KITCHEN . CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
Comisión de Investigación relativa a la utilización ilegal de efectivos, medios y recursos del Ministerio del Interior, con la finalidad de favorecer intereses políticos del PP y de anular pruebas inculpatorias para este partido en casos de corrupción, durante los mandatos de Gobierno del Partido Popular
KITCHEN. COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN
LAS NOTICIAS. 26.12.21
CUATRO AÑOS DE ‘POLICÍA POLÍTICA’ SIN CASTIGO EN LOS TRIBUNALES
EL CONGRESO CONCLUYE QUE MARIANO RAJOY Y DOLORES DE COSPEDAL ORDENARON LA OPERACIÓN KITCHEN
LA COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN DEL CONGRESO CONCLUYE QUE RAJOY Y COSPEDAL ORDENARON LA 'OPERACIÓN KITCHEN'
EL CONGRESO CONCLUYE QUE EL PP ESTABA DETRÁS DEL ESPIONAJE A BÁRCENAS CON EL CONOCIMIENTO DE COSPEDAL Y RAJOY
LA COMISIÓN KITCHEN DICTAMINA QUE RAJOY Y COSPEDAL CONOCIERON EL ESPIONAJE A BÁRCENAS
LOS TESTIMONIOS QUE DESNUDAN LA TRAMA POLÍTICA DEL ESPIONAJE ILEGAL A BÁRCENAS
LA LEY DE FONDOS RESERVADOS Y JUAN CARLOS I CENTRAN LAS DISCREPANCIAS DE PSOE Y UNIDAS PODEMOS EN KITCHEN
TODOS LOS PARTIDOS, SALVO PP Y VOX, IMPLICAN A RAJOY Y COSPEDAL EN LA TRAMA KITCHEN
“EL PP USÓ A INTERIOR PARA TAPAR PRUEBAS Y LA LÓGICA APUNTA A RAJOY”
LOS TESTIMONIOS QUE DESNUDAN LA TRAMA POLÍTICA DEL ESPIONAJE ILEGAL A BÁRCENAS
LA INVESTIGACIÓN DEL CASO 'KITCHEN' ENFRENTA AL PSOE CON SUS ALIADOS EN PLENA RECTA FINAL
LA COMISIÓN KITCHEN FRACASA AL INTENTAR RECABAR INFORMACIÓN SUSTANCIAL DEL CASO
RAJOY SE ATRINCHERA ANTE LA COMISIÓN KITCHEN Y NIEGA INCLUSO LA CAJA B DEL PP
LAS MENTIRAS DE RAJOY SOBRE EL ESPIONAJE A BÁRCENAS Y LA CAJA B DEL PP
RAJOY MIENTE AL CONGRESO: "NINGÚN TRIBUNAL HA AFIRMADO LA EXISTENCIA DE UNA CAJA B EN EL PP"
RAJOY SE VIENE ARRIBA: “ME DABA EXACTAMENTE IGUAL LO DE LA CAJA B Y LO QUE PUDIERAN DECIR DE MÍ”
EL PP DE RAJOY CONOCIÓ DURANTE AÑOS DATOS SECRETOS DE LOS CASOS GÜRTEL, CAJA B Y KITCHEN
EL RASTRO DE CINCO PROTAGONISTAS DE LA KITCHEN CONDUCE HASTA MARIANO RAJOY
RAJOY PONE EL BROCHE A LA COMISIÓN KITCHEN CON TODOS LOS INFORMES APUNTÁNDOLE
RAJOY CONTESTA POR PRIMERA VEZ EN EL CONGRESO SOBRE LA 'OPERACIÓN KITCHEN'
RAJOY, EL ESLABÓN PERDIDO PARA ENTENDER CÓMO SE ORGANIZÓ LA OPERACIÓN 'KITCHEN'
ENCERRONA A RAJOY: GOBIERNO, SOCIOS, VOX Y CS SE UNEN CONTRA EL EXPRESIDENTE
RAJOY SÍ RESPONDERÁ PREGUNTAS EN LA COMISIÓN KITCHEN, A DIFERENCIA DE COSPEDAL
LA SOSPECHA DE UNA POSIBLE NUEVA IMPUTACIÓN LLEVA A COSPEDAL A NEGARSE A CONTESTAR AL CONGRESO
EL PP DE CASADO DA POR AMORTIZADO EL DAÑO POR EL CASO 'KITCHEN'
COSPEDAL RECURRE AL SILENCIO PARA DEFENDERSE EN LA COMISIÓN KITCHEN DEL CONGRESO
EL PP CALIFICA COMO “FÁBULA” UNA DE LAS PRINCIPALES CONCLUSIONES DEL JUEZ DEL ‘CASO KITCHEN’
LOS MENSAJES A VILLAREJO: “SI TIENES PROBLEMAS, HABLA CON COSPEDAL”
FERNÁNDEZ DÍAZ, UN EXMINISTRO EN EL “VÉRTICE” DE LA TRAMA KITCHEN
FERNÁNDEZ DÍAZ, SOBRE SI SU PARTIDO LE "UTILIZÓ" EN KITCHEN: "NUNCA CON MI CONSENTIMIENTO"
JORGE FERNÁNDEZ: “SI LA KITCHEN SE REALIZÓ SE HIZO SIN MI CONSENTIMIENTO”
ENRIQUE LÓPEZ CONSIDERA "NORMAL" MEDIAR ENTRE BÁRCENAS Y EL PP
LA ‘COMISIÓN KITCHEN’ EVIDENCIA LA RELACIÓN HISTÓRICA DEL JUEZ ENRIQUE LÓPEZ CON EL PP
COSIDÓ SE AFERRA A LA IGNORANCIA PARA DESMARCARSE DE LA TRAMA KITCHEN
LA TRAMA KITCHEN PUSO A ESPIAR A LUIS BÁRCENAS A "UNOS 20 AGENTES" DE LA LUCHA CONTRA EL YIHADISMO
LA COMISIÓN 'KITCHEN' CITA A COSPEDAL Y FERNÁNDEZ DÍAZ EL 2 DE DICIEMBRE
UN MANDO POLICIAL RELATA EL EMPEÑO DE LA CÚPULA DE INTERIOR DEL PP CONTRA EL INDEPENDENTISMO CATALÁN
VILLAREJO ASEGURA QUE SE VIO CON RAJOY ADEMÁS DE INTERCAMBIARSE MENSAJES CON ÉL
RAJOY, COSPEDAL, FERNÁNDEZ DÍAZ Y, DE NUEVO, VILLAREJO COMPARECERÁN EN LA COMISIÓN KITCHEN
LA COMISIÓN SOBRE LA KITCHEN LLAMARÁ AL NEGOCIADOR DEL PP PARA RENOVAR EL CGPJ EN PLENO BLOQUEO
LA COMISIÓN 'KITCHEN' RETOMA LAS COMPARECENCIAS CON EL REGRESO DE VILLAREJO EL 20 DE OCTUBRE
LA COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN SOBRE KITCHEN CITA A ENRIQUE LÓPEZ, PERO DEJA FUERA A CASADO
EL PSOE DESCARTA CITAR A CASADO EN LA COMISIÓN KITCHEN Y PIDE QUE COMPAREZCA ENRIQUE LÓPEZ
PODEMOS Y ERC PRESIONAN AL PSOE PARA CITAR A CASADO POR KITCHEN
LA COMISIÓN KITCHEN PONE EL FOCO AHORA EN RAJOY, CASADO Y SUS EQUIPOS
EL PSOE REACTIVARÁ LA COMISIÓN KITCHEN EN CONGRESO CON NUEVAS COMPARECENCIAS
PODEMOS PROMETE COMPLETAR LA INVESTIGACIÓN SOBRE LA OPERACIÓN KITCHEN EN EL CONGRESO
EL PLENO DEL CONGRESO PRORROGA HASTA FINAL DE AÑO LA INVESTIGACIÓN SOBRE LA 'KITCHEN', CON EL RECHAZO DEL PP
EL PP PIDE QUE COSPEDAL NO COMPAREZCA EN LA 'COMISIÓN KITCHEN' DEL CONGRESO POR RESPETO A SU “INTIMIDAD Y HONOR”
EL PSOE NO DESCARTA CITAR A SÁENZ DE SANTAMARÍA EN LA COMISIÓN QUE INVESTIGA LA 'KITCHEN'
EL SUMARIO SECRETO DE LA 'OPERACIÓN KITCHEN' IMPLICA A SORAYA SÁENZ DE SANTAMARÍA
EL PSOE Y SUS SOCIOS PLANEAN LLEVAR LA COMISIÓN KITCHEN HASTA LA ETAPA DE PABLO CASADO
VOX REABRE LA GUERRA CON EL PP Y PIDE LA COMPARECENCIA DE SORAYA SÁENZ DE SANTAMARÍA POR 'KITCHEN'
EL CONGRESO ESTUDIA PRORROGAR SEIS MESES MÁS SU INVESTIGACIÓN DEL ‘CASO KITCHEN’
EL CONGRESO SUSPENDE LA DECLARACIÓN DE COSPEDAL EN LA COMISIÓN DE LA 'KITCHEN' TRAS SU IMPUTACIÓN EN ESA MISMA CAUSA
COSIDÓ: "NO TENÍA CONOCIMIENTO DE QUE SE GRABARA AL MINISTRO DEL INTERIOR"
EL EX ‘NÚMERO DOS’ DE INTERIOR NIEGA QUE RECIBIESE LA DOCUMENTACIÓN ROBADA A BÁRCENAS
FRANCISCO MARTÍNEZ ALEGA QUE ESTABA "ROTO" CUANDO ESCRIBIÓ UN MENSAJE LLAMANDO "MISERABLES" A RAJOY Y COSPEDAL
EL CURA AMIGO DE FERNÁNDEZ DÍAZ NIEGA QUE LE ENVIARA EL MENSAJE DE MARTÍNEZ SOBRE 'KITCHEN' PARA PREVENIRLE
LOS CARGOS POLÍTICOS DEL PP EN INTERIOR QUE DICEN NO SABER LO QUE TRAMABAN SUS POLICÍAS EN LA 'OPERACIÓN KITCHEN'
VILLAREJO, UN 'ENCANTADOR DE SERPIENTES' EN EL CONGRESO
VILLAREJO: "INFORMÉ DIRECTAMENTE A RAJOY SOBRE ‘KITCHEN'"
VILLAREJO ASEGURA EN EL CONGRESO QUE INFORMÓ POR SMS A RAJOY DE LA OPERACIÓN KITCHEN
EL PP USA A VILLAREJO PARA TRATAR DE DESACREDITAR LA INVESTIGACIÓN DEL ‘CASO GÜRTEL’
VILLAREJO IMPLICA A RAJOY, SANTAMARÍA Y COSPEDAL EN 'KITCHEN' Y ASEGURA QUE LES TENÍA AL CORRIENTE DE LOS PASOS DE LA OPERACIÓN
LOS PARTIDOS TEMEN QUE VILLAREJO “EMBARRE” LA COMISIÓN KITCHEN
LO QUE VILLAREJO SABE DEL ‘CASO KITCHEN’ Y SOLO QUIERE CONTAR A PUERTA CERRADA
EL CONGRESO RECHAZARÁ LA PETICIÓN DE VILLAREJO DE DECLARAR BAJO SECRETO PARA CONTAR "TODO" LO QUE SABE SOBRE 'KITCHEN'
EL CHÓFER DE BÁRCENAS DICE EN EL CONGRESO QUE "UNA PARTE MUY IMPORTANTE" DE KITCHEN SIGUE BAJO SECRETO
EL SILENCIO DE VARIOS IMPLICADOS EN EL ESPIONAJE A BÁRCENAS LASTRA LA INVESTIGACIÓN DEL CONGRESO
EL CHÓFER DE BÁRCENAS DICE EN EL CONGRESO QUE "UNA PARTE MUY IMPORTANTE" DE KITCHEN SIGUE BAJO SECRETO
LA AUDIENCIA Y EL CONGRESO CERCAN AL ‘PP DE RAJOY’ POR EL ‘CASO KITCHEN’
EL JEFE DE LA POLICÍA POLÍTICA ADMITE QUE "POR ESPAÑA" ACTUARÍA POR ENCIMA DE LA LEY
EL JEFE DE LA BRIGADA POLÍTICA DEL PP ACUSA DE "OPORTUNISMO" A LA COMISIÓN DE KITCHEN Y SE NIEGA A RESPONDER "NI A UN SALUDO"
EL EXJEFE POLICIAL QUE DIRIGIÓ EL ESPIONAJE A BÁRCENAS PROTEGE LA TRAMA POLÍTICA DE LA KITCHEN
JAVIER IGLESIAS, EL ABOGADO DE LA OPERACIÓN CATALUÑA, SE ESCUDA EN EL SECRETO PROFESIONAL Y NO RESPONDE SI TRABAJÓ PARA RAJOY
EL COMISARIO OLIVERA ECHA UN CAPOTE A VILLAREJO AL AFIRMAR QUE SUS EMPRESAS TRABAJABAN PARA LA POLICÍA
MARTÍN BLAS: "DE LA OPERACIÓN 'KITCHEN' NO TUVE NI IDEA Y NO ENTIENDO POR QUÉ ESTOY IMPUTADO", DICE EL EXJEFE DE ASUNTOS INTERNOS DE LA POLICÍA
UN COMISARIO DESCRIBE EN EL CONGRESO LAS PELEAS EN INTERIOR QUE DESTAPARON EL ESPIONAJE A BÁRCENAS
EL EXJEFE DE LA POLICÍA JUDICIAL CONFIESA QUE DOMICILIÓ SU EMPRESA EN UN PISO DE VILLAREJO
EL POLICÍA ASESOR DE COSPEDAL DEFIENDE EN EL CONGRESO LA “ABSOLUTA LEGALIDAD” DEL ESPIONAJE A BÁRCENAS
EL DÍA QUE 'EL GORDO' HABLÓ: EL COMISARIO SACUDE EL CONGRESO CON SU RELATO DE 40 AÑOS DE OPERACIONES SIN CONTROL JUDICIAL
UN COMISARIO DE KITCHEN DECLARA EN EL CONGRESO QUE RAJOY, COSPEDAL Y FERNÁNDEZ DÍAZ CONOCÍAN LA OPERACIÓN
UN EXJEFE POLICIAL QUE ESPIÓ A LUIS BÁRCENAS IMPLICA EN EL CONGRESO A LA CÚPULA DEL PP
EL POLICÍA ARREPENTIDO DEL ‘CASO KITCHEN’ DEBERÁ GUARDAR EL SECRETO EN EL CONGRESO
LA CÚPULA DE INFORMACIÓN DEL PP DA EXPLICACIONES DIFERENTES SOBRE LAS OPERACIONES 'KITCHEN' Y 'CATALUÑA'
EL COMISARIO GARCÍA CASTAÑO RECONOCE QUE ÉL COLOCÓ LA GRABADORA EN EL DESPACHO DEL MINISTRO FERNÁNDEZ DÍAZ EN LA 'OPERACIÓN CATALUÑA'
DOS MANDOS DE LA ‘POLICÍA PATRIÓTICA’ DEL PP SE DESMARCAN EN EL CONGRESO DEL ESPIONAJE A BÁRCENAS
UN INFORME POLICIAL DICE QUE LA KITCHEN FUE “UNA OPERACIÓN PARA ELUDIR EL CONTROL DEL JUEZ”
EL INSPECTOR DEL 'CASO GÜRTEL' CONFIRMA QUE EL ESPIONAJE A BÁRCENAS EN 2013 FUE ILEGAL PORQUE NO PASÓ POR SUS MANOS
EL POLICÍA DE LA CAJA B RELATA CÓMO EL JEFE DE LA BRIGADA POLÍTICA DEL PP BOICOTEÓ SU INVESTIGACIÓN CON UN TRASLADO FORZOSO
EL INVESTIGADOR POLICIAL DE 'GÜRTEL' DICE QUE LA 'TRAMA KITCHEN' DIO "DATOS ERRÓNEOS" PARA CONFUNDIRLES
PP Y VOX APROVECHAN LA DECLARACIÓN DE PÉREZ DE LOS COBOS PARA ATACAR A MARLASKA
LA COMPARECENCIA DEL CORONEL PÉREZ DE LOS COBOS EN EL CONGRESO DERIVA EN BRONCA
UN ALTO MANDO POLICIAL CONFIRMA QUE LA TRAMA KITCHEN TUVO ACCESO LIBRE A FONDOS RESERVADOS
UN AGENTE CLAVE AFIRMA QUE LA SECRETARÍA DE ESTADO DE SEGURIDAD DEBIÓ LLEVAR "EL CONTROL POLÍTICO" DE KITCHEN
MARLASKA NO SE PLANTEA REFORMAR EL SISTEMA DE FONDOS RESERVADOS QUE FACILITÓ EL ESPIONAJE A BÁRCENAS
UN MANDO DESCRIBE EL CONTROL ABSOLUTO SOBRE LOS FONDOS RESERVADOS DEL JEFE DE LA BRIGADA POLÍTICA DEL PP: "DALE LO QUE PIDA"
EL "HOMBRE DE LOS MALETINES" EN LA POLICÍA SALE DE LA COMISIÓN DE KITCHEN CON UNA DENUNCIA POR MENTIR
BÁRCENAS VUELVE A SEÑALAR A RAJOY COMO MUÑIDOR DE LA OPERACIÓN KITCHEN
BÁRCENAS RECONOCE UNA "ESTRATEGIA COMÚN DE DEFENSA" CON EL PP PARA HACER FRENTE A LA JUSTICIA DESDE MEDIADOS DE 2016 A OCTUBRE DE 2020
BÁRCENAS SITÚA A RAJOY EN LA CÚSPIDE DE LA OPERACIÓN KITCHEN
BÁRCENAS APUNTA A QUE EL PP QUISO ESTABLECER "UNA ESTRATEGIA EN COMÚN" ANTE EL CASO GÜRTEL
GUÍA PARA NO PERDERSE EN LA COMISIÓN DEL CONGRESO SOBRE LA 'KITCHEN'
¿QUIÉN ES LA X DE LA 'KITCHEN'? LA COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN ARRANCA EN EL CONGRESO CON RAJOY EN EL PUNTO DE MIRA
SECRETO JUDICIAL, DUDAS POLÍTICAS Y ESTRATEGIAS DE DEFENSA AMENAZAN LA COMISIÓN KITCHEN
LA COMISIÓN KITCHEN DEL CONGRESO SE ATASCA AL NEGAR EL JUEZ LA DOCUMENTACIÓN
EL JUICIO POR LA 'CAJA B' DEL PP OBLIGA A RETRASAR AL 17 DE MARZO LA COMPARECENCIA DE BÁRCENAS EN EL CONGRESO
BATET PUENTEA AL JUEZ DEL CASO VILLAREJO Y SOLICITA DATOS RESERVADOS SOBRE KITCHEN A ASUNTOS INTERNOS
EL JUEZ GARCÍA-CASTELLÓN SEÑALA AL CONGRESO QUE NO REMITIRÁ LA DOCUMENTACIÓN DE LA 'KITCHEN' POR SU "CARÁCTER RESERVADO"
BÁRCENAS COMPARECERÁ EN EL CONGRESO EL 11 DE MARZO Y RAJOY CERRARÁ LA COMISIÓN KITCHEN
VOX ENTREVISTA A VILLAREJO EN LA CÁRCEL Y EL EXCOMISARIO LE DA ESTE TITULAR: "LAS CLOACAS NO GENERAMOS MIERDA, LA LIMPIAMOS"
LA DIPUTADA DE VOX MACARENA OLONA SE ALINEA CON VILLAREJO Y SIEMBRA DUDAS SOBRE EL TRATO QUE RECIBE EN PRISIÓN
LA JUSTICIA ORDENA QUE LA ENTREVISTA DE VOX Y VILLAREJO SEA GRABADA POR INTERIOR
VOX ADVIERTE AL DIRECTOR DE LA CÁRCEL DE ACCIONES LEGALES SI GRABA EL ENCUENTRO DE SUS DIPUTADOS CON VILLAREJO
LA COMISIÓN 'KITCHEN' NO HA RECIBIDO TODA LA DOCUMENTACIÓN SOLICITADA A INTERIOR Y A LA FISCALÍA SOBRE EL ESPIONAJE A BÁRCENAS
LOS PARTIDOS VEN "MÁS NECESARIA" LA DECLARACIÓN DE BÁRCENAS EN 'KITCHEN' TRAS SUS REVELACIONES SOBRE LA CAJA B DEL PP
LA COMISIÓN 'KITCHEN' APRUEBA POR UNANIMIDAD LA COMPARECENCIA DE VILLAREJO
EL PSOE ACEPTA QUE COMPAREZCA VILLAREJO EN EL CONGRESO TRAS LA PRESIÓN DE LOS SOCIOS Y LA OPOSICIÓN
EL PP BUSCA LAS CLOACAS DEL PSOE PARA TAPAR EL ESCÁNDALO DEL ‘CASO KITCHEN’
PODEMOS Y PP PIDEN CITAR A VILLAREJO EN LA COMISIÓN DEL CONGRESO SOBRE EL ESPIONAJE ILEGAL A BÁRCENAS
VILLAREJO LAMENTA QUE NO LE CITEN A DECLARAR EN EL CONGRESO: "ALGUIEN TEME QUE CUENTE LA VERDAD"
EL PSOE PIDE LA COMPARECENCIA DE RAJOY Y COSPEDAL EN LA COMISIÓN SOBRE KITCHEN Y UNIDAS PODEMOS INCLUYE A VILLAREJO
PSOE Y PODEMOS ECHAN EL FRENO A LA 'COMISIÓN KITCHEN' Y NO PIDEN AÚN COMPARECENCIAS
PSOE Y UNIDAS PODEMOS NO PIDEN AÚN COMPARECENCIAS PARA LA COMISIÓN KITCHEN Y PREFIEREN QUE ANTES SE RECLAMEN DOCUMENTOS
PSOE Y UP BLOQUEARÁN LA COMPARECENCIA DE VILLAREJO EN LA COMISIÓN KITCHEN
TODO EL CONGRESO, DE VOX A ERC, CARGA CONTRA PODEMOS POR SALVAR A VILLAREJO DE IR A LA 'COMISIÓN KITCHEN'
EL ESPIONAJE A BÁRCENAS LLEGA AL CONGRESO: CASADO INTENTA EVITAR OTRO CALVARIO EN LA CAMPAÑA CATALANA
LAS CLAVES DE LA 'COMISIÓN KITCHEN'
CIUDADANOS Y BILDU PIDEN QUE RAJOY Y COSPEDAL DECLAREN EN LA COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN SOBRE EL ESPIONAJE A BÁRCENAS QUE EL PP BUSCA APLAZAR
PSOE Y PODEMOS LLEGAN DESPUÉS DE TRES MESES A LA COMISIÓN KITCHEN SIN ACORDAR LOS COMPARECIENTES
EL PP PIDE QUE SEA GARCÍA-CASTELLÓN QUIEN AUTORICE EL USO DEL SUMARIO EN LA COMISIÓN DE KITCHEN
CS TOMA LA DELANTERA EN KITCHEN: PIDE CITAR A RAJOY Y VILLAREJO Y DEJA FUERA A CASADO
EL PSOE QUIERE QUE LOS SEGUNDOS NIVELES DE INTERIOR DECLAREN EN LA COMISIÓN 'KITCHEN' ANTES QUE RAJOY Y FERNÁNDEZ DÍAZ
PSOE Y UP BUSCAN ACORRALAR AL PP CON LA COMISIÓN KITCHEN EN PLENA CAMPAÑA
EL PP PRETENDE INVESTIGAR A PODEMOS EN LA 'COMISIÓN KITCHEN' AUNQUE NO TIENE CLARO QUE DEBA COMPARECER VILLAREJO
EL PSOE EVITA POR AHORA LLAMAR A RAJOY Y OTROS POLÍTICOS A LA COMISIÓN KITCHEN Y CITA SOLO A POLICÍAS
EL PP CONTRAATACA EN LA COMISIÓN KITCHEN Y PEDIRÁ QUE COMPAREZCAN ROBLES Y DELGADO
PSOE Y PODEMOS SE PROPONEN DESTAPAR “LAS CLOACAS DEL PP” EN LA COMISIÓN DE KITCHEN
LOS PARTIDOS DESPLIEGAN SUS PRINCIPALES BAZAS PARA ACORRALAR AL PP EN LA COMISIÓN KITCHEN
PSOE Y UNIDAS PODEMOS CONTROLARÁN LA COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN SOBRE EL 'CASO KITCHEN'
EL CONGRESO PONE EN MARCHA LA COMISIÓN 'KITCHEN', LA INVESTIGACIÓN QUE PONDRÁ CONTRA LAS CUERDAS AL PP DE CASADO
PSOE y Podemos discrepan sobre llamar a Villarejo a la comisión parlamentaria del ‘caso Kitchen’
EL GOBIERNO CONGELA LA COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN DE KITCHEN
EL CONGRESO APRUEBA LA COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN SOBRE EL ESPIONAJE A BÁRCENAS CON LOS APOYOS DE LA INVESTIDURA DE SÁNCHEZ, CS Y EL PNV
DE LA CAJA B A LA COMISIÓN 'KITCHEN': LA CORRUPCIÓN DEL PP VUELVE AL CONGRESO
LA MESA DEL CONGRESO DA LUZ VERDE A LA TRAMITACIÓN DE LAS DOS COMISIONES DE INVESTIGACIÓN SOBRE EL ESPIONAJE A BÁRCENAS
LA COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN SOBRE EL ESPIONAJE DEL PP A BÁRCENAS LLAMARÁ A DECLARAR A MARIANO RAJOY Y A PABLO CASADO
CUATRO AÑOS DE ‘POLICÍA POLÍTICA’ SIN CASTIGO EN LOS TRIBUNALES
Dos dictámenes del Congreso creen probado que hubo una trama policial no reflejada en ninguna sentencia firme
La política y la justicia tienen velocidades distintas. A veces, dispares. La primera, a través de comisiones de investigación en el Congreso, ha ratificado en dos ocasiones desde 2017 que durante la etapa de Jorge Fernández Díaz se creó en el Ministerio del Interior un grupo parapolicial conocido como policía política o brigada patriótica con el fin de ”obstaculizar la investigación de los escándalos de corrupción que afectaban al PP” y “la persecución de adversarios políticos”. La última, este miércoles, con el dictamen de la comisión de la Operación Kitchen, el espionaje ilegal al extesorero Luis Bárcenas, que aún está pendiente de votación por el pleno de la Cámara baja.
Por el contrario, en estos cuatro años los tribunales no han dictado ninguna sentencia firme en la que se considere probada la existencia de este grupo. De hecho, varias de las operaciones presuntamente irregulares de las que se les acusan a sus integrantes ni siquiera son investigadas y la única vez que dos presuntos integrantes de la trama se sentaron en el banquillo, fueron absueltos. Ocurrió en julio de 2020. El comisario Eugenio Pino, exjefe de la Policía Nacional y supuesto muñidor de la policía política, fue juzgado junto a uno de sus hombres de confianza, el inspector jefe Bonifacio Díez Sevillano, en la Audiencia Provincial de Madrid acusados de un delito de descubrimiento de secretos por el supuesto intento de incorporar al caso Pujol, en el que se investigan el supuesto enriquecimiento irregular de la familia del expresidente de la Generalitat Jordi Pujol, un pendrive con documentos de origen ilícito. Una de las acusaciones personadas pidió 10 años de cárcel para cada uno de ellos, aunque la Fiscalía pidió la absolución.
Finalmente, ambos fueron absueltos, aunque el fallo aún no es firme. Jordi Pujol Ferrusola, primogénito del expresidente de la Generalitat y acusación en la causa, recurrió el fallo ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que todavía no se ha pronunciado, según fuentes jurídicas. Pese al sentido favorable de la sentencia, el tribunal reprochó en el fallo al comisario Pino una conducta “alejada de un correcto actuar profesional” y afirmaba que su “oscurantismo” sobre el origen de la información que contenía aquel dispositivo de memoria “puso en serio riesgo” la investigación sobre el clan Pujol que se llevaba en la Audiencia Nacional.
Este alto mando policial está ahora cerca del banquillo por otra actuación de esta trama, la Operación Kitchen, el supuesto espionaje ilegal al extesorero Luis Bárcenas. El juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón dictó el pasado julio un auto en el que ponía final a la instrucción y proponía juzgar a 11 personas, entre ellos el exministro Fernández Díaz, su ex número dos, Francisco Martínez, y nueve policías, incluido Pino. En esa resolución —que ha sido recurrida por acusaciones y defensas—, el magistrado concluía que la trama actuó a partir del verano de 2013 con idea de “acceder a documentación e información en poder de Bárcenas para desviarla” y que no llegara al entonces juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz, instructor del caso Gürtel.
Aún en fase de investigación, en este caso en un juzgado de Andorra, se encuentra otra de las supuestas actuaciones de la política patriótica. En este caso, de la llamada Operación Cataluña, la campaña de intoxicación informativa supuestamente gestada a partir de 2012 en el seno de Interior para, mediante supuestos informes policiales con graves acusaciones de corrupción, desacreditar a los líderes del independentismo catalán. Se trata de las supuestas coacciones y extorsión a Higini Cierco, accionista mayoritario junto a su hermano Ramón de la Banca Privada de Andorra (BPA), y otro directivo de esta entidad para que facilitaran información de las cuentas bancarias que pudieran tener dirigentes nacionalistas catalanes con la amenaza del cierre tanto del banco como de su filial española, Banco Madrid, algo que finalmente se produjo. En esta causa, en la que figuran grabaciones con las amenazas, están querellados cuatro presuntos integrantes de la policía política, entre ellos el comisario Pino, así como Mariano Rajoy y los exministros Fernández Díaz y Cristóbal Montoro, entre otras personas.
Menos suerte en los tribunales han tenido otras actuaciones de la Operación Cataluña. El Tribunal Supremo rechazó la querella que, en septiembre de 2016, interpuso el exalcalde de Barcelona Xavier Trías contra el exministro Fernández Díaz y el que fuera jefe de la Oficina Antifraude de Cataluña Daniel de Alfonso tras la difusión de unas conversaciones de ambos —grabadas por agentes de la policía patriótica— en las que hablaban de filtrar información de líderes nacionalistas a medios de comunicación. El alto tribunal rechazó investigarlo porque consideró imposible determinar si los audios estaban manipulados.
También han fracasado los intentos de investigar la Operación Cataluña en el macrosumario del caso Tándem, en el que se investiga tanto la Operación Kitchen como las actividades presuntamente ilícitas del comisario José Manuel Villarejo para enriquecerse. Tanto la Fiscalía Anticorrupción como el juez instructor, Manuel García-Castellón, consideran que estas actividades no son delictivas. Y ello a pesar de que, cuando se detuvo a Villarejo, en noviembre de 2017, en su domicilio se localizaron al menos seis informes sobre este operativo, uno de ellos sobre el expresidente de la Generalitat Artur Mas, del que se difundió un informe apócrifo. En este sumario ha intentado personarse como acusación Jordi Pujol Ferrusola tras conocerse que el comisario tenía a los miembros del clan familiar entre sus objetivos. El juez lo rechazó con el argumento de que los Pujol eran un objetivo de interés policial y no consta que se hubiera usado medios ilegales, según señalan fuentes jurídicas.
García-Castellón tampoco ha admitido investigar dentro del caso Tándem el llamado Informe Pisa (acrónimo de Pablo Iglesias SA), un documento policial anónimo sobre las finanzas de Podemos que salió a la luz en 2016 y cuyo contenido fue avalado por Interior como un trabajo de la Dirección Adjunta Operativa (DAO), que encabezaba precisamente el comisario Pino. El informe, que la Policía intentó judicializar, pero que los tribunales rechazaron de plano, fue presuntamente redactado por otro miembro de la trama, el comisario Andrés Gómez Gordo, antiguo asesor de María Dolores de Cospedal cuando fue presidenta de la Junta de Castilla-La Mancha.
Jubilados o apartados del servicio, pero condecorados
El dictamen de la comisión Kitchen cita a nueve policías como presuntos integrantes del grupo parapolicial que espió a Luis Bárcenas. De ellos, seis están jubilados. Se trata de los comisarios Eugenio Pino, José Manuel Villarejo, José Luis Olivera, Enrique García Castaño y Marcelino Martín Blas, y del inspector jefe Bonifacio Díez Sevillano. Los otros tres aún son policías en activo, aunque en la actualidad ninguno tiene funciones policiales, según fuentes del Ministerio del Interior. El inspector jefe José Ángel Fuentes Gago, que tras ser imputado por el caso Kitchen se le trasladó a un destino burocrático en la Jefatura Superior de Policía de Madrid, ha sido liberado por el Sindicato Profesional de Policía (SPP, mayoritario en la escala de mando), del que había sido presidente, para encargarse de su gabinete jurídico. El comisario Andrés Gómez Gordo consiguió en 2019, cuando ya estaba imputado, la jefatura de una comisaría de Madrid. En la actualidad, está suspendido de empleo y sueldo. En idéntica situación está el agente de la escala básica Sergio Ríos, el exchófer de Bárcenas que colaboró con la trama. Todos, salvo este último, fueron condecorados por el entonces ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, con medallas que llevaban aparejadas una recompensa económica vitalicia. La ley franquista que aún hoy regula su concesión no contempla su retirada.
EL CONGRESO CONCLUYE QUE MARIANO RAJOY Y DOLORES DE COSPEDAL ORDENARON LA OPERACIÓN KITCHEN
La comisión parlamentaria que investigaba el caso Kitchen concluye que la cúpula del Partido
Popular ordenó esta trama parapolicial.
La comisión parlamentaria de investigación sobre la operación Kitchen ha concluido que la cúpula del PP ordenó esta presunta trama parapolicial de espionaje a su extesorero Luis Bárcenas, con el conocimiento de la ex secretaria general María Dolores de Cospedal, "que informaba" al expresidente Mariano Rajoy.
Con 159 votos a favor -PSOE, Unidas Podemos y EH Bildu-, 149 en contra -PP, Vox y Ciudadanos- y 29 abstenciones -ERC, PNV y Grupo Mixto- la comisión ha aprobado un dictamen que concluye que esta operación perseguía que "las pruebas que pudieran estar en posesión" de Bárcenas "se destruyeran u ocultaran para que nunca fueran utilizadas" por la Justicia, informan a Efe fuentes parlamentarias.
"Y para esta finalidad de interés particular exclusivo del Partido Popular se utilizaron presuntamente fondos reservados y efectivos policiales de manera irregular", señala el texto aprobado a propuesta del PSOE, que decidió presentar su propuesta de conclusiones en solitario.
Finalmente, los socialistas han conseguido sacar adelante su escrito, aunque han aceptado incorporar algunos cambios en la redacción y dos cuestiones del documento que presentaron conjuntamente Podemos, ERC, Junts, EH Bildu y CUP, que reclamaban una revisión en la concesión de medallas policiales y en el control de los fondos reservados.
El documento aprobado -se someterá a la ratificación del pleno el Congreso con el nuevo curso parlamentario en 2022- responsabiliza a la cúpula directiva del PP de ordenar "la utilización partidista, delictiva e ilegal de efectivos, medios y recursos del Ministerio del Interior" para encontrar pruebas que estuviesen en poder de Bárcenas y que inculparan al partido "sobre la financiación irregular y los casos de corrupción durante los años en que gobernaban".
Señala que la operación, investigada en la Audiencia Nacional y que se remontaría a 2013, se dirigía desde la sede del PP, "con el conocimiento" de Cospedal, "que informaba" a Rajoy"; y desde Interior, "con el ministro Jorge Fernández Díaz, que le encargó" a su segundo Francisco Martínez su puesta en marcha.
Y el "epicentro" estaría en la Dirección Adjunta Operativa de la Policía, que aquellos años dirigía Eugenio Pino.
El texto apunta de esta forma, según han puesto de manifiesto algunos comparecientes, a la implicación de "los responsables políticos máximos" de Interior, como Fernández Díaz, Martínez y el exdirector de la Policía Ignacio Cosidó; así como de Cospedal y "de forma indiciaria" de Rajoy.
De Cospedal afirma que, no sólo era conocedora de la trama, sino que "pudo recibir copia de la información sustraída" al PP dada su condición de secretaria general y "como supuesta beneficiaria de sobresueldos de esa financiación irregular".
Cuestiona que Rajoy se negase "a asumir responsabilidad alguna" en la comisión y llegase "a mentir de manera abierta" al negar que existiese una caja B en el PP cuando hay dos sentencias que así lo concluyen, y pone en valor que el excomisario José Manuel Villarejo lo señaló "directamente" al decir que se comunicó con él sobre la operación.
También mencionan el "descontrol absoluto de los fondos reservados" y el "despilfarro de dinero público" en esta operación.
Con el trámite de este miércoles se pone punto y final a la comisión Kitchen abierta hace nueve meses en los que han comparecido 37 personas, diez de ellos procesados en la causa que tiene abierta la Audiencia Nacional.
La última sesión de la comisión, la número 26 y celebraba a puerta cerrada, ha puesto de relieve que la mayoría de partidos están de acuerdo en el fondo -la trama de espionaje existió y los responsables políticos en el Gobierno y el PP estaban detrás-, si bien los grupos que se han abstenido han lamentado que se podía haber ido "más lejos" en las conclusiones.
Seis propuestas de conclusiones se han presentado a la comisión -PSOE; Podemos junto con ERC, Bildu, Junts y CUP; PP, VOX, PNV y Ciudadanos. Solo la de los socialistas han logrado mayoría.
El PP ha evitado pronunciarse tras hacerse públicas las conclusiones de la comisión Kitchen y desde Génova recuerdan que desde febrero no comentan las noticias sobre presuntos casos de corrupción que en todo caso circunscriben al pasado. Antes de acordar el dictamen la portavoz del PP en el Congreso, Cuca Gamarra, ha reiterado que la comisión ha sido una "causa general".
Ciudadanos ha justificado a Efe su voto en contra, toda vez que la mayoría no ha admitido en las conclusiones el impulso a acometer reformas legales en materia de lucha contra la corrupción.
"La cúpula directiva del Partido Popular ordenó la utilización partidista, delictiva e ilegal de efectivos, medios y recursos del Ministerio del Interior", concluye el texto aprobado
El documento de conclusiones propuesto por el PSOE ha contado con el apoyo de Unidas Podemos y Bildu, mientras que ERC, PNV y la CUP se han abstenido
La comisión del Congreso que ha investigado este año la operación Kitchen ha aprobado este miércoles el documento de conclusiones propuesto por el PSOE, que ha contado con el apoyo de Unidas Podemos y Bildu, y que establece que la trama para espiar al ex tesorero del PP Luis Bárcenas para robarle pruebas que pudieran implicar a dirigentes del partido en casos de corrupción se "ordenó" desde "la cúpula directiva" del partido, que la secretaria general, María Dolores de Cospedal, tenía conocimiento de la misma y, de hecho, era la que "informaba" al presidente del partido y del Gobierno, Mariano Rajoy.
El PSOE y Unidas Podemos llegaron a la comisión sin haber pactado sus conclusiones. De hecho, el grupo confederal había presentado su propio texto acordado con ERC, Bildu, Junts y la CUP. Sin embargo, finalmente tanto Bildu como el socio morado del Gobierno han apoyado el documento de los socialistas, al que se han añadido dos párrafos a propuesta de Unidas Podemos, informa Europa Press.
Hay que mejorar el control de los fondos reservados
En concreto, se ha agregado una recomendación para revisar los procedimientos vigentes para el uso y control de los fondos reservados, así como de los procesos concesión de condecoraciones en la Policía Nacional para dotarlos de una mayor "objetividad y transparencia".
Además, se ha dejado constancia en las conclusiones aprobadas de que parte de la documentación que había solicitado la comisión para hacer su pesquisas no ha llegado nunca y otra lo ha hecho a destiempo, es decir, tarde.
Sin embargo, estos añadidos de última hora, no han sido suficientes para que el texto de los socialistas recibiera el respaldo de ERC, PNV y la CUP, que han optado por la abstención. Por su parte, PP, Vox y Ciudadanos han votado en contra de las conclusiones que se elevarán al Pleno del Congreso para su ratificación.
"El desarrollo de la comisión de investigación nos permite concluir que la cúpula directiva del Partido Popular ordenó la utilización partidista, delictiva e ilegal de efectivos, medios y recursos del Ministerio del Interior, para hacer un seguimiento y encontrar las pruebas que obraran en el poder del extesorero Luis Bárcenas", concluye el texto aprobado.
Implicación "indiciaria" de Rajoy
El documento, recogido por Europa Press, no habla expresamente de responsabilidades políticas por esta operación, aunque la considera probada y, de hecho, plantea que se desarrolló en tres sedes: la central del PP en la madrileña calle Génova, el Ministerio del Interior, y la Dirección Adjunta Operativa (DAO) - de la Policía.
Resalta que se produjo "con el conocimiento" de Cospedal que "informaba" a Rajoy, que fue el ministro Jorge Fernández Díaz quien "encargó al secretario de Estado de Seguridad, Fernando Martínez, la puesta en marcha de todo el operativo delictivo" y que el "epicentro" del mismo estaba en la DAO que dirigía Eugenio Pino.
Con el fin de "obstruir" las investigaciones judiciales en marcha y evitar que las pruebas contra el PP llegaran a la Justicia y la Policía Judicial, señala el texto, en esta trama "de interés particular exclusivo del Partido Popular" se utilizaron "ilegalmente fondos reservados y efectivos policiales".
La comisión mantiene que, según las declaraciones de diversos comparecientes, se puede concluir "la implicación de los responsables políticos máximos del Ministerio del Interior, (ministro, secretario de Estado de Seguridad y director general de la Policía), así como de la secretaria general del Partido Popular y de forma indiciaria del mismo Presidente del Gobierno".
No se cumplían los protocolos
También señala como otra "conclusión evidente" el "descontrol absoluto en el uso de los fondos" en Interior, así como la "ignorancia y exclusión de cualquier clase de seguimiento de las previsiones legales y de los protocolos establecidos".
Como ejemplo de esto último, denuncia la utilización de "catálogos, provisiones de plazas y medios personales de forma arbitraria" por parte del director adjunto Operativo, Eugenio Pino, "con la complicidad de otros cargos policiales que ejecutaban estas órdenes ilegales".
Así, apunta a un "despilfarro de dinero público, claramente malversado y detraído de las finalidades legalmente asignadas", y, encima, "en un momento de crisis donde los efectivos estaban congelados y los recursos materiales escaseaban".
"Con estas actuaciones, no solo se incumplió de manera flagrante la ley, se frustró la recta administración de Justicia, sino que también se provocaron daños de difícil o imposible reparación al crédito y buen nombre de la Policía Nacional en su prestigio, con afectación grave a sus recursos, estructura y funcionamiento", resaltan las conclusiones aprobadas.
La comisión parlamentaria de investigación sobre la 'operación Kitchen' ha aprobado el dictamen de conclusiones con 159 votos a favor, 149 en contra y 29 abstenciones.
La comisión parlamentaria de investigación sobre la operación Kitchen ha concluido este miércoles que esta trama parapolicial de espionaje al extesorero del PP Luis Bárcenas, llevada a cabo por el Ministerio de Interior, fue ordenada por la cúpula directiva del Partido Popular con el conocimiento del expresidente del partido y del Gobierno, Mariano Rajoy, y de la entonces secretaria general de la formación conservadora, María Dolores de Cospedal.
Así se desprende del dictamen de conclusiones aprobado en el seno del órgano parlamentario por 159 votos a favor (PSOE, Unidas Podemos y Bildu), 149 en contra (PP, Vox y Cs) y 29 abstenciones (ERC, PNV y Grupo Mixto), tal como han informado a este medio fuentes parlamentarias.
La mayoría de los grupos han avalado finalmente la propuesta impulsada por el PSOE, después de que este aceptara incluir en el texto algunos cambios técnicos en la redacción y dos aspectos que reclamaban sus aliados en el Gobierno, Unidas Podemos, y en el Congreso relativos a la revisión en la concesión de medallas policiales y al control de los fondos reservados.
En este sentido, el documento de conclusiones, que será elevado al Pleno de la Cámara Baja en enero próximo, recoge que la operación se dirigió desde tres sedes: la del propio partido en la calle Génova, "con el conocimiento de la ex secretaria general, María Dolores de Cospedal, que informaba al presidente del partido y del Gobierno, Mariano Rajoy".
También, la sede del Ministerio del Interior, "con el ministro Jorge Fernández Díaz que le encargó al secretario de Estado de Seguridad, Fernando Martínez, la puesta en marcha de todo el operativo delictivo" y, su "epicentro", en la Dirección Adjunta Operativa (DAO) de la Policía Nacional que dirigía Eugenio Pino Sánchez.
Y todo ello para "obstruir las investigaciones judiciales" en marcha y que las pruebas que pudieran estar en posesión de Luis Bárcenas "se destruyeran u ocultaran para que nunca fueran utilizadas por la administración de Justicia, e incluso de los propios miembros del cuerpo que actuaban como policía judicial". "Y para esta finalidad de interés particular exclusivo del Partido Popular se utilizaron ilegalmente fondos reservados y efectivos policiales", remacha el texto al que ha tenido acceso este medio.
A tenor de las declaraciones efectuadas por diversos comparecientes en sede parlamentaria, sostiene el dictamen, los responsables políticos máximos del Ministerio del Interior (Jorge Fernández Díaz, Fernando Martínez y Eugenio Pino), así como Cospedal y "de forma indiciaria" Rajoy, "han estado implicados en los hechos" investigados en el marco de esta operación, que ocurrieron entre 2013 y 2014.
Sobre la comparecencia del expresidente del Ejecutivo, la última que albergó esta comisión, el documento aprobado afea que Rajoy "no solo se negó a asumir responsabilidad alguna", sino que llegó a estar convencido de la inexistencia de los hechos y "a mentir de manera abierta sobre la existencia de una caja b con la que se financiaba ilegalmente el PP, así como la existencia de condena alguna de los tribunales que acrediten la existencia de esa caja b", a pesar de las tres sentencias que prueban la existencia de esta estructura opaca en el seno de la formación.
En cuanto a Cospedal, el dictamen añade que, además de ser "conocedora" de la trama, "pudo recibir copia de la información sustraída" al PP debido al puesto que ocupaba en el partido y "como supuesta beneficiaria de sobresueldos de esa financiación irregular".
Con la celebración de la última sesión de la comisión, la número 26, el órgano parlamentario encargado de dirimir unos hechos investigados en la pieza 7 de la macro causa Tándem, más conocida como caso Villarejo, echa el cierre tras nueve meses en los que han comparecido 37 personas, diez de ellas procesadas en la causa que tiene abierta la Audiencia Nacional.
LA COMISIÓN KITCHEN DICTAMINA QUE RAJOY Y COSPEDAL CONOCIERON EL ESPIONAJE A BÁRCENAS
La propuesta del PSOE, que aún debe ser votada en pleno, es aprobada con el respaldo de Unidas Podemos y EH Bildu y la abstención de otros socios del Gobierno
Tras un año de trabajo y la comparecencia de 37 personas —tres de ellos en dos ocasiones—, la comisión de investigación sobre la Operación Kitchen llegó este miércoles a su fin con la aprobación de un dictamen que concluye que el Ministerio del Interior en la etapa de Jorge Fernández Díaz montó en el verano de 2013 un operativo policial para robar al extesorero Luis Bárcenas información comprometedora para el PP. Todo ello, con el conocimiento del entonces presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y la implicación de la ex secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal. El texto considera probado que la trama fue financiada con recursos públicos y que Rajoy mintió en su comparecencia del 13 de diciembre.
El texto final reproduce, con dos enmiendas menores, la propuesta del PSOE, y fue aprobado con el apoyo de los socialistas, Unidas Podemos y EH Bildu (159 votos), frente a 149 en contra (PP, Vox y Ciudadanos) y 29 abstenciones (ERC, PNV y Grupo Mixto). El dictamen debe ser ahora debatido y aprobado, junto a los votos particulares que presenten otros grupos en el pleno del Congreso, algo que no será posible ya hasta después de las vacaciones parlamentarias de Navidad.
El documento aprobado concluye que “la cúpula directiva del PP ordenó que se utilizara a los efectivos, medios y recursos del Ministerio del Interior para hacer un seguimiento y encontrar las pruebas que obraran en poder del extesorero Luis Bárcenas y que inculparan al Partido Popular sobre la financiación irregular y los casos de corrupción durante los años en que gobernaban”. El dictamen incide en que la operación se dirigió desde tres lugares. El primero, la sede del PP, “con conocimiento” de Cospedal, que “informaba” a Rajoy. El segundo, el Ministerio del Interior, donde Fernández Díaz “encargó al secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, la puesta en marcha de todo el operativo delictivo”. Y un tercero con “epicentro” en la Dirección Adjunta Operativa (DAO) de la Policía Nacional, que dirigía el comisario Eugenio Pino. “La finalidad de la Operación Kitchen —concluye el texto— era la obstrucción de las investigaciones judiciales en marcha y que las pruebas que pudieran estar en posesión de Luis Bárcenas se destruyeran u ocultaran para que nunca fueran utilizadas por la administración de justicia e, incluso, de los propios miembros del cuerpo que actuaban como policía judicial. Y para esta finalidad de interés particular exclusivo del Partido Popular se utilizaron presuntamente fondos reservados y efectivos policiales”, añade.
El PSOE solo ha admitido la inclusión en su propuesta inicial de dos enmiendas planteadas por Unidas Podemos. La primera es un pequeño tirón de orejas al Gobierno, aunque sin referencia expresa a este, al considerar que parte de la información que se solicitó o no llegó “o lo ha hecho a destiempo”. En una propuesta conjunta, Unidas Podemos y cuatro partidos independentistas criticaban al Ejecutivo al considerar que había atendido “de forma impuntual e incompleta” parte de los requerimientos, lo que afectó negativamente a su trabajo.
El segundo punto aceptado por los socialistas ha sido la inclusión de una referencia a la necesidad de revisar “los procesos y procedimientos sobre el uso de los fondos reservados” y la norma sobre condecoraciones policiales para que “abunde en una mayor transparencia y objetividad en la concesión de las mismas”. Siete de los agentes implicados fueron condecorados entre 2012 y 2016 por el entonces ministro Fernández Díaz con medallas que llevaban aparejadas una recompensa económica vitalicia y que fueron justificadas en sus “meritorias trayectorias profesionales”. Gracias a ellas, se reparten en la actualidad 16.000 euros al año.
El resto de los cambios sobre el documento inicial del PSOE son fruto de un informe de los letrados del Congreso en el que se alertaba a los grupos de que las conclusiones de la comisión debían estar “exentas de cualquier apreciación o imputación individualizada de conductas ilícitas de los investigados”. Por ello, el PSOE retiró expresiones como “delictiva” o “malversación”, que recogían su texto inicial.
Sin embargo, los socialistas rechazaron incluir, como pedía Unidos Podemos, una referencia a la necesidad de revisar la ley de secretos oficiales, un texto legal heredado del franquismo y para cuya reforma el Gobierno ya creó en abril una comisión dirigida por el Ministerio de Presidencia e integrada por Defensa, Interior y Exteriores. No ha sido la única línea roja. El grupo socialista también se negó a incluir, como pretendían su socio de Gobierno, una alusión a que, entre la información que la trama supuestamente quería arrebatar a Bárcenas, podían encontrarse datos sobre supuestas cuentas en Suiza del rey emérito, Juan Carlos I, o al enfrentamiento entre el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y el comisario José Manuel Villarejo.
Fernández Díaz, señalado dos veces en cuatro años
El dictamen aprobado por la comisión Kitchen recuerda que, en septiembre de 2017, otra comisión de investigación parlamentaria ya puso de manifiesto que el Ministerio del Interior, bajo el mandado también de Jorge Fernández Díaz, creó “una estructura policial” cuyo objetivo último era “obstaculizar la investigación de los escándalos de corrupción que afectaban al PP y al seguimiento, la investigación y, en su caso, la persecución de adversarios políticos”. Se refería a lo que se conoció como “policía o brigada patriótica”, buena parte de cuyos integrantes están ahora imputados en la Audiencia Nacional por el espionaje ilegal a Luis Bárcenas.
En aquella ocasión, el Congreso concluyó que estos hechos supusieron “una inaceptable utilización partidista de los efectivos, medios y recursos del Departamento de Interior y de las Fuerzas y Cuerpos y Seguridad del Estado, con un abuso de poder que quebranta reglas esenciales de la democracia y del Estado de derecho”. El documento aprobado este miércoles recalca que la Operación Kitchen “pone de manifiesto de forma indiscutible” que la conclusión de la comisión de 2017 “es veraz”.
LOS TESTIMONIOS QUE DESNUDAN LA TRAMA POLÍTICA DEL ESPIONAJE ILEGAL A BÁRCENAS
Los diputados ultiman las conclusiones de la comisión sobre el alcance real de la Operación Kitchen gracias a una decena de comparecencias
“¿Qué pinta un grupo parapolicial investigando algo que le corresponde a una unidad [la UDEF] de la Comisaría General de Policía Judicial?”. La pregunta retórica la lanzaba el 17 de noviembre el comisario de policía José García Losada durante su comparecencia ante la comisión parlamentaria que investiga la Operación Kitchen, el espionaje ilegal a Luis Bárcenas durante el gobierno de Mariano Rajoy. Este alto mando policial, ya jubilado, había ocupado entre junio de 2012 y octubre de 2013 —un periodo clave, ya que durante el mismo se iniciaron los seguimientos al extesorero del PP— la jefatura de esa comisaría general a la que se refería, de la que dependía la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) que investigaba ya entonces la trama de corrupción del PP destapada por el caso Gürtel. Por ello, sus palabras eran una confirmación de la ilegalidad de un operativo que este mismo policía había tildado unos instantes antes de “absolutamente anómalo”.
Su testimonio y el de las otras 36 personas que han comparecido en el Congreso en los últimos nueve meses son analizados ahora por los diputados de la comisión para extraer las conclusiones del dictamen que votará el pleno. Pese al silencio de muchos de los citados, la falta de credibilidad de otros y la negativa de la Audiencia Nacional a facilitar a los parlamentarios la documentación sumarial, la impresión generalizada de los diputados es que las sesiones han permitido ahondar en la trastienda política de la operación parapolicial para dar respuesta, al menos en parte, a cinco cuestiones clave.
Cuál era el objetivo. El exsecretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, defendió ante la comisión que él nunca tuvo conocimiento “de cualquier forma de utilización ilegal de efectivos, medios y recursos del Ministerio del Interior” para espiar a Bárcenas, aunque terminó admitiendo que existió el operativo. “No creo que hacer un seguimiento para obtener información de personas que estaban investigadas [en referencia a Bárcenas y su esposa, Rosalía Iglesias] sea delictivo”, lo justificó. El comisario Enrique García Castaño, conocido como El Gordo e imputado en la causa, aseguró que el comisario Eugenio Pino, entonces jefe de la Policía y considerado el muñidor de la operación, le ordenó intervenir en el espionaje al extesorero del PP para buscar a “los testaferros del señor Bárcenas y dónde tenía el dinero escondido”. Citado en dos ocasiones a comparecer ante la comisión, García Castaño, que colabora con la justicia, admitió también que la documentación que obtuvo no se la entregó ni a la UDEF ni a la justicia, sino al ex número dos de Interior, Francisco Martínez, en un pendrive.
En la misma línea apuntó el comisario José Luis Olivera, antiguo jefe de la UDEF y, por tanto, responsable del grupo que investigó el caso Gürtel. Olivera, que cuando compareció en el Congreso no estaba imputado, aseguró que el comisario José Manuel Villarejo le comentó en alguna ocasión que tenía el encargo del comisario Pino de “localizar bienes y testaferros del señor Bárcenas”. El también comisario Mariano Hervás, que cuando se espió a Bárcenas estaba destinado como segundo jefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO) que comandaba García Castaño y que hizo los seguimientos, afirmó que le dijeron que el objetivo era descubrir los supuestos testaferros de Bárcenas y el lugar en el que ocultaba el dinero. Uno de sus subordinados, el policía Enrique Luis Báez Tabasco, añadió que él tuvo que dejar de seguir a presuntos yihadistas para vigilar la casa del extesorero. Un cambio que, añadió, le justificaron porque Bárcenas “había robado mucho dinero y había que localizar un local”.
Quién dio la orden. Bárcenas aprovechó su comparecencia en el Congreso, el 17 de marzo, para acusar a Rajoy y otros miembros de la cúpula popular como instigadores de aquella trama. “Es una suposición, pero así lo creo”, recalcó. Así, señaló a la ex número dos del partido, María Dolores de Cospedal, y añadió a una tercera persona, cuya identidad declinó concretar. “Es evidente que eso [la orden del espionaje] tiene que ser de una persona del máximo nivel”, sostuvo. El comisario García-Castaño dibujó más nítidamente la jerarquía de mando de la trama. Aseguró que él informaba de sus avances tanto al comisario Pino como al entonces secretario de Estado de Seguridad, con el que se reunía de manera habitual y del que recibió instrucciones directas. El comisario dijo que, “por supuesto”, el exministro del Interior Jorge Fernández Díaz estaba al tanto. El agente también mostró su convencimiento de que tanto Rajoy como Cospedal estaban informados.
El comisario Villarejo, que hasta que acudió al Congreso nunca había señalado directamente al expresidente del Gobierno, lo hizo en su primera comparecencia en la comisión, el 27 de mayo. Ese día, aseguró que intercambió mensajes telefónicos o SMS con Rajoy sobre el avance del espionaje a Bárcenas. En su segunda comparecencia, en octubre, el comisario dio un paso más en sus acusaciones y afirmó que tuvo un breve encuentro, en marzo de 2014, con el entonces líder del PP en la sede de la calle Génova. En su comparecencia, Villarejo también detalló que durante su participación en el operativo “reportaba directamente” con el ex número dos de Interior y con Fernández Díaz, aunque a este “puntualmente”. Además, implicó en la trama al entonces director general de la Policía, Ignacio Cosidó, quien hasta ahora no ha sido imputado ni llamado a testificar en el sumario del caso Kitchen.
Cómo se financió. Uno de los primeros policías en comparecer fue el comisario Felipe Lacasa, quien, desde su puesto de secretario general de la Dirección Adjunta Operativa (DAO) de la Policía, distribuía parte del dinero que este cuerpo recibía de los fondos reservados. Su testimonio puso de manifiesto que los integrantes de la trama dispusieron sin ningún control de esta partida. El alto mando policial detalló que entregó fondos reservados a seis imputados y que lo hizo tras recibir “una orden verbal” del que entonces era su superior, el comisario Pino. La investigación judicial ha acreditado que se desviaron 53.266 euros de los fondos reservados para pagar a Sergio Ríos, chófer del extesorero que ejerció de confidente de la trama, además de otras cantidades para comprarle una pistola o adquirir el ordenador que el ex número dos de Interior supuestamente utilizó para consultar la documentación sustraída.
Uno de los que recibieron esos fondos, el comisario Andrés Gómez Gordo, imputado en la causa, admitió el uso de esta partida para financiar el operativo. Este alto mando policial ocupó puestos de confianza con diferentes administraciones gobernadas por el PP entre octubre de 2007 y marzo de 2015, incluido el de asesor de Cospedal cuando ella ocupó la presidencia de la Junta de Castilla-La Mancha. Gómez Gordo afirmó que la persona que dio la autorización para estos pagos fue el comisario Pino, aunque se mostró convencido de que su actuación en el espionaje al extesorero del PP se desarrolló dentro de la “absoluta legalidad”.
Qué documentación se robó. Bárcenas afirmó durante su comparecencia, como ya había hecho ante el instructor del caso Kitchen, el magistrado Manuel García-Castellón, y en el juicio por la caja b de su partido, que la trama le robó documentos. Uno de ellos era el audio que supuestamente había grabado del encuentro con Rajoy en el que entregó a este un sobre con dinero y copia de los apuntes que reflejaban la contabilidad opaca del partido. Por su parte, el comisario García Castaño confirmó que entró sin orden judicial en un local que la esposa de Bárcenas tenía cerca de su domicilio para buscar documentación del extesorero, pero dijo que no encontró “nada”. No obstante detalló que, más tarde, consiguió extraer la información contenida en varios teléfonos de Bárcenas y su esposa, entre la que se encontraban los mensajes que el primero había intercambiado con dirigentes de su formación.
Ante los diputados, García Castaño se mostró convencido de que, antes de la Operación Kitchen, Bárcenas ya había sido espiado. “¿Usted cree que el PP espió, a nivel particular, al señor Bárcenas?”, le preguntó un diputado. “Yo creo que sí”, fue la respuesta del comisario. El Gordo añadió que toda la documentación que obtuvo se la entregó en un pendrive al ex secretario de Estado. Parte de su testimonio se vio ratificado por el que entonces era su número dos en la UCAO, el comisario Hervás. Este mando policial confirmó que acompañó a García Castaño y a otros dos agentes de la unidad a la sede de Interior para entregar un equipo informático a Martínez con un programa que facilitaba la búsqueda de información en volúmenes elevados de documentación.
Cómo afectó al caso Gürtel. La documentación que la trama Kitchen presuntamente consiguió sustraer a Bárcenas nunca llegó ni a los agentes de la UDEF ni al entonces juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz, instructor del caso Gürtel. Sin embargo, esa no fue la única zancadilla que la cúpula policial en la etapa de Fernández Díaz puso a aquella investigación, según detalló el inspector jefe Manuel Morocho, responsable de aquellas pesquisas. El agente explicó que en enero de 2015, cuando eran más intensas las investigaciones sobre la caja b del PP, fue destinado a otras funciones para retrasar el avance de las mismas. Morocho señaló directamente al comisario Pino.
El inspector jefe explicó también que las presiones que recibía se iniciaron mucho antes, pero que se incrementaron en 2013, al salir a la luz los llamados papeles de Bárcenas y coincidiendo con el inicio del espionaje al extesorero. Entonces este policía sospechó que había una operación paralela, de cuyos averiguaciones nunca se informó al juez, y para la que sus superiores le iban pidiendo datos que, precisamente, “afectaban al núcleo de la investigación”. Morocho indicó que en aquel momento notó “desasosiego” en la cúpula policial por la documentación que Bárcenas pudiera tener.
Los socios de Gobierno negocian un texto conjunto de conclusiones, con la participación de los independentistas, que encabezará que Rajoy y Cospedal fueron conocedores del espionaje a Bárcenas
Las diferencias que intentan superar en sus conclusiones de la comisión Kitchen el Grupo Socialista, de una parte, y los de Unidas Podemos y los independentistas, de otra, les devuelven a dos campos que les separan, cuando no enfrentan, recurrentemente: el Gobierno de Felipe González y la monarquía. Son las distintas referencias a la Ley de Fondos Reservados que ambos recogen en sus escritos y una alusión a Juan Carlos I de Unidas Podemos las discrepancias que intentan salvar para presentar un texto conjunto que sí coincidiría en señalar que el espionaje a Bárcenas fue conocido, cuando no consentido o autorizado, por el entonces presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y la número dos del PP, María Dolores de Cospedal.
Unidas Podemos negoció previamente un acuerdo con ERC, EH Bildu, Junts y la CUP en el que concluían que la operación Kitchen tuvo que tener necesariamente el "conocimiento" y la "aquiescencia" de Rajoy y Cospedal, por encima de las responsabilidades de los máximos responsables del Ministerio del Interior, con Jorge Fernández Díaz a la cabeza. Los socialistas, por su parte, consideraron que la operación fue dirigida desde tres sedes: Interior, la Dirección Adjunta Operativa de la Policía y la cúpula del PP, y que desde esta última, Cospedal informaba a Rajoy.
Un aspecto clave en la investigación judicial es que la operación "parapolicial" se cargó a los fondos reservados. Y es aquí donde socialistas y Unidas Podemos discrepan. Para los primeros, los responsables de la operación burlaron los mecanismos de control previstos en la Ley de Fondos Reservados, aprobada en 1995 por el Gobierno de González tras destaparse el uso de esas partidas públicas en el terrorismo de Estado de los GAL. Para los segundos y también para los independentistas, es precisamente esa Ley, aprobada durante la etapa de Juan Alberto Belloch como ministro de Justicia e Interior –con Margarita Robles de número dos–, la que ha propiciado y auspiciado ese uso desviado de los fondos reservados.
El grupo de Unidas Podemos y los independentistas catalanes y vascos concluyen que la "mala praxis" en el seno del Ministerio del Interior se ha podido dar gracias a "una cultura de la impunidad y unas concepciones particulares de lo que es el significado de patriotismo heredadas de regímenes anteriores". Y ya en concreta alusión a cómo se sufragó la operación Kitchen suman "una legislación deficiente y obsoleta", en referencia a la Ley de Fondos Reservados, la Ley de Secretos de Estado y la "Ley de Medallas", de las que aseguran "han servido de base legal para perpetuación de las malas praxis". Para los socialistas, sin embargo, lo que ha ocurrido es un "descontrol absoluto de los fondos" pero, según su visión, eso no está propiciado por el texto vigente donde se establece "un especial sistema de justificación y control" y que incluye que solo se dediquen a "financiar las actividades para la defensa y la seguridad del Estado".
Por otra parte, Unidas Podemos y sus aliados en las conclusiones acordaron introducir un párrafo sobre afirmaciones de Villarejo respecto a la documentación en poder de Bárcenas que buscaba la brigada política y que no se ceñía a la caja B del PP y sus responsables. El comisario aludió a otra información referente a cuentas en Suiza de "personas relevantes del Estado español y que entre ellas podría haber información del rey emérito", recoge el escrito. "Fue esta información para beneficio propio de Villarejo lo que supuso su enfrentamiento con el CNI y su posterior caída", añaden. El PSOE no alude en ningún momento a que la documentación que querían recuperar los policías en Kitchen tuviera que ver con algo diferente a la financiación irregular del Partido Popular.
El CNI y el que fue su máximo responsable con gobiernos socialistas y del PP, Félix Sanz Roldán, también aparece en otro punto de discordia entre ambas partes. Para Unidas Podemos y los independentistas, la "caída de la estructura de la policía patriótica" que había actuado eficientemente durante un tiempo, se debió a la denominada "guerra de comisarios", un enfrentamiento hostil entre Villarejo y Martín-Blas, máximo responsable de la UAI [Unidad de Asuntos Internos de la Policía] y Sanz Roldán, máximo responsable del CNI".
Los socialistas, como el resto de grupos, recuperan la conclusión de la comisión referente al uso partidista de los medios del Ministerio del Interior durante el Gobierno de Rajoy, que aludía a la Operación Catalunya o el informe PISA contra Podemos, pero deja fuera cualquier posible participación del Centro Nacional de Inteligencia en Kitchen, a diferencia de lo que traslucen testimonios de investigados, anotaciones de Villarejo y Francisco Martínez, y alusiones a la participación de otros servicios de información, distintos de la Policía, que hace Anticorrupción y que el juez Manuel García Castellón ha ignorado.
El PSOE considera su negativa a aludir al CNI, una "línea roja" en la negociación, según fuentes de la misma. Al cierre de esta edición, fuentes de los grupos señalados admitían una negociación para presentar un texto de conclusiones conjuntas.
TODOS LOS PARTIDOS, SALVO PP Y VOX, IMPLICAN A RAJOY Y COSPEDAL EN LA TRAMA KITCHEN
Los partidos presentan las conclusiones en las que se basará el dictamen sobre el espionaje ilegal a Bárcenas
Las propuestas de conclusiones que la mayoría de los grupos parlamentarios han registrado este lunes en el Congreso para elaborar el dictamen definitivo de la comisión que ha investigado la llamada Operación Kitchen coinciden en implicar, de un modo u otro, al expresidente del Gobierno Mariano Rajoy y a la ex secretaria general del PP María Dolores de Cospedal en la trama parapolicial que, a partir de 2013, espió ilegalmente al extesorero Luis Bárcenas para robarle documentación comprometedora para su partido. Solo el PP y Vox se han desmarcado.
Los populares han presentado un escrito en el que denuncian, como han hecho sistemáticamente durante las sesiones de la comisión, la supuesta “utilización partidista” de esta con el único fin de “desprestigiar sin prueba alguna al adversario político”. El PP, que habla de “juicio sumarísimo e inquisitorial en el que se han vulnerado gravemente los derechos fundamentales de los comparecientes”, pone en duda también la conveniencia de que se celebrara cuando aún se está investigando en la Audiencia Nacional el caso Kitchen.
Por su parte, la formación de Santiago Abascal evita en su documento valorar lo escuchado durante las comparecencias y se limita a poner de manifiesto la, en su opinión, “inutilidad” de los trabajos de la comisión y reclamar una modificación de este instrumento parlamentario. Vox acusa a los portavoces de los otros partidos de haber “faltado gravemente al honor de diversos comparecientes, singularmente agentes policiales”, contra los que considera que se han vertido “gravísimas acusaciones en sede parlamentaria, que han rallado la imputación de actuaciones delictivas”. Las propuestas de todos los partidos serán debatidas este miércoles en la comisión para elaborar el dictamen que será elevado al pleno para su votación.
En sus conclusiones, el PSOE considera que los trabajos de la comisión han puesto de manifiesto que en la Operación Kitchen participaron los entonces “responsables políticos máximos” del Ministerio del Interior, con Jorge Fernández Díaz a la cabeza, así como Cospedal. Sobre Rajoy, afirma que “de forma indiciaria” también estuvo implicado. Los socialistas acusan al expresidente del Gobierno de “mentir de manera abierta” durante su comparecencia, celebrada el pasado 13 de diciembre, al negar la existencia de una caja b en su partido, ya corroborado por varias sentencias judiciales.
Para el PSOE, la Operación Kitchen se dirigió desde tres lugares. El primero, la sede del PP, “con conocimiento” de Cospedal, que “informaba” a Rajoy. El segundo, el Ministerio del Interior, con Jorge Fernández Díaz, que “encargó al secretario de estado de Seguridad, Francisco Martínez, la puesta en marcha de todo el operativo delictivo”. Y un tercero con “epicentro” en la Dirección Adjunta Operativa (DAO) de la Policía Nacional, que dirigía el comisario Eugenio Pino. Todo ello con la única finalidad de obstruir las investigaciones del caso Gürtel que afectaban a los populares, para lo que no se dudó en utilizar “ilegalmente fondos reservados y efectivos policiales”.
Más rotundo se muestra Unidas Podemos que, en un documento pactado con ERC, EH Bildu, Junts y la CUP, considera probado que Rajoy y Cospedal fueron los “responsables políticos últimos” del operativo parapolicial. En el documento también se apunta a que, entre la información que la trama pretendía arrebatar, podía encontrarse datos sobre supuestas cuentas en Suiza del rey emérito, Juan Carlos I. El texto recalca que la Operación Kitchen no fue, de hecho, la única “sin orden judicial” y mediante “la fabricación de pruebas” que perpetró esta trama. Y recuerda que, en 2017, la comisión parlamentaria que investigó la existencia de la denominada policía patriótica, ya determinó que esta estructura “o similar” ejecutó la “Operación Cataluña, destinada a investigar y acusar a líderes del independentismo”.
El PNV se centra en los altos cargos de Interior “como conocedores, consentidores o como inductores” del operativo, pero insiste en atribuir a Rajoy parte de “la responsabilidad política” porque los hechos se produjeron con él al frente del ejecutivo, “máxime si se tiene en cuenta que era objetivamente uno de los máximos beneficiarios [...] del éxito del irregular operativo Kitchen”. Los nacionalistas vascos creen que los hechos conocidos suponen un “incumplimiento flagrante de la ley” que, además, ha provocado “daños de difícil o imposible reparación para el crédito y buen nombre” de la Policía Nacional como institución.
Ciudadanos concluye que es “inconcebible que tan altos cargos del partido y del Gobierno” desconocieran la Operación Kitchen. “E incluso, en el improbable caso de que las desconocieran, su responsabilidad política vendría de la mano de su evidente negligencia en elegir a personas con altas responsabilidades políticas y administrativas que pudieran desarrollar estas conductas o en vigilarlas para que no las realizaran”, añade a continuación. Ciudadanos destaca que los hechos conocidos son de “extrema gravedad” y habla de ”una corrupción elevada al cuadrado: es el uso de recursos de todos los españoles puesto al servicio de una operación para tapar otra trama de corrupción”, señala el partido de Inés Arrimadas.
Tras la comisión de investigación del Congreso, los grupos sostienen que bajo el Ministerio del Interior del Gobierno de Rajoy "se construyó una estructura parapolicial", dirigida por Eugenio Pino, "sostenida en el tiempo y que realizó diversas actuaciones con intereses partidistas para atacar a rivales políticos" utilizando fondos reservados
Las fuerzas del Gobierno –Unidas Podemos y PSOE– así como fuerzas independentistas como EH Bildu, Junts y la CUP han dado por probado que tanto el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy como la exsecretaria general del PP María Dolores de Cospedal conocieron y avalaron la existencia de la Operación Kitchen, una estructura creada desde el Ministerio del Interior de Jorge Fernández Díaz al margen de la ley para espiar al extesorero del PP Luis Bárcenas y sustraerle las pruebas que pudieran incriminar al partido en casos de corrupción.
Unidas Podemos, ERC, EH Bildu, Junts y la CUP han registrado este lunes un texto conjunto de conclusiones de la comisión de investigación sobre el espionaje a Luis Bárcenas –la conocida como Operación Kitchen– que se ha desarrollado en el Congreso durante el último año, dando por probada la existencia de una "estructura parapolicial" creada por el Ministerio del Interior durante el Gobierno de Mariano Rajoy, "operativa a lo largo del tiempo bajo las órdenes del DAO Eugenio Pino, con conocimiento del Director General de la Policía, Ignacio Cosidó, el Secretario de Estado Francisco Martínez Vázquez y el Ministro del Interior Jorge Fernández Díaz". El operativo contó, según los grupos citados con el "conocimiento" y la "aquiescencia" del entonces presidente, Mariano Rajoy, y el número dos del PP, María Dolores de Cospedal.
