GESCARTERA CONECTION´S

V ) LAS NOTICIAS

  1. EL APODERADO DE GESCARTERA INSISTE EN QUE PARTE DEL DINERO PERDIDO PUEDE ESTAR EN EL HSBC (Diciembre 01)
  2. LA JUEZ IMPONE PRISIÓN ELUDIBLE CON FIANZA DE 100 MILLONES A UN ASESOR DE GESCARTERA (Diciembre 01)
  3. SÓLO LA MITAD DE LOS CLIENTES RECUPERARÁ TODO SU DINERO (Diciembre 01)
  4. EL COMPATIBLE DE RATO SEGÚN EL PP Y SUS SOCIOS (Diciembre 01)
    CALZADA DESTITUYE A DOS ALTOS CARGOS DE LA CNMV AFECTADOS POR EL 'CASO GESCARTERA' (Enero 02)
  5. EL ARZOBISPADO DE VALLADOLID SE AMPARA EN EL CONCORDATO Y NO DA LAS CUENTAS A LA JUEZ (Enero 02)
  6. EL JUEZ RECLAMA LOS INFORMES POLICIALES SOBRE LOS REGALOS DE CAMACHO A RAMALLO (Enero 02)
  7. LOS COMISIONADOS ENTREGAN A LA FISCALIA ANTICORRUPCIÓN UN DOCUMENTO QUE RECOGE LAS CONTRADICCIONES DE VARIOS COMPARECIENTES (Enero 02)
  8. EL ARZOBISPADO DE VALLADOLID DEBERÁ EXPLICAR A LA JUEZ UN DESFASE DE 600.000 EUROS (Enero 02)
  9. LA JUEZ DEL 'CASO GESCARTERA' PIDE AL ARZOBISPADO DE VALLADOLID LAS CUENTAS DE 2001(Enero 02)
  10. UNA SECRETARIA REVELA QUE GIMÉNEZ-REYNA VISITÓ AL MENOS SIETE VECES A CAMACHO (Febrero 02)
  11.  EL FISCAL RECHAZA LA QUERELLA DE ZAPLANA CONTRA RODRÍGUEZ IBARRA (Febrero 02) 
  12. EL PP RECHAZA QUE SE PROHÍBA A LAS ONG INVERTIR EN 'GESCARTERAS'(Febrero 02)
  13. UN APODERADO DECLARA QUE LE PIDIERON 90.000 EUROS PARA RAMALLO (Marzo 02)
  14. CAMACHO SE DECLARA SORPRENDIDO POR EL BUEN TRATO DE LA CNMV (Marzo 02)
  15. EL GOBIERNO SE ENFRENTA A LA PRIMERA RECLAMACIÓN POR DAÑOS DE CLIENTES ESTAFADOS DE GESCARTERA (Marzo 02)
  16. LA JUEZ INSTRUCTORA OPINA (Marzo 02)
  17. EL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL PIDE A LA INSPECCIÓN UN INFORME SOBRE LA JUEZ PALACIOS (Marzo 02)
  18. CAMACHO ADMITE SU BUENA RELACIÓN CON ALTOS CARGOS DE LA CNMV (Marzo 02)
  19. ARCHIVADO EL EXPEDIENTE AL CORONEL DE LA G. C GIMÉNEZ-REYNA (Abril 02)
  20. UN ESCOLTA DE CAMACHO DICE QUE LE LLEVÓ A UNA CASA QUE ES PROPIEDAD DE ALBERTO CORTINA. (Abril 02)
  21. DECLARACIONES DE LA CONTABLE. (Abril 02)
  22. LA INSTRUCTORA DE GESCARTERA NO SERÁ SANCIONADA POR SUS DECLARACIONES (Abril 02)
  23.  LA QUERELLA DE ZAPLANA SE ARCHIVA. (Abril 02)
  24. GIMÉNEZ-REYNA VIGILARÁ LA ELECCIÓN DEL CONSEJO ASESOR DE LA GUARDIA CIVIL (Abril 02)
  25. EL TÉCNICO QUE INVESTIGÓ EL CASO ACUSA A LA CÚPULA DE LA CNMV. VIVES ASEGURA QUE UN INFORME DE ALONSO UREBA EVITÓ LA INTERVENCIÓN (Mayo 02)
  26. HSBC PRESCINDE DE SUS DOS MÁXIMOS EJECUTIVOS EN ESPAÑA  (Junio 02)
  27. LAS PETICIONES DE INDEMNIZACIÓN DESTAPAN 400 NUEVOS AFECTADOS POR LA ESTAFA (Junio 02)
  28. ENTIDADES RELIGIOSAS MINTIERON A LA CNMV (Junio 02)
  29. UN EX DIRECTOR DE LA CNMV DICE AHORA QUE SE LE ENGAÑÓ (Julio 02)
  30. ECONOMÍA RECHAZA ENVIAR AL CONGRESO EL INFORME DE LAS CUENTAS OPACAS DEL HSBC.( Octubre 02 )
  31. LA JUEZ SIGUE SIN CITAR A PILAR VALIENTE UN AÑO DESPUÉS DE QUE SE LO PIDIERAN (Noviembre 02)
  32. EL MINISTERIO DE ECONOMÍA SÓLO IDENTIFICA 12 DE LAS 163 CUENTAS OPACAS DEL HSBC (Noviembre 02)
  33. LA POLICÍA AFIRMA QUE SE PAGÓ PLUSVALÍAS FALSAS A ENTIDADES RELIGIOSAS (Noviembre 02)
  34. LA JUEZ ORDENA LA PRISIÓN INCONDICIONAL DE ANÍBAL SARDÓN, CAPTADOR DE CLIENTES DE GESCARTERA (Noviembre 02)
  35. LA JUEZ DICE QUE AÚN NO ES MOMENTO DE CITAR A RAMALLO (Noviembre 02)
  36. EL EX DIRECTIVO DEL HSBC NIEGA HABER TENIDO CONOCIMIENTO DE LAS CUENTAS SECRETAS (Noviembre 02)
  37. R $ R MULTA AL HSBC CON 2,1 MILLONES

  38. EL PARTIDO IMPIDE QUE NUESTRO EMPRESARIO RATO EXPLIQUE UN CRÉDITO PERSONAL EN EL HSBC

  39. RATO DIXIT : EL PROCESO JUDICIAL SE CERRARÁ "SIN TRASCENDENCIA POLÍTICA" 

  40. LA TRAMA DE GESCARTERA UTILIZÓ 42 TESTAFERROS PARA SIMULAR PÉRDIDAS SUPERIORES A 18 MILLONES DE EUROS  ( MAYO 03 )

  41. 42. LOS PERITOS DENUNCIAN QUE MÁS DE 100 CLIENTES RECLAMAN CANTIDADES "INCOHERENTES"   ( MAYO 03 )

  42. 43. 50 CLIENTES DE GESCARTERA SACARON AL EXTRANJERO 17,4 MILLONES DE EUROS QUE NO VOLVIERON A ESPAÑA( MAYO 03 )

  43. 44. LA CNMV CONSINTIÓ DURANTE AÑOS LAS ANOMALÍAS DE GESCARTERA QUE AHORA HA DESTAPADO HACIENDA  ( MAYO 03 )


1. EL APODERADO DE GESCARTERA INSISTE EN QUE PARTE DEL DINERO PERDIDO PUEDE ESTAR EN EL HSBC

José María Ruiz de la Serna, número dos de Gescartera, insiste ante la juez Teresa Palacios, ante la que declaró por tercera vez en tres meses, que piensa que 'buena parte del dinero' desaparecido de la agencia de valores puede estar 'en el Hong Kong and Shangai Banking Corporation, bien como banco o como gestor de cartera a través de James Capel'. Ruiz de la Serna ya había implicado al HSBC en su segunda declaración, el pasado 27 de septiembre. En aquella ocasión acusó a Camacho de haber sacado de España el dinero de los clientes de Gescartera y de haberlo colocado en paraísos fiscales a través del HSBC que operaba con sociedades instrumentales que Gescartera había adquirido. Ahora, De la Serna, que mantiene una actitud de colaboración con el juzgado para evitar que una eventual mejoría en su estado de salud le mande a prisión, insistió en que siempre ha pensado que el dinero estaba en el HSBC o en empresas vinculadas. Agregó que acudió a Salvador Pastor, uno de los dos directores del HSBC en España y amigo de Camacho, porque éste le dijo que Pastor era el que sabía 'donde estaba el dinero'.Pastor, según la declaración de De la Serna, le dijo 'que no sabía nada', pero a él le 'pareció que faltaba a la verdad y que era un mecanismo de defensa', puesto que conocía 'el mecanismo de salida del dinero, lo cual conlleva saber el primer destino'. De la Serna piensa que Pastor, 'sin llegar a un conocimiento pleno, si tenía que tener algún conocimiento, el HSBC, de que por la aplicación de minusvalías en cuentas de residentes, como por ejemplo la cuenta de Teodoro Bonilla, las ganancias salían al exterior o bien a un testaferro que incluso podría ser el propio banco que se pone de pantalla para operaciones de no residentes, lo que podría llevar a las cuentas cifradas [del HSBC a las que se refiere el informe] del Banco de España'.De las 138 cuentas cifradas a nombre del banco suizo HSBC Republic Bank (HRBS) abiertas en la sucursal española del HSBC, De la Serna piensa, 'sin certeza, que algunas pueden ser de Gescartera' y que esas cuentas eran un producto que ofrecía el banco y era una 'práctica habitual para no manifestar la identidad del inversor o para eludir la retención del 35 % en origen, si el titular fuera residente del paraíso fiscal'. A De la Serna le cuesta creer que todo fuera una mecánica de Camacho 'para ocultar que nunca hubo activo financiero, es decir que no se invertía, aunque entra dentro de lo posible y sería una estafa desde el principio'. ( Diciembre 01 )

 2. LA JUEZ IMPONE PRISIÓN ELUDIBLE CON FIANZA DE 100 MILLONES A UN ASESOR DE GESCARTERA

 La juez Teresa Palacios ordena la prisión eludible mediante fianza de 100 millones de pesetas para Julio Rodríguez Gil, administrador único de Hari 2000, que emitió tres cheques sin fondos por por un total de 3.980 millones de pesetas que permitieron a Gescartera salvarse de la intervención cuando estaba siendo inspeccionada por la CNMV. Rodríguez Gil ingresó en la prisión madrileña de Soto del Real, a pesar de haber alegado que padece una isquemia coronaria grave. La juez le dijo que si era así, ¿por qué fumaba? Respondió que estaba nervioso.Lo que en su día no pudo descubrir la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) afloró en la Audiencia Nacional, donde Julio Rodríguez Gil, ex asesor fiscal de Gescartera, incurrió en numerosas contradicciones y no pudo explicar algunos de sus comportamientos.La juez le explicó que se le imputa una presunta participación en la salida de dinero de Gescartera a través de la aplicación de minusvalías, bien por testaferros buscados por él o por terceras personas, y también por su cooperación, puesto de acuerdo con el dueño de Gescartera, Antonio Camacho, en el engaño a la CNMV con los tres cheques por importe de 3.980 millones de pesetas, así como por delito de falsedad documental.Rodríguez Gil negó que hubiera buscado testaferros para Gescartera, y afirmó que no aplicó minusvalías a nadie porque no tenía capacidad para operar. Pero la juez le exhibió una carta con membrete de la Agrupación de Clientes de Julio Rodríguez Gil y supuestamente firmada por él, que fue intervenida en el registro de Gescartera, en la que proporcionaba a Camacho un listado de clientes a los que se podía imputar minusvalías. Pillado en falta, alegó que era la primera vez que veía la carta, aunque en una ocasión firmó un papel en blanco que posteriormente pudo rellenar Camacho. Como se recordará, los cheques de Hari 2000 fueron utilizados para obtener un certificado de la sucursal de La Caixa en Majadahonda (Madrid) que salvó a Gescartera de la intervención de la sociedad, ya que la CNMV la estaba inspeccionando y había descubierto un desfase patrimonial de alrededor de 4.000 millones de pesetas. Ninguno de los cheques, ni los de Camacho ni los de Rodríguez Gil, tenía fondos, y ni Camacho ni Rodríguez Gil los destruyeron como habían pactado, a pesar de que ambos pensaron que el otro sí lo había hecho. Los de Camacho han aparecido ahora en el registro de la sede de Hari 2000. ( Diciembre 01 )

 3. SÓLO LA MITAD DE LOS CLIENTES RECUPERARÁ TODO SU DINERO

Sólo la mitad de los más de 1.383 inversores de Gescartera que han reclamado ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) recuperarán la totalidad del capital invertido en la agencia de valores. Entre este afortunado colectivo se hallan Enrique y Pilar Giménez-Reyna, que han presentado la reclamación en la CNMV por cantidades inferiores a 3,3 millones de pesetas, el tope establecido en la normativa actual para la indemnización por cliente. Al menos 670 inversores han invertido cifras muy superiores.

Entre los reclamantes figuran sociedades del propio grupo Gescartera y personas vinculadas al aparato gestor de la agencia de valores, que dejó un agujero de 15.578 millones de pesetas, según las últimas cuentas oficiales de la CNMV.

