3 meses y Álvaro Pérez "el Bigotes" a 12 años. Los 3 últimos han ingresado en cárceles de la Comunidad de Madrid. Se está a la espera que el Tribunal Supremo resuelva los recursos de casación que han presentado varios condenados.

- PS 4. Visita Papa a Valencia. Ha sido instruido por el juez José Ceres del TSJCV. El juez de la Mata ha decretado el 23 de mayo del 2016 la apertura de juicio oral y se encuentra pendiente de fijar fecha para su celebración. En su auto el juez ha procesado a 23 personas y 10 entidades responsables civiles, entre los que se encuentra el ex presidente de las Cortes Valencianas y ex Director General de la Policía, Juan Cotino, por ocho delitos, entre ellos, los de asociación ilícita, malversación, prevaricación, blanqueo de capitales y fraude fiscal en la adjudicación de un contrato de Canal 9 a una empresa pantalla de la trama Gürtel con motivo de la visita del papa Benedicto XVI a Valencia en 2006. La lista de acusados incluye al ex director de la televisión pública valenciana Pedro García Gimeno, varios altos cargos de esta corporación (RTVV), así como a los cabecillas de la trama: Francisco Correa, Pablo Crespo, Álvaro Pérez (El Bigotes) y José Ramón Blanco Balín. El contrato presuntamente amañado consistía en la instalación de megafonía y pantallas gigantes para la difusión del V Encuentro Mundial de las Familias que presidió el Papa y se celebró junto a la Ciudad de las Artes y las Ciencias. La adjudicación, de 7,4 millones de euros, fue a parar a Teconsa, una empresa leonesa de obra pública sin experiencia en el sector audiovisual, utilizada según el juez como fachada.

Como consecuencia de haber prosperado las recusaciones planteadas respecto a los magistrados Concepción Espejel Jorquera y Enrique López López, conforme al turno establecido y según las normas de reparto establecidas, ha quedado constituido el Tribunal por los siguientes Magistrados: Ángel Hurtado Adrián, Ponente, Julio de Diego López y José Ricardo de Prada Solaesa.

- PS 5. Contratos Generalitad a Orange Market. Ha sido instruido por el juez José Ceres del TSJCV. El 11 de enero del 2016 el juez De la Mata ha decretado apertura de juicio oral y se encuentra pendiente de fijar fecha para su celebración. Se ha investigado la adjudicación a Orange Market de numerosos contratos de la Generalidad. Se sentarán en el banquillo 3 ex Consejeros de la Generalitad y varios altos cargos. Les acompañaran, entre otros, Francisco Correa, Pablo Crespo y Álvaro Pérez 'El Bigotes', para quienes la Fiscalía Anticorrupción solicita para cada uno 10 años de cárcel. En el auto recuerda que los acusados deberán responder de delitos “de tráfico de influencias, prevaricación administrativa, falsedad en documento mercantil, falsificación en documento oficial y malversación de caudales públicos”. El magistrado explica que esta pieza se circunscribe al enjuiciamiento de "las plurales actuaciones" entre 2004 y 2009, a través de un entramado de sociedades dirigidas y/o mediante las que prevaliéndose de especiales relaciones que habían logrado establecer directamente o a través de terceros con autoridades y funcionarios públicos de la Generalitat Valenciana. Hay 25 procesados. Se ha designado la Sala para el juicio oral que inicialmente estaba formada por José Ricardo de Prada Solaesa, Concepción Espejel Jorquera (Presidenta) y Ángel Hurtado Adrián. En diciembre del 2016 la Sala de lo Penal de la AN aceptó la solicitud de la magistrada Espejel de abstenerse.

1.10. Caso destrucción ordenadores Bárcenas.
La Audiencia Provincial de Madrid el pasado 3 de noviembre 2017 ha desestimado los recursos del PP, de su Tesorera Nacional y de su Asesor Jurídico contra el auto fechado el 27 de julio del 2016 de la titular del juzgado de instrucción nº 32 de Madrid por el que ha procesado a Carmen Navarro, Gerente y Tesorera Nacional del PP, a Alberto Durán, Jefe de la Asesoría Jurídica del PP, a José Manuel Moreno, ex informático de Génova 13 y al propio Partido Popular. Se les acusa de delitos de daños informáticos y encubrimiento. Previamente la Audiencia Provincial de Madrid había desestimado la recusación presentada por el PP contra la titular de este juzgado Pilar Freire. Se está a la espera que en próximas fechas firme el auto de apertura de juicio oral.

1.11. Mordida Toledana. Tras archivar la causa el juzgado de 1ª Instancia e Instrucción nº 3 de Toledo (06.06.17), las acusaciones populares han presentado un recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Toledo. Se investiga la adjudicación de la contrata de limpieza del Ayuntamiento de Toledo a Sufi-Sacyr a cambio de una comisión de, al menos, 200 mil € para la campaña electoral de Cospedal en las autonómicas del 2007.

02. CASO PÚNICA

Está siendo instruido por el Juzgado Central de Instrucción nº 6 de la Audiencia Nacional cuyo titular interino ha sido hasta el pasado mes de junio el juez Eloy Velasco. Desde finales de ese mes se ha reincorporado su titular, Manuel García Castellón que ha estado los últimos 16 años destinado como juez de enlace en Francia y después en Italia. La Comisión Permanente del CGPJ ha acordado el 17 de agosto del 2017 nombrar al magistrado Diego de Egea y Torrón como juez de refuerzo.

Aunque la cifra probablemente crezca, en estos momentos el número de investigados asciende a 170. Entre estos hay, al menos, varios ex Consejeros y Altos Cargos de Gobiernos regionales, ex alcaldes y ex diputados autonómicos. Entre estos destacan, José Ignacio Echevarría, Salvador Victoria y Lucía Figar, Consejeros de los Gobiernos de Aguirre y González de la CM; Juan Carlos Ruiz López, Consejero de Turismo de Murcia y Martín Marcos Rodríguez Barazón, Presidente de la Diputación Provincial de León. En cuanto alcaldes significativos, la mayoría son de la CM, como es el caso del ex alcalde de Mostoles.

Además están siendo “investigados” Pedro Antonio Sánchez, ex Presidente de la Región de Murcia y la senadora y ex alcaldesa de Cartagena, Pilar Barreiro.

Esta causa se inicia en Junio del 2014 a raíz que la Fiscalía Anticorrupción, tras recibir demanda de ayuda en investigación llevada a cabo por las autoridades suizas, decidió admitir la demanda iniciar la investigación y presentar una querella contra, entre otros, Francisco Granados, ex Alcalde de Valdemoro, ex Consejero de los Gobiernos de Esperanza Aguirre y ex Secretario General del PP de Madrid y contra el empresario David Marjaliza. Según la investigación de la UCO de la Guardia Civil, ambos habían montado una estructura societaria dentro y fuera de España con la que se ocultaban, tan solo en Suiza y Singapur, unos 11 millones de euros en cuentas controladas por Granados y Marjaliza. El juez Velasco les atribuye “formar parte de una organización criminal dedicada a perpetrar delitos de blanqueo, contra la Hacienda Pública, falsedad documental, cohecho y tráfico de influencias”.

A la vista de todo ello, el juez ha formado 16 piezas separadas:

01. Caso Talamino. Se investigan los hechos referentes a la revelación de la investigación oficial a Marjaliza y Granados por parte de 2 guardias civiles. Tras la instrucción del juez Velasco se ha celebrado el juicio en la Sección Primera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional y en estos momentos se encuentra pendiente de sentencia.