En el texto, al que ha tenido acceso elDiario.es, los grupos consideran que se trató, además, de "una estructura política cuyo objetivo era la sustracción en manos de Luis Bárcenas de las pruebas de la contabilidad B del Partido Popular, información sensible que pudiese perjudicar al Partido Popular, al Gobierno o a 'altas instituciones del estado'. "La motivación última de esta estructura política era la de la substracción de información en manos del ex tesorero del PP para apartar dicho material de cualquier proceso judicial que pudiese darse", concluyen.
A renglón seguido, apuntan: "Esta estructura política estaría liderada por aquellas personas que más se sentían perjudicadas por estas “informaciones sensibles”, a saber, María Dolores de Cospedal, Secretaria General del Partido Popular, Ignacio López de Hierro, empresario y marido de la Secretaria General del PP y cuanto menos el conocimiento y la aquiescencia del Sr. Mariano Rajoy Brey, Presidente del Gobierno".
El PSOE cree que la orden llegó de "la cúpula del PP"
"El desarrollo de la Comisión de Investigación nos permite concluir que la cúpula directiva del Partido Popular ordenó la utilización partidista, delictiva e ilegal de efectivos, medios y recursos del Ministerio del Interior, para hacer un seguimiento y encontrar las pruebas que obraran en el poder del extesorero Luis Bárcenas y que inculparan al Partido Popular sobre la 17 financiación irregular y los casos de corrupción durante los años en que gobernaban", apunta, por su parte, el PSOE, en su texto de conclusiones.
"La Operación se dirigía desde tres sedes, la sede del Partido Popular en la calle Génova, con el conocimiento de la Secretaria General del partido, María Dolores de Cospedal, que informaba al Presidente del Partido y del Gobierno, Mariano Rajoy; la sede del Ministerio del Interior, con el ministro Jorge Fernández Díaz que le encargó al Secretario de Estado de Seguridad, Fernando Martínez la puesta en marcha de todo el operativo delictivo y, su epicentro, en la Dirección Adjunta Operativa de la Policía Nacional que dirigía Eugenio Pino Sánchez", añaden los socialistas.
A su juicio, "la finalidad de la Operación Kitchen era la obstrucción de las investigaciones judiciales en marcha y que las pruebas que pudieran estar en posesión de Luis Bárcenas se destruyeran u ocultaran para que nunca fueran utilizadas por la administración de Justicia, e incluso de los propios miembros del Cuerpo que actuaban como policía judicial. Y para esta finalidad de interés particular exclusivo del Partido Popular se utilizaron ilegalmente fondos reservados y efectivos policiales".
Además, el portavoz del PSOE, Felipe Sicilia, ha sostenido en rueda de prensa que "ha quedado demostrado" a raíz de la comisión de investigación "que el Ministerio del Interior se usó para tapar la corrupción que el PP tenía en la calle Génova". "Se usó a la Policía, fondos reservados y el ministerio para espiar a Bárcenas", ha añadido, señalando que "los mayores beneficiarios y quienes más interés tenían eran sin duda los máximos responsables del PP, María Dolores de Cospedal y Mariano Rajoy", que "aparecen en los papeles de Bárcenas". "Conocían muy bien al señor Bárcenas y creo que es muy difícil hacerse el distraído cuando están remodelando tu sede por un millón de euros y que no se te ocurra preguntar al tesorero cómo se pagan esas obras. La realidad es tozuda", ha zanjado, informa Irene Castro.
El texto de Unidas Podemos
Unidas Podemos y las fuerzas independentistas añaden que bajo el mandato de Fernández Díaz "se construyó una denominada 'policía patriótica', dirigida operacionalmente por el Eugenio Pino, sostenida en el tiempo y que realizó diversas actuaciones con intereses partidistas (obstaculización de investigaciones, persecución de adversarios políticos, impulso de investigaciones prospectivas, creación de informes apócrifos) para atacar a rivales políticos, o como es en el caso de la 'Operación Kitchen', organizar un dispositivo de seguimiento y vigilancias del entorno de Luis Bárcenas con el propósito de arrebatarle información que tenía en sus manos y apartarla de los procesos judiciales".
La estrategia a seguir por parte de esta denominada 'policía patriótica', apuntan Unidas Podemos y las fuerzas independentistas, "fue el reclutamiento en julio de 2013 de Sergio Ríos Esgueva a la sazón chófer de la familia Bárcenas y persona de confianza de Rosalía Iglesias". "En un principio, el responsable de reclutar a Sergio Ríos fue el Comisario Principal y máximo responsable de la UCAO Enrique García Castaño, pero fallando en su propósito, fue el Comisario en excedencia Andrés Gómez Gordo, que ya conocía a Sergio Ríos por haber coincidió con él en Castilla la Mancha, el que le convence para que trabaje para la 'policía patriótica'", remarcan.
Para estos partidos, "es reseñable que en ese momento Andrés Gómez Gordo se encontraba en situación de servicios especiales ya que era Director de Documentación y Análisis del Gobierno de Castilla la Mancha a las órdenes de María Dolores de Cospedal, cargo que ejerció desde el año 2011 hasta el 2015". "Su doble labor como consejero de Cospedal y de la realización de tareas policiales reclutando confidentes y pagando con Fondos Reservados es una muestra clara de incompatibilidad y por lo tanto un delito", indican.
Los grupos parlamentarios ponen "en valor los testimonios aportados por D. Manuel Morocho Tapia y D. Enrique García Castaño, que han ayudado con los fines de esta Comisión". García Castaño confesó las actuaciones sin orden judicial que realizó -entrada en el estudio de Rosalía Iglesias y clonado de teléfonos de Bárcenas- y Morocho es el testigo principal porque él era quien investigaba de forma legal y a las órdenes del juez la caja B del PP y nunca fue informado del operativo parapolicial, lo que denota su ilegalidad.
El uso de fondos reservados
Además, los firmantes resaltan que "a cambio de la información facilitada por Sergio Ríos éste fue pagado a cargo de los Fondos Reservados de forma irregular a razón de 2000 euros mensuales". "Sergio Ríos trabajó como chófer de la familia Bárcenas de febrero de 2013 a agosto de 2014. Fue reclutado por la estructura 'parapolicial' como ya se ha dicho en julio de 2013 y estuvo siendo pagado con Fondos Reservados hasta septiembre de 2015. Otra de las prebendas que le ofrecieron a Sergio Ríos por su colaboración como confidente fue la del ingreso dentro del Cuerpo Nacional de Policía", sentencian.
Según anotaciones en las agendas del ex comisario Villarejo que citan estos partidos, "el nacimiento de la Operación Kitchen se daría el 11 de julio de 2013". "Del 25 de julio de 2013 a 12 de febrero de 2014 se realiza un dispositivo de vigilancia a Rosalía Iglesias a cargo de los recursos de la UCAO, bajo la responsabilidad operativa del comisario principal Enrique García Castaño, por órdenes del DAO Eugenio Pino y con conocimiento del Secretario de Estado Francisco Martínez Vázquez y el Ministro del Interior Jorge Fernández Díaz. A lo largo del mes de octubre de 2013 y, en base a las propias declaraciones de García Castaño en la Comisión, éste entra sin orden judicial en el estudio de Rosalía Iglesias en la calle Díaz Porlier y supuestamente consigue información relevante", apuntan.
Las conclusiones dan por probado, asimismo, que también en octubre de 2013 García Castaño presionó a Sergio Ríos "para que le proporcionase información de Bárcenas". "El 'cocinero' le proporciona dos iPhone sin sim ni batería. García Castaño hace una copia de la información en un pen drive y se la entrega a Francisco Martínez Vázquez. García castaño se queda con una copia de la información. Para el volcado de la información el comisario adquiere contra Fondos Reservados material informático por valor de 1905,82 euros", añaden.
Además, señalan que "el 23 de octubre de 2013 Enrique Olivares haciéndose pasar por cura irrumpe en la casa de Bárcenas y secuestra a Rosalía Iglesias, a su hijo y a una asistenta doméstica que se encontraba en esos momentos en la casa y exige que se le entregue todos los papeles de Bárcenas". "Tras mantenerlos cautivos durante unos minutos entre Guillermo Bárcenas, hijo de Rosalía y Sergio Ríos que 'casualmente' se encontraba por las inmediaciones del domicilio y acudió a los gritos de auxilio de Rosalía, consiguen reducir al falso cura. Según Rosalía Iglesias pocos minutos después un gran dispositivo policial se encuentra en el interior de su casa", zanjan.
Remitir las conclusiones a Anticorrupción
Con todo, Unidas Podemos y los grupos independentistas concluyen que "durante el periodo de Fernández Díaz como Ministro de Interior se utilizó de forma ilegal, ilegítima y partidista los efectivos, medios y recursos del departamento y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado con fines políticos".
Por ello, "más allá de las responsabilidades políticas que se estimen convenientes en el seno de las organizaciones pertinentes y en base a sus propias consideraciones, la Mesa de la Comisión y, en nombre del Congreso de los Diputados su presidenta, remitirá estas conclusiones a la Fiscalía Anticorrupción, a la Audiencia Nacional, al Tribunal Supremo, al Tribunal de Cuentas y a todos los estamentos judiciales que se determinen". "Asimismo, y para que se tomen en consideración las medidas orgánicas y disciplinarias que se estimen convenientes se trasladará el presente escrito de conclusiones al ministro del Interior, al Secretario de Seguridad y al Director General de la Policía", zanjan estos partidos en sus conclusiones.
El PNV apunta a una "responsabilidad política vicaria" del ex presidente del Gobierno y el PP Mariano Rajoy y de la que fuera su 'número dos' en el partido María Dolores de Cospedal al ser ambos los "máximos beneficiarios" de la operación 'Kitchen', la trama organizada con medios del Ministerio del Interior para espiar al ex tesorero del partido Luis Bárcenas en busca de pruebas que implicaran a dirigentes en casos de corrupción para evitar que cayeran en manos de la Justicia.
En su documento de conclusiones, al que ha tenido Europa Press, los nacionalistas vascos concluyen que la 'Kitchen' fue posible gracias a la estructura policial conocida como 'policía patriótica' que, también bajo mandato del ex ministro de Interior Jorge Fernández Díaz, se creó de manera "fraudulenta" como ya acreditó el Congreso tras otra investigación en 2017 destinada, entre otras cosas, a la "persecución de adversarios políticos".
El grupo parlamentario que dirige Aitor Esteban sostiene que los indicios señalan al ex ministro, al ex secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez y el ex director general de la Policía Ignacio Cosidó como "conocedores, consentidores o como inductores" del "dispositivo Kitchen".
"Tuvieron a su disposición motivos, medios y oportunidades para la perpetración directa o indirecta de los hechos relatados, no cabiendo duda a esta Comisión de Investigación de su responsabilidad política directa en los hechos", aduce el PNV.
Pero también extiende esa responsabilidad a Rajoy y Cospedal. Del expresidente apunta a una "responsabilidad política 'in vigilando' o vicaria por los graves hechos que se sucedían en el Ministerio del Interior de su Gobierno".
"Máxime", añade, siendo uno de los "máximos beneficiarios" del "éxito" de la 'Kitchen', "en su calidad de presidente del Gobierno y del PP como posible responsable de su financiación irregular y de la percepción de sobresueldos de procedencia irregular".
"Idéntica conclusión y por los mismos motivos de responsabilidad política vicaria, hemos de alcanzar respecto a Cospedal", explica el PNV.
Más de 50.000 euros en fondos reservados más de 50.000 euros en fondos reservados
El PNV calcula que los fondos reservados utilizados en la 'Kitchen' superaron los 50.000 euros, y llama la atención sobre el hecho de varios funcionarios policiales clave en el entramado creado para estas "actividades fraudulentas dentro de la Policía, fueran promocionados y/o premiados con medallas pensionadas".
Para los nacionalistas vascos, la comisión ha puesto de manifiesto que hubo un "incumplimiento flagrante de la ley; una acción para dificultar e impedir la recta administración de la justicia; y la producción de daños de difícil o imposible reparación para el crédito y buen nombre del Cuerpo Nacional de Policía, con afección grave a sus recursos, estructura y funcionamiento".
También Ciudadanos señala a Rajoy y Cospedal como responsables políticos de una trama en la que se usaron medios y fondos públicos.
"Políticamente, se trata de una corrupción sobre otra, de una corrupción elevada al cuadrado: es el uso de recursos de todos los españoles puesto al servicio de una operación para tapar otra trama de corrupción", resume en sus conclusiones.
Que donen los fondos que utilizaron
A su juicio, "la responsabilidad política de hechos tan graves" corresponde "al Partido Popular y al Gobierno de España". "No hay pruebas suficientes desde el punto de vista penal, pero resulta inconcebible que tan altos cargos del partido y del Gobierno desconocieran estas operaciones orquestadas por los entonces ministros del Interior y secretario de Estado de Seguridad", plantea la formación naranja.
Es más, añade que, "incluso en el improbable caso de que las desconocieran, su responsabilidad política vendría de la mano de su evidente negligencia en elegir a personas con altas responsabilidades políticas y administrativas que pudierandesarrollar estas conductas o en vigilarlas para que no las realizaran".
Además, Ciudadanos sugiere que se pida al PP que done para actividades de interés general las cantidades de dinero público que se utilizaron para sufragar la 'Kitchen' y que lo haga a modo de "indemnización" una vez que sean cuantificadas por la Justicia.
“EL PP USÓ A INTERIOR PARA TAPAR PRUEBAS Y LA LÓGICA APUNTA A RAJOY”
PSOE, Podemos, ERC, PNV, Bildu y Vox rechazan que el expresidente desconociera la trama
Los partidos tienen de margen hasta las 12.00 de este lunes para registrar sus conclusiones de la comisión de investigación de la Operación Kitchen en el Congreso sobre la utilización irregular de fondos y recursos del Ministerio del Interior durante los gobiernos de Mariano Rajoy para tapar escándalos del PP. Luego, y hasta el miércoles, apurarán las negociaciones ya en marcha, entre la coalición en el Gobierno y sus aliados, para encajar un dictamen común de esa comisión, del que por ahora solo se da por desmarcado el PP. Tras 23 sesiones y decenas de comparecientes, y después de examinar cientos de folios de documentación, la mayoría de los partidos concuerdan en que el PP usó de manera ilegal personal y fondos económicos reservados de ese ministerio sobre todo para ocultar la existencia de una caja b en ese partido, que manejó durante años su entonces tesorero, Luis Bárcenas. También consideran “lógico” que la organización de una trama parapolicial de esa naturaleza no se impulsara sola por mandos policiales y ni siquiera por órdenes expresas del entonces ministro, el ahora imputado Jorge Fernández Díaz, sin el conocimiento del presidente, Mariano Rajoy. Estas son las conclusiones más relevantes del PSOE, PP, Unidas Podemos, ERC, Vox, PNV y EH Bildu.
¿La comisión Kitchen ha servido para clarificar alguna responsabilidad política?
Felipe Sicilia, el portavoz del PSOE, responde: “Los testimonios y respuestas de los comparecientes han dejado muy claro y sin lugar a dudas que hubo una operación que llegó a utilizar un número de agentes y recursos que era imposible ocultar a los mandos policiales y por ende a los responsables políticos. El exsecretario de Estado de Interior ha apuntado al ministro y este al PP al advertir de que sería este partido quien tendría un verdadero interés en eliminar cualquier prueba en posesión de Barcenas que demostrara la caja b, es decir apunta de forma evidente a Dolores de Cospedal y a Mariano Rajoy”.
Ismael Cortés, de Podemos, remacha que los testimonios de los mandos policiales implicados, investigadores de la UDEF y el cajero pagador de los fondos reservados de la Policía han certificado irregularidades y mal uso. Y también que algunos comisarios, como el polémico José Manuel Villarejo y el responsable de la UCAO, Enrique García Castaño, han ratificado que la operación la conocían Rajoy, Fernández, Francisco Martínez y Cospedal.
Gabriel Rufián, de ERC, se declara firme defensor de estas comisiones, y resalta que en algunas comparecencias “importantísimos cargos policiales” reconocieron que desde Interior se les mandó “espiar y difamar para favorecer al PP, tapar la agresión de Villarejo a la doctora Elisa Pinto”, y a ese comisario admitir que “la Casa Real fue un dolor de cabeza para el Estado muchos años”.
Mikel Legarda, del PNV, argumenta que la comisión ha delimitado “el perímetro de unos hechos de gravedad política de los que se deriva una responsabilidad política directa en unos casos y en otros in vigilando”.
Jon Iñarritu, de EH Bildu, sí ha visto constatado que los mandos y agentes afectados “reportaban a responsables del ministerio, lo que evidencia que había un mandato político”. Macarena Olona, de Vox, ha mantenido desde el inicio que la comisión iba a ser “una estéril e inútil inversión de recursos públicos” por coincidir en el tiempo con la investigación judicial, que facilitó a “los comparecientes más relevantes” no declarar para no perjudicar su derecho constitucional de defensa.
Luis Santamaría, del PP, determina que tras las sesiones realizadas “no se pueden dar por probados hechos que están siendo investigados y sobre los que no se han pronunciado los tribunales” y, sobre todo, que no hay ni un solo dato o testimonio que relacione esa situación con el actual líder de su partido, Pablo Casado.
¿Ha quedado demostrado quién ordenó la organización de esa trama, quién es la X de Kitchen?
Sicilia tira de la “lógica” para razonar quién podía impulsar una operación irregular de ese calado: “El presidente del Gobierno, que sí tiene un verdadero interés, porque no solo aparece en los Papeles de Barcenas, y es que se sospecha que existe un vídeo que mostraría a Rajoy destruyendo documentos de la caja b del PP”.
Rufián amartilla: “A tenor de las grabaciones, mensajes y declaraciones es evidente que no se trataba de tiradores solitarios sino que había una jerarquía política conocedora de todo. Y con toda seguridad más allá del ministerio y por encima del ministro”. Iñarritu: “El operativo se realizó y fue supervisado por cargos políticos del ministerio y del Partido Popular. La X fue el PP”.
Los populares no entran en esas disquisiciones, porque sostienen que Kitchen como tal ni existió. Santamaría, en todo caso, acepta que lo que hubo fue “un despliegue policial puntual en dos momentos para recuperar el dinero de Bárcenas, al que los responsables del operativo dieron otro nombre”.
Olona, de Vox, sí apunta muy arriba: “El propio exministro imputado, en su recurso de apelación, ya dice claramente que no tiene la menor lógica que los máximos responsables políticos sean él y su exsecretario de Estado cuando el objeto era descubrir y sustraer documentación en poder de Bárcenas que podía perjudicar al PP y altos cargos de ese partido sobre su probada hasta en tres sentencias contabilidad paralela”.
¿Que el expresidente, el exministro y los cargos de Interior en aquella etapa digan que no sabían nada les exculpa?
Sicilia: “Lo grave no es decir que no se conoce un hecho, es mentir como hizo Rajoy ante la comisión, diciendo de manera reiterada que el PP no tenía una caja b y que no había ninguna sentencia que condenara al PP. Rajoy ya dijo que no sabía nada en el juicio Gürtel en la Audiencia y el tribunal en la sentencia calificó su testimonio de no suficiente creíble”. Rufián: “No es creíble que no supieran nada. O eran unos negligentes o bien estaban en el ajo. Ninguna de las dos posibilidades les deja en buen lugar”.
Olona: ”Sus alegatos de desconocimiento no tienen ninguna lógica y lo que desvela el expresidente si no es una culpa directa es una culpa máxima como máximo responsable de su partido in vigilando”. Legarda insiste: “A efectos políticos en ningún caso pude suponer una exculpación; la responsabilidad vicaria o la culpa in vigilando son ejes clave de la responsabilidad política”.
Cortés destaca la gravedad de que esos comparecientes hayan mentido ante la comisión o en su etapa en Interior incurrieran en “irresponsabilidad de funciones al no haber sido capaces de ser conocedores de una trama delictiva de muy alto alcance dentro de su propio Ministerio”.
Por su parte, Santamaría denuncia lo grave de que se vulnere “la presunción de inocencia” imputando hechos aún pendientes de sentencia.
LOS TESTIMONIOS QUE DESNUDAN LA TRAMA POLÍTICA DEL ESPIONAJE ILEGAL A BÁRCENAS
Los diputados ultiman las conclusiones de la comisión sobre el alcance real de la Operación Kitchen gracias a una decena de comparecencias
“¿Qué pinta un grupo parapolicial investigando algo que le corresponde a una unidad [la UDEF] de la Comisaría General de Policía Judicial?”. La pregunta retórica la lanzaba el 17 de noviembre el comisario de policía José García Losada durante su comparecencia ante la comisión parlamentaria que investiga la Operación Kitchen, el espionaje ilegal a Luis Bárcenas durante el gobierno de Mariano Rajoy. Este alto mando policial, ya jubilado, había ocupado entre junio de 2012 y octubre de 2013 —un periodo clave, ya que durante el mismo se iniciaron los seguimientos al extesorero del PP— la jefatura de esa comisaría general a la que se refería, de la que dependía la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) que investigaba ya entonces la trama de corrupción del PP destapada por el caso Gürtel. Por ello, sus palabras eran una confirmación de la ilegalidad de un operativo que este mismo policía había tildado unos instantes antes de “absolutamente anómalo”.
Su testimonio y el de las otras 36 personas que han comparecido en el Congreso en los últimos nueve meses son analizados ahora por los diputados de la comisión para extraer las conclusiones del dictamen que votará el pleno. Pese al silencio de muchos de los citados, la falta de credibilidad de otros y la negativa de la Audiencia Nacional a facilitar a los parlamentarios la documentación sumarial, la impresión generalizada de los diputados es que las sesiones han permitido ahondar en la trastienda política de la operación parapolicial para dar respuesta, al menos en parte, a cinco cuestiones clave.
Cuál era el objetivo. El exsecretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, defendió ante la comisión que él nunca tuvo conocimiento “de cualquier forma de utilización ilegal de efectivos, medios y recursos del Ministerio del Interior” para espiar a Bárcenas, aunque terminó admitiendo que existió el operativo. “No creo que hacer un seguimiento para obtener información de personas que estaban investigadas [en referencia a Bárcenas y su esposa, Rosalía Iglesias] sea delictivo”, lo justificó. El comisario Enrique García Castaño, conocido como El Gordo e imputado en la causa, aseguró que el comisario Eugenio Pino, entonces jefe de la Policía y considerado el muñidor de la operación, le ordenó intervenir en el espionaje al extesorero del PP para buscar a “los testaferros del señor Bárcenas y dónde tenía el dinero escondido”. Citado en dos ocasiones a comparecer ante la comisión, García Castaño, que colabora con la justicia, admitió también que la documentación que obtuvo no se la entregó ni a la UDEF ni a la justicia, sino al ex número dos de Interior, Francisco Martínez, en un pendrive.
En la misma línea apuntó el comisario José Luis Olivera, antiguo jefe de la UDEF y, por tanto, responsable del grupo que investigó el caso Gürtel. Olivera, que cuando compareció en el Congreso no estaba imputado, aseguró que el comisario José Manuel Villarejo le comentó en alguna ocasión que tenía el encargo del comisario Pino de “localizar bienes y testaferros del señor Bárcenas”. El también comisario Mariano Hervás, que cuando se espió a Bárcenas estaba destinado como segundo jefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO) que comandaba García Castaño y que hizo los seguimientos, afirmó que le dijeron que el objetivo era descubrir los supuestos testaferros de Bárcenas y el lugar en el que ocultaba el dinero. Uno de sus subordinados, el policía Enrique Luis Báez Tabasco, añadió que él tuvo que dejar de seguir a presuntos yihadistas para vigilar la casa del extesorero. Un cambio que, añadió, le justificaron porque Bárcenas “había robado mucho dinero y había que localizar un local”.
Quién dio la orden. Bárcenas aprovechó su comparecencia en el Congreso, el 17 de marzo, para acusar a Rajoy y otros miembros de la cúpula popular como instigadores de aquella trama. “Es una suposición, pero así lo creo”, recalcó. Así, señaló a la ex número dos del partido, María Dolores de Cospedal, y añadió a una tercera persona, cuya identidad declinó concretar. “Es evidente que eso [la orden del espionaje] tiene que ser de una persona del máximo nivel”, sostuvo. El comisario García-Castaño dibujó más nítidamente la jerarquía de mando de la trama. Aseguró que él informaba de sus avances tanto al comisario Pino como al entonces secretario de Estado de Seguridad, con el que se reunía de manera habitual y del que recibió instrucciones directas. El comisario dijo que, “por supuesto”, el exministro del Interior Jorge Fernández Díaz estaba al tanto. El agente también mostró su convencimiento de que tanto Rajoy como Cospedal estaban informados.
El comisario Villarejo, que hasta que acudió al Congreso nunca había señalado directamente al expresidente del Gobierno, lo hizo en su primera comparecencia en la comisión, el 27 de mayo. Ese día, aseguró que intercambió mensajes telefónicos o SMS con Rajoy sobre el avance del espionaje a Bárcenas. En su segunda comparecencia, en octubre, el comisario dio un paso más en sus acusaciones y afirmó que tuvo un breve encuentro, en marzo de 2014, con el entonces líder del PP en la sede de la calle Génova. En su comparecencia, Villarejo también detalló que durante su participación en el operativo “reportaba directamente” con el ex número dos de Interior y con Fernández Díaz, aunque a este “puntualmente”. Además, implicó en la trama al entonces director general de la Policía, Ignacio Cosidó, quien hasta ahora no ha sido imputado ni llamado a testificar en el sumario del caso Kitchen.
Cómo se financió. Uno de los primeros policías en comparecer fue el comisario Felipe Lacasa, quien, desde su puesto de secretario general de la Dirección Adjunta Operativa (DAO) de la Policía, distribuía parte del dinero que este cuerpo recibía de los fondos reservados. Su testimonio puso de manifiesto que los integrantes de la trama dispusieron sin ningún control de esta partida. El alto mando policial detalló que entregó fondos reservados a seis imputados y que lo hizo tras recibir “una orden verbal” del que entonces era su superior, el comisario Pino. La investigación judicial ha acreditado que se desviaron 53.266 euros de los fondos reservados para pagar a Sergio Ríos, chófer del extesorero que ejerció de confidente de la trama, además de otras cantidades para comprarle una pistola o adquirir el ordenador que el ex número dos de Interior supuestamente utilizó para consultar la documentación sustraída.
Uno de los que recibieron esos fondos, el comisario Andrés Gómez Gordo, imputado en la causa, admitió el uso de esta partida para financiar el operativo. Este alto mando policial ocupó puestos de confianza con diferentes administraciones gobernadas por el PP entre octubre de 2007 y marzo de 2015, incluido el de asesor de Cospedal cuando ella ocupó la presidencia de la Junta de Castilla-La Mancha. Gómez Gordo afirmó que la persona que dio la autorización para estos pagos fue el comisario Pino, aunque se mostró convencido de que su actuación en el espionaje al extesorero del PP se desarrolló dentro de la “absoluta legalidad”.
Qué documentación se robó. Bárcenas afirmó durante su comparecencia, como ya había hecho ante el instructor del caso Kitchen, el magistrado Manuel García-Castellón, y en el juicio por la caja b de su partido, que la trama le robó documentos. Uno de ellos era el audio que supuestamente había grabado del encuentro con Rajoy en el que entregó a este un sobre con dinero y copia de los apuntes que reflejaban la contabilidad opaca del partido. Por su parte, el comisario García Castaño confirmó que entró sin orden judicial en un local que la esposa de Bárcenas tenía cerca de su domicilio para buscar documentación del extesorero, pero dijo que no encontró “nada”. No obstante detalló que, más tarde, consiguió extraer la información contenida en varios teléfonos de Bárcenas y su esposa, entre la que se encontraban los mensajes que el primero había intercambiado con dirigentes de su formación.
Ante los diputados, García Castaño se mostró convencido de que, antes de la Operación Kitchen, Bárcenas ya había sido espiado. “¿Usted cree que el PP espió, a nivel particular, al señor Bárcenas?”, le preguntó un diputado. “Yo creo que sí”, fue la respuesta del comisario. El Gordo añadió que toda la documentación que obtuvo se la entregó en un pendrive al ex secretario de Estado. Parte de su testimonio se vio ratificado por el que entonces era su número dos en la UCAO, el comisario Hervás. Este mando policial confirmó que acompañó a García Castaño y a otros dos agentes de la unidad a la sede de Interior para entregar un equipo informático a Martínez con un programa que facilitaba la búsqueda de información en volúmenes elevados de documentación.
Cómo afectó al caso Gürtel. La documentación que la trama Kitchen presuntamente consiguió sustraer a Bárcenas nunca llegó ni a los agentes de la UDEF ni al entonces juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz, instructor del caso Gürtel. Sin embargo, esa no fue la única zancadilla que la cúpula policial en la etapa de Fernández Díaz puso a aquella investigación, según detalló el inspector jefe Manuel Morocho, responsable de aquellas pesquisas. El agente explicó que en enero de 2015, cuando eran más intensas las investigaciones sobre la caja b del PP, fue destinado a otras funciones para retrasar el avance de las mismas. Morocho señaló directamente al comisario Pino.
El inspector jefe explicó también que las presiones que recibía se iniciaron mucho antes, pero que se incrementaron en 2013, al salir a la luz los llamados papeles de Bárcenas y coincidiendo con el inicio del espionaje al extesorero. Entonces este policía sospechó que había una operación paralela, de cuyos averiguaciones nunca se informó al juez, y para la que sus superiores le iban pidiendo datos que, precisamente, “afectaban al núcleo de la investigación”. Morocho indicó que en aquel momento notó “desasosiego” en la cúpula policial por la documentación que Bárcenas pudiera tener.
LA INVESTIGACIÓN DEL CASO 'KITCHEN' ENFRENTA AL PSOE CON SUS ALIADOS EN PLENA RECTA FINAL
ERC y EH Bildu acusan al Ministerio de Interior de Grande-Marlaska de haber dado información incompleta
Faltan dos días para que la comisión de investigación de la llamada "operación Kitchen" presente sus conclusiones y los partidos que forman la mayoría parlamentaria no están de acuerdo. El cisma afecta al PSOE y al resto de sus aliados, empezando por Unidas Podemos. El grupo que dirige Pablo Echenique ha compartido con la firma de su portavoz el documento que suscriben, además, ERC, EH Bildu, el Grupo Plural (representado por JxCat) y el Mixto (representado por la CUP).
Fuentes parlamentarias partícipes del acuerdo entre estas formaciones han expresado a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA sus dudas por el papel que adopte el PSOE, que creen que buscará un marco de entendimiento con el PP y no aumentar el daño que le pueda infligir. Hace dos legislaturas, una comisión similar, aunque centrada genéricamente en la presunta corrupción que afectaba al Partido Popular, tuvo un cierre precipitado y algunos de los hoy aliados, sobre todo ERC, reprocharon a los socialistas cierta condescendencia con los populares. De hecho, no fue posible que aquella comisión, que presidió el diputado canario Pedro Quevedo, pactara un dictamen.
Temen las fuentes que ahora pase lo mismo, y usan como argumento la actitud del Ministerio de Interior que dirige Fernando Grande-Marlaska cuando se le ha requerido determinada documentación relacionada con lo que ha investigado la Comisión. "Puntual e incompleta", dicen los grupos firmantes que ha sido la entrega de dicha información.
Preguntado por las críticas de los actuales aliados, el portavoz de la Ejecutiva del PSOE, Felipe Sicilia, quien ha sido además el portavoz de su grupo en la Comisión 'Kitchen, ha confiado en que durante las próximas 48 horas sea posible el pacto sobre las conclusiones, ya que la coincidencia es evidente en dos aspectos: "Ha quedado demostrado que el Ministerio del Interior, durante el Gobierno del Partido Popular, se usó para tapar la corrupción de la sede de Génova", ha dicho en rueda de prensa en Ferraz. Ha añadido que el mayor interés en que se persiguiera al extesorero Luis Bárcenas lo tenían "los máximos dirigentes" en aquel entonces, tanto Mariano Rajoy como María Dolores de Cospedal.
Las conclusiones en las que no está el psoe
Además de las carencias en forma y fondo de la entrega de documentación por parte de la actual cúpula de Interior, los aliados de los socialistas que han consensuado ya sus conclusiones destacan que algunos de los comparecientes (por la comisión de investigación desfilaron Jorge Fernández, Díaz, María Dolores de Cospedal y Mariano Rajoy), durante sus intervenciones, "han faltado a la verdad", por lo que registrarán las consiguientes querellas por vulneración del Código Penal, en concreto del artículo 502.3, que es el siguiente: "El que convocado ante una comisión parlamentaria de investigación faltare a la verdad en su testimonio será castigado con la pena de prisión de seis meses a un año o multa de 12 a 24 meses".
Que hubo una estructura policial bajo el "mandato" de Jorge Fernández Díaz destinada a sustraer documentación de Bárcenas, de funcionamiento similar a la que desarrolló la "Operación Catalunya", es otra conclusión, al igual que para ello se usaron los fondos reservados. De todo ello, así como de las presiones a la investigación del entonces inspector Manuel Morocho, fueron responsables políticos Rajoy, Cospedal y su marido, el empresario Ignacio López del Hierro.
La sensación de "impunidad" heredada de "regímenes anteriores" y la "deficiente" legislación sobre los gastos reservados serían argumentos que llevaron al desarrollo de las prácticas descritas, aunque también de otras como "la fabricación de pruebas" y la "discrecionalidad" de nombramientos concretos en la cúpula policial.
Los firmantes abogan por la implantación de un modelo de absoluta transparencia de las actuaciones de las fuerzas de seguridad del Estado, de manera que sea un avance para su, dicen, "democratización". Además de una investigación profunda, reclaman la revocación de emolumentos y condecoraciones dados a mandos policiales afectados, y además, la remisión al Tribunal de Cuentas de los movimientos financieros descritos cara a la fijación de eventuales responsabilidades patrimoniales, incluidos los embargos.
https://www.epe.es/es/politica/20211220/investigacion-caso-kitchen-enfrenta-psoe-13007765
Los populares creen que los grupos solo buscaron «perseguir» y «deslegitimar» su labor política, sin trabajar en cómo evitar nuevas tramas
La Comisión Kitchen llega a su fin en el Congreso con la presentación, hoy, de las conclusiones de los grupos parlamentarios y la aprobación del dictamen el próximo miércoles.
ABC ha tenido acceso al borrador del documento que registrará hoy el PP y en el que denuncia un cierre en falso de la investigación por el veto del resto de los grupos parlamentarios a analizar la actual normativa de los fondos reservados, con vistas a incluir propuestas de reforma que impidan que en el futuro se puedan orquestar tramas con estas partidas.
«No ha servido por ejemplo para reflexionar sobre si la norma reguladora de los fondos reservados precisa de una nueva y mejor redacción que pudiera hacer más compatible el fin que se persigue con estos fondos, con la necesaria mejora en los mecanismos de transparencia y de control que deben aplicarse a los mismo para evitar un posible uso arbitrario o fraudulento.
De esto nada se ha dicho», carga su borrador de conclusiones.
En este sentido, el portavoz popular en la comisión, Luis Santamaría, recuerda que pidió dos veces las comparecencias de la actual ministra de Defensa, Margarita Robles, y del exministro Juan Alberto Belloch, porque fueron los responsables de la actual normativa que regula los fondos reservados y que ambas peticiones fueron vetadas por el resto de los grupos.
Santamaría también defendió desde el principio que, además, de investigar la trama 'Kitchen, la comisión debía analizar la normativa de fondos reservados con el objetivo de mejorarla. «Creemos que había estudiar desde tres ángulos diferentes: la visión de quienes la impulsaron y redactaron, el análisis de cómo está regulada en los países de nuestro entorno, y la escucha a quienes trabajan con ella para conocer qué propuestas de mejora creen necesarias. Pero esta pata no fue aceptada nunca», lamenta Santamaría.
Esta reticencia de los demás grupos a que las labores de la comisión tuvieran un recorrido «positivo» y sirvieran para mejorar la actual regulación, se debe, a juicio de los populares, a que el único fin fue batirles políticamente. « La comisión no ha tenido otro objetivo que el de perseguir al Partido Popular con el objeto de deslegitimar su labor política», subraya su borrador de conclusiones. Y ha sido esa circunstancia la que ha impedido que se «pudiera haber reflexionado, además de sobre el objeto, sobre otras cuestiones que afectan directamente al interés general».
Los diputados preparan las conclusiones con una declaración clave: Morocho detalló cómo la brigada política intentó sabotear su investigación de la financiación irregular del PP
La comisión del Congreso que investiga el caso Kitchen llega a su encrucijada. Los diputados deberán extraer conclusiones de 37 comparecencias en las que predominaron las excusas para no responder sobre el espionaje al extesorero del PP. Dejando a un lado la desgastada credibilidad del comisario Villarejo, los pocos que han hablado y reconocido la operación defienden que se produjo dentro de la legalidad. Es por eso que, al igual que en la causa judicial, emerge como clave el testimonio del policía encargado de investigar a las órdenes del juez la caja B: Manuel Morocho nunca fue informado de aquel operativo, lo que hace añicos la tesis de que su finalidad era descubrir el dinero escondido por Luis Bárcenas y localizar a sus testaferros.
1. Kitchen, una operación cierta
Morocho ha sido el investigador principal de los dos casos que han acabado en condena para el Partido Popular como persona jurídica, Gürtel y caja B. Casi todos los informes policiales relevantes en esa causa llevan su firma y número de identificación, 81.067. Nunca fue informado por sus compañeros del operativo de vigilancia a la familia Bárcenas, ni del topo infiltrado. El juez Pablo Ruz, tampoco.
El día de su comparecencia ante la comisión Kitchen, el pasado 25 de marzo, el PP cambió de portavoz y presentó a Eloy Suárez, que ya había interrogado al policía cuatro años antes, en la comisión sobre la financiación irregular del PP. Suárez dijo que Morocho investiga al PP desde 2007 —en realidad el caso Gürtel comenzó en 2008— y a continuación preguntó al policía “cuántos años más necesita” para seguir abriendo causas a su partido. El policía respondió que él “ni abre, ni cierra causas”, que eso lo hacen los jueces y los fiscales a cuyas órdenes trabaja.
El portavoz del PP se sumó a la tesis de los investigados, según la cual intentaron ayudar al caso de la caja B y que no lo hicieron de espaldas a su compañero ni al juez porque más de dos años después introdujeron en una base policial sus supuestos descubrimientos con el espionaje a Bárcenas. Con esa pregunta, Suárez dio pie a uno de los puntos más relevantes del espionaje ilegal, su intento de blanqueo, según creen Anticorrupción y el juez. Morocho, ante los diputados, explicó que aquellos datos introducidos, o eran de sobra conocidos por los investigadores ‘auténticos’ del caso, o estaban “sesgados” e intentaban “confundir” sobre el hecho investigado, la financiación irregular del PP.
Morocho también explicó con detalle cómo el comisario Eugenio Pino, director adjunto operativo, le adjudicó con un segundo destino simultáneo en el corazón de la brigada política, una “sobrecarga” de trabajo para poner de “barrera” en sus avances sobre la corrupción del PP y además poder vender a sus superiores en el Ministerio que ya no estaba en la UDEF.
Casi un mes después de Morocho llegó la declaración que más impacto causó entre los diputados. El comisario jubilado Enrique García Castaño, durante 22 años jefe de la unidad de élite encargada de la captación de fuentes, vigilancias, grabaciones y seguimientos, repitió ante ellos lo que ya le había reconocido ante el juez, que volcó la información de varios móviles de Bárcenas y que entró en el estudio de Rosalía Iglesias, la mujer del tesorero. Para ambas actuaciones no contó con autorización judicial. García Castaño asegura que en el pequeño estudio de Rosalía Iglesias no había nada. Bárcenas y otros policías implicados creen que allí se hurtaron las grabaciones que implicaban en la caja B, entre otros, a Mariano Rajoy.
Las tres horas de declaración de García Castaño fueron un repaso por cuatro décadas de impactantes actuaciones policiales al borde de la ley, cuando no en el lado contrario de la misma. Los diputados asistían atónitos a tamaña confesión. Siempre se trataba de salvar vidas, defendía García Castaño, una afirmación difícil de aplicar a la operación Kitchen. En este caso, asegura el comisario, el objetivo era desbloquear una investigación sin pulso: había que encontrar el dinero que escondía Bárcenas e identificar a sus testaferros. Nada de sabotear la causa de la caja B del PP, según él. La Unidad Central de Apoyo Operativo, la UCAO de García Castaño, participó en los seguimientos a la familia Bárcenas. Él mismo manipuló al confidente, el chófer, durante un tiempo, según relató en el Congreso.
2. “Rajoy, Cospedal y Fernández Díaz lo sabían”
“Por supuesto que el ministro y el secretario de Estado conocían la operación”, confesó García Castaño ante los diputados. Y no se quedó ahí. Según dijo, María Dolores de Cospedal era informada por el hoy comisario Andrés Gómez Gordo, en excedencia cuando arrancó la operación Kitchen y al servicio directo de la ex secretaria general del PP en la Presidencia de Castilla-La Mancha.
Gómez Gordo regresó al servicio activo en la Policía para controlar al chófer, al cual conocía de su época trabajando ambos para Francisco Granados en la Comunidad de Madrid. Gómez Gordo protagonizó una de las comparecencias más tensas de la comisión al negarse a contestar a ninguna pregunta. Él fue quien introdujo información en una base de datos para blanquear la Kitchen tres años después. Está procesado por ello y se sentará en el banquillo por otro caso de corrupción, el de la Ciudad de la Justicia de la Comunidad de Madrid.
Enrique García Castaño también aseguró que “por disciplina”, el director adjunto operativo, Eugenio Pino, debía haber informado a Ignacio Cosidó de la operación y que Villarejo le contó que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, era puesto al corriente de los avances por el presidente de La Razón y consejero de Atresmedia, Mauricio Casals.
Cuando llegó el turno de Villarejo, el 27 de mayo, el comisario confirmó todos esos extremos y fue más allá: según él, había intercambiado mensajes de texto con Rajoy además de informarle por terceros, a saber: Cospedal, Francisco Martínez (secretario de Estado de Seguridad) y el mencionado Casals. Al día siguiente, el juez citó a Villarejo para que se extendiera sobre los mensajes con Rajoy, pero una vez facilitó el número con el que se comunicaba, sin aportar dichos mensajes, el magistrado comprobó que era un número del PP pero no quiso seguir adelante con esa línea de investigación, tal y como reclama Anticorrupción.
3. El descontrol de los fondos reservados
La excusa recurrente de los mandos policiales para no declarar en el Congreso era el carácter secreto de la materia por la que se les preguntaba. Se produjeron situaciones chocantes, como que el actual jefe del Gabinete de Coordinación de la Secretaría de Estado de Seguridad, José Antonio Rodríguez, comisario vinculado históricamente al PSOE, compareciera a petición de este partido y repitiera una y otra vez a su portavoz que no estaba autorizado a contestarle sobre el manejo de los fondos reservados, dinero con el que se pagó el espionaje a Bárcenas.
Sin embargo, otros funcionarios jubilados sí lo hicieron. Hubo dos testimonios significativos que, si bien no aportaron información directa sobre la operación Kitchen, ayudaron a entender cómo es el sistema que permitió albergar la operación ilegal, pese a la reforma de 1995 con la que se intentó poner fin a las prácticas que auspiciaron los GAL. Uno de esos funcionarios jubilados fue el “cajero pagador” de esos fondos en la Policía entre 2013 y 2015, según se describió él mismo, Felipe Lacasa. “Dale lo que pida”, aseguró que le decía el DAO Pino cuando se dirigían a él los implicados en la Kitchen Enrique García Castaño, José Manuel Villarejo, José Ángel Fuentes Gago, Marcelino Martín-Blas, Bonifacio Díaz Sevillano y Andrés Gómez Gordo.
El facultativo Miguel Ángel Bayo, uno de los máximos colaboradores del jefe Pino durante la actuación de la brigada política y nunca imputado, reconoció ser el “transportista” del dinero de los fondos en maletines, aunque se definió como un “cajero de cuarta”. A preguntas de Jon Iñarritu, de EH Bildu, Bayo cometió un error: reconocer que accedía a información reservada sin la habilitación especial que debe expedir el CNI.
4. Los enredos de los políticos
La excusa de la materia reservada no servía para los responsables políticos del Ministerio del Interior. En la primera fase de la comisión declaró el presunto “coordinador” de la operación Kitchen, Francisco Martínez. Los indicios encontrados en su teléfono apuntaban a que su jefe directo, Jorge Fernández Díaz, Mariano Rajoy, María Dolores de Cospedal y Soraya Sáenz de Santamaría conocían, cuando menos, la operación, pese a que él ya se había echado atrás ante el juez.
Ante la comisión ofreció una explicación de tintes melodramáticos: “En un momento en el que yo estaba roto se dicen cosas así de un amigo, de un familiar…”. Se refería a cuando escribió un mensaje al presidente de la Audiencia Nacional asegurando que su situación se debía a haber sido leal a los “miserables” de Rajoy, Fernández Díaz y Cospedal.
Fernández Díaz declaró en el Congreso que estaba ejerciendo su derecho de defensa cuando, una vez más, como había hecho en su recurso contra el auto de fin de la instrucción, señaló al PP. “En la historia han habido casos, sabe Dios que no acuso a nadie, en absoluto, pero en otras épocas hubo el caso GAL o el caso Faisán, que eran asuntos del Ministerio del Interor, pero este no era un caso que pudiera decirse que había nacido en el Ministerio del Interior, porque el señor Bárcenas no es el tesorero del Ministerio del Interior”, dejó caer Fernández Díaz.
La comisión ha logrado sepultar una porción del capital político que había dejado en herencia a su partido Mariano Rajoy. Si bien no fue el único antiguo dirigente del PP que hizo gala de negacionismo durante el juicio de la caja B que funcionó en su partido al menos dos décadas, el hecho de que lo hiciera de forma tan rotunda, durante casi dos horas, y sin teloneros, ante la comisión de investigación, dejó expuesta la mentira de forma más nítida. Rajoy, por supuesto, dijo no saber nada de la Kitchen, pero además negó la evidencia de tres sentencias judiciales que constatan la existencia de la contabilidad paralela en el PP, también durante su presidencia.
Fue la causa de la caja la que intentó sabotear la operación Kitchen. Finalmente hubo juicio y condena sobre el pago de la sede de Génova con dinero negro, y aún una pieza derivada se está investigando, pero no está claro si los policías lograron hacerse con material que hubiera implicado directamente a dirigentes del PP, entre ellos Mariano Rajoy.
Los grupos parlamentarios tienen que tener listas sus conclusiones este lunes para que el miércoles se reúna la comisión a puerta cerrada. Fuentes de la misma consideran poco probable que dichas conclusiones sean votadas en pleno del Congreso de los Diputados antes del mes de febrero del próximo año.
LA COMISIÓN KITCHEN FRACASA AL INTENTAR RECABAR INFORMACIÓN SUSTANCIAL DEL CASO
Interior ignora las peticiones sobre expedientes disciplinarios y destinos privilegiados mientras el juez se niega a facilitar cualquier documento
La comisión del Congreso que investiga el espionaje a Luis Bárcenas con fondos reservados prepara sus conclusiones sin la mayor parte de la documentación que había solicitado al Ministerio del Interior, al juez del caso Kitchen y a la Fiscalía. Solo el departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska ha remitido algunos documentos a los diputados, entre los que no se encuentran los expedientes disciplinarios a los investigados o los procedimientos para adjudicarles destinos privilegiados, a modo de recompensa, durante la primera legislatura de Mariano Rajoy.
Con la última solicitud de información a Interior se ha producido una respuesta que ha molestado especialmente a algunos miembros de la Comisión. Estos habían solicitado diversa información acerca del confidente sobre el que se montó la operación de espionaje a la familia Bárcenas, el chófer Sergio Ríos, hoy miembro del Cuerpo Nacional de Policía, retirado temporalmente de sus funciones desde hace unos meses. Ríos recibió una pistola, con cargo a los fondos reservados, durante el espionaje a la familia Bárcenas. La comisión de Interior solicitó formalmente al Ministerio el expediente sobre la concesión de la licencia de armas. Recibió como respuesta un párrafo del número dos de la División de Personal de la Policía certificando que Ríos ya ha devuelto las dos armas que tenía, que se corresponden con la entregada por la brigada política y la reglamentaria.
La solicitud de ese expediente consta en el documento firmado por la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, el pasado 6 de octubre y dirigido al Ministerio del Interior. En él también, el Congreso pide los expedientes de los traslados de los inspectores jefe José Ángel Fuentes Gago y Bonifacio Díaz Sevillano a las embajadas de Países Bajos y México, respectivamente. En la documentación remitida por Interior al Congreso no consta ninguna información al respecto.
Ocurre lo mismo con la información reservada que se abrió a Fuentes Gago con motivo de su imputación en el caso Kitchen: Interior no la ha facilitado y tampoco ha explicado el motivo. Del chófer, los diputados reclamaban el expediente de acceso a la Policía, uno de los pagos que recibió presuntamente por actuar como topo infiltrado en la familia Bárcenas. El silencio ha sido la respuesta de la Dirección General de la Policía y del Ministerio del Interior.
Los diputados del Grupo Socialista y de Unidas Podemos han escuchado del portavoz del PP, Luis Santamaría, y también de algunos comparecientes, el reproche de que ellos jugaban con ventaja al tener acceso a la causa porque sus partidos estaban personados como acusación popular. Los portavoces de los grupos aludidos alegaban que los documentos a los que hacían referencia en sus intervenciones, tales como informes de Asuntos Internos, autos judiciales o escritos de Anticorrupción, habían sido publicados por los medios de comunicación, procedentes de un sumario sobre el que no pesa el secreto reforzado desde hace meses. Y era entonces cuando algunos comparecientes se defendían rechazando comentar informaciones por el mero hecho de que hubieran sido publicadas en la prensa. Los diputados, por ejemplo, no han obtenido grabación alguna del comisario Villarejo de las que están incorporadas a la causa y cualquier mención en sus conclusiones finales deberá remitirse a las publicaciones al respecto de los medios de comunicación.
La remisión de determinada documentación por parte de Interior ha servido, al menos, para conocer la arbitrariedad de algunos procesos administrativos en el Ministerio. Los diputados han recibido los expedientes de las medallas rojas al Mérito Policial con las que fueron condecorados todos los miembros de la primera línea de la brigada política, con una asignación vitalicia del 10% de su salario. Y así han podido comprobar cómo todo se reduce a un formalismo que incluye una frase con la que se justifica la concesión de un premio que, por ley, requiere haber puesto en riesgo la vida: "Meritoria trayectoria profesional".
Solo las medallas de Oro y Plata requieren de una argumentación mayor. Se da la circunstancia de que, de todos los investigados, el único que recibió la Medalla de Plata, con un 15% de paga vitalicia, fue el artífice de la brigada política, Eugenio Pino. Sin embargo, todos los trámites, incluido el informe preceptivo de un "juez instructor especial" y secretario, para concederle el citado reconocimiento, se solventaron en una sola jornada, tal y como publicó elDiario.es.
García Castellón alega su "independencia judicial"
Si los diputados no tuvieron excesiva fortuna con el Ministerio del Interior, del juez del caso, Manuel García Castellón, obtuvieron únicamente unas nociones de derecho penal comprimidas por el instructor en dos párrafos, que incluían una advertencia sobre una supuestamente amenazada "independencia judicial". El 22 de febrero, García Castellón dedicó unos minutos a recordar en un escrito que las causas judiciales permanecen secretas hasta la fase de instrucción, hasta el juicio oral. "Tal y como es público y notorio, el procedimiento, en el marco del cual se interesa la referida documentación, se encuentra en fase de instrucción y por tanto con carácter reservado", aseguraba el magistrado sobre el sumario de Kitchen, publicado por los medios de comunicación en todos sus extremos de interés.
En el segundo párrafo, el juez apelaba a la "garantía de la independencia judicial" para no satisfacer la solicitud de documentación, así como a los derechos de las partes implicadas. García Castellón decidió firmar el auto de imputación de María Dolores de Cospedal y su marido, Ignacio López del Hierro, coincidiendo con el momento en el que este declaraba ante la comisión y a pocas horas de que lo hiciera ella. La ex número dos del PP ha dicho después que antes de su imputación hubiera contestado a las preguntas de la comisión, pero que su situación procesal posterior se lo impide.
La utilización como argumento de defensa de la personación de PSOE y Unidas Podemos en la causa durante las comparecencias de la comisión alcanzó su punto álgido cuando Cospedal les responsabilizó de que no contestara a pregunta alguna por su situación procesal, en relación a que su imputación fue archivada por el juez tiempo después, pero que todavía no es firme porque han recurrido las acusaciones populares, entre otros, así como Anticorrupción. Evitó la ex número dos del PP que el auto que pone fin a la instrucción y en el que el juez Manuel García Castellón la exculpa también ha sido recurrido, entre otros, por el que fuera ministro del Interior Jorge Fernández Díaz y su secretario de Estado, Francisco Martínez.
Los diputados, y especialmente los socialistas, tampoco encontraron lo que buscaban en la Fiscalía. El Grupo Socialista impulsó que se solicitaran los informes de la UDEF en varios casos de corrupción del PSOE: Gürtel, caja B, Lezo, Púnica (estos dos últimos sería la UCO). En su respuesta, la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, trasladaba a Batet que la documentación requerida está "sometida a un tratamiento procesal específico y que solo puede disponer de ella el propio órgano encargado de las correspondientes investigaciones". "A ello hay que añadir que el Fiscal solo dispone de copias de dicha documentación para su propio uso", añadía.
El escrito de Delgado se acompañaba de otro del fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, informando de que tres de las causas de corrupción del PP señaladas están en el juzgado de García Castellón y una cuarta, en el 5. Luzón cometía un error y aseguraba que Lezo es competencia del Juzgado Central de Instrucción número 5 y Gürtel del número 6, cuando es al revés.
RAJOY SE ATRINCHERA ANTE LA COMISIÓN KITCHEN Y NIEGA INCLUSO LA CAJA B DEL PP
El expresidente exaspera a los diputados en el Congreso al negar las tres sentencias judiciales sobre la contabilidad paralela de su partido
“No sabía absolutamente nada”, “no soy consciente”, “no me consta”, “eso se lo tendrá que preguntar usted a quien lo ha dicho”, “¿qué quiere que le diga?”… Y así durante dos horas y media. Un Mariano Rajoy en estado puro se atrincheró este lunes en el Congreso sin ceder ni un centímetro ante la comisión Kitchen, que investiga la trama urdida bajo su Gobierno en el Ministerio del Interior para destruir las pruebas que el extesorero del PP Luis Bárcenas tenía contra este partido. Las reiteradas negativas del expresidente ante el interrogatorio de los diputados iban acompañadas de gestos de perplejidad: extendía los brazos, arqueaba las cejas, se encogía de hombros, se quedaba boquiabierto… Tan lejos llevó su negativa que hasta rehusó reconocer la existencia de una caja b en el PP, acreditada ya por tres sentencias judiciales.
La comparecencia de Rajoy, la última de las previstas por la comisión Kitchen, se había abierto con una fotografía exhibida por el diputado socialista Felipe Sicilia. Era una imagen de febrero de 2009, cuando acababa de estallar el caso Gürtel y mostraba al entonces presidente del PP, rodeado de toda la dirección de su partido. Ese día, Rajoy había denunciado que “esto no es una trama del PP, es una trama contra el PP”, le recordó Sicilia, para preguntarle si mantenía hoy esa afirmación. El expresidente evitó repetir aquellas palabras, pero el fondo de sus afirmaciones no varió en lo sustancial.
Tres sentencias y miles de páginas de sumarios judiciales después, Rajoy sigue sin reconocer absolutamente nada y todavía presenta a su partido como víctima de acusaciones sin fundamento. Llegó a decir que le “pone los pelos de punta” que se esté vulnerando el “derecho a la presunción de inocencia”, “uno de los principios democráticos fundamentales”. En ese empeño contó con el concurso entusiasta de la portavoz del Grupo Popular, Cuca Gamarra, que, junto a varios diputados, había arropado a Rajoy a su llegada a la sala del Congreso donde se celebró la comparecencia. Cuando le tocó hablar, en lugar de las preguntas formuladas por el resto de los grupos, Gamarra tiró de folios y leyó un discurso en el que, durante 15 minutos, desplegó un variada gama de adjetivos para descalificar las investigaciones del Congreso sobre el acoso del Ministerio del Interior a Bárcenas: “inquisitoriales”, “totalitarias”, “escarnio”, “linchamiento”, “insidias justicieras”…
Lo que más exasperó a la mayoría de los diputados fue que el expresidente negase la existencia de una caja b en su partido. Rajoy se acogió a un ardid dialéctico: que el PP no ha sido condenado por ello —no fue posible porque en el anterior Código Penal no existía el delito de financiación ilegal—, pero hay tres fallos judiciales, uno del Tribunal Supremo y dos de la Audiencia Nacional, que dan por acreditada su existencia. El expresidente ni se inmutó cuando el portavoz de Ciudadanos, Edmundo Bal, abrió su ordenador y leyó en voz alta la sentencia del Supremo que en su día corroboró la condena anterior emitida por la Audiencia Nacional sobre el ‘caso Gürtel’: “En la página 1077 se dice: ‘El tribunal contó con pruebas de cargo suficientes para concluir la existencia de una caja b…”.
Rajoy seguía encogiéndose de hombros y negando: “No hay ninguna condena por la caja b…” La otra de las sentencias que la considera probada, la de la Audiencia Nacional por las obras en la sede del PP pagadas con dinero negro, la exhibió el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, quien se levantó de su asiento y se acercó al expresidente para entregársela en mano. Rajoy le replicó mostrando la portada de su último libro.
Las negativas del expresidente lo abarcaron casi todo. También a preguntas de Rufián, el más tenso de los cruces dialécticos, aseguró que no despachaba a menudo con su ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, el principal imputado por el caso Kitchen. “Sobre todo hablaba con los económicos y con el de Exteriores”, sostuvo. Y ante Sofía Castañón, de Unidas Podemos, llegó a decir que ni siquiera se preocupó cuando empezaron a salir a la luz los papeles de Bárcenas.
—¿No le molestaba que se estuviesen lanzando esas acusaciones?, le preguntó la diputada.
—En absoluto me molestaba.
—¿Y no había preocupación en el PP por las pruebas que se estaban publicando?
—No, no había preocupación en el PP como tal.
Sobre el comisario José Manuel Villarejo, ni habló nunca con él, ni se intercambió un mensaje, ni lo vio “nunca en sitio alguno”. Es más, dijo que ni siquiera recuerda cuándo supo de su existencia. Rufián le leyó entonces la larga lista de cargos que ocupó en los Gobiernos de Aznar, entre ellos el de ministro del Interior, para poner en duda que no supiese quién era Villarejo. Rajoy empezó a quejarse de que “aquí no se pregunta, se acusa”, el interrogatorio del portavoz de ERC subió de tono y acabó entre diálogos surrealistas:
—¿Ha sido usted presidente, señor Rajoy?
—Pues no lo sé, ¿usted qué diría, señor Rufián?
Una de las líneas de defensa del expresidente fue restar cualquier credibilidad a Villarejo y a Bárcenas. “Una estrategia inteligente, si no fuera porque hay más testimonios”, le dijo Jon Iñarritu, de EH Bildu. Y los citó: no solo varios cargos policiales, sino colaboradores del propio Rajoy, como el exministro Fernández Díaz y el que fue número dos de este, Francisco Martínez. El muro del expresidente, entre protestas, sarcasmos y frases vaporosas, permaneció inalterable. De Fernández Díaz y Martínez se limitó a decir que son personas “magníficas” de las que tiene “la más alta consideración”.
Llegados a ese punto, ya casi todo estaba preguntado, y Josune Gorospe, del PNV, solo le comentó si cree que la opinión pública va a entender que el presidente del Gobierno y líder del PP desconociese todo lo que asegura desconocer. Rajoy se encogió de hombros por penúltima vez:
—Pues algunos lo creerán y otros no.
El expresidente del Gobierno comparece ante la comisión Kitchen del Congreso y afirma que nunca conoció ese operativo parapolicial, de cuya existencia duda y por el que está procesado su ministro del Interior. Rajoy proclama que "no hay ningún tribunal que haya afirmado la existencia de una caja B en el Partido Popular"
El ex presidente del Partido Popular Mariano Rajoy ha asegurado que no conoce al comisario Villarejo y que no tiene constancia de haber estado en presencia del policía. Durante su comparecencia ante la comisión de investigación del Congreso sobre el espionaje a Luis Bárcenas, Rajoy ha negado conocer el operativo parapolicial, de cuya existencia ha dudado, y ha añadido: "No conozco al señor Villarejo, no he hablado con él en mi vida, ni directa ni indirectamente. Jamás le he mandado un mensaje al señor Villarejo y jamás me ha mandado un mensaje el señor Villarejo".
Rajoy ha negado también que María Dolores de Cospedal, entonces secretaria general del partido, le informara de las reuniones con Villarejo en el despacho de la número dos del PP, en pleno estallido del caso Gürtel y durante las que ella y su marido, el empresario Ignacio López del Hierro, le encargaron "trabajos puntuales". Ambos, Rajoy y Cospedal, trabajaban en la misma planta de la calle Génova. Anticorrupción sospecha que Cospedal buscaba sabotear el caso Gürtel a través de un comisario en activo destinado en la cúpula policial.
Como preveían varios portavoces, Mariano Rajoy ha utilizado su experiencia parlamentaria y particular retórica para escapar de las cuestiones más complicadas durante su comparecencia. Una de ellas es la existencia de una caja B en su partido, también mientras él lo presidió. Ha sido en esta cuestión en la que Rajoy más ha arriesgado. Según el expresidente del Gobierno y del PP, "no hay ningún tribunal que haya afirmado la existencia de una caja B en el Partido Popular".
Tal afirmación, durante las respuestas a varios comparecientes, ha provocado que al llegar el turno del portavoz de ERC, Gabriel Rufián, éste le lea un extracto del fallo de la Audiencia Nacional sobre la contabilidad paralela del PP desde al menos el año 1989. A continuación, se ha levantado y ha entregado a Rajoy los papeles del fallo judicial. Rajoy ha intentado regalarle, sin éxito, un ejemplar de su libro.
El portavoz de Ciudadanos, Edmundo Bal, actuó como abogado del Estado en aquella instrucción judicial de Gürtel. Bal estaba esperando que Rajoy repitiera esa afirmación para leerle unas líneas de la página 1077 del fallo en el que el Tribunal Supremo resuelve los recursos sobre la sentencia de la Audiencia Nacional: "El Tribunal [Audiencia Nacional] contó con prueba de cargo válida y suficiente para concluir la existencia de una caja B del Partido Popular". Rajoy ha dicho entonces que el PP no fue condenado por la caja B.
Una vez negada la financiación irregular del PP acreditada por la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo, Rajoy ha negado haber hablado del caso Kitchen con Cospedal, pese a que ella tuvo que abandonar la política cuando se publicaron las grabaciones con sus contactos secretos con el comisario Villarejo. Ya en sus respuestas al primer portavoz, el socialista Felipe Sicilia, el expresidente Rajoy ha apelado a la obviedad como recurrente técnica de su discurso. "He hablado con la señora Cospedal cuando los dos hemos querido hablar", ha dicho.
La intervención de Sicilia ha comenzado con el portavoz mostrando la fotografía de la rueda de prensa de febrero de 2010 en la que Rajoy afirmó que Gürtel no era una trama del PP sino contra el Partido Popular. A continuación, Sicilia ha sacado a colación las dos condenas al PP en distintas piezas del caso Gürtel, incluida la de la caja B, y ha preguntado a Rajoy si mantiene aquella afirmación de hace 11 años. Mariano Rajoy ha solventado la situación asegurando que Gürtel "fue una operación de una persona en la que no estaban involucrados la inmensísima mayoría de militantes del PP".
El expresidente del Gobierno ha reprochado al portavoz socialista que tenga en consideración la palabra de dos personas, Bárcenas y Villarejo, que tienen "problemas serios en los tribunales" y que, por tanto, tienen "derecho a mentir" en su estrategia de defensa. Rajoy ha pasado al ataque y ha lanzado contra el portavoz socialista que Villarejo también ha hablado de su relación con el PSOE y que él, sin embargo, no tiene en cuenta cuando el comisario se vincula con Felipe González o Alfredo Pérez Rubalcaba. Sicilia ha replicado que no hay caso de financiación irregular del PSOE sino del PP y que la comisión de investigación está dedicada a la operación parapolicial creada para sabotear esa causa que afectaba a los conservadores.
Rajoy ha apelado una y otra vez a la presunción de inocencia y a la provisionalidad de las acusaciones en las fases de instrucción de los procesos penales, en la que se encuentra el caso Kitchen ahora. Esa proclama a favor de la presunción de inocencia se ha convertido en un mantra cuando distintos portavoces, con especial insistencia el de Ciudadanos, Edmundo Bal, le insistían una y otra vez en que es el juez quien mantiene imputado, al cierre de la instrucción, al ministro del Interior de su Gobierno, Jorge Fernández Díaz, por el caso Kitchen.
Mariano Rajoy ha dicho que tiene una opinión "magnífica" de Fernández Díaz y del número dos de éste, Francisco Martínez. El ex ministro del Interior ha señalado a la cúpula del PP de Rajoy como origen de una Operación Kitchen. Francisco Martínez, por su parte, calificó al expresidente de "miserable" en un mensaje enviado a José Ramón Navarro, presidente de la Audiencia Nacional".
Rajoy ha reconocido conocer al abogado Javier Iglesias, al que Villarejo y sus colaboradores consideraban uno de sus contactos con el presidente del Gobierno. El expresidente del Gobierno ha dicho que solo vió dos veces al letrado porque ejercía la defensa del extesorero del PP Álvaro Lapuerta y que los encuentros versaron sobre dicha defensa.
Sanz Roldán le ocultó su entrevista con Corinna Larsen
El portavoz de EH Bildu, Jon Iñarritu, ha preguntado a Rajoy si, como publicó este domingo El País, el entonces director del CNI, Félix Sanz Roldán, visitó a Corinna Larsen, la expareja extramatrimonial de Juan Carlos I, en Londres en 2012 con su consentimiento. Rajoy ha negado con rotundidad que el jefe de la inteligencia le informara de aquel viaje. "Me enteré bastante después y sin que me informara nadie", ha dicho Rajoy. Iñarritu le había preguntado si fue el consejero de Atresmedia y presidente de La Razón quien le informó de ese viaje a posteriori, advertido de ello por el comisario Villarejo.
Sanz Roldán ha asegurado que ese viaje tuvo como objetivo mediar en un asunto personal, el conflicto de su amigo Juan Carlos I con su examante. Pero Larsen ha afirmado en repetidas ocasiones que fue amenazada por el jefe del servicio secreto español durante aquel encuentro. Corinna Larsen ha denunciado estos hechos ante la justicia británica.
LAS MENTIRAS DE RAJOY SOBRE EL ESPIONAJE A BÁRCENAS Y LA CAJA B DEL PP
Un repaso documentado a las falsedades, inexactitudes y medias verdades del expresidente Rajoy ante la comisión de investigación del Congreso sobre la operación Kitchen
Mariano Rajoy: "No hay ningún tribunal que haya afirmado la existencia de una caja B del Partido Popular".
Falso. No es que haya uno: es que han sido tres las ocasiones en las que distintos tribunales han dado como hecho probado la caja B del PP. Lo hizo la Audiencia Nacional en el primer juicio de la Gürtel. Lo hizo el Tribunal Supremo, en la confirmación de esa sentencia, que estableció "la existencia de una caja B, o contabilidad extracontable, del PP". Y lo ha vuelto a hacer la Audiencia Nacional en la reciente condena al PP por las obras de su sede en la calle Génova, que fueron pagadas en negro.
Mariano Rajoy: "El tesorero de nuestro partido pagó con dinero B unas cantidades para una obra que se hizo en la sede del Partido Popular".
Más concretamente: Bárcenas pagó 1.072.000 euros con dinero negro para las obras de la sede del PP, incluyendo la reforma del despacho presidencial y esa famosa sala donde está el plasma desde el que M. Rajoy negó todo lo que la Justicia después demostró.
Ese millón no salió del bolsillo de Bárcenas, sino que llegó a la tesorería del PP gracias a esos mismos empresarios a los que los gobiernos del PP adjudicaban contratos públicos, y que por tanto tenían legalmente prohibido donar.
El dinero entraba en negro, y salía en negro de la caja fuerte que tenía Bárcenas en la sede de Génova. No era su dinero. No era su contabilidad. Era el dinero negro del PP: porque los pagos de esos empresarios eran para el PP, porque servían para sufragar los gastos en B del PP y porque Bárcenas no era un filántropo que regalara reformas a los amigos. Era el tesorero del PP.
Las sentencias también dan como hecho probado que Bárcenas era el simple gestor de esos fondos en negro, que pertenecían al PP.
Mariano Rajoy: "El Partido Popular ha sido condenado solamente como partícipe a título lucrativo. Como sabe usted, una figura jurídica que exige que el condenado desconozca absolutamente ese hecho por el cual ha sido condenado".
En el juicio por la reforma de su sede con dinero negro, el PP ha sido condenado como responsable civil subsidiario porque es lo único por lo que se le podía condenar. En los años en los que todo esto ocurrió, las empresas o partidos solo podían recibir una condena civil, y no penal –posteriormente, en el año 2010, la ley se reformó–. Eso no significa que "el condenado" desconozca los hechos, como asegura Rajoy, es que el PP, en aquel momento, no podía ser condenado como autor de ningún delito. Solo como responsable civil.
Dicen los "hechos probados" de esa última sentencia, que Rajoy debería releer: "En el periodo en el que el acusado Luis Bárcenas ocupó los cargos de gerente y tesorero gestionó los fondos en metálico aportados a la formación política Partido Popular como donaciones privadas a través de una contabilidad paralela –contabilidad B–, de cuyo ingreso y gasto no se dejó constancia en la contabilidad oficial ni por tanto fueron fiscalizadas por el Tribunal de Cuentas".
Una caja B del PP, como todo el mundo entiende, salvo M. Rajoy.
Mariano Rajoy: "No he tenido conocimiento [de la caja B] ni ningún tribunal lo ha dicho".
Falso. Tanto la Audiencia Nacional como el Tribunal Supremo han ratificado en sus respectivas sentencias sobre la Gürtel que Mariano Rajoy el resto de los dirigentes del PP que fueron interrogados como testigos en ese juicio "no fueron creíbles" al negar la caja B y los sobresueldos en negro.
Mariano Rajoy: "Usted puede mentir y yo no. Yo ven aquí a decir la verdad, y la digo".
Es cierta la primera frase, la segunda no. El artículo 502 del Código Penal obliga a los que son citados ante el Parlamento en una comisión de investigación a decir la verdad, so pena de cometer un delito de desobediencia. Es una obligación similar a la que tienen quienes declaran como testigos ante un juez. No parece que este asunto preocupe en exceso a Rajoy, y tiene sus motivos: no es la primera vez que miente –antes, ante un juez– y ha dado igual.
Mariano Rajoy: "El Partido Popular no ha sido condenado por la existencia de ninguna caja B, ni por el caso de los ordenadores, ni por cobrar sobresueldos".
Los sobresueldos del PP nunca se juzgaron porque el delito, según Hacienda, estaba prescrito: no porque no existieran esos pagos en B.
En el caso de los ordenadores –o de los discos duros de Bárcenas que fueron formateados 35 veces cuando el juez Ruz los pidió– el PP fue absuelto por falta de pruebas. Entre otros motivos, por las cambiantes versiones de Bárcenas, que llegó a retirarse de la acusación en la época en la que estaba intentando reconciliarse con su partido para que su mujer no entrara en prisión.
La condena al PP no ha sido exactamente por la caja B, pero sí por defraudar a Hacienda con los pagos en negro de esa caja B.
Además, hay otro caso sobre la caja B y los donativos ilegales de los empresarios que está investigando la Audiencia Nacional y todavía sigue en instrucción.
Mariano Rajoy: "No recuerdo haber hablado con el señor Jorge Trías (sobre el juez Pedreira)".
El señor Jorge Trías Sagnier –abogado y exdiputado del PP– sí recuerda perfectamente esa conversación. Porque no fue solo una: fueron cuatro, y las ha detallado en un libro. "No puedo concebir que Rajoy no estuviese informado", asegura Trías sobre la caja B. También dice que el juez Pedreira –uno de los muchos que investigó la Gürtel– le trasladó un recado, que Trías entregó a Rajoy: "Por favor, dile a estos del PP que dejen de enviarme mensajes".
Era en la época en la que el primer juez que instruyó este caso, Baltasar Garzón, había sido procesado por las escuchas a los abogados de la Gürtel, que finalmente le costaron una condena por prevaricación. Aquellas escuchas también las prorrogó y avaló el juez Pedreira.
En esos años, tras los "mensajes" del PP, Pedreira retiró la imputación a Luis Bárcenas, a pesar de que aún no había llegado la comisión rogatoria de Suiza –que más tarde confirmó su fortuna oculta–.
Contra el juez Pedreira, a diferencia de Garzón, no hubo denuncia por prevaricación.
Mariano Rajoy: "No creo que [el exministro Jorge Fernández y el exsecretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez] hayan montado ningún dispositivo [para espiar a Bárcenas]".
La Audiencia Nacional no lo ve igual. Hay indicios bastante sólidos de que el Gobierno que Mariano Rajoy presidía montó un operativo parapolicial con cerca de 80 agentes para espiar a Bárcenas sin orden judicial. Fueron unos seguimientos ilegales que incluyeron el uso de fondos reservados para pagar al chófer del extesorero del PP.
Tanto el exministro como el exsecretario de Estado están imputados por un operativo ilegal cuyo principal beneficiario también era Rajoy, porque el objetivo era encontrar y destruir las pruebas que Bárcenas guardaba contra él. Algo que, al parecer, ocurrió: la Kitchen fue un éxito. El tesorero se quedó sin munición.
Todo esto, sin que Rajoy se enterara de nada, según su explicación. Igual que le pasó cuando el tesorero financió la reforma de la sede del partido sin que él supiera nada de cómo se pagó. Igual que cuando los empresarios beneficiados por adjudicaciones de los gobiernos del PP donaban dinero negro a su partido.