Entre los reclamantes figura la familia Giménez-Reyna. Enrique, ex secretario de Estado de Hacienda, ha perdido 940.329 pesetas, según los registros de la CNMV. Su hermana Pilar, actualmente en prisión, asegura que depositó en la agencia de valores de la que era presidenta dos millones de pesetas, que ha perdido junto a las 180.000 pesetas que su hija Pilar también invirtió. El esposo de Pilar Giménez-Reyna, Ángel Malpartida, saldrá peor librado: invirtió 5,5 millones de pesetas. Peor suerte correrá otro hermano de la presidenta de Gescartera: el coronel de la Guardia Civil Francisco José Giménez Reyna. Depositó 21,4 millones de pesetas. (Diciembre 01) 

4. EL COMPATIBLE DE RATO SEGÚN EL PP Y SUS SOCIOS

El PP, con el respaldo de CiU y Coalición Canaria, certifica que el vicepresidente y ministro de Economía, Rodrigo Rato, compatibiliza a la perfección su cargo de diputado con sus actividades privadas. La Comisión del Estatuto del Diputado certificó que el ministro, como diputado, tampoco incumple el artículo 159.3.a) de la Ley del Régimen Electoral, que se aplica a diputados y senadores. Declara incompatible con el mandato de diputado mantener una 'participación superior al 10% en actividades empresariales o profesionales de toda índole que tengan conciertos, concesiones o contratos con organismos o empresas del sector público estatal, autonómico o local'. La mayoría del PP, CiU y CC decidió que Rato no incumple este artículo basándose simplemente en el escrito que éste les remitió anteayer y en el que el vicepresidente afirma que no tiene nada que añadir a la declaración de actividades que realizó al inicio de la legislatura. En esa declaración, Rato dejó en blanco todas las preguntas sobre posibles negocios privados. El presidente de la Comisión, el popular Aurelio Romero, evitó explicar el razonamiento de su grupo basándose en que las deliberaciones son a puerta cerrada. Los representantes de CiU y CC, Manel Silva y Luis Mardones, argumentaron que la Comisión del Estatuto no es de investigación, por lo que tiene que dar por buenas las declaraciones de los diputados: no puede indagar más. Como se recordará, el motivo por el que pidieron conocer este documento es que, durante la Comisión Gescartera, el HSBC informó de que había concedido un crédito de 525 millones de pesetas a la empresa Muinmo y declaró que esa sociedad era propiedad, a partes iguales, de los tres hermanos Rato. Como Muinmo, a través de sus emisoras de radio, contrata con el sector público y el vicepresidente tiene más de un 10% de participación habría incumplido, según PSOE, IU, PNV y Grupo Mixto, su compatibilidad como alto cargo y como diputado. Hace ya unos días, el Gobierno, al eximirle de incumplir como alto cargo, decidió que ese porcentaje debe poseerse directamente y no a través de empresas intermedias, como parece ser el caso. ( Diciembre 01 ) 

5. CALZADA DESTITUYE A DOS ALTOS CARGOS DE LA CNMV AFECTADOS POR EL 'CASO GESCARTERA'

El presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Blas Calzada, ha comenzado la reestructuración del organismo supervisor, deteriorado por el caso Gescartera. Para ello, da la carta de despido a Juan Carlos Basallote Ureba, director general de entidades, encargado de la inscripción de Gescartera como agencia de valores, y también destituye a Antonio Botella como director general de supervisión que, no obstante, seguirá de momento en una subdirección. Juan Carlos Basallote Ureba, accedió al cargo con la llegada de Pilar Valiente y el caso Gescartera le salpicó de lleno al encargarse de la inscripción de la sociedad de carteras como agencia de valores sin cumplir los requisitos que él mismo había exigido para recibir este espaldarazo de la CNMV. Un comportamiento que, una vez salió a la luz, el organismo supervisor sólo supo explicar como un error de celo del propio Basallote. Este director es primo del anterior secretario del consejo y director del servicio jurídico, Antonio Alonso Ureba, en la actualidad secretario del consejo de Telefónica. La otra destitución, aunque sin salida de la CNMV, corresponde a Antonio Botella, actual director general de Supervisión, que tomó las riendas del caso Gescartera, después de que el consejo relevase de esta misión al antiguo director general de Supervisión, David Vives y a su equipo, partidarios de la intervención de Gescartera ante las dificultades que su máximo responsable, Antonio Camacho, ponía a la inspección. Botella dio por buenos cheques de La Caixa falseados por Camacho que permitieron continuar con esta estafa. Según las fuentes consultadas, Botella pasará a ocupar una subdirección dentro del nuevo organigrama que prepara Calzada.Los directores de la CNMV se rigen por contratos de alta dirección, que se basan en la relación de confianza con el presidente. Por tanto, quedan fuera del régimen laboral ordinario. ( Enero 02 )

6. EL ARZOBISPADO DE VALLADOLID SE AMPARA EN EL CONCORDATO Y NO DA LAS CUENTAS A LA JUEZ 

El Arzobispado de Valladolid se ha negado a entregar a la juez Teresa Palacios, que instruye el caso Gescartera, la contabilidad de los años 2000 y 2001, que la magistrada le reclama. Se escuda el Arzobispado en los acuerdos suscritos entre España y la Santa Sede en 1979 donde se establece que 'el Estado respeta y protege la inviolabilidad de los archivos, registros y demás documentos pertenecientes' a la Iglesia. El Arzobispado añade que su contabilidad de 2000 y 2001 'no guarda relación' con la investigación, pues en el 2000 no invirtieron y en el 2001 invirtieron pero perdieron. El Arzobispado de Valladolid se niega a remitir a la Audiencia Nacional la contabilidad de los dos últimos años y ha presentado un recurso de reforma del auto judicial donde considera que esa solicitud 'no es ajustada a derecho ni pertinente, ya que la prueba solicitada no guarda relación alguna con los hechos que se están investigando': el escándalo de Gescartera, la agencia de valores en la que fueron estafados 1.383 clientes y se evaporaron 15.578 millones de pesetas (93,6 millones de euros).La abogada del Arzobispado argumenta que sí entregó 'los documentos que acreditan la relación financiera' que éste 'mantuvo con la entidad Gescartera durante los años 1996 y 1999 y que eran soporte de la nota manuscrita entregada por el señor ecónomo en su comparecencia' ante el juzgado. El ecónomo Enrique Peralta también esgrimió una nota manuscrita como resumen de sus inversiones en Gescartera durante su comparecencia en la comisión parlamentaria de investigación de este escándalo. ( Enero 02 ) 

7. EL JUEZ RECLAMA LOS INFORMES POLICIALES SOBRE LOS REGALOS DE CAMACHO A RAMALLO 

El juzgado de instrucción 17 de Madrid ha reclamado a la Audiencia Nacional los documentos intervenidos en Gescartera 'relativos a los regalos recibidos' por Luis Ramallo, ex vicepresidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y ex notario de Gescartera. La juez de la Audiencia Nacional Teresa Palacios ha respondido a su compañera del juzgado de instrucción 17, Paloma García, que no puede entregarle esos informes policiales pues esa documentación está incorporada a la pieza declarada secreta. Sí puede, a cambio, remitirle el escrito presentado por Luis Ramallo en el que éste dice cuáles fueron los regalos que le hizo el dueño de Gescartera, Antonio Camacho. Los juzgados de la Plaza de Castilla de Madrid investigan si el ex vicepresidente de la CNMV pudo cometer un delito de cohecho cuando admitió regalos por importe de más de 3,1 millones de pesetas (18.631 euros) del dueño de Gescartera. A finales de octubre, la juez Palacios apreció la existencia de indicios de delito de cohecho en la actuación del ex diputado del Partido Popular. Por ello, y a propuesta de la Fiscalía Anticorrupción, remitió a los juzgados de Madrid el escrito presentado en la Audiencia por el propio Ramallo en el que reconocía haber recibido esos regalos. La juez Palacios consideró que la investigación de un posible delito de cohecho por parte del ex diputado popular no formaba parte de la investigación de la estafa de Gescartera y decidió que fuera otro juzgado el que investigara si a cambio de esos regalos el ex vicepresidente de la CNMV pudo devolver algún favor. El juzgado de instrucción 17 también ha pedido la declaración ante la Comisión Gescartera que realizó el ex diputado. La juez Palacios le ha respondido que no puede enviársela porque 'no consta en las diligencias'. Sí le remitió, además del escrito de Ramallo, el ingreso de 1,6 millones de pesetas que el notario realizó el pasado 10 de octubre en la cuenta de consignaciones de la Audiencia Nacional. Ramallo realizó ese ingreso como devolución de los regalos que admitió haber recibido de Camacho después de restar el importe de los obsequios que él, a su vez, hizo al dueño de la agencia de valores que estafó 15.578 millones de pesetas a 1.383 clientes. Según Ramallo, él entregó a Camacho un cuadro del pintor José Vega Osorio valorado en 1,4 millones de pesetas. Después de que la juez Palacios apreciara indicios de delito de cohecho en la actuación de Ramallo, el comité de disciplina del PP citó al ex diputado para que explicara sus relaciones con Gescartera. Ese examen del comité de disciplina pretendía averiguar si Ramallo incumplió el código ético del PP, que obliga a los cargos públicos de ese partido a 'no dedicarse, por sí ni por persona interpuesta, a actividad de gestión o mediación' que tenga 'la más mínima relación' con su cargo. La dirección del PP, después de escuchar durante una hora a su militante y ex diputado, decidió no emprender ninguna medida disciplinaria contra él. Ni siquiera optó, de forma preventiva, por abrirle un expediente informativo. ( Enero 02 ) 

8. LOS COMISIONADOS ENTREGAN A LA FISCALIA ANTICORRUPCIÓN UN DOCUMENTO QUE RECOGE LAS CONTRADICCIONES DE VARIOS COMPARECIENTES 

Los diputados de PSOE, IU, PNV y Grupo Mixto comisionados en la investigación parlamentaria del escándalo de Gescartera entregan al fiscal jefe anticorrupción, Carlos Jiménez Villarejo, un amplio informe en el que han contrastado las declaraciones de los comparecientes en la comisión Gescartera y en el que subrayan sus múltiples contradicciones. Los diputados pedirán al fiscal anticorrupción que compruebe esas incoherencias y que 'impulse, de oficio, la acción de la justicia en defensa de la legalidad y del interés público tutelado por la ley'. En el documento se destaca las siguientes cuestiones: 

9. EL ARZOBISPADO DE VALLADOLID DEBERÁ EXPLICAR A LA JUEZ UN DESFASE DE 600.000 EUROS

El Arzobispado de Valladolid deberá explicar por qué existe un desfase de alrededor de 600.000 euros entre lo declarado por el ecónomo del Arzobispado, Enrique Peralta, que figura en una nota manuscrita por él mismo, y la documentación oficial que la Archidiócesis ha entregado al juzgado hasta ahora. Así lo pone de manifiesto el fiscal anticorrupción Luis López Sanz quien ha insistido en solicitar a la juez del caso, Teresa Palacios, que reclame la contabilidad de la institución con los datos sobre las inversiones en la agencia de valores. El fiscal López Sanz rechaza así de forma tajante el escrito presentado por los abogados del Arzobispado, en el que se negaban a facilitar los datos de las cuentas y nuevos documentos por entender que no tenían relación con Gescartera y que su entrega podría constituir una vulneración de lo establecido en el Concordato con la Santa Sede. Pero el fiscal considera que de los documentos entregados por el Arzobispado hasta el momento se desprende una inversión a través de Gescartera que supera en unos 600.000 euros (alrededor de 100 millones de pesetas) a la que oficialmente reconoció el ecónomo de la institución, Enrique Peralta. En su momento, el ecónomo Peralta declaró el 2 de octubre de 2001 ante la juez Teresa Palacios que el Arzobispado invirtió 1.100 millones de pesetas (6,61 millones de euros) entre marzo de 1996 y enero de 1999 en Gescartera, que procedían de letras del Tesoro que se amortizaban y de la venta de alguna finca procedente de alguna herencia. También declaró que el saldo global del Arzobispado en esos tres años fue de unos 3.300 millones de pesetas (19,83 millones de euros). A raíz de una inspección de la CNMV en Gescartera, el Arzobispado retiró la inversión y sólo en 2001 volvió a invertir 25 millones de pesetas (150.000 euros), que ha perdido.( Enero 02 )

10. LA JUEZ DEL 'CASO GESCARTERA' PIDE AL ARZOBISPADO DE VALLADOLID LAS CUENTAS DE 2001

La juez de la Audiencia Nacional Teresa Palacios, que instruye el caso Gescartera, reclama de nuevo al Arzobispado de Valladolid la contabilidad correspondiente al año 2001. En ese año, el arzobispado invirtió 25 millones de pesetas (150.000 euros) en Gescartera que no recuperó tras la intervención de la agencia de valores. El teniente fiscal Anticorrupción, Luis López Sanz, había instado a la magistrada para que reclamase de nuevo las cuentas, pues, a su entender, de los documentos entregados por el arzobispado hasta el momento, se desprende una inversión a través de Gescartera que supera en unos 600.000 euros (alrededor de 100 millones de pesetas) a la que oficialmente reconoció el ecónomo. El ecónomo Peralta declaró el 2 de octubre de 2001 que el arzobispado invirtió 1.100 millones de pesetas (6,61 millones de euros) entre marzo de 1996 y enero de 1999 en Gescartera, que procedían de letras del tesoro que se amortizaban y de la venta de alguna finca procedente de alguna herencia. Tras retirar la inversión, sólo en 2001 volvió a invertir ( Enero 02 ) 

11. UNA SECRETARIA REVELA QUE GIMÉNEZ-REYNA VISITÓ AL MENOS SIETE VECES A CAMACHO 

El ex secretario de Estado de Hacienda Enrique Giménez-Reyna visitaba 'con cierta frecuencia' al propietario de Gescartera, Antonio Camacho, según afirmó ante la juez de la Audiencia Nacional Teresa Palacios, Begoña Alandi, que fue secretaria de Camacho entre 1993 y el verano de 2000. Estas afirmaciones contradicen la versión facilitada por Giménez-Reyna, tanto en la Comisión de Investigación del Congreso como ante el juzgado, según la cual sólo vio a Camacho en cuatro ocasiones, en dos comidas con Pilar Valiente, en una boda y en la venta de Sefisur. Alandi, que declaró en calidad de testigo, explicó que Giménez-Reyna acudió la sede de Gescartera en 'seis o siete ocasiones' a visitar a Camacho, incluso durante la etapa en que el primero era director general de Tributos. Agregó que ambos se reunían con cierta frecuencia para comer y que, a diferencia de otras citas, las comidas con Enrique Giménez-Reyna 'nunca se suspendían'. La secretaria de Camacho precisó que la visitas y comidas podían precisarse, puesto que están apuntadas en la agenda que ella llevaba y que actualmente está en poder de la policía para su estudio. Begoña Alandi indicó también que el flujo de llamadas telefónicas entre Enrique Giménez-Reyna y Camacho era constante y prueba de ello es que ella conocía a las dos secretarias que el primero tenía durante su etapa de director general de Tributos. 