02. Diputación de León. El juez Velasco ha dictado auto de transformación. Se está a la espera del escrito de calificación del MF. La acusación popular dirigida por ADADE y en la que se integra el PSOE ya ha presentado su calificación.

03. Comunidad de Murcia. El juez Velasco se inhibió a favor del TSJMU por la condición de aforado de Pedro Antonio Sánchez. Tras dimitir como Presidente de la Comunidad y como diputado autonómico, el TSJMU, tras dictar el juez instructor un auto de trasformación, se ha inhibido a favor de la Audiencia Nacional . Sobre Pilar Barreiro, ex alcaldesa de Cartagena y actual senadora, el Tribunal Supremo se ha manifestado a favor de que sea investigada una vez que el juez Velasco ha remitido su exposición razonada al citado Tribunal. El MF de la Sala II también se ha manifestado a favor de que sea investigada

04. Ayuntamiento de Valdemoro. Se está investigando, al menos, todo lo relativo a irregularidades urbanísticas. Se han nombrado dos peritos arquitectos para tasación y valoración de beneficios. Se está desarrollando mucha actividad de instrucción pero dada su complejidad, tienen que incorporarse varios informes sobre urbanismo y contratación. Dos peritos arquitectos han sido nombrados para ayudar en la investigación.

05. Contratos públicos en el ámbito local. La Fiscalía ha solicitado el auxilio de dos peritos interventores del Estado para estudiar la contratación pública desarrollada en varios ayuntamientos de la CM: Serranillos del Valle, Torrejón de Velasco ,etc.

06. Hechos referentes a Cofely. Se investigan varios contratos de eficiencia energética suscritos entre la multinacional francesa Cofely y varios Ayuntamientos: Almendralejo, Brunete, Villalba, Alcalá de Henares, Mostoles, etc. Se sospecha que se han pagado cuantiosas comisiones y se han realizado irregularmente encuestas electorales. Están siendo investigados, entre otros, Borja Gutiérrez, alcalde de Brunete (Madrid), José García Lobato, alcalde de Almendralejo (Badajoz); Carlos López Jimeno, ex Director General de Industria de la CM, por intervenir en la adjudicación de contratos de eficiencia energética de colegios públicos de Alcalá de Henares. Se está a la espera que el juez García Castellón decida si remite exposición motivada al TSJM para que investigue a Bartolomé González, Diputado de la Asamblea de Madrid y ex alcalde de Alcalá de Henares (Madrid). En julio del 2016 ya dimitió como diputado autonómico el ex alcalde Mostoles, Daniel Ortiz.

07. Hechos referentes a Waiter Music. Se investiga la contratación por parte de 47 Ayuntamientos de Madrid 2004-2014 con esta empresa de eventos musicales. Se investigan posibles comisiones percibidas y varios contratos con FCC, ACCIONA, DRAGADOS, OHL, SACYR, GRUPO DHO, URBASER que en realidad habrían servido para financiar al PP de Madrid en campañas electorales.

08. Francisco Granados y colaboradores. Se investigan adjudicaciones urbanísticas contra el pago de comisiones y regalos. Relacionado con PS 4 (Urbanismo y Valdemoro).

09. Trama internacional de presuntos blanqueos de capitales. Tiene su origen en la investigación llevada a cabo en Suiza y afectaría a Francisco Granados, David Marjaliza y sus respectivas esposas y a toda una trama de compensación orquestada por el comisionista Michael Langdom.

10. Eico y Madiva. Se investiga si Alejandro de Pedro cobró por realizar fraudulentamente informes de reputación on line a cargos públicos a diversas Administraciones Públicas y empresas.

11. Hechos referentes a Alfedel. Se investiga la constitución de cooperativas para la construcción y puesta en marcha de colegios concertados con diferentes administraciones territoriales: C. Madrid, Guadalajara, Baleares, Comunidad Valenciana, Murcia, etc

12. 0tros Hechos (que continúan en la Pieza principal)

13. Sociedades publicas de la CM : Prisma, Arpegio y Fundación Arpegio. Se investiga si se pagaron comisiones a altos cargos de la CM así como se desviaron fondos a favor del PP en relación con las inversiones realizadas a través del Plan Prisma. Están siendo investigados todos los miembros que participaron en la Mesa de Contratación designados por Arpegio para adjudicación contratos a cargo del citado programa de inversiones locales. Ha dimitido Miguel Ángel Ruiz López el Viceconsejero de Medio Ambiente de la CM tras ser registrado su despacho. También ha sido cesado Jaime González Taboada como Consejero que durante 12 años fue Director General de Cooperación Local encargado de supervisar el Plan Prisma.

14. Financiación irregular del PP de Madrid. Según varios informes de la UCO dan por sentado que se han adjudicado a empresarios contratos públicos de diferentes administraciones de la Comunidad Madrid a cambio de financiar al PP regional. Entre otros, citan expresamente a la actual Presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes a la que acusa de dos delitos (prevaricación y cohecho) por las irregularidades cometidas en la adjudicación de la cafetería al Grupo Cantoblanco del empresario, también investigado, Arturo Fernández. El pasado 4 de octubre el juez García Castellón ha citado como investigada para que declarara el 18 de octubre a Tatiana Recorder, ex jefa del servicio jurídico de la Asamblea de Madrid que participó junto a la hoy presidenta Cristina Cifuentes en las Mesas de contratación que propusieron la adjudicación a Arturo Fernández. La declaración fue suspendida por alegar la investigada que no había tenido tiempo para estudiar el sumario. Se está a la espera que vuelva a ser citada.

También se ha incorporado otro informe de la UCO en el que a raíz de la documentación incautada en los registros de los domicilios y despachos del ex gerente del PP de Madrid Beltrán Gutiérrez y el empresario Javier López Madrid, quedaría acreditada la financiación en B del Partido Popular en Madrid, el pago de Comisiones a cambio de la adjudicación de contratos, y la emisión de facturas falsas para justificar los gastos electorales que excederían de los límites permitidos.

PS 15: EICO zona levante y CAM. Según el MF afecta a distintas Comunidades Autónomas y Ayuntamientos y están pendientes exposiciones razonadas o declaraciones de aforados. De esta PS se ha inhibido a favor del Jª de Instrucción nº 18 de Valencia respecto a contratos de reputación del Ayuntamiento de Valencia, que habría quedado incorporado al caso Taula.

PS 16 Eduardo Larraz y Consorcios urbanísticos. En esta PS se investiga la actividad desarrollada por unos 20 consorcios urbanísticos en los que hay dudas fundadas sobre la adjudicación a empresas predeterminadas, bien sea de parcelas o de obras, a cambio de comisiones


03. CASO LEZO

En una primera fase ha sido instruido por el Juzgado Central de Instrucción nº 6 de la Audiencia Nacional siendo su titular Eloy Velasco. Desde finales del pasado mes de junio se ha reincorporado su titular, Manuel García Castellón.

El sumario ha sido dividido en 6 PS. Son 52 las personas investigadas. De estas, se encuentra en prisión desde el 21 de abril del 2017, Ignacio González González, ex Presidente de la CM. Se investiga un presunto caso de corrupción en el Canal de Isabel II. La Guardia Civil trata de determinar si hubo desvío de fondos públicos que terminaron en las cuentas particulares de miembros del Partido Popular y en la propia contabilidad en B de este Partido. La PS son las siguientes:

Causa Principal y Pieza 01. Hechos referentes a la expansión en Sudamérica del Canal de Isabel Segunda, con las adquisiciones con desvío de dinero público de INASSA y EMISSAO.