Mariano Rajoy: "[Cospedal] no me comunicaba que tenía reuniones con el señor Villarejo en la sede de Génova".
Las reuniones y contactos de María Dolores de Cospedal con el comisario Villarejo empezaron cuando estalló la Gürtel, en 2009, y después siguieron en paralelo con el espionaje a Bárcenas. En las agendas del comisario, aparecen anotaciones donde se incluyen varios detalles del operativo ilegal, y de sus conversaciones con "Cospe". El juez Manuel García Castellón decidió desimputar a la exsecretaria general del PP, pero la Fiscalía Anticorrupción ha recurrido esa decisión porque considera que existen "suficientes indicios de criminalidad".
Buena parte esas reuniones fueron justo en el despacho contiguo al de Rajoy.
Mariano Rajoy: "Hay muchas cosas de las que uno no se entera".
Y tanto.
https://www.eldiario.es/escolar/mentiras-rajoy-espionaje-barcenas-caja-b-pp_132_8575893.html
RAJOY MIENTE AL CONGRESO: "NINGÚN TRIBUNAL HA AFIRMADO LA EXISTENCIA DE UNA CAJA B EN EL PP"
Dos sentencias de la Audiencia Nacional y una del Supremo acreditan su existencia
El expresidente del Gobierno niega cualquier relación o conocimiento de la operación Kitchen y hasta la existencia de pruebas que impliquen a Interior en el operativo, a pesar de la multitud de testimonios e indicios que han llevado al juez a procesar a la cúpula del ministerio
La comisión parlamentaria que investiga las responsabilidades políticas del operativo supuestamente diseñado para destruir las pruebas que tuviera Luis Bárcenas sobre la caja b o sus dirigentes, concluía este lunes en el Congreso de los Diputados con la comparecencia del principal beneficiario, presuntamente, del espionaje ilícito al extesorero: el expresidente del Gobierno y del PP en el momento en el que acontecieron los hechos, Mariano Rajoy.
El expresidente, quien ha acudido a la cita flanqueado por un nutrido grupo de diputados del PP a los que ha dirigido guiños durante su comparecencia, ha mentido en reiteradas ocasiones a lo largo de su intervención al repetir, varias veces y a cada portavoz parlamentario, que "ningún tribunal ha afirmado la existencia de una caja b en el PP".
Una aseveración falsa, porque hasta tres tribunales (en dos ocasiones la Audiencia Nacional y en otra el Supremo en sentencia firme) han considerado demostrada su existencia y en parte del periodo en el que Mariano Rajoy presidió el partido.
Bárcenas era el "mero custodio" de la caja b del PP
- Castañón (Unidas Podemos): ¿Cómo está?
- Rajoy: Muy bien, la echo un poco de menos, pero por lo demás estoy muy bien
- Castañón: Lo digo porque dijo que no tenía ninguna gana de venir...
- Rajoy: Procuro cumplir con mis obligaciones, aunque preferiría estar tomando un café
Rajoy ha añadido que los tribunales han sentenciado que "el tesorero de nuestro partido en un determinado momento pagó con dinero b unas cantidades para una obra que se hizo en la sede del Partido Popular", pero de nuevo se trata de una afirmación falsa. La Sección Segunda de la Audiencia Nacional ha considerado probado que el extesorero Bárcenas era un "mero custodio" de la caja b desde donde fluyeron los pagos en negro por la sede, y que "el dinero era del PP".
Las manifestaciones de Rajoy tampoco se han ajustado a la realidad cuando ha llegado a retar al portavoz de Esquerra, Gabriel Rufián, a que exhibiera alguna prueba de la implicación del Ministerio del Interior en el operativo ilícito.
"Falsa existencia de pruebas" sobre Kitchen
Ha manifestado que "es falso" que existan "pruebas" de que Interior "estaba realizando operaciones para destruir" las evidencias que guardara Bárcenas sobre la caja b. Y la multitud de pruebas y de testimonios que atestiguan que la operación Kitchen existió, así como la implicación de Interior son hasta tal punto abrumadoras que han provocado que el juez instructor, Manuel García-Castellón, haya procesado a la cúpula del Ministerio y a su exministro Jorge Fernández Díaz.
Rajoy ha negado conocimiento alguno de la operación así como de la existencia del comisario Villarejo o que le hubiera enviado mensaje alguno, en contra de lo afirmado por el excomisario. Durante su intervención, ha intentado circunscribir las sospechas en su contra a lo manifestado por Villarejo o Bárcenas, dos testimonios de dudosa credibilidad, pero son muchos más quienes le involucran como la supuesta X del entramado.
Múltiples testimonios le involucran
En el sumario constan conversaciones del marido de Cospedal, Ignacio López del Hierro, del abogado Javier Iglesias o el exsecretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez. También el comisario Enrique García Castaño o el exDAO Eugenio Pino le han relacionado con las pesquisas.
Además, la Fiscalía Anticorrupción quiere seguir investigando si Rajoy formaba parte de la trama política de la operación Kitchen y se encontraba al otro lado de la "inaceptable línea roja" que el juez no quiso cruzar al cerrar de forma apresurada el procedimiento, y a tal efecto ha recurrido la clausura de la investigación.
Rajoy también ha negado que en algún momento haya hablado con Cospedal de este asunto, cuando era su secretaria general y se reunió en la sede del PP con Villarejo. "Hablamos cuando ambos queremos", ha espetado el expresidente, que ha citado hasta en tres ocasiones su reciente libro y por dos veces ha manifestado con desagrado a los diputados "¡para qué me traen!". La claque que ha acompañado a Rajoy ha aporreado las tablas al finalizar su intervención.
https://cadenaser.com/ser/2021/12/13/politica/1639379086_852505.html
RAJOY SE VIENE ARRIBA: “ME DABA EXACTAMENTE IGUAL LO DE LA CAJA B Y LO QUE PUDIERAN DECIR DE MÍ”
El expresidente ha sido claro: "Mi relación con Bárcenas ha sido mala"
En su comparecencia en la comisión de Kitchen ha llegado un momento en que el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy se ha venido arriba a preguntas de la diputada de Vox Macarena Olona. Así, Rajoy ha dicho: “Me daba exactamente igual lo de la caja B y lo que pudieran decir de mí”.
Aún así, el exlíder del PP ha seguido en la línea del principio de su comparecencia y ha vuelto ha repetir que “no tenía ningún conocimiento” del caso Kitchen. Tras eso, ha sido cuando ha espetado: “Me daba exactamente igual lo de la caja B y lo que pudieran decir de mí. El problema es celebrar una comisión y una instrucción judicial a la vez, pero también en Bankia se hizo y luego hubo absolución, igual que la caja B y luego no había caja B. La presunción de inocencia está en todas las convenciones y no se puede socavar".
Olona le ha recordado lo dicho por el exministro del Interior Fernández Díaz, donde decía que no se podía limitar el ámbito de la investigación al Ministerio de Interior y ha querido saber por qué el PSOE protege a la exvicepresidenta Soraya Saénz de Santamaría. “Pregúntele al PSOE, no tengo ni idea de por qué citan a una persona o a otra”, ha respondido Rajoy.
“No sé por qué el secretario de Estado, Francisco Martínez, me llamó miserable. Salió de un sentimiento de ansiedad. Que quede constancia de mis disculpas. Se ha comportado como un señor y de una forma muy valiente” ha finalizado diciendo el expresidente ese bloque de preguntas.
Podemos
Tras el turno de Vox, la siguiente diputada ha sido Sofía Fernández Castañón de Podemos. A sus preguntas ha respondido: “Mi relación con Bárcenas ha sido mala. No he tenido relación. No me preocupé por el caso Bárcenas ni había preocupación por el PP como tal. Al final la Justicia ha puesto las cosas en su sitio. Cada uno tiene que asumir sus responsabilidades ante la Justicia”.
“Conozco a Javier Iglesias, era el abogado de Lapuerta, estuve dos veces con él para hablar de su problema. No sé nada de la visita de Iglesias a la cárcel a ver a Bárcenas y creo que no es cierto por puro sentido común” ha respondido sobre la presunta maniobra del PP para comprar al extesorero.
Sobre el audio que dice Bárcenas que existe con él, dice Rajoy que “no sabe nada”. “Estamos en lo mismo de antes, son las cosas que han dicho Villarejo y Bárcenas que están a defenderse. Si me dice que demuestre que no existe, ¿eso cómo se hace?” ha declarado el expresidente. De la Gürtel ha dicho que nunca ordenó poner piedras en el camino al inspector jefe de la UDEF.
¿Quién es el Sr. X de Gürtel?
Si todo va como está previsto a las 16h del lunes 13 de diciembre Mariano Rajoy Brey comparecerá en la Comisión de Investigación “relativa a la utilización ilegal de efectivos, medios y recursos del Ministerio del Interior, con la finalidad de favorecer intereses políticos del PP y de anular pruebas inculpatorias para este partido en casos de corrupción, durante los mandatos de Gobierno del Partido Popular”
Es decir, para explicar su participación en la denominada operación Kitchen que, diga lo que diga el juez García Castellón, no es otra cosa que una acción originada dentro del Caso Gürtel en las que se solapan en el tiempo los mismos personajes, lugares y hechos encaminados a favorecer la estrategia genovesa de ocultar y destruir pruebas para de este modo obstruir la investigación judicial.
Para los lectores que no tenga tiempo para diseccionar los pormenores de Gürtel & Kitchen algunos datos básicos para situarse:
1. Esta Comisión de Investigación es continuación a la que se puso en marcha en el Congreso entre 2017-2019 sobre “la financiación ilegal del PP” y cuyos detalles se pueden encontrar en este enlace.
2. También está estrechamente relacionada con la Comisión de Investigación que funcionó en el año 2017, también en el Congreso, sobre “la utilización partidista en el Ministerio del Interior bajo el mandato del ministro Fernández Díaz de los efectivos, medios y recursos del Departamento y de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado con fines políticos”.
3. Estas tres Comisiones tienen un denominador común que les une y les da sentido: Partido Popular y Gobiernos de Rajoy, en particular durante el mandato como Ministro del Interior de Jorge Fernández Díaz.
Y es que, como se verá, la figura de Rajoy y Cospedal, tanto montan, montan tanto, resultan claves para entender los hechos que se han ido conociendo desde que en noviembre del 2007 se comenzó a investigar judicialmente el Caso Gürtel.
Ambos siempre han estado ahí, incluso cuando tras las primeras detenciones llevadas a cabo por el juez Garzón, comparecieron juntos el 11 de febrero del 2009 desde la sede nacional del PP, rodeado de varios miembros de su Comité Ejecutivo Nacional para afirmar solemnemente que Gürtel “no es una trama del PP como algunos pretenden, esto es una trama contra el Partido Popular, que es una cosa muy distinta”. En este artículo se pueden consultar quienes eran los 35 asistentes a ese teatrillo improvisado con formato de comunicado.
Desde entonces ha quedado acreditado que cada uno de los dos, dentro de sus responsabilidades en Génova 13 y en Moncloa, han estado en el epicentro de la trama y que su Partido junto a numerosos dirigentes nacionales y territoriales han sido condenados por lucrarse y obtener beneficios económicos con dinero de las diferentes Cajas B que durante décadas han venido funcionando en el seno de esta organización. Para situarnos y a la espera que se celebren en los próximos dos años los 5 juicios orales pendientes, el hecho cierto es que ya han firmado 9 sentencias condenatorias. De las que 2 han sido ratificadas por la Sala II del Tribunal Supremo.
En el caso de Rajoy, gracias a las acusaciones populares, no le ha quedado otra que testificar en el primer macro juicio de la PS 1999-2005 y en el de la Caja B con la que se pagó la reforma de Génova 13
Sobre sus declaraciones y el valor que le dieron los jueces recordar lo que firmaron en la su sentencia del 17 mayo del 2018 : "Se pone en cuestión la credibilidad de estos testigos, cuyo testimonio no aparece como suficiente verosímil para rebatir la contundente prueba existente sobre la Caja B del partido (…) significaría reconocer haber recibido estas cantidades, en cuanto que supondría reconocer la percepción de pagos opacos para la Hacienda Pública, que si bien entiende que no son delictivos, pudieran ser considerados por los testigos como merecedores de un reproche social, como también que en caso de reconocer estas percepciones vendrían a admitir la existencia de una caja B en el seno de una formación política a la que pertenecen o han pertenecido".
Los mas inquietos pueden consultar en este enlace el cuadro de mando de las retribuciones de Rajoy en A y en B, estas últimas según los papeles de Bárcenas.
Pero volvamos a Kitchen y a su comparecencia ante la Comisión de Investigación. De entrada, es la primera vez que se ve en esta tesitura ya que en las de financiación ilegal del PP y utilización partidista del Ministerio del Interior estuvo incompresiblemente ausente, aunque su larga sombra planeara en ambas.
En esta ocasión, ha anunciado que aunque con desgana, a diferencia de Cospedal, el si va a contestar a las preguntas que le formulen los comisionados. Es sin duda plenamente consciente que cualquier otra hipótesis que no sea la de contestar sería absurda ya que, por el momento, no está siendo investigado.
Además, sabe que es el último que lo hará tras ser precedido por 40 comparecientes, entre los que se encuentran estrechos colaboradores suyos de todo tipo y condición, unos han ido como investigados y han acabado procesados y otros como testigos.
En resumen, han pasado por allí la cúpula política y policial del Ministerio del Interior entre 2011 y 2016, el Comisario Villarejo, Sergio Ríos, el conductor colocado para. espiar a Bárcenas, la Secretaria General del PP y su Tesorero Nacional con sus respectivos cónyuges y una selecta representación de genoveses que desde la guardería siempre han estado en zonas de riesgo haciendo papeles de oscuros mediadores entre procesados y el PP, como son los casos de Enrique López o Javier Iglesias.
Por otro lado, son varias las declaraciones, ya sea en sede judicial o parlamentaria que, directa o indirectamente admiten que una operación político-policial de esta envergadura es del todo improbable que se pueda ejecutar sin el conocimiento, visto bueno, autorización, connivencia, complicidad o colaboración del entonces Presidente del Gobierno y del Partido Popular.
El mejor que nadie era consciente que con lo que el sabía el Caso Gürtel podría acabar con su carrera política de más de 40 años, como así ha sido. El sabía mejor que nadie que la contabilidad B, como han señalado los jueces, las fiscales, la UDEF, la ONIF, etc. era una realidad que venía funcionando durante 30 años y que fue utilizada para financiar campañas electorales, pagar sobresueldos y reformar la sede nacional de la C/ Génova, incluido su propio despacho.
Fue avisado e informado con todo lujo de detalles por los principales protagonistas, incluido el ex diputado Jorge Trías que, según el mismo ha relatado, se acercó al despacho de Rajoy para ponerle en situación y de paso transmitirle que se dejara en paz al juez Pedreira que estaba siendo el instructor en el TSJCM.
De todo esto y de otras muchas más preguntas deberá M. Rajoy responder. Veremos.
https://www.elplural.com/politica/los-genoveses/m-rajoy-kitchen_280326102
EL PP DE RAJOY CONOCIÓ DURANTE AÑOS DATOS SECRETOS DE LOS CASOS GÜRTEL, CAJA B Y KITCHEN
Un informe policial refleja el contacto habitual de Villarejo con Cospedal, entonces ‘número dos’ del partido, y su entorno. El expresidente comparece este lunes en el Congreso
Mariano Rajoy, expresidente del Gobierno y del PP, declara este lunes en la comisión parlamentaria abierta sobre el caso Kitchen después de sucederse los informes de la Fiscalía y de la Policía Nacional que señalan a su Ejecutivo y a su partido como responsables de la operación de espionaje al extesorero popular Luis Bárcenas.
El último informe policial sobre las llamadas telefónicas y las agendas del comisario José Manuel Villarejo detalla múltiples indicios de cómo la cúpula del PP y dirigentes de este partido conocieron detalles secretos de las investigaciones judiciales del caso Gürtel y de sus dos causas derivadas, la caja b que controlaba Bárcenas, y el caso Kitchen para robar documentación al extesorero.
La citación del exlíder de la formación cierra casi un año de trabajo de los diputados, con más de 20 sesiones y 40 interrogatorios a mandos políticos y policiales salpicados por la trama. “No he visto a ese señor en mi vida”, dijo Rajoy el pasado viernes en una entrevista, en referencia al comisario José Manuel Villarejo, que reflejó en sus agendas las supuestas maniobras a favor del PP para frenar el caso Gürtel: “Cospedal quiere datos para tomar decisiones”, reza uno de sus apuntes.
El sumario de Kitchen, que corre a cargo del juez Manuel García-Castellón, ha acreditado que el Ministerio del Interior activó en 2013 una operación de seguimiento a Bárcenas y a su familia de la que nunca se informó a la unidad policial ni al magistrado Pablo Ruz que investigaban al extesorero, en el marco del caso Gürtel. García-Castellón está convencido de que el despliegue irregular tenía por objetivo robarle documentación comprometedora que aún pudiera guardar sobre el PP, que se encontraba cercado tras la publicación de Los papeles de Bárcenas. Sin embargo, en su auto de procesamiento del pasado 29 de julio, este juez atribuyó toda la responsabilidad de Kitchen a Interior —dirigido en aquella época por Jorge Fernández Díaz— y descartó la posibilidad de que también se impulsara desde el partido.
Esta tesis del instructor choca con la defendida por la Fiscalía Anticorrupción, que mantiene desde hace meses que existía una pata política. En concreto, el ministerio público señala a María Dolores de Cospedal, a la que atribuye un “interés personal” en el espionaje a Bárcenas, ya que entonces ocupaba el puesto de secretaria general del PP y podía verse también afectada por la documentación que guardase el extesorero. De hecho, la acusación ha recurrido la desimputación de la exdirigente política y apunta que sus maniobras empezaron mucho antes de la puesta en marcha de Kitchen; ya que, al menos, mantenía contacto desde 2009 con Villarejo para que le facilitase información bajo secreto que pudiese perjudicar a la formación.
Las sospechas de la Fiscalía, que apunta así de forma directa a la estructura orgánica del partido en la era Rajoy, se sustentan en una batería de indicios. Entre ellos, el audio en el que Cospedal y su marido, Ignacio López del Hierro, conversan con Villarejo en la sede del PP en 2009 sobre la ejecución de “encargos puntuales” que serían sufragados con fondos del partido. También constan grabaciones posteriores donde el comisario advierte al esposo de investigaciones contra la formación que entonces se encontraban secretas: como la Operación Brugal y la rama valenciana del caso Gürtel. A eso se añade la figura del policía Andrés Gómez Gordo, un asesor de la popular que participó en la captación del chófer de Bárcenas; las profusas llamadas y mensajes de Villarejo con la política y su círculo más próximo —“Si tienes problemas, habla con Cospedal”, le escribió Del Hierro—; y las agendas donde Villarejo dejó reflejado todo.
Precisamente, la Unidad de Asuntos Internos (UAI) de la Policía Nacional elaboró el pasado 23 de junio un informe sobre esos intensos contactos telefónicos, avanzado por EL PAÍS, donde también incluye 36 páginas con apuntes de las agendas de Villarejo que se erigen como una guía temporal de las supuestas maniobras urdidas durante años contra las pesquisas de Gürtel y contra Bárcenas. Estas anotaciones refuerzan la teoría del ministerio público, que sostiene que la “intervención” del matrimonio “queda claramente reflejada” en los cuadernos del comisario. Unos primeros contactos que se remontan a los días previos al estallido de la causa contra la red corrupta liderada por Francisco Correa, que anidó en el seno del PP.
El informe de la UAI resalta un primer apunte de Villarejo del 26 de enero de 2009, cuando Cospedal ya era número dos de Rajoy. El comisarió anota que López del Hierro le ha llamado y que “su parienta quiere datos para tomar decisiones”. En ese momento, las pesquisas de Gurtel se encontraban secretas. Pero, según sus anotaciones, el comisario ya conoce los detalles de mano de uno de sus compañeros, José Luis Olivera, entonces jefe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), a cargo de la investigación. El 4 de febrero, Villarejo anota junto al nombre de Olivera: “Tema Correa a punto de estallar”. El 5 de febrero, refleja un presunto contacto con el marido de Cospedal: “Toque sutil de situación. Quedó muy mosca. Habla con su parienta”. El 6 de febrero se activa finalmente Gürtel y se producen las primeras detenciones por parte de la Audiencia Nacional.
Villarejo no se queda quieto ese 6 de febrero y, según escribe en sus agendas, contacta con Arturo González Panero (PP), el entonces alcalde de Boadilla del Monte, al que están juzgando ahora por su implicación en Gürtel: “Aviso de tormenta. Muy preocupado por la evolución de todo”, escribe el comisario sobre esa conversación, que Panero ha confirmado. Sin embargo, pese a la petición de la Fiscalía, García-Castellón ha descartado investigar esta supuesta filtración: “Sin más datos y a partir de una anotación de una agenda [...] Se desconoce el contexto en el que pudo producirse [el comentario de Olivera a Villarejo]”.
Los contactos del comisario con el entorno del PP siguen en plena abullición de Gürtel. El 11 de febrero de 2009, junto al nombre de López del Hierro, Villarejo anota: “Reunión urgente H[otel] Palace. Detalles generales de lo que pasa. Pendiente de evolución estos días”. Justo ese día, Rajoy comparece en público acompañado de su plana mayor tras presidir el comité ejecutivo del PP. Cospedal se sitúa a su derecha. “El Partido Popular no tiene más información de este sumario que nos ocupa que la que publican los medios de comunicación [...] Esto no es una trama del PP, como algunos pretenden, esto es una trama contra el Partido Popular”, asegura entonces el presidente del partido.
Asuntos Internos destaca otras anotaciones sobre el matrimonio formado por Cospedal y Del Hierro, que evidencian la relación directa del policía con la dirección del partido. Por ejemplo, el 22 de junio de 2009, Villarejo apunta: “Cospe contenta con la info”. El 14 de octubre de ese año, junto al nombre del marido, añade: “Preparar los temas. Hija Chaves, Galindo, Faisán, Astapa. Propone reunión con parienta”. El 1 de febrero de 2010, escribe: “ILH (siglas de López del Hierro): desea caña contra Bárcen[as]”. El 19 de febrero de 2010, plasma: “ILH: aviso publicación Interviú. Tesorero PP. Agradeció el dato”. Tres días después, el 22 de febrero, la revista Interviú publicaría un reportaje sobre el patrimonio inmobiliario de Bárcenas de dudoso origen.
La captación del chófer
Esta relación se mantiene a lo largo de los años. Así que, cuando se activa Kitchen en julio de 2013, los contactos son habituales y, según la Fiscalía, el matrimonio participa en la captación como confidente del conductor de Bárcenas, Sergio Ríos. Una operación que se ejecutó gracias al comisario Andrés Gómez Gordo, asesor de Cospedal, que conocía de antes al chófer.
El 18 de julio de 2013, Villarejo anota en su agenda que “Sergio, el conductor”, ha ”recurrido” a Gómez Gordo para “contarle que se le han acercado”. Este texto coincide con el relato de los implicados, que admitieron que hubo un primer intento fallido de captarlo. El comisario Enrique García Castaño, procesado por Kitchen, contactó sin éxito con Ríos para que colaborase, pero el conductor receló y llamó a Gómez Gordo. Entonces, según la Fiscalía, medió el matrimonio Cospedal-Del Hierro.
Según la UAI, además, esa jornada hubo un relevante cruce de llamadas entre Villarejo y el entorno de Cospedal. A las 10.28, el jefe de gabinete de la política, José Luis Ortiz, telefonea al comisario, pero este no le coge. Ante la falta de respuesta, Ortiz le envía al minuto un mensaje —“Llámame cuando puedas, urge un poco”— y a las 11.07 le vuelve a llamar, sin que este descuelgue. A las 11.08 lo intentan desde el número de la secretaria de la dirigente del PP, pero tampoco consiguen nada. Entonces, interviene López del Hierro, que escribe al policía a las 11.18: “Te está llamando MDC [María Dolores de Cospedal]”.
Villarejo da señales finalmente a las 11.52, cuando telefonea al número de la secretaria de Cospedal a las 11.52 y a las 12.07; y habla con alguien casi cuatro minutos. A las 13.09, el comisario contacta con su compañero Gómez Gordo y ambos charlan durante más de dos minutos.
El comisario lo recoge en su agenda de esta forma. Sobre López del Hierro, escribe: “Aviso sobre contacto con Sergio. Él se encarga de hablar con Andrés Gordo”. Sobre Cospedal: “Varios contactos y posible cita. Al final se arregló por teléfono”. También refleja ese día una presunta conversación con Francisco Martínez, Chisco, secretario de Estado de Seguridad y supuesto coordinador de Kitchen: “Forzando contacto con chófer LB”.
Según las agendas del comisario, la relación con Gómez Gordo no fue fácil. El 19 de julio, el marido de Cospedal llama dos veces a Villarejo y este apunta en sus cuadernos referencias sobre su compañero: “No se fía de mí y no cree que cumplamos. Lo vamos a usar y tirar”. El día 20, López del Hierro le envía otro mensaje a Villarejo: “Si tienes problemas, habla con MDC”. El 22 de julio, le contesta Villarejo: “Todo ha mejorado bastante. Andi [apodo de Gómez Gordo]. Hoy muy bien. Abz”. Gómez Gordo intervino para facilitar la colaboración de Sergio Ríos, de la que finalmente se encargó Villarejo, que le pagó con fondos reservados.
La UDEF también elaboró un informe sobre Kitchen el pasado 20 de julio, donde concluía que Kitchen tenía un objetivo “estratégico”: “desactivar” las pesquisas abiertas por la justicia contra el PP por la red de corrupción liderada por Francisco Correa. Manuel Morocho, inspector jefe de esta unidad y principal investigador de Gürtel, añadía en ese documento que el espionaje a Bárcenas se gestó en “tres entornos o niveles distintos que convergen a modo de círculos concéntricos sobre el mismo”. El “entorno general” (donde señala de forma clara al PP: “la formación política”); el “entorno intermedio” (Gobierno de Rajoy) y el “entorno específico (cúpula de la Policía Nacional).
El sumario apenas roza a Rajoy
Rajoy aterriza este lunes en la comisión del Congreso sin que los investigadores lo hayan puesto en la diana. Hasta ahora, ni la Fiscalía ni el juez instructor han planteado la imputación del exdirigente popular por la operación de espionaje a Luis Bárcenas. De hecho, el sumario no contiene indicios directos contra él, solo referencias de terceros. Aunque la gran pregunta que se hacen muchos diputados es si sus subordinados pudieron montar un operativo de este calibre y durante tantos años sin que lo supiera el presidente del partido y del Gobierno.
Sobre las referencias a Rajoy, Villarejo verbalizó las más explícitas. Aunque en un primer momento mantenía que nunca habló con el presidente sobre Kitchen, cambió de versión el pasado mayo y aseguró que lo informaba por mensajes de móvil del desarrollo del operativo irregular. Posteriormente, el comisario volvió a modificar su relató y aseveró que el líder del PP, incluso, había pasado a saludarlo durante una reunión que mantuvo en la sede del partido con Cospedal. Rajoy lo negó el pasado viernes: “No he visto a ese señor en mi vida”. En unos audios interceptados, Villarejo también se refería a alguien apodado El Asturiano que tendría conocimiento de la operación. Asuntos Internos atribuyó ese alias a Rajoy.
En el sumario constan otras referencias al expresidente. El ex secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, afirmó en un mensaje de móvil que, si él caía y tenía que desfilar por la Audiencia Nacional para declarar, “también irán JFD (y probablemente MR)”. En otro, añadía: “Mi grandísimo error en el ministerio fue ser leal a miserables como Jorge, Rajoy o Cospedal”. El jefe de la Policía con Rajoy, Eugenio Pino, contó al juez que Jorge Fernández Díaz llegó a interceder en favor de Villarejo en nombre del presidente del Gobierno porque este último se había enterado de que le estaban “tratando mal”.
EL RASTRO DE CINCO PROTAGONISTAS DE LA KITCHEN CONDUCE HASTA MARIANO RAJOY
Los comisarios Villarejo y García Castaño han declarado que el presidente conocía el espionaje a Bárcenas. La tesis exculpatoria de Rajoy pasa por creer que su amigo y ministro del Interior le ocultó la operación. También Cospedal habría escondido los encargos a Villarejo. El móvil de Francisco Martínez y el abogado Iglesias apuntan a Rajoy
El expresidente del Gobierno Mariano Rajoy tiene este lunes la oportunidad de responder en el Congreso de los Diputados las preguntas que el juez Manuel García Castellón no le ha querido hacer sobre la operación Kitchen. Rajoy, estos días de promoción de su libro, ha adelantado que responderá a los portavoces de los grupos parlamentarios, pero advirtiendo que desconoció por completo la operación para sabotear la mayor causa de corrupción del PP. Las maniobras policiales se orquestaron en el más alto nivel del Ministerio del Interior para beneficiar al partido que él lideraba mientras era presidente del Gobierno.
La Fiscalía Anticorrupción ha recurrido ante la Sala de lo Penal el cierre de la investigación decretado por el juez a finales de julio pidiendo que se ahonde en los indicios que existen contra Rajoy. Esas pistas que apuntan al expresidente del Gobierno se concentran en un grupo de personas que rodean a Rajoy y que forman un círculo que puede ser reversible: o le aíslan, o le señalan.
José Manuel Villarejo Pérez. El comisario ha señalado a Rajoy como conocedor de la operación presuntamente ilegal, ha declarado que se interesó por ella puntualmente y que la fomentó. Pero no ha aportado pruebas de ello. O al menos, no las pruebas suficientes. Anticorrupción denuncia en su escrito que el juez instructor no haya querido investigar si el número de teléfono móvil facilitado por el comisario, y con el que supuestamente conectó para informar a Rajoy de los avances del espionaje a Luis Bárcenas, pudo estar entonces en poder del entonces presidente del Gobierno y del Partido Popular.
Por otra parte, están las continuas menciones de Villarejo y los miembros de su banda a “El Asturiano” y “El Barbas”, calificativos con los que se referían a Rajoy, según pudo acreditar la Unidad de Asuntos Internos de la Policía y confirmó el comisario José Luis Olivera, procesado en el caso Kitchen, durante su comparecencia ante la comisión.
En ese informe policial de 2018 se analizan algunas afirmaciones recogidas en las grabaciones incautadas a Villarejo que aluden a Rajoy. En la siguiente conversación, el comisario habla con el también procesado Enrique García Castaño: “En el 2012 cuando el tema de Ignacio González, que me dijo el Cosidó, me das la información y no sé qué y lo mandé a cagar y tal y cual, le dije a Pino, digo trasmítele que le monto un chocho a todos que se cagan. Y por la tarde me llamó y no que ha habido un error, que tal y que cual, me llamó la Cospe, joder no delates a nadie, que tal.... Y yo ¿Cómo que no? Os busco la ruina a todos y al primero al "barbas", a tomar por culo".
Jorge Fernández Díaz. La Fiscalía reprocha al juez García Castellón que no quiera ahondar en la línea que apunta más allá del Ministerio del Interior en Kitchen, ya sea en dirección al Palacio de La Moncloa o la sede central del PP. “Lo que parece es que no se quiere dar, hay una rotunda negativa a seguir investigando en esa dirección, como si se hubiera establecido un cordón o inaceptable línea roja que no se pudiera traspasar en la investigación”, escriben los fiscales en su recurso.
Así las cosas, la X de Kitchen hasta el momento es Jorge Fernández Díaz, el ministro del Gobierno de Rajoy que formaba un núcleo de amigos íntimos del presidente y que, según la tesis del juez, habría actuado por su cuenta, sin ni siquiera informar al que además era su superior.
Hace tiempo que Fernández Díaz no habla de su amistad con Mariano Rajoy, pero algunos indicios apuntan a un posible agrietamiento de la misma. Por ejemplo, el escrito con el que Fernández Díaz recurre su procesamiento y que señala al Partido Popular como el origen de una posible operación Kitchen -el exministro insiste en que él tampoco la conocía- porque es en Génova donde estaban los principales perjudicados por los ‘papeles de Bárcenas’.
Lo que no dice el exministro, pero es de común conocimiento, es que en esos papeles aparece como perceptor de dinero negro de los empresarios Mariano Rajoy, quien, como el resto de los que pudieron cobrar sobresueldos, no resultó imputado porque el posible delito fiscal estaría prescrito. Ante la comisión de investigación, Fernández Díaz insistió en su tesis: "En la historia ha habido casos, sabe Dios que no acuso a nadie, en absoluto, pero en otras épocas hubo el caso GAL o el caso Faisán, que eran asuntos del Ministerio del Interior, pero este no era un caso que pudiera decirse que había nacido en el Ministerio del Interior, porque el señor Bárcenas no es el tesorero del Ministerio del Interior".
Francisco Martínez. El contenido del móvil del que fue secretario de Estado de Seguridad dio un vuelco al caso. Desde ese teléfono, Martínez escribió un mensaje a Silverio Nieto, fontanero de la Conferencia Episcopal y persona del círculo de influencia del Ministerio del Interior durante el último mandato del PP. Nieto reenvió ese mensaje a su último destinatario, el comisario Enrique García Castaño, y éste, ante las insistentes preguntas de la Fiscalía, terminó por entregárselo al juez.
En enero de 2020, Martínez escribió a Nieto: “La defensa mañana exige entregar en el juzgado las actas notariales en las que constan los mensajes recibidos a lo largo de 2013 y 2014 con instrucciones muy claras y explícitas sobre los supuestos “operativos policiales" de las que trata todo esto (cuya legalidad siempre me pareció clarísima) y que necesariamente conllevarán la citación de Jorge [Fernández Díaz] y probablemente de [Mariano] Rajoy".
En otro mensaje, enviado el 5 de junio de 2019, Martínez se dirige al presidente de la Audiencia Nacional, José Ramón Navarro. "Mi grandísimo error fue ser leal a miserables como Jorge, Rajoy o Cospedal", escribió el ex secretario de Estado de Seguridad. En ese momento ya había sido publicado que el juez Manuel García-Castellón le iba a citar como imputado en el caso Kitchen.
Cuando finalmente fue llamado a declarar, Martínez evitó en todo momento establecer responsabilidades de sus superiores y negó haber coordinado el operativo parapolicial, como señalan por el contrario otros investigados. Al declarar ante la comisión de investigación, Martínez volvió a retractarse: "En un momento en el que yo estaba roto se dicen cosas así de un amigo, de un familiar…”
María Dolores de Cospedal. Anticorrupción hace una demoledora descripción de la actitud del juez García Castellón respecto la ex número dos del PP. Recuerda que, “inexplicablemente”, no le preguntó a Martínez en su declaración por las afirmaciones en la que decía que ella conocía todo el operativo. También reprocha al juez la “clamorosa preterición de aquellas fuentes documentales que reflejan su participación [en referencia a Cospedal] de un manera directa y material en Kitchen”.
Así las cosas resta la decisión de la Sala de lo Penal sobre la dirigente del PP que se reunió al menos ocho veces con Villarejo, según confesó su jefe de Gabinete, en unos encuentros que el magistrado calificó como de “sociales” en su auto. Y si Cospedal participó “de manera directa y material en Kitchen”, ¿también lo hizo sin informar al presidente del partido del que ella era secretaria general?
El marido de Cospedal, Ignacio López del Hierro, también fue imputado y después exculpado por García Castellón. En una conversación que obra en el sumario le confirma a Villarejo que Cospedal ha informado a Rajoy del encuentro con el comisario y que el presidente del PP ha dado su visto bueno. En esa conversación el comisario pide que al menos se le paguen “los gastos”, se entiende que por los “trabajos puntuales” que en pleno caso Gürtel le encargaron Cospedal y López del Hierro en otra conversación grabada, publicada y posteriormente incorporada también al sumario. En una anotación del diario de Villarejo, aparecen unos supuestos pagos del jefe de gabinete de Cospedal, 150.000 euros, que habría abonado la secretaria general al policía en activo.
Javier Iglesias. En el informe de Asuntos Internos en el que se identifica al Barbas o el Asturiano con Rajoy se dice que El Largo, para Villarejo y sus cómplices, es el abogado Javier Iglesias Redondo, habitual en oscuras maniobras que tienen al PP y a los tribunales como protagonistas [leer aquí]. Y añaden los investigadores de lo que escuchan en las grabaciones: "Se colige que en realidad se trataría de una operación [Kitchen] encaminada a la localización de documentos y archivos comprometedores con dirigentes del Partido Popular, la cual habría tenido un resultado positivo y estaría coordinada por el entonces secretario de Estado de Seguridad (con conocimiento de El Asturiano y El Largo) sin que exista constancia hasta el momento de que el material incautado haya sido obtenido en el procedimiento judicial”.
En varias grabaciones de Villarejo, el comisario y sus interlocutores identifican a El Largo como su contacto con Mariano Rajoy cuando éste era presidente del Gobierno. En una reunión entre Villarejo y varios de sus colaboradores, el empresario Alberto Pedraza, afincado en Andorra, afirma: "Le ha dicho el presidente al ministro: Oye, Rafael [Catalá], me gustaría una Audiencia Nacional nueva. Utiliza a Javier [Iglesias] que él lleva treinta años trabajando ahí y que te diga cómo lo haríamos”.
La otra persona que habría informado a Villarejo a Mariano Rajoy es el presidente de La Razón y consejero de Atresmedia, Mauricio Casals, según declaró en la Audiencia Nacional y ante la comisión de investigación del Congreso el comisario Enrique García Castaño. "Villarejo, en el conjunto de todos los asuntos en que participaba, siempre hacía llegar las informaciones que tenía al presidente del Gobierno a través de un intermediario", señaló García Castaño. Ese "contacto fundamental" era Mauricio Casals, añadió el policía. Ante la comisión de investigación, Villarejo aseguró que Casals era uno de sus intermediarios con el entonces presidente del Gobierno.
RAJOY PONE EL BROCHE A LA COMISIÓN KITCHEN CON TODOS LOS INFORMES APUNTÁNDOLE
El expresidente asegura que "nunca" supo de la operación de espionaje a Bárcenas ni de Villarejo
Este lunes el Congreso de los Diputados pone el broche final a la comisión de investigación sobre el Operación Kitchen tras más de una veintena de sesiones y 40 interrogatorios. Y quién mejor para poner la guinda al pastel que el expresidente del Gobierno, Mariano Rajoy, quien comparece tras sendos informes de la Fiscalía y la Policía Nacional que proyectan que su Ejecutivo y su partido fueron los responsables del espionaje al extesorero del PP, Luis Bárcenas, a quien pretendían sustraer documentación sensible para la formación.
Según el último informe policial, desvelado por El País, las autoridades recogen llamadas telefónicas así como anotaciones en la agenda del excomisario José Manuel Villarejo. De ellas se desprende que Génova y Moncloa, con Rajoy a la cabeza, conocían detalles judiciales del caso Gürtel así como todas sus ramas.
La pasada semana, tras la sesión en la que María Dolores de Cospedal se acogió a su derecho a no declarar, el expediente del Gobierno aseguró que “nunca” conoció nada acerca de la Operación Kitchen, como, según dice, tampoco sabía de Villarejo. Con todo, responderá a las preguntas de los diputados, a diferencia de lo que hizo la exsecretaria general popular: “Yo voy a responder a lo que se me pregunte”.
No obstante, Rajoy defendió a la que fuera su número dos a nivel orgánico: “Ejerció un derecho constitucional. Y si ella consideró que no debía responder, hizo muy bien.
Ante la posibilidad de que en su comparecencia le pregunten por lo que dijo Villarejo acerca de que en una reunión que tuvo con Cospedal apareció el expresidente para saludar, algo que interpretó como una manera de hacerle saber que estaba al tanto: "Sí, realmente dijo eso, que no me conocía y que se había reunido cuatro veces y que teníamos unos intermediarios e interlocutores, que cita a varios de formas diversas. Lo único cierto es que yo no he visto a ese señor en mi vida. Esa es la única verdad. Y naturalmente lo voy a decir. En mi vida", aseveró.
En este sentido, Rajoy subrayó que es "absolutamente falso" que él tuviera un teléfono para enviarle mensajes al comisario. Al ser preguntado si sabía algo de Villarejo en aquel momento, ha indicado que él no sabe cuándo supo de su existencia. "He sido ministro del Interior y, desde luego, siendo ministro del Interior ni la más remota idea. Y luego, en el Gobierno, pues supongo que en un determinado momento debí enterarme de que existía, igual que luego he visto los nombres de todos los demás”, insistió. Y zanjó: “Nunca conocí que existiera esa operación. No voy a elucubrar porque está precisamente sub iúdice pero tengo muy serias dudas de qué es realmente lo que pasó ahí”.
Con el interrogatorio a Rajoy se pondrá fin a las comparecencias que arrancaron el pasado mes de marzo con Luis Bárcenas. Los comisionados tienen de plazo hasta final de mes para aprobar sus conclusiones en la comisión que después habrán de elevar al Pleno para su ratificación.
Pruebas, pero ni rastro de Rajoy
El juez Manuel García-Castellón, en el sumario Kitchen, da por acreditado que el Ministerio de Interior activó en el año 2013 una operación policial al margen de la ley para espiar a Bárcenas y robarle la documentación que pudiera comprometer al PP. No obstante, el juez atribuye toda la responsabilidad al entonces ministro, Jorge Fernández Díaz, descartando que recibiera mandato alguno o se impulsara bajo las órdenes de Génova. Así las cosas, hasta ahora, ni la Fiscalía ni el juez instructor han planteado la imputación de Rajoy por la operación. De hecho, el sumario no contiene indicios directos contra él, solo referencias de terceros.
RAJOY CONTESTA POR PRIMERA VEZ EN EL CONGRESO SOBRE LA 'OPERACIÓN KITCHEN'
El expresidente del Gobierno no está investigado en la Audiencia Nacional por el operativo de espionaje a Bárcenas, pero existen indicios de que éste se puso en marcha para evitar que información suya en manos del extesorero del PP saliera a la luz
El año llega a su fin con una importante cita en el Congreso de los Diputados. El expresidente del Gobierno Mariano Rajoy comparece este lunes en la comisión de investigación Kitchen donde se aborda la utilización de fondos públicos para la puesta en marcha de un dispositivo policial de espionaje al extesorero del Partido Popular Luis Bárcenas, entre 2013 y 2015, supuestamente para recuperar información sobre la financiación irregular de dicha formación altamente comprometedora para altos cargos, entre ellos el propio Rajoy.
Por la comisión de investigación han pasado los miembros de la cúpula de la Policía Nacional a la que se encargó dicho operativo (el ex Director Adjunto Operativo Eugenio Pino, el exjefe de la Unidad Central Operativa Enrique García Castaño), así como el comisario José Manuel Villarejo que también estuvo involucrado y guardó todas las pruebas de su existencia. Comparecieron también el exministro del Interior Jorge Fernández Díaz y su número dos, el exsecretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez, a quienes el juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón atribuye toda la responsabilidad del impulso de la denominada operación Kitchen, descartando que la exsecretaria general del PP María Dolores de Cospedal y el presidente Rajoy conocieran su existencia.
La primera llegó a estar imputada en la causa del Juzgado Central 6 donde se investiga el dispositivo policial, pero el segundo no ha sido citado a declarar ni siquiera como testigo. De ahí que, hasta ahora, todavía no se ha manifestado sobre el asunto. Este lunes, según avanzó en una entrevista en Onda Cero, Rajoy contestará a todas las preguntas de los diputados. Asegura que no supo de la existencia de Kitchen.
Villarejo afirmó «tener la garantía» de que estaba «detrás»
Sin embargo, tanto la Fiscalía Anticorrupción como las acusaciones populares de la causa ejercidas por PSOE y Podemos consideran que el expresidente fue uno de los beneficiados, si no el que más, del despliegue policial en el que se captó al chófer de la familia Bárcenas, Sergio Ríos Esgueva, como confidente. Cobró 2.000 euros al mes durante dos años de los fondos reservados del Estado. Además, entró en la Policía con 42 años.
El propio Villarejo, cuando compareció en la comisión de investigación del Congreso, afirmó que tuvo la «garantía» de que Mariano Rajoy «estaba detrás» de la operación Kitchen. Relató que se cruzó con él «tres o cuatro veces» y que el expresidente entró en una reunión que el comisario jubilado mantuvo con Cospedal en la sede central del PP de la calle Génova, diciéndoles: «A trabajar».
«Yo entendí que eso quería decir: ‘Oye, yo estoy detrás de esto, deja de desconfiar de los emisarios que te mando'», afirmó Villarejo a preguntas de los parlamentarios. «En la medida en que yo no tenía la garantía de que era él quien me estaba dando las órdenes, yo quería saber si estaba detrás y no era una invención de los enlaces», dijo el agente ya retirado en referencia al ex ministro del Interior Fernández Díaz y al ex secretario de Estado Martínez.
Los indicios que apuntan hacia el expresidente
Los portavoces de los distintos grupos en la comisión Kitchen preguntarán al expresidente por dicha afirmación de Villarejo. Pero en la investigación de la Audiencia Nacional que continúa en curso también existen otros indicios que apuntan al conocimiento del operativo por parte de Rajoy por los que seguramente también será interrogado.
Por un lado, están las confesiones del ex número dos de Interior Francisco Martínez, que al verse abandonado por el ex ministro Fernández Díaz se negó a verse perjudicado por ser «leal a miserables como Jorge, Rajoy o Cospedal», escribió en unos mensajes que le fueron incautados y figuran en la investigación judicial.
Por otro lado, está la supuesta grabación de una reunión en la sede de Génova en la que estuvieron presentes Bárcenas, Cospedal y Rajoy que, según contó el chófer de Bárcenas Sergio Ríos a Villarejo, tenía guardada el extesorero del partido. Una conversación durante la que Rajoy habría reprochado a Bárcenas guardar pruebas de la caja B de la formación y éste respondió con una amenaza de airear información, siempre según contó Ríos al comisario jubilado: «Si, porque éste (Bárcenas) se enfada y le amenaza y le dice, ‘oye que yo tengo lo de Cospedal …’ y le dice el Presidente, ‘¿cómo tienes tú eso guardao?’ y le dice él ‘tengo eso y mucho más. Eso lo tiene que saber el Presidente, ¡vamos!’», transcribieron los agentes de la Unidad de Asuntos Internos (UAI) de la Policía de la conversación mantenida entre ambos.
Conversación entre el comisario Villarejo y el chófer de Bárcenas, Sergio Ríos.
Dicha grabación, a la que el extesorero popular también se refirió en un escrito remitido a la Fiscalía Anticorrupción antes del juicio por la reforma de la sede de Génova con dinero negro, nunca ha salido a la luz.
Además, el comisario Villarejo sostuvo, tanto ante el juez García-Castellón como ante la comisión de investigación del Congreso de los Diputados que durante el operativo Kitchen se mensajeó con Rajoy. Afirmó que le dieron dos números de teléfono móvil para que contactara con el expresidente y le mantuviera informado sobre el desarrollo del operativo, algo que según él hizo a través de SMS. El juez llegó a ordenar una diligencia para saber a quién pertenecían los números aportados por Villarejo y si efectivamente hubo intercambio entre ellos.
RAJOY, EL ESLABÓN PERDIDO PARA ENTENDER CÓMO SE ORGANIZÓ LA OPERACIÓN 'KITCHEN'
Este lunes comparece el expresidente del Gobierno en la comisión de investigación sobre la trama parapolicial, y al margen del control judicial, puesta en marcha desde el Ministerio del Interior del Ejecutivo de Rajoy para arrebatarle a Luis Bárcenas documentación sensible del PP.
A punto de acabar, la comisión de investigación que el Congreso de los Diputados puso en marcha en marzo pasado sobre la operación Kitchen deja muchas certezas y muchas dudas también. Los principales interrogantes se refieren al papel que jugó Mariano Rajoy en la trama para arrebatarle a Luis Bárcenas documentación comprometedora para el PP utilizando fondos reservados del Ministerio del Interior.
Este lunes comparece Rajoy en la comisión y con él se cierra el turno de comparecientes. Después, los miembros de la comisión de investigación elaborarán un dictamen. El expresidente ya ha anunciado que va a contestar a todas las preguntas que se le formulen, pero ha advertido que no conoce ni al comisario Villarejo ni sabe nada de la operación Kitchen.
La Audiencia Nacional ha dejado fuera de su investigación a Rajoy y a María Dolores de Cospedal. El máximo cargo político del Gobierno del PP que se sentará en el banquillo por esa operación parapolicial será el exministro del Interior Jorge Fernández Díaz. Este ha alegado, tanto en la comisión del Congreso como en la Audiencia Nacional, que el caso para hacerse con documentación de Luis Bárcenas no afectaba al Ministerio del Interior y que era un tema propio del Partido Popular, pero Fernández Díaz no ha querido mencionar a Mariano Rajoy expresamente.
En cambio, sí le ha mencionado el comisario José Manuel Villarejo, dos veces. En su primera comparecencia en la comisión, en mayo de 2021, el policía jubilado afirmó que había informado directamente a Rajoy sobre la marcha de la operación a través de mensajes en el móvil. "Informaba directamente a Rajoy sobre Kitchen. Me decía Cospedal: Es que el presidente quiere que le des tu versión", dijo Villarejo en aquella ocasión en el Congreso, y acabó relatando que despachaba directamente con Rajoy por este tema "a través de mensajes con un teléfono que me habían facilitado".
Una consigna: "A trabajar"
En su segunda comparecencia, en octubre pasado, Villarejo fue más lejos y afirmó que se había visto personalmente con el presidente Rajoy. Esta afirmación la hizo el comisario después de que Público publicara en exclusiva una información relativa a un audio inédito. Se trata de una conversación entre Villarejo y el ex secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez -imputado en la causa Kitchen-, acaecida el 14 de marzo de 2014, en la que el policía le cuenta que dos días había visto a Rajoy en la sede de Génova. El alto cargo de Interior no lo pone en duda, al contrario. Esta es la transcripción de la conversación grabada por Villarejo:
-Francisco Martínez: He traído papeles.
-Villarejo: ¿Eh?
-F.M.: He traído papeles.
-V.: Sí. Oye, bueno, la visita de la…, la cita con el asturiano [apodo de Rajoy] fue brevísima y te digo una cosa, prohibición absoluta y tal y, por tanto, tú no sabes nada, Paco, ¡no me jodas!
-F.M.: Me has dejado preocupado porque... es que joder si está descontento…
-V.: No, no, no, vamos a ver, yo te digo, yo el otro día... er... como el este utiliza al Capillas [Javier Iglesias] para gestiones y para cosas, ya el otro día le dije al Capilla: "Capilla, lo siento mucho, somos troncos, te quiero mucho, pero yo o toco chicha o yo ya no te doy nada. "No, joder, es que yo tengo una persona, que es la enlace, es una tía de mi total confianza, que no te puedo decir quién es". "Pues yo quiero verla".
Y total, que el otro día la... me presenta a una chica de unos 40 años, rubita, no tengo ni puta idea…[ahora piden café al camarero]. Total, que... -en plan confidencia- la veo a la chica y tal y cual, y digo: "Mira, tía, me estás pidiendo unas cosas muy delicadas y tal". Y ella: "No sé, mira yo, tal, asturiano, no sé qué y tal...". Digo: "Pues lo siento mucho pero yo voy a cortar, de verdad, esto no se lo he dicho a nadie, esto no lo conoce nadie, pero como comprenderás, yo tengo unos vínculos y una dependencia con la DAO [Dirección Adjunta Operativa de la Policía Nacional] y con un secretario de Estado y tal, y yo no puedo meterme en...".
Total. "No te preocupes", dice, "excepcionalmente, cosa única y tal, yo no voy a estar, pero esta tarde..." [ininteligible] había habido una manifestación de tíos de la Coca-Cola dando por culo...
-F.M.: (...) Sí, esta semana, ¿no? [En efecto: 12 de marzo de 2014 unas 150 personas se concentraron frente a la sede del PP ante los despidos en la embotelladora de la empresa].
-V.: Sí, esta semana, vamos y te digo lo de la Coca-Cola porque que me pasaron como cuando voy a ver a 'la seño' [Cospedal] en la parte de atrás, con los cristales tintados, y entré por allí, allí en Génova, y fue el Capilla, fui con el Capilla, allí en la sala donde está... donde Capilla me recibe siempre, hablando aquí y tal y cual en la especie de burbuja esa de cristal, en la salita esa.
-F.M.: Al lado de su despacho.
-V.: Al lado, justo, al lado de su despacho. Abre su despacho y tal... Y en ese momento viene el presi. "Qué tal, mire solamente para saludarle... Es que el amigo Javier Iglesias goza de toda la simpatía del mundo". "A trabajar", eso fue todo [se ríe]. Ese fue todo el mensaje. O sea...
-F.M.: Sí, para ratificar.
En su última comparecencia en el Congreso, Villarejo afirmó que además de en esa ocasión relatada en el audio, le ha "visto en tres o cuatro ocasiones más". Se refirió, en relación a la primera vez que vio en persona a Rajoy, a que "quería tener la certeza de que era él quien estaba detrás de las órdenes".
Muy probablemente los portavoces en la comisión del Congreso le preguntarán a Rajoy por esa supuesta consigna --"A trabajar"-- que le dio a Villarejo en marzo de 2014; un relato que coincide con lo explicado en otra conversación grabada por Villarejo y mantenida con el empresario Ignacio López del Hierro, marido de Cospedal, que el pasado mes de julio se libró, como su esposa, de la imputación en la causa Kitchen.
Ignacio López del Hierro le contó al comisario Villarejo que "el jefe" estaba de acuerdo en que se desarrollaran las investigaciones solicitadas al policía, como investigar a dirigentes del PP como Javier Arenas o al hermano del exministro socialista Alfredo Pérez Rubalcaba.
Mariano Rajoy tiene que aclarar muchas cosas en relación a Luis Bárcenas, el extesorero y exgerente del partido. Este afirma que grabó una conversación con Rajoy, en su despacho de la sede del PP: "Yo le hago entrega de la cantidad remanente [en la caja b] y que él espantado me dice que cómo puedo tener esos papeles, entonces los destruye en la destructora que tiene a su espalda", dijo Bárcenas en el juicio por los usos de la caja b del PP. Según Bárcenas, ese audio formaba parte del material que se le robó del estudio de su esposa, dentro de la operación Kitchen, a mediados de 2013.
La comisión del Congreso sobre Kitchen ha dejado claro que los seguimientos a Bárcenas y a su familia no respondieron a una operación para investigar el destino del dinero procedente de las donaciones que recibió el PP de grandes empresas, como han manifestado algunos policías que participaron en la operación. Porque esa investigación ya se estaba llevando a cabo por parte de la Audiencia Nacional en el marco de la causa abierta por Gürtel.
"M. Rajoy"
Precisamente, la comisión de investigación ha dejado evidenciado que el inspector principal de la Policía Nacional que investigó el caso Gürtel, Manuel Morocho, sufrió presiones para dejar la investigación y que sus mandos le impidieron incluir en el informe que presentó a la Audiencia Nacional en 2013 la relación de las personas que eran receptoras de dinero de la caja b del PP. Morocho fue objeto de siete querellas por parte de dirigente del PP, todas archivadas.
Villarejo, sobre su cita con Rajoy: "Quería tener la certeza de que era él quien estaba detrás de las órdenes"
En la comisión de investigación sobre la financiación del PP, seguida en el Congreso en 2018, el inspector Morocho dijo que su superior, el comisario José Luis Olivera, exjefe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional--imputado en la causa Kitchen--, se negó a que identificara en el informe que se enviaría después a la Audiencia Nacional a "M. Rajoy" como Mariano Rajoy y a "López Hierro" como a Ignacio López del Hierro, marido de María Dolores de Cospedal, a pesar de los indicios en los apuntes del extesorero Luis Bárcenas sobre estas dos personas.
https://www.publico.es/politica/rajoy-eslabon-perdido-entender-organizo-operacion-kitchen.html
ENCERRONA A RAJOY: GOBIERNO, SOCIOS, VOX Y CS SE UNEN CONTRA EL EXPRESIDENTE
La comisión de investigación del caso Kitchen se cierra con las acusaciones de Villarejo, sin pruebas, el silencio de Cospedal y la pinza contra el exdirigente del PP
Los partidos del Gobierno, sus socios, Vox y Ciudadanos preparan una encerrona a Mariano Rajoy este lunes en el Congreso de los Diputados. El expresidente está citado a declarar en la comisión de investigación del caso Kitchen para cerrarla y los grupos de la Cámara han preparado a conciencia el interrogatorio. El PP, por su parte, resta importancia a la presencia del exjefe del Ejecutivo y le desvincula de las acusaciones sin pruebas del comisario Villarejo. El retorno de Rajoy al Congreso se produce tras el silencio de su exsecretaria general, María Dolores de Cospedal, la pasada semana. Rajoy regresa a la Cámara dos años y medio después de perder la moción de censura y sí tiene intención de responder a las preguntas que le formulen los grupos. El PSOE lleva tiempo preparando esta comparecencia por un caso que el propio Pedro Sánchez ha mencionado, para reprochárselo a Pablo Casado en alguna sesión de control. El encargado del cara a cara con Rajoy será su portavoz Felipe Sicilia, según explican fuentes socialistas. Ya fue el encargado de preguntar, sin éxito, a Cospedal, llegando a calificar de bochorno el silencio de la exministra.
Unidas Podemos también ha preparado durante el fin de semana la cita y ha designado a Sofía Castañón como la persona encargada de interrogar a Rajoy. “Después de negar todo en una entrevista reciente, queremos saber qué conocimiento tenía de lo que es una demostrada operación parapolicial. ¿Debemos pensar que ocurría esto en el seno del Ministerio del Interior y que el presidente no tenía constancia? Y si tenemos varios testimonios que reconocen que había contacto telefónico, entonces alguien miente porque existe una contradicción entre Villarejo y Garcia Castaño con el Presidente”, avanzan fuentes de la formación morada. “Y cuando alguien tiene la necesidad de mentir es porque no existe transparencia y podemos deducir que algo ilícito había”, añaden desde Unidas Podemos. “Confiamos en que a diferencia de con Cospedal, Rajoy sí hable, como dijo que hará. Y que lo haga con el rigor que requiere hacerlo en una comisión de investigación”, concluyen. En Esquerra, el encargado del cuerpo a cuerpo con Rajoy será su portavoz Gabriel Rufián, veterano en este tipo de enfrentamientos dialécticos. Fuentes del grupo republicano aseguran que una de las claves de su intervención será evitar entrar en el enfrentamiento directo con el expresidente e intentar hacerle caer en contradicciones. Estrategia muy similar seguirá Bildu con su portavoz, Óscar Matute, como encargado de la comisión.
El PNV tiene a Mikel Legarda como portavoz en la Kitchen, pero fuentes de la formación avanzan que no podrá estar presente. Vox también tiene previsto participar en el interrogatorio a Mariano Rajoy, con Macarena Olona como portavoz. La formación presidida por Santiago Abascal no quiere dejar pasar la oportunidad de intentar poner en un aprieto al expresidente. Su intención es preguntarle por quién ordenó el código rojo, en referencia a la mención que hace en su investigación el juez García Castellón. Ciudadanos, por su parte, también intentará conocer qué grave implicación tenía Rajoy en el caso y será Edmundo Bal el encargado de preguntarle. Mariano Rajoy aseguró en una entrevista con Carlos Alsina en 'Más de Uno', de Onda Cero, que va a responder a las preguntas de los grupos. Añadió que va a decir que no ha visto a ese señor en su vida, en referencia a Villarejo, y sobre si tenía su teléfono, que es absolutamente falso. También afirmó que cuando él era ministro de Interior solo despachaba con dos mandos de la Policía y de la Guardia Civil, los responsables de Información. Sentenció que no tenía ningún conocimiento de la Kitchen y que lo único que hizo fue llamar a su ministro del Interior cuando conoció, por los medios de comunicación, que un falso cura había entrado en el domicilio de Luis Bárcenas. Lo que calificó como un “episodio bastante notable”.
RAJOY SÍ RESPONDERÁ PREGUNTAS EN LA COMISIÓN KITCHEN, A DIFERENCIA DE COSPEDAL
El expresidente del Gobierno insiste, no obstante, en que no conocía la Operación Kitchen ni a Villarejo
El expresidente del Gobierno Mariano Rajoy ha asegurado este viernes, ante su comparecencia el próximo 13 de diciembre en la comisión de investigación sobre la Operación Kitchen, que va a contestar a lo que le pregunten. Eso sí, ha anticipado que "nunca" conoció esa operación -que se organizó para sustraer documentación sensible al extesorero Luis Bárcenas- ni al excomisario José Manuel Villarejo.
Con el interrogatorio a Rajoy se pondrá fin a las comparecencias que arrancaron el pasado mes de marzo con Luis Bárcenas. Los comisionados tienen de plazo hasta final de mes para aprobar sus conclusiones en la comisión que después habrán de elevar al Pleno para su ratificación.
La portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Cuca Gamarra, arropó este jueves a la exsecretaria general del PP María Dolores de Cospedal a su llegada a la comisión que investiga la Operación Kicthen y se prevé que este lunes la cúpula del PP haga lo mismo con el expresidente del Gobierno.
Sin embargo, Cospedal anunció al inicio de la sesión que se acogía a su "derecho a no declarar" y de no responder a las preguntas de los diputados alegando que el asunto investigado es también objeto de investigación en la Audiencia Nacional.
"Cospedal ejerció un derecho constitucional"
En una entrevista en Onda Cero, Mariano Rajoy ha afirmado que él tiene previsto responder a las preguntas que le hagan. "Yo voy a responder a lo que se me pregunte", ha manifestado.
A renglón seguido, ha señalado que Cospedal "ejerció un derecho constitucional". "Y si ella consideró que no debía responder, hizo muy bien. Yo voy a responder porque no tengo ningún problema en responder", ha apostillado.
Ante la posibilidad de que en su comparecencia le pregunten por lo que dijo Villarejo acerca de que en una reunión que tuvo con Cospedal apareció el expresidente para saludar, algo que interpretó como una manera de hacerle saber que estaba al tanto: "Sí, realmente dijo eso, que no me conocía y que se había reunido cuatro veces y que teníamos unos intermediarios e interlocutores, que cita a varios de formas diversas. Lo único cierto es que yo no he visto a ese señor en mi vida. Esa es la única verdad. Y naturalmente lo voy a decir. En mi vida", ha aseverado.
En este sentido, Rajoy ha subrayado que es "absolutamente falso" que él tuviera un teléfono para enviarle mensajes al comisario. Al ser preguntado si sabía algo de Villarejo en aquel momento, ha indicado que él no sabe cuándo supo de su existencia.
"He sido ministro del Interior y, desde luego, siendo ministro del Interior ni la más remota idea. Y luego, en el Gobierno, pues supongo que en un determinado momento debí enterarme de que existía, igual que luego he visto los nombres de todos los demás", ha afirmado, para precisar que cuando ocupaba la cartera de Interior despachaba con dos personas: el comisario general de Información de la Guardia Civil y el de la Policía.
Preguntado después si estaba al tanto de una operación policial para conseguir material que pudiera tener Bárcenas, Rajoy ha asegurado que "en absoluto" era conocedor de esa operación. "Nunca conocí que existiera esa operación. No voy a elucubrar porque está precisamente subiúdice pero tengo muy serias dudas de qué es realmente lo que pasó ahí", ha declarado.
"Cuando llegó a casa de Bárcenas un cura"
El expresidente sí que ha reconocido que la primera vez que vio una cosa que le llamó "la atención", y por la que llamó el ministro, fue "cuando llegó a casa de Bárcenas un cura que no era cura" y se "montó un espectáculo". "Yo lo vi o me lo contó alguien y me pareció una cosa absolutamente rocambolesca porque luego no era un cura", ha enfatizado.
Según ha añadido, "no tiene la más remota idea" de quién envió a ese cura. "Le dije, oye infórmame de esto. Nunca me informó. Supongo que no se habrá enterado de nada. La verdad, era un episodio bastante notable", ha concluido.
LA SOSPECHA DE UNA POSIBLE NUEVA IMPUTACIÓN LLEVA A COSPEDAL A NEGARSE A CONTESTAR AL CONGRESO
La ex número dos del PP invoca los recursos que han presentado Anticorrupción, PSOE y Podemos contra el auto en el que quedaba exonerada de la 'operación Kitchen'
La ex secretaria general del PP María Dolores de Cospedal ya no está imputada en la Audiencia Nacional por la operación Kitchen. Fue exonerada por el juez instructor de esta causa, Manuel García Castellón, a finales del pasado mes de julio. Sin embargo, no ha querido declarar en la comisión de investigación del Congreso creada al albur de esta trama, comportándose así como si en realidad siguiera investigada. ¿La razón? El procedimiento, en realidad, no está aún cerrado, pues tanto la Fiscalía Anticorrupción como las acusaciones populares han presentado recurso y siguen insistiendo en la imputación de la también exministra y expresidenta de Castilla-La Mancha y quieren que se continúe investigando.
En caso de que la Sala de lo Penal estime los recursos en lo que concierne a Cospedal, ésta volvería al estatus de imputada en esta pieza 7 del caso Villarejo en la que ya están procesados el exministro del Interior Jorge Fernández Díaz, el ex secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez y ocho antiguos mandos policiales por el espionaje ilegal al extesorero del PP Luis Bárcenas. Es decir, un tribunal de tres magistrados tendrá en sus manos decidir si obliga a ampliar las pesquisas o si confirma el fin de la instrucción. No sería la primera vez que la Sala revoca una decisión de un juez de instrucción.
La exdirigente del PP sabe que la partida aún no ha terminado y por eso ha llegado a la comisión de investigación del Congreso sin intención de decir una sola palabra que la pueda perjudicar de cara a una reapertura de las actuaciones judiciales contra ella. Y es que el recurso de la Fiscalía es muy contundente y prolijo en sus argumentos, en los que defiende que hay cosas de la trama que se han quedado sin investigar. Esas cosas incluyen la posible implicación o conocimiento que pudo tener la ex secretaria general.
Pero no es lo único que los fiscales creen que falta por hacer en la instrucción de la operación Kitchen y que el magistrado García Castellón se ha negado a practicar. La posible implicación de la cúpula del PP en la organización del operativo ilegal –pues ven al partido como el centro neurálgico de todo el entramado–; la localización del material sustraído a Bárcenas por los mandos policiales implicados; la utilización de más confidentes para tratar de averiguar otros pagos con fondos reservados; y más pruebas que permitan argumentar el relato de que Kitchen fue sólo un capítulo más en los intentos por obstruir la investigación del caso Gürtel son algunos de los cabos sueltos que han quedado sin atar.
Para Anticorrupción, la negativa del instructor a seguir indagando en el paradero del material robado al extesorero del PP sería como asegurar el éxito de la operación ilegal. Ese es el punto central que ha quedado sin investigar, según los fiscales, pero éstos también destacan en su recurso que la exoneración de Cospedal y su marido, que apenas estuvieron imputados dos meses, fue "precipitada" y "extemporánea". Fiscalía cree que el matrimonio mintió en sede judicial o, al menos, cayó en contradicciones, por lo que ve "incomprensible" que el juez les libre de todo tan fácilmente. No dicen los fiscales que se haya demostrado que la ex secretaria general del PP y el empresario fueran los responsables de la trama Kitchen, pero reprochan al juez que ni siquiera siga indagando.
Así las cosas, y a la espera de que la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional se pronuncie, Cospedal ha leído al empezar la sesión de este jueves en la comisión de investigación del Congreso una corta declaración en la que, aunque ha recordado que el pasado julio fue "declarada exenta de todo tipo de responsabilidad en los hechos", ese auto del juez instructor ha sido recurrido tanto por Anticorrupción como por "dos grupos políticos representados en esta comisión", como son PSOE y Podemos, que están personados como acusaciones populares.
"Con todo el respeto al Congreso y al principio de división de poderes, a la Administración de Justicia y a las resoluciones judiciales, y por respeto a mi derecho de defensa, tengo la intención de no emitir respuesta a sus preguntas", ha apuntado. Incluso, más adelante se ha olvidado de la Fiscalía y ha llegado a responsabilizar a PSOE y Podemos de su silencio, al sugerir que si no hubiesen recurrido, sí podría haber declarado en el Congreso.
Esta situación ha llevado a que los portavoces parlamentarios, a excepción del PP, hayan empleado su tiempo en hacer a Cospedal todas las preguntas que tenían preparadas, pero la ex secretaria general se ha mostrado impasible en todo momento, mirándoles mientras la interrogaban y tomando notas de vez en cuando. Sólo ha interrumpido su silencio en tres ocasiones, después de las intervenciones de los diputados de Unidas Podemos, Junts y EH Bildu para hacer alguna apreciación o matización. Pero nada relacionado con la operación Kitchen.
Los diputados querían que Cospedal explicara la naturaleza de su relación con el comisario José Manuel Villarejo, de qué hablaron en sus encuentros, si es verdad que se reunieron entre ocho y diez ocasiones como dijo su exjefe de gabinete y no tres o cuatro como dijo ella, si su marido, el empresario Ignacio López del Hierro, y ella le hicieron algún encargo, si cree que Fernández Díaz fue el máximo dirigente político de la trama Kitchen... Una a una, la que fuera número dos de Mariano Rajoy en el PP ha mantenido silencio.
Culpa a PSOE y Podemos de no declarar
Cospedal sí ha tomado la palabra después de la intervención del portavoz de Unidas Podemos, después de que éste y el diputado socialista le reprocharan que no contestara a sus preguntas. Según la ex secretaria general, ella habría declarado el pasado junio, cuando había sido citada en un primer momento por la comisión, pero su imputación en la causa ese mismo día llevó a que los portavoces parlamentarios optaran por aplazar la comparecencia.
"No fue culpa mía no declarar. Y ahora no declaro porque la Fiscalía, junto con PSOE y Podemos, ha recurrido el auto en el que el juez me exonera de toda responsabilidad. La excusa, que no es excusa, que es la garantía a mi derecho a la defensa y por el principio a la división de poderes… no es excusa, son PSOE y Podemos los que han hecho que yo mantenga esta posición", ha subrayado.
La siguiente vez que Cospedal ha interrumpido su silencio ha sido en respuesta al portavoz de Junts para defender la actuación de la Policía Nacional y la Guardia Civil el 1 de octubre de 2017, durante el referéndum ilegal en Cataluña. "Usted ha dicho que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado bajo el mandato del PP atacaron a los legítimos votantes en Cataluña. Es falso, lo que hicieron fue defender la legalidad y el cumplimiento de la legislación vigente en contra de aquellos que quisieron provocar un golpe de Estado", ha afirmado.
Y, por último, la exdirigente conservadora ha replicado al portavoz de EH Bildu, después de que éste comentara lo habitual que es que en este tipo de comisiones de investigación los comparecientes se vuelvan "amnésicos" y aseguren no recordar nada. "Yo no he dicho que no sepa nada ni que tenga amnesia. He dicho que me acojo a mi derecho a no declarar por mi derecho de defensa. A todo lo que se ha preguntado he declarado en sede judicial", ha remarcado.
EL PP DE CASADO DA POR AMORTIZADO EL DAÑO POR EL CASO 'KITCHEN'
Lo que podía haber sido una travesía en el desierto acabó siendo una comisión sin apenas desgaste para Pablo Casado. La dirección actual afronta el final de los trabajos con la certeza de que no ha sufrido daños y que su estrategia de desvincularse del pasado ha funcionado
“Se acaba este circo”. Distintos diputados del PP coinciden en que la comisión de investigación en el Congreso sobre el caso 'Kitchen' (la supuesta trama parapolicial que el PP habría desarrollado desde el Gobierno para robar pruebas sobre la caja B a Luis Bárcenas) llegará a su fin en los próximos días sin haber pasado factura a la actual dirección que encabeza Pablo Casado. Cuando hace más de un año los partidos del Gobierno impulsaron el grupo de trabajo las alarmas volvieron a encenderse.
En el PP se quejaban de que PSOE y Unidas Podemos buscaban fiscalizar a la oposición, pero la realidad era que la situación incomodaba mucho a la cúpula popular, que volvía a sentirse presa de los casos de corrupción del pasado.
La estrategia desde el primer minuto fue desvincularse (recordando que ningún excargo investigado formaba parte del actual partido), denunciando al mismo tiempo que no existían precedentes de gobiernos “que utilizaran el Congreso para controlar a la oposición, salvo en dictaduras”. El temor dentro de las filas populares era que la comisión y el desfile de comparecientes desgastara a Casado.
Casi quince meses después de que el pleno diera luz verde a la comisión, el PP da por amortizado el asunto y considera que ese desgaste no ha existido. El ejemplo más reciente fue el de ayer mismo, aseguran fuentes populares a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, con la puesta en escena de María Dolores de Cospedal. La ex secretaria general del partido se negó a declarar acogiéndose a su derecho constitucional, pero recordó —eso sí— que el juez la declaró “exenta de toda responsabilidad” semanas después de citarla como investigada.
No solo eso. También le dio tiempo a jactarse de los 13 juicios que ha perdido Bárcenas por “mentir” e incluso hizo hincapié en que el extesorero le debe 50.000 euros por las injurias que le profirió. “El dinero es lo de menos, lo de más es que gané la demanda”, se despachó la exministra de Defensa. Lo que podía haber sido una travesía en el desierto para el PP ha terminado siendo un camino bastante más sencillo de lo esperado. “Los policías, a excepción de Villarejo, han negado que 'Kitchen' existiera. Así que no hay caso. Es el invento del PSOE”, decían con optimismo varios dirigentes populares en el Congreso.
A nadie le sorprendió que Cospedal decidiera no declarar. De hecho, la escenificación de apoyo de la portavoz, Cuca Gamarra (se quedó lo que duró la comisión), y otros diputados del grupo parlamentario, fue evidente. Arroparon a la que fuera número dos del partido sin temor a la foto ni a otros reproches.
Fue el síntoma claro de que veían superada la prueba. La escena se repetirá todavía con mayor énfasis el próximo lunes cuando acuda al Congreso Mariano Rajoy en la última comparecencia prevista antes de que la comisión redacte sus conclusiones. El resto de partidos de la Cámara, incluidos Ciudadanos y Vox, han sido muy críticos a lo largo de las sesiones, igual que el Gobierno y sus distintos socios. Todos coinciden en lo mismo: la imposibilidad de que esa trama prosperara sin el conocimiento y la aprobación de Cospedal y del propio Rajoy.