La secretaria de Camacho afirmó igualmente que éste tenía gran amistad con varios directivos del Hong Kong and Shangai Banking Corporation (HSBC) y también con los de aquellas sucursales bancarias en los que la agencia de valores tenía cuentas abiertas. Según la declaración de Alandi, Camacho realizó frecuentes viajes a Londres, Miami, Ginebra o Nueva York. Giménez-Reyna, en su declaración de octubre de 2001, negó inicialmente que hubiera hablado de negocios con Antonio Camacho, aunque luego reconoció que en agosto de 1995 negociaron la venta de Sefisur, un chiringuito financiero del que el ex secretario de Estado fue consejero y accionista y que tuvo que cerrar. En esa declaración, Enrique Giménez-Reyna aseguró que no era amigo de Camacho, y durante toda la comparecencia estuvo poniendo distancia sobre la relación entre ambos, aunque llegó a reconocer que tuvo algún contacto con él a través de su hermana, Pilar, presidenta de Gescartera. Tras la declaración de Alandi, todo indica que Enrique Giménez-Reyna y Camacho eran algo más que meros conocidos. ( febrero 02 ) 

12. EL FISCAL RECHAZA LA QUERELLA DE ZAPLANA CONTRA RODRÍGUEZ IBARRA

La Fiscalía ha presentado un informe a la Sala Segunda del Tribunal Supremo en el que solicita el archivo de la querella por injurias y calumnias presentada por el PP y el presidente de la Generalitat, Eduardo Zaplana, contra el presidente extremeño, Juan Carlos Rodríguez Ibarra, por las declaraciones en las que éste acusó a Zaplana de ser la pieza clave para saber el destino de los 18.000 millones de pesetas desaparecidos en Gescartera, destinados, en parte, a financiar el PP.El fiscal no ha apreciado indicios de los delitos denunciados tras estudiar las declaraciones de Ibarra, realizadas a Canal Sur Televisión . En ellas, Rodríguez Ibarra aseguraba que 'siempre donde ha habido corrupción de financiación del PP, ahí estaba Zaplana'. En este sentido, el presidente extremeño aludió también a las cintas del caso Naseiro. Las manifestaciones se realizaron el pasado mes de septiembre en coincidencia con los trabajos de la comisión de investigación parlamentaria del caso Gescartera. La querella relata las distintas acusaciones que ha realizado Rodríguez Ibarra contra el PP en relación con Gescartera, así como su negativa a acudir al acto de conciliación ( febrero 02 ) 

13. EL PP RECHAZA QUE SE PROHÍBA A LAS ONG INVERTIR EN 'GESCARTERAS' 

El PP rechaza que se tome ninguna medida para impedir que las ONG que reciben dinero público puedan invertir en 'activos que impliquen un riesgo cierto', como hicieron con Gescartera, donde invirtieron ONG como Manos Unidas y otras instituciones de la Iglesia. El PP, en boca de su diputado Pablo Izquierdo, argumentó que cualquier entidad privada tiene derecho a colocar su dinero donde quiera. Añadió que ese dinero no será nunca el de las ayudas públicas, pues tienen carácter finalista y exigen a la ONG que cree una cuenta especial y la controle. ( Febrero 02 ) 

14. UN APODERADO DECLARA QUE LE PIDIERON 90.000 EUROS PARA RAMALLO 
El apoderado de Gescartera Javier Sierra de la Flor declara ante la juez Teresa Palacios que el dueño de la agencia, Antonio Camacho, le pidió que rellenara un cheque al portador por 15 millones de pesetas (90.152 euros) para entregárselo a Luis Ramallo. El ex vicepresidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores negó que hubiera recibido este cheque: 'Ni 15 millones ni más dinero de Antonio Camacho que las 200.000 pesetas' por sus honorarios como notario de Gescartera. Sierra manifestó que la entrega del cheque no era como consecuencia de la retirada de una inversión y que se realizó a finales de 2000 o a principios de 2001, cuando Ramallo ya había dejado la vicepresidencia de la CNMV y estaba al frente de su notaría. El declarante precisó que no le consta que el cheque llegara a poder de Ramallo, ni Camacho le informó del motivo por el que lo entregaba. El talón formaba parte de los numerosos cheques al portador que se cobraban en metálico en la oficina de La Caixa de Majadahonda (Madrid). Precisamente Sierra de la Flor era la persona que más cheques enviaba a cobrar y que en muchas ocasiones firmaba en su reverso.

Un informe elaborado por los peritos del juzgado especifica que Sierra cobró entre mayo de 1999 y junio de 2001 un total de 1.085 millones de pesetas (6.520.981 euros) en cheques al portador firmados por él. El dictamen precisa que sólo 16 cheques, por importe total de 58 millones de pesetas, se corresponden con retiradas de inversiones por parte de clientes. El resto, por importe de 1027 millones de pesetas, no se corresponde aparentemente con retiradas de clientes, ya que no coinciden importes y fechas. Sierra dijo que él sólo conocía el destinatario de los cheques si Camacho se lo contaba, y agregó que éstos eran una veintena de personas entre los que figuran Roberto Santos, Jesús Carrillo, el cura Teodoro Bonilla, Juan Soler o Fernando Grassi.Sierra sostuvo que Camacho realizó activas gestiones para traer el dinero del extranjero y resolver el problema desde la fecha de la intervención de Gescartera y la de su detención, es decir entre el 14 de junio y el 17 de julio de 2001. Para ello se reunió, entre otros, con Alberto Cortina, Presidente del Banco Zaragozano, en su domicilio, junto con el iraní Mafoud Zandy. Y, en otras ocasiones, con Salvador Pastor, del Hong Kong and Shangai Banking Corporation, o Agustín Fernández, del Deutche Bank. Por eso entre los empleados de Gescartera existía el convencimiento de que el dinero estaba en el extranjero, a través del HSBC. ( Marzo 02 ) 

15. CAMACHO SE DECLARA SORPRENDIDO POR EL BUEN TRATO DE LA CNMV 

El propietario de Gescartera, Antonio Camacho, se sorprendió de que la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) no descubriera el desfase patrimonial en la agencia de valores, a pesar de que les proporcionaron toda la información, según declaró ante la juez Teresa Palacios. Camacho también se vio agradablemente sorprendido cuando la CNMV sólo le impuso dos multas por faltas graves, cuando él esperaba sanciones por tres faltas muy graves. El acusado no se explica la razón de ese trato tan exquisito por parte de la CNMV, salvo porque, como todo el mundo financiero sabía, había una gran división interna en la comisión.

El dueño de Gescartera señaló que no cree que Enrique Giménez-Reyna influyera en el trato recibido, del que "estaba encantado". "Sabían todo, tenían toda la información y, sin embargo, no actuaron", precisó Camacho. El acusado tampoco atribuyó las comidas que tuvo con varios miembros de la CNMV a "agradecimientos" por el trato recibido. Camacho se refirió a un almuerzo al que asistieron Pilar Valiente, Luis Ramallo, Antonio Alonso Ureba, Antonio Botella y Pedro Villegas poco después de que se impusieran las sanciones. ( Marzo 02 ) 

16. EL GOBIERNO SE ENFRENTA A LA PRIMERA RECLAMACIÓN POR DAÑOS DE CLIENTES ESTAFADOS DE GESCARTERA

 Un grupo de inversores estafados por Gescartera ha presentado ante el ministro de Economía, Rodrigo Rato, la primera reclamación desde que estalló el escándalo por 'responsabilidad patrimonial de la Comisión Nacional del Mercado de Valores por el funcionamiento del servicio público de supervisión e intervención' sobre la sociedad de Antonio Camacho. Estos inversores mantienen que 'la causa de la lesión reside en el mal funcionamiento de la CNMV'. Otros afectados por la estafa de casi 100 millones de euros a 1.383 clientes también usarán esta vía de reclamación, paralela al proceso penal abierto en la Audiencia Nacional.

Los abogados de otros dos grandes perjudicados por el fiasco de Gescartera confirmaron que también preparan esta reclamación a la administración central, y que aún no la han formalizado porque antes querrían escuchar el testimonio de los dirigentes de la CNMV que propusieron ascender a Gescartera y que cerraron un expediente por falta grave con una multa de 60.000 euros (10 millones de pesetas). La juez Teresa Palacios aún no ha citado a ningún alto cargo de la CNMV. Los 15 folios del escrito de reclamación al ministro Rato detallan todos los fallos de la CNMV en su tarea de vigilancia de Gescartera. Recuerda, por ejemplo, que 'en febrero de 1999, la CNMV detecta en Gescartera Dinero un descuadre de aproximadamente 4.500 millones de pesetas' y que la entonces sociedad de cartera 'no justificó en ningún momento la existencia de esa liquidez'. Es decir, ya a principios de 1999 había datos suficientes como para frenar el fiasco, pero la CNMV no hizo nada.

En su  escrito de reclamación patrimonial al Estado se destaca que la CNMV está obligada a:

La CNMV incumplió estos cuatro mandatos. Por ello, 'la CNMV debe responder patrimonialmente de los daños ocasionados por el mal funcionamiento del servicio de supervisión e intervención, pues habiendo detectado, a través de su servicio de inspección, que Gescartera Dinero estaba incumpliendo la disciplina aplicable a las empresas de servicios de inversión, así como la norma de conducta de la Ley del Mercado de Valores, (...) no adoptó las medidas cautelares y de intervención previstas en la ley. Ni siquiera cumplió con el deber de transparencia de comunicar al público el riesgo que asumía al confiar' en Gescartera. 'Si una vez detectadas las infracciones, la CNMV hubiera adoptado las medidas cautelares y de intervención previstas en la ley, no se habría creado la apariencia de correcto funcionamiento de Gescartera' que hizo que los inversores le confiaran su dinero y lo perdieran, argumentan los abogados. Por ello, reclaman todo lo perdido más los intereses que se habrían devengado. ( Marzo 02 )

 

17. LA JUEZ INSTRUCTORA OPINA

En unas declaraciones a un periódico de Córdoba la Juez Teresa Palacios señala lo siguiente:

“Lo que se destapó al investigar la agencia de valores no hay que confundirlo con un escándalo económico, al menos no es ésa la conclusión a la que he llegado tras la serie de declaraciones que hemos realizado en la Audiencia Nacional. Esto ha sido un desfalco que ha afectado a muchas capas sociales y del que hay muchos perjudicados. Quien quiera ver aquí la Filesa del Partido Popular se equivoca, porque Gescartera sólo ha sido un chiringuito financiero en el que tres o cuatro listos se han hecho ricos a costa de miles de personas. En la trama de financiación ilegal que se le descubrió al PSOE había facturas falsas, por ejemplo, algo que aquí no tenemos. De otro lado, el GAL o los Fondos Reservados eran cuestiones de Estado, y Gescartera no lo es en absoluto.......Es evidente que la depuración de las responsabilidades políticas aún no ha finalizado; supongo que habrá que esperar. Pero por lo pronto, el PP ha organizado una comisión de investigación en el Parlamento, algo que no llevó a cabo el PSOE en todo el tiempo que se le acusó de corrupción política y económica, y eso es un punto que hay que reconocerle al Gobierno. En la investigación judicial queda mucho por descubrir, porque realmente todavía no sabemos nada. Quizás pronto se dé con otro interviniente o se averigüe cómo se ha escapado el dinero, adónde ha ido a parar....Como ciudadana, no como magistrada, percibo que la gente está muy molesta con la Iglesia, porque se ha demostrado que tenía estancado un capital muy elevado, que no invertía en lo que se supone que debe promover una institución religiosa. Cuando uno ve que hay tantas necesidades que cubrir en esta sociedad, como escuelas o centros de acogida, no puede aprobar que haya tantos millones de pesetas congelados por la Iglesia. Las necesidades diarias piden a voces ser paliadas y sin embargo el dinero estaba ahí, sin utilizarse “. ( Marzo 02 )

18.EL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL PIDE A LA INSPECCIÓN UN INFORME SOBRE LA JUEZ PALACIOS

La comisión disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) acuerda, por tres votos a dos, remitir al Servicio de Inspección 'las presuntas declaraciones' de la juez Teresa Palacios sobre Gescartera al periódico El Día de Córdoba, para que su jefe emita un informe, previo a cualquier otro acuerdo de la comisión. Los dos vocales discrepantes, ambos propuestos por el PP, defendieron el archivo de plano del asunto por no apreciar en las declaraciones de la juez relevancia disciplinaria. El acuerdo de la comisión disciplinaria menciona el artículo 423.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), según el cual toda denuncia sobre la actuación de jueces y magistrados 'será objeto, en el plazo de un mes, de informe del Jefe del Servicio de Inspección, quien podrá proponer el archivo de plano, la formación de diligencias informativas o la incoación directa de expediente disciplinario'. Los vocales propuestos por el PP Adolfo Prego y Faustino Gutiérrez-Álviz, defendieron el archivo del caso sin tan siquiera investigar si la juez Palacios declaró lo que aparece como manifestaciones suyas en el mencionado rotativo. Para estos dos vocales conservadores, como para otros del mismo sector, de las declaraciones de la juez del caso Gescartera no se deduce la revelación de ningún secreto del sumario ni se desprende censura alguna dirigida a los poderes públicos. La juez Teresa Palacios pertenece a la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura, de la que su padre, Diego Palacios, fue primer presidente, además de vocal del primer Consejo Judicial. ( Marzo 02 ) 

19. CAMACHO ADMITE SU BUENA RELACIÓN CON ALTOS CARGOS DE LA CNMV 

Antonio Camacho, dueño de Gescartera y el único de los imputados en la estafa en prisión preventiva, mantiene que desde la etapa de Bolsa Consulting, en 1992, trataba con Enrique Giménez-Reyna sobre Gescartera. Y destaca que 'se hizo amigo' de la cúpula de la CNMV (Comisión Nacional del Mercado de Valores) y decidió regalarles 'el detalle navideño' por el buen trato y la escasa sanción que le impusieron.

Camacho ha declarado  a la juez que “ no entiende por qué el señor [Enrique] Giménez-Reyna dijo que le conocía poco, si hasta conocía a Laura “, su novia, y comía asiduamente con él 'tanto cuando era abogado como cuando era director general de Tributos'. Eso sí, 'nunca' habló con el ex secretario de Estado de Hacienda del 'desfase patrimonial, pero sí de temas de Gescartera'. ¿Desde cuando? Prácticamente desde siempre, según Camacho, pues ya trataba con él cuando la CNMV impuso a Bolsa Consulting (antecesora de Gescartera) una multa de 128 millones de pesetas por captar dinero sin autorización.