Pieza 02. Adjudicación, explotación y gestión de Canal Golf vinculado al CYII.

Pieza 03. Adjudicación del Tren de Navalcarnero.

Pieza 04. Financiación ilegal del PP.

Pieza 05. Blanqueo de capitales.

Pieza 06. Contratos irregulares vinculados a Mercasa. Con fecha 24 de mayo 2017 el juez Velasco se ha inhibido a favor del Juzgado Central de Instrucción nº 5.


Entre los investigados se encuentran, entre otros, los siguientes:

Ignacio González González. Ex Presidente de la CM y Secretario General del PP en esta misma CM. Ha estado en prisión desde el 21 de abril hasta el 8 de noviembre del 2017.

Pablo Manuel González. Está acusado “saquear” Mercasa, la empresa pública dependiente de la SEPI, que gestiona los mercados madrileños y de la que Pablo González era director de Operaciones. Es hermano de Ignacio González.

Pablo González Liberal. Padre de Ignacio González, tras ser acusado de ayudar a su hijo a blanquear dinero mediante préstamos ficticios, el juez García Castellón ha archivado su causa.

María Lourdes Cavero. Esposa de Ignacio González, imputada además en el caso del ático de Marbella por el que también se investiga a su marido. Cavero fue Vicepresidenta de la CEIM, la patronal de empresarios madrileños que presidía Arturo Fernández. Actualmente preside Subastas Segre (en cuya directiva se encuentran su hermana Pilar y su amiga Carmen Cafranga).

José Juan Caballero. Cuñado de Ignacio González. El juez le considera uno de los beneficiarios del pelotazo del campo de golf de Chamberí. Los investigadores sospechan que se usó ese proyecto para desviar fondos que revirtieron en el clan familiar de los González. El magistrado le envió a prisión bajo fianza de 100.000 euros.

Beltrán Gutiérrez Moliner. Exgerente del Partido Popular en la Comunidad de Madrid. Fue condenado en las black y está imputado en la pieza sobre la financiación irregular del PP de Madrid en la operación Púnica.

Eduardo Ameijide Montenegro. Expresidente de la empresa pública Mercasa. Presentó su dimisión tras la detención del hermano del expresidente de la Comunidad de Madrid.

Juan Miguel Villar Mir. Empresario y propietario de la constructora OHL. Según Velasco, su constructora pagó una comisión de 1,4 millones de euros a Ignacio González para hacerse con el contrato del tren de Navalcarnero.

Francisco Javier López Madrid. Yerno del empresario Villar Mir. Está condenado por las tarjetas Black e imputado en la Púnica. Esa investigación le señala por haber financiado al PP de Madrid con 1,8 millones de euros en dinero negro. La Operación Lezo también le responsabiliza de pagar 1,4 millones en Suiza a Ignacio González por una adjudicación a OHL, empresa en la que ha sido consejero.

Edmundo Rodríguez Sobrino. Velasco le acusa de ser el principal responsable del desfalco de 25 millones de dólares en la compra por parte del Canal de Isabel II de la sociedad brasileña Emissao. En prisión sin fianza, Rodríguez Sobrino fue destituido del Canal de Isabel II cuando apareció en los Papeles de Panamá, vinculado a sociedades en Hong Kong. Se acogió a la amnistía fiscal de Mariano Rajoy en 2012.

María Fernanda Richmond. Exdirectora financiera del Canal de Isabel II a la que se le ha impuesto una fianza de cuatro millones de euros para eludir la prisión provisional. El juez la vincula con la compra de la sociedad brasileña Emissao, que provocó una pérdida para el Canal de Isabel II de 25 millones de dólares. La exresponsable de finanzas del Canal está casada con el consejero delegado de Indra, Javier de Andrés, cuyo nombre también está salpicado por las irregularidades por haber simulado pagos a los empresarios de la trama corrupta Púnica a través del Canal, según el juez Velasco.

Adrián Martín López de las Huertas. Exgerente del Canal de Isabel II. El juez le responsabiliza también dela compra de Emissao, la sociedad brasileña que se adquirió por 16 millones de euros más de su valor real.

José Martínez Nicolás. Consejero delegado de la Agencia Informática y Comunicaciones de la Comunidad de Madrid (ICM). Ya ha sido detenido dos veces, en el marco de la operación Lezo y también en la Púnica. En el desfalco del Canal le responsabilizan de haber hinchado los contratos de ICM para desviarlos al PP y de tener una cuenta de un millón de euros en Liechtenstein. En la Púnica está siendo investigado por el pago al conseguidor, Alejandro de Pedro, bajo las órdenes de Salvador Victoria.

José Manuel Serra Peris. Abogado del Estado, nombrado presidente del Comité de Auditoría del Canal Isabel II en 2014 cuando ya estaba imputado por la salida a bolsa de Bankia. También fue consejero de Red Eléctrica y secretario de Estado de Industria y Energía con Aznar.

Ildefonso de Miguel. Director gerente del Canal Isabel II entre 2006 y 2009.

Pedro Antonio Martín Martín. Ex alto cargo de los gobiernos de Aznar como secretario de Estado de Deportes, de Comunicación y presidente del Consejo Superior de Deportes.

04. CASO RATO.

El ex Vicepresidente del Gobierno, ex Ministro de Economía y ex Gerente del FMI, tras ser condenado por el “Caso de las tarjetas Black”, tiene abiertas las siguientes causas:

- Bankia. La instrucción la ha dirigido el juez Fernando Andreu, titular del Juzgado Central de Instrucción nº 4 de la AN. El pasado 17 de noviembre del 2017 ha decretado apertura de juicio oral contra el expresidente Rodrigo Rato, el exvicepresidente José Luis Olivas, el exconsejero delegado Francisco Verdú, los exconsejeros José Manuel Fernández Norniella, el exministro Ángel Acebes y una treintena de vocales, administradores y miembros del consejo de Administración. El juez procede también contra el auditor externo de Deloitte, Francisco Celma, y exculpa de la acusación a Deloitte como persona jurídica . En total, 34 personas físicas y jurídicas que adoptaron las decisiones en la salida a bolsa de Bankia en los años 2010 y 2011. El origen de este caso está en la presentación de 3 querellas ante la Audiencia Nacional por parte de UPyD y 15MpaRato e IU. Está previsto que el juicio se celebre a mediados del próximo año 2018.

- Patrimonio y negocios privados. La instrucción la dirige el juez de instrucción número 31 de Madrid, Antonio Serrano-Arnal. Tiene su origen en una denuncia de la Fiscalía, al hilo de una investigación realizada por la AEAT. Está imputado por cuatro delitos: fraude fiscal, alzamiento de bienes, blanqueo de capitales y cohecho entre particulares.

05. CASO ACUAMED.


Está siendo investigado por el Juzgado Central de Instrucción nº 6 de la Audiencia Nacional. Se investiga la presunta adjudicación fraudulenta de contratos públicos inflados para obras hídricas y medioambientales entre 2007 y 2014. El número de investigados suman 48, entre ellos varios Altos Cargos de la Administración General del Estado, incluido Federico Ramos de Armas, ex Secretario de Estado de Medio Ambiente, ex Presidente de Acuamed y ex Subsecretario del Ministerio de la Presidencia nombrado por Soraya Sáenz de Santamaría. En el sumario aparece citado reiteradamente el entonces Ministro de Agricultura y hoy Comisario Europeo, Miguel Arias Cañete.