Pero el hecho de que la ex secretaria general quedara fuera del procesamiento judicial ha servido a los populares en su posición. “Esto no nos afecta en nada. Somos el presente y el futuro. No el pasado”, reiteraban miembros de la cúpula del PP, convencidos de que la que podía ser la comisión parlamentaria más dura de la legislatura terminará sin grandes daños para la formación.
La estrategia de separación de etapas se reforzó el pasado febrero cuando tras el desastre de las elecciones catalanas (Casado achacó el fracaso electoral a la reaparición de Bárcenas los días previos a la cita con las urnas) el líder del PP anunció la mudanza de la sede de Génova para romper definitivamente con el pasado: “El coste electoral es tremendo y tenemos que dejar de preocuparnos por nuestro pasado y ocuparnos del futuro”, llegó a decir ante la plana mayor del partido en la decisión de mayor calado que ha tomado desde que llegó a la presidencia.
Es cierto que el proceso de mudanza sigue su curso, pero diez meses más tarde aún se desconoce el que será el nuevo cuartel general. La novedad relevante en el discurso estaba en la decisión de que ni él ni la dirección nacional “volverían a pronunciarse o hablar” de casos de corrupción relacionados con el pasado. “Las hipotecas en política no son hereditarias y no podemos seguir pagando facturas de cuestiones que ni conocemos”, zanjó el líder. Desde entonces los principales dirigentes han justificado su silencio basándose en esas palabras.
https://www.epe.es/es/politica/20211210/pp-casado-da-amortizado-dano-12959982
COSPEDAL RECURRE AL SILENCIO PARA DEFENDERSE EN LA COMISIÓN KITCHEN DEL CONGRESO
La ex ‘número dos’ del PP no colabora en la investigación parlamentaria sobre el espionaje ilegal al extesorero del PP Luis Bárcenas en el Gobierno de Rajoy y afirma: “Yo no metí la mano en la caja”
Dolores de Cospedal, durante 10 años la todopoderosa secretaria general del PP, se ha negado este jueves a declarar y a contestar a las preguntas de los diputados representados en la comisión de investigación en el Congreso de la llamada Operación Kitchen, el espionaje ilegal al extesorero del PP Luis Bárcenas con recursos del Ministerio del Interior para tapar escándalos del partido durante el Gobierno de Mariano Rajoy. La que fuera mano derecha del entonces presidente, en esa complicada época del florecimiento de los casos Gürtel y Bárcenas en el partido, ha recurrido al silencio y se ha acogido a su derecho a no responder. La ex secretaria general del PP ha justificado su decisión en que tanto la Fiscalía como el PSOE y Unidas Podemos están personados en la causa judicial que se sigue sobre esta misma trama en la Audiencia Nacional y han recurrido el archivo de su imputación por parte del juez.
Cospedal no ha colaborado formalmente en los trabajos que lleva a cabo esa comisión de investigación sobre Kitchen, pero se ha reservado la posibilidad de apostillar a las intervenciones de los diputados que más le han desagradado. En una de ellas, ha amenazado a un parlamentario de Junts per Catalunya, Josep Pagès, con ponerle una querella si repetía “en la calle” una acusación que le había hecho en el Parlamento, y en otra ha replicado a un representante de Bildu: “Yo no metí la mano en la caja”.
Había expectación mediática y política por conocer cuál sería el comportamiento de Cospedal ante la comisión Kitchen. Hace seis meses, en junio, fue citada por esa misma comisión poco después de que llegara para declarar su marido, Ignacio López del Hierro. Cospedal acudió entonces al Congreso, pero pocos minutos antes de que empezara su exposición se conoció que el juez de la Audiencia Nacional que lleva esta causa, Manuel García Castellón, imputaba al matrimonio y la Mesa de la comisión optó por anular precipitadamente la comparecencia cuando ella ya paseaba por los pasillos de la Cámara.
Indignada por la premura de la anulación, la ex secretaria general del PP protestó oficialmente ante el Congreso, pero no se le concedió la razón porque se le había enviado un correo electrónico en el que le avisaban del cambio de planes. Este jueves ha asegurado que entonces sí estaba dispuesta a contestar y ha culpado de su cambio de posición a los recursos contra el archivo de su imputación que han interpuesto la Fiscalía, el PSOE y Unidas Podemos.
Su decisión de “no emitir contestación” a las preguntas que iban a formular los parlamentarios ha sido lo primero que ha aclarado Cospedal este jueves en una declaración previa en la comisión que chafó los planes de varios grupos. El portavoz del PSOE, Felipe Sicilia, remarcó rápidamente la aparente contradicción entre que en junio, cuando fue imputada, sí estuviese disponible para responder y ahora, cuando el juez ha retirado esa imputación, no lo haya hecho. Sicilia interpretó ese giro como “la excusa perfecta” para no incurrir “en el riesgo” de decir algo en el Congreso, ante su obligación legal de no mentir, que se pudiera descubrir en próximos días como contradictorio con alguna grabación o documento de alguno de los implicados en aquella operación y que le pudiera suponer problemas legales.
Varios de los parlamentarios recordaron a continuación las innumerables referencias que el comisario jubilado José Manuel Villarejo ―que tanto ha usado en sus trabajos el método de las grabaciones secretas― hace tanto a conversaciones y contactos directamente con Cospedal como con su marido. Sicilia parafraseó el conocido refrán sobre que el que calla otorga: “Usted calla, porque tiene mucho que tapar, y prefiere sufrir el bochorno de pasar por aquí sin decir nada”. El socialista recordó el pasado parlamentario de Cospedal, que también fue en su carrera política presidenta de Castilla-La Mancha y ministra de Defensa, para subrayar “el desprecio a la Cámara y a la soberanía nacional” que causaba con su silencio.
Todas esas referencias y lamentaciones sobre el comportamiento de Cospedal ante una comisión de investigación del Congreso no hicieron mella en su decisión. Siguió callada hasta que le interesó romper esa táctica para que quedaran en el acta de la sesión determinadas matizaciones.
El Tribunal Constitucional se ha pronunciado varias veces sobre el silencio en una causa judicial. En la sentencia número 61/2005 se reputa como lógico, racional y ajustado a las normas de la experiencia deducir de la conducta pasiva de un imputado un indicio de culpabilidad, pero debiendo realizarse tal deducción en el marco de una convicción alcanzada al valorar el conjunto de los elementos de prueba disponibles. En la sentencia número 202/2000 se considera que, ante la existencia de ciertas evidencias objetivas aducidas por la acusación, la omisión de explicaciones acerca del comportamiento enjuiciado en virtud del legítimo ejercicio del derecho a guardar silencio puede utilizarse por el juzgador para fundamentar la condena. Y en la sentencia de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo del 21 de octubre de 2004 se reconoce el silencio del acusado en el juicio oral como un derecho legítimo de su defensa, sin que sea prueba de cargo; pero se precisa que eso no significa que no pueda ser valorado a ningún efecto en el momento de valoración de las auténticas pruebas.
Felipe Sicilia, del PSOE, acabó su exposición con su particular conclusión: “La duda no es saber si usted sabía de la Kitchen, sino cómo es que usted no sigue imputada”.
El representante del PP, Luis Santamaría, utilizó esa acusación del PSOE, y en prevención de siguientes interrogatorios en esa línea, para arremeter contra la presidencia de la comisión y los letrados y asesores jurídicos del Congreso. Los criticó por permitir lo que tildó de “instrumentalización” de los trabajos de esas sesiones para atacar al Partido Popular con “fábulas” que atribuyó a guionistas de un “Pantocrátor”, en el que mezcló todo tipo de casos oscuros del PSOE en el pasado con referencias a fenómenos extraterrestres y hasta la niña de la curva.
Cospedal se mantuvo muda, con los brazos cruzados, tomando algunas notas y poniéndose y quitándose las gafas durante esos cuestionarios, y también durante el del representante de Vox. Cuando el portavoz de Unidas Podemos, Ismael Cortés Gómez, le reprochó su incomparecencia ante los casos Gürtel, Bárcenas o Kitchen, abandonó su mutismo y reiteró que la culpa era de los recursos judiciales del PSOE y Podemos.
El portavoz de Junts introdujo en sus preguntas una alusión a la actuación de las Fuerzas de Seguridad durante los peores momentos del proceso independentista en Cataluña en 2017 y otra sobre las implicaciones de dirigentes del PP en varios casos de corrupción económica. Cospedal se soliviantó en ese momento y pidió la palabra para rechazar como “falso” que las policías “atacaran a los legítimos representantes de Cataluña” en aquellos días e indicó que lo que hicieron fue “defender a los ciudadanos sobre los que quisieron promover un golpe de Estado”. También rebatió molesta que no era “su caso” y que ella “no metió la mano” en la caja para desmentir una frase en ese sentido que le planteó el diputado separatista catalán. Fue ahí cuando llegó a encararse con Josep Pagès al decirle que “la inmunidad parlamentaria no cubre” ese tipo de acusaciones, y cuando añadió amenazante que si la hubiera expresado “en la calle”, habría podido responderle con una querella.
No hubo lugar para el cuerpo a cuerpo entre Cospedal y Pagès, pero el portavoz de EH Bildu, Oskar Matute, sí recogió esa frase para interpretar que ese tipo de alusiones en las calles de su barrio en Vizcaya se toman como una amenaza. Cospedal volvió a interrumpir su silencio para explicar que de donde ella procede esas referencias “quieren decir que puede entablar una acción judicial, y nada relacionado con amenazas o armas o de otro tipo”. Y también matizó que no se había quedado “amnésica ni nada por el estilo” por acogerse a su derecho a no declarar en el Congreso, y añadió que ya lo había hecho ante el juez “con mucho más rigor”.
La ex número dos del PP cerró así la sesión con un recordatorio de los 13 procedimientos que la han enfrentado durante estos años con Luis Bárcenas, extesorero y exgerente nacional del partido, sin citar su nombre, para reseñar que él había mentido en todos esos casos, que había perdido y hasta había dejado de pagar sus condenas, pero había desperdiciado mucho tiempo, recursos y dinero del Estado. Matute, de EH Bildu, le reprochó a Cospedal que con su nula colaboración también había derrochado el trabajo que le corresponde al Congreso como una de las instituciones más relevantes del país.
EL PP CALIFICA COMO “FÁBULA” UNA DE LAS PRINCIPALES CONCLUSIONES DEL JUEZ DEL ‘CASO KITCHEN’
El partido duda de la existencia del material presuntamente robado por la trama, sobre la que el instructor expresó su “convicción”
El PP considera que una de las principales conclusiones del juez instructor del caso Kitchen, Manuel García-Castellón, constituye una simple “fábula”. Así lo manifestó este jueves Luis Santamaría, portavoz del partido en la comisión de investigación abierta en el Congreso sobre la operación de espionaje ilegal al extesorero popular Luis Bárcenas, donde calificó como “un acto de fe” el dar por hecho que existía el material comprometedor que la trama sustrajo supuestamente al antiguo responsable de las finanzas de la formación. Estas palabras contrastan con los escritos del magistrado, que mantiene que los policías implicados “habrían finalmente localizado e incautado” esa documentación.
Santamaría reitera así la línea de defensa desplegada por los populares desde que arrancara la comisión. A lo largo de las distintas sesiones, el portavoz del PP ha criticado los trabajos parlamentarios e incluso ha tratado de sembrar dudas sobre la investigación judicial del caso Gürtel —que acumula ya más de 69 condenados, además del propio partido por beneficiarse de la red corrupta de Francisco Correa—. Según la instrucción de la Audiencia Nacional, tras publicar EL PAÍS en enero de 2013 los papeles de Bárcenas, el Ministerio de Interior activó Kitchen para tratar de sustraer más documentación sensible que pudiera guardar el extesorero sobre cargos de la fuerza política y, de esta forma, impedir que llegara al juez que investigaba Gürtel.
“Fíjese la paradoja que se produce en esta comisión”, le dijo el portavoz del PP a María Dolores de Cospedal, ex secretaria general de los populares, que se negó este jueves a declarar. “Investigamos una supuesta utilización ilegal de los medios del Ministerio del Interior para encontrar unos supuestos documentos contra el PP. Sin embargo, ni uno solo de esos papeles o material ha aparecido. Ni aquí ni en el proceso judicial”, cargó Santamaría. “Lo que nos lleva a preguntarnos si dichos documentos tan comprometedores alguna vez existieron o si debemos aceptar su existencia como hacemos con la de las meigas o con la mujer de la curva [sic], aceptando el acervo popular de que ‘haberlas haylas’. Pero, en mi caso, después de 25 años conduciendo a Galicia, no he visto ni una meiga ni tampoco he visto a la mujer de la curva”.
Las arremetidas del principal partido de la oposición no han quedado ahí y ha comparado la conclusión con “un acto de fe”: “Hay gente que ve por la noche un fenómeno luminoso, piensa que es un ovni y ya deduce que hay una civilización mucho más avanzada que la nuestra, que equipara con naves interestelares que nos visitan con el fin de ocuparnos o de esquilmar nuestros recursos naturales. Bueno, pues estas son las fábulas en las que nos toca participar”, ha ironizado Santamaría.
El relato del PP se topa con el de García-Castellón, que en su auto de procesamiento de Kitchen consideró que constan en la causa suficientes “indicios” de la existencia de esa documentación comprometedora y concluye que la trama llegó a acceder a ella “en fecha no determinada, pero que puede situarse en octubre de 2013”. Según el juez, por un lado, el comisario Enrique García Castaño entró en un estudio que la mujer de Bárcenas tenía en la calle General Díaz Porlier de Madrid, donde “se ubicaría un armario con un doble fondo del que se habría sustraído dicho” material. Por otra parte, el chófer del extesorero facilitó dos dispositivos electrónicos (una tableta y un móvil) de Bárcenas, que fueron clonados, según confirmaron los dos agentes rasos que ejecutaron esa orden.
“Como se puede observar, existen indicios que permiten sostener que se materializó el acceso a la información que guardaba Bárcenas. La convicción de que se produjo este acceso es una de las razones que lleva, precisamente, a seguir adelante con el procedimiento por los trámites del procedimiento abreviado”, añadía el magistrado de la Audiencia Nacional en su escrito del pasado 29 de julio, cuando procesó a toda la antigua cúpula de Interior por su implicación en Kitchen, pero retiró la imputación a Cospedal y a su marido, el empresario Ignacio López del Hierro.
Clonado de dispositivos móviles
El juez también enumeraba entonces los indicios recabados para sostener su conclusión. Como los audios de los protagonistas de la trama donde hablan de esa documentación robada. O los mensajes de móvil interceptados donde García Castaño se refiere al material: “Ya te dejaré la agenda [de Bárcenas], que es mejor que la Guía Michelin”, escribe este policía a Francisco Martínez, ex secretario de Estado de Seguridad y presunto coordinador de Kitchen. O las anotaciones en las agendas del comisario José Manuel Villarejo sobre la operación: por ejemplo, un apunte del 17 de octubre de 2013 reza así: “Big [alias de García Castaño]: relación cocinero-copiando tfnos [sic]” —Villarejo apodó al chófer de Bárcenas como chef o cocinero—. O el mensaje presuntamente reenviado a Martínez por el entonces ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, que decía: “La operación se hizo con éxito. Se ha volcado todo (2 iPhone y 1 iPad)”.
Además, el pasado 29 de julio, pese a la petición de la Fiscalía de ampliar las pesquisas para intentar recuperar ese material sensible, el juez lo rechazó al considerarlo innecesario porque ya podría haberse destruido: “Aquel o aquellos que pudieran haber retenido [la documentación], habrían dispuesto del tiempo y la capacidad necesaria para deshacerse de la misma”. “Ya no estamos en el momento de indagar cómo recuperar esta información, sino de enjuiciar a quienes pudieron participar en el hecho aparentemente delictivo”, remachó el magistrado.
LOS MENSAJES A VILLAREJO: “SI TIENES PROBLEMAS, HABLA CON COSPEDAL”
EL PAÍS publica el contenido de un informe de la Policía sobre las comunicaciones del comisario con la ex secretaria general del PP y su círculo más próximo
La documentación incorporada al sumario sobre el caso Kitchen revela la prolija relación que el comisario José Manuel Villarejo mantuvo durante años con María Dolores de Cospedal, entonces secretaria general del PP, que este jueves declara en la comisión de investigación abierta en el Congreso por la trama de espionaje al extesorero popular Luis Bárcenas. Un informe elaborado por la Policía Nacional, que no se ha facilitado a los diputados y cuyo contenido reproduce ahora EL PAÍS, destaca el intenso cruce de llamadas y mensajes del agente con la política y su entorno durante los meses que duró el despliegue irregular, además de vincular estas comunicaciones con anotaciones de las agendas de Villarejo donde se incluyen detalles del operativo ilegal.
Cospedal constituye actualmente el epicentro de la batalla que mantienen la Fiscalía Anticorrupción y el juez instructor Manuel García-Castellón. El pasado julio, el magistrado de la Audiencia Nacional desimputó a la exdirigente popular por la “debilidad” de los indicios contra ella. Pero el ministerio público ha recurrido esa decisión e insiste en señalar la implicación de la ahora ex secretaria general, a la que atribuye un “interés personal” en Kitchen, que tenía el presunto objetivo de robar los papeles sensibles que Bárcenas pudiera guardar de altos cargos del partido.
Los parlamentarios esperan expectantes la cita de este jueves. La comparecencia de Cospedal se suspendió el pasado 2 de junio, apenas unas horas antes de que se celebrase, después de que el juez la imputase. Los diputados podrán interrogarla ahora por los “suficientes indicios de criminalidad” que, según la Fiscalía, siguen existiendo en su contra. De hecho, Anticorrupción esgrime contra la ex secretaria general el informe de la Unidad de Asuntos Internos (UAI) de la Policía sobre las comunicaciones de ella y su entorno con Villarejo, datado el 23 de junio.
“4.30 en Milford”. Las agendas de Villarejo reflejan los profusos contactos que mantuvo Cospedal y su entorno —especialmente su marido, el empresario Ignacio López del Hierro; y su jefe de gabinete, José Luis Ortiz— con el comisario. Según el informe, estos se repitieron durante los meses que precedieron a Kitchen y durante su desarrollo. Los encuentros eran habituales. Y así lo acreditan también los mensajes hallados en un teléfono del comisario, que confirman las anotaciones de sus cuadernos, según manifiestan los investigadores de Asuntos Internos.
Por ejemplo, el 28 de mayo de 2013, después de que EL PAÍS haya publicado los papeles de Bárcenas y con el PP nervioso por el avance del caso Gürtel, el esposo de Cospedal se cruza mensajes con Villarejo para quedar. “El jueves después de comer”, fija López del Hierro. “Ok”, contesta el comisario.
—4.30 en Milford [un restaurante de Madrid] —añade el empresario
—Tendrá que ser a las 16h o a las 18. Tengo cita a las 17 en mi ofi[cina] —responde el policía.
—Es que a las 6 salgo de viaje. Y tengo almuerzo. Si no, el lunes.
—¿Y a las 16 puedes?
—No me da tiempo.
Del Hierro y Cospedal reconocieron al juez sus contactos con Villarejo, pero alegaron que nunca les facilitó datos secretos de Gürtel. También negaron su implicación en la trama de espionaje a Bárcenas: “Kitchen no tiene nada que ver con el PP”, aseguró la expolítica a García-Castellón: “Eso tiene que ver con la Policía”.
“Dame un fijo”. En junio de 2013, la investigación sobre Bárcenas entra en ebullición. El cerco sobre el extesorero se estrecha y, durante los días previos a su primera entrada en prisión, se suceden las llamadas y comunicaciones entre Villarejo y el jefe de gabinete de Cospedal. Así lo destaca el informe de la UAI. “Dame [un número de teléfono] fijo. Te va a llamar Lara a las 21 y preguntará por ti”, escribe Ortiz al policía el 12 de junio.
“Se me ha liado la tarde, ¿mañana por la mañana te llamo desde un fijo a tu oficina?”, le insiste también el asesor el día 20. Una conversación que continúa el 21: “Estoy en un fijo, te lo digo y me llamas. 925...”. Esa jornada, Villarejo anota en su agenda junto al nombre de Ortiz: “Toque para hablar. Aviso de pago pendiente. Queda en comentarlo con la Cospe”.
“¿En la cafetería de siempre?”. Los contactos con el jefe de gabinete, que sorprendieron mucho al juez, prosiguen. El 27 de junio, Bárcenas ingresa en prisión. El 28, el asesor de Cospedal se comunica con Villarejo —en su móvil hallan un simple “ok” remitido por el hombre de confianza de la popular— y el comisario escribe en su agenda junto al nombre de Ortiz: “Varios avisos sobre publicaciones sobre LB. Agradece comentarios”.
El 1 de julio sí será un día más intenso, según el informe de la UAI. Tras volver a poner primero un escueto “ok”, Ortiz envía otro mensaje a Villarejo a las 14.57 para cerrar una cita entre ella y el agente, según las agendas: “¿Puedes venir sobre las 18.00?”. Pero, ante la falta de respuesta de su interlocutor, lo llama dos veces y le insiste de nuevo: “¿Me puedes llamar por favor?”.
—Nos vemos a las 18. ¿En la cafetería de siempre? —contesta por fin el comisario a las 17.13.
—Te digo sitio —responde a su vez el asesor de Cospedal
—Ok.
—Se va a retrasar un poco, te digo sitio en un rato.
Ese día, Villarejo vuelve a reflejar los contactos en su agenda. Junto al nombre de Ortiz, escribe: “Mensa [sic] sobre riesgo de LB [Luis Bárcenas]. Contesta solo ‘ok”. También añade, junto a las siglas “MD” que los investigadores identifican con María Dolores de Cospedal: “Charla larga desde 18.30. Comprende que hay que pagar lo pendiente. Valora que se siga con el tema catalino [sic] y hablará con Chisco sobre los cambios”. Según el informe de la UAI, Del Hierro envía también un mensaje a Villarejo a las 18.51 de este 1 de julio, donde le insta a verse el “miércoles” siguiente. Ese encuentro quedó recogido en los cuadernos del policía.
Llamada de Cospedal el día que se activa Kitchen. Los contactos con Villarejo se multiplican en julio de 2013. El PP vivía un momento crítico ante los rumores de que Bárcenas iba a tirar de la manta —una confesión que se produce finalmente el día 15, cuando la Audiencia Nacional cita a declarar al extesorero—.
Pero antes, el 11 de julio, el Ministerio del Interior activa Kitchen, según el juez. Y esa jornada resulta intensa, según Asuntos Internos. El documento revela un profuso cruce de llamadas entre el comisario y el matrimonio. A las 15.24, Villarejo marca el número de López del Hierro y se produce una conversación de 1 minuto y 49 segundos. A las 15.36, el agente vuelve a telefonear al marido y hablan durante 1 minuto y 4 segundos. A las 15.41, la propia Cospedal contacta con el policía durante 19 segundos. Y a las 15.44, Villarejo llama otra vez al móvil del esposo.
El comisario lo anota todo en su agenda. Junto al nombre de Cospedal, pone: “Muy mosca con la citación. Le aconsejé que llamara a Chisco. Lo hizo más tarde”. Chisco es el apodo de Francisco Martínez, secretario de Estado de Seguridad y considerado el coordinador de Kitchen, con el que también tiene una presunta conversación esa jornada: “Charla de casi 45 minutos. Plan contra LB. Interv. [sic] comunicaciones, registros y citación de mujer e hijo”. Junto a las siglas de López del Hierro (ILH) añade: “Toque porque Chisco me pidió comprobar si la Cospe había pactado ser citada”.
La declaración de Bárcenas se acerca y, el 12 de julio, Villarejo manda un mensaje al marido de Cospedal: “¿Hay un fijo donde llamarte?”. El empresario telefonea entonces al comisario y conversan durante 1 minuto y 12 segundos. El policía lo anota en su agenda: “ILH: Hablar mañana sobre lo que declara el lunes”. Para el lunes 15 de julio se había fijado la cita de Bárcenas ante al juez. De hecho, tras producirse la confesión del extesorero, el comisario llama a las 16.50 de esa jornada a Del Hierro y charlan durante 4 minutos y 6 segundos.
“Te está llamando MDC”. Con Kitchen en marcha, uno de los objetivos de la operación ilegal es captar como confidente a Sergio Ríos, chófer del extesorero. El comisario Andrés Gómez Gordo, asesor de Cospedal en el Gobierno de Castilla-La Mancha, desempeña un papel clave en ello, pues ya conocía al conductor.
El 18 de julio, los protagonistas vuelven a cruzarse mensajes y llamadas, como queda registrado en el móvil de Villarejo, que también lo anota en sus cuadernos. A las 10.28, Ortiz telefonea sin éxito a Villarejo. Ante la falta de respuesta, un minuto después le envía un mensaje —“Llámame cuando puedas, urge un poco”— y a las 11.07 le vuelve a llamar, sin que este descuelgue. A las 11.08 lo intentan también desde el número de la secretaria de la dirigente del PP, pero tampoco consiguen nada. Entonces, interviene López del Hierro, que escribe al policía a las 11.18: “Te está llamando MDC [María Dolores de Cospedal]”.
Villarejo llama por fin al teléfono de la secretaria de Cospedal a las 11.52 y a las 12.07; y habla con alguien casi cuatro minutos. A las 13.09, el comisario contacta con su compañero Gómez Gordo y ambos charlan durante más de dos minutos.
Villarejo refleja ese trajín en su agenda. Sobre Cospedal, apunta: “Varios contactos y posible cita. Al final se arregló por teléfono”. Sobre Del Hierro, escribe: “Aviso sobre contacto con Sergio. Él se encarga de hablar con Andrés Gordo”. Y sobre Francisco Martínez, remacha: “Forzando contacto con chófer LB”.
Según las agendas del comisario, la relación con Gómez Gordo no fue fácil. El 19 de julio, el marido de Cospedal llama dos veces a Villarejo y este apunta en sus cuadernos referencias sobre su compañero: “No se fía de mí y no cree que cumplamos. Lo vamos a usar y tirar”. El día 20, López del Hierro le envía otro mensaje a Villarejo: “Si tienes problemas, habla con MDC”. El 22 de julio, le contesta Villarejo: “Todo ha mejorado bastante. Andi [apodo de Gómez Gordo]. Hoy muy bien. Abz”. Gómez Gordo intervino para facilitar la colaboración de Sergio Ríos, de la que finalmente se encargó Villarejo, que le pagó con fondos reservados.
“Te están intentando localizar”. Los contactos de Villarejo con Cospedal siguen durante los meses que dura Kitchen. Por ejemplo, según Asuntos Internos, Ortiz le escribe un mensaje a las 13.51 del 4 de septiembre de 2013: “Te están intentando localizar”. Al minuto, llaman al policía desde el número de la secretaria y hablan un minuto. En su agenda, Villarejo anota ese día junto al nombre de “Cospe”: “Control de LB”.
El 11 de octubre, el comisario recibe otra llamada desde el número de la secretaria; y anota en sus cuadernos: “Cospe: propone vernos. Lunes. 17.30”. El 6 de noviembre se repite este modus operandi: primero telefonea Ortiz a Villarejo a las 18.27 y hablan durante 33 segundos; a continuación, a las 18.33, el agente recibe una llamada desde el móvil de la secretaria de Cospedal y conversan 37 segundos. Y finalmente, a las 19.43, López del Hierro llama al comisario. Villarejo lo refleja en su agenda: “Cospe: Muy preocupada con los cinco pagos de 200. Me pide por favor que le mantenga informada”.
Comparece ante la comisión del Congreso por el espionaje a Bárcenas e insiste en que desconoció la operación Kitchen. Se refiere a la posible implicación del CNI y de Sáenz de Santamaría: "No puedo ir más allá, ni debo ir más allá"
El ministro del Interior entre 2012 y 2016, Jorge Fernández Díaz, ha defendido su absoluto desconocimiento de la operación de espionaje a Luis Bárcenas con cargo a los fondos reservados, si es que ésta se produjo, según ha dicho. Al mismo tiempo, y como ya adelantó en el recurso contra su procesamiento, Fernández Díaz ha apuntado al PP al asegurar que la operación parapolicial no pudo nacer en el Ministerio del Interior porque el interés sobre Luis Bárcenas no correspondía al departamento que dirigió sino a quien podía perjudicar, el Partido Popular.
A preguntas del portavoz de Unidas Podemos, Rafael Mayoral, el exministro Fernández Díaz ha dicho: "Esa operación que está siendo investigada [Kitchen] trae causa de que Bárcenas estaba en prisión preventiva en un procedimiento que se estaba desarrollando en el Juzgado Central de Instrucción 5, este otro es el 6, y habían salido los papeles de Bárcenas… yo dije: ‘oiga, el señor Bárcenas no es funcionario del Ministerio del Interior’ (…)".
Y ha continuado: "En la historia han habido casos, sabe Dios que no acuso a nadie, en absoluto, pero en otras épocas hubo el caso GAL o el caso Faisán, que eran asuntos del Ministerio del Interor, pero este no era un caso que pudiera decirse que había nacido en el Ministerio del Inteior, porque el señor Bárcenas no es el tesorero del Ministerio del Interior".
Antes, Jorge Fernández Díaz también había dicho que nadie del partido, incluida su entonces secretaria general, María Dolores de Cospedal, nunca le "hicieron referencia" a los asuntos de corrupción que afectaban al PP mientras él fue ministro del Interior, y ha citado expresamente Gürtel, Lezo o Púnica.
La vía del Partido Popular fue cerrada, provisionalmente, por el juez Manuel García-Castellón cuando el 29 de julio dictó el cierre de la investigación, archivó la causa contra la ex secretaria general del partido María Dolores de Cospedal, y se negó a interrogar al presidente del Gobierno entonces y del partido, Mariano Rajoy. La otra vía que el juez ha rechazado investigar es la posible participación o conocimiento del CNI en la operación para favorecer los intereses del Partido Popular. Fernández Díaz, enfrentado a Soraya Sáenz de Santamaría, junto a otros ministros del Gobierno, ha guardado silencio al respecto pero precisando que se está intentando defender en el juzgado y que no podía, ni debía, decir más.
El portavoz de Vox en la comisión, José María Figaredo, nombró directamente al servicio de Inteligencia y a quien tenía el mando sobre él en el Gobierno de Rajoy, la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría. Varios indicios del posible conocimiento y/o participación del CNI en la operación para favorecer al PP salpican el sumario, si bien el juez instructor, Manuel García-Castellón, ha evitado profundizar en esa tesis. Entre esos indicios está el mensaje entre Fernández Díaz y su segundo, Francisco Martínez, acerca del "contacto cecilio", término policial para referirse a los agentes del servicio de Inteligencia.
Este ha sido el intercambio entre el portavoz de Vox y Fernández Díaz
Figaredo: "Lo que es injusto es que usted guarde silencio y otras personas le señalen implícitamente a usted. ¿En quíen podían desembocar los canales de información del señor Villarejo? Una de las opciones era la señora Soraya Sáenz de Santamaría, que era la cabeza del CNI y a su vez se ha probado que el CNI tenía interlocución con el señor Villarejo…"
Fernández Díaz: "Usted entenderá que sobre eso prefiero no opinar. Sería una opinión… Yo estoy ejercitando, en el juzgado y aquí, mi derecho de defensa y eso me restringe. No quiero atacar a nadie. Ni quiero acusar a nadie. Me estoy defendiendo de las acusaciones que se me han hecho, incluso invirtiendo la acusación, la prueba diabólica: ‘demuestre usted que no ha hecho esto’. Perdóneme porque no puedo ir más allá ni debo ir más allá".
"Tengo la convicción moral de quién manipuló las grabaciones"
Fernández Díaz se ha mostrado visiblemente alterado cuando varios portavoces le han hecho ver que mintió en la comisión de investigación sobre el uso partidista del Ministerio del Interior en 2017 al hablar de las grabaciones en su despacho con el ex director de Antifrau. Allí dijo que no sabía que le estaban grabando, versión que corrigió en sus memorias. Fernández Díaz se ha enrocado en que no mintió para asombro de los portavoces, incluido el del PNV, Mikel Legarda, contra quien arremetió el exministro acusándole de tergiversar su declaración ante la comisión, de la que el portavoz del partido vasco fue presidente.
"Esas cintas fueron manipuladas con la intención de dañarme y salen en ediciones de quince segundos que iban comentadas. Yo era cabeza de lista por Barcelona y ministro del Interior en funciones", ha dicho Fernández Díaz, quien no ha profundizado en qué personas u organismos podían tener acceso a esas grabaciones y capacidad para supuestamente manipularlas, pese a la insistencia del portavoz de EH Bildu, Jon Iñarritu, al respecto. "Tengo la convicción moral y lo sé, pero no tengo pruebas", ha respondido Fernández Díez.
Fernández Díaz ha dicho que si defendió a Villarejo cuando salió publicado su enorme patrimonio en paraísos fiscales fue porque pidió un informe y la "Dirección General de la Policía" le informó de los importantes servicios contra la lucha antiterrorista y el crimen organizado que había prestado el policía en el pasado. Entonces era director general de la Policía Ignacio Cosidó, a quien el juez también ha rechazado tomar declaración, ni siquiera como testigo. La Fiscalía Anticorrupción ha recurrido el cierre de instrucción y está pendiente que la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional resuelva éste y otros recursos.
Pino, al igual que el exministro de Interior, se encuentra procesado por Kitchen
Eugenio Pino, jefe de la Policía con el Gobierno de Mariano Rajoy y presunto muñidor de la policía patriótica, consiguió de manera exprés la Medalla de Plata al Mérito Policial, con la que le premió el Ejecutivo del PP y que conlleva una gratificación vitalicia anual de más de 3.000 euros. Según la documentación incorporada a la comisión parlamentaria sobre el caso Kitchen, solo pasaron 21 días desde que el entonces ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, ordenó “tramitarla de la manera más rápida posible” hasta que él mismo la aprobó. El ex número uno operativo del cuerpo se encuentra procesado por la trama de espionaje al extesorero popular Luis Bárcenas, al igual que el expolítico.
Los papeles de Interior, a los que tuvo acceso EL PAÍS, empiezan con una carta enviada el 12 de mayo de 2016 por el director de gabinete de Fernández Díaz a Ignacio Cosidó, entonces director general de la Policía. La misiva reza exactamente así: “Siguiendo instrucciones directas del ministro, te solicito que se tramite de la manera más rápida posible la concesión de la medalla de Plata al Mérito Policial al Director Adjunto Operativo, comisario principal Eugenio Pino, con motivo de su próxima jubilación”.
El documento entra por registro el 20 de mayo. A los tres días, Cosidó ordena instruir el oportuno sumario para conceder la distinción por la “meritoria trayectoria” de Pino, “quien ha sobresalido en el cumplimiento de los deberes de su cargo, dirigiendo la realización de destacadísimos servicios que han redundado en prestigio para la corporación”. Esa misma jornada, en solas una horas, se abre y cierra el expediente: “Siendo evidente que ha desempeñado de modo relevante el cargo de Director Adjunto Operativo, se estima que no es necesaria la práctica de diligencias”. Por ello, se aprueba dar la Medalla por la “brillante trayectoria profesional” del jefe del Cuerpo: “Se ha puesto de manifiesto su total entrega al servicio”.
El 1 de junio, se consulta a la junta de Gobierno de la Dirección General de la Policía, que no pone objeción a la distinción. El día 2, Cosidó envía un escrito al propio ministro donde comunicaba que se había tramitado ya el expediente. Y esa mismo jornada, Fernández Díaz firma la orden para otorgar la medalla.
La portavoz de ERC en la comisión parlamentaria sobre Kitchen, Pilar Vallugera, preguntó este jueves sobre el tema a Fernández Díaz: “Su solicitud fue muy rápida. ¿Quién lo propuso?”. El exministro ha respondido entonces con otra pregunta: “¿Quién lo propuso?”. “¡Usted!”, ha sentenciado la republicana. “Pues será verdad”, ha añadido el exdirigente popular, que ha remachado: “Si no tengo ninguna prueba en contra, un señor como el comisario principal Pino, que ha prestado servicios durante casi 40 años en la Policía y me informan que, cuando se jubile, le proponga... Me parece razonable”
—¿Y el trámite de la manera más rápida posible? —ha incidido Vallugera.
—De los procedimientos... eso... —ha eludido responder el exministro.
FERNÁNDEZ DÍAZ, UN EXMINISTRO EN EL “VÉRTICE” DE LA TRAMA KITCHEN
El testimonio de su ex ‘número dos’ en Interior y los mensajes de móvil que supuestamente intercambió con este tienen al político al borde del banquillo
El auto por el que el juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón propuso, el pasado 29 de julio, enviar al banquillo a la cúpula política y policial del Ministerio del Interior del primer Gobierno de Mariano Rajoy (2011-2015) por el espionaje ilegal al extesorero del PP Luis Bárcenas situó al exministro Jorge Fernández Díaz en “el vértice de la cadena que ordenó la puesta en marcha” de aquella operación. El magistrado recalcaba que había sido el político quién había dado “órdenes concretas” al que fue su número dos en el ministerio, Francisco Martínez, para dar “prioridad” a lo que finalmente recibiría el nombre de Operación Kitchen, puesta en marcha en el verano de 2013. “La ascendencia [de ambos] sobre los funcionarios de mayor rango policiales [junto a ellos hay otras nueve personas implicadas, seis de ellos comisarios] que materializaron la operación resulta evidente y vertebra [el espionaje a Bárcenas], desde la ideación hasta la autorización de los gastos materiales que permitieron que se materializara”, añade el magistrado antes subrayar que “la intervención de los máximos responsables gubernativos del ministerio resulta solventemente constatada”.
La rotundidad de las acusaciones contra Fernández Díaz que el juez recogía en su resolución judicial (que aún no es firme, ya que ha sido recurrida por las defensas y las acusaciones) se sustentaba sobre todo en el testimonio del que fuera su mano derecha durante años, el exsecretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez y, sobre todo, en la batería de mensajes de móvil que Fernández Díaz presuntamente le había enviado a su subordinado y que este protocolizó ante dos notarios en 2019, cuando empezó a temer su imputación en el caso Kitchen, como finalmente ocurrió. Esos SMS, intercambiados en momentos claves de la operación clandestina, supuestamente demuestran que el exministro estuvo al tanto del espionaje a Bárcenas.
En uno de ellos se leía: “Chofer B. Sergio Javier Ríos Esgueva (ahora hace esa función con su mujer)”, en referencia al conductor contactado por la trama para espiar al extesorero y a su esposa, Rosalía Iglesias. En otro, se indicaba que “la operación se hizo con éxito. Se ha volcado todo (2 iPhone y un iPad)”, aludiendo a la sustracción de los teléfonos de Bárcenas y su pareja para acceder a su contenido, una de las acciones sin control judicial de la Operación Kitchen que han admitido algunos mandos implicados. Sin embargo, en sus declaraciones ante el juez y en el careo en la Audiencia Nacional que mantuvo con Martínez, el exministro negó reiteradamente que estos mensajes fueran suyos.
Durante su declaración como imputado ante García-Castellón, el 30 de octubre del año pasado, el político reiteró que él nunca puso en marcha la Operación Kitchen y que se enteró de su existencia por la prensa. Para ello, no dudó en tildar de falsa la versión de su subordinado, quien había asegurado ante el magistrado que su jefe estaba al tanto de la operación y que, incluso, fue él quien le telefoneó un fin de semana para hablarle por primera vez del chófer de Bárcenas, al que la trama policial había captado como confidente. La insistencia de Fernández Díaz en negar todo llevó al juez a espetarle: “Usted no se enteraba de nada”.
Durante aquel testimonio, el exministro se esforzó también en que la investigación judicial no alcanzara a otros miembros del Gobierno de Mariano Rajoy ni a la cúpula del PP. Para ello, insistió en varias ocasiones que nadie ajeno al ministerio se comunicó con él para interesarse por el operativo y nadie le dio indicaciones al respecto. De hecho, recalcó que el único que le podía proponer un despliegue de seguimiento a Bárcenas era el entonces presidente del Gobierno. Pero Mariano Rajoy, según su versión, nunca lo hizo. Tampoco desde la cúpula del PP se le dijo nada.
Cuando fue preguntado por el desvío de fondos reservados para pagar los gastos del espionaje, entre ellos una cantidad mensual al chófer de Bárcenas, Fernández Díaz señaló a su antiguo número dos como el responsable del control de esta partida de la que, añadió, él no participaba. El exministro también se escudó en que la supuesta documentación que se pretendía arrebatar al extesorero del PP no le afectaba ni perjudicaba y recuerda que su nombre “nunca” apareció en los llamados papeles de Bárcenas, que reflejaban la existencia de una caja b en su partido.
Fernández Díaz también alegó que, durante toda la investigación judicial sobre el espionaje a Bárcenas, su nombre no había aparecido en ningún informe policial ni en los audios intervenidos al comisario jubilado José Manuel Villarejo, destacado integrante de la trama. Sobre su relación con este policía, el exministro solo admitió haberlo saludado en dos ocasiones. Una, en 2012, antes de ponerse en marcha la Operación Kitchen. La segunda, en 2016, cuando ya había finalizado.
Sin embargo, Francisco Martínez —con el que mantuvo un tenso careo ante el juez— había afirmado en la Audiencia Nacional que, cuando él llegó a Interior, primero como jefe de gabinete del ministro, comenzó a tener relación fluida con Villarejo porque así se lo había pedido su jefe. Además, el que fuera director adjunto operativo (DAO) de la Policía, el comisario Eugenio Pino, señalado como el presunto muñidor de la trama, relató en una de sus declaraciones ante el juez que el exministro llegó a tratar de interceder a favor de Villarejo y le dijo que Rajoy le había comunicado que se estaba tratando mal al comisario.
Durante la comisión de investigación del Congreso, otros dos testimonios de implicados han señalado a Fernández Díaz. El comisario jubilado Enrique García Castaño, que colabora con el juez, afirmó a los diputados que, “por supuesto”, el exministro estaba al tanto del espionaje a Bárcenas. E, incluso, que fueron este y su ex número dos quienes supuestamente ordenaron que en el operativo participara el Villarejo. Este último también señaló al exministro cuando compareció en el Parlamento. Villarejo afirmó que mientras participó en la Operación Kitchen “reportaba directamente” de sus avances al secretario de Estado de Seguridad y a Fernández Díaz, aunque en el caso de este último añadió que fue “puntualmente, muy poco”.
FERNÁNDEZ DÍAZ, SOBRE SI SU PARTIDO LE "UTILIZÓ" EN KITCHEN: "NUNCA CON MI CONSENTIMIENTO"
Apunta al PP: "Bárcenas no era el tesorero del Ministerio del Interior"
El exministro del Interior asegura que se siente traicionado por su número 2
El exministro del Interior Jorge Fernández Díaz ha comparecido esta tarde en la Comisión Kitchen del Congreso para asegurar que nunca tuvo conocimiento de la operación de seguimiento y espionaje que se hizo a Luis Bárcenas sin autorización judicial. El que fue ministro del Interior entre los años 2011 y 2016, a preguntas de los diputados, ha asegurado que nadie de su gobierno, refiriéndose a Mariano Rajoy y a María Dolores de Cospedal, utilizaron su ministerio para proteger al PP al menos, ha reiterado, con su consentimiento.
Fernández Díaz ha apuntado al PP al asegurar que esta operación al margen de la ley no pudo nacer en el Ministerio del Interior porque "Bárcenas no era el tesorero del Ministerio del Interior". A preguntas del diputado de Unidas Podemos Rafa Mayoral el exministro ha asegurado: "En la historia ha habido casos, sabe Dios que no acuso a nadie, pero en otras épocas hubo el caso Gal o el caso Faisán, que eran asuntos del Ministerio del Interior, pero este no era un caso que pudiera decirse que había nacido en el Ministerio del Interior, porque el señor Bárcenas no es el tesorero del Ministerio del Interior".
Fernández Díaz también había dicho que nadie del partido, ni Rajoy ni su entonces secretaria general María Dolores de Cospedal, le "hicieron referencia" nunca a los asuntos de corrupción que afectaban al PP mientras él fue ministro del Interior.
El exministro del Interior ha repetido, como ya lo ha hecho en la Audiencia Nacional, que nunca dio órdenes a su número 2 para poner en marcha esa trama policial entre los años 2013 y 2015. "Ni al señor Martínez ni a nadie. Sé muy bien lo que significa obstruir a la Justicia", ha dicho Fernández Díaz, que ha vuelto a admitir que quien fue su número 2 le ha "decepcionado profundamente".
Fernández Díaz ha dicho también que fue su director en la Policía quien propuso a Eugenio Pino como Director Adjunto Operativo y no él como ha señalado en reiteradas ocasiones Ignacio Cosidó.
https://cadenaser.com/ser/2021/12/02/tribunales/1638480638_936617.html
JORGE FERNÁNDEZ: “SI LA KITCHEN SE REALIZÓ SE HIZO SIN MI CONSENTIMIENTO”
El extitular del Interior del PP admite que su ‘número dos’ le “decepcionó profundamente”
Jorge Fernández, el exministro del Interior durante cinco años del Gobierno del PP de Mariano Rajoy, rechazó este jueves haber participado en la Operación Kitchen o haber tenido información previa para organizarla. Lo hizo en la comisión del Congreso que investiga la trama montada en ese ministerio para tapar escándalos de corrupción de su partido y en especial de la Gürtel. “Si esa operación se realizó, se hizo sin mi conocimiento”, enfatizó el exministro, veterano político durante 10 legislaturas y del círculo más cercano a Rajoy. Y matizó su interpretación de por qué ninguno de sus subalternos o cargos de confianza en Interior le anticipó nada al respecto: “A lo mejor porque sabían que yo no habría dado luz verde a una cosa de esas”. Fernández no aclaró a quién se refería en esa insinuación, pero insistió: “Esa operación con mi consentimiento no se ha hecho”.
Fernández ya fue uno de los centros de atención principal en otra comisión de investigación organizada en el Congreso en 2017, más genérica, sobre el uso con fines partidistas de los fondos y recursos de Interior durante aquella etapa de los gobiernos del PP. La Operación Kitchen ahora indagada sería la segunda parte de aquella trama, en este caso para ocultar o destruir pruebas que pudieran afectar de nuevo a ese partido sobre todo lo relacionado con el caso Gürtel y los papeles de Luis Bárcenas, el extesorero nacional del PP.
El resumen del largo y tenso interrogatorio de ayer a Fernández Díaz sería que el exministro afirma que, como ministro del Interior, apenas tuvo responsabilidad en el nombramiento de los principales cargos policiales, que achacó a su director general de la Policía, Ignacio Cosidó, también dirigente del PP. También negó haber tenido nunca conocimiento directo de ninguna actuación operativa, y menos sobre las relacionadas con tramas de corrupción que afectaban a su partido. Eso es lo que sostuvo Fernández, ante la incredulidad casi general de todos los partidos representados excepto el propio PP y Vox. Ni siquiera el portavoz de Ciudadanos, el abogado del Estado Edmundo Bal, pudo dar crédito a que un ministro del Interior “no conociera nada de esa operación” y se agarró ahí a un auto del juez que lleva la investigación del caso en la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, donde considera esa hipótesis “inconcebible”.
Esa atribución de Bal, amparándose en la resolución judicial, fue de las que más soliviantó a Fernández, que se atrevió a cuestionar “indignado” la solvencia profesional del abogado del Estado que sirvió para varios gobiernos del Estado, también del PP. El exministro intentó devaluar la actuación judicial al indicar que todas las partes presentes en la causa habían recurrido ese “juicio de valor del juez”, incluidos la Fiscalía, el PSOE y UP. Bal matizó que el magistrado había expresado su “convencimiento” y Fernández, reconocido católico creyente, replicó con tono elevado: “¿Y qué, es palabra de Dios?”.
Otro de los pasajes significativos de la comparecencia ocurrió cuando el portavoz del PSOE, David Serrada, preguntó al ministro por la consideración que guarda ahora de su entonces número dos, el ex secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, que es el que más le ha implicado como la cabeza visible del origen de la Operación Kitchen, hasta con careos en sede judicial. Serrada le interrogó específicamente sobre si se sentía traicionado. Fernández aguantó unos segundos en silencio, pensó bien la respuesta y soltó: “Digamos que me ha decepcionado profundamente”.
El exministro aclaró a otras preguntas que nunca encargó ni a su número dos ni al Director Adjunto Operativo de la Policía, Eugenio Pino, ni a ningún alto cargo del departamento, “obstruir a la justicia” con actuaciones como las reveladas durante estos años por agentes y mandos implicados y encausados por seguimientos a Bárcenas y su entorno. El portavoz del PP, Luis Santamaría, que reconoció que sus preguntas iban dirigidas solo a que Fernández diera tranquilamente su versión de los hechos y a contrarrestar “la comisión de crucifixión” en que cree que se ha convertido ahora estos trabajos, facilitó que el exministro abundase en que nunca le indicaban nada de operaciones secretas. Fernández hasta reconoció que un viernes 12 de diciembre de 2012 se le quedó “cara de tonto” cuando el expresidente Rajoy lo llamó desde un Consejo Europeo para saber por qué la Policía registraba la sede del PP en Génova 13 y él le tuvo que contestar que lo estaba leyendo en los teletipos: “Son las relgas de juego de un Estado democrático”.
Fernández también aprovechó su exposición para desmarcarse del polémico comisario jubilado José Manuel Villarejo, del que solo apuntó que apenas le había saludado dos veces, que ya trabajaba en el Ministerio al más alto nivel y había estado con 10 ministros del PSOE y del PP durante 25 años.
ENRIQUE LÓPEZ CONSIDERA "NORMAL" MEDIAR ENTRE BÁRCENAS Y EL PP
El consejero madrileño de Presidencia y secretario de Justicia en el PP no ve "extraño" que dos procesados como Bárcenas y el PP le utilizasen en 2017, cuando era juez de la misma institución que les investigaba, como vehículo para encontrarse. Admite que no informó al juez instruía el caso porque el contacto pertenecía a su "esfera privada"
El consejero de Presidencia, Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid y secretario de Justicia del PP, Enrique López, ha comparecido este miércoles ante la comisión parlamentaria que investiga el operativo destinado a robar la documentación que pudiera tener el extesorero Luis Bárcenas, sobre la caja b o sus dirigentes, mediante el uso de fondos reservados.
Enrique López ha admitido que, en 2017, siendo magistrado de la Sección Segunda de la Audiencia Nacional, puso “en contacto” a un enviado de Bárcenas, el empresario Agustín de Diego, y el letrado del PP, Jesús Santos.
Sostiene que lo hizo porque mantiene una “relación de conocimiento” con ambos y que la interlocución fue solicitada por el empresario. Ha añadido que “nadie” le instó a que mediara entre ambos y asevera que no informó sobre el encuentro al juez de la Audiencia Nacional, José de la Mata, que instruía entonces el caso de la caja b del PP porque se trataba de una operación de “ámbito privado” que a “nadie ni de nada” debía comunicar.
Pero el portavoz socialista, Felipe Sicilia, le ha recordado que, si el juez instructor hubiera sabido del encuentro, podría haber tomado medidas como citar a declarar al enviado de Bárcenas.
Enrique López ha añadido que no le parece “extraño” que dos procesados, como eran en aquellos momentos el PP y Bárcenas, le hubieran utilizado a él, en aquel momento un juez de la misma institución que les investigaba, como vehículo para encontrarse.
Un "interés oscuro" en la reunión
El portavoz de Ciudadanos, Edmundo Bal, le ha recordado que si querían contactar, podían haberlo hecho a través de sus abogados como “tantas veces sucede” en distintos procedimientos, sin la necesidad de mediación de un juez. Si optaron por esta vía, ha subrayado Bal, todo apunta a un “interés más oscuro”.
Representantes como el socialista o Gabriel Rufián, de ERC, han repasado el currículum de López para evidenciar que “es un juez del PP”. En este sentido han rememorado que fue nombrado en 2001 vocal del Consejo General del Poder Judicial a propuesta del Partido Popular cuando hacía poco más de 10 años que había accedido a la carrera judicial, sin esperar a que transcurriese el periodo de 15 años de “reconocido prestigio” para el cargo.
Además, a partir de 2003 comenzó a colaborar con la fundación FAES del PP, donde impartió 68 cursos y conferencias por las que cobró más de 13.000 euros, y en 2013 fue designado magistrado del Tribunal Constitucional a propuesta del Gobierno de Mariano Rajoy.
Ortiz se niega a colaborar
A López le ha seguido la comparecencia del exjefe de gabinete de Cospedal, José Luis Ortiz, quien admitió como imputado ante el juez del caso Kitchen que la exsecretaria general se reunió en más ocasiones de las que reconoció con el comisario Villarejo.
En la comisión parlamentaria, Ortiz optó por guardar silencio y remitirse “al auto judicial” o a su “declaración ante el juez” ante cada pregunta formulada por los parlamentarios, quienes le han reprochado la “tomadura de pelo” de su comparecencia, cuando no su “vergonzosa” actitud o “mofa” de la soberanía popular.
Fechas para Cospedal y Rajoy
Después de las comparecencias de este miércoles a la comisión parlamentaria Kitchen le quedan tres sesiones. La que se celebrará a partir de las 18:00 horas de este jueves con el exministro del Interior, Jorge Fernández Díaz como compareciente; el jueves 9 de diciembre a partir de las 11 de la mañana con María Dolores de Cospedal; para cerrar con el expresidente del Gobierno, Mariano Rajoy, el lunes 13 de diciembre a partir de las 16:00 horas.
https://cadenaser.com/programa/2021/12/02/hoy_por_hoy/1638425398_870606.html
Rufián somete al consejero de Justicia de la Comunidad de Madrid a un tenso interrogatorio
López dice que puso en contacto al enlace de Bárcenas con un abogado del PP en 2016, pero dice que no medió entre ellos
Mariano Rajoy cerrará las comparecencias el lunes 13 a las cuatro de la tarde
La comisión Kitchen del Congreso entre en la recta final con el desfile de los representantes políticos que culminará con la comparecencia del expresidente del Gobierno, Mariano Rajoy, el lunes 13 a las cuatro de la tarde. Los diputados que la componen han interrogado este miércoles a Enrique López, actual consejero de Presidencia, Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid y también responsable de los temas judiciales del PP. Y como es habitual la tensión se ha elevado en el turno de Gabriel Rufián que ha intentado poner contra las cuerdas al consejero.
López ha sido citado en el Congreso para explicar un episodio de 2016 cuando era juez de la Audiencia Nacional y puso en contacto al empresario Agustín De Diego, enlace del extesorero del partido Luis Bárcenas, y al abogado que representaba al PP, Jesús Santos. Todas las preguntas han ido dirigidas a aclarar esa cita y todas las respuestas de López han sido para negar que hiciese de intermediario.
El consejero madrileño ha repetido una y otra vez que únicamente se limitó a poner en contacto a dos personas conocidas de su ámbito privado, con las que "tenía confianza" que le pidieron conocerse. "Nada más. Eso no es mediar ni intermediar", ha insistido repetidamente. "No tengo que dar cuenta a nadie ni a nada", ha enfatizado para señalar que nunca se interesó más tarde por si esa presentación tuvo consecuencias.
"Pertenece a mi vida privada", ha asegurado López. Fue De Diego quien tomó la iniciativa de pedirle el contacto del abogado. Pero a partir de ahí no ha querido dar más detalles de esa presentación. Para el portavoz del PSOE, Felipe Sicilia, ese papel del actual consejero de Justicia no fue "ético" ni "normal" teniendo en cuenta que en aquel momento era magistrado de la Audiencia Nacional.
El tenso interrogatorio de Rufián
El portavoz de ERC, Gabriel Rufián, en un interrogatorio muy tenso e incisivo, le ha recriminado en varias ocasiones que López era "un juez del PP" y que respondiese a sus preguntas porque no estaba ni en Twitter ni en un jugado". Ante la insistencia del republicano para saber el motivo por el que les puso en contacto, el compareciente primero ha sostenido que "no tenía ni idea" de porqué esas dos personas se querían conocer. Aunque en otro momento ha admitido que "podía presumir" para qué aunque le era "indiferente".
"Está claro que querían hablar entre ellos de asuntos que les relacionaban", ha aseverado. "No quise saber más", ha añadido a pesar de que Rufián le ha recordado que por aquel entonces ya se sabían las actividades de Bárcenas. Rufián ha tirado de ironía para preguntarle si en esa conversación De Diego y Santos hablaron de "Masterchef, del real Madrid o del tiempo".
Ante las evasivas de López, el republicano le ha acusado de mentir "flagrantemente" a la comisión y ha anunciado que su grupo emprendería las "acciones necesarias" para que no quede impune.
El interrogatorio de Edmundo Bal, portavoz de Ciudadanos, también ha discurrido en el mismo sentido. Para Bal es "difícil creer" que no fuese un "intermediador". "Es raro", ha subrayado el dirigente naranja. A lo que López ha vuelto a contestar que es "normal" que pusiese en contacto a dos personas de su círculo para que "hablasen de lo que les de la gana". Las razones "las puedo presumir, pero no me interesan", ha concluido.
LA ‘COMISIÓN KITCHEN’ EVIDENCIA LA RELACIÓN HISTÓRICA DEL JUEZ ENRIQUE LÓPEZ CON EL PP
El consejero madrileño de Ayuso puso en contacto a un empresario amigo de Bárcenas con el abogado de ese partido en su causa
¿Amigos o conocidos? ¿Mediación interesada o contacto casual? La sesión de este miércoles de la comisión parlamentaria de investigación de la Operación Kitchen, sobre un trama ilegal montada desde el Ministerio del Interior del Gobierno del PP para tapar escándalos de ese partido, se centró en la práctica durante varias horas en intentar averiguar por qué el entonces juez de la Audiencia Nacional, Enrique López, y hoy relevante político popular en la Comunidad de Madrid, presentó a un empresario amigo suyo y de Luis Bárcenas al abogado que llevaba su causa en ese partido. No hubo ocasión pese a que la pregunta se formuló una veintena de veces en distintos formatos. No se logró esclarecer la razón de ese encuentro o de esa mediación producida en 2016 del ahora consejero de Presidencia, Justicia e Interior de la popular Isabel Díaz Ayuso cuando la causa Bárcenas llevaba ya varios años abierta y el extesorero nacional del PP estaba imputado, pero libre, a la espera de juicio.
Enrique López compareció en la comisión de investigación del Congreso y fue cuestionado con dureza por varios portavoces. Luego reconoció que se sintió bastante incómodo y esa fue la sensación que transmitió en la sala. Especialmente durante el interrogatorio al que le sometió el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, que llegó a amenazarlo con emprender acciones legales basándose en el artículo 500.3 del Código Penal, que obliga a no mentir en este tipo de comisiones.
Felipe Sicilia, portavoz del PSOE, fue el que más incidió en intentar saber por qué un juez en ejercicio entonces al frente de la sección II de la Audiencia Nacional como Enrique López, con buenas conexiones con el PP y cargos judiciales propuestos por ese partido desde hace 20 años, “puso en contacto” a su amigo el empresario Jesús de Diego con el abogado Jesús Santos, que llevaba la defensa del partido en la causa sobre Bárcenas.
El dirigente socialista no consiguió aclarar esa incógnita pese a su insistencia, pero sí evidenció como hicieron otros portavoces la proximidad y buena relación histórica de López con el PP. El ahora político madrileño entró en la carrera judicial en 1989 y empezó a acumular cargos y nombramientos a propuesta del PP desde 2001, primero en el Consejo General del Poder Judicial y luego en el Tribunal Constitucional.
Sicilia pretendía mostrar que López debía ser en aquel momento del contacto “un testigo privilegiado” por su conocimiento de la causa de la Gürtel en la Audiencia Nacional (fue recusado por falta de apariencia de imparcialidad en cinco piezas separadas de ese proceso), por su acceso a compañeros jueces de ese organismo y por su cercanía al PP. López lo negó todo, y aunque aceptó que tiene ideología, enfatizó que esta jamás le ha determinado ninguna decisión judicial.
El consejero madrileño justificó su actuación de 2016 en que los dos contactados “pertenecían” a su “círculo de conocidos de relación personal” y de su “ámbito privado”, pero “no amigos íntimos”. López precisó que fue el empresario el que pidió la cita, pero añadió que nunca le requirió para qué. “Lo podía presumir, pero al revés y siempre le puse de manifiesto que no quería saber nada”, añadió. A Rufián le matizó que no se consideraba “un intermediador”. El portavoz de Ciudadanos, el abogado del Estado Edmundo Bal, lo intentó con la táctica de subrayar “lo raro y extraño” de que dos personas cercanas a una causa judicial y con sus respectivos abogados recurrieran a López para ser presentados. No tuvo efectos.
El exjefe de gabinete de María Dolores de Cospedal, José Luis Ortiz Grande, se negó a colaborar con la comisión y no contestó a nada porque argumentó que ya declaró en sede judicial. Los portavoces de casi todos los partidos menos el del PP, Luis Santamaría, acusaron a Ortiz Grande de “mofarse” de la comisión y de la representación en la sede parlamentaria por escudarse detrás de sus intervenciones ante el juez que lleva la causa en la Audiencia Nacional.
El consejero de Justicia de la Comunidad de Madrid y juez en excedencia de la Audiencia Nacional comparece ante la comisión del Congreso que investiga el caso Kitchen. Asegura que un amigo de Bárcenas y el abogado Santos eran ambos de su "conocimiento" y que se limitó a presentarles, negándose a dar detalles del encuentro
El consejero de Justicia de la Comunidad de Madrid, Enrique López, se ha negado a dar detalles en el Congreso de la reunión que organizó entre el abogado que trabaja para el PP, Jesús Santos, y un amigo de Bárcenas por pertenecer a su "ámbito privado". López era magistrado de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional cuando se produjo ese encuentro, en plena instrucción del caso Gürtel, que versa sobre la corrupción vinculada al Partido Popular.
A preguntas del Grupo Socialista, López ha dicho que tanto Agustín de Diego, amigo de Bárcenas, como Jesús Santos, el abogado del PP, pertenecen a su "círculo de conocimiento". Enrique López, actual miembro de la dirección del PP, ha dicho ante la comisión de investigación del caso Kitchen que se limitó a presentarles y que en ningún caso medió en nada. "Le ruego que no utilice mediar o no no mediar porque eso es para resolver un conflicto entre ellos", ha dicho al portavoz socialista, Felipe Sicilia.
El único aspecto que ha precisado López ha sido que la reunión se produjo a petición de Agustín de Diego. En encuentros posteriores con éste, López ha dicho que nunca volvieron a hablar del asunto. "Únicamente les presenté. La forma y demás pertenece a mi vida privada", ha añadido.
El portavoz del PSOE le ha preguntado si informó a su compañero de la Audiencia Nacional, José de la Mata, instructor de los casos Gürtel y caja B, de dicho encuentro. "No tenía obligación de informar a nadie de lo que hago en mi vida privada y que no tiene importancia desde el punto de vista jurisdiccional", ha dicho el consejero de Justicia del Gobierno de Ayuso. El amigo de Bárcenas y el abogado del PP, tras el encuentro organizado por López, se vieron en doce ocasiones más.
COSIDÓ SE AFERRA A LA IGNORANCIA PARA DESMARCARSE DE LA TRAMA KITCHEN
El ex director general de la Policía acude por segunda vez a la comisión parlamentaria con el mismo mensaje que dejó en la primera: “Ni se me informó ni se me tenía que informar”
El ex director general de la Policía Ignacio Cosidó ha comparecido este jueves por segunda vez ante la comisión parlamentaria que investiga la Operación Kitchen de espionaje ilegal al extesorero del PP Luis Bárcenas con un mensaje idéntico al que ya esgrimió la primera vez que lo hizo, el pasado junio: no tuvo nada que ver ni supo de la existencia de la trama parapolicial que urdió aquel operativo destinado a sustraer a Bárcenas la documentación supuestamente comprometedora que tuviera contra los dirigentes de partido, a pesar de que la investigación judicial ha revelado la presunta implicación tanto de sus dos superiores políticos, el ex secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez y el exministro del Interior Jorge Fernández Díaz, como de su más directo colaborador, el que fuera su número dos al frente de la policía, el comisario Eugenio Pino. “Ni se me informó ni se me tenía que informar”, ha asegurado. La Fiscalía Anticorrupción, en el escrito con el que el pasado septiembre recurrió el auto del juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón que daba por concluida la investigación del caso Kitchen, pidió la imputación del ex director general de la Policía, quien hasta ahora ni ha sido llamado a declarar como testigo.
A lo largo de más de dos horas de comparecencia, Cosidó ha vuelto a marcar distancias con los que, durante el tiempo que dirigió la policía (2012-2016) fueron sus superiores en Interior así como con los altos mandos policiales investigados por el espionaje al extesorero del PP. Sobre todo, con el comisario Pino, quien ante el juez había asegurado que el político conoció el operativo ilegal para sustraer documentos al extesorero. Cosidó ha definido su relación con el que fuera su director adjunto operativo (DAO) y cuyo despacho era contiguo al suyo, como “profesional, cordial y, por supuesto, de confianza”, pero también ha dejado claro que “no es que nos fuéramos de copas juntos”. Preguntado por el portavoz del PSOE en la comisión Felipe Sicilia cómo explicaba que este comisario le hubiera señalado en su declaración ante el juez, el ex director general se ha limitado a decir que no conocía “la literalidad” de ese testimonio y ha recordado que los imputados pueden ejercer “la legítima defensa” en sus comparecencias ante el juez como consideren oportuno.
Como ya ocurrió en su comparecencia de junio, Cosidó ha insistido una y otra vez en que entre las funciones del director general no estaba dirigir investigaciones y que, de las únicas pesquisas sobre Bárcenas de las que tuvo noticia, fueron las que el entonces juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz seguía y de las que se encargaba la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), responsable de las investigaciones del caso Gürtel. Sobre el operativo que, sin conocimiento de este magistrado, se urdió en Interior para espiar al extesorero de su partido, el político ha negado saber nada, ni de la captación del chófer Sergio Ríos como confidente ni del desvío de fondos reservados para financiarlo. “Los fondos reservados no son una competencia de la Dirección General de la Policía. Ni tenía conocimiento ni debía tener conocimiento”, ha recalcado antes de apuntar directamente al ex secretario de Estado, Francisco Martínez, en este asunto.
También ha rebatido que él autorizara que la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO, dedicada principalmente a la lucha antiterrorista) participara en los seguimientos a Bárcenas y su entorno. Incluso, ha refutado que interviniera en las presiones que el inspector jefe Manuel Morocho, responsable de la investigación del caso Gürtel, ha relatado ante el juez y en el Congreso haber recibido para perjudicar las pesquisas. “Siempre he mostrado apoyo y reconocimiento a su trabajo”, ha dicho.
Sobre su relación con el comisario José Manuel Villarejo, imputado en el caso Kitchen y presunto cabecilla de la trama parapolicial que se lucró con la venta de información reservada, la ha reducido al mínimo, como ya hizo en su anterior comparecencia. “Se asomó a mi despacho y pasó a hacerme un saludo protocolario”, ha asegurado. “Jamás tuve contacto alguno con el señor Villarejo, jamás me reuní con él, jamás tuve una conversación telefónica, jamás tuve un intercambio de correos”, ha afirmado, repitiendo casi las mismas palabras que utilizó en junio cuando fue preguntado por sus vínculos con el comisario jubilado.
Solo al final de su comparecencia, a preguntas del diputado de EH Bildu Jon Iñarritu, ha admitido que, con la información que entonces tuvo en sus manos sobre las actividades del comisario al margen de su labor como policía, su “voluntad” era haber apartado Villarejo de sus funciones, pero que no lo hizo porque le dijeron que el agente iba a pedir la baja. Finalmente, el policía anticipó solo unos meses su jubilación, coincidiendo con la salida de Fernández Díaz de Interior y del propio Cosidó de la Policía.
Cosidó ha rechazado incluso ningún tipo de responsabilidad política por el caso Kitchen: “Uno es responsable de sus hechos, palabras, pero no puedo hacerme responsable de las cosas que me son ajenas”, en referencia al operativo en la que participaron estrechos colaboradores. “Cumplo con mi deber de no tener conocimiento”, ha llegado a afirmar para justificar su supuesta ignorancia sobre el operativo.
Antes de Cosidó, ha comparecido el comisario Pedro Agudo, que durante diez meses entre 2011 y 2012 fue, precisamente, el jefe de gabinete de este. Agudo fue cesado tras conocerse que su esposa tenía una academia para preparar a candidatos a ingresar en la policía en la que él había dado clases. Posteriormente, fue destinado como agregado de Interior a la embajada de Roma, donde mantuvo una estrecha relación con el entonces juez de enlace en la capital italiana y actual instructor del caso Kitchen, Manuel García-Castellón. En 2016, antes de dejar de ser director general de la Policía, Cosidó le concedió una medalla policial pensionada.
Agudo: "Nunca hubiera hecho lo que Martínez me pide”
Sin embargo, su comparecencia ha girado sobre todo en el intercambio de mensajes que mantuvo, en 2019, con el ex secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez cuando este temía ser imputado —como finalmente ocurrió— en el caso Kitchen. En uno de esos mensajes, Martínez le pedía al policía que hablara “con Manolo [García-Castellón] para que cierre esa mierda”, en referencia a la investigación sobre el espionaje ilegal a Bárcenas. Este jueves, el comisario ha admitido ese intercambio de mensajes, incorporado a la causa tras el volcado del teléfono móvil del ex alto cargo de Interior, pero ha negado que hiciera ninguna gestión ante el juez de la Audiencia Nacional. “Solo intento quedar bien. Nunca hubiera hecho lo que me pide”, ha asegurado, después de señalar que, en su opinión, cuando Martínez le envió el mensaje estaba “en una situación absolutamente desesperada” por su situación judicial.
LA TRAMA KITCHEN PUSO A ESPIAR A LUIS BÁRCENAS A "UNOS 20 AGENTES" DE LA LUCHA CONTRA EL YIHADISMO
El agente de la Policía Nacional Enrique Luis Báez ha narrado en el Congreso cómo pasó "de pronto" de hacer seguimientos a posibles lobos solitarios —presuntos terroristas yihadistas— a realizar vigilancias al entorno del ex tesorero del Partido Popular, Luis Bárcenas. Un "encargo extraño" —ordenado desde la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO)— que se prolongó durante tres semanas: "Fue bastante curioso seguir al chófer [en referencia a Sergio Ríos] y a la mujer [en alusión a Rosalía Iglesias] de un ex tesorero que está en la cárcel".
Báez, que ha sido uno de los cuatro comparecientes de este miércoles en la Comisión del Congreso que investiga la trama de espionaje a Bárcenas, ha contando que después de que le hiciesen el encargo —junto a otros 20 agentes desplegados para los seguimientos— se percató de que "algo no cuadraba". La orden, según su versión era clara: vigilar al entorno de Bárcenas en busca de la fortuna que el tesorero podría tener oculta. En la Audiencia Nacional lo que se investiga realmente es el presunto uso de fondos reservados para robar información comprometedora para el Partido Popular que pudiese tener escondida el que fue guardián de sus cuentas durante años.
La orden —que la dio un inspector a dos equipos de unas diez personas cada uno— tuvo lugar la segunda semana de julio de 2013 durante un "briefing", justo cuando Luis Bárcenas fue enviado a prisión provisional tras decidir tirar de la manta cuando sintió que su partido lo había abandonado. Todo ello después de que les comentasen que la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal no disponía de medios para realizar los seguimientos. "Me pareció una excusa barata", ha relatado. Y es que en ese momento el comisario jefe de la UCAO —desde donde partió la orden— era Enrique García Castaño, amigo de Villarejo y uno de los artífices de la trama Kitchen.
El agente, que ahora está en situación de servicios especiales en Frontex, ha precisado que durante los 20 días aproximadamente que duró el operativo [ahora conocido que fue ajeno a cualquier control judicial] se realizaron seguimientos, pero ninguna entrada y registro ni se estableció contacto con las personas vigiladas. Todos los movimientos de la familia de Bárcenas, según la versión de Báez, eran anotados —junto a vídeos y fotografías— y, posteriormente, enviados a un chat interno a modo de reporte oficial.
Una de las partes que más ha llamado la atención de los portavoces parlamentarios de la Comisión ha sido cuando ha relatado cómo ellos mismos también estaban siendo vigilados "de manera descarada". Una contra vigilancia en toda regla: mientras espiaban a Bárcenas, otros les espiaban a ellos. ¿Y cómo se percataron de ellos? Según ha recordado, un día una chica les fotografió "descaradamente" y después un hombre hizo lo mismo pero "hasta le saltó el flash" del teléfono móvil al hacerlo. "No eran muy profesionales", ha concluido.
Sin embargo, Báez ha admitido que esto quedó en un "raro" episodio al que no le dio más importancia pese a todas las "extrañezas" que le había generado el operativo. Y no fue hasta septiembre de 2020 cuando se percató del engaño tras leer una entrevista al ex secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, uno de los principales procesados de la trama. "Para mi fue un antes y un después porque fue reconocer que se nos usó para otros fines". En aquel momento, se puso en contacto con la Fiscalía Anticorrupción para entregarle el relato de lo sucedido y el contenido del chat que utilizaron para volcar todas las fotos y vídeos de los seguimientos.
Este miércoles también ha sido el turno de José García Losada, comisario general de la Policía Judicial entre julio de 2012 y octubre de 2013. Durante su intervención ha negado haber presionado al inspector jefe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) que dirigió la investigación de la trama Gürtel, Manuel Morocho, para que eliminara el nombre de dirigentes del PP de sus informes relativos a esa operación.
—Unos papeles que se publican, que los tiene todo el mundo y el listo del comisario o el jefe de la UDEF le digan que borre de ahí el nombre de Rajoy o de quien coño sea. Es que es absurdo
La comisión se paralizará la semana que viene por el debate de Presupuestos y acogerá el próximo 1 de diciembre la comparecencia del consejero de Presidencia, Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid, Enrique López. Al día siguiente será el turno de la ex secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, y del exministro del Interior Jorge Fernández Díaz.