A la pregunta de si 'tuvo trato personal con miembros de la CNMV a raíz de algún expediente', respondió que 'conoció personalmente a Pilar Valiente, Luis Ramallo, Antonio Alonso Ureba, David Vives y Antonio Botella', que 'a medida que los iba conociendo les iba metiendo en la lista de regalos navideños', pero que en esa lista nunca incorporó ni a Vives ni a Juan Fernández Armesto. ¿Por qué unos sí y otros no? Porque se alegró mucho de la escasa sanción impuesta por la CNMV y 'quedó a comer con ellos cuando se cierra el expediente y se impone la sanción, antes no'. Es más, añadió en su declaración del 1 de marzo, 'sólo se hizo amigo de ellos cuando se cierra el expediente' por que él les dio 'las gracias' pues en la CNMV conocían perfectamente la operativa de Gescartera, incluso las operaciones intradía, que le explicaron a Antonio Botella. ( Marzo 02 ) 

20. ARCHIVADO EL EXPEDIENTE AL CORONEL DE LA G. C GIMÉNEZ-REYNA 

 La Guardia Civil no ha hallado ningún dato concluyente que permita relacionar al coronel José Giménez-Reyna con la inversión que la Asociación Pro Huérfanos de la Guardia Civil hizo en la agencia de valores Gescartera, que presidía su hermana Pilar. Así, ha sido cerrado definitivamente 'sin declaración de responsabilidad' el expediente que se inició para averiguar si la generosa invitación de Antonio Camacho a ver la final de la Copa de Europa entre el Real Madrid y el Valencia en París tuvo como efecto la malograda inversión.

'No ha aparecido ningún elemento que permita deducir que el señor Camacho tuviera un interés específico en agasajar u obsequiar al coronel Giménez-Reyna ni que el viaje a París tuviera un objetivo específicamente promocional de la agencia de valores Gescartera', dice el expediente abierto para averiguar si el coronel cometió una falta muy grave al aceptarlo. El instructor recoge cómo se fraguó la visita en avión privado, hotel y entradas para la final incluidas.

Explica que las circunstancias de la invitación 'eran bastante insólitas, demasiado generosas' y que 'el derroche de generosidad del que hizo gala Antonio Camacho (...) no es fácil de comparar con otras invitaciones o liberalidades de personajes más o menos acaudalados'. Esto, a juicio del instructor, debería haber hecho plantearse al coronel que 'podrían surgir más adelante compromisos o, por lo menos, problemas si la sociedad Gescartera trataba de extender su actividad al ámbito de la Guardia Civil, lo que tampoco podía conceptuarse como extraño'.

Así, al haber aceptado la invitación, el posterior estallido del escándalo Gescartera ha hecho que la actuación del coronel haya dado lugar 'a una sospecha o polémica social' que ha salpicado a la Asociación y 'al propio cuerpo'. El instructor aprecia 'un comportamiento inadecuado del coronel por falta de la necesaria previsión en vista de las peculiaridades de la invitación que aceptó'. Una falta de previsión que no es sancionable.

El documento explica que el expediente fue incoado para ver si hubo relación entre el viaje y la inversión en Gescartera, una sospecha que se sustentaba en la 'doble conexión' del coronel 'con la presidenta de Gescartera, por parentesco, y con el general de división Antonio Blanes García, presidente de la Asociación Pro Huérfanos, por razón de destino, puesto que dicho general era y es el titular de la subdirección general de personal de la Dirección General de la Guardia Civil' en la que Giménez-Reyna era su 'inmediato subordinado'. Pero 'tampoco se ha encontrado indicio o dato alguno que, más allá de las simples suposiciones o especulaciones, permita sustentar con un mínimo de solidez, la convicción de que exista conexión entre la invitación' al viaje a París y la inversión de los huérfanos en Gescartera. El instructor aclara que el coronel 'nunca ocupó un cargo o desempeñó cometido alguno' en la Asociación Pro-Huérfanos. Los contactos, según el documento, los llevó directamente el general Blanes con Pilar Giménez-Reyna (a la que el primero conocía 'desde que era una niña') y la inversión de 420 millones fue decidida colectivamente, previo estudio de mercado, por los órganos colegiados de la asociación.

El instructor, pese a no hallar responsabilidad en el coronel, si le dedica una reflexión sobre las sutilezas del tráfico de influencias y la 'captación de voluntades'. 'Mediante agasajos o ventajas que no se establecen con carácter general' sino sólo para unos pocos elegidos 'puede llegar a generarse un estado de opinión en el sentido de admitir y expresar las ventajas y excelencias' de una agencia de valores, 'que queda así por encima de otros productos y servicios' sean o no ciertas dichas ventajas ( Abril 02 ) 

21. UN ESCOLTA DE CAMACHO DICE QUE LE LLEVÓ A UNA CASA QUE ES PROPIEDAD DE ALBERTO CORTINA 

Israel Gómez Sánchez, jefe de escoltas del pro pietario de Gescartera, Antonio Camacho, declara ante la juez de la Audiencia Nacional Teresa Palacios que acompañó a Camacho hasta una casa situada en la madrileña calle de Castellón de la Plana, en la que fuentes jurídicas que asistieron a la declaración situaron el domicilio del banquero Alberto Cortina. Según estas fuentes, Israel Gómez no mencionó el nombre del banquero ni aportó mayores datos, pero la situó sobre el plano del callejero de Madrid que correspondería al lugar donde se encuentra la vivienda de Cortina. Según el escolta de Camacho, en las proximidades de esa vivienda se encontraba aparcado un Ferrari rojo, modelo que se correspondería con el vehículo del español de origen iraní Massud Zandy, amigo de Antonio Camacho. Israel Gómez también observó la presencia de un Peugeot 406 con dos personas que parecían escoltas, pero no pudo precisar al servicio de quién podría estar el vehículo, según las citadas fuentes.( abril 02 ) 

22. DECLARACIONES DE LA CONTABLE

 Por su parte, Ángeles Leis aseguró que era 'una mandada' y limitó su participación en los hechos a rellenar las cantidades y poner la fecha a los cheques. Explicó que esos talones, que en conjunto alcanzaron un montantes de unos 2.500 millones de pesetas (15 millones de euros), estaban previamente firmados y refrendados por los gestores de la sociedad de valores Antonio Camacho, José María Ruiz de la Serna y Javier Sierra de la Flor. Ella se limitaba a poner las cantidades que le decían y la fecha, insistió. Ángeles Leis ya hizo estas afirmaciones el pasado mes de febrero en una declaración que la juez suspendió, para dar la oportunidad a Leis de ser asistida por un abogado, ya que su declaración podría llegar a ser incriminatoria. Según Leis, la mayor parte de los cheques fueron cobrados en la sucursal de La Caixa de Majadahonda (Madrid) por el chófer de Camacho o por algún empleado de la agencia, que entregaba a la propia contable el dinero en efectivo para que lo custodiara en la caja fuerte.( Abril 02 ) 

23. LA INSTRUCTORA DE GESCARTERA NO SERÁ SANCIONADA POR SUS DECLARACIONES
La Comisión Disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) archiva , por tres votos a dos, la investigación abierta a la juez de la Audiencia Nacional Teresa Palacios por sus declaraciones sobre el caso Gescartera. El Día de Córdoba publicó una entrevista en la que Palacios decía que 'Gescartera no es comparable a Filesa o los fondos reservados. Quien quiera ver aquí la Filesa del PP se equivoca, porque Gescartera sólo ha sido un chiringuito financiero', añadió. También se congratuló de que el PP organizase una comisión de investigación parlamentaria, 'algo que no llevó a cabo el PSOE'. 'Es un punto que hay que reconocerle al Gobierno', concluyó.Los vocales propuestos por el PP, Adolfo Prego y Faustino Gutiérrez-Álviz, y el de consenso, Agustín Azparren, aprobaron el archivo porque la juez sostiene que sus declaraciones fueron 'deformadas'. Sin embargo, el periodista que la entrevistó afirma que reprodujo sus comentarios 'con total exactitud' y, en ocasiones, le pidió que los repitiese. ( Abril 02 ) 

24. LA QUERELLA DE ZAPLANA SE ARCHIVA 

La Sala Segunda del Tribunal Supremo ha archivado la querella presentada por el presidente de la Comunidad valenciana, Eduardo Zaplana, contra el de Extremadura, Juan Carlos Rodríguez Ibarra, a quien acusaba de un delito de calumnias e injurias por decir que Gescartera estaba detrás de la financiación ilegal del PP y que Zaplana era "la pieza clave'' del entramado. El Supremo, de acuerdo con la Fiscalía, entiende que los hechos denunciados no son constitutivos de delito, ya que las imputaciones de Ibarra a Zaplana fueron "sumamente vagas y genéricas'', y además, las manifestaciones públicas de los presidentes de comunidad, y en este caso altos dirigentes del PSOE y el PP, respectivamente, están protegidas, según un criterio analógico, con la inviolabilidad que la Constitución establece para diputados y senadores por declaraciones realizadas en el ejercicio de sus cargos.En el auto de archivo, el alto tribunal señala que "suelen ser los ciudadanos, a través del voto, los que, en último término, dan el veredicto definitivo sobre la actuación de sus representantes''.

Asimismo, la Sala hace suyos los argumentos de la Fiscalía, quien resaltó que la financiación ilegal de los partidos políticos, imputada por Ibarra a Zaplana, no es un delito incluido específicamente en el Código Penal, por lo que no puede dar lugar a un delito de calumnias. Además, el fiscal manifestó en su informe que las declaraciones de Ibarra se realizaron dentro de un contexto marcado por "la efervescencia política surgida en los partidos políticos de distinto signo ideológico a los que pertenecen querellante y querellado, con ocasión del debate abierto en torno a las sesiones de la Comisión Parlamentaria de investigación del denominado "caso Gescartera'', con cruce recíproco de imputaciones de igual contenido respecto a otros asuntos sujetos a investigación''. ( Abril 02 ) 

25. GIMÉNEZ-REYNA VIGILARÁ LA ELECCIÓN DEL CONSEJO ASESOR DE LA GUARDIA CIVIL

El coronel José Giménez-Reyna, cuya hermana Pilar es una de las principales implicadas en el caso Gescartera, y el general Antonio Blanes, presidente de la Asociación pro Huérfanos de la Guardia Civil, que perdió en la agencia de valores 2,52 millones de euros, dirigirán la junta electoral que vigilará la designación de los 43 vocales del Consejo Asesor del instituto armado, según reveló la Asociación Unificada de Guardias Civiles. Los 70.000 funcionarios en activo y los 20.000 de la reserva elegirán entre los días 11 y 13 de junio mediante urna electrónica a los casi 800 compromisarios que, posteriormente, escogerán entre ellos a los 43 vocales del consejo. 'Bueno, pues el secretario de la junta electoral central, que tiene la obligación legal de anotar los votantes en el proceso final, es el coronel Giménez-Reyna y el presidente de esa junta, el general Blanes', aseguró Manuel Mato, portavoz de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC). La resolución de la convocatoria de elecciones confirma esta denuncia. ( Abril 02 )

26. EL TÉCNICO QUE INVESTIGÓ EL CASO ACUSA A LA CÚPULA DE LA CNMV. VIVES ASEGURA QUE UN INFORME DE ALONSO UREBA EVITÓ LA INTERVENCIÓN

David Vives, el ex director de Supervisión de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que destapó el fraude de Gescartera y lo comunicó a sus superiores, aseguró ante la juez Teresa Palacios que un análisis jurídico formulado verbalmente por Antonio Alonso Ureba, entonces secretario del consejo de la CNMV, frenó la intervención en el consejo extraordinario del 16 de abril de 1999. Vives declaró que el día anterior, el presidente de la CNMV, Juan Fernández-Armesto, le dio instrucciones para preparar la intervención. En la Audiencia Nacional ratificó punto por punto lo declarado ante la comisión de investigación del Congreso de los Diputados sobre Gescartera. Explicó cómo en 1999 descubrió un agujero de unos 4.000 millones de pesetas al super visar la actividad de la agencia de valores y que por ello propuso su intervención, que fue debatida en el consejo de la CNMV celebrado el 16 de abril de 1999. A pesar de que el entonces presidente, Juan Fernández-Armesto, avaló su informe, un análisis jurídico sobre las consecuencias de la intervención en la agencia de valores expuesto por Antonio Alonso Ureba -hoy secretario del consejo de Telefónica- sirvió de base para que los entonces vicepresidente, Luis Ramallo, y consejeros Pilar Valiente y José María Roldán bloquearan la medida. Explicó que Fernández Armesto era hombre favorable al consenso y el acuerdo que consiguió fue el de posponer en el tiempo la intervención. ( Mayo 02 ) 

27. HSBC PRESCINDE DE SUS DOS MÁXIMOS EJECUTIVOS EN ESPAÑA

El grupo británico HSBC ha prescindido de sus directores generales, Jaime Galobart, hasta ahora máximo ejecutivo en España, y Salvador Pastor, responsable de la filial de banca de inversión. La entidad estuvo implicada en el caso Gescartera prestando servicios financieros a esta sociedad, y a su propietario, Antonio Camacho. La entidad ha suprimido el equipo de corporate finance y ha cerrado su oficina en Bilbao. Desde hace varios meses, el banco nombró director general en España a Peter Atkins, por encima de los ejecutivos ahora despedidos. ( Junio 02 ) 

28. LAS PETICIONES DE INDEMNIZACIÓN DESTAPAN 400 NUEVOS AFECTADOS POR LA ESTAFA

Un total de 1.800 clientes de Gescartera han reclamado ya indemnización al Fondo General de Garantía de Inversiones. Esta cifra es superior en casi 400, un 30% más, a las 1.383 reclamaciones presentadas ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Ninguno ha cobrado porque, en su mayoría, no acredita su inversión u omite una importante formalidad: no ha suscrito la declaración jurada por la que garantiza que no está incurso en las causas de exclusión del cobro y, al mismo tiempo, autoriza a recabar datos de terceros (juzgados, bancos, organismos públicos) para verificar la suma reclamada. ( junio 02 )

29. ENTIDADES RELIGIOSAS MINTIERON A LA CNMV

La instrucción judicial del caso Gescartera ha confirmado un indicio ya apuntado en la inspección de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV): media docena de entidades religiosas ocultaron información ante este órgano supervisor para minimizar el creciente agujero contable de la agencia inversora de Antonio Camacho. Hay constancia documental en el sumario de esas anomalías. Una carta de una congregación enviada a los gestores de Gescartera, señala: 'Envío la información para la CNMV confiando que no suponga compromiso para nosotras al no declarar que tenemos con ustedes otro tipo de operaciones de las que sí doy cuenta en el impuesto de sociedades. Espero me lo aclaren'.