06. CASO PEDRO GÓMEZ DE LA SERNA & GUSTAVO DE ARISTEGUI.

El origen está en una querella de la Fiscalía Anticorrupción admitida a tramite por el juez De la Mata, titular del JCI nº 5 de la Audiencia nacional, contra el entonces diputado Pedro Gómez de la Serna, el embajador y es diputado del PP Gustavo de Arístegui y otras seis personas por presuntos delitos de corrupción en las transacciones económicas internacionales, cohecho, blanqueo de capitales y organización criminal. La querella se dirige también contra seis empresas vinculadas con los denunciados. Se trata de Scardovi SL, Karistia SL, Arroyo de Lagasca, SL Dial Trading SL, Internacional de Desarrollo Energético SA, Electrificaciones del Norte (Elecnor) y Karistia Maroc o Kamaroc RL. La fiscalía sospecha que cobraron comisiones a cambio de mediar para que empresas españolas consiguieran contratos en el extranjero.

07. CASO IMELSA.


Esta empresa de la Diputación Provincial de Valencia, “Impulso Económico Local Sociedad Anónima” está siendo investigada por el Juzgado de Instrucción nº 18 de Valencia cuyo titular es el juez Víctor Gómez. Los investigados (personas físicas y jurídicas) están acusados por varios delitos contra la administración pública, entre ellos, los de prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, cohecho, fraude, falsedad y blanqueo de capitales en relación con una trama de corrupción infiltrada en varias administraciones públicas de la Comunidad Valenciana cuyos integrantes se servían de sus puestos de responsabilidad para amañar contratos y cobrar comisiones ilegales a cambio de adjudicaciones fraudulentas. Según el juez la actividad de esta presunta organización criminal vinculada al PP valenciano habría cobrado mordidas a cambio de la adjudicación de cientos de contratos públicos en la Generalitat —especialmente en su sociedad dedicada a construir colegios—, la Diputación de Valencia y Ayuntamientos, como el de Valencia.


08. PS OPERACIÓN TAULA
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En esta PS del Caso Imelsa, investiga por blanqueo de capitales a un total de 50 personas entre los que se encuentra la practica totalidad del Grupo Municipal del PP en el Ayuntamiento de Valencia. Su cabeza de lista y senadora, Rita Barberá, fallecida el pasado 23 de noviembre, declaró voluntariamente ante el Tribunal Supremo. Parte del dinero obtenido habría servido para financiar al Partido Popular de la ciudad de Valencia al que se le acusa de blanqueo de capital y delito electoral. Por inhibición del JCI 6 se incorpora también la actividad reputacional desarrollada por EICO y MADIVA. El pasado 20 de septiembre el juez ha firmado un auto por el que cita a declarar para el próximo 18 de octubre a Carmen Navarro, actual Tesorera y Gerente Nacional del PP. La acusa de un delito electoral continuado.

09. CASO EMARSA.

Desde el 24 de mayo del 2017 se está juzgando, tras dos intentos frustrados, en la Audiencia Provincial de Valencia. Están procesadas 24 personas acusadas de apropiarse de 23 millones de euros a lo largo de ocho años mediante un amplio abanico de desfalcos y gastos impropios cargados a la entidad pública: desde viajes al extranjero con la familia a noches con prostitutas en hoteles de lujo. Varios de los procesados han admitido los hechos. Once de los 24 acusados han confesado sus delitos a cambio de una rebaja de penas. En la fase de instrucción se ha determinado la existencia de una red de empresas que, al menos entre 2004 y 2010, actuó para detraer fondos públicos de la Empresa Metropolitana de Aguas Residuales (Emarsa), encargada de la gestión de la depuradora de Pinedo. Entre los principales imputados están el expresidente de Emarsa, exalcalde de Manises y exvicepresidente de la Diputación, Enrique Crespo; el gerente de Emarsa de 2004 a 2010, Esteban Cuesta, y el director financiero de la empresa entre 1996 y 2010, Enrique Arnal. La fiscalía mantiene que sus gestores vaciaron los fondos de la sociedad pública, liquidada en 2010 debido a su situación patrimonial, por varias vías.

10. CASO BRUGAL.

Esta operación se inició en los primeros meses de 2006 a raíz de que el empresario Fenoll difundiera unas grabaciones con un concejal de Orihuela, en las que se ponían de manifiesto unas presuntas ilegalidades en la adjudicación del concurso local de basuras, donde supuestamente iba a resultar desfavorecida la mercantil de su propiedad, Colsur. El sumario está dividido en una veintena de piezas separadas de las que las más importantes se refieren al Plan Zonal de Residuos, la contrata de basuras de Orihuela y el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de la ciudad de Alicante. En la PS Orihuela hay procesados 14 personas, incluido el ex Presidente de la Diputación Provincial de Alicante y ex Presidente del PP en esa provincia. En la PS PGOU Alicante, están investigados 21 personas, incluida la ex alcaldesa Sonia Castedo.

11. CASO CASTELLANO

Está siendo instruido por el Juzgado de Instrucción nº 1 de Sagunto cuyo titular es el juez Héctor Ignacio Santamaría. El pasado 15 de diciembre el juez se ha inhibido en favor de la Audiencia Nacional y ha acordado enviar la pieza separada número 1, la que investiga el amaño de contratos, por considerar que los investigados, entre los que figura el exconseller y ex delegado de Gobierno en la Comunidad Valenciana, Serafín Castellano, otros exaltos cargos de la Comunidad y de Cataluña y una treintena de empresarios de varias autonomías, integraban un grupo criminal que actuaba de manera coordinada en varias comunidades y también en el extranjero. En esta pieza se investigan los siguientes delitos: alteración del precio de concursos públicos, pertenencia a organización criminal, falsedad en documento mercantil, delito cohecho, malversación de caudales públicos, prevaricación y negociaciones prohibidas a los funcionarios.

12. CASO FÓRMULA 1.


Está siendo instruido por la titular del juzgado de Instrucción número 2 de Valencia. Tiene su origen en una querella de la Fiscalía Anticorrupción por presuntos delitos societarios, malversación de caudales públicos prevaricación y falsedad documental en torno al Gran Premio que se celebró en Valencia entre 2008 y 2012. Están imputados 5 personas, entre ellos, el ex Presidente de la Generalidad, Francisco Camps. La querella se dirige igualmente contra la exconsejera Lola Johnson, a la que se acusa además de delito societario, y contra el empresario y exploto de motociclismo Jorge Martínez Aspar. La Fiscalía considera que existen "sólidos indicios delictivos contra Francisco Camps". Y que éste utilizó a la empresa Valmor Sports como fachada para acordar con el patrón de la F-1, Bernie Ecclestone, la celebración del premio. El fiscal mantiene que el expresidente decidió "interponer una sociedad privada cuando la organización del evento iba a correr a cargo de la sociedad pública Circuito del Motor, dando apariencia de contrato entre particulares, cuando era una empresa pública la que iba a organizar el evento”. El pasado 5 de octubre el juez ha levantado el secreto de las actuaciones.

13. CASO PALMA ARENA.

Está siendo investigado por el Juzgado de Instrucción nº 3 de Palma de Mallorca cuyo titular es el juez José Castro. El sumario está formado 28 PS. Este caso se inicia en el 2007 por un desvío de 48 millones en la construcción del velódromo “Palma Arena”. En estos momentos hay 42 investigados. El ex Presidente Jaume Matas ha sido ya condenado por la PS 2 (6 meses de prisión tras recurso de casación al TS) y por la PS 6 por un delito de cohecho, en su consideración de pasivo impropio, a una multa de 9.000 euros y al comiso de los 42.111 euros que recibió como regalo a través de la contratación ficticia de su mujer por parte de un conocido hotelero mallorquín.