LA COMISIÓN 'KITCHEN' CITA A COSPEDAL Y FERNÁNDEZ DÍAZ EL 2 DE DICIEMBRE
La comparecencia de Rajoy se calcula para el 9 de diciembre, pero aún no se ha cerrado
La comisión del Congreso que investiga la operación Kitchen acogerá el próximo 1 de diciembre la comparecencia del consejero de Presidencia, Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid, Enrique López, y al día siguiente recibirá a la exministra y ex secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, y al exministro del Interior Jorge Fernández Díaz.
Una vez se sustancien esas comparecencias, sólo quedaría pendiente la del expresidente del Gobierno y del PP Mariano Rajoy, que podría tener lugar el 9 de diciembre, aunque todavía no se ha concretado, según han precisado fuentes parlamentarias.
El órgano que preside la socialista Isaura Leal tiene de plazo hasta finales de diciembre para concluir sus trabajos con lo que para esa fecha debería tener aprobadas, para elevarlas al Pleno, las conclusiones de su investigación sobre la supuesta trama urdida desde el Ministerio del Interior para espiar al ex tesorero del PP Luis Bárcenas.
Este mismo jueves, los comisionados podrán interrogar, por segunda vez al que fuera director general de la Policía, Ignacio Cosidó, y justo antes harán lo propio con el comisario Pedro Agudo, que fue su jefe de gabinete.
La semana que viene está programado el Pleno para el debate de las enmiendas parciales a los Presupuestos para 2022, con lo que la comisión de investigación no volverá a reunirse hasta el día 1 de diciembre, cuando se ha citado al consejero madrileño Enrique López, quien ejerce como interlocutor del PP con el Gobierno para la hasta ahora frustrada renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
MEDIÓ ENTRE EL PP Y BÁRCENAS
En 2017, cuando era juez de la Audiencia Nacional, López medió entre el entorno del extesorero popular y los abogados del PP, pero según señaló cuando se publicó esa información, se limitó a ponerles en contacto sin llevar a cabo ninguna gestión relativa al caso Bárcenas.
El día 1 de diciembre, después de López, comparecerá José Luis Ortiz Grande, que fue jefe de Gabinete de Cospedal durante su etapa como presidenta de Castilla-La Mancha y como secretaria general del PP.
Y al día siguiente, en sesión vespertina, será el turno de la propia Cospedal. La que fuera también ministra de Defensa con Mariano Rajoy iba a haber comparecido en el Congreso el pasado 2 de junio, pero su interrogatorio se suspendió en el último momento tras conocerse su imputación en el caso Kitchen.
También para el 2 de diciembre se ha programado el interrogatorio a Fernández Díaz imputado por su "participación directa" en la operación supuestamente orquestada para hacerse con documentación de Bárcenas que pudiera comprometer a dirigentes del PP.
https://www.epe.es/es/politica/20211117/comision-kitchen-cita-cospedal-fernandez-12865168
UN MANDO POLICIAL RELATA EL EMPEÑO DE LA CÚPULA DE INTERIOR DEL PP CONTRA EL INDEPENDENTISMO CATALÁN
El comisario García Losada afirma que el jefe de la Policía le pidió asesoramiento para “explicar” la aparición en medios de informes apócrifos sobre las finanzas de los Pujol y Artur Mas
La comisión parlamentaria que investiga la Operación Kitchen de espionaje ilegal al extesorero del PP Luis Bárcenas volvió este miércoles a adentrarse en otra actuación policial polémica de la etapa del gobierno de Mariano Rajoy: la llamada Operación Cataluña, la campaña de intoxicación informativa supuestamente gestada en el seno del Ministerio del Interior para, mediante supuestos informes policiales, desacreditar a los principales dirigentes del independentismo catalán. Lo hizo durante la comparecencia de José García Losada, comisario general de Policía Judicial entre junio de 2012 y octubre de 2013, periodo en el que, precisamente, se hicieron públicos algunos de esos documentos falsos.
Ante los diputados, el alto mando policial aseguró que el que en aquel momento “durante un tiempo la Dirección General de la Policía [entonces encabezada por Ignacio Cosidó] o el DAO [director adjunto operativo, cargo que ocupaba el comisario Pino, imputado en el caso Kitchen] estuvo muy empañado en el tema de Cataluña” y que, en una ocasión, Pino lo convocó en su despacho a una reunión en la que también participó el comisario José Manuel Villarejo para abordar el tema. En la misma, detalló, ambos le pidieron que les “asesorara” para “explicar” la aparición en un medio de comunicación, poco antes de las elecciones autonómicas catalanas de noviembre de 2012, de varios informes apócrifos atribuidos a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF, que dependía de jerárquicamente de García Losada) sobre las supuestas finanzas de la familia de Jordi Pujol y del también expresidente de la Generalitat Artur Mas.
“Lo frené totalmente”, aseguró García Losada antes de admitir que su respuesta “cabreó” a sus dos interlocutores. Y añadió que él ordenó a sus agentes investigar para demostrar, precisamente, que aquellos documentos eran “falsos”. Hasta ahora, ni la Fiscalía Anticorrupción ni el juez del caso Kitchen, Manuel García-Castellón, han abierto pesquisas sobre la llamada Operación Cataluña al considerar que esta actuación policial no encaja en ningún artículo del Código Penal.
García Losada añadió que la primera vez oyó hablar de este operativo contra el independentismo catalán fue “precisamente en boca de Villarejo” y que de lo único que tuvo conocimiento directo sobre ella fue la toma de declaración oficial que los agentes de la UDEF tomaron a dos testigos, Victoria Álvarez, compañera del primogénito de Jordi Pujol, y el empresario Javier de la Rosa, que fueron aportados por el propio Villarejo. El alto mando policial se desmarcó de las actuaciones del comisario jubilado, al que calificó de “timador” cuyo único objetivo era enriquecerse.
Sobre la Operación Kitchen, cuyo objetivo era supuestamente sustraer a Bárcenas la documentación comprometedora para el PP y sus dirigentes que pudiera atesorar, García Losada dijo a los diputados que nunca fue informado de su existencia por “ningún mando político ni por el DAO [director adjunto operativo, entonces el comisario Pino] ni nadie” y que se enteró por la prensa años después. De hecho, tildó de “absolutamente anómalo” que entonces, verano de 2013, se investigase al extesorero sin autorización judicial. “¿Qué pinta un grupo parapolicial investigando lo que corresponde a la UDEF?”, se preguntó en referencia al caso Gürtel.
El alto mando, que ha alabado el trabajo del principal investigador de esta causa de corrupción, el inspector jefe Manuel Morocho, ha negado que él le presionara para que cambiara los informes en los que implicaba a dirigentes del PP. Morocho afirmó ante el juez del caso Kitchen, Manuel García-Castellón, que García Losada y cuatro mandos de la UDEF le conminaron en reuniones a cambiar o quitar partes de sus informes. El ex comisario general de Policía Judicial señaló este viernes que “es normal” que su subordinado tuviera que oír “la opinión técnica de los superiores”.
Dispositivos de vigilancia
Antes que García Losada, habían comparecido en la comisión otros dos agentes de la policía, que coincidieron en señalar que hubo interferencias y solapamientos entre los dispositivos de vigilancia que varias unidades policiales pusieron en marcha en el verano de 2013 en el entorno del domicilio del extesorero del PP. Uno de ellos, el policía Enrique Luis Báez, que perteneció hasta septiembre de aquel año al Área Especial de Seguimientos de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO), confirmó que durante “dos o tres semanas” participó en los seguimientos que se hicieron, en primer lugar, a Sergio Ríos, exchófer de Bárcenas, y posteriormente a Rosalía Iglesias, esposa de este último, y que en, en ese corto espacio de tiempo, al menos dos ocasiones detectó a personas que les tomaban fotografías a él y sus compañeros.
El segundo agente, el inspector jefe Jesús Vicente Galán, entonces responsable de la Sección de Seguimientos en la Unidad de Asuntos Internos, admitió que envió a agentes a las cercanías del domicilio del extesorero y que estos detectaron la presencia de otros policías en la zona, pero negó que el operativo que él dirigía tuviera como objetivo vigilar al entorno de Bárcenas. Ambos se escudaron en sus superiores para justificar aquellos operativos y, en el caso de Galán, intentó desacreditar el testimonio que una de sus subordinadas hizo ante el juez Manuel García-Castellón, en el que había asegurado que fue él quien le dio la orden de seguir a Rosalía Iglesias. Galán fue imputado por este testimonio, pero el pasado junio el magistrado archivó la causa contra él.
El primero en comparecer fue el agente Báez, actualmente en excedencia y destinado en la agencia europea de control de fronteras (Frontex). Este policía envió en septiembre de 2019 a la Fiscalía Anticorrupción dos correos electrónicos en los que se ofrecía a declarar sobre su participación en la Operación Kitchen, pero el juez García-Castellón lo descartó al considerar que no iba a aportar “nada relevante”. En el Congreso, tampoco ha facilitado información novedosa, según coinciden en valorar varios diputados que han intervenido en la sesión. Según Báez, sus superiores les explicaron a él y sus compañeros que el extesorero “estaba involucrado en delitos, que había robado mucho dinero y que había que localizar un local” en el que supuestamente ocultaba ese dinero, señaló. El policía añadió que, durante su participación en el operativo, detectó en dos ocasiones como le fotografiaban, aunque nunca supo si quienes lo hicieron pertenecían a otra unidad policial.
El segundo en comparecer, el inspector jefe Galán, declaró como imputado el pasado enero ante el juez del caso Kitchen, pero este sobreseyó la causa contra él seis meses más tarde. Galán había sido señalado por una de las policías a sus órdenes como el mando que le dio instrucciones para acudir a las cercanías del domicilio de Bárcenas porque la esposa de Bárcenas, Rosalía Iglesias, “estaba en peligro”. Ante el juez, Galán confirmó que montó un dispositivo de vigilancia cerca del domicilio del extesorero, pero aclaró que el objetivo era supuestamente para localizar un automóvil sin relación con Bárcenas. De aquellas órdenes responsabilizó al que entonces era su jefe, el comisario Marcelino Martín-Blas, imputado en la causa. Martín-Blas, que ya ha comparecido en la comisión, negó que él diera aquellas órdenes y señala a Galán como hombre de la confianza del comisario Eugenio Pino, entonces máximo responsable operativo de la Policía y muñidor de la trama.
Este miércoles, Galán se ciñó a esta versión que dio ante el juez del caso Kitchen. Así, aseguró que en el verano de 2013 (no ha sabido concretar la fecha, aunque la investigación ha revelado que fue el 25 de julio de aquel año, al poco de ponerse en marcha la Operación Kitchen) recibió instrucciones de su superior para que buscara “un vehículo [del modelo] C-4 negro en la confluencia de las calles Hermosilla, Ayala y Díaz Porlier [de Madrid]” y que tuviera “cuidado” porque cerca de esa zona vivía Bárcenas. El inspector jefe ha insistido en que “nunca, nunca” sus subordinados vigilaron a Rosalía Iglesias o recibieron órdenes en ese sentido. El mando policial detalló que uno de los agentes que envió a la zona le alertó de que tenían “compañía”, en referencia a que en la zona había más dispositivos policiales. Tras ello, ordenó “que se quitaran directamente de ahí”.
El inspector jefe añadió que, ya en el otoño de 2014, le ordenaron hacer seguimientos al comisario José Manuel Villarejo, señalado como uno de los implicados en el caso Kitchen y que tres años después fue detenido como presunto cabecilla de una trama parapolicial que ofertaba información confidencial a empresarios. Galán terminó abandonando la Unidad de Asuntos Internos y obtuvo un destino en una Embajada de España en el extranjero, la de Mauritania, uno de los puestos más codiciados por los agentes por su elevada retribución económica. En agosto de 2018, el actual ministro, Fernando Grande-Marlaska, lo destituyó de ese puesto.
El exjefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo ha guardado silencio sobre muchas de las cuestiones planteadas en la comisión, en contraposición con la actitud cooperativa que mostró en su primera comparecencia.
El comisario jubilado Enrique García Castaño, apodado 'el Gordo', exjefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO), he llegado desinflado y precavido a su segunda comparecencia en la comisión de investigación del Congreso sobre el caso 'Kitchen'. En su primera comparecencia, en abril pasado, habló largo y tendido sobre los trabajos para arrebatar documentación relacionada con las finanzas del PP al extesorero del partido, Luis Bárcenas; y otros trabajos de la brigada política del Ministerio del Interior en la etapa de Rajoy. Pero este miércoles ha empezado advirtiendo: "Mi colaboración con esta comisión y con la Justicia me ha traído problemas. No gustó que fuera tan explícito".
García Castaño está siendo juzgado en la Audiencia Nacional por tres piezas de la macrocausa 'Tándem' y se juega 87 años por su supuesta implicación, junto con Villarejo, en presuntos delitos de extorsión, falsedad documental y cohecho, entre otros, en el desempeño de tres encargos que recibió Villarejo de empresarios. "Me han metido ahí sin comerlo y sin beberlo--se ha quejado García Castaño--. Me han metido en este paquete con el señor Villarejo para darle más importancia al tema, porque yo era muy conocido; me han condecorado siete países". El exjefe de la UCAO se lamenta de que la Fiscalía no le reconozca la atenuante de colaboración con la Justicia.
Su participación en la operación 'Kitchen' parece clara, según él mismo ha confesado, aunque García Castaño niega la ilegitimidad de los trabajos que su superior, Eugenio Pino, exdirector adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional, le encomendó. "Había una investigación tan complicada contra el señor Bárcenas, ¿cómo puede ser que no se registrara su casa, sus propiedades?. Faltaba una pata y era descubrir los testaferros de Bárcenas". Y eso es lo que le encargó Pino, según García Castaño, con la orden de que "diera explicaciones ante el secretario de Estado de Seguridad", Francisco Martínez, procesado en la causa sobre 'Kitchen'. Pero García Castaño acabando reuniendo el material robado al extesorero del PP para entregárselo a Martínez. "Yo recojo la información y la entrego", ha recalcado.
Poco más ha avanzado este miércoles, invocando la Ley de Secretos Oficiales para guardar silencio. Varios diputados le han reprochado su falta de colaboración en esta ocasión con la comisión de investigación sobre el caso 'Kitchen'.
'Operación Cataluña'
En su anterior comparecencia en la comisión, en abril pasado, García Castaño reconoció que fue él, junto con un técnico, quien colocó una minigrabadora bajo la mesa del despacho del ministro del Interior, en 2014, para su reunión con el director de la Oficina Antifrau de Cataluña, Daniel de Alfonso, con el objeto de incriminar a los líderes soberanistas.
Hasta ese momento se creía que la conversación en la que se descubrió que el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, intentaba buscar algo incriminatorio contra el hermano de Oriol Junqueras, de cara a las elecciones del 9N en 2014, fue obra de Daniel de Alfonso. Pero García Castaño confesó: "El DAO [Eugenio Pino] dijo que iba a venir un señor y que por seguridad del ministro había que grabarlo. Y yo, con un técnico, le pusimos una minigrabadora debajo de la mesa del despacho".
VILLAREJO ASEGURA QUE SE VIO CON RAJOY ADEMÁS DE INTERCAMBIARSE MENSAJES CON ÉL
Se muestra dispuesto a someterse a un careo con Cospedal, si son citados
Aprovecha la comparecencia para remitirse al rey emérito y a practicas delictivas del CNI
El excomisario José Manuel Villarejo no defrauda. Hormonas femeninas para el rey emérito, chantajes con cocaína a personalidades, un supuesto "control de togas", la guerra de Irak, el GAL o el Isis desfilaron por el Congreso. Como su citación se producía en la comisión Kitchen también añadió algo al dispositivo parapolicial puesto en marcha por el Gobierno del PP para espiar a su extesorero Luis Bárcenas. Si antes del verano, en su primera citación en la Cámara baja, dijo que informaba puntualmente del operativo al expresidente Mariano Rajoy a través de sms, este miércoles agregó un breve encuentro con él, cuando estaba reunido con la exsecretaria general María Dolores de Cospedal, con la que se mostró dispuesto a someterse a un careo si le cita "la sede de la soberanía nacional".
Villarejo pareció dejarse llevar por las preguntas del diputado socialista Felipe Sicilia a partir de una información de 'Público' sobre el encuentro de marzo de 2014 y sus declaraciones ante el juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón tras su primera comparecencia en la comisión. El declarante, que se enfrenta a 109 años de cárcel en el primer juicio al que se le somete por tres piezas menores de la treintena que tiene abiertas, situó en la cita también a una persona muy cercana a Rajoy, cuyo nombre no recordaba, y al letrado de "un extesorero del PP", en referencia a Javier Iglesias, pero no le nombró. Más tarde precisó que el encuentro con Rajoy se produjo porque bajó un momento a la reunión que él mantenía con Cospedal y que lo interpretó como una forma de que supiera que él estaba detrás y era quien daba las órdenes
Pese a su aplomo, el excomisario pareció no recordar que ante el juez había declarado que Cospedal le reconoció que se le había quitado documentación comprometedora a Bárcenas y que la conocía la exvicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría. Como le recordó el diputado de Cs Edmundo Bal, el magistrado atribuyó sus palabras al afán de notoriedad de Villarejo y al dar por concluida la instrucción de la Kitchen levantó la imputación a Cospedal sin llegar a interrogar en esa condición a Rajoy.
"Operación Cataluña"
Mientras Bal ponía en duda las teorías ''conspiranoicas' que Villarejo esparcía, el diputado de ERC Gabriel Rufián comparaba la comparecencia con "una película de James Bond" y trataba de centrarle con la "Operación Cataluña", que el otro compareciente, el comisario Enrique García Castaño, tachó de "leyenda". Villarejo sostuvo que el Estado le debía 300.000 euros y que le pidieron "adelantar 500.000 por un servidor secreto" averiado. Se amparó en los secretos oficiales para no decir más que que partía de "un error importante", que era entender que "había que proteger al clan Pujol por su vinculación con altas instituciones". Insinuó que era porque compartía cuenta con el rey Juan Carlos, pero a la pregunta directa de Rufián respondió: "No me haga complicarme más la vida".
Sí dijo, en cambio, que el CNI administró a Juan Carlos I hormonas femeninas para aplacar su deseo sexual, según le contó su examante Corinna Larsen, y atribuyó al servicio de inteligencia una sección de "encaladores" para chantajear a personalidades.
Previamente el diputado del PP Luis Santamaría dirigió todas sus preguntas hacia los Gobiernos socialistas e incluso hacia la actividad empresarial del suegro del expresidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Al comisario Enrique García Castaño le preguntó directamente si eran de prostitución, a lo que el policía respondió con un "todos eran plenamente legales". Por su parte, la diputada de Vox Macarena Olona, que "rogó" a Villarejo que "se cuidara mucho", se centró en Soraya Sáenz de Santamaría y preguntó por qué no había sido imputada cuando se supone que el excomisario informaba a Rajoy y el exsecretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez, también imputado, a ella.
Villarejo, como siempre que le dan pie, aprovechó que el Pisuerga pasa por Valladolid y reclamó una nueva ley de secretos oficiales y sin responder a la pregunta concreta apuntó a que Martínez no pasó de secretario de Estado, porque se situó entre Cospedal y Sáenz de Santamaría y esa posición es incompatible con la política. En su divagación habitual acabó por compararle con el secretario de Estado del PSOE Rafael Vera, del que señaló que "sí asumió su responsabilidad" por los GAL.
"¿Sabe que he ofrecido desde 1993 al servicio de inteligencia? Independencia. Gracias a mi independencia económica. Si yo llego a saber de alguien tan miserable como para atacar a mi familia, pues a lo mejor habría claudicado", aseguró. Sostuvo que despachaba de sus avances con el exdirector general de la Policía Ignacio Cossidó, aunque ahora parezca que solo "era camarero". Solo se mostró prudente al declinar contestar a la pregunta de si el rey emérito debía volver a España. Y volvió a acabar con una frase que ya ha hecho suya: "Con la madre y con la patria sin razón y sin ella".
El comisario jubilado afirma en la comisión parlamentaria que una mujer “del entorno muy próximo” al expresidente, que no identificó, hacía de enlace
El comisario jubilado José Manuel Villarejo dio este miércoles un paso más en sus acusaciones contra el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy en su comparecencia en la comisión parlamentaria de investigación sobre la Operación Kitchen, el espionaje ilegal al extesorero del PP Luis Bárcenas iniciado en 2013. En su anterior comparecencia en el Congreso, en mayo, Villarejo había asegurado que intercambió mensajes de teléfono con Rajoy sobre aquel operativo parapolicial. Este miércoles, a preguntas del diputado socialista Felipe Sicilia, aseguró que tuvo un encuentro, en marzo de 2014, con el entonces presidente en la sede su partido, en la calle Génova, de Madrid, como se apunta en una grabación desconocida hasta ahora y que dio a conocer horas antes el diario Público.
El comisario detalló que con ese encuentro buscaba cerciorarse de que Rajoy “estaba detrás” de aquel operativo, urdido presuntamente desde el Ministerio del Interior para sustraer a Bárcenas los documentos comprometedores para el PP que este pudiera conservar en aquel momento. “Yo tenía dudas de si las instrucciones que recibía venían directamente del presidente”, añadió.
El policía afirmó que ese supuesto encuentro con Rajoy se produjo en el despacho de la entonces secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, después de acceder al edificio “camuflado” en el vehículo de la dirigente popular y llegar por el garaje directamente a la planta donde esta la sala. “Estaba esta señora, Cospedal; una señora más que no recuerdo su nombre, salvo su nombre de pila, del entorno muy próximo al señor Rajoy; y había un letrado”, afirmó, aunque no concretó las identidades de estas dos últimas personas. Sobre el abogado se limitó a decir que era el defensor de “un tesorero, Bárcenas o el señor [Álvaro] Lapuerta”. Según la grabación conocida este miércoles, supuestamente era Javier Iglesias, abogado cercano al PP y que también compareció en el congreso.
En este audio, Villarejo aseguraba a su interlocutor, el entonces secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, también imputado en el caso Kitchen, que durante aquella reunión en el despacho de Cospedal entró Rajoy: “Y en ese momento viene el presi. ‘Qué tal, mire solamente para saludarle... Es que el amigo Javier Iglesias goza de toda la simpatía del mundo. A trabajar’, eso fue todo. Ese fue todo el mensaje”. A preguntas del diputado de EH Bildu Jon Iñarritu, aseguró que con Cospedal estuvo aquel día poco más de media hora. El comisario añadió que, además de en ese día, se ha encontrado con Rajoy en “tres o cuatro ocasiones más”, pero matizó que en esos casos no mantuvo ninguna conversación con él “sobre el tema”, en referencia al espionaje a Bárcenas. En su anterior comparecencia, en mayo, Villarejo ya había dicho que había tenido encuentros con el expresidente —”dos o tres”, dijo entonces— en actos públicos.
En su comparecencia de este miércoles, Villarejo reiteró, como ya hizo en mayo, que había intercambiado mensajes SMS de teléfono con el expresidente. “Fundamentalmente, me hacía preguntas concretas. ‘¿Hay algo nuevo?’ ‘¿Se ha visto esta persona [en referencia a Bárcenas] con Pedro J. [Ramírez, entonces director de El Mundo]?’. Mis respuestas eran tan cortas y tan breves como las preguntas”, detallado. En mayo afirmó también que el cruce de mensajes con Rajoy se limitó a preguntas cortas y respuestas “monosilábicas”. Aquella declaración provocó entonces que el juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón, instructor del caso Kitchen, le llamara a declarar días después. Ante el juez, el comisario insistió en ese relato, pero ante la falta de nuevas pruebas, el juez decidió no continuar la investigación sobre esos supuestos contactos.
Varios diputados pusieron en duda la veracidad de las nuevas revelaciones de Villarejo. Edmundo Bal, de Ciudadanos, le espetó: “Me da la sensación que esto usted se lo inventa”. Y Mikel Legarda, del PNV, le criticó sus “contradicciones” y “datos inconsistentes” para concluir que las afirmaciones del comisario “no prueban nada”.
Antes de sus comparecencias en el Congreso, Villarejo no había implicado en sus múltiples declaraciones judiciales a Rajoy en la trama urdida por el Ministerio del Interior. En una entrevista publicada en noviembre del año pasado en EL PAÍS, Villarejo había afirmado que trató sobre el caso Kitchen con diferentes cargos del PP y del Gobierno, pero nunca con el expresidente: “El único con el que no hablo yo personalmente, pero sí a través de intermediarios, es con el señor Rajoy”, dijo.
Podemos apoya la lista de comparecientes del PSOE pese a su desacuerdo por no llamar al líder del PP para poder continuar los trabajos
La comisión de investigación sobre la Operación Kitchen en el Congreso retomará sus trabajos sobre esa trama montada desde el Ministerio del Interior de los gobiernos de Mariano Rajoy para tapar escándalos del PP con la comparecencia, de nuevo, del polémico comisario jubilado José Manuel Villarejo, el 20 de octubre. La lista de comparecientes que se ha aprobado este martes será la que registró el PSOE, no sin desacuerdos claros y evidentes con sus socios de Unidas Podemos, fundamentalmente sobre la oportunidad de citar al actual líder popular, Pablo Casado. Los socialistas creen que esa presencia de Casado ahora “no es adecuada porque no aportaría” luz sobre esa trama. Los que sí acudirán, a finales de noviembre, para poder redactar las conclusiones en diciembre antes de las vacaciones de Navidad, serán el expresidente Mariano Rajoy y parte de su cúpula en el Gobierno y el PP. Y también el juez Enrique López, ahora consejero madrileño de Justicia, colaborador estrecho de Casado y presunto mediador entre un empresario y el abogado del PP en la Kitchen.
El PSOE ya llevaba semanas avisando de que no estaba interesado en incluir a Casado entre las nuevas propuestas para acudir a la comisión sobre la Kitchen. Nunca lo tuvo muy claro, ni siquiera en la primera etapa de esas sesiones, que se alargaron desde enero a junio pasado. Los socialistas preferían apuntar, y así lo hicieron en sus interrogatorios de la primera fase de esos trabajos, hacia los responsables políticos que dieron órdenes concretas a los mandos policiales relacionados con la Kitchen, es decir, el expresidente Rajoy, su exministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, y la ex secretaria general del PP entonces, María Dolores de Cospedal. Todos ellos están en el nuevo listado aprobado este martes, como también el ex jefe de gabinete de Cospedal o el exdirector de aquella época de la Policía Nacional, Ignacio Cosidó.
Unidas Podemos y ERC, dos de los principales socios del Gobierno y el PSOE, sí querían reclamar la presencia del máximo dirigente popular. Defendían, en cambio, que Casado heredó el mando del PP de Rajoy y se aprovechó del caudal de votos de la candidatura de Cospedal, implicada en la trama, para ganar el congreso del partido que le hizo presidente.
Casado era portavoz del PP cuando, entre 2013 y 2015, se montó en el Ministerio del Interior de los gobiernos de Mariano Rajoy la supuesta operación policial para espiar a Luis Bárcenas, su extesorero nacional. Los socialistas consideran que con lo que se sabe hasta ahora del caso no hay indicios de implicación directa de Casado y que llamarlo solo contribuiría a enrarecer el clima político del país. El portavoz socialista en la cámara, Héctor Gómez, explicó este martes en el Congreso que el objetivo de su partido es arrojar “luz sobre la trama” y sostuvo que ahora solo querían añadir perfiles de comparecientes que “realmente han estado directamente implicados” y no otros “no adecuados, que no aportarían”.
Las listas para este tipo de comisiones se votan completas. Las de los partidos de la oposición, en el centroderecha, ya se sabía que no tenían ninguna opción de prosperar, pero incluso la socialista podría ser rechazada si no sumaba alguna adhesión. Es lo que sucedió in extremis. El portavoz de Podemos, Pablo Echenique, justificó ese apoyo final precisamente para que no decayeran los trabajos y se dieran por finalizados así, abruptamente. Gómez y Echenique reconocieron abiertamente sus discrepancias, pero se afanaron por transmitir que esas diferencias debían considerarse normales y sin tensiones.
El PSOE ha preferido poner su foco sobre la cúpula del Gobierno y de Interior en aquella época, convocando en el Congreso en torno al 18 de noviembre al expresidente Rajoy y a su ex mano derecha y exministro del Interior Jorge Fernández Díaz, y antes a Cospedal, su ex jefe de gabinete y, sobre todo, al juez y hoy portavoz de Justicia del partido Enrique López, uno de los colaboradores más cercanos de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, y con buenas conexiones con el equipo de Casado. También a un buen número de comisarios de policía.
El portavoz socialista no quiso ser muy expresivo a la hora de argumentar este martes en rueda de prensa la razón última de la llamada a Enrique López. Eso sí, manifestó varias veces que su partido no quería de ninguna manera “poner en relación” o “vincular” esa citación con el hecho de que López sea el negociador del PP con el Gobierno y el PSOE en la renovación pendiente del Consejo General del Poder Judicial, que lleva tres años fuera de mandato y prorrogado. Gómez solo reconoció que López podría aportar “por su trayectoria judicial”. El consejero madrileño de Justicia era entonces, en aquellos años, magistrado de la Audiencia Nacional y no tenía ningún cargo orgánico en el PP, pero sí magníficas relaciones con sus dirigentes. Y, además, trascendió que pudo realizar labores de mediación entre un empresario amigo, Agustín D., y el abogado del PP para la Kitchen, Jesús Santos.
La portavoz del PP en el Congreso, Cuca Gamarra, descalificó esos intentos del PSOE, y en general todo lo relacionado con la Kitchen, como “un circo y un teatro”.
Echenique, por parte de Unidas Podemos, lamentó que el PSOE no les aceptase ninguna de sus propuestas para convocar a personas del entorno de la entonces vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, y responsables del CNI, como su exdirector, Félix Sanz, así como a varios periodistas y al empresario de la comunicación Mauricio Casals.
RAJOY, COSPEDAL, FERNÁNDEZ DÍAZ Y, DE NUEVO, VILLAREJO COMPARECERÁN EN LA COMISIÓN KITCHEN
El PSOE logra sacar adelante su lista de comparecientes que no ha sido pactada con sus socios de Unidas Podemos, desde donde apostaban por citar a Pablo Casado
El excomisario del Cuerpo Nacional de Policía José Manuel Villarejo Pérez a su llegada a la Comisión de Investigación para ser interrogado sobre la utilización de medios de Interior para favorecer al PP y anular pruebas en casos de corrupción, a 27 de mayo de 2021, en la Sala Constitucional del Congreso de los Diputados, en Madrid (España). Villarejo dejó la cárcel de Estremera tres años y cuatro meses después de su detención por la operación 'Tándem', una de cuyas piezas es la relativa a la operación en la que supuestamente participó y que se activó desde Interior para espiar al extesorero del PP Luis Bárcenas en busca de pruebas comprometedoras para dirigentes del partido. Esta comisión del Congreso investiga la supuesta utilización de fondos reservados en el Ministerio del Interior del anterior Gobierno del PP para obstaculizar causas que afectasen a dirigentes populares. Esta trama protagonizada por el PP también es conocida como ‘Operación ‘Kitchen’.
El ex comisario José Manuel Villarejo volverá al Congreso de los Diputados en las próximas semanas para comparecer de nuevo en la Comisión Kitchen. Lo hará para dar cuenta de la trama parapolicial orquestada en el Ministerio del Interior durante la etapa de Jorge Fernández Díaz para espiar y robar información al extesorero Luis Bárcenas. Y, junto a él, desfilarán por la Comisión de investigación Mariano Rajoy y María Dolores de Cospedal.
El PSOE ha logrado sacar su nueva lista de comparecientes para esta segunda etapa de la Comisión Kitchen que no ha sido pactada con Unidas Podemos, desde donde pedían que acudiese al Congreso el actual presidente del Partido Popular, Pablo Casado. "El PSOE no ha querido negociar y ha planteado una lista de forma únicamente unilateral sabiendo que si Unidas Podemos no votaba a favor de esta lista, era muy probable que decayera la comisión. Por tanto, Unidas Podemos ha votado sí a la lista del PSOE por responsabilidad para que continúen los trabajos de la comisión", explican fuentes de la formación morada.
Desde Unidas Podemos dicen "no entender" por qué el PSOE se ha negado a llamar a Casado. Consideran que al ser Casado el líder de los populares inmediatamente después de Mariano Rajoy "podría ofrecer a los diputados y diputadas explicaciones sobre la gestión que llevo a cabo al llegar a la presidencia". Esto es, en su opinión, si "investigó, depuró y limpió lo ocurrido en su partido durante esta trama".
En la lista de los socialistas se incluyen 13 comparecientes. Para el final se ha querido dejar a los nombres con más peso político. La cerrará el expresidente del Gobierno y exlíder del Partido Popular, Mariano Rajoy. Antes será el turno de la ex secretaria general del los populares, María Dolores de Cospedal —cuya comparecencia quedó aplazada antes del parón veraniego tras conocerse su imputación—, del ex ministro del Interior Jorge Fernández Díaz, y del actuar consejero madrileño de Justicia —y hombre fuerte del Gobierno de Ayuso— Enrique López.
Están llamados también a acudir a la comisión José García Losada, comisario general de Policía Judicial entre julio de 2021 y octubre de 2013, Ignacio Ulloa Rubio, exsecretario de Estado de Seguridad nombrado por Fernández Díaz, y Jesús Vicente Galán, exjefe de Vigilancias y Seguimientos de Asuntos Internos. Los dos primeros son nombres propuestos por EH Bildu, que han sido incluidos en la lista del PSOE.
El PNV ha logrado sacar también su lista adelante después de presentar una con solo dos nombres, que ha sido apoyada por el resto de grupos. Gracias a este movimiento el excomisario Villarejo volverá a la comisión para dar cuenta de su papel en la trama, cuya fase de instrucción judicial se cerró el pasado mes de julio en la Audiencia Nacional después de que el juez García Castellón dictase auto de procesamiento.
LA COMISIÓN SOBRE LA KITCHEN LLAMARÁ AL NEGOCIADOR DEL PP PARA RENOVAR EL CGPJ EN PLENO BLOQUEO
El PSOE justifica su comparecencia «por su trayectoria y su responsabilidad orgánica en el PP» pese a su nula relación con la operación que investiga el Congreso
La comisión de investigación sobre la operación Kitchen ha aprobado este martes el listado de comparecientes que desfilarán por el Congreso desde el 20 de octubre hasta el mes de diciembre. El consejero de Justicia de la Comunidad de Madrid y responsable del ramo en el PP, Enrique López, finalmente sí acudirá a la Cámara Baja, como reclamaban los socialistas. El PSOE ha justificado su presencia «por su trayectoria y su responsabilidad orgánica en el PP».
Se da la circunstancia de que López es el interlocutor con el Gobierno para negociar la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), bloqueada desde hace más de mil días entre acusaciones cruzadas del PSOE y del PP, pero el portavoz socialista en el Congreso, Héctor Gómez, ha desvinculado su llamada a la Kitchen de una intención de presionar a los populares para que pacten los nuevos vocales del órgano de gobierno de los jueces.
En la sala de prensa del Congreso, durante la rueda ofrecida por Gómez tras la Junta de Portavoces, las preguntas se han centrado precisamente en los motivos para citar a López, quien no está relacionado con la operación que investiga la Cámara Baja. El consejero de Justicia, cuando era aún juez de la Audiencia Nacional, en 2017, puso en contacto a los abogados del PP con el entorno del extesorero popular Luis Bárcenas. Pero en el transcurso de la investigación ya quedó descartado que López hiciese gestión alguna en el caso Bárcenas.
La operación Kitchen fue una trama perpetrada supuestamente por el Ministerio del Interior para espiar a Bárcenas y destruir pruebas de la presunta corrupción del PP. Por eso sorprende la comparecencia de López, quien no tenía relación orgánica alguna con los populares en los años en los que acontecieron los hechos. «Hay que diferenciar el CGPJ de la Kitchen; no afecta», ha insistido Gómez, ante las reiteradas preguntas de la prensa.
López: «Ya me enteraré de cuál es el motivo»
«Puede aportar información que pueda esclarecer muchos aspectos que pivotan sobre la trama de la Kitchen (...). Es una persona que por su trayectoria y su [actual] responsabilidad orgánica en el PP puede aportar mucha luz en la Kitchen», ha proseguido el portavoz socialista, sin detallar ningún motivo concreto para llamar a López a la comisión.
El propio López ha reaccionado esta misma mañana asegurando que recibe esta citación del Congreso «con mucha sorpresa». «Cuando comparezca ya me enteraré de cuál es el motivo por el que me han citado, en estos momentos lo desconozco». Sobre su supuesta intermediación entre los abogados del PP y el entorno de Bárcenas mientras era juez de la Audiencia Nacional, López ha declarado: «Eso está absolutamente aclarado, yo ni intermedié mi medié absolutamente nada, solo presenté a dos personas». Informa Jorge Navas.
La portavoz del PP en el Congreso, Cuca Gamarra, ha criticado que la comisión de investigación cite al consejero de Justicia en la Comunidad de Madrid. «La comisión es un circo y un teatro que está montando el PSOE; la prueba es la inclusión del consejero», ha dicho. Fuentes populares han añadido que los socialistas no parecen querer buscar aliados sino «romper todos los puentes» de cara a la negociación del CGPJ.
Villarejo y García Castaño, los primeros
La lista aprobada incluye todos los comparecientes solicitados por el PSOE, así como el excomisario José Manuel Villarejo -que ya acudió a esta comisión en mayo- y Enrique García Castaño, policía vinculado a la trama y arrepentido, conocido como el Gordo. Serán estos dos últimos, cuya asistencia reclamaba el PNV, quienes inicien las comparecencias el próximo 20 de octubre. Unidas Podemos, que exigía la presencia del actual líder del PP, Pablo Casado, y del exdirector del CNI Félix Sanz Roldán (2009-2019), entre otros, ha criticado que su socio gubernamental no haya aceptado ninguna de sus propuestas.
«El PSOE nos ha planteado una lista y no ha querido incluir ninguna de nuestras propuestas», ha lamentado el portavoz de Podemos en la Cámara Baja, Pablo Echenique, quien ha reconocido que solo han votado a favor de la relación socialista para que no decaiga la comisión de investigación. El PSOE ha defendido la lista aprobada porque incluye «nombres directamente implicados en este proceso».
La comisión de investigación también reclamará el testimonio del expresidente del Gobierno Mariano Rajoy, del exministro del Interior Jorge Fernández Díaz y de la ex secretaria general del PP María Dolores de Cospedal, entre otros.
LA COMISIÓN 'KITCHEN' RETOMA LAS COMPARECENCIAS CON EL REGRESO DE VILLAREJO EL 20 DE OCTUBRE
El órgano parlamentario ha avalado las peticiones de PSOE y PNV. En el caso de los primeros, su lista incluye al consejero Enrique López, quien "podría aportar luz" sobre la presunta trama de espionaje a Bárcenas por su trayectoria en el PP.
La comisión de investigación sobre Kitchen en el Congreso ha aprobado este martes la nueva lista de comparecencias al avalar las propuestas de PSOE y PNV, tal como han confirmado a este medio fuentes parlamentarias. En el caso de los primeros, su listado incorpora el interrogatorio del consejero madrileño y secretario de Justicia del Partido Popular, Enrique López, y rechaza la propuesta de Unidas Podemos de incluir al actual líder de los conservadores, Pablo Casado.
De esta manera, las comparecencias se retomarán el próximo 20 de octubre con el regreso ante el órgano parlamentario del excomisario José Manuel Villarejo, procesado por el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón por la operación Kitchen, y Enrique García Castaño (ex jefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo), ambos nombres propuestos por el Grupo Vasco.
Asimismo, la comisión cerrará el turno de comparecencias con los tres cargos que figuraban antes de que en junio se acordara la prórroga de los trabajos hasta diciembre: la ex secretaria general del PP María Dolores de Cospedal, el exministro Jorge Fernández Díaz, procesado en la causa y, por último, el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy, cuya cita está prevista para mediados o finales de noviembre.
Por su parte, Unidas Podemos, que registró una lista por separado ante la negativa del PSOE de pedir la comparecencia de Casado, entre otros nombres, ha votado "de forma responsable" el listado de su socio de Gobierno para que continúen los trabajos de la comisión, según ha valorado el portavoz del grupo morado, Pablo Echenique.
Y es que, el espacio confederal entiende que al ser Casado el líder de los conservadores "inmediatamente después de Mariano Rajoy podría ofrecer a los diputados y diputadas explicaciones sobre la gestión que llevó a cabo al llegar a la presidencia", esto es "o no investigó, depuró y limpió lo ocurrido en su partido durante esta trama, y, por ende, debe dar explicaciones de su inacción, o sí lo hizo y, por tanto, podrá informar a los parlamentarios de lo que encontró y lo que llevó a cabo para depurar su partido".
Además, Unidas Podemos no pasa por alto que Casado llegó a presidencia de PP con los votos de los compromisarios de María Dolores de Cospedal e incluso incorporó en su Ejecutiva a Jorge Fernández Díaz, este último procesado en la trama.
A su vez, el espacio confederal había pedido la comparecencia de representantes de medios de comunicación que, en su opinión, podrían arrojar luz en la comisión Kitchen, como es el caso de Mauricio Casals, adjunto a la presidencia de Atresmedia Corporación, que, según los indicios, ejercía de intermediario entre Rajoy y Bárcenas. También es el caso de Eduardo Inda y Esteban Urreiztieta, por estar asociados a lo que Unidas Podemos denomina la "guerra de los comisarios". También, el grupo morado pidió la comparecencia de personas vinculadas al CNI como María González, responsable del equipo de la exvicepresidenta del Gobierno Soraya Sáenz de Santamaría, y el propio presidente del servicio de inteligencia durante los hechos investigados, Félix Sanz Roldán.
El portavoz del PSOE en el Congreso, Héctor Gómez, ha justificado la decisión de su grupo de no incluir a Casado y al resto de perfiles solicitados por Unidas Podemos porque "no aportarían" información relevante a la comisión o no "son adecuados". "Nuestra relación de comparecientes se fundamenta en el objetivo del órgano parlamentario y por eso planteamos perfiles que realmente han estado directamente implicados en este proceso", ha señalado en referencia a Enrique López, quien presuntamente medió entre el extesorero Luis Bárcenas y el abogado del partido, Jesús Santos, cuando era juez en la Audiencia Nacional.
LA COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN SOBRE KITCHEN CITA A ENRIQUE LÓPEZ, PERO DEJA FUERA A CASADO
La ampliación del plazo para pedir nuevos comparecientes tan solo recoge como novedad la incorporación del consejero de Justicia de la Comunidad de Madrid, que se suma a Rajoy y Cospedal. Unidas Podemos no logra convencer al PSOE para citar al líder del PP
La comisión de investigación del Congreso de los Diputados sobre el espionaje a Luis Bárcenas realizado supuestamente por el Ministerio del Interior cuando gobernaba el PP –la conocida como Operación Kitchen– ha aprobado en su reunión de este martes citar como compareciente al consejero de Justicia e Interior de la Comunidad y máximo responsable de Justicia del PP, Enrique López.
La Policía deja sin empleo y sueldo al exchófer de Bárcenas y a otros dos agentes implicados en Kitchen
Se trata del nuevo nombre que se añade al listado de comparecientes ya previstos anteriormente, y entre los que están el exlíder del PP, Mariano Rajoy, la exsecretaria general, María Dolores de Cospedal, el exministro del Interior, Jorge Fernández Díaz –que está imputado y será juzgado por su implicación en la trama–, y el exdirector de la Policía Ignacio Cosidó. "Estoy muy sorprendido, desconozco la razón por la que han pedido mi comparecencia. Si finalmente tengo que comparecer, me enteraré de qué me quieren preguntar, desconozco la razón, ahora mismo únicamente sorpresa", ha asegurado López, al ser preguntado por esta citación.
Finalmente, la comisión ha aprobado los listados presentados por el PSOE y el PNV y ha rechazado el planteado por Unidas Podemos, que incluía como compareciente al actual líder del PP, Pablo Casado. Sí tendrán que declarar, por segunda vez, tanto Cosidó, como el excomisario Villarejo –al que se sitúa en el centro de la trama– y el también excomisario Enrique García Castaño. Estos dos últimos serán los primeros en declarar en la comisión, el próximo día 20.
Vox, EH Bildu y Junts habían solicitado la comparecencia de la exvicepresidenta primera del Gobierno Soraya Sáenz de Santamaría, pero sus listas han sido rechazadas por la mayoría de la comisión de investigación, que se ha reunido a puerta cerrada.
Unidas Podemos también solicitó su comparecencia en enero pero ahora se había limitado a reclamar la de quien fuera su jefa de Gabinete, María González Pico, que tampoco ha salido adelante. Otro de los nombres más solicitados era el del ex director del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) Félix Sanz Roldán, al que apuntaron Unidas Podemos, EH Bildu, Vox y Junts, pero que tampoco tendrá que comparecer finalmente en el Congreso.
Malestar de Unidas Podemos con el PSOE
Fuentes de Unidas Podemos han asegurado no entender "por qué el PSOE se ha negado a llamar a Pablo Casado". El grupo parlamentario considera que "al ser Casado el líder de los populares inmediatamente después de Mariano Rajoy podría ofrecer a los diputados y diputadas explicaciones sobre la gestión que llevo a cabo al llegar a la presidencia; esto es: o no investigó, depuró y limpió lo ocurrido en su partido durante esta trama, y, por ende, debe dar explicaciones de su inacción, o sí lo hizo y, por tanto, podrá informar a los parlamentarios de lo que encontró y lo que llevó a cabo para depurar su partido".
Además, añade el grupo confederal, "cabe recordar que Pablo Casado llegó a presidencia de PP con los votos de los compromisarios de Cospedal e incluso incorporó en su ejecutiva a Fernández Díaz, dos personas presuntamente implicadas en esta trama".
A su vez, el grupo confederal había pedido la comparecencia de representantes de Medios de Comunicación que tuvieron un papel importante en la comisión Kitchen, como es el caso de Mauricio Casalls, adjunto a la presidencia de Atresmedia Corporación, que, según los indicios, ejercía de intermediario entre Rajoy y Bárcenas.
También es el caso de Eduardo Inda y Esteban Urreiztieta. Ambos, según Unidas Podemos, "tuvieron un papel relevante en la pata mediática de la trama Kitchen en lo que se conoce como 'La guerra de los comisarios'. Villarejo y su círculo cercano empezaron –cuando estalló la trama Kitchen– a poner el foco y emitir información en los medios contra otros comisarios de la trama Kitchen, gran parte a través de Inda y Urreitztieta, lo que fue determinante para el conocimiento público de la trama Kitchen", zanjan.
El ex secretario de Estado de Seguridad involucra al Gobierno de Rajoy en la maniobra para buscar los secretos que guardaba el extesorero
El Congreso reanuda la investigación de la Operación Kitchen
El Congreso de los Diputados reanuda el próximo martes 5 de octubre la investigación del caso Kitchen, una operación policial dirigida desde el ministerio del Interior para, supuestamente, robar documentación al extesorero Luis Bárcenas que pudiera ser comprometedora para el PP y el Gobierno de Mariano Rajoy.
La comisión parlamentaria de investigación volverá a reunirse el próximo martes cuando se han producido algunas novedades relevantes en el caso. El juez instructor, Manuel García Castellón, considera que existen suficientes indicios de una operación policial ilegal para obstaculizar la investigación judicial sobre la corrupción del PP y del Gobierno de Mariano Rajoy. El juez decidió procesar y sentar en el banquillo al exministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, a su número dos y ex secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, y a media docena de comisarios que participaron en una operación que usó a confidentes pagados con fondos reservados.
El número dos de Interior cuando sucedieron los hechos, Francisco Martínez, compareció por última vez ante el juez instructor el pasado 12 de julio de 2021. En esa declaración, Martínez detalló todos sus movimientos como secretario de Estado a partir de la comparecencia de Mariano Rajoy en el Congreso el 1 de agosto de 2013. Ese día, con el Gobierno del PP a punto de caer acorralado por la corrupción que apuntaban los papeles de Bárcenas publicados por EL PAÍS y la confesión del extesorero al juez, Rajoy pidió perdón por confiar en Bárcenas, al que nombró tesorero nacional del PP en 2008.
Martínez detalló al juez que un día después de aquella comparecencia, con Rajoy, su Gobierno y el PP, acorralados por las revelaciones de Bárcenas, el ministro le hizo un encargo: “El día 2 de agosto, lo que me dice el ministro [del Interior] es que es importante tener toda la información que afecte a cuentas y cuestiones que eran parte de los eventuales delitos del señor Bárcenas y que desde luego esas cuestiones no implicaban a nadie más del Partido Popular”.
Cuando Martínez recibe esa orden de su ministro, Jorge Fernández, han pasado casi cinco meses desde que la Audiencia Nacional investiga los papeles de Bárcenas, con la colaboración de los policías de la UDEF y con numerosa documentación procedente de comisiones rogatorias que detallan todos los pasos del dinero de Bárcenas en Suiza. Y aunque la investigación judicial está centrada en documentar y probar todos los delitos cometidos por el extesorero del PP, el Gobierno decide encargar al secretario de Estado de Seguridad una investigación especial sobre Bárcenas cuyos resultados nunca se pusieron a disposición del juez instructor.
Martínez continuó su relato al juez: “El ministro me dice que me va a dar un contacto en el Centro Nacional de Inteligencia para que yo establezca una coordinación y que le diga a ese contacto que cualquier información que pudiesen tener la facilitase a la Policía porque entiendo que en ese momento la prioridad del Gobierno es conseguir toda la información sobre las cuentas y las actividades ilícitas del señor Bárcenas”.
El ex secretario de Estado de Seguridad, empeñado en la tarea de conseguir información sobre Bárcenas pese a que ese trabajo estaba judicializado desde hacía cinco meses, hace gestiones con el director del CNI, Félix Sanz Roldán, sin informar en ningún momento al juez del caso. “El ministro me dice que llame directamente al director del Centro Nacional de Inteligencia [Félix Sanz Roldán], que era mi interlocutor habitual en estos casos, y yo llamo al director del CNI siguiendo la instrucciones del ministro, tenemos una comunicación muy breve en la que él me dice que en fin, que eso no es parte de la inteligencia que ellos están captando pero que naturalmente si ellos tuviesen algún tipo de información sobre este asunto, pues lo pondrían a disposición de los investigadores, y que colaborarían como en tantas ocasiones colaboraba el Centro Nacional de Inteligencia con la Policía y con la Guardia Civil”. Martínez matiza tras este pormenorizado relato de hechos que todas aquellas gestiones fueron legales pese a hacerse a espaldas del juez que investigaba esos mismos hechos.
El ministro del Interior, Jorge Fernández, rechaza esta versión de los hechos y asegura que nunca dio órdenes para investigar al extesorero del PP, Luis Bárcenas.
Las agendas del comisario jubilado sobre la conjura contra Bárcenas: “Chisco [Francisco Martínez] quiere plan para salir del caso L. B.”
La operación policial de espionaje a Bárcenas se inició en julio de 2013, según los documentos oficiales incorporados al sumario de este caso.
El 13 de julio de aquel año 2013, el comisario José Manuel Villarejo, que intervino activamente en la Operación Kitchen, apuntó en su diario. “CHISCO [apelativo con el que identificaba a Francisco Martínez] quiere plan estratégico para salir del caso L. B. Comida 14.30, restaurante Guetaria”.
El juez preguntó a Martínez por este apunte y el secretario de Estado respondió: “Eso responde a pensamientos y reflexiones del señor Villarejo, él mismo lo ha declarado así. Yo no tenía el más mínimo interés en tener un plan estratégico contra L. B. No he visto en mi vida a ese señor”.
La comisión parlamentaria que investiga el caso Kitchen se interrumpió cuando estaba a punto de comparecer Dolores de Cospedal, secretaria general del PP y presidenta de Castilla-La Mancha en los años que ocurrieron los hechos. El juez había decidido citarla como imputada ese mismo día. Tres meses después y tras oír su declaración, el instructor interpretó que no había indicios suficientes para sentar en el banquillo a la jefa política del PP e interlocutora del comisario Villarejo, uno de los policías que captó como confidente al chófer de la familia Bárcenas y le pagó mensualmente una cantidad de 2.000 euros procedente de los fondos reservados del ministerio del Interior. La imputación de Cospedal duró apenas tres meses.
La Fiscalía Anticorrupción recurrió el auto que ponía fin a la investigación y retiraba la imputación a Cospedal. En su escrito, la Fiscalía implicaba a la dirigente del PP en la operación Kitchen: “Otros indicios apuntan a que, de forma paralela, dirigentes del Partido Popular como María Dolores de Cospedal y su esposo, Ignacio López del Hierro, habrían tenido conocimiento de la puesta en marcha y desarrollo de la Operación Kitchen, cuya responsabilidad penal en los hechos objetos de investigación está siendo dilucidada a través de diligencias de investigación muy recientemente practicadas, y sobre cuyo resultado resulta imprescindible practicar nuevas diligencias de corroboración”.
Aquella operación policial obtuvo escasos frutos. Todos los documentos robados a Bárcenas y su familia no agravaban las acusaciones que ya pesaban sobre el PP y el Gobierno de Mariano Rajoy. La Fiscalía Anticorrupción resumió así la causa en el escrito con el que recurrió contra el fin de la investigación: “Las actuaciones practicadas han aportado sólidos indicios de los frutos obtenidos en el curso del operativo policial desplegado y conocido como Operación Kitchen, como la entrada en el estudio de Rosalía Iglesias Villar sito en la calle General Díaz Porlier número 32 de Madrid, donde el comisario principal Enrique García Castaño habría accedido sin autorización judicial en busca del material comprometedor para el Partido Popular o la descarga ilegal del contenido de dos dispositivos telefónicos pertenecientes a Luis Bárcenas ejecutadas por este comisario principal jefe de la UCAO”.
El comisario José Manuel Villarejo accedió a entrevistarse en la cárcel con un periodista de EL PAÍS y contó su versión sobre la operación policial Kitchen en la que participó desde el principio de una manera activa y a la que puso nombre (”cocina”, en inglés, porque el nombre del confidente era igual al de un famoso cocinero). Villarejo no solo se encargó de captar al colaborador principal del operativo, Sergio Ríos, chófer de la familia Bárcenas, sino que se encargó de pagarle durante meses por sus servicios con dinero de los fondos reservados. Y todo ese trabajo lo documentó, con recibís firmados por el confidente y con grabaciones de las conversaciones entre ambos para conocer los avances de la operación. Ese material probatorio figura en el sumario.
Lo que sigue son todas las respuestas que Villarejo dio a EL PAÍS cuando le preguntó por el caso.
Pregunta. ¿De quién fue la idea de la Operación Kitchen?
José Manuel Villarejo. Se le ocurrió a alguien del Gobierno. A mí me contratan en plan privado. Habían fallado todos los sistemas de acercamiento y de montar el tinglado y dijeron: ‘hay que avisar a Villarejo, que soluciona siempre los problemas’. Me avisaron y yo puse una serie de condiciones, como he declarado en el juzgado. Prueba de ello: que yo no participe activamente es que en los momentos nucleares a mí me apartaron, yo no soy el que entra en el despacho, el señor que entra en el despacho lo ha declarado. Lo mismo que ha declarado el que accede a los teléfonos. Yo estoy dentro de la cárcel, en teoría soy el inductor, y el autor material está fuera. Fíjese qué aberración jurídica, es como si el asesino confiesa y lo dejan en la calle, y el inductor…
P. ¿Fue una chapuza esta operación?
J. M. V. Era una chapuza por todo el equipo que habían montado, era impresentable.
P. ¿Y la idea original era del ministro del interior?
J. M. V. No. De mucho más arriba. Fernández Díaz no tenía capacidad de tomar una decisión de esa envergadura. Mucho más arriba.
P. Si se está refiriendo a Mariano Rajoy, sabe que no hay una sola prueba de eso que está diciendo en todo el sumario del caso…
J. M. V. Creo que sí las hay, lo que ocurre es que imagino que están esperando a que se cueza en su salsa. Estarán esperando el momento político oportuno. Me temo que sí existen pruebas y ellos lo saben. Él ha intentado buscar de alguna manera una solución, pero la única solución está en sus manos.
P. Usted habla en el sumario de una grabación de Bárcenas a Rajoy en el palacio de la Moncloa. ¿Existe esa grabación?
J. M. V. Igual sí. Bárcenas grabó a Rajoy… pero todo ese tipo de cosas…
P. ¿Pero usted ha oído esa grabación?
J. M. V. No. Yo no la llegué a oír porque cuando llegó la operación en sí no me dejaron, me engañaron aprovechando que yo estaba en el extranjero, en el Líbano, e hicieron la operación. Porque yo dije que quería una copia de todo lo que se encontrara porque yo ya había hablado con algunos jueces de la Audiencia Nacional y les había dicho: “si sale bien os doy una copia y vosotros veréis lo que hacéis”. Yo me he reunido con jueces y fiscales y les he contado cosas que oficialmente no quería que ellos supieran. Las charlas que yo tengo de la Kitchen con jueces y fiscales de la Audiencia Nacional están… Otra cosa es que esté encriptado, como dicen ellos, y no quieren que salga… Pero a mí esa grabación nunca me la dieron, me informaron de que había.
P. ¿Quién filtró los documentos que le robaron a Bárcenas?
J. M. V. Esa decisión no fue mía, yo tenía otros planteamientos y por eso… Lo de la Kitchen está documentado que yo no tengo nada que ver en el sentido del tema. Lo que ocurre es que lógicamente me tendrán que acusar de algo, fíjese si es alucinante que la Kitchen en teoría la he preparado yo y en el Congreso se han puesto de acuerdo el PSOE e IU para que yo no vaya. Eso es una pantomima entonces, ¿no?
P. Pero ¿quién le dice a usted que hay que montar la Operación Kitchen para robarle documentos a Bárcenas?
J. M. V. Me lo dicen desde la señora Cospedal, hasta el ministro, el secretario de Estado…, el único con el que no hablo yo personalmente pero sí a través de intermediarios es con el señor Rajoy.
P. ¿De todo eso hay grabaciones que lo demuestren?
J. M. V. Creo que hay documentación, no lo sé. Yo he pedido una copia de todo lo que me contaron y no me la dan.
Un número de teléfono para implicar al presidente del Gobierno y otras pruebas
El comisario Villarejo cambió en mayo pasado la versión que dio a EL PAÍS —” con el que no hablo yo personalmente, pero sí a través de intermediarios, es con el señor Rajoy— en su última comparecencia ante la comisión de investigación creada en el Congreso de los Diputados. En esa intervención, Villarejo sorprendió a todos al explicar que se comunicaba con Mariano Rajoy a través de un número de teléfono que le facilitaron para ponerle al día de las novedades del operativo para robar documentación a Bárcenas.
Tras esta confesión, Villarejo facilitó al juez instructor del caso varios números de teléfono que, supuestamente, correspondían a sus contactos con el presidente Rajoy. La policía ha investigado ese número de teléfono y en un informe remitido al juez asegura que se trata de un número asociado a los teléfonos corporativos del Partido Popular. La investigación no ha profundizado más, pese al interés de la Fiscalía Anticorrupción por conocer el usuario de ese número.
Ese número de teléfono es la última prueba de las que se han presentado durante la investigación judicial para acreditar una operación policial que se hizo a espaldas del juez, sin ninguna cobertura legal, y cuyo objetivo, según el instructor y la Fiscalía, era ocultar pruebas que pudieran agravar la situación judicial del PP en relación con la presunta financiación ilegal de este partido.
Casi tres años de investigación judicial en una pieza separada del caso Villarejo han dado lugar a decenas de pruebas de una operación policial en la que participaron media docena de comisarios, decenas de policías (que hicieron seguimientos a la mujer de Bárcenas sin conocer el objetivo real de su trabajo), y con el supuesto conocimiento de los máximos responsables políticos del ministerio del Interior: Jorge Fernández Díaz y Francisco Martínez. Las pruebas son, resumidas, las que siguen.
1. Registro al secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez. En su teléfono móvil se halló un detallado informe sobre lo ocurrido que escribió el propio Martínez como una supuesta terapia psicológica que le recomendaron para superar el momento que atravesaba como consecuencia de la apertura de la investigación judicial. En esas notas, Martínez admitía que la operación se había hecho y responsabilizaba a sus superiores: “Recibí instrucciones muy concretas y tuve presión diaria para obtener y transmitir la información. A mí este asunto ni me importaba, ni me preocupaba, ni me interesaba, pero escuché muchas veces de mi superior que era el asunto más importante que teníamos entre manos”. Para finalizar, Martínez reflexionaba sobre las causas que originaron una situación tan comprometida: “El desastre que supuso la detención del Yeti [apodo de Villarejo] lo provocó F. S. R. [Félix Sanz Roldán], entonces director del CNI) con pleno conocimiento de S. S. S. [la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría] y bajo la pasividad total de [Juan Ignacio] Zoido [entonces ministro del Interior], que no se enteraba de nada”. En ese registro del domicilio de Martínez también se intervinieron las actas notariales donde el ex secretario de Estado de Seguridad dejó constancia de los supuestos mensajes que le envió a su móvil el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, pidiéndole que se interesase por la operación policial que se había puesto en marcha.
2. Pago de fondos reservados del Ministerio del Interior. Recibos por 2.000 euros mensuales con la firma de Sergio Ríos, chófer de la familia Bárcenas, aparecen en el sumario del caso. Corresponden a los pagos al confidente con dinero de los fondos reservados del ministerio del Interior que le hicieron el comisario Villarejo y el inspector Andrés Gómez Gordo, exasesor de Cospedal.
3. Grabaciones. El comisario Villarejo grabó sus conversaciones con el chófer de la familia Bárcenas durante los meses en los que este trabajó como confidente para el Ministerio del Interior. En esas conversaciones se delata el plan para sustraer documentación relevante al extesorero del PP.
4. Partes de seguimiento del espionaje ilegal. Los policías encargados de seguir durante meses a Rosalía Iglesias, mujer de Bárcenas, dejaron por escrito unos partes sobre los movimientos de su objetivo. Algunos de ellos explicaron al juez que ignoraban el objetivo perseguido con aquellos seguimientos, los agentes confesaron que se limitaron a seguir las órdenes que les dieron sin preguntar.
5. El juez instructor no conoció la investigación policial paralela de Interior. El Ministerio del Interior nunca puso a disposición del juez Pablo Ruz, que investigaba el caso Bárcenas, todo lo descubierto en la Operación Kitchen, según explicó al juez el inspector Morocho, principal investigador del caso a través de la UDEF.
6. Compra de ordenadores para facilitar información al ‘número dos’ de Interior. El comisario Enrique García Castaño relató al juez todas sus actividades dentro de la Operación Kitchen. Entre ellas, compró un ordenador para volcar en él toda la información robada a Bárcenas y que pudiera consultarla el entonces secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez. Este lo negó. El recibo de la compra de ese ordenador está en el sumario.
7. 13 agendas del comisario Villarejo. Durante los años en que estuvo activo el operativo policial Kitchen, el comisario Villarejo apuntó en distintos cuadernos sus actividades diarias, sus charlas con distintas personas y sus citas. Esas agendas, incorporadas al sumario, cuentan una historia de la Operación Kitchen a través de distintos interlocutores, entre ellos el ex secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, y la ex secretaria general del PP, Dolores de Cospedal.
8. Declaraciones de los participantes en la operación policial. El espionaje a Bárcenas y a su familia para buscar los secretos que supuestamente guardaba sobre la financiación ilegal del PP fue corroborado en la Audiencia Nacional por algunos de los comisarios que participaron en la operación como Enrique García Castaño o José Manuel Villarejo, además de las explicaciones dadas por el confidente Sergio Ríos.
https://elpais.com/espana/2021-10-01/francisco-martinez-numero-dos-de-interior-en-el-gobierno-de-rajoy-el-ministro-me-dijo-que-pidiera-al-cni-informacion-sobre-barcenas.html
EL PSOE DESCARTA CITAR A CASADO EN LA COMISIÓN KITCHEN Y PIDE QUE COMPAREZCA ENRIQUE LÓPEZ
Los socialistas proponen también la comparecencia del ex director general de la Policía, Ignacio Cosidó, e Ignacio Ulloa, antiguo secretario de Estado de Seguridad
El PSOE descarta citar al líder del PP, Pablo Casado, en la comisión Kitchen del Congreso que analiza la presunta trama de espionaje al extesorero popular Luis Bárcenas, pero sí quiere que acuda el consejero madrileño y secretario de Justicia del Partido Popular, Enrique López.
La comisión Kitchen se reanudará este mes y este viernes concluye el plazo de los grupos para presentar sus propuestas de comparecencias. Entre los nombres que figuran en la lista del PSOE, no está Pablo Casado, que sí consta en las solicitudes de Unidas Podemos, pero sí proponen que acuda Enrique López, actual consejero en el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso y secretario general de Justicia del PP.
Según reveló Bárcenas en febrero a raíz de la apertura de juicio por la presunta caja b del PP, entre 2017 y 2019 mantuvo 12 encuentros con el abogado del partido, Jesús Santos, gracias a la mediación de Enrique López, entonces juez en la Audiencia Nacional. La versión que López dio es que él se limitó a poner en contacto a Santos con un empresario amigo de Bárcenas, pero que nunca negoció con el extesorero. Fuentes de su entorno citadas por la agencia Efe sostienen que “presentó a dos conocidos en 2017, no hizo nada más”.
Además de López, los socialistas han propuesto la comparecencia del ex director general de la Policía Ignacio Cosidó, que, aunque nunca ha sido imputado en la investigación que la Audiencia Nacional ha realizado sobre este entramado, se encuentra en el punto de mira de la Fiscalía, que ha recurrido el cierre de la instrucción y ha pedido su imputación.
En la lista del PSOE figura también Ignacio Ulloa, secretario de Estado de Seguridad con Jorge Fernández Díaz al frente del Ministerio del Interior hasta que cesó en enero de 2013, mes en el que salieron a la luz los denominados papeles de Bárcenas y poco antes de que supuestamente comenzase la operación Kitchen, cuyo inicio los investigadores sitúan en julio de ese año.
También ha sido propuesto José García Losada, comisario general de Policía Judicial hasta octubre de 2013 y quien podría completar el testimonio que dio el inspector jefe Manuel Morocho sobre las presiones que sufrió para apartarle de la investigación.
El exjefe de vigilancias de la Unidad de Asuntos Internos Jesús Vicente Galán ―que llegó a estar imputado― y el exjefe de gabinete de Cosidó y actual comisario jefe de la Brigada Provincial de la Policía Judicial de A Coruña, Pedro Agudo, integran también el listado del PSOE.
Otro exjefe de gabinete, en este caso de la ex secretaria general del PP María Dolores de Cospedal, José Luis Ortiz, quien, como ella, estuvo asimismo imputado en la Audiencia, forma parte de la propuesta de los socialistas, que quieren oír también al exdirector de la cárcel madrileña de Soto del Real, José Luis Argenta de la Aldea, y a un preso que coincidió con Bárcenas, al considerar que el PP utilizó también la cárcel para espiar al extesorero.
A la espera de que concluya el plazo este viernes y de que se cierren las negociaciones de los grupos para tener un listado definitivo de comparecientes y fijar nuevas sesiones, los tres nombres que sí serán llamados a la comisión son los que figuraban antes de que en junio se acordara la prórroga de los trabajos. De esta forma, la comisión se cerrará, como así estaba previsto, con los interrogatorios de los diputados a María Dolores de Cospedal y al exministro Jorge Fernández Díaz, procesado en la causa.
El último compareciente, previsiblemente a mediados o finales de noviembre, será el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy. Fuentes parlamentarias consultadas no aclaran si los grupos acordarán que vuelva a ser citado el excomisario José Manuel Villarejo, como así solicita el PNV.
PODEMOS Y ERC PRESIONAN AL PSOE PARA CITAR A CASADO POR KITCHEN
Los socialistas aceptan llamar a Rajoy y Cospedal en la comisión de investigación sobre la operación del Ministerio del Interior para espiar al extesorero del PP
La comisión de investigación en el Congreso sobre la Operación Kitchen —la trama de espionaje al extesorero del PP Luis Bárcenas, que puso en marcha el Ministerio del Interior durante el Gobierno de Mariano Rajoy— reanuda estos días sus trabajos, tras el paréntesis veraniego, y los principales partidos socios del Gobierno y del PSOE han puesto el foco sobre Pablo Casado, el líder del PP. Y no en un momento cualquiera, sino cuando el presidente del partido conservador celebra la convención para relanzar su proyecto como alternativa de Gobierno. Unidas Podemos y ERC, claves para la estabilidad parlamentaria que necesita el PSOE para esta legislatura, han incluido a Casado en las listas de comparecientes a los que quieren llamar para esclarecer las responsabilidades políticas del caso. El PSOE es mucho más renuente y sigue estudiando la oportunidad de esa citación.
La mesa de la comisión se reunirá este jueves para convocar el martes 5 de octubre la primera sesión de trabajo, donde se resolverán las nuevas comparecencias. El PSOE y sus socios coinciden en que el último compareciente tendrá que ser el expresidente del Gobierno, Mariano Rajoy, pero para el final de los trabajos, en las Navidades.
PSOE y Unidas Podemos, que gobiernan juntos, quedaron este miércoles en el Congreso para contrastar sus posiciones sobre cuál debe ser a partir de ahora el camino de la comisión Kitchen. Y sus posturas no están nada cercanas. ERC y otros partidos que normalmente respaldan al Ejecutivo en el Congreso, como Más País, Compromís y EH Bildu, ya avanzaron en su momento que Casado debería dar explicaciones sobre su papel en aquella etapa, en la que era el portavoz y vicesecretario de comunicación del PP de Rajoy. ERC ha metido a Casado otra vez en la lista de sus comparecientes, que presentará este jueves. PNV y Ciudadanos comentaron en su día que estudiarían esa opción.
La posibilidad de citar a Casado todavía no es aceptada por el PSOE. Los socialistas aún estudian su propuesta de nuevas comparecencias en el Congreso para determinar quién dio la orden de montar aquella trama impulsada desde el Ministerio del Interior bajo el mandato del ministro Jorge Fernández Díaz, procesado por la Audiencia Nacional como uno de los responsables de la operación policial montada a espaldas del juez que investigaba el caso. PSOE, Podemos y ERC sí están de acuerdo en que Rajoy tendrá que ofrecer su versión y también el exministro del Interior Jorge Fernández, o el exsecretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, también imputado.
Podemos, ERC y otros socios siempre tuvieron claro que Casado debería pasar también por la comisión Kitchen. Los representantes de Podemos han mantenido varias conversaciones en estos días con los portavoces del PSOE para convencerlos de la oportunidad de apuntar fijo a Casado en sus listas de comparecientes. Entienden que, tras sustituir a Rajoy al frente del PP, “podrá ofrecer a los diputados explicaciones sobre la gestión que llevó a cabo al llegar a la presidencia; esto es: o no investigó, depuró y limpió lo ocurrido en su partido durante esta trama, y, por ende, debe dar explicaciones de su inacción, o sí lo hizo y, por tanto, podrá informar a los parlamentarios de lo que encontró y lo que llevó a cabo para depurar su partido”.
Fuentes de Unidas Podemos argumentan, además, que Casado llegó a la presidencia del PP con los votos de los compromisarios que habían apoyado a María Dolores de Cospedal en la primera ronda de las primarias del congreso del PP donde salió elegido. Y añaden que Cospedal era secretaria general del PP en los años investigados y le atribuyen haber incorporado en su ejecutiva posterior a Fernández Díaz, el exministro del Interior de la etapa en la que se montó la trama investigada.
Otra vez Villarejo
El PSOE, sin embargo, aún no ha cerrado su lista. Fuentes de ese partido sí han avanzado que se plantean llamar —además de a Rajoy— a Cospedal, al exministro Fernández Díaz, a Ignacio Cosidó, exdirector de la Policía Nacional, otra vez al polémico comisario jubilado José Manuel Villarejo, y han barajado otras comparecencias, como la del actual responsable de justicia del PP, Enrique López, persona de la máxima confianza de Casado y mano derecha de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso. Entre las propuestas de candidatos a acudir a la comisión que estudia el PSOE están también el ex jefe de gabinete de Cospedal, José Luis Ortiz Grande; el exalcalde de Boadilla, Arturo González Panero; el hijo de Luis Bárcenas y líder del grupo musical Taburete, Guillermo Bárcenas o el director de la cárcel de Soto, José Luis Argenta de la Aldea.
La propuesta de Unidas Podemos incluye convocar a María González Pico —exjefa de gabinete de Soraya Sáenz de Santamaría—, al exdirector del CNI, Félix Sanz Roldán; a los periodistas Javier Ayuso, Eduardo Inda, Esteban Urreiztieta y Ernesto Ekaizer; al empresario de la comunicación Mauricio Casals; a Pablo Antonio Peira Ramírez, comisario y coordinador de la Jefatura de la Casa Real; Jesús Vicente Galán, jefe de sección de vigilancia de la Unidad de Asuntos Internos durante la Kitchen; Francisco Correa, cabecilla de la trama Gürtel; Isidro Sánchez Suárez, preso compañero de Bárcenas y supuestamente contratado para borrar de la nube información del extesorero del PP.
En ERC están muy interesados en insistir en las indagaciones sobre la línea policial, por lo que barajan volver a requerir a varios comisarios y mandos policiales, pero también al expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González.
LA COMISIÓN KITCHEN PONE EL FOCO AHORA EN RAJOY, CASADO Y SUS EQUIPOS
PSOE y Unidas Podemos negocian una nueva lista de comparecientes para las sesiones de investigación, que se retoman el viernes
La comisión de investigación en el Congreso de la Operación Kitchen ―el espionaje ilegal al extesorero del PP Luis Bárcenas por una trama parapolicial― retoma sus trabajos este viernes con una nueva lista de comparecientes que pone el foco en el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy, su equipo, el actual líder del PP, Pablo Casado, y algunas personas de su entorno, según la lista negociada por el PSOE y Unidas Podemos hasta última hora este miércoles. Los socios del actual Gobierno ya avisaron en junio pasado, cuando las sesiones se interrumpieron, que tras el verano prolongarían la investigación hasta las Navidades y que sería en este periodo cuando citarían a los máximos responsables políticos de la etapa sobre la que se indaga, y en la que bajo los gobiernos de Rajoy supuestamente se promovieron actuaciones irregulares desde el Ministerio del Interior para tapar escándalos de corrupción del PP.