Lo llamativo no es que diversas congregaciones de la Iglesia católica depositasen 15 millones de euros en Gescartera. Ni siquiera que un párroco de Cuenca declarase 12 millones de euros de minusvalías. Lo sorprendente es que la instrucción del caso está confirmando que al menos media docena de entidades religiosas, cuyos representantes han desfilado en los últimos días ante la Audiencia Nacional, mintieron en 1999 ante la CNMV para que Gescartera lograse ocultar su agujero contable y neutralizase la amenaza de una intervención.

Entre los principales inversores de Gescartera figuran: Agustinas Misioneras Provincia de San Agustín, Fundación Caldeiro, Instituto Español del Misiones Extranjeras, Salesianos Inspectora de María Auxiliadora, Orden de San Agustín Provincia de España, Filipenses Misioneras de Enseñanza, Religiosas Filipenses, Manos Unidas, Obispado de Astorga y RR Madres Dominicas. ( Junio 02 ) 

30. UN EX DIRECTOR DE LA CNMV DICE AHORA QUE SE LE ENGAÑÓ

El ex director de Supervisión de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) Antonio Botella reconoce en la Audiencia Nacional que los propietarios de Gescartera le engañaron al presentarle documentación falsa con la que eludieron la intervención de esa empresa. Botella sustituyó a David Vives como director de Supervisión y su criterio fue clave para el ascenso de Gescartera a agencia de valores.

Botella confirmó que, a partir de julio de 1999, se encargó de continuar con la investigación sobre Gescartera en la CNMV, después de que su antecesor, David Vives, hubiera redactado un informe que precisaba un descuadre patrimonial de 4.500 millones de pesetas en la entonces sociedad de cartera. Botella dijo que en noviembre de 1999 creyó en la veracidad de los documentos que, a requerimiento de la CNMV, le presentó Gescartera. Luego se ha demostrado su falsedad. Botella buscaba dónde podía tener Gescartera el dinero que cuadrara su desfase. Primero lo buscó en la promesa de Gescartera de crear una sicav (fondo) en Luxemburgo promovida por el banco HSBC. Botella se entrevistó a finales de agosto de 1999 con un directivo del HSBC, Salvador Pastor, supo que la sicav no se iba a constituir y siguió buscando.

El dinero, aparentemente, apareció finalmente por medio de tres cheques -que luego se demostraron falsos- que la sociedad HARI 2000 ingresó en una sucursal de La Caixa de Majadahonda. Una vez que creyó que aparecía el dinero, Botella lo comunicó al consejo de la CNMV. Después, Gescartera fue ascendida a agencia de valores sin que nadie viera su grave situación ( Julio 02 ) 

31. ECONOMÍA RECHAZA ENVIAR AL CONGRESO EL INFORME DE LAS CUENTAS OPACAS DEL HSBC

El Ministerio de Economía ha decidido rechazar la petición para que remitiera al Congreso de los Diputados el expediente abierto al banco Hong Kong and Shanghai Bank Corporation (HSBC) por 138 cuentas opacas, conocidas a raíz del caso Gescartera, alegando el ‘carácter reservado’ del documento y que, además, se encuentre en proceso de tramitación. En su respuesta escrita, el Gobierno explica que toda la información de que dispone Economía relativa a las cuentas opacas del HSBC ‘forma parte de un expediente sancionador incoado e instruido por la Secretaría de la Comisión de prevención del blanqueo de capitales e infracciones monetarias’. ‘Este procedimiento, de carácter reservado, se encuentra actualmente en curso, pendiente del trámite de audiencia de la entidad’, precisa el Ejecutivo.

Se da la circunstancia de que el expediente completo ‘por presunto incumplimiento de obligaciones administrativas en materia de prevención del blanqueo de capitales’ ya ha sido recibido por la juez de la Audiencia Nacional Teresa Palacios e incorporado al sumario el pasado día 10.

El 25 de septiembre, el vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Economía, Rodrigo Rato, confirmó en el Congreso que la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales realizó una propuesta de sanción al HSBC por las 138 cuentas opacas, que todavía no era firme y que estaba pendiente de las alegaciones que presentara la entidad así como de un informe del Banco de España. Rato recordó entonces que el Ministerio de Economía inició una serie de actuaciones hace un año cuando el Banco de España comunicó la existencia de las cuentas, abiertas en España, y la negativa de HSBC a revelar la identidad de sus titulares, alegando el secreto bancario.

Ante estos hechos, explicó que el Servicio Ejecutivo de la citada comisión inició actuaciones y, tras los correspondientes trámites, sus conclusiones pasaron a la Secretaría de la Comisión que decidió iniciar expediente sancionador contra el banco.( Octubre 02 ) 

32. LA JUEZ SIGUE SIN CITAR A PILAR VALIENTE UN AÑO DESPUÉS DE QUE SE LO PIDIERAN

La juez de la Audiencia Nacional Teresa Palacios, instructora del caso Gescartera, continúa sin citar a declarar a la ex presidenta de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) Pilar Valiente, ni al ex vicepresidente Luis Ramallo, ni al ex consejero José María Roldán, que en 1999 impidieron que se interviniese Gescartera cuando inspectores de la CNMV habían descubierto numerosas irregularidades y un desfase patrimonial de 4.500 millones de pesetas (27 millones de euros). La citación de Valiente y Ramallo fue solicitada en noviembre de 2001 por Agustín Tornos, abogado de Pilar Giménez-Reyna, ex presidenta de la sociedad de valores.

En aquella ocasión, la juez Palacios denegó provisionalmente la citación de Valiente y Ramallo por considerar que la investigación estaba en estado embrionario –el escándalo, que afectó a unos 2.000 inversores, había estallado cuatro meses antes- y que había que esperar a algunos informes periciales. Un año después de aquella resolución, la juez no ha citado a Valiente, Ramallo o Roldán, ni está previsto que sean convocados en fechas próximas.

Como se recordará, Valiente tuvo que dimitir como presidenta de la CNMV después de que se conocieran los dietarios de Pilar Giménez-Reyna en los que ésta mencionaba hasta en 12 ocasiones a Valiente como una de las personas de la comisión que ótterda a los responsables de la agencia de valores cuando ésta atravesó por dificultades con la inspección. Una de las citas más conocidas corresponde a las anotaciones del 16 de abril de 1999, realizadas a propósito de un consejo de la CNMV en el que el entonces presidente Juan Fernández-Armesto y el que era director general de Supervisión, David Vives, habían tratado de intervenir Gescartera. Pilar Giménez-Reyna anotó: ‘Sólo está Pilar Valiente, que avisa rápidamente’.

La ex presidenta de la CNMV llegó a declarar el 27 de septiembre de 2001 ante la comisión de investigación del Congreso de los Diputados sobre Gescartera que no se opuso a intervenir la sociedad en 1999, simplemente porque nadie lo propuso. Su versión chocaba frontalmente con la ofrecida por el entonces director de Supervisión, David Vives, que por aquellas fechas había descubierto un agujero de 4.500 millones de pesetas en Gescartera, que dos años después se convertirían en 18.000 millones (108.182.178 euros).

Valiente no tuvo suerte, porque su versión fue desmentida no sólo por Vives, sino también por el entonces presidente de la CNMV, Juan Fernández-Armesto, y por otros asistentes al consejo extraordinario del 16 de abril de 1999, entre los que destaca el propio Luis Ramallo, entonces vicepresidente de la entidad, ex notario de Gescartera y ex parlamentario del PP.

Fernández-Armesto, dijo en el Congreso que precisamente el consejo extraordinario de la CNMV se convocó para intervenir Gescartera y que si la medida no fue aprobada fue debido a la oposición de tres consejeros, Pilar Valiente, Luis Ramallo y José María Roldán, mientras que a favor de la intervención se mostraron el consejero José Manuel Barberán y él mismo.

Ramallo reconoció en el Congreso que en el consejo extraordinario se trató de la intervención de Gescartera, pero atacó a Fernández-Armesto, Barberán y Vives señalando que no habían expuesto todos los datos, porque de haberlo hecho, la sociedad se hubiera intervenido aquel día.

Hace ahora un año, ante la petición de Agustín Tornos, abogado de Pilar Giménez-Reyna, de que se llamase a declarar a Valiente, Fernández-Armesto, Ramallo y otros cargos de la CNMV, así como el subgobernador del Banco de España Miguel Marín, la juez Palacios preguntó en noviembre de 2001 al abogado Tornos sobre la finalidad de las citaciones. Tornos respondió que consideraba necesario ‘contar con las declaraciones de quienes fueron los máximos protagonistas institucionales de la inspección desarrollada por la CNMV en Gescartera Dinero en 1999’.

A la juez le pareció precipitado citarles hasta no contar con la documentación y los informes periciales al respecto.

Tornos no reclamaba la citación de cuatro cargos de la CNMV José Manuel Barberán, ex consejero responsable de Supervisión; Antonio Alonso Ureba, ex director de los Servicios Jurídicos, ex secretario del consejo de la CNMV y, en la actualidad, secretario del consejo de Telefónica; Juan Carlos Basallote, director de Entidades de la CNMV, y Antonio Botella, director de Supervisión, porque esos testimonios ya habían sido recabados por el fiscal.

La juez llegó a anunciar el 11 de septiembre de 2001 el llamamiento a testificar de los cuatro cargos de la CNMV citados; sin embargo, al día siguiente reconsideró su decisión y aplazó la convocatoria con el fin de disponer previamente de la documentación relativa al caso que obraba en poder del organismo de supervisión y control. La juez precisaba que ello no quería decir que no se les fuera a citar, sino que la citación se aplazaba. Un año después, ninguno de ellos ha declarado en el caso. ( Noviembre 02 ) 

33. EL MINISTERIO DE ECONOMÍA SÓLO IDENTIFICA 12 DE LAS 163 CUENTAS OPACAS DEL HSBC 

El informe oficial del Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias del Banco de España, según informaciones periodísticas, revela la existencia de 163 cuentas opacas en el HSBC España (25 de ellas no se investigaron porque estaban canceladas al abrir la investigación), que movieron en siete años de existencia 103 millones de euros en 53.000 operaciones distintas. Tras la investigación del Servicio de Blanqueo, que depende orgánicamente del Ministerio de Economía, sólo se ha identificado a 12 titulares. En siete de esas cuentas cifradas, según la investigación, se registraron operaciones millonarias entre una sociedad holandesa con sede en ótterdam, un club de fútbol español y un jugador.

El informe sobre las cuentas opacas concluye que la sucursal suiza del HSBC, supuesta titular de las 163 cuentas abiertas en la sucursal madrileña del HSBC (sólo 138 siguen activas)’ha extremado su diligencia para dificultar que las partidas de aportaciones [ingresos] y desaportaciones [retiradas de fondos] a los contratos fueran susceptibles de seguimiento que permitieran determinar su origen o destino final’.

Pese a estos obstáculos, el informe logra reconstruir las operaciones de una sociedad holandesa con el nombre de una comunidad autónoma española y una capital europea que trabajó con siete cuentas cifradas. Los fondos ingresados por esa sociedad (490 millones de pesetas, casi tres millones de euros) procedían de un club de fútbol español y de los derechos de imagen de una televisión autonómica. De esas cantidades, se devolvieron a un futbolista español 37,8 millones de pesetas el 15 de diciembre de 1998. Los inspectores no sacan ninguna conclusión de esta operación.

Otros movimientos de cuentas se refieren a una sociedad limitada con sede en Madrid, una inmobiliaria registrada en Madeira, varias empresas extranjeras con negocios en España y algunos ciudadanos particulares españoles.

El Servicio de Blanqueo de Capitales inició su investigación en noviembre de 2001, algunos meses después de que la Comisión Nacional del Mercado de Valores interviniera Gescartera, la agencia que estafó a 1.800 clientes unos 93 millones de euros. Gescartera usó como banco de cabecera durante sus nueve años de existencia el HSBC. En la investigación de la Comisión de Blanqueo sobre las cuentas opacas no aparecen rastros de Gescartera.

La Comisión de Blanqueo descarta que las cuentas cifradas fueran propiedad de la sucursal suiza del HSBC: ‘No se encuentra ninguna explicación razonable al hecho de que un mismo titular [el HSBC suizo] formalizara 138 contratos de gestión y administración de valores inmobiliarios con el HSBC España si no es para operar por cuenta de terceros’ [clientes].

La investigación comprobó que cuatro de los principales contratos de las 138 cuentas opacas permitieron invertir en valores como Telefónica, BSCH, Mercedes, Telecom, Total Fina, Credit Suisse, Peugeot y diversos fondos de inversión. Las cuentas, en general, se utilizaban para invertir en renta fija y renta variable. Y había tres tipos de relación entre el cliente y el banco: la entidad tenía plena libertad para invertir, asesoraba o se limitaba a ejecutar las operaciones ordenadas por el titular de la cuenta.

En el informe oficial, que va a desencadenar una sanción de dos millones de euros al HSBC (un 2% del dinero que movió a través de esas cuentas), según han confirmado fuentes del ministerio del Economía, se relata como el HSBC España preguntó en 2000 al HSBC suizo por la legalidad de las cuentas cifradas.

La contestación de la sucursal suiza fue que actuaba en nombre de clientes, que cada cuenta correspondía a un único cliente y que no podía identificarlos ante terceros amparándose en la legislación suiza.

El informe resalta que en España la Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales obliga a identificar a los clientes en el momento de entablar relaciones de negocio, ‘así como de cuantas personas pretendan efectuar cualesquiera operaciones, salvo las entidades de crédito y entidades financieras’.