El pasado 17 de febrero se ha hecho pública la sentencia de la PS 25 sobre el denominado “Caso Nóos” en la que, entre los 17 procesados, se encontraban la Infanta Elena de Borbón que ha sido absuelta de dos delitos de fraude a Hacienda, aunque la Audiencia de Palma le ha impuesto el pago de 265.088 euros en concepto de responsabilidad civil por haberse lucrado con el dinero conseguido por su marido Iñaki Urdangarín que ha sido condenado a seis años y tres meses de cárcel, siete años y un mes de inhabilitación y multa de 512.553 euros y Jaume Matas, condenado a tres años y ocho meses de prisión.

La situación de las 28 PS es la siguiente:

PS 1. Archivada. Soborno de José Luis Moreno a Jaume Matas: causa sobreseída por el juez que dictó en enero de 2011 el sobreseimiento provisional de la causa penal en la que investigaba la denuncia sobre la existencia de un supuesto soborno de 250.000 euros que habría sido abonado, en mano, por el ventrílocuo y productor audiovisual José Luis Moreno, a Jaume Matas. En la instrucción no se hallaron indicios delictivos para mantener abierta la pieza.

PS 2. Juzgados: Jaume Matas, María Umbert, Joan Martorell, Antonio Alemany, Miguel Romero y Dulce Linares. Esta ha sido la primera pieza separada que llegó a juicio. La Audiencia de Palma condenó a seis años de cárcel a Jaume Matas, del PP, presidente de Baleares en dos etapas (1996-1999) y (2003-2007) y ministro de Medio Ambiente con José María Aznar (2000-2003). Los magistrados le consideran culpable de malversación, prevaricación, falsedad documental, fraude a la Administración, delitos que suman una condena de cinco años y tres meses, a los que se añaden nueve meses más por tráfico de influencias. De todos ellos fue acusado por la Fiscalía Anticorrupción y la Abogacía del Gobierno de Baleares. La acusación había solicitado para Matas, el cuarto expresidente autonómico de la democracia en ser condenado, una pena de ocho años y medio de prisión. El expresidente también ha sido inhabilitado durante nueve años de cualquier cargo electivo, referido a la Administración Pública, autonómica, insular o municipal, así como la pérdida de los honores y atenciones protocolarias. El resto de los procesados fueron condenados a las siguientes penas:

Antonio Alemany, periodista de El Mundo favorecido por Matas: tres años y nueve meses.
Joan Martorell, ex director general de Comunicación: un año y seis meses.
Miguel Romero, dueño de la agencia Nimbus: un año, un mes y 15 días.
Dulce Linares y María Umbert, exjefas de Gabinete de Matas: absueltas.

El Tribunal Supremo en julio del 2013 rebajó parte de las penas. A Jaume Matas le condenó a 6 meses de prisión.

PS 3. Investigados: Jaume Matas, Francesc Fiol, Andreu Obrador, Sebastián Vanrell y Santiago Calatrava. Anteproyecto del Palau de la Ópera. En esta causa se investiga las supuestas irregularidades en la adjudicación por el Institut Balear d'Infraesctructuras i Serveis Educatius i Culturals (IBISEC) a la entidad mercantil Santiago Calatrava AG. El juez Castro en junio del 2015 archivó la causa contra Calatrava y el ex Consejero de Educación Francesc Fiol. El pasado 9 de marzo del 2017 el juez instructor ha dado por terminada la instrucción. Se está a la espera que la Audiencia Provincial dicte sentencia. La Fiscalía pide para Jaume Matas 1 año de cárcel por delitos de tráfico de influencias y prevaricación

PS 4. Juzgados: Jaume Matas, Fernando Areal, Miguel Romero. Investigan los gastos electorales del PP. Las acusaciones afirman que el Govern de Matas ocultó, de manera intencionada, los gastos electorales correspondientes a la campaña electoral de 2007. Su Ejecutivo, asimismo, asumió diversas facturas de esa campaña, según la Fiscalía. En octubre del 2015 Fernando Areal, extesorero del PP balear y cuñado del expresidente del gobierno balear Jaume Matas, aceptó una pena de año y medio de cárcel y una multa de 15.000 euros tras declararse culpable de un delito electoral al haber pagado hasta 71.958 euros en negro a la agencia de publicidad Nimbus por organizar parte de la campaña electoral del partido en 2007. El acusado, que hasta el momento siempre había negado el manejo de dinero en B ha alcanzado así un acuerdo de conformidad con la Fiscalía Anticorrupción, que reclamaba inicialmente tres años de prisión. El titular del Juzgado de lo Penal número 7 de Palma, Eduardo Calderón, le ha condenado de este modo a la anterior pena, si bien ha acordado la suspensión del año y medio de cárcel. La Audiencia Provincial de Balears ya había dictado un auto en junio del 2015 junio en el que avalaba la existencia de pagos en B por parte del PP balear a los organizadores de sus campañas electorales de 2003 y 2007, con Matas como candidato a la presidencia del Govern, que no quedaron reflejados en la contabilidad oficial del partido.

PS 5. Investigados: Jaume Matas, Enrique Arnaldo, Mercedes González y Jane King. Informes y dictámenes encargados por el Govern de Matas. En esta pieza se investiga si Estudios Jurídicos Procesales y el Govern del PP, presidido por Jaume Matas, cometieron delitos por una serie de informes y dictámenes que la primera realizó para el segundo. Uno de estos estudios definió la fórmula jurídica para crear en Balears la televisión autonómica IB3. Ese hecho ha sido declarado prescrito por el juez.

PS 6. Juzgados: Jaume Matas, Miguel Amengual, Miguel Martorell y Miguel Ramis Martorell. El juez José Castro notificó un auto de incoación del procedimiento del Tribunal del Jurado para la pieza que investiga el pago de casi 100.000 euros a Maite Areal entre los años 2005 y 2007, cuando Matas, su marido, era presidente de Balears, con arreglo a contratos que, según el instructor, no comportaban ‘contraprestación de servicio alguno'. De acuerdo con el auto, el juez considera a Matas y a tres personas más responsables del delito de cohecho y señala que estos hechos deben ser juzgados por el procedimiento del jurado. En diciembre del 2013 la Audiencia Provincial de Baleares condenó al expresidente del Govern Jaume Matas por un delito de cohecho, en su consideración de pasivo impropio, a una multa total de 9.000 euros y al comiso de los 42.111 euros que recibió como regalo a través de la contratación ficticia de su mujer por parte de un conocido hotelero mallorquín.