En la reunión de trabajo de la comisión Kitchen del Congreso de este viernes se abordarán las listas de comparecientes que los partidos quieren convocar para esclarecer aquella operación. Desde la primera etapa y hasta antes del verano, se centraron en llamar a los responsables policiales y ex altos cargos operativos para intentar descifrar sus responsabilidades y sobre todo quiénes les daban las órdenes. PSOE y Unidas Podemos ya adelantaron entonces que en esta segunda fase se volcarían en convocar a los mandos políticos. Y así será.
Podemos siempre tuvo claro que por la comisión Kitchen deberían pasar tanto Rajoy como el actual líder del PP, Pablo Casado, porque en aquella época era portavoz y vicesecretario de comunicación en el partido y porque relevó a Rajoy en el mando de la organización. Podemos ha incluido en su lista a Casado porque entiende que, tras sustituir a Rajoy al frente del PP, “podrá ofrecer a los diputados y diputadas explicaciones sobre la gestión que llevó a cabo al llegar a la presidencia; esto es: o no investigó, depuró y limpió lo ocurrido en su partido durante esta trama, y, por ende, debe dar explicaciones de su inacción, o sí lo hizo y, por tanto, podrá informar a los parlamentarios de lo que encontró y lo que llevó a cabo para depurar su partido”.
En Unidas Podemos entienden, además, que Casado llegó a la presidencia del PP con los votos de los compromisarios que habían apoyado a María Dolores de Cospedal en la primera ronda de las primarias del congreso del PP donde salió elegido. Cospedal era secretaria general del PP en los años investigados y también le atribuyen haber incorporado en su ejecutiva posterior a Jorge Fernández Díaz, el exministro del Interior de la etapa en la que se montó la trama investigada.
El PSOE, que ha negociado en estos días los nombres y componentes de las nuevas comparecencias, aún no ha cerrado del todo su lista, pero fuentes de ese partido sí han avanzado que se plantean llamar —además de a Rajoy— a Cospedal, al exministro Fernández Díaz, a Ignacio Cosidó, exdirector de la Policía Nacional, otra vez al polémico comisario jubilado José Manuel Villarejo, y han barajado otras presencias no menos conflictivas, como el actual responsable de justicia del PP, Enrique López, persona de la máxima confianza de Casado en su ejecutiva y mano derecha de Isabel Díaz Ayuso en el Gobierno regional madrileño. Entre las propuestas de candidatos a acudir a la comisión que estudia el PSOE están también el ex jefe de gabinete de Cospedal, José Luis Ortiz Grande; el exalcalde de Boadilla, Arturo González Panero; y el hijo de Luis Bárcenas y líder del grupo musical Taburete, Guillermo Bárcenas; además del exdirector de la cárcel de Soto, José Luis Argenta de la Aldea.
La lista completa de los comparecientes que demanda Unidas Podemos para la comisión empieza con María Dolores de Cospedal, Jorge Fernández Díaz, Mariano Rajoy, María González Pico —exjefa de gabinete de Soraya Sáenz de Santamaría—, el presidente del PP, Pablo Casado; el exdirector del CNI, Félix Sanz Roldán; los periodistas Javier Ayuso, Eduardo Inda, Esteban Urreiztieta y Ernesto Ekaizer; el empresario de la comunicación Mauricio Casals; Pablo Antonio Peira Ramírez, comisario y coordinador de la Jefatura de la Casa Real; Jesús Vicente Galán, jefe de sección de vigilancia de la Unidad de Asuntos Internos durante la Kitchen; Francisco Correa, cabecilla de la trama Gürtel; Isidro Sánchez Suárez, preso compañero de Bárcenas y supuestamente contratado para borrar de la nube información del extesorero del PP.
EL PSOE REACTIVARÁ LA COMISIÓN KITCHEN EN CONGRESO CON NUEVAS COMPARECENCIAS
El portavoz del PSOE en el Congreso de los Diputados, Héctor Gómez, ha anunciado que van a reactivar la comisión de investigación de Kitchen con la convocatoria de la Mesa esta semana y de una sesión posiblemente la próxima, en la que prevén pedir nuevas comparecencias, aunque no ha adelantado nombres.
La comisión, que estudia si se usaron de forma ilícita recursos del Ministerio del Interior para espiar al extesorero del PP Luis Bárcenas, fue aprobada en el pleno del Congreso el 1 de octubre pero no inició sus trabajos hasta el pasado mes de enero, al anteponer otras cuestiones como la tramitación de los presupuestos, el estado de alarma y una moción de censura planteada por Vox.
Desde entonces, han sido interrogados 27 comparecientes, la mayoría policías, expolicías y políticos.
Quedan pendientes las comparecencias aplazadas del expresidente del Gobierno Mariano Rajoy, el exministro del Interior Jorge Fernández Díaz y la exdirigente del Partido Popular María Dolores de Cospedal.
Fernández Díaz está procesado judicialmente en el caso y Cospedal fue citada a declarar como investigada.
En una rueda de prensa tras la Junta de Portavoces del Congreso, el portavoz socialista ha anunciado que esta semana, posiblemente el jueves, se convocará una Mesa de la comisión de investigación de Kitchen, presidida por el PSOE, con la idea de celebrar una sesión la próxima semana.
El objetivo es "valorar y aprobar las comparecencias ya tramitadas y si diera lugar (solicitar) nuevas comparecencias", aunque no ha concretado cuáles ni si entre esos nuevos nombres podría estar el de la exvicepresidenta del Gobierno Soraya Sáenz de Santamaría.
"Las comparecencias están por determinar", ha comentado el portavoz socialista, que asegura que su grupo parlamentario va a "actuar con responsabilidad, atendiendo al resto de grupos pero también priorizando las cuestiones" que consideran "relevantes".
"Queremos poner luz a lo sucedido en este caso", ha añadido.
El pleno del Congreso aprobó en junio, con el voto en contra del PP, prorrogar la comisión de investigación sobre la denominada Operación Kitchen hasta el próximo 31 de diciembre.
PODEMOS PROMETE COMPLETAR LA INVESTIGACIÓN SOBRE LA OPERACIÓN KITCHEN EN EL CONGRESO
La secretaria de Organización critica que la instrucción judicial del caso ignorase pruebas presentadas en la comisión parlamentaria sobre el espionaje a Bárcenas
Podemos reactivará el caso Kitchen en el Congreso después de que este viernes se conociera que el exministro Jorge Fernández Díaz, señalado por el juez que ha instruido la causa sobre el espionaje al extesorero popular Luis Bárcenas instada desde el departamento de Interior, haya apuntado implícitamente a su partido como responsable de la operación. La secretaria de Organización del partido socio de Gobierno, Lilith Verstrynge, ha criticado este sábado el “cierre en falso” del caso y se ha comprometido en nombre de su formación a que la comisión parlamentaria retome los elementos que, en su opinión, el juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón no ha tenido en cuenta.
“Nos comprometemos a investigar en la comisión de investigación que continúa en el Congreso todo lo que el juez ha decidido no investigar”, ha señalado Verstrynge, que ha puesto las miras en el actual presidente el PP, Pablo Casado, para que hable o se responsabilice “si era consciente de estos casos, de esa caja b de la Gürtel, de la Kitchen”. “No podemos olvidar que fue la persona de confianza designada por María Dolores de Cospedal”, ha enfatizado la secretaria de Organización. “Y si no era consciente de que esto se estaba dando en el PP, es aún más grave, porque significa que podría estar pasando [en la actualidad] y su presidente no es consciente de ello”, ha proseguido, para luego preguntarse “si el PP no tiene ningún mecanismo de control para evitar más allá de la justicia que esto se siga dando”.
La defensa del exministro Fernández Díaz presentó este viernes en la Audiencia Nacional un recurso contra la decisión que entendió “precipitada” del juez instructor de dar por concluida la investigación, en la que Fernández Díaz es el principal imputado junto con el exsecretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez. A finales de julio García-Castellón concluyó la investigación archivando las pesquisas contra su exsecretaria general, María Dolores de Cospedal, y su marido, Ignacio López del Hierro, atendiendo a la “debilidad” que apreciaba en los indicios contra ellos.
Verstrynge ha criticado la instrucción del caso. “No sería la primera vez que un caso del PP se cierra con un chivo expiatorio sobre el que recaen todas las culpas. Creemos que para encontrar indicios y pruebas hay que tener voluntad de encontrarlos y creemos que el juez no la ha tenido”. Considera la representante de Podemos que el juez no tuvo en cuenta pruebas presentadas en la investigación del Congreso y ha mencionado expresamente los audios de las conversaciones entre De Cospedal y el comisario jubilado José Manuel Villarejo y la contratación del chófer de Bárcenas por parte del PP.
Podemos ha calificado de “graves para la democracia” las insinuaciones de la defensa de Fernández Díaz y también las novedades sobre la investigación a Juan Carlos I y su entorno, tras conocerse este viernes que Hacienda ha dirigido al palacio de La Zarzuela dos requerimientos para que le facilite todos los pagos que la Casa del Rey ha hecho al rey emérito desde su abdicación en junio de 2014 hasta 2018. “Parece que [el rey emérito] está poco acostumbrado a que la justicia le investigue. Creemos que debería estar aquí respondiendo de sus actos y ante la justicia y no en Abu Dhabi disfrutando de la vida, y que la Casa Real debería dar explicaciones y no simplemente hacer cortinas de humo relativas a la educación de la princesa Leonor”, ha señalado Verstrynge.
EL PLENO DEL CONGRESO PRORROGA HASTA FINAL DE AÑO LA INVESTIGACIÓN SOBRE LA 'KITCHEN', CON EL RECHAZO DEL PP
La previsión es que la actividad de la comisión no se retome hasta después del verano, ya en septiembre, cuando arranque el nuevo periodo de sesiones La comisión tendrá que decidir si vuelve a citar a algunos de los que ya han desfilado por la misma y si realiza nuevos interrogatorios, sobre todo si continúa creciendo la lista de imputados
El Pleno del Congreso ha aprobado este jueves, con el voto en contra del PP, que la comisión de investigación sobre la denominada operación Kitchen alargue sus trabajos hasta el próximo 31 de diciembre. En todo caso, la previsión es que la actividad de la comisión no se retome hasta después del verano, ya en septiembre, cuando arranque el nuevo periodo de sesiones, ha informado Europa Press.
La decisión se ha tomado, como ya ocurrió en la propia comisión hace dos semanas, con el rechazo del PP, que desde el principio se opuso a abrir pesquisas sobre la trama supuestamente urdida desde el Ministerio del Interior, en la etapa de Jorge Fernández Díaz, para espiar al extesorero del PP Luis Bárcenas y hacerse con pruebas que pudieran implicar a dirigentes del partido en casos de corrupción.
El Pleno dio el visto bueno a la creación de esta comisión, a instancias del PSOE y Unidas Podemos, el pasado 1 de octubre, pero el órgano que preside la socialista Isaura Leal no se constituyó hasta finales de diciembre y las comparecencias no empezaron hasta marzo.
La comisión nació con un mandato de tres meses por lo que, nada más arrancar los interrogatorios, hubo de solicitar una nueva prórroga hasta finales de junio, pero que, al final, tampoco ha sido suficiente.
En este tiempo la comisión ha recibido a 27 comparecientes entre policías y expolicías, víctimas, implicados en el espionaje y responsables políticos y llegó a tener programados los interrogatorios a la ex secretaria general del PP María Dolores de Cospedal; el exministro Jorge Fernández Díaz, y el expresidente Mariano Rajoy.
Cambio de planes
La previsión a principios de junio todavía era poder aprobar sus conclusiones a finales de este mes, pero la imputación de Cospedal apenas horas antes de que tuviera que comparecer en el Congreso provocó un cambio de planes.
El PSOE planteó suspender su interrogatorio, dada su nueva situación procesal, la mayoría de la comisión aceptó y, después, las dos formaciones que integran el Gobierno de coalición apostaron por solicitar la nueva prórroga. También se suspendieron las comparecencias de Rajoy y Fernández Díaz, inicialmente previstas para el 10 de junio.
Cuando retome sus trabajos, además de buscar nuevas fechas para los comparecientes que han quedado pendientes, la comisión tendrá que decidir si vuelve a citar a algunos de los que ya han desfilado por la misma y si realiza nuevos interrogatorios, sobre todo si continúa creciendo la lista de imputados.
La prórroga de los trabajos ha sido objeto de debate en el Pleno, donde el portavoz de Unidas Podemos, Pablo Echenique, ha indicado que todos los indicios apuntan a que la Kitchen fue una trama urdida directamente desde el PP y por la que su actual líder, Pablo Casado, debe dar explicaciones.
"Hay que preguntar a Pablo Casado si investigó y depuró responsabilidades de toda esta cloaca cuando asumió el liderazgo del partido. Si lo hizo, tiene que mucho que contarle al Parlamento y, si no lo hizo, todavía más", ha dicho Echenique.
También desde el PSOE David Serrada se ha referido a Casado. Aunque no ha pedido explícitamente su comparecencia en la comisión sí ha dado por hecho que Cospedal le dio sus votos en el Congreso del PP "a cambio de su silencio y de que protegiera al partido" y ha asegurado que la caja b del PP sigue existiendo ahora.
ERC no ha intervenido en el debate este jueves, pero también defiende llamar a Casado. De hecho, fue el único partido que incluyó su nombre en su primer listado de comparecientes, pero su citación no salió adelante para la primera tanda de interrogatorios. Aunque no lo propuso formalmente, Unidas Podemos siempre defendió interrogarle y ahora intentará convencer a sus socios socialistas.
Por lo pronto, el grupo confederal y Vox ya tienen solicitada la comparecencia de la exvicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría y los de Santiago Abascal piden también la del exdirector del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), Félix Sanz Roldán, dado que algunos de los comparecientes han apuntado a la implicación de ambos en la trama.
Vox no quiere una "voladura controlada"
El nombre de la que fuera número dos del Gobierno de Rajoy ya fue incluido en las peticiones de comparecencia de Unidas Podemos, ERC y Junts, pero quedó fuera del listado inicial acordado por la comisión. Ahora vuelve a estar sobre la mesa y el PSOE no descarta apoyar su citación.
Durante el debate, han sido varios los portavoces que han aludido a la reciente imputación en el caso Villarejo del presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán. Una de ellas ha sido la secretaria general del grupo parlamentario de Vox y su portavoz en la comisión de investigación, Macarena Olona.
Olona ha apoyado la prórroga con la advertencia de que su partido no va a permitir "una voladura controlada" de este asunto y mostrando su deseo de que el excomisario José Manuel Villarejo les haya llegar alguna información de la que se guarda antes de "marcharse de España".
Sanz Roldán y el presidente de Iberdrola
En este contexto, ha insistido en la necesidad de que comparezcan Sáenz de Santamaría y al exdirector del CNI, a quienes, ha recalcado, el Gobierno actual evita "mencionar", a su juicio, porque fue el Ejecutivo de Pedro Sánchez el que, hace un año, autorizó a Sanz Roldán para que pudiera trabajar como "asesor personal" de Sánchez Galán.
Por su parte, Néstor Rego, del BNG, ha mostrado una foto del empresario abrazando al presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, y ha recordado que la Justicia declaró ilegal la anulación del plan eólico impulsado en su momento por el BNG desde la Xunta y cuya derogación benefició a Iberdrola.
"Hay caso", ha resumido el portavoz de Bildu en la comisión, Oskar Matute, aludiendo al "carrusel de imputaciones" que se está produciendo en la Audiencia Nacional en torno a esta causa y mentando también a Sánchez Galán.
Frente a todos ellos, el ponente del PP, Luis Santamaría, ha vuelto a quejarse de que esta investigación es "una causa general" contra su partido con las conclusiones ya redactadas y ha mencionado una retahíla de casos de corrupción que han salpicado al PSOE, Podemos, Convergència y otros partidos, y que seguirán planteando en la comisión.
EL PP PIDE QUE COSPEDAL NO COMPAREZCA EN LA 'COMISIÓN KITCHEN' DEL CONGRESO POR RESPETO A SU “INTIMIDAD Y HONOR”
Los de Pablo Casado presentan un escrito en el que piden que se dé a la exsecretaria general del PP “por comparecida” en la comisión que investiga la utilización ilegal del Ministerio de Interior para eliminar pruebas de corrupción
Alegan que no se está salvaguardando “el respeto a la intimidad y el honor y los derechos constitucionales” de los comparecientes
El Partido Popular ha presentando en el Congreso un escrito dirigido a la presidenta de la Cámara, Meritxell Batet, en el que entre otras cosas solicita que su exsecretaria general, María Dolores de Cospedal, no tenga que declarar, tal y como está previsto, en la comisión que investiga la utilización ilegal de recursos del Ministerio del Interior para favorecer intereses del PP y eliminar pruebas en casos de corrupción que afectan a este partido.
Cospedal fue imputada hace dos semanas por el juez que investiga la Operación Kitchen por la supuesta comisión de graves delitos de cohecho, malversación y tráfico de influencias, justo el día que debía declarar en la citada comisión, lo que motivó su suspensión. A pesar de que ella sí se presentó en el Congreso y manifestó su deseo de comparecer, ahora el PP pide que se salvaguarde “el respeto a la intimidad y el honor y los derechos constitucionales de las personas que sean llamadas a comparecer en la comisión y especialmente de María Dolores de Cospedal” y que se dé al ex número dos del partido “por comparecida”.
En un escrito al que ha tenido acceso infoLibre, el PP alega que no se salvaguardaron estos derechos al suspender la comparecencia el día que estaba fijada. Y sostiene que la suspensión de su comparecencia vulneró los derechos constitucionales de Cospedal al ponerla “bajo el foco mediático” y modificar “de formas caprichosa” su propia agenda “por mor de intereses partidistas de socialistas, comunistas y demás socios del actual Gobierno”.
El Grupo Parlamentario Popular trata así de dar cobertura a la que fuera número dos del PP con Mariano Rajoy, sin cuya ayuda Pablo Casado no hubiese conseguido ser elegido presidente del partido en el congreso de 2018. Hace apenas unos días, el Comité de Derechos y Garantías del Partido Popular acordó no abrirle siquiera expediente informativo alegando que su conducta no resulta del “ejercicio de un cargo público o representativo”. Tampoco cree el PP de Casado, el mismo que aseguró que no dejaría “pasar ni una” en relación con este caso, que las conductas por las que Cospedal ha sido imputada sean incompatibles “con las obligaciones y deberes éticos” del partido.
El escrito presentado por el PP para solicitar que su ex número dos no tenga que dar explicaciones apoya su petición con el argumento de que la suspensión de la comparecencia de Cospedal incumplió las leyes y el reglamento de la Cámara.
Cospedal se presentó en el Congreso el día y a la hora a la que había sido citada alegando que no había sido advertida de la suspensión de su comparecencia. “No me han avisado. Nadie me ha dicho nada. Esto no puede ser”, protestó ante los periodistas en los pasillos del Congreso antes de dirigirse al mostrador de ujieres del edificio que se encuentra frente del Palacio del Congreso para quejarse por que no se le hubiera notificado que su comparecencia había sido aplazada y para pedir cuentas por este proceder.
Por el camino, se encontró con la portavoz del PP en el Congreso, Cuca Gamarra, y otros diputados de su partido, que la acompañaron hasta una de las salas del Congreso. “Esto es más que un atropello. No hay democracia ni hay nada. Es una cosa increíble”, comentaba, visiblemente enojada, con sus compañeros.
El azar hizo coincidir su imputación judicial y la de su marido, Ignacio López del Hierro, con la citación de ambos ante la comisión Kitchen. La noticia se conoció precisamente cuando el esposo de Cospedal estaba presente la comisión. La imputación judicial altera las condiciones en las que se celebran las comparecencias porque otorga a los citados el derecho a no responder las preguntas de los diputados.
El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón imputó a Cospedal y a su marido en la pieza 7 del caso Villarejo, la que investiga la operación Kitchen, el operativo parapolicial puesto en marcha en 2013 y financiado con fondos reservados para hacerse con documentación sensible para el PP que el extesorero Luis Bárcenas se habría llevado del partido tras ser despedido. El magistrado les imputa delitos de cohecho, malversación y tráfico de influencias.
EL PSOE NO DESCARTA CITAR A SÁENZ DE SANTAMARÍA EN LA COMISIÓN QUE INVESTIGA LA 'KITCHEN'
Por el momento, los socialistas no llamarán a Pablo Casado
La portavoz del PSOE en el Congreso, Adriana Lastra, ha dicho este martes que su partido no descarta citar a la exvicepresidenta del Gobierno de Mariano Rajoy, Soraya Sáenz de Santamaría en la comisión de investigación sobre la conocida como operación Kitchen, y recalca que de momento no va a solicitar la comparecencia del actual líder del PP, Pablo Casado.
Lastra ha iniciado la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces acusando a Casado de ser "incapaz" de romper con las "numerosas" tramas de corrupción que afectan a su partido y pidiéndole que deje de "eludir" sus responsabilidades y "rinda cuentas" por la corrupción en su partido.
Singularmente después de que la semana pasada la ex secretaria general del PP María Dolores de Cospedal fuera imputada en la pieza que investiga el espionaje con fondos reservados al que fuera tesorero del PP Luis Bárcenas y Casado aún no haya cumplido con sus normas internas.
Preguntada entonces si el PSOE se plantea citar al presidente del PP ante la comisión Kitchen, Lastra ha apuntado que "no parece que, de momento, Casado haya estado vinculado directamente en los hechos que se están investigando". "Era responsable de aquella dirección política del PP -vicesecretario general-, pero ni en las comparecencias ni en la vía judicial aparece el nombre de Casado", ha precisado.
Nuevos comparecientes y repetición de otros
En todo caso, el PSOE quiere ampliar hasta diciembre los trabajos de la comisión de investigación y se abre a pedir nuevos comparecientes o llamar de nuevo a algunos que ya han desfilado por la misma, pero si revelar sus nombres.
Interrogada, en este punto, si piensa reclamar la comparecencia de Sáenz de Santamaría, la dirigente socialista ha destacado que su nombre está apareciendo en algunas investigaciones judiciales y que esa decisión la adoptará la comisión de investigación, si bien ha avanzado que no descarta solicitar su presencia en sede parlamentaria.
Lo que sí mantiene el PSOE es su intención de finalizar la ronda de comparecencias con el expresidente Mariano Rajoy y su ministro del Interior Jorge Fernández Díaz, cuyas comparecencias estaban previstas inicialmente para este jueves, pero la comisión las decidió aplazar tras la imputación de Cospedal.
EL SUMARIO SECRETO DE LA 'OPERACIÓN KITCHEN' IMPLICA A SORAYA SÁENZ DE SANTAMARÍA
Varios de los coimputados apuntan a que la información obtenida con el espionaje ilícito a Bárcenas era trasladada a la vicepresidenta del Gobierno. También sostienen que estaba implicado el CNI
La apertura del sumario en la parte que permanece secreta de la operación Kitchen va a ser "inmediata", según fuentes jurídicas consultadas por la SER, quienes apuntan que las declaraciones de algunos de los 19 coimputados y testigos en esta pieza, así como las agendas intervenidas al comisario jubilado, José Manuel Villarejo, señalan también a la implicación de la exvicepresidenta primera del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, y al Centro Nacional de Inteligencia.
Los coimputados, según estas fuentes, afirman que la información obtenida con el espionaje a Bárcenas era pasada también "a la enana", como se referían a Soraya Sáenz, y que estaban involucrados en los seguimientos "los cecilios", apelativo escogido para los agentes del CNI, sobre los que la vicepresidenta tenía ascendencia.
Despacho con Villarejo
Durante su comparecencia en la comisión parlamentaria del Congreso de los Diputados que investiga las consecuencias políticas de la operación Kitchen, Villarejo aseveró la semana pasada que despachaba el contenido de las investigaciones con el entonces secretario de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior, Francisco Martínez, y que creía que éste trasladaba las mismas a Soraya Sáenz de Santamaría. Martínez negó ayer este extremo.
https://cadenaser.com/ser/2021/06/02/tribunales/1622629735_513177.html
EL PSOE Y SUS SOCIOS PLANEAN LLEVAR LA COMISIÓN KITCHEN HASTA LA ETAPA DE PABLO CASADO
El PSOE y sus aliados en el Congreso estudian alargar las sesiones hasta diciembre y trasladar a otoño las comparecencias suspendidas
Pablo Casado (en el centro), líder del PP, acompañado por Juan Jesús Vivas, presidente de Ceuta, y Yolanda Bel, secretaria general del partido en la ciudad, este viernes. Joaquín Sánchez
El líder del PP, Pablo Casado, no quiere saber nada sobre la corrupción que campó en el PP antes de que fuera elegido presidente, pero ese fantasma le persigue. El PSOE, su socio de Gobierno Unidas Podemos y sus aliados en el Congreso no están dispuestos a pasar página, y así se verá con el futuro de la comisión del caso Kitchen. El plan es trasladar a otoño las comparecencias suspendidas del expresidente Mariano Rajoy y los exministros Jorge Fernández Díaz y Dolores de Cospedal, y citar también a Casado y a la exvicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría.
El plan del PSOE y sus socios, que cuenta con mayoría para salir adelante, se aprobará el martes que viene. Los socialistas ya han mantenido contactos informales con otros partidos para alargar la duración de esa comisión hasta diciembre.
La mesa de la comisión Kitchen, que investiga en las Cortes la utilización ilegal de medios y recursos del Ministerio del Interior del Gobierno de Mariano Rajoy para beneficiar al PP y ocultar pruebas que le pudieran perjudicar en el caso de la financiación ilegal, se reunió este miércoles para acordar el aplazamiento hasta nueva fecha de las comparecencias del propio expresidente y su mano derecha y exministro, Jorge Fernández Díaz, que estaban ya señaladas para el 10 de junio.
También se dejará para otro momento la llamada a la ex secretaria general del PP, Dolores de Cospedal, que tenía que haber comparecido el pasado miércoles en el Congreso. Su presencia fue anulada porque se conoció en ese mismo día su imputación y la de su marido, Ignacio López del Hierro.
Algún diputado popular llegó a comentar que el Gobierno de Pedro Sánchez pretendía tapar con el ruido de la corrupción del pasado del PP el malestar de muchos ciudadanos con la pretensión de conceder los indultos a los líderes separatistas catalanes presos o incluso el enfado de otros por el encarecimiento del recibo de la luz.
Los miembros de la Mesa de la comisión Kitchen, donde PSOE y Podemos disponen de la mayoría, estudiarán el próximo martes qué hacer con sus próximos trabajos, pero fuentes socialistas apuntan a que ya está tomada la determinación de trasladar al próximo periodo de sesiones, entre septiembre y diciembre, las siguientes reuniones. Será entonces cuando deban programarse las comparecencias pendientes de Rajoy, Fernández y Cospedal, que eran las que quedaban ahora.
La razón oficial es que tras la imputación y citación judicial de Cospedal a finales de junio, es preferible convocarla cuando ya haya expuesto lo que pueda conocer de la Operación Kitchen en la Audiencia Nacional. La comisión de investigación tenía el mandato de sacar sus conclusiones precisamente este 30 de junio. Ese periodo se extenderá ahora hasta diciembre.
Los socialistas ya han mantenido conversaciones, por ahora informales, con otros partidos presentes en la comisión para planear qué tipo de comparecencias se deberían estudiar para la nueva prórroga de sus sesiones de trabajo.
La idea inicial es volver a llamar a algunos de los comparecientes que han incurrido en evidentes contradicciones durante sus exposiciones ante la comisión. Y en ese capítulo entran desde el ex director general de la Policía, Ignacio Cosidó, al que el comisario jubilado José Manuel Villarejo señaló como uno de los máximos responsables políticos del montaje de la operación para captar información sobre el tipo de documentación de que pudiera disponer el extesorero del PP, Luis Bárcenas.
Pero no fueron los únicos comparecientes que aportaron visiones totalmente contrapuestas. El exsecretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, también rechazó algunas acusaciones sobre su participación en el montaje que le hizo el excomisario Enrique García Castaño, quien asegura que compró un ordenador para el uso de Martínez donde volcó la información robada a Bárcenas, o el propio Villarejo.
El PSOE y sus socios principales —y ahí están tanto Unidas Podemos como ERC— contemplan ahora que en el siguiente periodo de funcionamiento de la comisión Kitchen sí podrían ser convocados tanto el actual líder del PP, Pablo Casado, como la entonces vicepresidenta primera, Soraya Sáenz de Santamaría, de la que Villarejo aseguró que era conocedora de muchos informes en su calidad de interlocutora del Ejecutivo de Rajoy con el Centro Nacional de Inteligencia.
La presencia de Casado en las nuevas comparecencias extendería las implicaciones de este escándalo de corrupción política y policial hasta la etapa más presente del PP, que es algo que la dirección actual popular quiere evitar a toda costa. Cuando se constituyó la comisión Kitchen el pasado diciembre ya se produjo este debate. Podemos, ERC y otras formaciones pretendían entonces llamar e implicar a Casado, porque en aquellos años ejerció como portavoz de la Ejecutiva popular.
El exdirector del CNI y la exvicepresidenta
La última vuelta de tuerca a la comisión de investigación del caso Kitchen la dio este jueves Macarena Olona, portavoz parlamentaria de Vox en este caso. Olona registró una petición para citar a esa comisión de investigación tanto al general Félix Sanz Roldán, exdirector del CNI cuando ocurrieron los hechos, como la exvicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría.
Cuando nació la comisión de investigación, el PSOE no quiso que en las primeras comparecencias estuvieran ni Rajoy, ni Casado, ni Cospedal, ni Villarejo, ni Félix Sanz Roldán. Los socialistas defendieron y lograron pactar finalmente con Podemos que en las primeras sesiones se presentasen solo los jefes policiales operativos que dieron y recibieron las órdenes.
VOX REABRE LA GUERRA CON EL PP Y PIDE LA COMPARECENCIA DE SORAYA SÁENZ DE SANTAMARÍA POR 'KITCHEN'
El partido liderado por Santiago Abascal también solicita la presencia del exdirector del CNI Félix Sanz Roldán en el Congreso de los Diputados
Las relaciones entre PP y Vox no atraviesan su mejor momento. El partido liderado por Santiago Abascal ha presentado un escrito a la Mesa del Congreso de los Diputados este jueves para solicitar las comparecencias de en virtud de la exvicepresidenta del Gobierno Soraya Sáenz de Santamaría y del exdirector del CNI Féliz Sanz Roldán en la comisión que investiga la 'operación Kitchen'.
Según el texto, al que ha tenido acceso Vozpópuli, el Grupo Parlamentario Vox reclama la presencia en las comisiones de investigación del Congreso, del Senado o de ambas Cámaras tanto de Sáenz de Santamaría y como de Sanz Roldán "con el fin de aclarar los hechos puestos de manifiesto a lo largo de las reuniones desarrolladas hasta ahora dada su presunta implicación" en estos.
La petición ha sido registrada por la diputada Macarena Olona. Las referencias a la ex dirigente del PP y de Sanz Roldán se produjeron durante la declaración del comisario de Policía José Villarejo. Villarejo acusa a los dos citados por Vox como los responsables de un montaje contra él que se inició en el caso del 'pequeño Nicolás'.
Vox denuncia "amenazas"
La Comisión Kitchen, en la que se investiga una presunta operación ilegal contra Bárcenas desde el Ministerio del Interior de Jorge Fernández, ha vuelto a poner en evidencia los desencuentros entre ambas formaciones. Olona denunció este martes haber recibido "amenazas" por parte de un diputado del PP en la misma comisión y pidió amparo a la presidenta.
"Acabo de sufrir una amenaza por parte de un diputado del PP de la que han sido testigos los compañeros del PP", relató la secretaria general del Grupo Parlamentario Vox ante la propia comisión, antes de pedir disculpas por haber abandonado la sala en la que se celebra de forma "abrupta" en mitad de la sesión.
Según explicó, un miembro del Grupo Popular, al que no identificó, se acercó a ella al inicio de la comparecencia de Ignacio López del Hierro para preguntarle si estaba "haciendo fotografías" a sus compañeros de partido.
"Es intolerable", se ha quejado Olona, quien ha recalcado que ella no ha sacado foto alguna y que se ha limitado a "trabajar" como hace siempre en el seno de este órgano.
La petición de comparecencias se produce también después de que la Cadena Ser desvelara que en la parte secreta del caso Villarejo hay referencias a la ex vicepresidenta y al ex jefe del Centro Nacional de Inteligencia.
https://www.vozpopuli.com/espana/vox-soraya-kitchen.html
EL CONGRESO ESTUDIA PRORROGAR SEIS MESES MÁS SU INVESTIGACIÓN DEL ‘CASO KITCHEN’
La comisión parlamentaria decidirá el martes si aplaza las comparecencias de Rajoy y Fernández Díaz, qué día acudirá Cospedal y si se vuelve a citar a otros que ya han acudido
La comisión parlamentaria que investiga las responsabilidades políticas de la Operación Kitchen, el espionaje ilegal al extesorero Luis Bárcenas en la etapa del gobierno de Mariano Rajoy, decidirá el próximo martes si prorroga sus trabajos otros seis meses, hasta diciembre, y elabora un nuevo calendario con las comparecencias ya previstas y otras nuevas, entre ellas las de algunos de los que ya han acudido al Congreso, según detallan a EL PAÍS fuentes de la comisión.
Así lo han decidido este jueves los integrantes de la mesa de este órgano parlamentario que, tras aplazar el miércoles la comparecencia de la ex secretaria general del PP María Dolores de Cospedal por su imputación en el caso Kitchen, debe poner fecha a la misma así cómo decidir si mantiene las que ya estaban programadas para el próximo 10 de junio, las del exministro del Interior Jorge Fernández Díaz y el expresidente Rajoy, que iban a ser las últimas.
El acuerdo de la mesa, que será abordado a puerta cerrada por los integrantes de la comisión, incluye dos propuestas. En primer lugar, replantar los trabajos para, por un lado, incluir nuevos comparecientes y, por otro, aplazar la fecha en la que debían acudir Rajoy y Fernández Díaz, así como fijar un nuevo día para Cospedal. La mayoría de los grupos consideran que la exdirigente del PP solo debería someterse a las preguntas de los diputados una vez que haya declarado como investigada, el próximo 29 de junio, ante el juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón, instructor del sumario del caso Kitchen.
Si, finalmente, sale adelante esta propuesta, la mesa propone ampliar el tiempo de la comisión hasta diciembre ante la imposibilidad de terminar los trabajos antes del 22 de junio, fecha límite que hasta ahora tenía la comisión. Varias fuentes de la comisión coinciden en señalar que “casi seguro” se aprobarán ambos puntos, ya que solo el PP se opone a que se prorroguen los trabajos de investigación. No obstante, la ampliación del calendario debe ser ratificado en votación del pleno del Congreso antes de que acabe junio.
Fuentes de la comisión aclaran que, si bien la propuesta de prolongar la comisión hasta final de año se ha producido tras la imputación de Cospedal, algunos grupos ya se planteaban solicitar más tiempo al considerar que los testimonios de varias de las personas que han acudido a responder a los diputados son “contradictorios entre si”. “Se pueden plantear nuevos comparecientes, pero también que vuelvan a hacerlo algunos de los que ya lo han hecho”, señala un diputado de la comisión, que pide mantener el anonimato. Este parlamentario apunta que dos de los que podrían ser llamados de nuevo son el comisario jubilado José Manuel Villarejo, que en su testimonio aseguró que él informaba directamente por SMS a Rajoy de los avances en el espionaje a Bárcenas, y el exdirector general de la Policía con el PP Ignacio Cosidó. “Villarejo implicó a Cosidó en la Operación Kitchen y este negó estar informado”, señala como ejemplo de esas contradicciones. Y recuerda que los comparecientes tienen derecho a no contestar a las preguntas que se les hace, “pero mentir puede tener consecuencias penales”.
Algunos grupos plantean también que vuelva a ser citado el comisario jubilado Enrique García Castaño, conocido como El Gordo e imputado en la causa, y cuya comparecencia ante la comisión es considerada por los diputados como una de las que más información ha aportado a la investigación. Entre las nuevas comparecencias que algunos grupos quieren pedir están la de la exvicepresidenta del Gobierno Soraya Sáenz de Santamaría y la del exdirector del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), el general Félix Sanz Roldán.
En caso de acordarse nuevas comparecencias, algunos grupos plantearán también que las ya previstas de Fernández Díaz y Rajoy sean las últimas y, por tanto, se aplacen varios meses. “El primer calendario de las comparecencias se ordenó siguiendo el criterio de menor a mayor responsabilidad de las personas citadas, por eso Rajoy era el último. La idea es que se mantenga esta estructura”, añaden fuentes parlamentarias.
EL CONGRESO SUSPENDE LA DECLARACIÓN DE COSPEDAL EN LA COMISIÓN DE LA 'KITCHEN' TRAS SU IMPUTACIÓN EN ESA MISMA CAUSA
La exsecretaria general de PP tenía que comparecer esta tarde para dar explicaciones por la causa en la que ahora está oficialmente imputada
Aún no hay fecha para una nueva comparecencia que deberá fijar la mesa de la comisión de investigación
Los grupos acuerdan prorrogar la comisión hasta el mes de diciembre y poder llamar a nuevos declarantes
Los grupos parlamentarios han decidido que María Dolores de Cospedal no comparezca hoy en la comisión de investigación de la "Operación Kitchen". La cita, prevista para las 15.30, se retrasa sin fecha después de haberse conocido esta misma mañana que la propia Cospedal ha sido formalmente imputada en esa misma causa de la 'Kitchen' por malversación y cohecho.
Su marido, el empresario Ignacio López del Hierro, también ha sido imputado y aludiendo a esa nueva condición ha evitado responder a ninguna pregunta durante su comparecencia de este miércoles por la mañana. Para evitar que la declaración de Cospedal se desarrollase en los mismos términos y que, en la práctica, la imputación acabase sirviendo como argumento para eludir contestar al interrogatorio de los diputados, la mayoría de la mesa de la comisión de investigación ha decidido aplazar la cita.
Por otra parte, los grupos han acordado alargar los trabajos de la comisión hasta el mes de diciembre con la posibilidad de poder llamar a nuevos declarantes.
COSIDÓ: "NO TENÍA CONOCIMIENTO DE QUE SE GRABARA AL MINISTRO DEL INTERIOR"
El ex director general de la Policía comparece este martes en el Congreso para dar cuenta de "la estructura paralela" que existía en el Ministerio del Interior de Fernández Díaz. Ignacio Cosidó se ha ratificado en las declaraciones que hizo en la anterior comisión de investigación de 2017 y ha afirmado que no hablaba ni con el DAO Eugenio Pino ni con Villarejo.
Este martes le ha tocado el turno al ex director general de la Policía Nacional, Ignacio Cosidó, que ha pasado por el Congreso de los Diputados para explicar en la Comisión Kitchen lo que supiera de "la estructura paralela en el Ministerio del Interior", donde ha dejado claro su desconocimiento "negligente", en palabras del diputado de ERC Gabriel Rufián, aunque deja en tela de juicio la declaración de otros comparecientes, como el comisario Enrique García Castaño, que confesó haber grabado al ministro Jorge Fernández Díaz en su despacho. Cosidó ha sido tajante al responder al diputado catalán que "no tuve conocimiento de que se grabara al ministro en su despacho", de la misma manera que el exministro tampoco la tenía según declaró en la comisión celebrada en 2017.
Rufián también ha preguntado a Cosidó por su conocimiento sobre la extraña vida laboral del comisario José Manuel Villarejo y por el informe sobre la compatibilidad que se hizo en el año 2015, a raíz de hacerse público el emporio empresarial del policía. Cosdió había reconocido que Villarejo estaba destinado en la DAO, "aunque no se le veía mucho por ahí", debido a que su despacho estaba en su oficina de Torre Picasso a donde le solía llamar el propio DAO, Eugenio Pino.
La excedencia y el ascenso de Villarejo
El ex director general de la Policía ha recordado que Villarejo se fue de excedencia en el año 82, siendo inspector, y regreso a la policía en el año 93, siendo más tarde ascendido a comisario. Según la información remitida al juzgado de Tándem, Villarejo fue ascendido a inspector jefe en 1986 estando de excedencia, algo que es completamente irregular según la normativa policial. De hecho, Cosidó se ha quedado extrañado ante la pregunta del diputado Gabriel Rufián: "¿Es normal que a un señor en excedencia se le ascienda?" A lo que se ha quedado pensando y ha terminado por decir: "No es muy normal, pero se aleja mucho de mi etapa como director".
Es más, el propio José Ángel Fuentes Gago, que es quien realizó el informe de compatibilidad, reconoce que esta compatibilidad para crear su emporio empresarial no fue solicitada al Ministerio de Administraciones Públicas por Villarejo, por lo tanto su situación era de infracción grave hasta su jubilación y de ahí que esté procesado por delitos de cohecho. Pero lo cierto es que nadie se ha preocupado hasta el momento de preguntar al mismo ministerio si realmente le fue concedida la excedencia a Villarejo en 1982 o si sólo fue una retirada pactada dentro de Interior y no regularizada por los cauces de cualquier otro funcionario.
El diputado socialista le ha interrogado por lo declarado por el comisario José Manuel Villarejo acerca de que fue el dirigente popular quien le puso en contacto con el ex jefe de Asuntos Internos, Marcelino Martín Blas, para encargarse de la Operación Kitchen."Conocí a Marcelino Martín Blas siendo director general de la Policía", le ha contestado Cosidó al diputado socialista. Más tajante ha sido sobre las declaraciones de vertidas por Villarejo sobre la relación que mantenían: "Usted puede creerse todo lo que ese señor ha dicho, pero se lo voy a explicar: jamás he hablado con el señor Villarejo, ni le he llamado ni he comido con él".
Cosidó también ha añadido que él no tuvo nada que ver en el nombramiento del Director Adjunto Operativo (DAO) Eugenio Pino, "ya que ese nombramiento lo hace directamente el ministro del Interior". Esta afirmación ya la hizo en la anterior comisión de investigación de 2017, sobre las grabaciones de Fernández Díaz en su despacho, cuando relató que su comunicación con el comisario Pino era nula y que éste hablaba directamente con el ministro y el entonces secretario de Estado, Francisco Martínez, que asimismo comparecerá este martes en el Congreso.
Cosidó ha sido también tajante al afirmar que "no conocí ninguna estructura operativa paralela" y al señalar que el artículo 126 de la Constitución dice que la Policía Judicial depende de jueces, fiscales en términos de investigación del delito. Los únicos que tienen capacidad para dar órdenes son los tribunales y, por lo tanto, "yo tenía pleno conocimiento de lo que entraba dentro de mis competencias, pero no de la policía judicial, que no es mi competencia".
Es decir, "el director de la Policía no dirige las investigaciones judiciales, las investigaciones las dirigen jueces y fiscales", ha recalcado Cosidó.
Sobre PISA y Martín Blas
La diputada de Podemos, Sofía Castañón, le ha preguntado si conocía la existencia de una operación entorno Bárcenas, a lo que el exdirector de la Policía ha ceñido su conocimiento a la que estaba llevando a cabo "la UDEF en relación con Bárcenas en la Audiencia Nacional".
Sin embargo, el 14 de diciembre de 2020 aparece publicado en prensa unas declaraciones de Eugenio Pino que este le había trasladado la existencia de un confidente, a lo que Cosidó ha eludido responder y lo único que ha reiterado es que no tenía conocimiento.
A preguntas de la diputada de Podemos el exdirector general de la Policía ha vuelto a asegurar, como hizo en 2017 a su compañero Rafael Mayoral, que "no encargué ningún trabajo ni ningún informe sobre su formación", desentendiéndose así del conocido Informe P.I.S.A (Pablo Iglesias Sociedad Anónima) elaborado en la Dirección Adjunta Operativa por el jefe de gabinete de Eugenio Pino, José Ángel Fuentes Gago, y por el hombre de María Dolores de Cospedal, el ahora comisario Andrés Gómez Gordo.
Sobre el cese del comisario Marcelino Martín-Blas ha explicado que se debía a "la pérdida de confianza de su jefe inmediato, en este caso el señor Eugenio Pino, y además porque en determinadas unidades especialmente complejas como Asuntos Internos es necesaria una rotación. Se me hizo una propuesta de nombramiento de un jefe que venía de la lucha contra la droga y me pareció un perfil magnífico". Sin embargo, hace seis años su opinión fue más clara "le parecía injusto la destitución del comisario Martín-Blas", ha señalado la diputada de Podemos.
EL EX ‘NÚMERO DOS’ DE INTERIOR NIEGA QUE RECIBIESE LA DOCUMENTACIÓN ROBADA A BÁRCENAS
Francisco Martínez se escuda en su situación judicial para evitar explicar en el Congreso los mensajes que intercambió con Fernández Díaz sobre la Operación Kitchen
El ex secretario de Estado de Seguridad con el PP Francisco Martínez ha negado este martes, durante su comparecencia ante la comisión del Congreso que investiga el espionaje a Luis Bárcenas, que recibiera la documentación sustraída en 2013 al extesorero. Martínez, imputado desde enero de 2020 en el caso Kitchen, se ha escudado en esta situación judicial para no aclarar el contenido de los mensajes que intercambió con el exministro del Interior Jorge Fernández Díaz, que implican a ambos en las actividades ilegales de la trama.
Al inicio de su comparecencia, el que fuera número dos de Interior ha leído una declaración en la que ha negado “de forma contundente y sin ningún matiz” que durante el tiempo que ocupó el cargo, entre enero de 2013 y noviembre de 2016, participara o tuviera conocimiento “de cualquier forma de utilización ilegal de efectivos, medios y recursos del Ministerio del Interior” para espiar a Bárcenas, aunque no ha negado que existiera el operativo. “No creo que hacer un seguimiento para obtener información de personas que estaban investigadas [en referencia a Bárcenas y su esposa, Rosalía Iglesias] sea delictivo”, ha dicho. Martínez —que ha rechazado que existiera un operativo llamado Kitchen— ha mostrado su convencimiento de que la información que se obtuvo de aquellos seguimientos fue entregada “a la autoridad judicial”, en referencia al juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz, entonces instructor del caso Gürtel y que, sin embargo, nunca recibió dato alguno obtenido de aquellas pesquisas.
El ex secretario de Estado ha intentado así desmentir las declaraciones de varios de los comparecientes que le han precedido, entre ellos los comisarios jubilados José Manuel Villarejo y Enrique García Castaño, alias El Gordo, ambos también imputados. En el Congreso, Villarejo había dicho que Martínez era una de las personas que supuestamente contactaban con él “periódicamente” para transmitirle “inquietudes del presidente del Gobierno [Mariano Rajoy]” sobre el avance del espionaje a Bárcenas. García Castaño había afirmado ante el juez que el ex número dos le ordenó en persona participar en el operativo y que fue a él a quien le entregó, en un pendrive, el contenido obtenido de los teléfonos móviles que la trama sustrajo al extesorero y su esposa.
Este comisario, que colabora con la justicia, fue quien reveló la existencia de unas actas levantadas por el propio ex secretario de Estado ante notario con los mensajes telefónicos que este intercambió con el ministro Fernández Díaz, mensajes que revelan que ambos estaban al tanto de detalles del espionaje al extesorero. Preguntado por qué había formalizado esas actas cuando las informaciones sobre la Operación Kitchen ya lo salpicaban aunque no había sido imputado, Martínez ha explicado que con ello buscaba “la mejor forma” de defender “la legalidad” de sus actos en Interior. “Forma parte de una determinada estrategia de defensa procesal en la causa”, ha asegurado, antes de criticar la interpretación que de los mismos había hecho la policía en sus informes incorporados al sumario. Martínez ha negado que, como apuntaban algunos de esos mensajes, hubiera hablado del espionaje a Bárcenas con la entonces secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, con la que, ha asegurado, tuvo una relación mínima. “No era militante del PP y no tenía relación con la estructura orgánica [del partido]”, ha afirmado antes de recordar que fue sacado de las listas de los populares en las elecciones de 2019 para mostrar su desvinculación de la formación.
Sobre sus vínculos con Villarejo, ha detallado que lo conoció en 2012, tras reunirse con él en un hotel por indicación de Fernández Díaz, y que desde entonces mantuvo una relación que definió como “absolutamente profesional y policial”, pese a admitir que en una ocasión comieron juntas sus familias. Respecto a la autorización que hizo del pago con fondos reservados de una cantidad mensual a Sergio Ríos, entonces chófer de Bárcenas y que facilitaba información a la trama, Martínez ha asegurado que, aunque firmaba las entregas del dinero de esta partida a las diferentes unidades policiales, nunca entraba “ni en el detalle ni es la oportunidad” de los pagos concretos.
El ex secretario de Estado ha evitado este martes cargar contra Fernández Díaz, con el que reconoció haber tenido “un duro careo” con reproches e insultos en la Audiencia Nacional. Sí ha admitido que se sintió decepcionado con él porque no salió en su defensa cuando se le implicó en el caso Kitchen y que tuvo un “sentimiento de abandono” por parte del PP cuando la formación no le incluyó en las listas para las elecciones generales de 2019.
Antes de Francisco Martínez, ha comparecido en el Congreso Ignacio Cosidó, quien fuera director general de la Policía entre 2012 y 2016. Cosidó ha dedicado buena parte de su intervención ante la comisión del caso Kitchen a marcar distancias con los que aquellos años fueron sus superiores en Interior, Fernández Díaz y Francisco Martínez, y con los altos mandos policiales investigados por el espionaje a Luis Bárcenas. Los comisarios Villarejo y Eugenio Pino habían asegurado que el político conoció el operativo ilegal para sustraer documentos al extesorero. Cosidó, que no está imputado ni ha sido llamado a declarar como testigo en el caso Kitchen, lo ha negado y ha esgrimido para ello que entre las funciones del director general no estaba dirigir investigaciones. También ha asegurado que las únicas pesquisas sobre Bárcenas de las que tuvo noticia entonces fueron las del juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz y la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF). Tras poner en duda varios diputados que no supiera nada de lo que ocurría a su alrededor —el despacho del comisario Pino era contiguo al suyo—, Cosidó se ha limitado a decir: “Me enteraba de lo que tenía que enterarme y era mi competencia”.
FRANCISCO MARTÍNEZ ALEGA QUE ESTABA "ROTO" CUANDO ESCRIBIÓ UN MENSAJE LLAMANDO "MISERABLES" A RAJOY Y COSPEDAL
Martínez niega en el Congreso participación o conocimiento de un espionaje ilegal a Bárcenas y alega que los mensajes de su móvil están protegidos por la reciente reforma de la Ley de Protección de Datos. El portavoz del PNV, Mikel Legarda, responde que una comisión de investigación no está sometida a esa reserva
El que fuera número dos de Interior durante el espionaje "parapolicial" a Luis Bárcenas se ha negado a explicar por qué se sentía traicionado por el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy, el exministro del Interior Jorge Fernández Díaz y por la antigua secretaria general del PP María Dolores de Cospedal, tal y como escribió en el teléfono móvil que le incautaron los investigadores del caso Villarejo. Ante la comisión de Interior del Congreso, Martínez ha apelado a la reciente Ley de Protección de Datos aprobada por el Congreso y a la mención que hace a que los datos personales que aparecen en investigaciones judiciales no pueden ser utilizados fuera de ella.
"Mi grandísimo error fue ser leal a miserables como Jorge, Rajoy o Cospedal", escribió el 5 de junio de 2019 en un mensaje al presidente de la Audiencia Nacional, José Ramón Navarro, cuando ya había sido publicado que el juez Manuel García-Castellón le iba a citar como imputado en el marco del caso Kitchen. Cuando finalmente fue llamado a declarar, Martínez evitó en todo momento establecer responsabilidades de sus superiores y negó haber coordinado el operativo parapolicial, como señalan otros investigados.
Este martes en el Congreso ha esgrimido la misma línea de defensa, pero sin entrar en detalles por tratarse de una investigación judicial en marcha. En el interrogatorio del portavoz de ERC, Gabriel Rufián, Martínez ha pasado al contraataque y ha dicho que si no contestaba a la pregunta por aquel mensaje es por la reforma de la Ley de Protección de Datos que el bloque de apoyo a la investidura de Sánchez había aprobado. "Usted la vota y yo lo acato", ha dicho sobre la reforma de la Ley a Rufián.
La mayoría de los portavoces han intentado que Martínez se explayara afirmando que todo indica que él es una suerte de juguete roto que va a asumir responsabilidades que no le corresponden. En ningún caso han conseguido que Martínez variara de estrategia. Más adelante ha enmarcado el mensaje en su abatimiento personal. "En un momento en el que yo estaba roto se dicen cosas así de un amigo, de un familiar...", ha afirmado. El portavoz del PNV, Mikel Legarda, le ha recordado que la comisión de investigación no se ve afectada por esa reforma de la Ley de Protección de Datos porque está fuera de la instrucción judicial.
"Niego de forma contundente y sin ningún matiz que participase o tuviese conocimiento directo o indirecto" de la operación Kitchen, ha leído Martínez antes de que comenzara a preguntar el portavoz de los socialistas, Felipe Sicilia, que ha sido el primero en advertirle de que puede acabar de "chivo expiatorio" del caso.
Durante su declaración ante el juez García-Castellón en noviembre pasado, éste no le preguntó por María Dolores de Cospedal. Este martes lo han hecho los portavoces. Martínez ha dicho que él no habló de la Kitchen ni de "casi nada" con Cospedal en aquella época. La exsecretaria general del PP comparecerá mañana por la tarde ante la comisión de investigación.
Martínez también ha negado que reconociera en una conversación con el comisario García Castaño la existencia de un pendrive sustraído a Bárcenas. Ha dicho que se ha tergiversado el sentido de esa conversación porque ambos estaban bromeando y que nunca ha sabido nada de ese material, que contendría grabaciones de Bárcenas a Rajoy, entre otros, según trasladó Villarejo en conversaciones grabadas e incorporadas a la causa.
El juez García Castellón había citado a Martínez y a Villarejo para que declararan mañana por la mañana en el marco de la causa Kitchen, pero las citaciones han sido suspendidas para que no coincidan con las declaraciones del empresario Ignacio López del Hierro y el exsecretario de Estado de Seguridad José Antonio Nieto, que comparecerán en el Congreso antes que Cospedal.
El cura Silverio sobre su ubicuidad: "Es casualidad"
Por la tarde ha prestado declaración el sacerdote Silverio Nieto, quien se ha vuelto a presentar como amigo o asesor espiritual de varios de los imputados por la Audiencia Nacional. Los distintos portavoces, a excepción de los del PP y Vox, mostraron su incredulidad por su insistencia en que no jugó ningún papel en aquel Ministerio del Interior, que encabezaba Jorge Fernández Díaz, pese a la relación con éste, Francisco Martínez y el comisario Enrique García Castaño. “No es causa-efecto. Es casualidad”, ha dicho Nieto ante la comisión de investigación.
Nieto reenvió un mensaje a García Castaño que previamente le había enviado Martínez y en el que advertía de las consecuencias que podría tener para Fernández Díaz y para Mariano Rajoy su imputación en el caso. El portavoz de Ciudadanos, Edmundo Bal, le ha dicho al cura Nieto que, si él hubiera recibido ese mensaje, en lugar de reenviárlo a sus amigos García Castaño y Fernández Díaz, se hubiera plantado “en cinco minutos” ante un juez por los indicios de delito que alberga.
El cura Nieto ha lamentado los pesares que le está produciendo dicho mensaje. “Cometí la debilidad y el error de reenviarlo”, ha dicho, aunque ha insistido una y otra vez que lo hizo únicamente a título informativo. También ha negado ser el confesor de Fernández Díaz. Según Nieto, el exministro es miembro del Opus Dei y, por tanto, tiene un confesor de "la obra".
Expolicía, exjuez, antiguo director de los Servicios Jurídicos de la Conferencia Episcopal, Nieto se ha presentado como “un cura de base” que tiene su parroquia en la elitista zona del barrio de Salamanca. Ha reconocido que es amigo personal de Carlos Lesmes, presidente del Tribunal Supremo y del CGPJ, y que conoce a todos los miembros de ese Alto Tribunal así como del Constitucional, pero que todo se debe a su larga trayectoria como policía y magistrado. Silverio Nieto fue nombrado comisario honorario por parte de Fernández Díaz.
Edmundo Bal le ha preguntado por una afirmación suya en el juzgado, donde declaró como testigo. "Lo único que hice en este caso fue reenviar un mensaje, quizá Paco pensó que el ministro a mí me haría caso, y sería más receptivo, pero no tengo nada que ver con estas historias”, aseguró ante el juez Nieto. Bal le ha preguntado que a qué tenía que ser más receptivo el exministro, pero Nieto no ha concretado. “A mí esto me parece un chantaje”, ha dicho el portavoz sobre el contenido del mensaje.
EL CURA AMIGO DE FERNÁNDEZ DÍAZ NIEGA QUE LE ENVIARA EL MENSAJE DE MARTÍNEZ SOBRE 'KITCHEN' PARA PREVENIRLE
El sacerdote Silverio Nieto no arroja luz en el Congreso sobre su participación como intermediario entre el exministro del Interior y su número dos a cuenta de los mensajes sobre la operación policial para espiar al extesorero del PP, Luis Bárcenas.
Ni un ápice de arrepentimiento se ha vislumbrado este martes durante la comparecencia del sacerdote extremeño Silverio Nieto, de 74 años, testigo en la causa judicial sobre el espionaje al extesorero del PP, Luis Bárcenas. Nieto ha admitido en la comisión parlamentaria sobre la operación 'Kitchen' que reenvió a su amigo el exministro Jorge Fernández Díaz el 'whatsapp' que le mandó en enero de 2020 el ex secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, en el que vertía su "preocupación" por tener que entregar a la Justicia los mensajes relacionados con la citada operación entre Fernández Díaz y él mismo. "Reenviar un humilde Whatsapp es lícito", ha dicho el sacerdote, que no ha querido entrar en valorar si el mensaje en sí podía suponer un presunto intento de chantaje.
Se lo reenvió a su "amigo" el exministro del Interior, "para informar, no para prevenir", ha matizado. También se lo mandó al comisario Enrique García Castaño, otro "amigo". El mencionado mensaje contenía "un desahogo" --ha dicho Silverio-- porque Francisco Martínez "se jugaba su futuro profesional".
"Yo no tenía ningún interés en ese mensaje, se lo reenvié a Fernández Díaz sin ningún comentario y a García Castaño sin ningún comentario", ha dicho Nieto, que ha manifestado que respecto al primero se lo mandó "porque le mencionaba" y al segundo porque "era público y notorio que estaba siendo investigado por la Audiencia Nacional", en relación a la operación 'Kitchen'. "Y no se lo envié a Rajoy porque no lo conocía", ha subrayado.
Silverio Nieto ha sido inspector de policía, de la promoción de 1973, "pero no conozco al comisario Villarejo; no sé si es de la misma promoción, de antes o de después". También ha sido juez, marino mercante y asesor jurídico de la Conferencia Episcopal. En 1999 se ordenó sacerdote.
Ha reconocido una gran amistad con Jorge Fernández Díaz, "un hombre profundamente religioso". Ha negado ser su confesor. " Él es miembro del Opus Dei y ellos tienen como confesores a sacerdotes del Opus Dei". También admite ser muy amigo del comisario Enrique García Castaño, otro de los imputados en la causa 'Kitchen', en la que el sacerdote está considerado testigo por el reenvío del mensaje de Martínez, que también ha comparecido este martes.
Precisamente sobre su relación con el ex secretario de Estado de Seguridad, Nieto ha señalado que había sido alumno suyo en ICADE (Universidad de Pontificia de Comillas).
Por otra parte, también ha comparecido este martes en la comisión Jorge Sanchís, que fue jefe de Gabinete del secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez. Ha ratificado su declaración en la Audiencia Nacional en el sentido de negar cualquier conocimiento sobre la operación 'Kitchen'.
LOS CARGOS POLÍTICOS DEL PP EN INTERIOR QUE DICEN NO SABER LO QUE TRAMABAN SUS POLICÍAS EN LA 'OPERACIÓN KITCHEN'
Ignacio Cosidó, que fue director de la Policía en tiempos en el operativo, no está imputado ni ha declarado como testigo en la Audiencia Nacional Francisco Martínez niega la "existencia" de la trama parapolicial de espionaje a Bárcenas Ninguno se hace responsable de los operativos policiales a pesar de ser los superiores directos de comisarios imputados Publicamos esta información en abierto gracias a los socios y socias de infoLibre. Sin su apoyo, nuestro proyecto no existiría. Hazte con tu suscripción o regala una haciendo click aquí. La información que recibes depende de ti.
Ni Ignacio Cosidó, ex director general de la Policía Nacional, ni Francisco Martínez, ex secretario de Estado de Seguridad, dicen saber nada de una operación Kitchen. Por no saber, dicen que no saben ni a qué operativos se dedicaban los mandos policiales que estaban a su cargo en tiempos del primer Gobierno de Mariano Rajoy. El primero no está imputado en la causa de la Audiencia Nacional que investiga el operativo parapolicial de espionaje a Luis Bárcenas y su familia y ni siquiera ha sido citado a declarar como testigo, a pesar de ser el mando político colocado por el PP para estar al frente del Cuerpo Nacional de Policía durante casi cinco años. El segundo sí está investigado, pero ha llegado a calificar Kitchen como "inexistente". Y eso a pesar de que, según el sumario de la causa, para los seguimientos se llegaron a utilizar a hasta setenta efectivos.
Este es el balance de las declaraciones que han prestado este martes Cosidó y Martínez en la comisión de investigación del Congreso sobre el operativo financiado por fondos reservados que se puso en marcha en 2013 para supuestamente robar documentación sensible para el PP que Bárcenas se podría haber llevado del partido cuando fue despedido. Ni uno ni otro han dado pábulo a las afirmaciones que previamente habían realizado los mandos policiales que han pasado también por la Cámara Baja y que les habían señalado como, al menos, conocedores de esta operación e incluso el ex director general de la Policía las ha enmarcado en una estrategia de defensa por estar imputados, explicando veladamente que bajo esta condición se puede mentir en sede judicial.
A Cosidó le señaló el ex director adjunto operativo (DAO) Eugenio Pino en la Audiencia Nacional y la semana pasada también el comisario jubilado José Manuel Villarejo. Sobre el primero, ha recordado que lo hizo en una declaración judicial como imputado, mientras que sobre el segundo ha negado taxativamente haberle dado ninguna instrucción, pues estaba encuadrado en la estructura de la DAO: "Jamás he despachado con él, jamás he comido con él, jamás he hablado por teléfono con él, jamás he intercambiado ningún mensaje con él y jamás le he hecho llegar una instrucción a través de terceras personas", aunque sí ha reconocido que intercambió con él un "saludo protocolario" al inicio de su mandato.
Pero es que incluso se ha desmarcado de esos mandos policiales de los que en teoría era su superior inmediato y de su nombramiento, explicando que tanto Eugenio Pino como los miembros de la Junta de Gobierno de la Policía no los designó él, sino el entonces ministro del Interior Fernández Díaz. Y, de hecho, según Cosidó, todo lo hacía Pino, o al menos eso ha dado a entender: también la concesión de la medalla a Villarejo y el cese de Marcelino Martín Blas como jefe de Asuntos Internos fueron propuesta del DAO aunque la firma estampada en los respectivos documentos fuese la del director de la Policía.
"O negligente o cooperador"
Habiendo sido máximo responsable político de la Policía entre enero de 2012 y noviembre de 2016, algunos diputados han expresado su incredulidad acerca de que él no tuviese ningún control sobre esa misma Policía, sobre todo teniendo en cuenta además que sus entonces superiores, el exministro Jorge Fernández Díaz y el ex secretario de Estado Martínez, y subordinados como Pino o comisarios como Villarejo o Enrique García Castaño sí están imputados en la Audiencia Nacional. Como le ha dicho el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, "o fue un negligente o fue un cooperador necesario".
Martínez, por su parte, ha comenzado su intervención adelantando la que iba a ser su estrategia todo el interrogatorio: "Les avanzo que niego de forma contundente y sin ningún matiz que durante el ejercicio de mi cargo de secretario de Estado de Seguridad, entre enero de 2013 y noviembre de 2016, participase o tuviese conocimiento, directo o indirecto, de cualquier forma de utilización ilegal de efectivos, medios y recursos del Ministerio del Interior con la finalidad de favorecer intereses políticos del PP, perseguir ilícitamente a personas o anular pruebas inculpatorias".
Y en estos términos se ha mantenido. "Niego la existencia de tal operación. No hay ningún papel, ningún documento que hable de esta operación", ha reiterado en varias ocasiones. En parte tiene razón, porque en el Ministerio del Interior no consta ningún informe que hable de una operación Kitchen, pero los investigadores, la Fiscalía Anticorrupción y el propio instructor consideran que se trató de un operativo al margen de la legalidad que nunca fue puesto en conocimiento del juez que entonces investigaba los llamados papeles de Bárcenas, la financiación ilegal del PP.
Firmaba los cheques, pero no sabía para qué
Cosidó y Martínez han sostenido que no sabían nada de operativos policiales. El uno, dice, porque a quien correspondía informar era a juez y fiscales; el segundo le ha matizado y ha reconocido que no siempre pasan por un juez las peraciones policiales, pero ha manifestado que en su caso no las conocía porque no entraba en el detalle cuando firmaba los cheques de los fondos reservados. "Yo tenía la competencia para autorizar fondos reservados y firmaba el cheque en un sistema de firma mancomunada. Ni yo ni ningún secretario de Estado de Seguridad tiene el detalle ni entra en la idoneidad de las operaciones", ha asegurado.
De lo que no ha querido hablar Martínez es de los mensajes de texto que, según él, envió a Fernández Díaz en los que supuestamente hablan de la operación Kitchen y que protocolarizó ante notario cuando el exministro dijo en una entrevista que se había enterado por la prensa de todo el operativo parapolicial. Son mensajes que han sido objeto de informe policial, ha justificado, mientras que otros que también se reflejan en la investigación son de índole "personal" que están sacados de contexto. Lo que sí ha hecho, como ya hiciera en la Audiencia Nacional, es pedir "disculpas" por uno en el que escribió que su "grandísimo error" fue confiar en Jorge Fernández Díaz, Mariano Rajoy y María Dolores de Cospedal.
Su declaración, en realidad, ha sido bastante parcial, pues tampoco ha contestado a las preguntas más peliagudas y que le pueden poner en apuros por su condición de imputado en la causa judicial. Así, por ejemplo, no ha repetido en el Congreso que fue Fernández Díaz quien le pidió que se enterase sobre la investigación a Bárcenas porque algo le había llegado y no tenía más información. Lo que sí ha reiterado es que nunca habló con Cospedal de un operativo llamado Kitchen y tampoco ha señalado a Rajoy. Y es que, según el ex secretario de Estado, ni siquiera sabe por qué está investigado desde hace más de un año ni qué delitos se le imputan.
VILLAREJO: "INFORMÉ DIRECTAMENTE A RAJOY SOBRE ‘KITCHEN'"
El comisario jubilado declara en la comisión parlamentaria sobre la operación de espionaje a Bárcenas que le contrataron para hacerse con papeles "comprometedores" para el PP y dice que le daba información del operativo al entonces presidente del Gobierno a través de un teléfono que le facilitaron.
El comisario jubilado José Manuel Villarejo ha involucrado de lleno al expresidente del Gobierno Mariano Rajoy en la operación de espionaje ilegal financiada con fondos públicos para arrebatar pruebas contrarias al PP. "Mauricio Casals [presidente del diario La Razón y miembro del consejo de administración de Atresmedia] y María Dolores de Cospedal [exministra de Defensa] mediaban con el presidente hasta que al final yo tuve contacto personal con el señor Rajoy por 'Kitchen'", ha dicho este jueves en la comisión parlamentaria sobre el espionaje a Luis Bárcenas.
"Informaba directamente a Rajoy sobre 'Kitchen'", ha incidido Villarejo, que había solicitado declarar a puerta cerrada, aunque finalmente la presidencia de la comisión no se lo ha permitido. "Me decía Cospedal: "Es que el presidente quiere que le des tu versión"", ha explicado para acabar desvelando que despachaba directamente con Rajoy por este tema, "a través de mensajes con un teléfono que me había facilitado", ha dicho.
Villarejo ha declarado que, para esta operación, en la que participó como agente de inteligencia, según ha dicho, le contactó Ignacio Cosidó, ex director general de la Policía. "Me dijo que era un tema muy importante, que el propio presidente tenía interés y que tenía que hablar con Eugenio Pino [ex Director Adjunto Operativo de la Policía] para que me contara los detalles". También ha indicado que despachaba habitualmente con el entonces secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez. "Y puntualmente con el ministro Fernández Díaz".
En relación a su participación en la operación 'Kitchen', Villarejo ha dicho que: "Me contratan en plan privado. Mi misión era la captación humana, como se dice en Inteligencia, tras haber fracasado el plan para captar al chófer". Se refiere a Sergio Ríos, que compareció la semana pasada en esta comisión, y que fue el espía de la familia Bárcenas, gracias al cual se pudieron localizar las pruebas que el extesorero del PP guardaba en el estudio de su esposa. "Yo no participé en la extracción de la documentación", ha matizado.
Ha mencionado en su comparecencia a la ex vicepresidenta del Gobierno, Soraya Saénz de Santamaría, como conocedora de la operación 'Kitchen', a través de la supuesta participación en la misma del Centro Nacional de Inteligencia, dependiente en aquella época del Ministerio de la Presidencia: "El CNI participó en 'Kitchen' y lo conocía la vicepresidenta", ha dicho Villarejo, que siempre involucra a los servicios secretos en las operaciones en las que él supuestamente ha participado.
Villarejo está acusado de organización criminal, cohecho y blanqueo de capitales en la macrocausa 'Tándem', dividida en 30 piezas de investigación en la Audiencia Nacional. "He estado enjaulado casi cuatro años, hasta los encuentros íntimos con mi esposa... Qué abyecto. Así he sobrevivido y aquí estoy", ha dicho.
El excomisario Carlos Salamanca.
No solo se ha hablado este jueves en el Congreso de la operación 'Kitchen'; también ha salido a relucir la trama 'Gürtel', a través del turno de intervención del diputado Luis Santamaría del PP, que se ha centrado en esta trama de su partido. Villarejo ha dicho al respecto: "Estoy deseando poder hablar en el juicio [segunda época de esta trama corrupta] para explicar cómo se organizó esta operación, diseñada políticamente".
http://www.publico.es/politica/villarejo-informe-directamente-rajoy-kitchen.html
VILLAREJO, UN 'ENCANTADOR DE SERPIENTES' EN EL CONGRESO
La comisión de investigación sobre la operación Kitchen ha dado para mucho más sobre la amplia carrera del comisario jubilado, que ha ido respondiendo a la medida de cada partido
La operación Cataluña, el informe PISA, las operaciones contra ETA, el caso Roldán o los inicios de la investigación de Gürtel... el expolicía ha hablado de casi todo lo que le han planteado y ha afirmado que en su archivo personal está "la Atapuerca de los últimos 50 años en España"
Los diputados han ido a hablar de su libro y José Manuel Villarejo así lo ha entendido y ha entrado en el juego. La comparecencia del comisario jubilado en el Congreso de los Diputados tenía una considerable expectación política y mediática y, como era de esperar, ha ido más allá del objeto de la comisión de investigación en la que ha declarado, la referida a la llamada operación Kitchen, el operativo parapolicial dirigido a espiar a Luis Bárcenas para robarle documentación que se habría llevado del partido cuando fue despedido. Al PP le ha servido para desprestigiar a los gobiernos socialistas para los que también trabajó el expolicía e incluso para poner dudas sobre la investigación del caso Gürtel; a ERC y Junts les ha hablado de la operación Cataluña; a Podemos le ha contestado a preguntas sobre el informe PISA; a Vox y al PSOE les ha dado más datos sobre una posible implicación de Mariano Rajoy en los seguimientos al extesorero del PP...
Como el propio Villarejo ha dicho, ha estado en la Policía desde la Transición, tiempo en el que ha ido apuntando todas las operaciones policiales y de inteligencia en las que, según su versión, ha participado o de las que ha tenido conocimiento. "En mi archivo personal está la Atapuerca de los últimos 50 años de España… la verdad de lo que ha ocurrido en este país. Desde el 23F, el primer agente infiltrado en ETA... desde aquella época", ha presumido. "Desde la dictadura hay estructuras opacas en el Gobierno; otra cosa es que quieran utilizarme a mí para arreglar el tema", ha añadido también. Aunque otra cosa son las pruebas de todo lo que dice, las cuales, ha denunciado, le han "secuestrado". Pero Villarejo no la ha contado todo. Ha dicho que su labor a partir de 1993, cuando reingresó en la Policía Nacional, fue de "agente de inteligencia" y que hay ciertas operaciones sobre las que no puede hablar ante las cámaras del Congreso. Y tampoco ha querido comentar nada sobre la Corona, aunque siempre ha dejado claro que lo que le está pasando a Juan Carlos I es "absolutamente injusto" por todo lo que ha hecho por los españoles.
A lo largo de casi cuatro horas de comisión, ha habido tiempo para todo. Chascarrillos, bromas, asuntos más serios, lamentos porque le han dejado de pagar la pensión de policía, lecciones sobre cómo funcionan los servicios de inteligencia, elogios a los diputados, información sobre su estado de salud, clases de historia... Una tarde de lo más entretenida en la que más de un diputado ha agradecido a Villarejo sus prolijas explicaciones, como Edmundo Bal, de Ciudadanos, que ha valorado que "al menos ha venido a contar cosas porque aquí nadie cuenta nada ni dice la verdad". Incluso, el comisario jubilado, de 70 años, ha llegado a decir que le intentaron "eliminar" en prisión, de lo que hace responsable al Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y a su exdirector Félix Sanz Roldán, su enemigo declarado y a quien culpa de casi todos los males que le han pasado.