A raíz de la intervención de Gescartera, en junio de 2001, se produjo un vaciamiento de las cuentas cifradas. En seis meses, hasta diciembre pasado cuando se quedaron sin fondos, se sacaron cerca de 30 millones de euros

 

(Noviembre 02 )

 

34. LA POLICÍA AFIRMA QUE SE PAGÓ PLUSVALÍAS FALSAS A ENTIDADES RELIGIOSAS 

La Policía Judicial descifra en un informe sobre el caso Gescartera entregado a la juez Teresa Palacios cómo la agencia de valores de Antonio Camacho otorgó artificiales plusvalías a ciertos clientes y pérdidas irreales a uno solo, Teodoro Bonilla, párroco en Cuenca. Gescartera supuestamente ordenaba al banco HSBC operaciones cuádruples, compraba y vendía valores a la misma hora en dos momentos distintos del día, con lo que ni perdía ni ganaba. Sin embargo, cruzaba esas operaciones para imputar falsamente pérdidas a Bonilla (le adjudicaba la compra más cara y la venta más barata del día) y plusvalías arbitrarias a clientes amigos.

Entre los principales beneficiarios de plusvalías artificiales estaba, presuntamente, el Arzobispado de Valladolid, el cliente que más dinero había confiado hasta entonces a Gescartera, y el denominado "cliente A", padre de un directivo del HSBC, el banco que operaba con la agencia de Camacho. El informe policial disecciona el sistema arbitrario de asignación de plusvalías y minusvalías que había ideado Camacho y que ejecutaba desde enero de 1997 el banco HSBC Investment, cuyo director era Salvador Pastor.

Gescartera concentró el 93% de las operaciones que realizaba, que supuso un movimiento de 2.590 millones de euros, en las llamadas "operaciones cuádruples" diarias. Consistían en efectuar cuatro operaciones en un día que afectaban al mismo número de acciones y a un mismo valor: una compra y una venta simultáneas; y una segunda operación idéntica en otro momento del día. Esto exigía la implicación del intermediario (HSBC) para que la primera compra y venta se produjese de forma simultánea, y que ocurriese otro tanto con la segunda.

Esto garantizaba, según el informe de la policía, que la primera compraventa se hacía a un precio, y la segunda, a otro distinto. La policía arroja luz sobre esta sospechosa actividad: "La particularidad de esta operativa es que se asignaba la compra al precio más alto y la venta al precio más bajo de los existentes a un cliente por lo que se generaba una pérdida considerable (casi siempre a testaferros como Teodoro Bonilla, que no habían ingresado en Gescartera el dinero que perdían), y al contrario, se le asignaban las compras al precio más bajo y la venta al precio alto a unos determinados clientes generándoles unas ganancias".

El sistema se cimentaba en una variada tipología de clientes:

El informe no sólo cita como indebido receptor de plusvalías al Arzobispado de Valladolid. Acusa de igual irregularidad al denominado "cliente A", padre de un directivo del HSBC del que el banco habla en una auditoría interna. "Desde mediados de diciembre y una vez que se hace cliente de Gescartera, el cliente A cruza operaciones en futuros con otros clientes de la gestora [con la operativa cuádruple] de forma que en siete días se le asignan 64.849 euros [cantidad equivalente a las pérdidas asignadas a otros clientes]". Días después, el cliente traspasó 45.000 euros a una sociedad de Camacho, Fisconsulting. El informe detalla que fue el director del HSBC, Salvador Pastor, quien puso en contacto al cliente con Gescartera para realizar "un favor fiscal a un amigo a cambio de una comisión".

Asimismo, la policía ha alertado a la juez Palacios sobre la conexión existente entre sociedades que cobraron injustificadas plusvalías de Gescartera y negocios personales de directivos de HSBC, como Salvador Pastor, destituido recientemente como máximo responsable de la entidad en España. La policía atribuye a Pastor vínculos empresariales con los dueños de una firma, Tenencia de Patrimonios, que en 1997 recibió 'ganancias arbitrarias en el plazo de 13 días por valor de 69.000 euros'.

Pastor, en conversaciones grabadas por la policía, anuncia su participación a través de una sociedad patrimonial (su esposa figura como administradora de Desarrollos Salvana) con tres personas relacionadas con la sociedad beneficiada por Camacho, Tenencia de Patrimonios.

En diciembre de 1997, en sólo siete días, Gescartera, según el informe policial, 'asigna ganancias arbitrarias por un monto de 69.000 euros' a Tenencia de Patrimonios. En esa fecha tiene como administrador único a Javier Delgado de Torres Flórez. Y en su consejo ha figurado César Mendieta. El informe 'destaca el hecho de que Salvador Pastor Ripoll [entonces directivo del banco HSBC], en conversación telefónica con César Mendieta, manifiesta su deseo de invertir su capital personal mediante comunidad de bienes que tiene con su esposa, Juana Maicas, en una empresa llamada El Obrador de Fabio, en la que participan Francisco Javier Torres Flórez, César Mendieta y José Villarig Lou', todos ellos relacionados con Tenencia de Patrimonios, cuyos beneficios de 69.000 euros coinciden prácticamente, según ha comprobado este diario, con los ingresos totales de esta sociedad en 1997: 71.000 euros. No es el único vínculo entre estos empresarios y el caso Gescartera. Villarig figura relacionado por la policía con dos transferencias bancarias en 1999 a Estados Unidos desde una cuenta cifrada del HSBC, la 33. El informe encargado por la juez Teresa Palacios suma otras sospechas y acusaciones contra Pastor:

- Asignación irregular de fondos. 'Como directivo del HSBC', señala la policía, 'conoció la asignación irregular de beneficios que realizaban los gestores de Gescartera con las operaciones que su entidad intermediaba a petición de la agencia de valores'.

- Cuentas suizas. 'A pesar de no pertenecer a la estructura orgánica del HSBC Bank (en el que se aperturan las cuentas innominadas) conoce la identidad y origen de todas o alguna de las cuentas, asumiendo que pueden no tener un origen lícito y sopesando sobre si su responsabilidad penal estaría prescrita o no'.

- Un cliente llamado Carlos. '[Salvador Pastor] individualiza al presunto dueño de una de las cuentas como Carlos (según el informe se trataría presuntamente de Carlos Ortín Barrón, cliente de Gescartera) y el origen del dinero en un presunto delito fiscal'.

- Soluciones contra el 'agujero'. Y, por último, le responsabiliza de haber brindado 'soluciones empresariales' a Gescartera mediante las cuentas de Stock Selection en Londres y la fallida Sociedad de Inversión en Luxemburgo para neutralizar el agujero financiero de Gescartera.

El informe es meridiano: 'En los momentos críticos en que Gescartera estuvo a punto de ser intervenida recibió el apoyo y utilizó a personas y empresas del grupo HSBC para cuadrar los desfases entre el patrimonio gestionado real y el declarado'.

El informe detalla la intervención personal de Pastor para integrar en la maquinaria de falsas ganancias al padre de un directivo del HSBC, el cliente a, 'para hacer un favor fiscal a un amigo en apuros' que precisaba presentar minusvalías. Días después de recibir el cliente a 64.489 euros de plusvalías generadas en siete días transfirió 45.000 euros a una cuenta de Fisconsulting 'con libre disposición para los clientes de Gescartera'. Los auditores del propio banco fueron tajantes respecto a esta operación: 'No hay pruebas de que el HSBC se beneficiara, aparte de recibir la comisión normal de correduría por la transacción. Los beneficios para otras partes están claros. Pero no explican por qué los fondos se transfirieron a una cuenta controlada por Gescartera. La implicación en dicha transacción expone al grupo a un riesgo de reputación importante y es contraria a nuestros valores comerciales fundamentales'.

 

 

(Noviembre 02 )

 

35. LA JUEZ ORDENA LA PRISIÓN INCONDICIONAL DE ANÍBAL SARDÓN, CAPTADOR DE CLIENTES DE GESCARTERA 

La juez Teresa Palacios, a petición del fiscal anticorrupción Vicente González Mota, acuerda el ingreso en prisión incondicional de Aníbal Sardón, propietario de la sociedad Asesoría de Gestión y Patrimonio (AGP), que captó unos 200 clientes para Gescartera que invirtieron más de 3.000 millones de pesetas (unos 18 millones de euros). Entre los estafados figura la Mutualidad de la Policía y Construcciones Rico. Sardón está acusado de sendos delitos de apropiación indebida y estafa y la prisión está motivada por el riesgo de fuga debido a los datos nuevos que han surgido. Ingresó en Alcalá-Meco. ( Noviembre 02 ) 

36. LA JUEZ DICE QUE AÚN NO ES MOMENTO DE CITAR A RAMALLO 

La juez Teresa Palacios dicta un auto por el que rechaza por ahora citar a declarar a Luis Ramallo, ex vicepresidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), ex notario de Gescartera y ex parlamentario del PP, por considerar que todavía no es el momento procesal oportuno. El escándalo de Gescartera se destapó en junio de 2001, hace ahora casi año y medio.

La magistrada, a pesar de que algunas acusaciones y varias defensas se lo llevan solicitando desde hace más de un año, no ha llamado todavía a declarar a ninguno de los que eran altos cargos de la CNMV en abril de 1999 y que impidieron la intervención de Gescartera cuando la inspección había detectado numerosas irregularidades y un desfase patrimonial de 4.500 millones de pesetas (27 millones de euros).

Acusaciones, como Adicae, y defensas, como la de la ex presidenta de Gescartera Pilar Giménez-Reyna, habían reclamado la citación de Pilar Valiente, ex presidenta de la CNMV cuando Gescartera fue intervenida en 2001 y que tuvo que dimitir tras hacerse públicos los dietarios de Pilar en los que Valiente aparecía citada hasta en 12 ocasiones como una de las personas que ayudó a la sociedad cuando atravesó por dificultades con la inspección.

Además de Valiente, los letrados habían solicitado también las declaraciones de los altos cargos de la CNMV que habían participado en el pleno extraordinario de abril de 1999 en el que se propuso la intervención de la sociedad, pero que fue rechazada por la intervención de los consejeros Valiente, Luis Ramallo y José María Roldán, mientras que el entonces presidente, Juan Fernandez-Armesto, y José Manuel Barberán votaron a favor.

La declaración de Luis Ramallo había sido solicitada en esta ocasión por el letrado Javier Sánchez-Vera, del bufete Cobo del Rosal, defensor de Javier Sierra de la Flor, uno de los ejecutivos de Gescartera. El abogado argumentaba que Ramallo ha sido continuamente mencionado por varias personas que han declarado hasta el momento, entre ellos su propio cliente. En efecto, Sierra de la Flor dijo el 6 de marzo de 2002 que Ramallo, que no era inversor en Gescartera, había sido uno de los perceptores de talones al portador por un importe de entre 15 y 17 millones de pesetas (entre 90.000 y 100.000 euros aproximadamente).

Además, el que fue jefe de la inspección de la CNMV David Vives también había mencionado a Ramallo en su declaración de 16 de mayo de 2002, señalando que convocó una reunión cuando estaba ausente Fernández-Armesto como consecuencia de una carta que se había recibido de Gescartera, muy crítica con el equipo de inspección. Ramallo no sólo no apoyó a la inspección sino que ni preguntó qué ocurría y asumió como cierto el contenido de la carta.

El letrado, al solicitar la citación de Ramallo, señalaba: 'No es ni mucho menos un personaje cualquiera que haya percibido dinero, sin mayor trascendencia para la cuestión de fondo'. La juez, por el contrario, considera que todavía no es el momento de citar a Ramallo y que el letrado debe aclarar si desea que lo haga como testigo o como imputado. El abogado dejaba al criterio de la juez la calidad en la que Ramallo debía ser citado. ( Noviembre 02 )

37. EL EX DIRECTIVO DEL HSBC NIEGA HABER TENIDO CONOCIMIENTO DE LAS CUENTAS SECRETAS.13.11.02

El ex director general del HSBC Investment en España, Salvador Pastor, que ha declarado  como imputado ante la juez de la Audiencia Nacional Teresa Palacios, ha asegurado que desconocía la existencia de cuentas secretas abiertas presuntamente por clientes de Gescartera en Suiza para ocultar su patrimonio a Hacienda.

La juez le ha interrogado por la estrecha relación que mantuvo la agencia de valores intervenida con las filiales en España del HSBC y con el propietario de Gescartera, Antonio Camacho, relación que el propio Pastor ha reconocido durante su declaración, al cifrar entre 100 y 200 millones de pesetas el beneficio que obtuvo el HSBC en España por operar con Gescartera en concepto de comisiones cobradas.

Una de las vías de investigación se centra en las 138 cuentas opacas que se detectaron en el HSBC España y que, presuntamente, pertenecen a clientes de Gescartera, ya que el titular nominal es la entidad suiza HSBC Republic Bank. Pastor ha asegurado que desconocía la existencia de estas cuentas, porque trabajaba en la filial de inversiones, si bien ha aventurado que sí estuviese al tanto la segunda filial española, de perfil mucho mas comercial, el HSBC Bank, que dirigía el ex directivo Jaime Galobart.

Otro de los aspectos que ha abordado la juez ha sido la intervención que tuvo el HSBC en 1998 ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores, cuando el organismo supervisor detectó en la agencia de valores un agujero de 4.500 millones de pesetas.

En aquella ocasión, el HSBC respaldó ante la CNMV, mediante un certificado, la versión de Antonio Camacho de que el dinero había salido al exterior para constituir una Sociedad de Inversión de Capital Variable (SICAV), instrumento que nunca llegó a crearse. En este punto, Pastor ha declarado que dicha sociedad no se creó porque no se llegó a los 5.000 millones de pesetas (30 millones de euros) de patrimonio previsto y que el dinero se reintegró a las cuentas de los inversores.

La juez también se ha centrado en la presunta intervención del HSBC en la operativa de Gescartera de atribuir plusvalías y pérdidas a determinados clientes, a través de compras y ventas simultáneas de un mismo valor. Aquí, Pastor ha atribuido el control de esta operativa a Jesús Pantoja, hasta hace unas semanas responsable de banca privada del HSBC en España.