PS 7. Investigados: Ignacio Sáez, José Luis Ballester, Antonio Marqués, Antonio Matas, Jorge Moisés y Jaime Navarro. En esta pieza se investiga la adjudicación de determinadas obras en el Polideportivo Príncipes de España y la construcción del chalet del exdirector general de Deportes, José Luis ‘Pepote' Ballester. Se encuentra pendiente de juicio en la Audiencia Provincial

PS 8 y 9. Investigados: Jaume Matas, José Luis Ballester, Rafael Durán, Jaime García-Ruiz, Luis García-Ruiz, Gonzalo Bernal, Jane King, Dulce Linares, Joan Martorell y Jorge Moisés. Se ha investigado la contratación irregular de los arquitectos Ralph Schürmann y los hermanos García–Ruiz. Estas piezas trata de la adjudicación supuestamente ilegal y arbitraria al arquitecto Ralph Schürmann de la construcción del velódromo, la imposición de colaboradores y más tarde la rescisión del contrato con el alemán y la contratación de otros arquitectos, los hermanos García-Ruiz, sin concurso por 8,5 millones de euros. El ministerio público acusa a Matas de presuntos delitos de fraude a la administración y prevaricación en concurso con falsedad por los que pide una pena total de 3 años de prisión. Están pendiente de sentencia por parte de la Sección 1ª de la Audiencia Provincial de Palma

PS 10. Investigados: José Luis Ballester, Juan Bibiloni, Juan Marqués, Jaume Matas, Jorge Moisés y Jaime Navarro. Adjudicación de la demolición de naves y accesos viales. Se investigan la cuantía del dinero y los criterios adoptados por el Govern de Matas para adjudicar esas obras relativas al velódromo Palma Arena. El pasado 10 de marzo del 2017 Castro ha elevado a la Audiencia Provincial la instrucción para que fije fecha de celebración juicio oral.

PS 11. Investigados: Jaime García-Ruiz, Luis García-Ruiz, Jorge Moisés, Ezequiel Mora y Miguel Romero. Facturación por la maqueta del velódromo. En esta pieza se aborda el supuesto pago de hasta cinco veces más por una maqueta del velódromo que se utilizó durante la promoción del mismo. Se encuentra pendiente de juicio en la Audiencia Provincial.

PS 12. Juzgados: José Luis Ballester, Jane King y Jorge Moisés. Se investigó el estudio sobre accesibilidad de Moisés que pagó el Govern. El exgerente del Palma Arena Jorge Moisés asumió que cobró 12.000 euros de las arcas públicas por un trabajo que no realizó. Moisés devolvió este sobresueldo tras conocer que la Fiscalía pide para él cuatro años y medio de cárcel por malversación de caudales públicos, prevaricación y falsedad. Finalmente se le condenó a dos años de cárcel y a uno y medio a la ex alto cargo en el último ejecutivo de Matas, Jane King. Este fue el segundo juicio del caso.

PS 13. El 1 de septiembre 2016 ha dictado auto de pase a procedimiento abreviado por el que se continúa la tramitación contra el ex presidente del Govern en la época en la que ocurrieron los hechos, Jaume Matas, José Luis Ballester y Miguel Romero por los presuntos delitos de fraude a la administración, malversación de caudales públicos, prevaricación administrativa y falsedad en documentos oficiales. Esta pieza investiga la campaña de comunicación del Campeonato del mundo de ciclismo en pista de 2007.

PS 14. Investigados: Raimundo Alabern, Jaume Matas, Miguel Romero, Joan Flaquer. Patrocinio del Mundial de Ciclismo. Este convenio lo firmó el exconseller de Turisme Joan Flaquer como responsable del Ibatur por una cantidad de 350.000 euros y se otorgó a la agencia de comunicación Nimbus, la misma que realizó la campaña electoral del PP en 2007 y que supuestamente se beneficiaba de un trato de favor del Govern balear. El juez Castro ha remitido la instrucción a la Audiencia Provincial para que fije la fecha de inicio del juicio oral. La Fiscalía anticorrupción pide para Matas un año y medio de prisión.

PS 15. Investigados: José Luis Ballester, Jaume Matas, Jorge Moisés y Antonio Palerm. Se ha investigado el presunto desvío de fondos con ocasión de las primeras obras para despejar el solar del velódromo y la referente a la compra de materiales a Antonio Palerm Mestre, un empresario vinculado al PP, por la UTE constructora del velódromo. Está sobreseída proviisonalmente

PS 16. El 1 de septiembre 2016 ha dictado auto de pase a procedimiento abreviado contra Jaume Matas, José Luis Ballester, Jane King, Jorge Moisés y Miguel Romero por los delitos de fraude a la administración y falsedad en documento oficial y mercantil Se investiga el fraccionamiento de contratos por parte del gobierno autonómico.

PS 17. El 1 de septiembre 2016 ha dictado auto de pase a procedimiento abreviado por el que se continúa la tramitación contra Jorge Moisés y Miguel Romero por un presunto delito de malversación de caudales públicos. Investiga el cobro de comisiones en varias contrataciones vinculadas al velódromo.

PS 18. Investigados: Jaume Matas, Ricardo Arroyo, José Luis Ballester, Rafael Durán, Jaime García-Ruiz, Luis García-Ruiz, Jorge Moisés, Sebastián Rotger y Juan Carlos Rovira. Trata sobre el posible sobrecoste en la adjudicación del video marcador del Palma Arena a la empresa Smart Visión, que costó varios millones de euros. El juez ha la ha sobreseído provisionalmente porque ni la Fiscalía ni la Abogacía de la Comunidad Autónoma, acusación particular en la causa, aprecian indicios suficientes para sentar a alguien en el banquillo.

PS 19. El 1 de septiembre 2016 ha dictado auto de pase a procedimiento abreviado por el que se continúa la tramitación contra Jaime García-Ruiz, Luis García-Ruiz, Jaume Matas, Jorge Moisés, y Sandra Martín por una presunta malversación de caudales públicos. Esta pieza versa sobre la construcción de la pista del velódromo.

PS 20-21-22-23. Investigados: Jaume Matas, José Luis Ballester, Jacinto Llobera, Gonzalo Bernal, Jaime García-Ruiz, Luis García-Ruiz, Jorge Moisés y Miguel Romero. Esta pieza trata de facturaciones emitidas por Nimbus Publicidad y empresas de su grupo contra GR1, la empresa de los hermanos arquitectos del velódromo. El juez ha la ha sobreseído provisionalmente porque ni la Fiscalía ni la Abogacía de la Comunidad Autónoma, acusación particular en la causa, aprecian indicios suficientes para sentar a alguien en el banquillo.

PS 24. El 1 de septiembre 2016 ha dictado auto de pase a procedimiento abreviado por presunto delito de blanqueo de capitales a Jaume Matas, María Teresa Areal, Fernando Areal, Bartolomé Reus, Miguel Ángel García-Inés, Antoni Obrador, Josefa Lorca, y María Emilia Rodríguez. Esta investigación versa sobre, entre otras materias, la adquisición de una edificación en el centro de Palma por parte del ex presidente del Govern Matas, acondicionamiento de la misma, sobre la compra y reforma de un piso en Madrid, y sobre gastos relacionados con propiedades en la Colonia de Sant Jordi.

PS 25. Se ha investigado al duque de Palma y sus negocios en el Instituto Nóos por un supuesto entramado societario dirigido por el marido de la infanta Cristina y su socio Diego Torres con el que supuestamente se desviaron fondos públicos y privados que recibió el Instituto Nóos. El pasado 17 de febrero se ha hecho pública la sentencia. La Infanta Elena de Borbón ha sido absuelta de dos delitos de fraude a Hacienda, aunque la Audiencia de Palma le ha impuesto el pago de 265.088 euros en concepto de responsabilidad civil por haberse lucrado con el dinero conseguido por su marido Iñaki Urdangarín que ha sido condenado a seis años y tres meses de cárcel, siete años y un mes de inhabilitación y multa de 512.553 euros. Jaume Matas ha sido condenado a tres años y ocho meses de prisión

PS 26. Imputados: Jaime García-Ruiz y Luis García-Ruiz. Presunto delito fiscal de los García-Ruiz. Trata de las presuntas irregularidades fiscales de los arquitectos que construyeron el velódromo Palma Arena.