Villarejo ha empezado prudente su intervención en la comisión, pero poco a poco ha ido sintiéndose cómodo. A Felipe Sicilia, portavoz socialista, el primero en intervenir y que sí se ha centrado en la operación Kitchen, no le ha dado mucho detalle y se ha limitado a contestar, a la pregunta de si Rajoy pudo no haber tenido conocimiento del operativo, que duda que lo "desconociera". Era el calentamiento: Villarejo ha preferido esperar a la intervención de la portavoz de Vox, Macarena Olona –que también se ha centrado en el operativo parapolicial–, para decir que se mensajeaba con el expresidente y que altos cargos de su Gobierno y de su partido estuvieron al tanto del espionaje a Bárcenas. Con Olona, el expolicía ha desplegado una complicidad evidente, hasta el punto de bromear con que se le "apareció la Macarena" cuando le pusieron en libertad, hecho que tuvo lugar poco después de que la portavoz fuera a visitarle a prisión.
Ha tenido que llegar el final de la comisión, en la intervención del portavoz de EH Bildu, Jon Iñarritu, para admitir que no dispone de las pruebas sobre Rajoy porque están entre la documentación que le tienen, según él, "secuestrada", por lo que ha animado a los diputados a que sean ellos quienes los reclamen. Pero también ha lanzado una advertencia: lo contará todo en el juicio que empezará en octubre en la Audiencia Nacional, el tribunal que le investiga en casi una treintena de piezas separadas por sus actividades supuestamente ilegales.
Estrategia del PP, desprestigiar al PSOE
Con el PP, la intervención del comisario jubilado ha ido por otros derroteros, pues el ponente conservador no ha mencionado ni una vez la operación Kitchen y ha desplegado una batería de preguntas sobre episodios pasados de los gobiernos socialistas de Felipe González y José Luis Rodríguez Zapatero sobre las que Villarejo ha ido dando cumplida cuenta, dejando al ponente conservador satisfecho con las respuestas, incluso cuando el expolicía decía que no le podía hablar de un tema o de otro.
Ha dicho que el caso Gürtel fue una "operación política", que se reunió con el juez Baltasar Garzón, el primer instructor de la causa, antes de que estallara la operación, que daba cuentas de ello al ex secretario de Estado de Seguridad Antonio Camacho, que la operación se montó en un restaurante... Han sido tales las dudas que ha sembrado sobre el caso, que el portavoz de Ciudadanos le ha repreguntado, pero a él sí le ha aclarado que "en ningún momento" ha dicho que el caso se sustentara en pruebas falsas.
En el turno del PP, el esquema ha sido casi todo el tiempo el mismo: el portavoz conservador le hacía una pregunta sobre un asunto sospechoso ocurrido durante los gobiernos socialistas o sobre Podemos y el comisario jubilado le iba dando la razón. Le ha dado tiempo a hablar del caso Faisán, de la actuación de la ex secretaria de Estado de Interior y actual ministra de Defensa, Margarita Robles, en el caso Roldán, acusándola también de encargarle el informe Veritás contra Garzón. "Espero que no se querelle, pero fue así", ha dicho. Ha sembrado la duda sobre un posible encuentro con el exdirigente socialista Óscar López "sobre las saunas" del suegro del presidente Pedro Sánchez, sobre si se llegó a reunir con el líder de Podemos, Pablo Iglesias, o sobre una supuesta operación para recuperar de un país africano una importante suma de dinero para repatriarla a España e ingresarla en la caja del partido morado. Con quien sí se reunió, ha asegurado, fue con la vicepresidenta primera, Carmen Calvo: "Es falso que diga que no nos hemos visto".
Al PP le ha dicho que este partido siempre ha sido "más blandito que el PSOE, más institucional", afirmación que ha dejado complacido al portavoz conservador. Un rato después, ha manifestado que su "experiencia con el PSOE ha sido mejor que con el PP" porque cree que el exministro del Interior Alfredo Pérez Rubalcaba "no habría permitido" que el exdirector del CNI "hubiese montado" unos servicios de inteligencia tan centralizados, copando todo el "poder".
La operación Cataluña, la Coca Cola en Uruguay y las cloacas
El siguiente turno ha sido de Unidas Podemos. Informe PISA y periodistas a los que el partido morado relaciona con las llamadas cloacas han sido los puntos fuertes del interrogatorio de Pablo Echenique. Villarejo le ha confirmado que el PP le "boicoteó" los trabajos que realizó sobre el partido morado porque pensaba que potenciar la formación haría "daño" al PSOE, y que siguió las "relaciones preocupantes" para España de Podemos con el entorno de ETA y los servicios secretos cubano y venezolano. Y también que conoce al presidente de La Razón, Mauricio Casals; al director de OKdiario, Eduardo Inda; y a la presentadora Ana Rosa Quintana. No le ha debido gustar mucho al expolicía la deriva de las preguntas de Echenique, porque cuando éste le ha dicho que "ha trabajado durante años para intentar acabar con Podemos" sin conseguirlo, su respuesta ha sido que no tiene "mala predisposición" y "prueba de ello" es que se ha "reunido con sus responsables", a pesar de que anteriormente había indicado que no podía hablar de ese asunto porque no lo recordaba exactamente.
Los partidos catalanes, ERC y Junts, y los vascos, PNV y EH Bildu, también han preguntado por Kitchen, pero ha habido momentos para querer saber más sobre la operación Cataluña o los operativos contra ETA. A ellos les ha dicho que efectivamente estuvo implicado en la operación Cataluña, que se puso en marcha cuando el clan Pujol perdió la "impunidad absoluta" que habían sostenido "los gobiernos centrales de turno" y que el objetivo era determinar el "embrión" de la estructura que promovía la separación de España, algo que suponía "un ataque a la unidad nacional". No ha parado aquí, sino que ha vertido más gasolina afirmando que un Estado "debe defenderse de quien intenta agredirlo" y que, por tanto, el operativo era "una política de Estado".
En el caso de la lucha contra ETA, Villarejo no ha dado muchos detalles –ya llevaba tres horas y media de comisión–, pero sí ha comentado que le encomendaron "montar una estructura en Sudamérica para desmontar la estructura" de la banda terrorista en ese continente. "Yo era el que servía la Coca Cola a los restaurantes de ETA en Uruguay", ha llegado a decir en tono jocoso. El portavoz de EH Bildu no le ha dado mucha más cancha y ha pasado a Kitchen, preguntándole sobre la grabación en la que se le escucha hablar de Rajoy como "el Barbas" y las "maldades" que ha hecho por él. Lejos de ponerse serio, el comisario jubilado ha enmarcado esa conversación en una charla de bar, preguntando a Iñarritu cómo está él cuando se toma unos "txacolís".
Y para finalizar, un discurso a medida para la CUP cuando la portavoz de este partido le ha preguntado si la democracia española está sustentada sobre prácticas poco democráticas. "De lo que yo he vivido, España es un estado garantista de Derecho que tiene estructuras opacas como prácticamente todos los países del mundo y sería anómalo que salieran a la luz porque difícilmente se podría defender como país soberano. Cuando ha ocurrido que alguien lo ha usado para sus fines particulares, lo he denunciado y así he acabado". "Entonces, ¿quién rinde cuentas en España?", ha preguntado la diputada. "No lo sé, pero jefes de esas estructuras están tentados de ser ellos el Estado y sus señorías –en alusión a los diputados– podrían remediarlo. Tienen la capacidad de arreglarlo. Pero esto no es la Comisión de Secretos, no puedo extenderme mucho más".
VILLAREJO: "INFORMÉ DIRECTAMENTE A RAJOY SOBRE 'KITCHEN'"
El comisario jubilado declara en la comisión parlamentaria sobre la operación de espionaje a Bárcenas que le contrataron para hacerse con papeles "comprometedores" para el PP y dice que le daba información del operativo al entonces presidente del Gobierno a través de un teléfono que le facilitaron.
El comisario jubilado José Manuel Villarejo ha involucrado de lleno al expresidente del Gobierno Mariano Rajoy en la operación de espionaje ilegal financiada con fondos públicos para arrebatar pruebas contrarias al PP. "Mauricio Casals [presidente del diario La Razón y miembro del consejo de administración de Atresmedia] y María Dolores de Cospedal [exministra de Defensa] mediaban con el presidente hasta que al final yo tuve contacto personal con el señor Rajoy por 'Kitchen'", ha dicho este jueves en la comisión parlamentaria sobre el espionaje a Luis Bárcenas.
"Informaba directamente a Rajoy sobre 'Kitchen'", ha incidido Villarejo, que había solicitado declarar a puerta cerrada, aunque finalmente la presidencia de la comisión no se lo ha permitido. "Me decía Cospedal: "Es que el presidente quiere que le des tu versión"", ha explicado para acabar desvelando que despachaba directamente con Rajoy por este tema, "a través de mensajes con un teléfono que me había facilitado", ha dicho.
Villarejo ha declarado que para esta operación, en la que participó como agente de inteligencia, según ha dicho, le contactó Ignacio Cosidó, ex director general de la Policía. "Me dijo que era un tema muy importante, que el propio presidente tenía interés y que tenía que hablar con Eugenio Pino [ex Director Adjunto Operativo de la Policía] para que me contara los detalles". También ha indicado que despachaba habitualmente con el entonces secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez. "Y puntualmente con el ministro Fernández Díaz".
En relación a su participación en la operación 'Kitchen', Villarejo ha dicho que: "Me contratan en plan privado. Mi misión era la captación humana, como se dice en Inteligencia, tras haber fracasado el plan para captar al chófer". Se refiere a Sergio Ríos, que compareció la semana pasada en esta comisión, y que fue el espía de la familia Bárcenas, gracias al cual se pudieron localizar las pruebas que el extesorero del PP guardaba en el estudio de su esposa. "Yo no participé en la extracción de la documentación", ha matizado.
Ha mencionado en su comparecencia a la ex vicepresidenta del Gobierno, Soraya Saénz de Santamaría, como conocedora de la operación 'Kitchen', a través de la supuesta participación en la misma del Centro Nacional de Inteligencia, dependiente en aquella época del Ministerio de la Presidencia: "El CNI participó en 'Kitchen' y lo conocía la vicepresidenta", ha dicho Villarejo, que siempre involucra a los servicios secretos en las operaciones en las que él supuestamente ha participado.
Villarejo está acusado de organización criminal, cohecho y blanqueo de capitales en la macrocausa 'Tándem', dividida en 30 piezas de investigación en la Audiencia Nacional. "He estado enjaulado casi cuatro años, hasta los encuentros íntimos con mi esposa... Qué abyecto. Así he sobrevivido y aquí estoy", ha dicho.
No solo se ha hablado este jueves en el Congreso de la operación 'Kitchen'; también ha salido a relucir la trama 'Gürtel', a través del turno de intervención del diputado Luis Santamaría del PP, que se ha centrado en esta trama de su partido. Villarejo ha dicho al respecto: "Estoy deseando poder hablar en el juicio [segunda época de esta trama corrupta] para explicar cómo se organizó esta operación, diseñada políticamente".
http://www.publico.es/politica/villarejo-informe-directamente-rajoy-kitchen.html
VILLAREJO ASEGURA EN EL CONGRESO QUE INFORMÓ POR SMS A RAJOY DE LA OPERACIÓN KITCHEN
El comisario asegura en el Congreso que contactaba mediante mensajes de móvil con el entonces presidente del Gobierno y que tiene pruebas, pero no las muestra
El comisario jubilado José Manuel Villarejo, integrante de la trama policial que orquestó la Operación Kitchen para espiar en 2013 al extesorero del PP Luis Bárcenas, ha acudido este jueves al Congreso entre grandes expectativas y mayores cautelas de los diputados por lo que pudiera contar. Al final, se ha impuesto el escepticismo entre los miembros de la comisión ante sus afirmaciones sin pruebas. Una de ellas, que intercambió mensajes de teléfono con el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy sobre aquel operativo.
Villarejo, que en un primer momento ha apuntado al exlíder del PP de manera tímida al asegurar que dudaba de que “el señor Rajoy no estuviese al tanto” de aquel dispositivo, ha terminado hablando de esos mensajes telefónicos o SMS e, incluso, ha detallado que los envió a un número de teléfono “que empezaba por 650 y termina por 10”. Cuando el diputado de EH Bildu Jon Iñarritu le ha preguntado si tenía documentación que probase ese intercambio, el comisario se ha limitado a decir que “todo” estaba en sus archivos —intervenidos por la Policía cuando fue detenido en noviembre de 2017— y que lo demostraría en un futuro juicio cuando volviera a tener acceso a ellos.
El “agente encubierto”, como le gusta definirse, ha utilizado su comparecencia ante la comisión para presentarse como un peón secundario de la Operación Kitchen. Así, ha limitado su participación a labores de “inteligencia” para intentar localizar los documentos que pudiera haber guardado el extesorero popular y que, según ha recalcado en varias ocasiones, incluían tanto información comprometedora para al PP, entonces en el Gobierno, como para “altas instituciones del Estado”.
El comisario ha admitido que fue él quien convenció a Sergio Ríos, entonces chófer del extesorero, para que colaborara en la operación, pero se ha desmarcado de la entrada en un taller de Rosalía Iglesias, esposa de Bárcenas, para intentar sustraerle documentos. Y ha recalcado que él estuvo poco tiempo en el operativo porque, según ha sostenido, fue apartado cuando supuestamente insistió en que toda la información que se obtuviera debía acabar en poder del juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz, que entonces investigaba el caso Gürtel y que nunca tuvo conocimiento de la Operación Kitchen.
Pese a ese supuesto papel secundario, Villarejo ha explicado que “una serie de personas” supuestamente contactaban con él “periódicamente” para transmitirle “inquietudes del presidente del Gobierno” sobre el avance de las pesquisas. En concreto, ha citado al entonces secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez —ya investigado en el sumario del caso Kitchen—; a la ex secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal —para quien la Fiscalía Anticorrupción pidió en septiembre la imputación pero que el juez aún no ha acordado—, y al presidente del diario La Razón, Mauricio Casals, a los que describió como intermediarios “a través de los que estaba informado el presidente del Gobierno”. En su relato, el policía jubilado ha afirmado que el cruce de mensajes con Rajoy que presuntamente propiciaron estas personas se limitó a preguntas cortas y respuestas “monosilábicas”. Y ha reducido sus encuentros con el expresidente a “dos o tres” en actos públicos: “Tengo el complejo de la barragana, que en privado todo el mundo me quiere y en público, nadie se acerca”.
En su comparecencia, Villarejo también ha implicado en la trama al entonces director general de la Policía, Ignacio Cosidó, quien hasta ahora no ha sido imputado ni llamado a testificar por el juez Manuel García-Castellón, instructor del caso Kitchen. Villarejo ha afirmado que fue un miembro del equipo de Cosidó quien le hizo acudir de manera urgente a la sede de la dirección general para que participara en la operación y que el propio Cosidó le dijo ese día que era un tema “muy importante” en el que Rajoy tenía “interés”. El exjefe político de la Policía también ha sido señalado por otro implicado, el comisario Eugenio Pino, presunto urdidor del espionaje.
El comisario también ha dicho a los diputados que durante su participación en el operativo “reportaba directamente” de sus avances al ex número dos de Interior, Francisco Martínez, y al entonces ministro Jorge Fernández Díaz, aunque a este “puntualmente, muy poco”. En su relato salpicado de acusaciones, el comisario también ha señalado a la entonces vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría. Sobre ella, ha asegurado que estuvo informada tanto por Francisco Martínez como por el Centro Nacional de Inteligencia (CNI). Sobre este servicio secreto, Villarejo afirmó que tuvo una participación en la operación, algo que hasta ahora no ha revelado la investigación judicial.
“Potencias extranjeras” en Cataluña
El comisario Villarejo ha admitido este jueves en el Congreso que participó en la llamada Operación Cataluña, sobre la que la Policía encontró el pasado octubre una carpeta con 98 documentos en el registro que hizo en la celda que ocupaba en la cárcel de Estremera (Madrid). El policía ha asegurado que sus superiores le encargaron “llegar al fondo de la verdad de determinadas actuaciones de potencias extranjeras en el entorno independentista” que no concretó. Fue, ha insistido, “un trabajo de inteligencia” y que los datos que obtuvo los puso “en manos de unidades operativas [de la Policía] para que siguieran” las pesquisas. Villarejo sí se ha desmarcado de los informes policiales que atribuyeron, en 2012 y 2014, cuentas en Suiza a los entonces dirigentes nacionalistas Artur Mas y Xavier Trias.
EL PP USA A VILLAREJO PARA TRATAR DE DESACREDITAR LA INVESTIGACIÓN DEL ‘CASO GÜRTEL’
El partido de Casado, condenado por la trama de Correa, obvia el objeto de la comisión Kitchen
Luis Santamaría, portavoz del PP, ha dejado muy claras sus intenciones nada más tomar la palabra este jueves en la comisión sobre la Operación Kitchen. Durante toda su intervención en la comparecencia del comisario jubilado José Manuel Villarejo, el diputado del partido conservador ha dejado de lado el objeto de la investigación parlamentaria y ha tratado de desacreditar la investigación del caso Gürtel.
El diputado popular ha obviado en sus preguntas toda la trama de espionaje al extesorero popular Luis Bárcenas, urdida en 2013 en el Ministerio del Interior para arrebatarle supuestamente documentos comprometedores para altos cargos del partido liderado por Pablo Casado. En su lugar, el diputado se centró en intentar lanzar sombras sobre Gürtel, la trama corrupta y de financiación ilegal que persigue a su partido desde 2009 y que acumula ya 67 condenados, 25 de ellos excargos del partido.
“Señor Villarejo, ¿fue el caso Gürtel una operación política?”, preguntó Santamaría a Villarejo. “Sí, fue una operación política y la explicaré en el juicio”, respondió el policía, antes de que el diputado volviera a la carga. El popular dejó frases como: “Da toda la sensación de que fue una operación perfectamente orquestada. Gobernaba por entonces el PSOE y era ministro [Alfredo Pérez] Rubalcaba” o “¿Era consciente de que el Ministerio del Interior de entonces le estaba encargando una investigación al margen de las estructuras y cauces oficiales sobre el principal partido de la oposición?”. Y luego siguió en la misma línea, al afirmar: “Dudo que sean tácticas democráticas, parecen más propias de las dictaduras, las operaciones paralelas contra la oposición”, o al preguntar al comisario jubilado: “¿Cree que la investigación Gürtel se aceleró porque Rubalcaba se encontraba asediado por el chivatazo del caso Faisán?” y “¿Rubalcaba le dio una distinción por Gürtel?”.
Gürtel estalló tras la denuncia que presentó ante la Policía un exconcejal del PP, José Luis Peñas, que aportó horas de grabaciones a la trama encabezada por Francisco Correa. Villarejo, que dijo este jueves que participó en esa supuesta “operación política”, no aparece por ninguna parte en los sumarios. De hecho, las pesquisas corrieron a cargo de otros agentes. Y, además, de todo el material que se incautó al comisario jubilado, no ha trascendido hasta ahora que se haya encontrado ni una sola prueba que respalde lo que afirmó este jueves sobre Gürtel.
Los tribunales españoles suman ya, en cambio, sentencias condenatorias en siete líneas de investigación de Gürtel y la Audiencia Nacional debe emitir en los próximos meses la resolución sobre el juicio de los papeles de Bárcenas, donde el PP también se sentó en el banquillo.
VILLAREJO IMPLICA A RAJOY, SANTAMARÍA Y COSPEDAL EN 'KITCHEN' Y ASEGURA QUE LES TENÍA AL CORRIENTE DE LOS PASOS DE LA OPERACIÓN
Afirma que mandaba mensajes al expresidente y que un buen número de altos cargos del Gobierno y del PP tenían conocimiento del operativo El PP se alía con el comisario jubilado para tratar de desprestigiar a los gobiernos del PSOE y sembrar la duda sobre Gürtel.
"Me pedían que mandara mensajes" para transmitir las novedades de la operación Kitchen y al otro lado del teféfono estaba "Mariano Rajoy". Así lo ha afirmado el comisario jubilado José Manuel Villarejo en el Congreso, en una comparecencia que ha despertado importante expectación política y mediática. Le ha costado arrancar, pero cuando ha empezado, no ha parado de implicar a altos cargos del Gobierno y del PP en el espionaje al extesorero Luis Bárcenas. Aparte del expresidente, ha mencionado a la exvicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, la ex secretaria general del partido María Dolores de Cospedal, el exministro del Interior Jorge Fernández Díaz, el ex secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez, el ex director general de la Policía Ignacio Cosidó...
Villarejo ha comenzado respondiendo al PSOE, pero en esta parte de la comparecencia apenas se ha explayado; se ha limitado a decir que duda de que Rajoy "desconociera" el operativo parapolicial de espionaje a Bárcenas para supuestamente localizar información que se habría llevado del partido al ser despedido. Ha preferido el comisario jubilado esperar al interrogatorio de Vox para detallar cómo, según su versión, informaba a unos y a otros sobre los seguimientos y la información que se iba obteniendo del extesorero.
"Yo consideré la operación como una operación de inteligencia, no sólo para documentos que pudieran comprometer al PP, sino porque me dijeron que Bárcenas podía tener información que afectaba a altas instituciones del Estado. Rajoy tenía interés por una cuestión de Estado, por informaciones de cuentas en el extranjero que afectaban a altas instituciones del Estado", ha declarado el expolicía en respuesta a las preguntas de la diputada de ultraderecha Macarena Olona.
Según Villarejo, "había una serie de personas", como Francisco Martínez, Cospedal y el presidente de La Razón Mauricio Casals que le "trasladaban inquietudes del presidente del Gobierno" y le pedían que mandara mensajes "con lo que ya les había dicho a ellos". Era un número, ha dicho, que empezaba por 650 y al otro lado estaba Rajoy, que le preguntaba si lo que le habían transmitido era así. El comisario jubilado, sin embargo, no ha aportado ninguna prueba de esos mensajes. Los teléfonos, ha matizado, se los hacían llegar.
La versión del expolicía es que numerosos altos cargos del Gobierno de Rajoy y del PP de 2013 estaban al tanto de la operación: Sáenz de Santamaría, quien se informaba a través del Centro Nacional de Inteligencia (CNI); Martínez y Fernández Díaz por lo que él mismo les reportaba, sobre todo al primero; Cosidó porque fue la persona que supuestamente le llamó para decirle que se pusiera a disposición de la Dirección Adjunta Operativa de la Policía para una misión especial...
Pero Villarejo ha llevado munición para todos y a preguntas del portavoz del PP se ha despachado también sobre sus trabajos con gobiernos del PSOE. El diputado del partido conservador se ha olvidado del objeto de la comisión de investigación sobre la operación Kitchen y se ha centrado en preguntar al compareciente por todas aquellas operaciones que dice haber realizado o conocido antes de la llegada de Rajoy al poder para así desprestigiar a los gobiernos socialistas de Felipe González y José Luis Rodríguez Zapatero. El caso Faisán del chivatazo a ETA; el caso Roldán... Y, una vez más, para sembrar la duda sobre el comienzo de la investigación del caso Gürtel, que ha definido como "operación política".
LOS PARTIDOS TEMEN QUE VILLAREJO “EMBARRE” LA COMISIÓN KITCHEN
Los diputados que interrogarán al comisario se dividen entre los que se ceñirán al espionaje a Bárcenas y los que quieren que también hable de episodios como la Operación Cataluña
El pasado 3 de marzo, el comisario jubilado José Manuel Villarejo abandonaba la cárcel de Estremera (Madrid), donde había permanecido los tres años y medio anteriores acusado de ser el presunto cerebro de la trama parapolicial que ha sacudido España, y lanzaba una advertencia: “¿Ellos han decidido hacer una catarsis de España? Vale, de acuerdo. Yo encantado de que eso ocurra”. Este jueves tiene ocasión de materializar ese aviso durante su comparecencia en el Congreso por el espionaje a Luis Bárcenas. Algunos grupos parlamentarios prevén que trufará su relato de acusaciones sin prueba. Otros, en cambio, consideran su testimonio clave en la investigación parlamentaria del caso Kitchen.
Entre los escépticos se encuentra el diputado socialista Felipe Sicilia, que será el primero en preguntar a Villarejo en la comisión. Sicilia asegura tener claro cuál será la línea de su interrogatorio: “Por más que él intente ir a otros temas, yo solo le preguntaré por Kitchen, porque él es una pieza clave para conocer la conexión entre la trama policial y la política”. El diputado del PSOE se muestra convencido de que Villarejo intentará “enfangar” la sesión y solo responderá a las preguntas “en las que se sienta cómodo. En esos temas en los que puede insinuar, contar medias verdades o, simplemente, difamar”, añade.
También desconfía Edmundo Bal, de Ciudadanos. Y se remite a una experiencia anterior: como abogado del Estado, Bal interrogó al comisario en el caso del Pequeño Nicolás, en una de cuyas piezas está imputado. “Entonces no dijo gran cosa. Creo que tampoco lo hará ahora”, augura. Por ello, el diputado de Ciudadanos dirigirá sus preguntas a que Villarejo “corrobore lo que ya sabemos del espionaje a Bárcenas; si hablaba con el ministro [de Interior, Jorge Fernández Díaz] y con el secretario de Estado [de Seguridad, Francisco Martínez]”.
Mikel Legarda, diputado del PNV, el partido que consiguió que Villarejo fuera incluido en la lista de comparecientes, aspira tan solo a que el comisario “aporte algo de información”, aunque no descarta que el policía “embarre” los trabajos de la comisión. Legarda señala que, por ello, sus preguntas se ceñirán al caso Kitchen: “Se trata de confirmar la hipótesis de que aquella operación, como parece, fue una manifestación más de la policía patriótica”.
También entre la esperanza por conocer nuevos datos y el temor a que todo derive en afirmaciones sin valor se sitúa el diputado de EH Bildu Jon Iñarritu. “Puede aportar mucho, pero también que buena parte de lo que diga no sea cierto”. Para Iñarritu, el mayor peligro es que el policía aproveche para lanzar “globos sondas buscando titulares de los medios”. El parlamentario de EH Bildu anuncia que irá más allá del caso Kitchen en sus preguntas: “Quiero que explique cómo un policía que para muchos gobiernos fue casi un héroe pasó a convertirse en enemigo de Estado”.
Más esperanzado se muestra Gabriel Rufián, portavoz de ERC: “Todos los caminos de la Operación Kitchen llevan a Villarejo”. Rufián apunta a que, pese a ello, su interrogatorio no se centrará en el espionaje a Bárcenas. “Tenemos la esperanza de que hable de más cosas”, añade y apunta a la Operación Cataluña —las maniobras contra el independentismo catalán— y al que denomina caso Juan Carlos I, en referencia al rey emérito y sus cuentas en el extranjero.
Pablo Echenique, diputado de Unidas Podemos, también cree que la comparecencia “puede ser muy útil”, sobre todo para “establecer el enlace con los cargos políticos” ante su convencimiento de que “María Dolores de Cospedal y Mariano Rajoy muy probablemente conocían y estaban informados” de la Operación Kitchen. Echenique señala que preguntará al policía por la que llama “pata mediática” de la trama.
Luis Santamaría, del PP, afirma rotundo que su partido “no teme” el testimonio de Villarejo. Santamaría, que en sus intervenciones plantea pocas preguntas y dedica buena parte del tiempo a cargar contra el PSOE con alusiones a otros escándalos judiciales, detalla que con Villarejo hará algo parecido: “Quiero que nos explique esa expresión [de una de sus grabaciones] en la que él dice que ha ganado más dinero con gobiernos socialistas”.
LO QUE VILLAREJO SABE DEL ‘CASO KITCHEN’ Y SOLO QUIERE CONTAR A PUERTA CERRADA
El comisario declaró a EL PAÍS: “Me dicen que monte la operación desde la señora Cospedal hasta el ministro (…) La idea viene de más arriba”
El comisario José Manuel Villarejo, procesado por sus actividades ilegales como policía que ha pasado tres años y medio en prisión preventiva, comparece este jueves ante la comisión parlamentaria que investiga el espionaje ilegal al extesorero del PP, Luis Bárcenas, y su familia.
Villarejo ha pedido declarar protegido por el protocolo de secretos oficiales (a puerta cerrada y sin que la sesión pueda ser retransmitida en directo por los servicios de la Cámara ni seguida por los periodistas). Solo en esas condiciones, Villarejo asegura que podrá contar todo lo que sabe de la Operación Kitchen, en la que tuvo una participación decisiva.
La investigación judicial y sus propias confesiones al juez han acreditado que Villarejo fue la persona que convenció a Sergio Ríos, chófer de la familia Bárcenas, para que participase en el operativo como confidente de los policías que buscaban documentación comprometedora para el Gobierno y para el PP.
Tras captar a Sergio Ríos, Villarejo también se encargó de pagarle cada mes por sus servicios con cargo a los fondos reservados del Ministerio del Interior que dirigía Jorge Fernández Díaz.
Pregunta. ¿De quién fue la idea de la Operación Kitchen?
Respuesta. Se le ocurrió a alguien del Gobierno. A mí me contratan en plan privado. Habían fallado todos los sistemas de acercamiento y de montar el tinglado y dijeron: ‘Hay que avisar a Villarejo, que soluciona siempre los problemas’. Me avisaron y yo puse una serie de condiciones, como he declarado en el juzgado. Prueba de ello, que yo no participé activamente, es que, en los momentos nucleares, a mí me apartaron, yo no soy el que entra en el despacho, el señor que entra en el despacho lo ha declarado. Lo mismo que ha declarado el que accede a los teléfonos. Yo estoy dentro de la cárcel, en teoría soy el inductor, y el autor material está fuera. Fíjese qué aberración jurídica, es como si el asesino confiesa y lo dejan en la calle, y el inductor…
P. ¿Fue una chapuza esta operación?
R. Era una chapuza por todo el equipo que habían montado, era impresentable.
P. ¿Y la idea original era del ministro del Interior?
R. No. De mucho más arriba. Fernández Díaz no tenía capacidad de tomar una decisión de esa envergadura. Mucho más arriba.
P. Si se está refiriendo a Mariano Rajoy, sabe que no hay una sola prueba…
R. Creo que sí las hay, lo que ocurre es que imagino que están esperando a que se cueza en su salsa. Estarán esperando el momento político oportuno. Me temo que sí existen pruebas y ellos lo saben. Él ha intentado buscar de alguna manera una solución, pero la única solución está en sus manos.
P. Usted habla en el sumario de una grabación de Bárcenas a Rajoy en el palacio de La Moncloa. ¿Existe esa grabación?
R. Igual sí. Bárcenas grabó a Rajoy… Pero todo ese tipo de cosas…
P. ¿Pero usted ha oído esa grabación?
R. No. Yo no la llegué a oír porque cuando llegó la operación en sí no me dejaron, me engañaron aprovechando que yo estaba en el extranjero, en el Líbano, e hicieron la operación. Porque yo dije que quería una copia de todo lo que se encontrara porque yo ya había hablado con algunos jueces de la Audiencia Nacional y les había dicho: ‘si sale bien os doy una copia y vosotros veréis lo que hacéis’. Yo me he reunido con jueces y fiscales y les he contado cosas que oficialmente no quería que ellos supieran. Las charlas que yo tengo de la Kitchen con jueces y fiscales de la Audiencia Nacional están… Otra cosa es que esté encriptado como dicen ellos y no quieren que salga… Pero a mí esa grabación nunca me la dieron, me informaron de que había.
P. ¿Quién filtró los documentos que le robaron a Bárcenas?
R. Esa decisión no fue mía, yo tenía otros planteamientos y por eso… Lo de la Kitchen está documentado que yo no tengo nada que ver en el sentido del tema. Lo que ocurre es que lógicamente me tendrán que acusar de algo, fíjese si es alucinante que la Kitchen en teoría la he preparado yo y en el Congreso se han puesto de acuerdo el PSOE e IU para que yo no vaya. Eso es una pantomima entonces, ¿no?
P. ¿Pero quién le dice a usted que hay que montar la Operación Kitchen para robarle documentos a Bárcenas?
R. Me lo dicen desde la señora Cospedal, hasta el ministro, el secretario de Estado… El único con el que no hablo yo personalmente, pero sí a través de intermediarios es con el señor Rajoy.
P. ¿De todo eso hay grabaciones que lo demuestren?
R. Creo que hay documentación, no lo sé. Yo he pedido una copia de todo lo que me contaron y no me la dan.
EL CONGRESO RECHAZARÁ LA PETICIÓN DE VILLAREJO DE DECLARAR BAJO SECRETO PARA CONTAR "TODO" LO QUE SABE SOBRE 'KITCHEN'
El comisario jubilado ha enviado un escrito a la Cámara Baja en el que asegura que quiere "colaborar para esclarecer la verdad de los hechos", pero que la Ley de Secretos Oficiales le impide hablar sin "restricciones"
La comisión de investigación aún no ha tomado una decisión oficial, pero fuentes consultadas por infoLibre descartan que se le vaya a conceder su solicitud, al igual que ha ocurrido con otros expolicías imputados
La comisión de investigación del Congreso de los Diputados sobre la operación Kitchen rechazará la petición del comisario jubilado José Manuel Villarejo de declarar el próximo jueves bajo secreto, una solicitud que ha dirigido a la Mesa para, según dice, poder contar sin las "restricciones" que le impone la Ley de Secretos Oficiales, lo que le impediría explayarse sobre "todo" lo que sabe del operativo parapolicial que se puso en marcha en 2013, sufragado con fondos reservados, para espiar al extesorero del PP Luis Bárcenas y robarle documentación comprometedora para el partido que se habría llevado al ser despedido. El expolicía, que está citado a las cuatro de la tarde del 27 de mayo, deberá comparecer con luz y taquígrafos ante las preguntas que le dirijan los portavoces de los distintos grupos parlamentarios.
En el escrito que Villarejo dirigió a la Presidencia de la Cámara Baja, al que ha tenido acceso infoLibre, Villarejo confirma que ha recibido la citación de la comisión y que, "como no podía ser de otra manera", muestra "la más firme y decidida voluntad de colaborar en esclarecer la verdad de los hechos" que son objeto de investigación, ya que considera que es "una oportunidad" poder ofrecer su "versión" ante los "representantes de toda la ciudadanía", a los que define como "los máximos garantes, no sólo de la soberanía popular, sino de la Constitución y, con ello, del Estado de Derecho".
No obstante, remarca que pese a su "voluntad de total colaboración", el Ministerio del Interior ha determinado que "todo el contenido de las notas informativas" que elaboró está considerado secreto. Según el comisario jubilado, su actuación cuando era policía y que está siendo investigada se enmarcaba en su actuación como "agente de inteligencia" y que las pesquisas abiertas en la Audiencia Nacional, que constan de casi una treintena de piezas separadas, son una "causa general" en su contra.
"Puesto que en su día elaboré diversas notas sobre la materia objeto de esta comisión, difícilmente podré hablar de ello sin que en adelante pese sobre mí otra acusación de violación de secretos", explica Villarejo en su escrito, en el que apunta que "al existir restricciones que colisionan" con su "firme decisión de declarar sobre todo" lo que conoce, solicita que su testimonio se lleve a cabo "bajo el protocolo de la Comisión de Secretos, salvaguardando así los intereses de las instituciones y, en suma, de la soberanía nacional". Aceptando su petición, añade, se cumpliría el "máximo respeto" a todos los diputados que forman parte de la comisión, al poder declarar sin esas "restricciones", así como la "protección de los intereses" del país al que se debe "como leal servidor del Estado" que, asegura, "siempre" fue.
El expolicía, investigado por la Audiencia Nacional desde noviembre de 2017, momento en el que fue encarcelado de forma provisional aunque desde el pasado marzo ya se encuentra en libertad condicional a la espera de juicio, también pide al Congreso que en su declaración en la comisión se le permita a su abogado estar sentado junto a él en la mesa de los comparecientes, con el objetivo de poder asesorarle "sobre las consecuencias" de sus respuestas y evitar que éstas puedan tener "reproche penal", ya que su intención, según afirma, es "seguir colaborando en la instrucción judicial y también en la actividad parlamentaria".
Otras peticiones similares no han prosperado
El escrito de Villarejo entró en el registro del Congreso este martes y la comisión de investigación aún no ha adoptado una postura oficial sobre la petición. Sin embargo, los antecedentes no son nada favorables a las pretensiones del comisario jubilado: anteriores comparecientes también presentaron una solicitud en esos términos y en todos los casos fue denegada. Hasta la fecha, han declarado los policías que habrían formado parte o habrían tenido algún conocimiento sobre el operativo de seguimiento a Bárcenas y su familia, según la instrucción de la Audiencia Nacional, y todos lo han hecho en abierto.
Eso sí, algunos no han querido responder ninguna de las preguntas que se le han formulado –como el que fuera chófer del extesorero del PP, Sergio Ríos–, otros se han mostrado muy esquivos y apenas han hecho alguna valoración –caso del ex director adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional Eugenio Pino–, mientras que otros se han explayado con algunas reticencias a la hora de hablar del uso de los fondos reservados –como los comisarios jubilados Enrique García Castaño y Felipe Lacasa–.
Fuentes parlamentarias consultadas por infoLibre explican que aún tienen que ponerse de acuerdo los grupos sobre la petición de Villarejo, pero dan por hecho que la pretensión del comisario jubilado será rechazada y que, por lo tanto, tendrá que declarar ante las cámaras. Según recuerdan, los trabajos de la comisión de investigación culminarán con un informe que debe ser aprobado en el Pleno del Congreso, pero ese documento no puede incluir cuestiones sujetas a la Ley de Secretos Oficiales ni afirmaciones que un compareciente ha dicho con reserva sin poder citar a esa persona, ya que las conclusiones han de ir bien documentadas, al menos citando la fuente, lo que no podría ocurrir si algo se ha manifestado bajo secreto. Desde la defensa del comisario jubilado apuntan a este periódico que sea como sea, en abierto o en cerrado, la intención del expolicía es declarar.
Villarejo será el último policía implicado en la operación Kitchen en declarar en el Congreso. Tras él, quedarán los platos fuertes: el ex director general de la Policía Nacional Ignacio Cosidó, el exministro del Interior Jorge Fernández Díaz, el ex secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez, la ex secretaria general del PP María Dolores de Cospedal y su marido Ignacio López del Hierro, así como el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy. A todos ellos se les irá citando en las próximas semanas, ya que la sesión de este jueves con Villarejo será monográfica.
EL CHÓFER DE BÁRCENAS DICE EN EL CONGRESO QUE "UNA PARTE MUY IMPORTANTE" DE KITCHEN SIGUE BAJO SECRETO
El policía nacional Sergio Ríos se niega a contestar a los portavoces de la comisión. El registro de su casa abrió una subpieza cuyo secreto está a punto de ser levantado por el juez del caso Villarejo, que decidirá en los próximos días sobre la petición de imputación de Cospedal que Anticorrupción hizo hace ocho meses
El ex chófer de Luis Bárcenas y su familia, Sergio Ríos Esgueva, se ha negado a declarar esta tarde a las preguntas de los portavoces de la comisión del Congreso que investiga la operación Kitchen. En sus pocas palabras en el Congreso, Ríos ha dicho que se acogía a su derecho a no declarar por consejo de su abogado porque la causa de la Audiencia Nacional, en la que está imputado, sigue abierta y aún está bajo secreto "una parte muy importante".
Ríos Esgueva conoce la relevancia de esa subpieza secreta de Kitchen porque se inició a partir de un registro en su domicilio. Lo que la Fiscalía Anticorrupción y los agentes de Asuntos Internos aún es secreto, pero incluye la colaboración del antiguo chófer. Ríos Esgueva se había negado a declarar las veces que el juez le había llamado a declarar con anterioridad, pero desde que se abrió esa subpieza ha respondido a las preguntas del juez y los fiscales en varias ocasiones.
Fuentes del caso señalan a que esa parte secreta de la investigación apunta a que Sergio Ríos pudo ser infiltrado en la familia Bárcenas por el Partido Popular para controlar sus movimientos antes incluso de que comenzara la operación parapolicial. En aquellos momentos era secretaria general del PP María Dolores de Cospedal, sobre la que pesa la petición de Anticorrupción de que sea citada a declarar como imputada desde el mes de septiembre, una solicitud que el magistrado instructor, Manuel García-Castellón, ha ido postergando, al igual que ocurre con el marido de ésta, el empresario Ignacio López del Hierro, vinculado al comisario Villarejo.
La decisión sobre la citación de Cospedal está pendiente de una ampliación de un informe presentado recientemente por la Unidad de Asuntos Internos sobre el contenido de nuevas agendas de Villarejo incautadas el pasado diciembre dentro de la pieza que investiga el intento de venta de información por parte del comisario desde la cárcel. Con esa ampliación del informe policial, García-Castellón decidirá sobre la imputación de Cospedal en los próximos días, señalan las citadas fuentes.
La operación Kitchen trató de sabotear la causa judicial de la caja B del PP para proteger a dirigentes del Partido Popular, entre los que se encontraría la propia Cospedal, según sospechan los investigadores. Para ello, la brigada política pagó 48.000 euros durante dos años a Sergio Ríos a cambio de información robada a la familia y después se facilitó su ingreso en la Policía, donde continúa en activo en un puesto codiciado.
Todos estos hechos fueron recordados por los portavoces a Sergio Ríos que no ha contestado a una sola pregunta durante más de una hora de comparecencia. El portavoz de ERC, Gabriel Rufián, le ha dicho: "Pasa a la historia como uno de los grandes chivatos de este país. Y a nadie le caen bien los chivatos".
EL SILENCIO DE VARIOS IMPLICADOS EN EL ESPIONAJE A BÁRCENAS LASTRA LA INVESTIGACIÓN DEL CONGRESO
El antiguo chófer del extesorero sigue la estrategia de otros cuatro policías imputados y se escuda en la investigación judicial para no declarar en la comisión Kitchen
La comisión parlamentaria de investigación del caso Kitchen sumó este jueves una nueva sesión presidida por los silencios. Sergio Ríos, exchófer de Luis Bárcenas y confidente de la trama policial que espió al extesorero del PP sin control judicial a partir de 2013, se negó en una comparecencia de poco más de una hora a contestar a ninguna de las preguntas de los diputados. “Esto se está investigando y una parte muy importante está bajo secreto. Me voy a acoger a mi derecho a no contestar”, ha asegurado Ríos al comienzo de la sesión. A partir de ese momento, silencio o simples negativas con la cabeza ante algunas afirmaciones de los parlamentarios. Ríos, que en la actualidad es policía, se ha convertido así en el quinto imputado en el caso Kitchen que se niega a facilitar información a los diputados. Estos silencios, pero también la escasa documentación que ha llegado al Congreso tras la negativa del juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón a remitir parte del sumario, es señalada por varios diputados de la comisión como la principal causa de los escasos avances en la investigación parlamentaria tras dos meses de sesiones y 20 comparecencias. Solo restan 10.
El testimonio del exchófer de Bárcenas era relevante tras conocerse que, el pasado octubre, mostró su disposición a colaborar en las pesquisas que dirige el juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón. Hasta entonces, Ríos solo había admitido que dos de los comisarios implicados en la trama, José Manuel Villarejo y Andrés Gómez Gordo (este último, exasesor de María Dolores de Cospedal cuando la dirigente del PP fue presidenta de Castilla-La Mancha), le habían captado para que colaborase y, a cambio, le hicieron entrega de dinero procedente de los fondos reservados. Sin embargo, tras cambiar su estrategia de defensa, aportó a la causa el teléfono móvil que uno de los policías implicados en la trama le entregó para que contactara con ellos y detalló cuáles fueron las instrucciones que recibió y quién se las dio. García-Castellón abrió con ello una subpieza separada dentro del sumario que mantiene hasta ahora secreta.
Los primeros imputados en escudarse en el silencio durante sus comparecencias ante la comisión fueron los inspectores jefes José Ángel Fuentes Gago y Bonifacio Díaz Sevillano. Ambos se limitaron a afirmar, el pasado 15 de abril, que ni participaron ni tuvieron conocimiento de aquel operativo policial que tuvo como objetivo sustraer al extesorero la documentación comprometedora para el PP. En otros momentos, ambos mandos policiales se escudaron en la “reserva” que existe sobre las operaciones policiales para no responder a las preguntas que les planteaban los diputados.
Una postura similar de silencios continuos mantuvo, el 5 de mayo, el comisario Andrés Gómez Gordo, antiguo asesor de Cospedal. Gómez Gordo se limitó a asegurar que el espionaje al extesorero se desarrolló dentro de la “absoluta legalidad”. Tras esta manifestación, el alto mando policial rechazó seguir respondiendo “para no perjudicar” su situación judicial. “Mi versión la he dado en sede judicial y me reitero en ella”, afirmó. Ante el juez García-Castellón, el comisario había admitido que fue la persona que captó al chófer de Bárcenas y que, además, le pagó su colaboración con fondos reservados. Gómez Gordo recalcó ante el magistrado que actuó “de buena fe, porque [el extesorero] era el delincuente número uno”.
Igualmente parco en explicaciones fue el comisario Eugenio Pino, señalado por la investigación judicial como el presunto responsable policial de la Operación Kitchen. Pino, que en sus declaraciones como imputado ante el juez admitió que el operativo de espionaje a Bárcenas era conocido por la cúpula de Interior del Ejecutivo de Mariano Rajoy y por dirigentes del PP, justificó su silencio en el Congreso porque considera la investigación parlamentaria “política” y existían unas pesquisas judiciales aún abiertas. Tras una sucesión de “no voy a contestar”, “sin comentarios” o “ya se lo dije al juez”, Pino rompió su silencio en contadas ocasiones. Una de ellas, para negar que existiera una operación llamada Kitchen, nombre que atribuyó al comisario Villarejo. En otra, para rechazar que hubiera existido una Operación Cataluña contra el independentismo. “No nos ordenaron nada por parte del Gobierno”, ha asegurado sobre ambas, exculpando al Ejecutivo de Rajoy de su génesis.
Los que sí respondieron
En el lado contrario se ha situado el comisario Enrique García-Castaño, también imputado, y cuya intervención es calificada por los diputados como la “más valiosa” hasta ahora. García Castaño, conocido como El Gordo, aseguró que recibió instrucciones del entonces secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, para espiar a Bárcenas y que, “por supuesto”, el propio ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, estaba al tanto. El agente, que colabora con la justicia, también mostró su convencimiento de que tanto el entonces presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, como Cospedal estaban informados de la Operación Kitchen. También aportó información e, incluso, documentación, el comisario jubilado Marcelino Martín-Blas. Imputado en la causa, Martín-Blas facilitó a los diputados detalles del enfrentamiento entre altos mandos policiales que desembocó en la llamada guerra de comisarios que destapó en 2018 el espionaje ilegal al extesorero del PP Luis Bárcenas, cinco años después de que se realizara.
Otra comparecencia calificada de relevante por varios integrantes de la comisión parlamentaria fue la del inspector jefe Manuel Morocho, principal investigador del caso Gürtel y que en el sumario de la Operación Kitchen ha declarado como testigo. Morocho detalló a los diputados las trabas que la cúpula policial en la etapa de Fernández Díaz en Interior puso a la investigación de la trama de corrupción. El agente explicó que, en enero de 2015, cuando eran más intensas las pesquisas sobre la caja b del PP, fue destinado por el máximo responsable uniformado de la Policía, el comisario Eugenio Pino, a otras funciones para evitar el avance de la investigación.
EL CHÓFER DE BÁRCENAS DICE EN EL CONGRESO QUE "UNA PARTE MUY IMPORTANTE" DE KITCHEN SIGUE BAJO SECRETO
El policía nacional Sergio Ríos se niega a contestar a los portavoces de la comisión. El registro de su casa abrió una subpieza cuyo secreto está a punto de ser levantado por el juez del caso Villarejo, que decidirá en los próximos días sobre la petición de imputación de Cospedal que Anticorrupción hizo hace ocho meses
El ex chófer de Luis Bárcenas y su familia, Sergio Ríos Esgueva, se ha negado a declarar esta tarde a las preguntas de los portavoces de la comisión del Congreso que investiga la operación Kitchen. En sus pocas palabras en el Congreso, Ríos ha dicho que se acogía a su derecho a no declarar por consejo de su abogado porque la causa de la Audiencia Nacional, en la que está imputado, sigue abierta y aún está bajo secreto "una parte muy importante".
Ríos Esgueva conoce la relevancia de esa subpieza secreta de Kitchen porque se inició a partir de un registro en su domicilio. Lo que la Fiscalía Anticorrupción y los agentes de Asuntos Internos aún es secreto, pero incluye la colaboración del antiguo chófer. Ríos Esgueva se había negado a declarar las veces que el juez le había llamado a declarar con anterioridad, pero desde que se abrió esa subpieza ha respondido a las preguntas del juez y los fiscales en varias ocasiones.
Fuentes del caso señalan a que esa parte secreta de la investigación apunta a que Sergio Ríos pudo ser infiltrado en la familia Bárcenas por el Partido Popular para controlar sus movimientos antes incluso de que comenzara la operación parapolicial. En aquellos momentos era secretaria general del PP María Dolores de Cospedal, sobre la que pesa la petición de Anticorrupción de que sea citada a declarar como imputada desde el mes de septiembre, una solicitud que el magistrado instructor, Manuel García-Castellón, ha ido postergando, al igual que ocurre con el marido de ésta, el empresario Ignacio López del Hierro, vinculado al comisario Villarejo.
La decisión sobre la citación de Cospedal está pendiente de una ampliación de un informe presentado recientemente por la Unidad de Asuntos Internos sobre el contenido de nuevas agendas de Villarejo incautadas el pasado diciembre dentro de la pieza que investiga el intento de venta de información por parte del comisario desde la cárcel. Con esa ampliación del informe policial, García-Castellón decidirá sobre la imputación de Cospedal en los próximos días, señalan las citadas fuentes.
La operación Kitchen trató de sabotear la causa judicial de la caja B del PP para proteger a dirigentes del Partido Popular, entre los que se encontraría la propia Cospedal, según sospechan los investigadores. Para ello, la brigada política pagó 48.000 euros durante dos años a Sergio Ríos a cambio de información robada a la familia y después se facilitó su ingreso en la Policía, donde continúa en activo en un puesto codiciado.
Todos estos hechos fueron recordados por los portavoces a Sergio Ríos que no ha contestado a una sola pregunta durante más de una hora de comparecencia. El portavoz de ERC, Gabriel Rufián, le ha dicho: "Pasa a la historia como uno de los grandes chivatos de este país. Y a nadie le caen bien los chivatos".
LA AUDIENCIA Y EL CONGRESO CERCAN AL ‘PP DE RAJOY’ POR EL ‘CASO KITCHEN’
El juez citará como investigada a Cospedal y los diputados remitirán al fiscal las denuncias de los policías contra la cúpula política
El juez instructor del caso Kitchen —la operación policial, ejecutada sin orden judicial, que espió a la familia del extesorero Luis Bárcenas y le robó documentación incriminatoria para el PP— citará en los próximos días como investigada a María Dolores de Cospedal, secretaria general de la formación conservadora cuando ocurrieron los hechos, según informaron a EL PAÍS fuentes próximas a la investigación. El instructor también interrogará al marido de Cospedal, el empresario Ignacio López del Hierro, amigo del comisario José Manuel Villarejo, uno de los policías que participó en la operación Kitchen.
Junto a la iniciativa del juez para profundizar en la investigación mediante nuevos interrogatorios a dirigentes del PP, la comisión parlamentaria que investiga estos hechos en el Congreso de los Diputados también tiene la intención de remitir a la Fiscalía Anticorrupción alguno de los testimonios de policías que participaron en la operación ilegal y que han acusado a la cúpula del PP de Rajoy de estar al tanto de aquel espionaje a la familia de Bárcenas.
El exministro del Interior, Jorge Fernández, y su número dos, el ex secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, están imputados desde hace seis meses en la causa judicial abierta por este supuesto espionaje ilegal que se pagó con fondos reservados y cuyo objetivo era proteger al PP de los secretos que escondía su extesorero. El juez Pablo Ruz, que entonces era el responsable de investigar el caso, nunca tuvo información de los movimientos policiales en torno a los supuestos secretos que todavía guardaba Bárcenas sobre la caja b y la contabilidad paralela que llevó de su puño y letra entre 1990 y 2008.
La investigación judicial y una sentencia de la Audiencia Nacional ratificada por el Tribunal Supremo han confirmado la existencia de esa caja b, alimentada por empresarios, con la que el PP se financió ilegalmente durante al menos 20 años. Esa caja, que llegó a ingresar al menos ocho millones de euros durante ese tiempo, estaba controlada por Bárcenas y por quien fue su jefe durante muchos años, el también tesorero del PP Álvaro Lapuerta, ya fallecido. El expresidente Mariano Rajoy decidió jubilar a Lapuerta en 2008 y ascender a tesorero nacional a Bárcenas, que hasta entonces ejercía de gerente del partido y que guardaba en su despacho la caja fuerte en la que se ingresaba el dinero negro de las donaciones ilegales.
Tras estallar el caso Gürtel, la entonces secretaria general del PP, Dolores de Cospedal, se reunió en junio de 2009, en su despacho de Génova 13, con el comisario de policía José Manuel Villarejo y con Ignacio López del Hierro. En esa reunión, Villarejo informó a Cospedal de distintos detalles sobre la investigación policial y judicial del caso y le informó sobre supuestas maniobras del todavía tesorero del PP: “El Bárcenas ha alardeado de que se ha llevado papeles, que los tiene guardados”. El comisario Villarejo está pendiente de juicio tras pasar más de tres años preso acusado de dirigir una mafia policial que actuó al margen de la ley.
Cuatro años después, policías del Ministerio del Interior pusieron en marcha un operativo de espionaje a la familia del extesorero cuando éste se encontraba en prisión preventiva. Ese dispositivo policial, del que han quedado todo tipo de pruebas documentales y sonoras, dio lugar al robo de la información que tenía almacenada en dos teléfonos móviles y otra documentación que no se puso a disposición del juez que investigaba a Bárcenas.
El ex secretario de Estado Francisco Martínez sostuvo ante el juez que la primera noticia sobre la existencia del operativo policial para espiar a Bárcenas la recibió de su jefe, el ministro del Interior, Jorge Fernández, a través de un mensaje enviado a su teléfono. Fernández ha negado que enviase ese mensaje y rechaza que ordenase esa operación. La policía no ha podido aclarar si el ministro envió esos mensajes porque Fernández asegura que cambió de teléfono y no conserva ese aparato ni los mensajes contenidos en él.
Manuel García Castellón, el juez que investiga estos hechos, rechazó en septiembre pasado la petición de la Fiscalía Anticorrupción que se citara como imputada a Dolores de Cospedal, a la que vinculaba con los hechos; dado que una de las piezas clave del operativo, el policía Andrés Gómez Gordo, era asesor de la secretaria general del PP cuando presidía el Gobierno de Castilla-La Mancha.
En 2013, Gómez Gordo era alto cargo en la administración regional de Castilla-La Mancha y, a la vez, fue el contacto utilizado por la cúpula policial para captar como confidente al chófer de la familia Bárcenas, Sergio Ríos. De hecho, Gómez Gordo fue, junto a Villarejo, quién se encargó de pagar al confidente 2.000 euros mensuales procedentes de los fondos reservados del Ministerio del Interior.
El juez García Castellón entendió en septiembre pasado que todavía no era el momento de citar a Cospedal como investigada. “Este es el momento de ahondar en indicios tangibles, sustentados en evidencias sólidas sobre las que ir construyendo una investigación de la que se desprenden hechos graves presuntamente cometidos por servidores del Estado y que exigen una investigación profunda”.
En el mismo auto judicial, el juez García Castellón recordaba que el policía Gómez Gordo, había negado en sede judicial que hubiera recibido órdenes de quien fue su jefa, la exsecretaria general del PP, María Dolores de Cospedal.
El juez consideró entonces “precipitado avanzar hacia hipótesis que apuntan a otras personas y cuya implicación se sustenta en referencias de terceros frente a las evidencias” que ya existen.
Seis meses después, la investigación ha acumulado nuevas pruebas y testimonios que apuntan al supuesto conocimiento por parte de Cospedal de las maniobras policiales para lograr la documentación que Bárcenas sacó de la sede del PP cuando los tribunales comenzaron a investigarle por su implicación en el caso Gürtel.
Estos indicios, según fuentes judiciales de la Audiencia Nacional, han llevado al juez instructor a citar ahora a Cospedal como investigada para conocer su implicación en la operación contra el extesorero del PP, Luis Bárcenas.
La documentación incorporada al sumario acredita que Gómez Gordo fue quien entregó al confidente Sergio Ríos parte del dinero procedente de los fondos reservados. También hay numerosas pruebas de la información que Gómez Gordo suministraba a Villarejo. Y los recelos de algunos comisarios que participaron en la operación por el hecho de que un alto cargo del Gobierno de Castilla-La Mancha, el policía Gómez Gordo, asesor de Cospedal, participara en el plan.
EL JEFE DE LA POLICÍA POLÍTICA ADMITE QUE "POR ESPAÑA" ACTUARÍA POR ENCIMA DE LA LEY
El exDAO de la Policía Nacional, Eugenio Pino, ha comparecido en la comisión del Congreso de los Diputados tras su imputación judicial por destruir y robar pruebas a Bárcenas, supuestamente, para obstruir la acción de la justicia y beneficiar al PP en el caso de su caja b. La esposa del extesorero, Rosalía Iglesias, confiesa que temió por su vida y la de su familia, durante la operación Kitchen
Comenzó el exDirector Adjunto Operativo de la Policía Nacional durante la etapa de Jorge Fernández Díaz al frente del Ministerio del Interior, Eugenio Pino, cerrado en banda y negándose a contestar pregunta alguna que le formulasen los grupos parlamentarios en la comisión de investigación del Congreso, que analiza la operación Kitchen: el supuesto operativo montado entre 2013 y 2015, para espiar, robar y destruir las pruebas que guardase Bárcenas sobre la caja B del PP o sus dirigentes, mediante el uso fraudulento de fondos reservados.
"No voy a contestar ni a un saludo", espetó al socialista Felipe Sicilia, quien en vano le expuso la retahíla de pruebas que le involucran en la causa y le afeó si con su silencio, amparado en el secreto del sumario, pretendía proteger a exaltos cargos como el propio Fernández Díaz o la exsecretaria general del PP, María Dolores de Cospedal.
Pero si el interrogatorio académico y profuso en datos no funcionaba, tal vez lo hiciera la estrategia siempre provocadora del portavoz de Esquerra, Gabriel Rufián, consciente de que su estilo y perfil independentista, enervan el carácter de determinados comparecientes.
"La Ley no existiría si tuviéramos que hacer todo por España"
"¿Se considera usted un patriota?", arrancó Rufián, contestado con un "sin duda, sí" por Eugenio Pino. "¿Y haría todo por España?", siguió el parlamentario de ERC, obteniendo un rotundo "todo por España" como respuesta de Pino. En ese punto, Rufián supo que tenía entre sus manos al ex Director Adjunto Operativo y prosiguió "¿y hacer todo es todo?", incluido ir "¿más allá de la ley?", y tras tres segundos de silencio obtuvo la réplica de Pino: "en ese caso la ley no existiría si tuviéramos que hacer todo por España".
Y según la investigación del juzgado central de instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, lo hicieron. Aparentemente, por un mal entendido patriotismo, no existió la ley pues de forma fraudulenta emplearon el aparato del Estado para, en una operación encubierta, a modo de guerra sucia, obstruir la investigación del juez de la Audiencia Nacional que instruía el caso de la caja B del PP, y destruir las pruebas que guardara el extesorero Luis Bárcenas para proteger al partido en aquel momento en el Gobierno y a sus líderes políticos.
A Pino poco más le sacaron los diputados en la comisión. Aseveró al portavoz de Ciudadanos, Edmundo Bal, que "la operación Kitchen no existió".
Rosalía Iglesias temió por su vida
Por su parte, por videoconferencia desde el centro penitenciario de Alcalá de Henares, donde cumple condena por la época primera del caso Gürtel, la esposa de Bárcenas, Rosalía Iglesias, también se negó a declarar alegando el "secreto del sumario" del caso Kitchen. A preguntas de la socialista Andrea Fernández Benéitez, solo concedió que llegó a temer por su vida, la de su hijo y esposo durante el desarrollo del operativo. Iglesias añadió que es una "víctima" de la actuación de las cloacas del Estado, que sufrió una experiencia "muy dolorosa" y que tanto ella como su familia son los "primeros interesados" en que se esclarezca la verdad.
https://cadenaser.com/ser/2021/05/13/tribunales/1620938503_055975.html
EL JEFE DE LA BRIGADA POLÍTICA DEL PP ACUSA DE "OPORTUNISMO" A LA COMISIÓN DE KITCHEN Y SE NIEGA A RESPONDER "NI A UN SALUDO"
El comisario Pino solo deja una frase sobre el operativo "parapolicial": "Le pregunté a Villarejo por qué la prensa hablaba de la operación Kitchen y me dijo: bueno, alguna cosa hay que decir.
¿Pero no hay operación Kitchen? No". El antiguo número dos de la Policía asegura que "haría todo por España"
El comisario Eugenio Pino, quien fuera número dos de la Policía entre 2012 y 2016, se ha negado a contestar esta tarde a los grupos parlamentarios de la comisión que investiga el espionaje a Luis Bárcenas con fondos reservados sobre el objetivo de su comparecencia. Solo la insistencia de los portavoces ha permitido atisbar el perfil del policía cuando ha insistido en la corrección de su método para conceder medallas en la Policía, que hasta al juez del caso Villarejo llegó a escandalizar, o a insistir en que es un patriota y que estaría dispuesto a hacer "todo por España". "La Operación Kitchen no existió (...) La Operación Catalunya tampoco", ha afirmado.
Pino es el artífice de la brigada política que organizó la Operación Kitchen y está imputado por ello en la Audiencia Nacional, dentro del caso Villarejo. Su brigada política organizó otros ataques a la oposición como el informe PISA contra Podemos o las investigaciones extrajudiciales a políticos soberanistas de la Operación Catalunya.
Cuando la presidenta de la comisión, al inicio de la misma, ha intentado dar la palabra al portavoz socialista, Pino se ha adelantado y ha leído un breve comunicado: "Esta comisión, la actitud investigadora de la comisión, no es jurisdiccional y es de naturaleza política y solo emite juicios de oportunidad política. No estoy obligado a declarar. Los argumentos que aquí se exponen carecen de validez jurídica y solo la condición de certeza la garantiza el proceso judicial en base a una tutela judicial efectiva. He declarado bajo secreto de sumario como testigo e investigado".
Sicilia ha insistido y Pino ha contestado: "No voy a contestar a ninguna pregunta. Ni a un saludo". El portavoz socialista ha continuado preguntando cuestiones a Pino como si se cree merecedor de las medallas que ha recibido o si se cree digno merecedor de seguir diciendo que pertenece al Cuerpo Nacional de Policía. Pino respondía a todas las preguntas con un "sin comentarios".
En la misma línea de no responder ha continuado Pino con el PP y Vox, pese a que ambos han agradecido sus servicios a España. Igual ha ocurrido con el portavoz de Unidas Podemos, Rafa Mayoral, quien ha aprovechado para recriminarle que "sus actitudes no identifican a la Policía" y advertirle: "Ningún grupúsculo que intente subvertir la democracia va a poder evitar que nuestro pueblo pueda seguir profundizando en la democracia y se impondrá la verdad y la profundizaremos en todos los estamentos del Estado".
El portavoz de ERC, Gabriel Rufián, opto por explorar el carácter voluble del compareciente y le advirtió de que podía no contestarle pero que, en todo caso, le iba a hacer "pasar un mal rato". Pino adoptó una postura aún más displicente con Rufián que con el resto y le llegó a decir que estaba trasladando opiniones subjetivas, antes de a apostillar: "Ya le conocemos".
Pino, que estableció como prioridad de su brigada política el combate al independentismo catalán, mantuvo el siguiente cruce con el diputado de ERC:
Rufián: ¿Se considera usted un patriota?
Pino: Sin duda, sí
Rufián: ¿Haría todo por España?
Pino: Todo por España
Rufián: ¿Más allá de la ley?
Pino: En ese caso la ley no existiría si tuviéramos que hacer todo por España
La intervención del portavoz de ERC, entre las sonrisas de policía y las recriminaciones por ni siquiera mirar al diputado, acabó: "Señor Pino, usted no es un patriota, usted es una rémora para este país".
Por su parte, el portavoz de Ciudadanos, Edmundo Bal, se llevó una sorpresa durante la comparecencia de Eugenio Pino. Ambos coincidieron en el caso del pendrive de los Pujol, el intento de introducir información robada en la causa de corrupción por el que Pino ha sido absuelto en primera instancia. Bal actuaba como abogado del Estado y Pino ha presumido esta tarde de saber lo que luego comentó sobre el interrogatorio con sus compañeros. "¿Me siguió? ¿Me puso micrófonos en el despacho?", ha preguntado Bal sin obtener respuesta. Fue a Bal a quien Pino se dignó a decir: "Solo voy a decirle que la Operación Kitchen no existió".
Esa explicación tuvo una pequeña extensión en el turno de preguntas del portavoz de EH Bildu, Jon Iñarritu: "En cierta ocasión le pregunté a Villarejo por qué la prensa hablaba de la operación Kitchen y me dijo: bueno, alguna cosa hay que decir. ¿Pero no hay operación Kitchen? No".
En este turno, Pino defendió que él proponía medallas para sus subordinados, pero que era toda la Junta de Gobierno quien la aprobaba para que después pasaran por el secretario de Estado y terminara por concederlas el ministro. Ante el juez, Pino dijo que sufrir "presión mediática" encajaba en el riesgo para la vida que requiere una medalla roja, según la ley que regula su concesión. "¿Usted, de verdad, se cree lo que está diciendo?", le replicó el magistrado Manuel García-Castellón. Pino dijo hoy que la ley incluye "alguna salvedad" a los actos heroicos y que ahí encaja su criterio para repartir medallas pensionadas.
La segunda compareciente de la tarde fue Rosalía Iglesias, que en la causa de Kitchen figura como perjudicada del espionaje parapolicial. Iglesias, en prisión por el caso Gürtel, compareció por videoconferencia, en compañía de su abogada, e igualmente rechazó declarar para no perjudicar el desarrollo de las investigaciones, según dijo.
EL EXJEFE POLICIAL QUE DIRIGIÓ EL ESPIONAJE A BÁRCENAS PROTEGE LA TRAMA POLÍTICA DE LA KITCHEN
El comisario Pino, que ante el juez señaló a altos cargos de Interior y del partido, asegura en el Congreso que el Gobierno no le dio la orden
El comisario Eugenio Pino, señalado por la investigación judicial como el presunto responsable policial de la Operación Kitchen de espionaje, en 2013, al extesorero del PP Luis Bárcenas, ha asegurado este jueves en el Congreso que nadie del Gobierno le ordenó el operativo. Esta afirmación contrasta con lo que este mando policial declaró como imputado ante el juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón ante el que afirmó que este operativo sin control judicial era conocido por la cúpula de Interior del Ejecutivo de Mariano Rajoy y por dirigentes del PP.
Pino, que fue el director adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional hasta su jubilación en junio de 2016, ha iniciado su comparecencia ante la comisión del caso Kitchen con la advertencia de que no iba a contestar. “Con el debido respeto, no voy a responder a ninguna pregunta, ni a un saludo”, ha dicho el ex alto mando policial después de esgrimir para ello que el objetivo de la investigación parlamentaria tenía un carácter “político” y que existían unas pesquisas judiciales aún abiertas. No era la primera vez que el comisario comparecía en el Congreso. En 2017 ya lo hizo en la que investigó la existencia de una brigada patriótica en la Policía en la etapa de Jorge Fernández Díaz como ministro del Interior. Entonces, el dictamen señaló a Pino como el muñidor de este grupo que supuestamente se dedicó a “obstaculizar la investigación de los escándalos de corrupción que afectaban al PP” y perseguir a los “adversarios políticos”. Además, en junio del año pasado, el ex alto mando fue juzgado por el intento de introducir en el sumario del caso Pujol un pendrive con documentación de origen sospechoso. Fue absuelto.
En su comparecencia de este jueves, el comisario ha asistido a buena parte de las intervenciones de los diputados en silencio o dando la réplica con frases en la que ha insistido en su postura de no colaborar: “No voy a contestar”, “sin comentarios” o “ya se lo dije al juez”. Solo en algunas ocasiones ha respondido. En un par de momentos, para negar rotundamente que existiera una operación llamada Kitchen, nombre que atribuyó a otro de los implicados, el comisario José Manuel Villarejo. Pero también para rechazar que hubiera existido una Operación Cataluña contra el independentismo. “No nos ordenaron nada por parte del Gobierno”, ha asegurado sobre ambas, exculpando al Ejecutivo de Rajoy de su génesis.
Sin embargo, en su declaración del pasado 14 de diciembre ante el juez García-Castellón, Pino había admitido que hubo espionaje a Bárcenas, cuya legalidad defendió al asegurar que el objetivo final no era ocultar a la justicia documentación comprometedora para del PP, sino localizar los supuestos testaferros que el extesorero pudiera utilizar para ocultar el dinero. Sin embargo, nunca se facilitó la información obtenida en estas pesquisas a los investigadores del caso Gürtel. Entonces, el comisario aseguró que Francisco Martínez, exsecretario de Estado de Seguridad y también imputado, e Ignacio Cosidó, antiguo director general de la Policía, estuvieron informados del mismo. En aquella declaración ante el juez, también señaló a la ex secretaria general del PP María Dolores de Cospedal, sobre la que “especuló” que manejaba al comisario José Manuel Villarejo.
Pino ha protagonizado el momento de mayor tensión de la comparecencia durante el interrogatorio del portavoz de ERC, Gabriel Rufián. Este ha vuelto a plantear al policía las mismas preguntas que, tres años antes, le hizo durante la comisión sobre la policía política. “¿Se considera usted un patriota?”, le ha espetado Rufián.
— Sin duda, sí.
— ¿Y haría todo por España?
— Todo por España [...].
— ¿Todo? ¿Más allá de la ley?
— Seguramente, la ley no existiría cuando tuviéramos que hacer todo por España.
Tras el comisario Pino, ha comparecido Rosalía Iglesias, esposa de Luis Bárcenas y principal objetivo de los agentes que participaron en la Operación Kitchen. Estos siguieron sus pasos entre julio y octubre de 2013, mientras el extesorero estaba encarcelado. Iglesias, que ha intervenido desde la cárcel de Alcalá de Henares (Madrid), donde cumple 13 años y 10 meses de prisión por el caso Gürtel, se ha escudado para no contestar en que una parte del sumario del caso Kitchen, en el que ella está personada como perjudicada, permanece aún secreto. La mujer del extesorero se ha limitado a recordar que vivió momentos “durísimos”, en referencia al asalto que sufrió en su domicilio por un falso sacerdote, y que llegó a temer por su vida y la de su familia. Iglesias ha rechazado responder si, en estos años, había recibido presiones del PP.
JAVIER IGLESIAS, EL ABOGADO DE LA OPERACIÓN CATALUÑA, SE ESCUDA EN EL SECRETO PROFESIONAL Y NO RESPONDE SI TRABAJÓ PARA RAJOY
Javier Iglesias alega su deber al secreto profesional para no contestar en la comisión del Congreso sobre la trama parapolicial de espionaje ilegal a Bárcenas, pese a que informes policiales le sitúan de lleno, al lado del expresidente del Gobierno, como conocedor de la operación 'Kitchen'.
El abogado Javier Iglesias, vinculado con María Dolores de Cospedal, ex secretaria general del PP, y señalado como hombre cercano a Villarejo, se ha acogido a su deber al secreto profesional, "siguiendo las indicaciones del Colegio de Abogados", para no responder a las cuestiones que se le han planteado en la comisión de investigación sobre la operación parapolicial para sustraer pruebas contra el PP a su extesorero Luis Bárcenas, conocida como operación 'Kitchen'.
"Me está usted preguntando por la operación Cataluña; tengo dos clientes en ese tema y no le puedo contestar", ha dicho el letrado, que hasta hace poco fue el abogado de la esposa del comisario jubilado José Manuel Villarejo. "No tengo intervención alguna en la trama 'Kitchen'. Soy abogado de tres personas en Gürtel --que está instruyendo la segunda época de esta trama--y de dos personas que han sido víctimas de lo que se conoce como operación Cataluña y no le puedo contestar".
Esas dos personas son los hermanos Cierco, dueños de la Banca Privada de Andorra. La conocida como operación Cataluña fue supuestamente apadrinada por el entonces presidente del Gobierno Mariano Rajoy; organizada por los exministros Jorge Fernández Díaz y María Dolores de Cospedal; y ejecutada por el comisario Villarejo, el abogado Javier Iglesias y los empresarios Adrián de la Joya y Alberto Pedraza, según consta en un informe de Asuntos Internos que obra en la causa Tándem, al que ha tenido acceso Público.
Javier Iglesias supuestamente medió con el Gobierno de Rajoy para que se archivaran los procedimientos que tenían abiertos por blanqueo de capitales los hermanos Cierco, según apuntan las investigaciones. Josep Pujol Ferrusola, hijo del expresidente de la Generalitat catalana Jordi Pujol, señaló a Iglesias como la persona que, junto a Villarejo, le ofreció ayudar a su familia con sus problemas judiciales si se paraban los planes de independencia. Esto lo ha negado Javier Iglesias: "Conocí al señor Pujol por un encargo profesional, por un tema de abrir mercado para una empresa. En un momento dado me traslada una cuestión de carácter privado y me pide conocer al señor Villarejo. En mi despacho se lo presenté, estábamos cinco personas. Allí no se habló de independentismo; si luego hubo otra reunión entre ellos y de lo que hablaran ya no lo sé".