El ex directivo ha explicado que, en un principio, no le extrañó que se utilizase esta operativa, pero ha añadido que, ante el gran volumen de dinero que se estaba moviendo, se solicitó un informe jurídico al ex vicepresidente de HSBC Private Equity Francisco José Bauzá, quien trabajaba como asesor externo de Gescartera desde su despacho de abogados.

Este informe precisaba, según ha dicho Pastor, que este tipo de operaciones eran legales y que se realizaban por motivos fiscales. Pastor ha reconocido ante la juez que en algún momento le causó extrañeza que todas las perdidas que se registraban en esta operativa fueran atribuidas siempre al párroco conquense Teodoro Bonilla, así como que las ganancias se canalizasen hacia los mismos clientes.

El testimonio de Pastor, que acudía como imputado, es uno de los más esperados por las acusaciones, ya que varios indicios apuntan a que el dinero pudo haber salido de España a través de esta entidad. Según ha informado la policía, Pastor fue el principal apoyo de Antonio Camacho, dueño de Gescartera, en la operación bursátil que cimentó la estafa. (Noviembre 02)

38. R $ R MULTA AL HSBC CON 2,1 MILLONES

Rodrigo $ Rato, vicepresidente segundo del Gobierno, anuncia en el Congreso que ha impuesto una multa de 2,1 millones de euros (349 millones de pesetas) al banco HSBC por "tres infracciones graves" de la Ley de Blanqueo de Capitales por mantener 138 cuentas opacas en España. El ministro de Economía comunicó al HSBC la multa, que va acompañada de una amonestación pública. Rato precisó que la sanción no pone fin a "las actuaciones de depuración de posibles responsabilidades en la vía penal en relación con Gescartera y otros casos".

Como se recordará, el 27 de octubre del año pasado, el gobernador del Banco de España, Jaime Caruana, informó a la comisión de investigación sobre Gescartera que había descubierto que el HSBC mantenía 138 cuentas opacas por un importe global de 67,86 millones de euros (11.291 millones de pesetas).Caruana calificó esas cuentas de "actuaciones pintorescas, curiosas y preocupantes" del HSBC, y sostuvo que nada tenían que ver con Gescartera.

Hubo que esperar hasta el 6 de marzo para que la Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales iniciara un expediente contra el HSBC por esas 138 cuentas opacas. La Comisión de Blanqueo concluyó su investigación en septiembre, lo comunicó al HSBC y elevó al Banco de España una propuesta de sanción que, según precisó Rato, era la mitad de los 2,1 millones de euros finalmente impuestos al banco británico.

El vicepresidente desglosó la sanción en la comisión de tres infracciones graves de la ley de Blanqueo. La primera es la "ausencia de identificación de clientes", en contra de lo que exige el artículo 3,1 de la ley. En concreto, la norma exige a las entidades bancarias que, además de identificar a sus clientes, "recaben la información precisa" cuando "existan indicios o certeza" de que éstos no "actúan por cuenta propia". Por no identificar a los clientes de las 138 cuentas, la multa es de 925.000 euros.

La segunda infracción, multada con 300.000 euros, castiga al HSBC por "infringir la obligación de realizar un examen especial de operaciones inusuales o con sospechas de blanqueo".

La tercera, castigada con una multa de 875.000 euros, obedece al incumplimiento del artículo 3.7 de la misma ley, que exige "establecer procedimientos y órganos adecuados de control interno y de comunicación a fin de prevenir e impedir la realización de operaciones relacionadas con el blanqueo de capitales".

39. EL PARTIDO IMPIDE QUE NUESTRO EMPRESARIO RATO EXPLIQUE UN CRÉDITO PERSONAL EN EL HSBC

La Mesa del Congreso, con la mayoría del PARTIDO, rechazó conocer detalles del crédito que el HSBC concedió al vicepresidente económico, Rodrigo Rato, para una empresa familiar, Muinmo, SL,. La razón esgrimida es que esa información no tiene relación alguna con la condición de ministro de Rodrigo Rato.

40. RATO DIXIT : EL PROCESO JUDICIAL SE CERRARÁ "SIN TRASCENDENCIA POLÍTICA" 

El vicepresidente segundo y ministro de Economía, Rodrigo Rato, considera que en el actual proceso judicial del caso Gescartera se depurarán las responsabilidades penales, civiles o mercantiles que correspondan, pero sin "trascendencia política". En una entrevista Rato asegura que Gescartera "siempre fue un caso sin ramificaciones políticas", pese a que se produjeron "efectos políticos", como la dimisión de un secretario de Estado. "[Gescartera] era una entidad privada que, al parecer, cometió importantes irregularidades, responsabilidad de sus gestores, y esas irregularidades fueron descubiertas y puestas en conocimiento de los tribunales por el regulador", subrayó. El vicepresidente segundo explicó que la oposición ha pedido su comparecencia en el Congreso "sobre otra cuestión", la cuentas opacas del HSBC, y reiteró que el Gobierno remitirá al Parlamento la información sobre la investigación de la Comisión del Blanqueo de Capitales cuando disponga de ella. "En el momento en el que nosotros recibamos la recomendación de esa comisión sobre las sanciones, si es que hay sanciones, decidiremos si las imponemos o no las imponemos y responderemos políticamente ante el Parlamento", indicó.

41. LA TRAMA DE GESCARTERA UTILIZÓ 42 TESTAFERROS PARA SIMULAR PÉRDIDAS SUPERIORES A 18 MILLONES DE EUROS  

El informe definitivo de los peritos del Ministerio de Hacienda entregado a la juez Teresa Palacios sobre el fraude de Gescartera (un agujero de 87 millones de euros que ha perjudicado a 1.800 clientes) revela la utilización por los gestores de la agencia de valores de más de 42 testaferros a los que endosaron pérdidas irreales por 18 millones de euros (3.008 millones de pesetas) para beneficiar con cantidades semejantes al resto de clientes, incluidas seis entidades religiosas. El escándalo pronto cumplirá dos años. Los costes políticos -la dimisión del secretario de Estado de Hacienda, Enrique Jiménez Reyna, hermano de la ex presidenta de Gescartera, y de la presidenta de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, Pilar Valiente- han sido mayores que los penales. El dueño de Gescartera, Antonio Camacho, cuenta los días para salir de la cárcel tras haber agotado el máximo previsto en la ley en prisión preventiva. Los peritos han analizado desde julio de 2001 los ficheros de 35 ordenadores incautados en la sede central de Gescartera. Su radiografía final, cuyo contenido ha conocido EL PAÍS, muestra un engranaje tan complejo que relativiza el papel de Camacho, tanto por las múltiples complicidades necesarias entre los clientes de Gescartera (unos porque sufrían pérdidas inmerecidas, otros porque recibían ganancias injustificadas), como por el hecho de que los desvíos de fondos detectados sólo explicarían un mínimo del dinero que falta en las arcas de su agencia de valores, según las reclamaciones de perjudicados ante la CNMV.

Camacho se adueñó supuestamente de siete millones de euros. Sus lugartenientes Javier Sierra de la Flor y José María Ruiz de la Serna doblaron tales "apropiaciones directas". En total, 16 millones de euros. Estos desvíos explican sólo una parte mínima del agujero de 87 millones, de los que Hacienda ignora aún todo sobre el destino de 42,7 millones.

Apropiaciones aparte, otros 29 millones de euros se quemaron en lo que los peritos denominan "pérdida estructural", denominación que engloba el sistema de artificiales ganancias y pérdidas sobre el que descansaba la mecánica fraudulenta de Gescartera. Una farsa necesitada de muchos actores y de muchos testaferros, que el informe detalla mediante los siguientes pasos:

- Gescartera compraba y vendía a la misma hora un número de valores de una misma empresa. Esa operación la hacía dos veces al día. No perdía ni ganaba nada.

- Se cruzaban los resultados (la venta más cara con la compra más barata y viceversa) con un fin: "Que unos clientes ganaran lo mismo que otros perdían, y además, se podía elegir quién iba a ganar. Una vez realizadas las operaciones, sólo hacía falta conocer los dos tipos de cambio para, en ese momento, señalar como titulares de ganancias a quienes vendieron alto y compraron bajo, y como titulares de pérdidas a quienes compraron alto y vendieron bajo". Los peritos de Hacienda diagnostican que esta viciada operativa fue "la más importante forma de actuar de Gescartera en renta variable entre 1995 y 2001".

Todo calculado. "Normalmente, esas operaciones de ida y vuelta se caracterizaban, además, porque la pérdida se imputaba a un número muy reducido de testaferros. La pérdida era una imputación meramente formal, ya que no hacía frente a la pérdida con su patrimonio, y esto tenía que sufragarse con recursos aportados por Gescartera". Esto tenía su coste: "Lo perdido por los testaferros generaba una ganancia en el resto de los clientes, pero como no se había producido ganancia real procedente del exterior y los testaferros no tenían fondos propios para pagar su pérdida, el dinero a transferir a las ganancias lo aportaba la propia Gescartera". Mediante esta operativa, los saldos de los clientes que no eran testaferros aumentaban progresivamente, en la medida que representaban la aportación que efectuaron más las ganancias producidas. Esta ficción, según la investigación, conducía al suicidio: "Los fondos de los clientes se iban autodestruyendo, ya que sin ingresos del exterior la sola minoración originada por las comisiones y gastos de custodia derivados de estas operaciones ya ocasionaba una reducción progresiva del fondo común, que junto con las retiradas de fondos que pudieran producirse acabarían con todos lor recursos, salvo que se produjeran nuevas aportaciones. De hecho, si la situación se mantuvo fue porque hasta el 30 de junio de 2001 hubo nuevas aportaciones". Las falsas ganancias eran la mejor tarjeta de visita para captar clientes y fondos. Gescartera parecía una agencia sumamente activa sin mover casi dinero. Con un coste mínimo, ya que las pérdidas eran irreales, se generaban expectativas favorables a los clientes, que prácticamente siempre ganaban. El manejo del fondo común permitía destinar "un amplio porcentaje" a destinos irregulares. Para tal labor, se usó una legión de extras.

El informe identifica a 42 "testaferros puros" que, a cambio de una recompensa mensual, figuraban como sempiternos perdedores en Bolsa. A la cabeza de ellos estaba el cura Teodoro Bonilla.

Otros actores de este fraude eran los "testaferros fiscales". Gescartera les imputaba unas falsas pérdidas para beneficiarles de cara a su declaración fiscal, pero, a diferencia de los testaferros puros, les reintegraba a escondidas lo oficialmente quemado en la Bolsa. El informe cita como padrino de estos clientes a Carlos Ortín Barron.

La otra cara de la moneda eran clientes a los que se imputaban unas ganancias extraordinarias en relación con la inversión realizada para permitir posteriormente que ese lucro se perdiera en beneficio de la mayoría de los clientes, mediante actuaciones de testaferros.

Finalmente, existían unos pocos clientes beneficiados por Camacho que obtenían unas ganancias extraordinarias. Era un sistema de enriquecimiento gratuito por el que se generaban "ganancias atribuidas a clientes sin realizar operaciones, ganancias de elevadísima rentabilidad y en un plazo muy breve, pagos sistemáticos a clientes a los que quizá se quería beneficiar en pago de servicios o como participación en la actividad irregular de Gescartera". (06.05.03)

42. LOS PERITOS DENUNCIAN QUE MÁS DE 100 CLIENTES RECLAMAN CANTIDADES "INCOHERENTES" 

El agujero de Gescartera, al que los peritos de Hacienda no ven justificación porque ni se evaporó a través de la fraudulenta imputación de falsas plusvalías / minusvalías ni a través de las apropiaciones de Antonio Camacho y sus lugartenientes, suma 42,7 millones de euros. Es una cifra muy similar a la que los clientes de la agencia de valores han reclamado de más (41,6 millones de euros) sobre su aportación neta a Gescartera, según el informe de los peritos del Banco de España. Los inspectores levantan sospechas sobre más de 100 clientes que han reclamado "cantidades incoherentes".

Los peritos entienden que parte del milagro de que la aportación neta a Gescartera de los clientes por 52,6 millones de euros se haya traducido en reclamaciones ante la CNMV por valor de 94,1 millones de euros "puede deberse a las plusvalías que se les comunicaban y a sus aportaciones en forma de valores o inexactitudes de sus fichas". Pero, a su juicio, existen unos desfases en las reclamaciones que no pueden explicarse bajo estas cautelas porque su disparidad con la cifra aportada es excesiva.

Para los inspectores del Banco de España, entran en tal listado de clientes sospechosos aquellos que han reclamado sin justificación más de 60.000 euros por exceso sobre lo invertido y supone más del 25% sobre su aportación neta. Por encima del interés que suscita la proliferación entre dichos reclamantes en exceso de entidades religiosas, conocidos testaferros o personas del aparato de Gescartera y captadores de clientes, este desfase entre lo invertido y exigido a la CNMV entra de lleno en uno de los interrogantes de los investigadores de Gescartera. ¿Cuánto ha sido el dinero realmente perdido? ¿Los artificios contables del equipo de Camacho de exagerar o fingir plusvalías para pintar una boyante agencia de valores se volvieron en su contra cuando su sociedad quebró con un déficit aparente muy superior al real?

La investigación de los peritos aporta indicios suficientes de que parte del agujero de Gescartera nunca existió. ¿Qué cantidad de los 42,7 millones del déficit al que los peritos no hallan justificación ni rastro documental es pura ficción? Es el reto judicial pendiente. Ahora la juez y el fiscal del caso tienen un grueso listado de clientes (véase gráfico) para concretar sus sospechas y dejar el desfase patrimonial en sus justos términos. Parte de este espinoso recorrido será deslindar qué parte del dinero evaporado en Gescartera nunca existió y qué parte fue tan real como oculto al fisco. Esto podría explicar que algunos reclamantes pidan más dinero del que acreditaron haber depositado.

El listado ofrece algunas singularidades. Más de 30 clientes aparentan haber perdido cada uno cerca de 300.000 euros. Pero no reclaman ni un céntimo. "Son aquellos clientes de renta variable cuyas aportaciones no han aparecido, han realizado retiradas significativas, y han sufrido constantes pérdidas en bolsa y no presentado reclamaciones ante la CNMV, por lo que sus aportaciones son ficticias". Es el gremio de testaferros perdedores de Gescartera.