PS 27 (1-2-3). Están imputados el expresident del Govern Jaume Matas; los exconsellers José María Rodríguez y Aina Castillo, el extesorero del PP y cuñado de Matas, Fernando Areal y el empresario Daniel Mercado. Se investigan presuntas irregularidades en la contratación de la empresa Over Marketing por parte de diversos departamentos del Ejecutivo autonómico y una supuesta financiación ilegal del PP balear. Estos hechos habrían tenido lugar en la legislatura 2003-2007, que fue la segunda y última en que Jaume Matas presidió la Comunidad. Los delitos que se podrían haber cometido en este caso serían los de prevaricación, malversación, fraude y falsedad. El juez Castro ha dividido esta pieza en tres subpiezas. La primera está centrada en las contrataciones realizadas por la Consejería de Salud; la segunda abarca las contrataciones efectuadas por la Dirección General de Tecnología y Comunicaciones y la tercera centrada en investigar las contrataciones de la Conselleria de Interior a la empresa Over cuando era dirigida por el conseller José María Rodríguez. Tras reconocer en el 2012 el empresario Daniel Mercado que se habrían producido algunas de las irregularidades ahora investigadas, el juez José Castro ha dictado en marzo del 2017 la apertura de juicio oral para el exministro por delitos de prevaricación y fraude a la Administración por la concesión presuntamente irregular de contratos por valor de 110.000 euros a la empresa Over Marketing para compensar los trabajos que esta empresa realizó para el PP en la campaña de las elecciones autonómicas de 2003. En su auto, el juez también envía al banquillo de los acusados a la cuñada de Matas y exdirectora general de Tecnología del Gobierno balear, Encarnación Padilla, a quien la fiscalía acusa de propiciar un contrato irregular en favor de Over Marketing por valor de 100.000 euros para la difusión de la conexión a internet de las pequeñas y medianas empresas de la isla. También sienta en el banquillo al propietario de la sociedad, el empresario Daniel Mercado, para quien anticorrupción pide penas menores de cárcel sustituibles por multa al apreciarle circunstancias atenuantes como la confesión. La Fiscalía Anticorrupción sostiene que Mercado y Matas acordaron en una entrevista previa que una parte de los gastos electorales que debían abonarse en dinero negro "se compensarían con el volumen de contrataciones públicas que le adjudicarían desde distintos organismos públicos dependientes del Gobierno balear".

Pieza 28. Se investiga una presunta financiación ilegal del Partido Popular de Baleares así como la compra y reforma de su sede, cuyos pagos habrían ido a cargo de empresarios favorecidos con la adjudicación de diversas obras públicas durante la última legislatura de Jaume Matas (2003-2007).

14. CASO NOVO CARTHAGO.


Está siendo investigado por el Juzgado Nº 2 de Murcia cuyo titular es la juez Miriam Marín. Se investigan varios delitos de corrupción urbanística relacionados con la recalificación de terrenos cercanos al Mar Menor en el municipio de Cartagena. En estos momentos están siendo investigadas 18 personas. Entre estos se encuentran varios ex Consejeros y Altos Cargos del Gobierno de Murcia y Rafael Galea Expósito, presidente de Hansa Urbana, empresa promotora del complejo turístico. El Tribunal Supremo ha decidido archivar provisionalmente la investigación a la ex alcaldesa y senadora Pilar Barreiro.

15. CASO AUDITORIO DE PUERTO LUMBRERAS.

El TSJMU, tras remitirle el Juzgado de Instrucción nº 1 de Lorca una exposición motivada para que fuera investigado Pedro Antonio Sánchez, ex alcalde de Puerto Lumbreras y ex Presidente de la Región de Murcia, y tras constatar que había perdido su aforamiento por dimitir como Diputado autonómico , ha devuelto el caso al Juzgado de Lorca por considerar que ya no es competente. El origen de esta causa está en una querella de la Fiscalía contra Pedro Antonio Sánchez por cometer los presuntos delitos de falsedad, prevaricación, malversación de caudales y fraude durante su etapa como alcalde de Puerto Lumbreras. El motivo son las obras de construcción del Teatro Auditorio, adjudicadas en 2008 y que fueron recepcionadas en 2011 sin que, supuestamente, hubieran sido terminadas.

16. CASO UMBRA.

Está siendo investigado por el titular del Juzgado de Instrucción número 8 de Murcia. Se indaga la recalificación de los terrenos afectados por los convenios de la zona norte del municipio de Murcia. Hay 16 investigados. Se les acusa de los delitos de prevaricación, negociaciones prohibidas a los funcionarios, malversación de caudales públicos y cohecho.

17. CASO NUEVA CONDOMINA.

Se trata de una PS del Caso Umbra. El titular del Juzgado de Instrucción número 8 de Murcia, David Castillejos ha dictado ya el auto por el que abre juicio oral contra Miguel Ángel Cámara Botía, exalcalde de Murcia durante dos décadas, y contra dos ex altos responsables de la Gerencia de Urbanismo, quien fue su director, Pedro Morillas, y el antiguo jefe de Planeamiento, Joaquín Peñalver. La Fiscalía en su escrito de acusación atribuye a los tres procesados la comisión de sendos delitos de prevaricación continuada. Se han investigado las presuntas irregularidades urbanísticas en torno al estadio de fútbol "Nueva Condomina" que favorecieron al promotor y presidente del Real Murcia, Jesús Samper.

18. CASO ESCOMBRERAS.


Esta causa está siendo investigada por la titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Murcia, María del Mar Azuar. Se intenta esclarecer una supuesta trama de corrupción montada en torno a esa planta desaladora, por cuya explotación la Comunidad Autónoma se comprometió a realizar pagos por importe de 600 millones de euros en el plazo de 25 años. La desalinizadora está gestionada por empresas del grupo ACS, y según fuentes oficiales de la Comunidad Autónoma, el gobierno autonómico habría pagado hasta el momento hasta 94 millones de euros por el alquiler, debiendo por el momento otros 35 millones. La investigación judicial tiene su origen en una denuncia presentada a finales del pasado año por la Fiscalía Superior de la Región. En su denuncia figura como cabeza de la trama Antonio Cerdá, exconsejero de los gobiernos de Ramón Luis Valcárcel. Además de Cerdá, la acusación se dirige contra una quincena de funcionarios públicos y de integrantes de los consejos de administración de varias de las sociedades, públicas y privadas, que habrían participado en el supuesto fraude.

19. CASO SERRALLO.

Está siendo investigado por el Juzgado de Instrucción número 2 de Granada que instruye las dos querellas presentadas, como origen del caso, por la Fiscalía de Urbanismo y Medio Ambiente de Granada. Están siendo investigadas 16 personas. Se les acusa de irregularidades urbanísticas junto al centro comercial Serrallo Plaza, en el extremo sureste de la ciudad, donde el Plan de Urbanismo preveía un parque y en su lugar se levantaron varias edificaciones sin solicitar licencia hasta terminar con la construcción de una discoteca, con sala de fiestas y pista de patinaje, a cargo de la constructora García Arrabal. Entre los investigados están José Hurtado, ex alcalde de Granada y la ex concejal de urbanismo, Isabel Nieto.

20. CASO ÁTICO ESTEPONA.

Está siendo instruido por el Juzgado de Instrucción nº 5 de Estepona cuyo titular es la juez Isabel Conejo. Se investigan las circunstancias que concurren en la venta de un ático de lujo de más de 500 metros cuadrados en 2008 por la empresa offshore Coast Investors que fue comprado por Ignacio González, el ex Presidente de la CAM y ex Secretario General del PP madrileño. Además del propio González están investigados, entre otros, su mujer Lourdes Cavero y el Presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo.