Entre los clientes asesorados por AGP que piden un exceso de 630.000 euros hay para todos los gustos. Una constructora aparenta haber perdido sin reclamar 1,7 millones, mientras que una empresa de transportes reclama el doble de lo invertido. Tan extraña compensación entre los que pierden sin despeinarse 400.000 euros y los que reclaman, caso de un diplomático, 481.000 euros de más se da también entre los clientes asesorados, relacionados con las sociedades satélites de Gescartera en el extranjero como Euroinvestment y Stock Selection. Este grupo supera lo invertido en 367.000 euros.

Pero las cifras de exceso en la reclamación se disparan ya al analizar el grupo de clientes de renta fija. El dinero que reclaman excede en 14 millones su aportación neta. En este grupo sobresale la sociedad pública Sociedad Anónima Electrónica Submarina, que reclama 3,5 millones de euros pese a que aportó sólo 1,7 millones, según el informe. Le acompañan entidades religiosas como las Filipenses de Enseñanza, las Esclavas del Divino Corazón, Orden de San Agustín, o el Instituto de María Auxiliadora. La Orden de San Agustín figura con una aportación negativa, es decir, ha retirado más de lo invertido y, sin embargo, reclama otros 271.000 euros.

El récord del desfase entre lo invertido y lo reclamado lo copan los clientes de renta variable. Su exceso se cifra en 28 millones. Nuevamente, aparecen entidades religiosas como las Filipenses, la orden de San Agustín, los Salesianos Inspectora de María Auxiliadora y empresas dedicadas a la asesoría como Asesores 2000 y La Fábrica.( 8.05.03)

43. 50 CLIENTES DE GESCARTERA SACARON AL EXTRANJERO 17,4 MILLONES DE EUROS QUE NO VOLVIERON A ESPAÑA  

Medio centenar de clientes de Gescartera han sacado al extranjero 17,4 millones de euros que no retornaron a España. Es el importe neto de sus operaciones entre los años 1995 a 2001. El supuesto objetivo era la compra de valores cotizados en bolsas extranjeras. Pero tan "notable exceso de las salidas sobre las entradas" es considerada por los peritos de Hacienda como una posible vía para "la despatrimonialización sufrida por los clientes" de Gescartera, por lo que han pedido a la policía que investigue estas operaciones en las que se hallan involucradas 13 entidades religiosas.

Una de las vías que con más ahinco estudian los peritos del ministerio de Hacienda como posible mecanismo para el saqueo, "despatrimonialización" en su termi

nología, de los fondos de la agencia de valores de Antonio Camacho son "los excesos de salidas de recursos por parte de algunos clientes de Gescartera en sus operaciones con el exterior".

Los inspectores fiscales han constatado que "hay clientes de Gescartera que, en el periodo 1995 a 2001, han realizado operaciones no comerciales con el exterior, con un notable exceso de las salidas sobre las entradas. Estas operaciones no comerciales se conocen como operaciones por invisibles, que son ajenas a importaciones y exportaciones de mercancías, y se concretan fundamentalmente en: adquisición y enajenación de participaciones en el capital de entidades no residentes (valores cotizados en bolsas extranjeras), constitución y cancelación de depósitos y remisión de divisas por motivo de turismo y viajes".

Estas salidas de dinero al extranjero de clientes de Gescartera resultan todo menos inocentes a ojos de los peritos. "Dada la frecuencia con la que se ha recurrido al empleo de testaferros, no puede descartarse, en principio, la posibilidad de que utilizando testaferros o incluso a los propios clientes, se realicen, con los recursos del conjunto de los clientes, adquisiciones de cartera en el exterior que queden en depósitos fuera de España bajo el control de las personas que gestionaban Gescartera". Esta mecánica serviría, según los peritos, "como procedimiento para reubicar esos fondos, en forma de valores o efectivo, a la disposición, en su caso, de quienes pudieron irregularmente apropiarse de los mismos y situarlos fuera del territorio español".

El informe del ministerio de Hacienda destaca e identifica a los 53 clientes que más se prodigaron en tales salidas de capitales al exterior. Del medio centenar de clientes de Gescartera entregados con mayor fervor a tales operaciones por invisibles, trece son entidades religiosas. La suma de las cantitades que salieron al exterior arroja un saldo de 17,4 millones de euros, que se destinó a la supuesta adquisición de valores cotizados en bolsas extranjeras y no volvió nunca a entrar a España.

Encabeza el listado la Mutua de Previsión de la Policía, algunos de cuyos fondos depositados en Gescartera (casi siete millones de euros) fueron destinados al extranjero y no volvieron. Le siguen el Arzobispado de Burgos (3,4 millones) y el Obispado de Astorga (2,9 millones). El Arzobispado de Madrid registra unas salidas sin vuelta de 754.000 euros. Algo inferior es la suma expatriada por el arzobispado de Valladolid (551.000 euros). Hermanos de Escuelas Cristianas, Diócesis de Palencia, Hermanos Maristas, Salesianos, y Orden de Agustín son otras de las entidades religiosas que tuvieron mayores salidas netas de dinero al extranjero. La asociación de Huérfanos de la Guardia Civil, según el informe de los peritos de Hacienda, dejó en el extranjero 392.000 euros, mientras que la Fundación Once depositó 132.000 euros.

"Para clientes de Gescartera que fueran personas físicas sin patrimonios importantes, las inversiones realizadas en el exterior probablemente sean en su mayoría a través de Gescartera", interpretan los peritos, "sobre todo si vemos que se trata de operaciones intradía o similares (mecánica habitual de funcionamiento de la agencia de valores). No puede decirse lo mismo de los considerados grandes inversores, como era el caso de algunas entidades religiosas". Los peritos plantean un dilema: "O bien se trata de operaciones no realizadas con la intermediación de Gescartera, lo cual exigiría la búsqueda de los fondos empleados para su adquisición, o de haber mediado ésta, habrían sido efectuadas con la finalidad de evadir los valores o impedir su control y seguimiento". Para aclararlo, el 13 de noviembre de 2002 "se dio traslado a los investigadores de la Policía Judicial, a efectos de realizar las comprobaciones oportunas".

Otra vía investigada, sin resultados aún, es el traspaso de depósitos a menos de un año al extranjero. Una sola cliente de Gescartera depositó en el extranjero 25,6 millones en seis años. Los peritos creen que el dinero regresó, pero no sus intereses.(09.05.03)

44. LA CNMV CONSINTIÓ DURANTE AÑOS LAS ANOMALÍAS DE GESCARTERA QUE AHORA HA DESTAPADO HACIENDA 

Los peritos de Hacienda diagnosticaron en febrero de 2003, tras año y medio de investigación, anomalías en Gescartera idénticas a las que, diez años antes y visita a visita, destaparon los inspectores de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). El informe pericial reseña la ineficacia de las inspecciones de la CNMV de 1993 a 1999: "Existen una serie de anomalías en el funcionamiento de Gescartera que, lejos de corregirse tras la visita de la inspección de la CNMV, siguen reiterándose". El Ministerio de Economía ascendió a Gescartera a agencia de valores pese a esa conducta.

La CNMV abrió expediente sancionador por falta muy grave a Gescartera (obstrucción a la inspección) en abril de 1999. El expediente se retrasó hasta junio de 2000, cuando el consejo de la CNMV sancionó a Gescartera por falta grave (siete millones de pesetas de multa) y, a la vez, autorizó su ascenso a agencia de valores, una calificación que le otorgaba más libertad para actuar. El Ministerio de Economía ratificó ese ascenso en septiembre. Los peritos de Hacienda recuerdan que la CNMV llevaba diez años detectando irregularidades:

1993. "No tienen los medios humanos que indican, ni han cumplido los objetivos de volumen de negocio, aunque dada la escasa actividad realizada no se han detectado irregularidades importantes". El patrimonio gestionado de clientes ascendía entonces a 2,9 millones. "Como consecuencia de esta primera inspección", recuerdan los peritos, "se propuso la apertura de un expediente sancionador pues esta sociedad -Gescartera y Bolsa Consulting- había realizado actividades para las que no estaba facultada, lo que constituye una infracción muy grave". La sanción impuesta por la CNMV ascendió a 771.000 euros. Nunca la pagó.

1995. Los clientes son 420 con un patrimonio de 6,3 millones de euros. Las comisiones cobradas ascienden a 120.000 euros. Y surge ya la anomalía clave que, según acreditarán ocho años más tarde los peritos, constituirá la base de la mecánica fraudulenta de Gescartera: "Se comprueba por la CNMV la existencia de operaciones cruzadas entre clientes en las que de forma sistemática se perjudican a unos con beneficio en la contraparte, excluyendo los corretajes".

Esta maniobra fraudulenta no es ya en 1995 una anécdota. "La mayoría de las operaciones son de compraventa de valores en el día, con lo que la posición final es nula, y sólo se liquidan los resultados de la contratación conociéndose con anterioridad a la asignación de valores el resultado de la gestión efectuada".Las alarmas están más que disparadas en 1995: "En el final del informe se exponen las dudas sobre la viabilidad de la gestora, pues sus ingresos -si se descontasen las retrocesiones que deberían devolverse a los clientes- son muy pequeños e inferiores a los gastos de explotación".

1997. Tercera inspección de la CNMV. Hallan idénticas deficiencias. "No tiene un sistema que permita desglosar las operaciones de forma objetiva; esta deficiencia es especialmente importante en el caso de las operaciones intradía (operaciones de compra y venta de los mismos valores en el mismo día) pues a los clientes no se les asigna valores comprados o vendidos, sino los resultados derivados de la compraventa en el día de los valores comprados y vendidos".

De la gestión de Antonio Camacho, dueño de Gescartera, surgen ya datos muy preocupantes: "Durante el periodo analizado, 99 clientes han realizado operaciones de compraventa de valores por importe de 22 millones de euros sin contar con patrimonio alguno, ni en valores ni en liquidez". La nómina de testaferros de Gescartera que identificarían y denunciarían en 2003 los peritos de Hacienda ya habían entrado en acción. Y la CNMV, en cuya dirección figuraba el ex diputado del PP Luis Ramallo y Pilar Valiente, una mujer de confianza del Gobierno de José María Aznar, los había detectado sin corregirlos.

Hay un nuevo grueso trazo ya en 1998 de la actuación de testaferros en el entramado de Gescartera que detectan los inspectores de la CNMV: "Los beneficios de esta operativa han ascendido a 96.000 euros repartidos entre un gran número de clientes, mientras que las pérdidas son de un importe de 102.000 euros y corresponden a tres clientes".

"Existe un elevado número de operaciones intradía, lo que origina unas elevadas comisiones de intermediación: las comisiones cobradas por Link y HSBC son del 0,25%, -superiores a la media del mercado- y de esta comisión ceden a Gescartera Dinero el 60%".

Precisamente, estos gastos de comisiones, disparatados por su alto porcentaje y su multiplicación por las continuas compraventas intradía, junto con la asignación de pérdidas a testaferros insolventes y de inmerecidos beneficios a clientes selectos, serán la causa de lo que los peritos años más tarde denominarán "déficit estructural". Una bola de nieve que, por si sola, dejará un agujero de 29,2 millones.(12.05.03 )

45. LA JUEZ DEL 'CASO GESCARTERA' EVITA CITAR A LA CNMV  

La juez Teresa Palacios ha evitado de nuevo citar a declarar como imputados en el caso Gescartera a los integrantes de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) el 16 de abril de 1999, diligencia que había sido solicitada por la representación del Sindicato Unificado de Policía (SUP).

La juez, antes de citar a los integrantes de la CNMV, quiere que la Mutua de la Policía -aunque debe referirse al SUP- acredite la relación entre las inversiones en Gescartera de su representado y las resoluciones de la CNMV. También pide que la policía identifique a la persona que negoció con Gescartera las inversiones a efectos de citarla a declarar. ( Mayo 2003 )

46. EL 55,4% DE LOS ESTAFADOS DE GESCARTERA NO HA PODIDO ACREDITAR AÚN SU INVERSIÓN   

Al filo de cumplirse los dos años desde que se destapó el escándalo de Gescartera (una estafa próxima a los 87 millones de euros), sólo un 27,8% de los 1.943 reclamantes ha cobrado su indemnización, de unos 13.000 euros de media. El resto no sólo soporta tal retraso sino que afronta un futuro más que incierto: un 55,4% no ha acreditado su inversión y otro 6,5% ya ha visto denegada su petición por no tener derecho a ella o por haberla presentado dos veces. La gestora, que asegura que los datos han mejorado algo desde la conclusión del informe, en marzo, ve "imposible" aventurar cuándo concluirá el proceso indemnizador.  (Mayo 2003) 

47. UN INSPECTOR DE LA CNMV ALERTÓ DE LOS TESTAFERROS DE GESCARTERA EN 2000  

Carlos Sánchez Vilar fue uno de los integrantes del equipo de investigadores de la sección de Vigilancia de Mercados de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que en julio de 1999 inició una inspección sobre Gescartera. Partía del informe del jefe de Supervisión de dicho organismo, David Vives, que había destapado ya graves anomalías en la agencia de valores de Antonio Camacho. Su testimonio, el pasado 28 de mayo, ante la juez Teresa Palacios ha corroborado que la existencia de testaferros fiscales en Gescartera denunciada en el informe de los peritos de Hacienda de este año la olfatearon ya los inspectores de la CNMV a raíz de las actuaciones abiertas en 1999.

Este investigador de la CNMV se topó con el siguiente hecho: "Se habían producido pérdidas para un grupo de 20 clientes por 3,6 millones y ganancias para otro grupo de clientes por el mismo importe". Eran "inversores que realizaban operaciones en las que previamente sabían que iban a perder". Ningún directivo de Gescartera supo explicarle "las razones de por qué estos clientes querían perder ese dinero.

El inspector sólo obtuvo "vaguedades" sobre sobre "la situación fiscal de estos clientes". Carlos Sánche z detalla cómo se enterró su denuncia en la CNMV. "Trasladé todos los hechos en un informe que preparé y que entregué a Antonio Botella (jefe de Vigilancia de Mercados), quien, a su vez, informó del asunto en las reuniones semanales con el presidente, Juan Fernández-Armesto, el consejero José Manuel Barberán y el propio David Vives". Desenlace final: "No recibí instrucciones sobre este asunto para realizar actuaciones adicionales". (Junio 2003)

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