21. CASO GABRIEL AMAT.

Está siendo instruido por el Juzgado de Instrucción nº 1 de Roquetas del Mar. Se investigan las relaciones entre Gabriel Amat Ayllón, Alcalde de Roquetas del Mar, Presidente de la Diputación Provincial y Presidente del PP en Almería con una trama de empresas beneficiadas por sus decisiones. La mayoría de estas empresas están controladas por familiares y amigos del propio Amat. La UDYCO ha presentado al juzgado un segundo informe ampliatorio sobre la citada trama.


22. CASO EÓLICAS.

El origen de la investigación está en un informe realizado por un inspector de la Agencia Tributaria, fechado el pasado 30 de diciembre de 2014, en el que se afirma que Altos Cargos de la Junta de Castilla y León en connivencia con algunas empresas de la comunidad cobraron 110 millones de euros para favorecer la concesión de autorizaciones para medio centenar de los 241 parques eólicos distribuidos por la comunidad en los diez últimos años.

Este informe dio pie a una querella de la Fiscalía de Valladolid. Entre los citados en el informe se encuentra el entonces Viceconsejero de Economía, Rafael Delgado Núñez, el que firmaba las autorizaciones administrativas y Alberto Esgueva, que fue hasta 2006 consejero delegado de Excal, empresa pública de la Junta dedicada a fomentar exportaciones. Su grupo empresarial es uno de los más beneficiados por las operaciones. El responsable de la Consejería de Economía era Tomás Villanueva que finalmente a propuesta de la Fiscalía está siendo también investigado.

23. CASO PUJALTE.

Está siendo investigado por el Juzgado de Instrucción 49 de Madrid a raíz de la denuncia de la Fiscalía por delitos de falsedad en documento mercantil y cohecho contra, entre otros, el exdiputado Vicente Martínez Pujalte, la exsenadora Ana Torme y el empresario Alejandro Llorente Muñoz. Pujalte y Torme están acusados de cobrar de Collosa, una constructora vallisoletana especializada en obra pública y una de las beneficiadas por los parques eólicos en Castilla y León. En la investigación sobre la trama eólica de Castilla y León, la Agencia Tributaria encontró contratos y facturas de una de las empresas beneficiadas con dos despachos: Sirga XXI Consultores y Estudio Jurídico Labor. El primero es propiedad de Vicente Martínez-Pujalte y la entonces diputada por Valladolid y exsenadora Ana Torme, y en el segundo participa, con el 70 por ciento de las acciones, Federico Trillo, entonces diputado y ex embajador de España en Reino Unido.


24. CASO PERLA NEGRA.

Está siendo investigado por el titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Valladolid, por supuesta malversación de fondos públicos en relación con las operaciones urbanísticas del edificio sede de ADE y la Consejería de Economía y Hacienda en Arroyo de la Encomienda y el parque industrial de Portillo. Hay 27 investigados. Una decena de ellos son o fueron altos cargos de la Consejería de Economía. Entre estos están el que fuera número dos de la Consejería de Economía Rafael Delgado, el ex consejero delegado de la empresa pública Excal, Alberto Esgueva, el ex gerente de Gesturcal, Juan Carlos Sacristán o Pablo Trillo, actual delegado de la Junta en Valladolid y en su día alto cargo de la Consejería de Economía La investigación ahonda no sólo en presuntas irregularidades en torno a la «Perla Negra», sino también en la compra de los terrenos del Parque Empresarial del Portillo (Valladolid), donde se estudia si hubo pelotazo urbanístico tras trascender que las empresas a las que Gesturcal se los compró por 35 millones los habrían adquirido por diez, según un informe policial.

Por su parte, la Fiscalía de Valladolid, en el marco de esta investigación, tras analizar todas las facturas relacionadas con la construcción y dotación del inmueble ha descubierto que Unifica, cuyo responsable, Gonzalo de Urquijo Fernández de Córdoba, está acusado de falsedad documental y fraude fiscal por haber aceptado pagos en negro por la reforma que se llevó a cabo en la sede del PP en la calle Génova 13 entre 2005 y 2011, empezó a trabajar en el edificio Perla Negra en 2007 y acabó en 2010 para la división interior y el mobiliario del edificio que finalmente costaron 4,4 millones de euros. Es decir, llegó a simultanear los proyectos para el PP madrileño, como partido, y para el PP de Castilla y León, como Administración. Por el momento, no aparece el expediente de adjudicación que, al parecer, se realizó sin concurso.

24. CASO MERCAMADRID

En un auto, el Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid da traslado a 16 ex consejeros de Mercamadrid de la denuncia contra ellos de la Fiscalía y les comunica que figuran como investigados. Entre los investigados se encuentra la ex Presidenta de Mercamadrid en el momento de los hechos y actual Delegada del Gobierno en Madrid, Concepción Dancausa. En su denuncia, la Fiscalía solicita al juez que se les tome declaración en calidad de investigados por los acuerdos de transacción y contratos de arrendamiento suscritos por Mercamadrid con la empresa Merca Ocio 22 S.L., que habrían supuesto un "importante perjuicio patrimonial" para la primera, "a la vez que un enriquecimiento ilícito para Mercaocio". Fue el Ayuntamiento de Madrid el que, en enero de 2016, llevó a la Fiscalía el informe con las conclusiones de la investigación que realizó para averiguar si los antiguos gestores de la empresa municipal Mercamadrid cometieron delito al firmar un acuerdo extrajudicial "lesivo" que le costó 623.000 euros al año. El pasado 20 de noviembre Concepción Dancausa ha declarado ante el juez.

25. CASO PEDRO SANZ.


Se investiga si Pedro Sanz, ex Presidente de la Comunidad Autónoma de la Rioja (1995-2015) y actual Vicepresidente del Senado, cometió un delito urbanístico y obtuvo trato de favor por parte del Ayuntamiento de Villamediana La magistrada Rosa Esperanza Sánchez, a cargo del juzgado de instrucción número 2 de Logroño, ha decidido remitir el caso al Tribunal Supremo, para que determine si el expresidente cometió un delito urbanístico al ampliar su chalé sin la oportuna licencia y en contra de la normativa municipal.

Según la juez Sánchez “los hechos serían, provisoria e indiciariamente, constitutivos de un delito contra la ordenación del territorio y urbanismo, cuya instrucción podría corresponder a la Sala Segunda del Tribunal Supremo por ser uno de los partícipes D. Pedro Sanz Alonso, senador y vicepresidente primero del Senado en la actualidad, en calidad de autor junto a su esposa y al constructor al que encomendó la construcción presuntamente ilícita”.

A pesar de que la fiscalía del Tribunal Supremo ha informado favorablemente para que en su calidad de senador sea investigado, la Sala II en un auto firmado el pasado 30 de octubre del 2017 y cuyo Ponente ha sido su Presidente Manuel Marchena, ha decidido archivar las actuaciones “sin perjuicio de que el Juez instructor continúe la instrucción y, practicadas las diligencias que estime pertinentes, pueda acordar si lo estima procedente, o elevar exposición razonada ante esta Sala en la que se haga constar los indicios concretos existentes de la comisión de hechos constitutivos de delito y de la participación en ellos de quien reúne la condición de aforado, o dictar la resolución que proceda en derecho (art. 269 y 313 LECrim), sin elevar a esta Sala la exposición citada”.

 

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