Es lo único que ha respondido Iglesias. Señalado por Bárcenas como el abogado del PP que le advirtió de que si hablaba de Gürtel su mujer acabaría en prisión, como de hecho ha ocurrido, pero Iglesias ha negado esa amenaza. No sólo de la esposa de Villarejo, Iglesias fue abogado del fallecido extesorero del PP Álvaro Lapuerta en el caso Gürtel presuntamente a petición de María Dolores de Cospedal. En su afán de negarse a contestar acogiéndose a al secreto profesional, no ha querido contestar si es amigo del expresidente Rajoy, como le sitúan testimonios y pruebas aportados en el sumario del caso 'Kitchen'. "No puedo contestar si soy amigo de Mariano Rajoy por el secreto profesional", ha alegado. Gabriel Rufián ha insistido sin fortuna: "¿Si no puede contestar es porque Rajoy era su cliente? ¿Trabajó para él?"
Un informe de la unidad de Asuntos Internos de la Policía de octubre de 2017 apuntó que el operativo parapolicial estuvo coordinado por el entonces secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, y que era conocido por "El Asturiano", al que los investigadores identifican con el presidente Rajoy, y por "El Largo", que es el abogado Javier Iglesias, según el apodo que le puso Villarejo y que consta en sus agendas y diarios incautados.
El artículo 502 del Código Penal indica que "los que, habiendo sido requeridos en forma legal y bajo apercibimiento, dejaren de comparecer ante una Comisión de investigación de las Cortes Generales o de una Asamblea Legislativa de Comunidad Autónoma, serán castigados como reos del delito de desobediencia". Y esto es lo que creen que ha ocurrido con la comparecencia de Iglesias, que se ha negado a contestar aduciendo el secreto profesional; una "excusa barata", según han calificado el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, y Macarena Olona, de Vox. La presidenta de la comisión ha anunciado que se iniciará un procedimiento para determinar si Javier Iglesias ha recurrido en abuso y falsamente al secreto profesional como abogado. Y no descarta que vuelva a ser llamado a declarar si los letrados de la Cámara determinan que se ha extralimitado en ese derecho.
EL COMISARIO OLIVERA ECHA UN CAPOTE A VILLAREJO AL AFIRMAR QUE SUS EMPRESAS TRABAJABAN PARA LA POLICÍA
José Luis Olivera, exjefe de la UDEF, reconoce que supo de la operación 'Kitchen' por Villarejo, pero niega haber participado en ella y explica que las empresas del comisario investigado trabajaban para la Dirección General de la Policía como empresas de cobertura.
El comisario José Luis Olivera, exdirector del Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO), se ha calificado este miércoles como "ni cercano ni alejado" del comisario José Manuel Villarejo, aunque a tenor de las comidas distendidas que celebró con él parecieran íntimos amigos, como reflejan las conversaciones grabadas por Villarejo y que están aportadas en la Audiencia Nacional. Olivera, que fue jefe de la Unidad de Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) entre 2006 y 2012, ha señalado en la comisión del Congreso que investiga el espionaje ilegal al extesorero del PP, Luis Bárcenas, desde el Ministerio del Interior de Mariano Rajoy, que "no tuvo conocimiento policial de la operación 'Kitchen', pero sí que lo tuvo extraoficialmente a través de Villarejo, aunque "no le dio importancia".
"Mis citas con villarejo eran con fines policiales, para conseguir información de interés policial", ha dicho Olivera, que fue destituido en 2012 como jefe de la UDEF y nombrado entonces director del Centro de Inteligencia contra el Crimen Organizado (CICO). Ha negado haber tenido negocios con Villarejo al margen de su actividad policial, pero en octubre de 2020, el juez García-Castellón, al frente de la investigación sobre la macrocausa 'Villarejo' o 'Tándem', ordenó investigar su patrimonio por si se pudiera hallar incrementos no justificados. Este miércoles, Olivera lo ha negado. "Enriquecimiento cero, ya pueden mirar mis cuentas", ha dicho.
Desde su destitución al frente del CITCO por el ministro Grande-Marlaska, en 2018, el comisario principal José Luis Olivera está en segunda actividad, como gestor de riesgos en la Federación Española de Fútbol. Ha admitido que Villarejo, al que conoció en el año 2000, según ha explicado, poseía empresas de cobertura para realizar trabajos policiales, aunque sería más propio decir que contaba con un emporio empresarial, de cerca de 20 millones de euros solo en España.
En este sentido, Olivera le ha echado un capote a Villarejo. "Tenía unas empresas de cobertura que trabajaban para la Dirección General de la Policía como una herramienta más para el servicio policial, con servicios autorizados por la Dirección General". Sobre el coste de esos servicios, no ha dado explicaciones: "Por la actividad privada supongo que le pagaría el Estado, no lo sé. La Policía nunca le pagó nada, que a mí me conste, salvo su nómina como policía". Sobre negocios conjuntos con Villarejo, Olivera los ha negado, aunque hay investigaciones en marcha respecto a este asunto, según ha podido saber Público.
Olivera se ha definido como la "apisonadora de la Gürtel" en relación a la investigación sobre la trama corrupta vinculada al PP que investigó la UDEF bajo su dirección. Sin embargo, la sospecha de que frenó la investigación no se la puede quitar de encima, después de los audios donde Villarejo se refiere a él en estos términos: "La Gürtel les podía haber, vamos, podía haberles mandado a todos a tomar por el culo si no llega a ser por éste, y eso no se puede olvidar", dice Villarejo en 2017 sobre Olivera. Esta y otras grabaciones están aportadas en el Juzgado Central de Instrucción 6 de la Audiencia Nacional.
Olivera niega que favoreciera al PP desde la UDEF. Y este miércoles no ha tenido reparo en identificar al 'asturiano' y al 'barbas' como Mariano Rajoy, según los motes empleados por Villarejo y su camarilla en sus encuentros, incluido Olivera. Sin embargo, en la primera investigación de la trama Gürtel iniciada por él se produjeron presuntamente presiones para proteger al líder del PP, según manifestó el inspector jefe de la UDEF Manuel Morocho, tanto en esta comisión como en la que se desarrolló en 2017 sobre la caja b del PP.
Morocho declaró en aquella comisión en el Congreso que tuvo que soportar las presiones por parte de sus "superiores" que indicaban "cómo plasmar la información en los informes", refiriéndose al comisario José Luis Olivera. Y en la misma comisión, Olivera señaló que las siglas que aparecen en la presunta contabilidad b del PP no tienen por qué corresponder al presidente del Gobierno, a Javier Arenas o a Federico Trillo. Este miércoles se ha desvinculado totalmente de la investigación de los papeles de Bárcenas. "Ya no estaba en la UDEF y no pasaron por mis manos". La investigación de esos papeles se inició en febrero de 2013.
MARTÍN BLAS: "DE LA OPERACIÓN 'KITCHEN' NO TUVE NI IDEA Y NO ENTIENDO POR QUÉ ESTOY IMPUTADO", DICE EL EXJEFE DE ASUNTOS INTERNOS DE LA POLICÍA
Marcelino Martín-Blas realiza un alegato de su inocencia respecto al operativo de espionaje ilegal al entorno de Luis Bárcenas por parte de la 'brigada política' del Ministerio del Interior entre 2013 y 2015 y enumera las trampas que supuestamente le tendieron desde la Dirección Adjunta Operativa de la Policía para involucrarle.
El exjefe de la Unidad de Asuntos Internos de la Policía Nacional, Marcelino Martín-Blas, ha reiterado este miércoles que de la operación 'Bárcenas' o 'Kitchen' "no tuvo ni idea" y que "no entiende por qué está imputado". En 2020 fue citado a declarar como investigado en la Audiencia Nacional por el espionaje ilegal orquestado desde el Ministerio del Interior de Mariano Rajoy para sustraer pruebas al extesorero del PP, Luis Bárcenas, sobre el Partido Popular, "y fue una sorpresa, porque jamás he sabido nada de esa operación ni he ordenado desde Asuntos Internos hacer nada sobre eso", ha dicho, contundente, Martín-Blas.
"Mi voluntad es declarar en la sede de la soberanía nacional para que la sociedad tenga unas instituciones limpias", ha dicho el exjefe de Asuntos Internos. Este comisario ya jubilado, con 45 años de servicio, ha explicado que ha sido durante años víctima de una campaña de difamación por varios medios de comunicación en connivencia con el comisario Villajero, como el digital Información Sensible; un medio al que llegó a investigar y descubrió que detrás estaba el propio Villarejo, según ha explicado este miércoles.
Ha puesto ejemplos concretos de esa campaña difamatoria. "Se me acusó desde algunos medios de haber sido el responsable, por ejemplo, de la grabación de la conversación entre el exministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, y el director de la Oficina Antifraude catalana [en el contexto de la llamada operación Cataluña, de descrédito de los líderes independentistas]. Y ahora el comisario García Castaño ha reconocido que fue él quien hizo la grabación", ha sostenido Martín-Blas en relación a la reciente confesión en esta comisión del comisario Enrique García Castaño.
La imputación de Marcelino Martín-Blas en la causa Kitchen se produjo, entre otros hechos, por la declaración del inspector Jesús Vicente Galán, entonces jefe de la sección de Vigilancias, que dijo al juez que en verano de 2013 Martín-Blas le dio la orden de seguir a un Citroen C4 negro en el distrito de Salamanca de Madrid, y le advirtió de que por esa zona vivía Bárcenas, pero ni le dijo la finalidad ni él preguntó. También el comisario jubilado Villarejo le ha señalado como conocedor de este asunto, sufragado con fondos reservados.
Marcelino Martín-Blas no ha querido mencionar la expresión "premios por los servicios prestados" otorgados al inspector Jesús Vicente Galán, que llegó a la Unidad de Asuntos Internos por mediación de José Ángel Fuentes Gago, número dos del entonces DAO, Eugenio Pino. Pero ha explicado las circunstancias en las que este policía, que contribuyó supuestamente a involucrarle en la causa 'Kitchen', logró méritos y ascensos. Por ejemplo, sobre la medalla con distintivo rojo, es decir, pensionada, que recibió Galán, su exjefe ha dicho que lo reglamentario es que él le hubiera propuesto para esa medalla, pero no fue así. "Él presumía de que la había conseguido sin mi permiso. Y saquen ustedes conclusiones: se marchó a la embajada de Mauritania y luego pasó a depender directamente del DAO en comisión de servicios".
La caída en desgracia de Martín-Blas, según él mismo ha relatado, comenzó en verano de 2015 cuando inició la investigación ordenada por al Juzgado de Instrucción 2 de Madrid sobre el comisario Villarejo por su relación con una grabación a policías y agentes del CNI en una derivada del caso del 'Pequeño Nicolás'. "Villarejo fue a ver al juez para decirle que me apartara del caso", ha afirmado Martín-Blas.
Unos meses antes ya había sido cesado como responsable de la Unidad de Asuntos Internos de la Policía, cuyo cometido es detener a policías corruptos. "Me cesaron sin explicación alguna y el juez me pidió que me integrara en la comisión judicial, porque me habían destinado al Consejo Asesor de la Policía, donde no se hace nada", ha explicado.
UN COMISARIO DESCRIBE EN EL CONGRESO LAS PELEAS EN INTERIOR QUE DESTAPARON EL ESPIONAJE A BÁRCENAS
El ex alto mando policial explica su pugna con el comisario Villarejo que le costó su destitución como jefe de Asuntos Internos
La comparecencia del comisario jubilado Marcelino Martín-Blas en el Congreso ha permitido este jueves a los diputados de la comisión de investigación de la Operación Kitchen conocer algunos detalles del enfrentamiento entre altos mandos policiales que desembocó en la llamada guerra de comisarios que destapó en 2018 el espionaje ilegal al extesorero del PP Luis Bárcenas, cinco años después de que se realizara. El ex alto mando policial ha explicado que fue cesado, en marzo de 2015, como jefe de la Unidad de Asuntos Internos (UAI) de la Policía Nacional por indagar sobre las actividades del comisario José Manuel Villarejo tras aparecer su nombre en la documentación intervenida a Francisco Nicolás Gómez Iglesias, el Pequeño Nicolás, detenido en octubre de 2014 por su presunta participación en varias estafas. En su comparecencia, Martín-Blas ha sacado a relucir los supuestos intentos de sus superiores, entre ellos el comisario Eugenio Pino, director adjunto operativo (DAO) de la Policía y presunto muñidor del operativo, por torpedear sus pesquisas sobre Villarejo. “Si hubiera mirado a otro lado, no estaría aquí”, ha asegurado en el Congreso.
Martín-Blas está imputado en el caso Kitchen, pero, en sus dos declaraciones ante el juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón, ha negado que participase en el espionaje al extesorero del PP y su familia. Algunos agentes de su departamento han asegurado ante el magistrado que el entonces jefe de Asuntos Internos les dio las instrucciones para acudir al entorno de la vivienda de Bárcenas para localizar un automóvil Citröen C-4 de color negro, pero no para seguir al entorno familiar del político, en aquel momento en prisión preventiva por el caso Gürtel. Sin embargo, los comisarios Villarejo y Pino le han implicado en sus declaraciones en las actividades de la trama policial de espionaje. En su comparecencia ante la comisión parlamentaria, Martín-Blas ha insistido en que no tuvo “absolutamente nada que ver” con la Operación Kitchen y ha achacado las declaraciones de estos dos mandos policiales a una supuesta enemistad que mantiene con ellos por sus investigaciones tanto en el caso del Pequeño Nicolás como en el llamado caso Emperador, sobre la organización criminal presuntamente encabezada por el empresario chino Gao Ping.
En ambas resultaron salpicados tanto Villarejo como otros mandos de su entorno. A partir de ese momento, este último entendió que Martín-Blas era su enemigo y pidió su destitución a sus superiores incluso por escrito. En una de estas denuncias, presentada en enero de 2015, Villarejo dio la primera pista sobre la existencia del caso Kitchen al señalar a Martín-Blas como el agente que captó a Sergio Ríos, chófer de Bárcenas, como confidente de la trama policial. El exjefe de Asuntos Internos ha asegurado en el Congreso que esto era falso y ha esgrimido que el chófer, también imputado en el caso, nunca le ha citado en sus declaraciones como uno de los mandos policiales con los que contactaba para pasar información del extesorero.
Martín-Blas ha acusado al entonces jefe operativo de la Policía, el comisario Pino, de querer implicarle en el llamado caso del pendrive, por el supuesto de incorporar de manera irregular a la causa donde se investiga a la familia del expresidente de la Generalitat Jordi Pujol datos sustraídos de manera irregular. “Nunca, jamás tuve ese pendrive”, ha afirmado rotundo a los diputados. El comisario Pino y uno de los policías de su confianza, el inspector jefe Bonifacio Díez Sevillano, se sentaron finalmente en el banquillo de los acusados por este hecho, aunque finalmente la Audiencia Provincial de Madrid los absolvió.
Seguimientos “normales”
Antes de Martín-Blas, había comparecido en la sesión de la tarde el comisario Mariano Hervás, que cuando se inició el espionaje a Bárcenas, en 2013, era el segundo jefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO) de la Policía Nacional, que comandaba el también comisario Enrique García Castaño, conocido como El Gordo y que colabora con la justicia. Hervás ha afirmado que las vigilancias al entorno del extesorero del PP y, en concreto, a su esposa, Rosalía Iglesias, se iniciaron cuando él estaba de vacaciones y que, al regresar de estas, fue informado por uno de sus subordinados sobre las mismas. El comisario recalcó que entonces le aseguraron que el objetivo de las mismas era descubrir los supuestos testaferros de Bárcenas y el lugar en el que podría ocultar dinero, y que en todo momento pensó que la autoridad judicial estaba informada y que los datos que pudieran surgir de las vigilancias eran facilitados a los investigadores del caso Gürtel. En realidad, ni el juez de la Audiencia Nacional, Pablo Ruz, ni los policías de la UDEF que dirigían las pesquisas supieron nunca de la existencia de este operativo.
“Era un seguimiento más”, ha añadido para explicar a continuación que los agentes que participaban en el mismo realizaban actas habituales con las novedades más relevantes. También ha detallado que a comienzos de 2014, él mismo propuso a su superior levantar las vigilancias, porque consideraba que no ofrecían resultados, sobre todo después de que supieran que la presencia de uno de los policías había sido detectada en la zona. El alto mando policial ha detallado que, en su unidad, estos seguimientos nunca recibieron el nombre de Operación Kitchen, sino que fueron bautizados con el nombre de un santo, que no ha recordado, porque esa era la costumbre.
Hervás también ha confirmado que, junto a su superior, el comisario García Castaño, y dos agentes de la unidad se desplazaron al Ministerio del Interior para entregar un ordenador al entonces secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, imputado por el espionaje a Bárcenas, para entregarle un ordenador con un programa informático que facilitaba la búsqueda de información en volúmenes elevados de documentación. No obstante, ha asegurado que su destino no era rastrear información arrebatada al extesorero del PP, sino otra operación que no ha querido concretar.
EL EXJEFE DE LA POLICÍA JUDICIAL CONFIESA QUE DOMICILIÓ SU EMPRESA EN UN PISO DE VILLAREJO
El comisario jubilado Juan Antonio González desvela en la comisión de investigación sobre 'Kitchen' un dato que ya descubrió 'Público': el uso que hizo del entramado empresarial de Villarejo, al situar como sede social de su consultora un piso en la calle Orense, a nombre del emporio del famoso comisario hoy imputado en el caso 'Tándem'.
La relación entre el comisario Juan Antonio González y José Manuel Villarejo ha copado parte de la comparecencia este miércoles del primero de ellos, que fue comisario general de Policía Judicial entre 2004 y 2012. Jubilado en junio de 2013, un año y medio después de ser cesado tras haber estado investigando la trama Gürtel desde 2007, Juan Antonio González fue superior de Villarejo en la Comisaría General de Policía Judicial. En su comparecencia ha querido quitarle hierro a un dato importante, que ya reveló Público: "Cuando me jubilé, monté una empresa, porque trataba de ganar dinero. Tenía miedo de domiciliarla en mi casa y se lo dije a Villarejo. Y la puse en un piso de él, en la calle Orense. Seis meses después fui al notario y ya la puse en mi casa".
Este medio ya publicó que Juan Antonio González, que figuraba como JAG en las agendas de Villarejo, había domiciliado su consultora, Desarrollos Empresariales Cigales SL, en un piso en la sexta planta del número 12 de la calle Orense de Madrid, que pertenecía a la empresa patrimonial de Villarejo CPD Real Estate SL. Sin embargo, González ha querido desvincularse del emporio empresarial del comisario jubilado Villarejo. "Él no participó en mi empresa ni tuvo nada que ver", ha insistido con notorio malestar por las preguntas sobre este tema que le han formulado varios diputados.
Lo que no ha querido explicar este miércoles González han sido los entresijos de su empresa, que Público desveló y que llevan al Registro Mercantil, donde consta que desde el 28 de agosto de 2013 al 1 de septiembre de 2014 el piso de Villarejo fue sede de la empresa Desarrollos Empresariales Cigales SL, propiedad en un 75% de JAG y en un 25% de su mujer, Concepción. Ambos habían creado la compañía por la vía de comprar una sociedad urgente creada el 23 de julio por dos instrumentales de Affirma, una firma especializada en venta de compañías urgentes. Inmediatamente después de adquirir la empresa González, le cambió la sede social al mencionado piso de Villarejo, quedando además definido el objeto social como "la prestación de toda clase de servicios de asesoramiento en gestión empresarial".
Tampoco ha querido explicar González a qué se dedicaba su consultora y qué clase de clientes tuvo. Este medio ya desveló que fue contratada por el departamento de seguridad de Telefónica en la etapa en que la compañía estaba presidida por César Alierta y el departamento de Seguridad, controlado por el excomisario Florencio San Agapito Ramos. La empresa de JAG dejó de estar activa en 2016, año en el que Alierta y San Agapito dejaron sus cargos, al acceder a la presidencia de Telefónica Jose María Álvarez Pall.
El comisario jubilado Juan Antonio González se ha quejado en la comisión de haber sido destituido cuando Mariano Rajoy llegó al Gobierno por haber sido considerado un hombre de Rubalcaba, en relación al fallecido exministro del Interior socialista, y también debido a su investigación del caso Gürtel. "Investigué Gürtel porque era mi obligación", ha dicho, quejándose de las presiones contra su persona que recibió, "hasta el punto de pedirle al ministro Rubalcaba que me cesara".
"Cuando yo llegué en 2004 a la Comisaría General de Policía Judicial, Villarejo ya estaba allí. Durante un tiempo estuvo bajo mis órdenes hasta que ascendió a comisario. Lo habían adscrito a la comisaria general, porque en algún sitio tenía que estar, pero él despachaba con el DAO", ha dicho González en relación a Villarejo y ha puesto como ejemplo la operación 'Malaya' --caso de corrupción urbanística en Marbella-- como una en las que participó Villarejo como "agente encubierto" para él. "No podíamos ir al Registro de la Propiedad para ver las propiedades de los investigados, porque entonces destapábamos la operación; y mandamos a Villarejo".
Precisamente durante el caso Malaya, el nombre de Juan Antonio González fue mencionado principalmente por medios afines al Partido Popular. Unas siglas, JAG, junto a la cantidad de 200.000 euros, se encontraron en documentación incautada en el registro a un trastero propiedad del principal condenado, el ex gerente de Urbanismo de Marbella Juan Antonio Roca. Este miércoles, González ha negado conocer nada de ese dinero.
EL POLICÍA ASESOR DE COSPEDAL DEFIENDE EN EL CONGRESO LA “ABSOLUTA LEGALIDAD” DEL ESPIONAJE A BÁRCENAS
El comisario Andrés Gómez Gordo, que admitió ante el juez que captó como confidente al chófer del extesorero del PP y le pagó con fondos reservados, se escuda en su situación judicial para no responder
El comisario Andrés Gómez Gordo, antiguo asesor de María Dolores de Cospedal e imputado en el caso Kitchen, ha asegurado este miércoles, durante su comparecencia en la comisión parlamentaria que investiga esta trama, que su actuación en el espionaje al que fue sometido el extesorero del PP Luis Bárcenas a partir de 2013 se desarrolló dentro de la “absoluta legalidad”. Tras esta manifestación, el alto mando policial ha eludido responder a las preguntas que le han planteado los parlamentarios “para no perjudicar”, ha dicho, su situación judicial. “Mi versión la he dado en sede judicial y me reitero en ella”, ha afirmado. Ante el juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón, el comisario admitió que fue la persona que captó a Sergio Ríos, chófer de Bárcenas, para que fuera confidente de la trama policial y que, además, le pagó en varias ocasiones su colaboración con fondos reservados. Gómez Gordo recalcó ante el magistrado que actuó “de buena fe, porque [el extesorero] era el delincuente número uno”.
El alto mando policial, que aparece en la investigación judicial con los alias de Andy y Cospedín, ocupó puestos de confianza con diferentes administraciones gobernadas por el PP entre octubre de 2007 y marzo de 2015, cuando se reincorporó a la Policía Nacional. En este tiempo, fue director de la seguridad del Campus de la Justicia de Madrid (la Fiscalía Anticorrupción le pide seis años de cárcel por su supuesta implicación en las irregularidades detectadas en este macroproyecto del Ejecutivo de Esperanza Aguirre), luego personal de confianza de la Comunidad de Madrid y, finalmente, asesor de Cospedal cuando ella ocupó la presidencia de la Junta de Castilla-La Mancha. Tras reincorporarse a la policía precisamente durante la Operación Kitchen, fue ascendido a comisario, que se hizo ya efectivo con el PSOE en el Gobierno. En la actualidad, es el responsable de la comisaría de Vallecas (Madrid). La Fiscalía Anticorrupción, que pidió en septiembre la imputación de la expresidenta castellanomanchega —rechazada hasta ahora por el juez—, concluye en sus escritos que Gómez Gordo seguía órdenes en la Operación Kitchen de la antigua secretaria general del PP y de su esposo, el empresario Ignacio López del Hierro.
En sus declaraciones como imputado ante el juez Manuel García-Castellón, Gómez Gordo admitió el pago con fondos reservados al chófer de Luis Bárcenas y que, en algunas ocasiones, él mismo le hizo entrega del dinero. “Lo único que se pagaba en la Operación Kitchen con fondos reservados, 2.000 euros mensuales, era al chófer de Bárcenas”, aseguró el alto mando policial al juez. La investigación ha permitido localizar cuatro recibís firmados por Gómez Gordo por estas entregas: de los meses de junio, julio, agosto y septiembre de 2015. El comisario aseguró que la persona que dio la autorización para estos pagos fue el también comisario Eugenio Pino, director adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional con el Gobierno de Mariano Rajoy y señalado como muñidor de la llamada brigada patriótica, el grupo de agentes que durante la etapa de Jorge Fernández Díaz al frente del departamento investigó a los rivales políticos del PP.
Los investigadores creen que la trama pagó al menos 53.000 euros a Ríos por su labor, además de comprarle una pistola con dinero público, según detalló otro de los comisarios imputados, Enrique García Castaño, alias El Gordo, tanto en el juzgado como en la comisión del Congreso. El juez también investiga si la trama maniobró presuntamente para que el confidente superara las oposiciones para entrar en la Policía Nacional. De hecho, Gómez Gordo aseguró ante el magistrado que dejaron de pagar con fondos reservados a Ríos cuando “ingresó en la academia”. García Castaño también señaló al antiguo asesor de Cospedal como la persona que elaboró el llamado Informe Pisa (acrónimo de Pablo Iglesias SA), un documento policial apócrifo en el que se ponía en duda la legalidad de la financiación de Podemos, sin ningún respaldo probatorio, y que fue desechado por la justicia.
EL DÍA QUE 'EL GORDO' HABLÓ: EL COMISARIO SACUDE EL CONGRESO CON SU RELATO DE 40 AÑOS DE OPERACIONES SIN CONTROL JUDICIAL
García Castaño defiende sus operaciones especiales ante la comisión del caso Kitchen y habla del 11M, el Faisán o la negociación con ETA. "La policía trabaja así. Lo hice para salvar vidas", escuchan atónitos los diputados. "Ustedes nos utilizan como a kleenex", reprocha el policía, para quien la Fiscalía solicita decenas de años
Meciéndose al andar por los achaques accedió el jueves al Congreso el noveno compareciente de la comisión que investiga el espionaje "parapolicial" a Luis Bárcenas. Ni los diputados que se habían preocupado por escarbar en el expediente del comisario Enrique García Castaño (Cáceres, 1955) daban crédito tres horas después a lo que acababan de escuchar: episodios estelares y desconocidos de 40 años de actuación policial, en cuatro décadas de democracia, al borde de la ley y también del lado opuesto a ella. Se trataba de "salvar vidas" bajo los criterios de "oportunidad e inmediatez", dijo el comisario jubilado para desconcierto de unos portavoces que presenciaban el testimonio inédito de lo que una parte de ellos llaman "cloacas del Estado".
Si algo distingue a los agentes como García Castaño es el uso de mil caras y su consecuente convivencia con la mentira, lo que convierte en tarea casi imposible acceder al personaje en su dimensión real. Pero en el testimonio ante el Congreso de García Castaño había dos factores que contrarrestaban esas prevenciones: los destinos que ha tenido y que él mismo se implicara en las irregularidades/delitos que desveló en el Parlamento.
García Castaño, 'El Gordo', temido en la Policía, odiado, admirado y, en los últimos años, también repudiado, no tuvo un solo encargo anodino desde que ingresara en el Cuerpo en 1975 procedente de ambientes ultras. Su conocimiento del medio fue una faceta que aprovecharon los mandos de entonces para conocer qué se cocía en el involucionismo. "Poner la zorra a cuidar el gallinero", describe un observador privilegiado de aquellos años.
Entre 1994 y 2017, con un único paréntesis de 15 meses, Enrique García Castaño fue el jefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO) que pasaba por ser el grupo que ponía los micrófonos, hacía los seguimientos o captaba las fuentes más inaccesibles en la lucha contra el terrorismo y las mantenía a golpe de fondos reservados. Pero que desde que estalló el caso Villarejo ha emergido también como la unidad a la que acudían todas las unidades cuando los asuntos se atascaban, ya fueran grandes delitos de delincuencia común o de corrupción política, de esos que hacen temblar gobiernos. "Recurrieron a nosotros porque somos buena gente, trabajamos bien… o hacemos cosas que no debemos", le soltó a los diputados con el desparpajo que no le niegan ni sus peores enemigos. En la comisión contó que él acudió a poner los micros a la reunión de Fernández Díaz con el director de Antifrau ("la Fiscalía te lo afina") y que se fueron a tomar una caña hasta que les avisaron de que regresaran a retirarlos.
García Castaño está jubilado desde 2018, enfermo e imputado en múltiples piezas del caso Villarejo por vender presuntamente datos confidenciales al comisario que da nombre al caso. Las peticiones de la Fiscalía suman decenas de años de condena. Él niega las acusaciones y se considera daño colateral de "una guerra interna". Refiriéndose a sí mismo, se quejó amargamente a los diputados: "Han quitado de en medio al que más sabía de inteligencia y de terrorismo de este país”.
Desprovisto del poder el que todo lo sabía, quien a todos conocía, a ‘El Gordo’ le han dado la espalda muchos de sus antiguos compañeros, algunos incluso de los que compartían mesa con él en los caros restaurantes de Madrid donde Enrique siempre tenía una mesa lista, a la que se acercaba a saludar éste y aquel empresario.
A la comisión del Congreso, García Castaño llegó con un papel de su abogado, del despacho de su amigo Baltasar Garzón, excusándose de declarar por la obligación de mantener el secreto profesional sobre materia reservada. Apenas unos segundos duró su continencia. Cuando ya tenía boquiabiertos a los diputados, expuso acaso la razón de su elocuencia: él no se ha dejado la vida en los "servicios al Estado" que defiende a capa y espada para acabar retratado "como el mamporrero de la Kitchen".
A la incredulidad y el agradecimiento de Unidas Podemos, ERC, la CUP y EH Bildu por la sinceridad del compareciente se sumaron algunos momentos incómodos para los dos partidos que gobernaron España cuando Enrique García Castaño estaba en activo: PP y PSOE. "Si el señor Rubalcaba viviera yo no estaría aquí sentado. Era el mejor ministro del Interior que hubo", tuvieron que escuchar en el banco socialista.
"Así se trabaja en la Policía: oportunidad e inmediatez"
Su portavoz, Felipe Sicilia, no había tenido mayor dificultad en que García Castaño explicara lo que ya ha hecho ante el juez del caso Kitchen, pieza del caso Villarejo en la que también está imputado. Afirmó que entró sin orden judicial a un pequeño estudio que tenía para sus cuadros la mujer de Bárcenas engañando a la empleada de la limpieza, ante la que se hizo pasar por un vendedor de arte portando una figura del Cristo de su pueblo.
Lo mismo ocurrió con el clonado de tres teléfonos de Bárcenas que el chófer infiltrado le facilitó en una cafetería para que en media hora los especialistas de la UCAO, con su jefe presente, copiaran todo el contenido. Tampoco había orden judicial. "Si alguien te dice que tiene unos dispositivos electrónicos y que al día siguiente te los puede dejar media hora, esa oportunidad, esa inmediatez no se puede perder. Así se trabaja en la Policía", sentenció el comisario.
El portavoz de Podemos, Rafa Mayoral, le insistió por la necesidad de una orden judicial para allanamientos y clonados de teléfonos. "¿Sabe usted cuántas vidas he salvado yo por actuar de la forma inmediata que he actuado muchas veces… y después he dado la información a la autoridad judicial? Confíe usted en la Policía, por favor, de verdad se lo digo, confíe en la Policía", contestó García Castaño. El micro del portavoz morado se quedó abierto y se le oyó susurrar: "Tela".
"El 11M lo resolví yo rastreando un teléfono sin orden judicial"
Cuando más adelante le insistió el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, por el mismo asunto, el policía le ofreció un ejemplo y le retó a un juicio moral. "Imagínese que te llaman y te dicen que en el aeropuerto de Barajas acaba de llegar Fulanito, que está relacionado con Al Qaeda, que no tiene orden de busca y captura y que tiene un ordenador y un teléfono? ¿Qué hacen todos los servicios de Información del mundo, teniendo esa oportunidad que no se va a tener nunca, que no tiene orden de detención? ¿Qué haría usted señor Rufián? Esa oportunidad no la puedo perder: hay que sacar los datos porque se puede salvar mañana la vida de mucha gente, o si viene a organizar un atentado aquí. Si usted me dice que eso no es legal…"
Y del ejemplo teórico al práctico: "¿Sabe cómo descubrí a los terroristas del 11M? Pidiendo un rastreo de teléfono sin control judicial". García Castaño se refiere al método en el que la UCAO llegó al piso de Leganés donde el comando de los trenes se escondía y preparaba nuevos atentados. "El 11M lo resolví yo y evité un montón de muertes que iba a haber diez días después", añadió. El portavoz de Vox, José María Martín Figueredo, intentó sacar la teoría de la conspiración en los trenes destruidos. "Eso es un cuento chino. ¿Qué vamos a volver al Titadine y a la Goma 2?", zanjó García Castaño.
El Faisán: "Los policías somos kleenex para ustedes; nos usan y nos tiran"
El Partido Popular decidió adular a García Castaño, como ha hecho con todos los uniformados que han declarado hasta ahora, a excepción del responsable de los casos Gürtel y caja B. Pero la situación tornó en incómoda cuando el portavoz Luis Santamaría recurrió a su costumbre de traer a la comisión de Kitchen una selección de casos que salpican al PSOE, con el consentimiento de la socialista Isaura Leal, la presidenta de la comisión de Kitchen,que actúa de igual modo cuando el resto de grupos se enredan con cuestiones ajenas, caso de la Operación Cataluña.
A Santamaría se le ocurrió sacar el caso Faisán, el chivatazo a una red de extorsión de ETA durante el proceso de paz de 2006 que acabó con dos policías condenados por el Tribunal Supremo. La respuesta de García Castaño fue un compendio del lamento de aquellos que se consideran "servidores del Estado" y que son "cloaca" para sus detractores.
Comisario García Castaño: "Lo que está pasando ahora es una guerra política. Nosotros, como policías, no la entendemos porque nos convertimos en kleenex: nos usan y nos tiran. Ustedes, con el bar Faisán, se lanzaron al cuello del Partido Socialista. Yo fui el que puso el micrófono en el coche del bar Faisán, yo fui el que puse la cámara, yo descubrí todo el entramado del bar Faisán, y había que aclarar todo aquello. Sin embargo, la lucha política convirtió el bar Faisán en una comedia que costó su carrera a dos policías que habían dedicado su vida a luchar contra ETA. Ahora está sucediendo lo contrario, señor del PP, ahora son los del PSOE los que están machacando con este tema (Kitchen). Por medio hay policías. Es muy fácil cogerles y decir: fuera".
Portavoz del PP: "Le entiendo perfectamente".
García Castaño: "Ojalá lo entienda".
"El Gobierno de Aznar me encargó la logística de la negociación con ETA y que no informara a Mayor Oreja. Pregúntele a Otegi"
Antes, el portavoz socialista había preguntado a García Castaño cómo es posible que el director adjunto operativo Eugenio Pino le encargara participar en el espionaje a Bárcenas saltándose la cadena de mando, sin contar con el resto de jefes de García Castaño. Esto, a los policías como García Castaño, les ocurría con frecuencia.
"Le voy a dar un detalle, cuando el Gobierno del señor Aznar, se me encargó la logística de la negociación con ETA –ahí está el señor Otegi que me conoce perfectamente y que se lo puede preguntar-. Orden directa de que ni mi superior ni el ministro del Interior Mayor Oreja supieran nada. Le puedo dar más casos si quiere".
Del líder de la izquierda abertzale habló de nuevo el comisario cuando le preguntó el portavoz de EH Bildu, Jon Iñarritu. La pregunta y la respuesta terminaron de cincelar las revelaciones de García Castaño.
Iñarritu: "Era habitual saltarse la legalidad cuando la seguridad del Estado estaba en peligro. ¿A usted le ha ocurrido en más ocasiones?".
Comisario: "Sí, pregúntele al señor Otegi, Iruin, Pernando Barrena… cuando montamos toda la negociación…"
Iñarritu: "No le dé disgustos al PP que ellos dicen que nunca han negociado con ETA".
Comisario: "Cómo que no han negociado con ETA. No hay ningún problema. Se ha conseguido la paz".
Iñarritu: "¿Usted ayudó a que el PP hablara con la izquierda abertzale?".
Comisario: "Sí".
Antes de acabar de responder a Iñarritu, García Castaño, sonriente, le dijo: "Recuérdele al señor Otegi que la última vez que le vi fue en Canillas (servicios centrales) y quedó conmigo en invitarme cuando esto acabara". Se refería a la última detención del líder de la izquierda abertzale, en 2009, por el caso Bateragune, uno de los detonantes del proceso de paz que derivó en el fin de ETA.
Los colaboradores: el suegro de Pedro Sánchez
La exhibición de las costuras del trabajo de García Castaño dejaron algún momento más de incomodidad en la sala. El portavoz del PP preguntó al policía por un supuesto encuentro entre él y Villarejo con el hoy presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en una sauna propiedad del suegro del político, Sabiniano Gómez, en el centro de Madrid.
"Mire, señor diputado, le tengo mucho respeto porque sé que es usted muy buena persona: no entre en ese juego sucio, es todo mentira. Ese señor es amigo mío hace treinta años (Sabiniano), cuando el señor Villarejo no existía. Ese señor lo que ha hecho es ayudar a la Policía Municipal, a la Guardia Civil, a cualquiera que pasara por allí. El tenía unos negocios y si había algún delincuente, que llevara cocaína, ese señor lo que hacía era ayudar. Espionaje ninguno (…) Nunca se ha detenido a nadie de la izquierda abertzale por esas saunas. Todo lo contrario. Y no puedo hablar".
UN COMISARIO DE KITCHEN DECLARA EN EL CONGRESO QUE RAJOY, COSPEDAL Y FERNÁNDEZ DÍAZ CONOCÍAN LA OPERACIÓN
Enrique García Castaño asegura que Villarejo se incorporó al operativo de espionaje a Bárcenas por decisión del ministro Fernández Díaz y de su secretario de Estado, Francisco Martínez. Recorre sus cuarenta años en unidades especiales: "Recurrían a nosotros porque hacemos cosas que no debemos"
El comisario Enrique García Castaño ha dicho en el Congreso que su compañero José Manuel Villarejo entró a participar en la operación de espionaje a Bárcenas por orden del ministro del Interior Jorge Fernández Díaz y su segundo, Francisco Martínez. "Por supuesto que el secretario de Estado y el ministro conocían la operación", ha dicho el comisario, antiguo jefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO).
Según ha avanzado su comparecencia ante la comisión de Kitchen, García Castaño ha ampliado la nómina de políticos que conocían el operativo hasta llegar al presidente del Gobierno Mariano Rajoy. Tanto él como el comisario Villarejo mantenían informado al director adjunto operativo Eugenio Pino y que éste, por "disciplina", debió informar al director de la Policía Ignacio Cosidó, que no está imputado.
Fuera de Interior, el comisario Andrés Gómez Gordo, que trabajaba al principio de la operación en excedencia para María Dolores de Cospedal en Castilla-La Mancha, también informaba a la secretaria general del PP, según ha dicho García Castaño. Rajoy, ha añadido, era puesto al corriente por Villarejo a través de terceras personas, mencionando al presidente de 'La Razón' y consejero de Atresmedia, Mauricio Casals. "Yo no lo puedo demostrar. Es una suposición de comentarios", ha dicho sobre el contacto por terceros de Villarejo con Rajoy, si bien ha añadido que esos comentarios no solo se los escuchó a Villarejo sino también "a otras personas". "Villarejo siempre ha actuado con cobertura política", ha afirmado.
García Castaño ha hablado ante la comisión de investigación de Kitchen de una "Operación Bárcenas" porque, según él, nunca hubo una operación Kitchen, simplemente una orden del director adjunto operativo, Eugenio Pino, para recuperar el dinero escondido por el tesorero. Sobre esto ha dicho que informaba semanalmente al entonces jefe de la UDEF, el comisario hoy jubilado Manuel Vázquez; al DAO Pino y en ocasiones al secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez. Estos dos últimos están imputados en la pieza 7 del caso Villarejo, no así el comisario Vázquez. Fernández Díaz también permanece como investigado.
"Así se trabaja en la Policía"
El comisario Enrique García Castaño ha participado durante cuarenta años en las operaciones más delicadas de la Policía. Esta tarde, en la sede de la soberanía popular, ha confesado que en ocasiones no respetó la legalidad y que siempre lo hizo para "salvar vidas". Así, ha explicado cómo llegó a los terroristas del 11-M en Leganés con "rastreo de móvil" sin orden judicial y que con eso evitó que volaran un centro comercial.
También ha confirmado sus declaraciones en sede judicial sobre el volcado de tres teléfonos móviles de Luis Bárcenas que le facilitó su chófer y que actuó sin orden judicial porque “una oportunidad como esa no se puede perder: así se trabaja en la Policía”.
El portavoz socialista, Felipe Sicilia, le ha preguntado con qué orden judicial actuó y García Castaño, hoy jubilado, ha contestado: “Se llama oportunidad. Si una persona te dice que tiene unos dispositivos electrónicos y que al día siguiente te los puede dejar media hora… esa inmediatez esa oportunidad no se puede perder, es como se trabaja en la Policía”.
Ante la incredulidad del portavoz socialista, García Castaño, hoy jubilado, ha matizado que eran terminales sin batería, en desuso, y que su obligación era comprobar qué había en ellos. Según ha declarado ante el juez del caos Kitchen, sus subordinados copiaron en una cafetería el contenido de esos terminales en unos pocos minutos y se los devolvieron al chófer que tenían infiltrado en la familia.
García Castaño también ha confesado, como hizo en el juzgado, que entró sin autorización judicial, "engañando a una señora de la limpieza", en un estudio de Rosalía Iglesias y que allí, en contra de lo que dicen otros implicados en grabaciones, no había nada. En este sentido ha negado la existencia de un pendrive con grabaciones de Bárcenas a Rajoy y Arenas.
Cuando los portavoces de los grupos le han preguntado por las actuaciones de su trayectoria sin control judicial, el veterano comisario ha reiterado que lo hizo para salvar vidas, en operaciones antiterroristas, y que cualquier servicio de Información hace lo propio. Cuando ha sido Rafael Mayoral, de Podemos, quien ha mostrado su perplejidad ante tales confesiones, el comisario jubilado le ha dicho: "¿Sabe cuántas vidas he salvado por actuar de esa forma inmediata? Confié en la Policía, señor Mayoral".
García Castaño ha explicado que su unidad, la UCAO, era a la que recurrían otras estructuras policiales cuando se atascaban sus investigaciones. "Recurrían a nosotros porque somos buena gente, trabajamos bien o hacemos cosas que no debemos", ha dicho para incredulidad de los diputados, que reiteradamente le han agradecido que fuera tan explícito en sus declaraciones.
El comisario también ha admitido que fue a poner los micrófonos en la reunión entre Fernández Díaz y director de Antifrau Daniel de Alfonso en la que ambos confiesan los métodos de la Operación Catalunya. García Castaño dice que le llamó el director adjunto operativo para evitar que el ministro fuera grabado por su invitado sin tener otro audio con el que poder defenderse. Ha descrito que acudió con uno de sus técnicos, colocaron el micro, se fueron "a tomar una caña" y regresaron cuando les avisaron de Interior de que la reunión había acabado para retirar el sistema de grabación y volcar en un dispositivo el audio que le entregaron al comisario Pino.
UN EXJEFE POLICIAL QUE ESPIÓ A LUIS BÁRCENAS IMPLICA EN EL CONGRESO A LA CÚPULA DEL PP
El comisario García Castaño asegura que Fernández Díaz y su ‘número dos’ en Interior participaron en la Operación Kitchen y muestra su convencimiento de que Rajoy y Cospedal la conocían
El comisario jubilado Enrique García Castaño, que participó a partir de 2013 en el espionaje al extesorero del PP Luis Bárcenas, ha comparecido este jueves en la comisión de investigación de la Operación Kitchen del Congreso. El alto mando policial ha confirmado a preguntas de los diputados, como ya hizo ante el juez, que recibió instrucciones del entonces secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, y que facilitó a este un pendrive con la información que contenían los teléfonos de Bárcenas y su esposa, Rosalía Iglesias.
García Castaño también ha asegurado que, “por supuesto”, el propio ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, estaba al tanto del espionaje a Bárcenas. E, incluso, que fueron este y Francisco Martínez quienes supuestamente ordenaron que en el operativo participara el comisario José Manuel Villarejo. Sobre el entonces director general de la Policía, Ignacio Cosidó, no ha sido tan rotundo, aunque ha dicho que suponía que recibía información del comisario Eugenio Pino, máximo responsable operativo de la Policía.
El agente, que colabora con la justicia, también mostró su convencimiento de que tanto el entonces presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, como la que fuera secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, estaban informados de la Operación Kitchen. El primero, por el propio Villarejo, del que García Castaño ha asegurado que “siempre ha tenido acceso a niveles políticos muy altos”. La exministra de Defensa, por otro de los agentes imputados, el comisario Andrés Gómez Gordo, que fue su asesor cuando fue presidenta de la Castilla-La Mancha.
García Castaño, que recordó su bagaje de varias décadas en la lucha antiterrorista, había iniciado su comparecencia advirtiendo de las limitaciones que tenía para declarar a la vez que recalcaba que los datos que había aportado al juez habían sido “muy relevantes” e, incluso, “absolutamente determinantes” para el avance de las pesquisas. Sus declaraciones han propiciado, de hecho, la imputación tanto del ministro Fernández Díaz como del que era su mano derecha, Francisco Martínez, ya que reveló tanto la existencia de los mensajes telefónicos que implican a ambos en el caso Kitchen como la intervención directa del segundo en la puesta en marcha del operativo. “Hoy no puedo violar la ley de secretos oficiales porque puede tener consecuencias [legales] graves para mi persona”, ha dicho para explicar su inicial reticencia a responder las preguntas que le plantearan.
Sin embargo, el comisario García Castaño ha terminado aportando a los diputados de la comisión abundante información tanto sobre el espionaje a Bárcenas —gran parte ya recogida en sus declaraciones en la Audiencia Nacional— como de otras operaciones policiales realizadas al margen del control judicial. Entre ellas, la que permitió localizar en un piso de Leganés (Madrid) a la célula yihadista que cometió los atentados del 11-M o los preparativos para los encuentros entre los enviados del Gobierno de José María Aznar y dirigentes de Batasuna en 1998 durante la tregua de ETA. También ha afirmado que vio el informe Pisa (acrónimo de Pablo Iglesias SA, sobre supuestas irregularidades en la financiación de Podemos nunca demostradas), que calificó de “chapuza” y cuyo autoría ha atribuido al también comisario Gómez Gordo.
Sobre el espionaje a Bárcenas, el alto mando policial ha detallado que fue el comisario Eugenio Pino quien le llamó para encargarle una investigación sobre el extesorero del PP: “Me dice que se buscan los testaferros del señor Bárcenas y dónde tiene el dinero escondido”. A partir de ese momento, el comisario informaba de sus avances tanto a este mando policial como al secretario de Estado, con el que se reunía de manera habitual, según ha explicado. Entre las actividades que desarrolló en el operativo, García Castaño ha admitido, como ya hizo en la Audiencia Nacional, que entró sin orden judicial en un local que Rosalía Iglesias, esposa de Bárcenas, tenía cerca de su domicilio para buscar documentación bancaria del extesorero, pero que no encontró “nada”. También que realizó el volcado del contenido de tres viejos teléfonos del matrimonio que les facilitó el chófer de la familia, Sergio Ríos, que se había convertido en el confidente de la trama policial. El comisario ha añadido que grabó el contenido de estos dispositivos en un pendrive que posteriormente entregó en mano al entonces número dos de Interior en su despacho.
García Castaño también se ha mostrado convencido de que, antes de la Operación Kitchen, Bárcenas ya había sido espiado “¿Quién fue? Eso quisiera yo saber”, ha dicho antes de asegurar que mientras los agentes a sus órdenes seguían a la esposa del extesorero, vieron a personas montadas en motocicletas con matrículas falsas que llevaban cámaras de vídeo en los casos como confirmación de sus sospechas. “¿Usted cree que el PP espió, a nivel particular, al señor Bárcenas?”, le ha preguntado a continuación el diputado de ERC Gabriel Rufián. “Yo creo que sí”. Al término de su comparecencia, García Castaño ha mostrado su preocupación por las consecuencias legales que podían tener para él sus declaraciones en el Congreso: “A ver qué me dice el juez”.
Nuevos detalles de la operación Cataluña
Las explicaciones del comisario García Castaño, este jueves, en la comisión del Congreso no se han limitado al 'caso Kitchen'. El mando policial ha aportado datos sobre otros operativos, entre ellos la llamada Operación Cataluña contra el independentismo catalán. El comisario ha asegurado que había intentado declarar sobre ella en tres ocasiones en la Audiencia Nacional, pero que ni el juez García-Castellón ni la Fiscalía Anticorrupción se lo habían permitido.
Ante la comisión parlamentaria, García Castaño ha implicado en aquel operativo al exministro Fernández Díaz y a su antiguo 'número dos', a los que sitúa al frente de la reunión celebrada en la sede Interior, en 2013, para gestarla. El comisario ha asegurado que el objetivo era combatir la corrupción en Cataluña, así como asegurar “la seguridad de las instituciones y de los cargos políticos”.
El comisario también ha afirmado que colocó, por orden de sus superiores, el dispositivo en el despacho de Fernández Díez que grabó el encuentro de este con el entonces jefe de la Oficina Antifraude de Cataluña, Daniel de Alfonso. La salida a la luz de esta grabación destapó maniobras contra políticos independentistas.
EL POLICÍA ARREPENTIDO DEL ‘CASO KITCHEN’ DEBERÁ GUARDAR EL SECRETO EN EL CONGRESO
La comisión rechaza pedir al Gobierno que exima al comisario García Castaño del deber de reserva para hablar del espionaje a Bárcenas
La comisión de investigación de la llamada Operación Kitchen en el Congreso ha rechazado la petición del comisario de la Policía Nacional Enrique García Castaño de solicitar al Gobierno que le dispense, para su comparecencia de este jueves, del deber de guardar secreto sobre el operativo parapolicial iniciado en 2013 para arrebatarle al extesorero Luis Bárcenas documentación comprometedora para el PP, según documentación parlamentaria a la que ha tenido acceso EL PAÍS. El arrepentido García Castaño, conocido con el alias de El Gordo y exjefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO) que hizo los seguimientos ilegales, remitió en febrero un escrito al Congreso en el que pedía que se solicitase esta autorización al Ejecutivo con el fin de “desplegar una amplia colaboración” ante los diputados, como está haciendo ante el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón en la investigación judicial del espionaje a Bárcenas.
El alto mando policial también solicitaba en ese escrito que se hiciera una petición similar a la comisión parlamentaria de secretos oficiales, para que poder contestar a las preguntas sobre la utilización de fondos reservados para financiar la operación. García Castaño, actualmente jubilado, ha declarado en cinco ocasiones como investigado en la Audiencia Nacional y su testimonio ha sido clave para imputar al ex número dos de Interior Francisco Martínez y el ministro Jorge Fernández Díaz. Además de en el caso Kitchen, García Castaño está imputado en, al menos, otras cuatro piezas de la macrocausa del caso Villarejo.
En su respuesta, el Congreso asegura que la comisión de investigación “tiene competencia para recibir información relativa a secretos oficiales y gastos reservados” y, por tanto, descarta pedir a la comisión de secretos oficiales esa dispensa. Sobre la solicitud de autorización al Gobierno, la Cámara baja señala que tampoco “procede ninguna actuación más en relación con los deberes de secreto que, en su caso, pudieran afectar al compareciente”. Fuentes de la mesa de la comisión recalcan que la respuesta, fechada el 6 de abril, se tomó tras consultar a los letrados del Congreso.
En su escrito, García Castaño recordaba que su colaboración en la investigación judicial ha sido posible porque el ejecutivo le autorizó, en noviembre de 2018, a declarar sobre estos asuntos “sin consecuencias penales por vulneración del secreto oficial”. No obstante, el comisario recalcaba que aquella autorización era exclusivamente para declarar en la Audiencia Nacional, “y no ante la comisión de investigación parlamentaria”. El comisario aseguraba que, en caso de tener dicha dispensa, podrá responder a todas las preguntas que le planteen los diputados, incluidas aquellas que “excedan el conocido como Operativo Kitchen” y apunta la posibilidad de aportar información sobre otros operativos policiales desarrollados “en diferentes partes del territorio nacional (Cataluña, País Vasco) y el extranjero”, en clara alusión a la llamada Operación Cataluña, las supuestas maniobras contra dirigentes independentistas catalanes.
García Castaño será el tercer imputado en la causa por el espionaje a Bárcenas que comparezca en el Congreso, después de que la semana pasada lo hicieran los inspectores jefes José Ángel Fuentes Gago y Bonifacio Díez Sevillano. Estos dos mandos policiales se desmarcaron en el Congreso de la operación Kitchen y negaron conocer su existencia. Cuando fueron citados como investigados por el juez García-Castellón ambos policías se negaron a declarar.
Por el contrario, el testimonio de García Castaño en las pesquisas de la Audiencia Nacional se ha revelado clave para el avance de estas. El comisario aportó al magistrado numerosos detalles del operativo, entre ellos su participación en la entrada ilegal en dos locales usados por Rosalía Iglesias, esposa de Bárcenas, en busca de documentación y cómo adquirió un ordenador con fondos reservados para volcar en él la información que habían obtenido de manera irregular de los teléfonos del extesorero y su mujer. García Castaño afirmó que ese equipo era para el entonces secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez, al que señaló ante el juez como la persona que le encargó participar en la operación Kitchen.
LA CÚPULA DE INFORMACIÓN DEL PP DA EXPLICACIONES DIFERENTES SOBRE LAS OPERACIONES 'KITCHEN' Y 'CATALUÑA'
El ex comisario general de Información, Enrique Barón, y su subalterno Enrique García Castaño, exjefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO), muestran en el Congreso dos maneras diferentes de entender la labor policial: al primero le dejaron fuera de las operaciones 'Kitchen' y 'Cataluña', y le ocultaron información y el uso de sus recursos; el segundo ha reconocido que fue él quien puso el dispositivo que grabó al exministro Jorge Fernández Díaz en su despacho.
Enrique García Castaño entró en 1975 en la Policía Armada (como se llamaba en el franquismo lo que ahora es el Cuerpo Nacional de Policía). Su primer destino fue la lucha antiterrorista dentro del grupo de Información creado por Roberto Conesa, famoso por sus torturas, en el que también se encontraba el comisario José Manuel Villarejo. Después fue reclamado para el "Grupo Antigolpe del 23F", que recayó en los policías que mejor relación tenían con Fuerza Nueva, y ahí se ganó el alias de Blasillo: "Por mi cercanía con Blas Piñar [el líder del partido de extrema derecha Fuerza Nueva]; claro, que infiltrarse era muy fácil", comenta a quien le pregunte por el sobrenombre. En la Comisaría General de Información se quedó 40 años, viendo cómo cambiaban la denominación de su puesto, hasta que en 1998 el PP le otorgó mando de grupos operativos como jefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO).
Enrique Barón ingresó en la Policía Nacional 1980. Su primer destino fue en Vitoria. Después de un periplo por España le mandaron a los Juegos Olímpicos de Barcelona 1992, y tres años después entró en la Brigada de Información. Fue jefe superior de Policía del País Vasco y también de Madrid, cuando el conocido como el asesino de la baraja fue dejando cadáveres por la capital. Tenía a Alfredo Pérez Rubalcaba de ministro del Interior hasta que recibió una oferta de la presidenta de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre (cuando se hacía notar el hedor de los charcos llenos de ranas que la enfrentaron a la cúpula del PP). Luego, tras la victoria de Mariano Rajoy en 2011, le nombraron comisario General de Información.
García Castaño, Big, El Gordo o Blasillo (tantos eran sus apelativos que utilizaban "los troncos" de la policía para llamarlo) era el hombre de confianza del exsecretario de Estado de Interior, Francisco Martínez; del ex Director Adjunto Operativo (DAO), Eugenio Pino, y de los comisarios Carlos Salamanca, José Luis Olivera y José Manuel Villarejo. Todos ellos (menos el exjefe de la DAO Olivera) están imputados en alguna de las 31 piezas de la causa Tándem, y en concreto en la pieza Kitchen, que investiga el robo de documentación al extesorero del Partido Popular Luis Bárcenas. "Si el señor Rubalcaba viviera, yo no estaría aquí sentado. El mejor ministro del Interior que ha habido", ha sentenciado este jueves a preguntas del diputado del PP Luis Santamaría, en la comisión de investigación del Congreso de los Diputados.
Mientras, Barón, al que insultaban sin pudor esta "camarilla de Interior" (como les ha denominado en la comisión de investigación el diputado socialista y también policía Alberto Sicilia) es testigo del procedimiento. Y, también, posiblemente víctima, si el Ministerio del Interior de Fernando Grande-Marlaska investigara una anotación sobre la instalación de un posible micrófono en su despacho.
Sobre ello le ha preguntado el diputado de Bildu Jon Iñarritu, a lo que el exjefe de la lucha antiterrorista no ha dudado en contestar: "Eso ha aparecido en la agenda de Villarejo, pero desconozco que se haya abierto una investigación; no sé si habrán llamado a uno por decirlo, a otro por oírlo y a otro por escribirlo, pero eso es delictivo".
La 'Operación Cataluña', las mentiras y los micrófonos
Porque la sesión de la comisión de investigación de este jueves ha ido de micrófonos: en el despacho del comisario General de Información, y también en el del exministro del Interior Jorge Fernández Díaz.
Éste acusó a Público de mil atrocidades después de que este medio desvelara las grabaciones de su reunión con el responsable de la oficina antifraude de Catalunya, Daniel de Alfonso Laso, en las que quedaba en evidencia que buscaban pruebas para incriminar a ERC y CDC en casos de corrupción. Y gastó fondos públicos en simular un registro del Ministerio del Interior.
Luego, su sucesor, el juez Juan Ignacio Zoido, envió a la comisión de investigación que se celebró en 2017 sobre la denominada Operación Cataluña (las maniobras para tratar de incriminar por casos de corrupción a líderes independentistas) documentación falsa en la que simulaban una investigación que nunca existió y en la que se cargaba sobre Público la imposibilidad de analizar la grabación y solo poder servirse de los cortes publicados, cuando este medio había hecho entrega de los audios a la Fiscalía General del Estado.
Pero como la mentira no puede durar toda la vida, ha sido por las preguntas del diputado de ERC, Gabriel Rufián, cuando se ha cantado 'el gordo'. El diputado catalán ha aludido a que en una de las declaraciones de García Castaño en la Audiencia Nacional (desvelada por Público en la serie previa a esta comisión), el policía aseguró a los fiscales tener la Operación Cataluña entera guardada en su casa. No se ha retractado: "Cuando los fiscales me preguntan, les dije que si no la vieron. Soy yo quien en sede judicial he hablado de la Operación Cataluña, tres veces veces y no me dejaron hablar. La Operación Cataluña que se monta... Sobre algunos políticos vinculados a la corrupción: Félix Millet, los Pujol...".
Rufián ha seguido indagando: "Le han acusado de ser quien graba al ministro del Interior" (en referencia a las grabaciones con De Alfonso ya mencionadas). Y, como en un suspiro, intuyéndose tras su mascarilla la sonrisa traviesa de quien sabe que va a tener un minuto de gloria, García Castaño ha confirmado: "El DAO dice que va a venir un señor y que, por seguridad del ministro, hay que grabarlo; y yo con un técnico le pusimos una minigrabadora debajo de la mesa del despacho".
Queda la duda de qué pensaría sobre esto "el mejor ministro del Interior" que ha tenido España, según su criterio, porque Alfredo Pérez Rubalcaba dejó claro cuando Público desveló la información y Fernández Díaz culpó a este medio como si hubieran sido sus redactores quienes hubieran puesto el micrófono, que "a mí no me grababan nada".
García Castaño ha intentado arreglarlo, asegurando que lo hacían para "proteger al ministro; de hecho le cambiamos el router de la casa porque no ponía mucha seguridad". Sin embargo, en su intervención posterior, Enrique Barón ha vuelto a echarle la excusa abajo. "Yo no he conocido que se pongan micrófonos en despachos de los ministros para protegerlos", ha respondido tajante el excomisario General de Información. "La primera vez que he escuchado lo del micrófono al ministro es esta tarde", ha añadido. Luego, Barón ha reconocido que había "oído" que una de las posibilidades de que le excluyeran de estar detrás de tales grabaciones era porque le situaban en otra facción del PP.
También ha dicho García Castaño que hubo una reunión con dos representantes políticos y todas las personas que formaban parte de esa Operación Cataluña "para proteger a los constitucionalistas", pero en la que se investigó a "Félix Millet o los Pujol".
EL COMISARIO GARCÍA CASTAÑO RECONOCE QUE ÉL COLOCÓ LA GRABADORA EN EL DESPACHO DEL MINISTRO FERNÁNDEZ DÍAZ EN LA 'OPERACIÓN CATALUÑA'
El exjefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO) declara en la comisión del Congreso por el caso 'Kitchen' que él, junto con un técnico, colocó una minigrabadora bajo la mesa del despacho del ministro del Interior, en 2014, para su reunión con el director de la Oficina Antifrau de Cataluña, con el objeto de incriminar a los líderes soberanistas.
Enrique García Castaño, exjefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo de la Comisaría General de Información (UCAO), ha admitido este jueves en la comisión sobre la operación 'Kitchen' --el operativo parapolicial iniciado en 2013 para robarle al extesorero Luis Bárcenas documentación comprometedora para el PP-- que él fue quién realizó la grabación entre el exministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, y Daniel de Alfonso, jefe de la Oficina Antifrau de Catalunya, que destapó la conocida como 'Operación Cataluña'.
Hasta ahora se creía que la conversación en la que se descubrió que el ministro del Interior intentaba buscar algo incriminatorio contra el hermano de Oriol Junqueras, de cara a las elecciones del 9N en 2014, fue obra de Daniel de Alfonso, pero este jueves el comisario jubilado García Castaño, apodado el Gordo, ha admitido haber sido él el responsable del operativo. "El DAO [Eugenio Pino] dijo que iba a venir un señor y que por seguridad del ministro había que grabarlo. Y yo, con un técnico, le pusimos una minigrabadora debajo de la mesa del despacho", ha admitido García Castaño.
Público tuvo acceso a los archivos de audio de esas entrevistas, en las que Fernández Díaz y De Alfonso discuten cómo conseguir datos para desprestigiar o incluso acusar de prevaricación a dirigentes de los dos grandes partidos soberanistas catalanes.
"El presidente lo sabe", le dijo el ministro del Interior a Daniel de Alfonso en aquella reunión. Con esa frase confirmaba el 16 de octubre de 2014, a pocas semanas de la consulta sobre el referéndum del 9N convocado por la Generalitat, que Mariano Rajoy estaba al tanto del plan tramado hacía dos semanas para desprestigiar a los líderes de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) y Convergencia Democrática de Catalunya (CDC), según consta en las grabaciones de las reuniones mantenidas en el despacho del ministro el 2 y el 16 de octubre de 2014, a las que tuvo acceso en exclusiva Público.
Pese a haber advertido al comienzo de su comparecencia que no podría intervenir por estar sujeto a la Ley de Secretos Oficiales, García Castaño ha hablado largo y tendido sobre la operación 'Kitchen' y sobre otras cuestiones relacionadas con Villarejo y las llamadas 'cloacas del Interior'. Este comisario está imputado en, al menos, cuatro piezas de la macrocausa del caso Villarejo. El comisario jubilado Villarejo y García Castaño trabajaron con el traficante de armas Al Kassar (condenado a 30 años en EEUU) para hacer negocios con Riad y Damasco gracias a sus influencias en el Ministerio del Interior español.
DOS MANDOS DE LA ‘POLICÍA PATRIÓTICA’ DEL PP SE DESMARCAN EN EL CONGRESO DEL ESPIONAJE A BÁRCENAS
Los inspectores jefe Fuentes Gago y Díez Sevillano, imputados en el ‘caso Kitchen’, recibieron recompensas económicas del equipo del ministro Fernández Díaz
Los inspectores jefe de la Policía Nacional José Ángel Fuentes Gago y Bonifacio Díaz Sevillano, presuntos integrantes de la llamada brigada patriótica, negaron de manera reiterada este jueves, durante sus comparecencias en la comisión parlamentaria que investigaba la Operación Kitchen de espionaje a Luis Bárcenas, haber participado o tenido conocimiento del operativo policial que tuvo como objetivo sustraer la documentación comprometedora que pudiera atesorar en 2013 y 2014 el extesorero del PP para que no llegara a la justicia.
Ambos mandos están imputados por el juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón, acusados de un delito de malversación por el supuesto desvío de fondos reservados a esta operación policial. Los dos fueron recompensados en 2014 por Interior con una medalla policial que conlleva una gratificación económica vitalicia y, un año más tarde, fueron destinados a puestos en embajadas con altas retribuciones.
Era la segunda vez que Fuentes Gago comparecía en una comisión de investigación parlamentaria tras hacerlo, en 2017, en la que terminó certificando la existencia de la policía patriótica, el grupo de agentes que, en la etapa de Jorge Fernández Díaz como ministro del Interior, actuó contra rivales políticos del PP. Entonces, el inspector jefe se presentó como “un soldado” que cumplía las órdenes que le daba su superior, el comisario Eugenio Pino, señalado como el muñidor de este grupo desde su puesto como director adjunto operativo (DAO) de la Policía. Este jueves, Fuentes Gago ha descrito sus funciones a la sombra del comisario Pino de una manera similar, al asegurar que se trataba de un simple “analista” que se dedicaba al “diseño de planes estratégicos” y la elaboración de “informes de asesoramiento en materias administrativas”. En el desempeño de esas funciones, ha recalcado que nunca escuchó hablar de la Operación Kitchen, ni de seguimientos a Bárcenas o de la existencia del chófer de este, Sergio Ríos, que fue confidente de la trama a cambio de recibir con carácter mensual 2.000 euros de los fondos reservados.
Sí ha admitido, sin embargo, su participación en otras operaciones policiales puestas en marcha desde la Dirección Adjunta Operativa, aunque ha rehusado a dar detalles sobre ellas, con el argumento de que eran “reservadas” y desconocía la situación judicial de las mismas. Entre esas actuaciones se encuentra el viaje a Nueva York, en 2016, para convencer al exministro venezolano Rafael Isea de que declarase contra Podemos. “Yo he hablado con el ministro del Interior español [Jorge Fernández Díaz] y el ministro del Interior español habló con el presidente español [Mariano Rajoy]”, se le escuchaba al policía en una grabación que se difundió en 2019. Fuentes Gago fue también la persona que puso en contacto al ministro Fernández Díaz con el jefe de la Oficina Antifraude de Cataluña, Daniel de Alfonso. Las grabaciones de estos encuentros destaparon maniobras para investigar a políticos independentistas catalanes.
En 2014, cuando aún estaba destinado en la DAO, Fuentes Gago recibió la medalla al mérito policial con distintivo rojo, una condecoración destinada a reconocer a aquellos agentes que han puesto en riesgo su vida y que conlleva un incremento vitalicio del 10% del sueldo base y trienios. El inspector jefe ha asegurado que nunca ha sabido por qué se la dieron, aunque ha aventurado que fue por su participación en la organización del dispositivo de seguridad de la coronación de Felipe VI. Un año después fue destinado como agregado de Interior a la embajada de España en La Haya, con una alta retribución. Fue destituido de este puesto en septiembre de 2018 por el ministro Fernando Grande-Marlaska.
“Chico para todo”
Antes había comparecido el inspector jefe Bonifacio Díez Sevillano, que también formó parte del equipo de confianza del comisario Pino cuando este era número dos de la Policía. Díaz Sevillano se sentó en el banquillo de los acusados junto al comisario Pino por el caso del pendrive fantasma con pruebas ilícitas sobre las finanzas de la familia del expresidente de la Generalitat Jordi Pujol que se intentó incorporar al sumario en el que se investiga a este. Ambos resultaron absueltos. En su comparecencia de este jueves, Díez Sevillano, ya jubilado, ha seguido la misma línea que su compañero y ha asegurado que nunca supo de la existencia de la Operación Kitchen y ha recalcado que “jamás” le encargaron realizar ninguna gestión sobre Luis Bárcenas o su chófer, de cuya existencia, ha afirmado que se enteró por la prensa.
El inspector jefe se ha escudado en que su función en la Dirección Adjunta Operativa, donde estuvo destinado entre 2014 y 2016, fue la de “un chico para todo” que hacía lo que le indicaba su superior, el comisario Pino, desde asistir a actos protocolarios o cursos, a funciones administrativas. El mando policial, que se ha negado a responder si, como han asegurado otros responsables, manejó fondos reservados durante estos años, se ha mostrado convencido de que su imputación en el caso Kitchen ha sido por “proximidad” al comisario Pino.
Mientras ocupó este puesto, Díez Sevillano recibió también una medalla pensionada y, posteriormente, fue destinado a la embajada de España en México, uno de los puestos en el exterior más ambicionado por los agentes por su alta retribución económica. Díaz Sevillano, como Fuentes Gago, fue destituido por Grande-Marlaska.
UN INFORME POLICIAL DICE QUE LA KITCHEN FUE “UNA OPERACIÓN PARA ELUDIR EL CONTROL DEL JUEZ”
EL PAÍS publica otro informe policial que la Audiencia Nacional se niega a facilitar al Congreso de los Diputados
El inspector Manuel Morocho, principal investigador del caso Gürtel, denuncia la ilegalidad del espionaje a la familia Bárcenas pagado con fondos reservados.
Manuel Morocho, inspector jefe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía, lleva 13 años dedicado a investigar una trama de corrupción masiva que anidó en el PP. El trabajo de Morocho solo se interrumpió 18 meses cuando el PP llegó al poder y los nuevos jefes policiales le destinaron a tareas burocráticas. El policía ha sido durante este tiempo el principal instrumento investigador al servicio de los distintos jueces instructores –Baltasar Garzón, Pablo Ruz, José de la Mata y, ahora, Santiago Pedraz– que han pasado por el caso Gürtel y sus alrededores. El 17 de diciembre de 2019, Morocho entregó al juez José de la Mata un amplio informe donde analizaba las nuevas pruebas existentes sobre el espionaje policial a Luis Bárcenas, extesorero del PP y uno de los principales condenados del caso Gürtel.
Lo que sigue es un resumen de ese informe que la Audiencia Nacional ha rechazado entregar a los diputados que forman parte de la comisión de investigación del caso Kitchen.
1. La caja b del Partido Popular
El inspector Manuel Morocho considera que existen suficientes indicios del funcionamiento de una caja b con la que el PP se financió ilegalmente entre 1990 y 2008. Y que Luis Bárcenas fue durante ese tiempo quien controló esa contabilidad paralela que se alimentaba de donaciones ilegales para pagar distintos servicios del partido.
“Luis Bárcenas, prevaliéndose al efecto de sus cargos de Gerente y Tesorero de la formación política Partido Popular, procedió a la llevanza de una contabilidad paralela o caja b del referido partido político entre los años 1990 a 2008, nutrida de donativos o aportaciones ajenos a la contabilidad oficial destinada –indiciariamente– al pago de gastos generados en campañas electorales, pago de complementos de sueldo a determinadas personas vinculadas al Partido y al pago de distintos servicios y gastos en beneficio del partido político”.
2. La fortuna ilícita del extesorero
El informe policial detalla las maniobras de Luis Bárcenas para justificar la fortuna que atesoró durante su etapa como gerente y tesorero del PP.
“Por otra parte, a fin de ocultar el origen y propiedad de las rentas procedentes de la actividad descrita anteriormente y poder aflorarlas desvinculándolas de dicho origen, Bárcenas utilizó, en connivencia con su esposa, la imputada Rosalía Iglesias Villar, además de los procedimientos ya referenciados de supuesta facturación ficticia, un entramado financiero constituido en entidades bancarias suizas. Asimismo, procedió a aflorar fondos originados con su presunta ilícita actividad criminal dotándolos de una apariencia lícita al reflejarlos en las correspondientes declaraciones tributarias como ganancias patrimoniales derivadas de operaciones de compraventa de obras de arte; operativa que también utilizó la imputada Rosalía Iglesias al objeto de aflorar recursos propios”.
3. La ocultación de las cuentas suizas en una fundación panameña
El inspector Morocho detalla en su informe todos los movimientos que Bárcenas hizo en sus cuentas suizas para intentar ocultar ese patrimonio a la hacienda pública española.
“Respecto de las cuentas abiertas en Suiza, pueden observarse dos etapas en cuanto a su proceder; hasta mediados de 2005, Luis Bárcenas figuraba como titular de sus cuentas suizas; posteriormente en el segundo semestre de 2005, con motivo de la entrada en vigor del “Acuerdo entre la Comunidad Europea y la Confederación Suiza relativo al establecimiento de medidas equivalentes a las previstas en la Directiva 2003/48/CE del Consejo en materia de fiscalidad de los rendimientos del ahorro en forma de pago de intereses”, con la eventual finalidad de procurarse un ahorro fiscal ilícito eludiendo el abono en España de los impuestos sobre las rentas del ahorro, Luis Bárcenas procedió a modificar la titularidad formal de sus cuentas, de forma que, cuando continuaba siendo el beneficiario efectivo de las rentas depositadas en aquellas, sustituyó las mismas por otras abiertas a nombre de la fundación panameña Sinequanon.
Los delitos que se imputaban a Luis Bárcenas eran delitos contra la hacienda pública, blanqueo de capitales, falsedad documental, cohecho y estafa procesal en grado de tentativa, mientras que su mujer Rosalía Iglesias también estaba imputada por los mismos delitos (junto con el de apropiación indebida) como partícipe necesaria de los delitos tributarios cometidos por su marido. Ambos fueron condenados en el año 2018 por todos estos delitos excepto el de cohecho del que fueron absueltos (sentencia 20/2018 de 17 de mayo de 2018 de la Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional)”.
4. El espionaje ilegal pagado con fondos reservados
Durante al menos dos años, de julio de 2013 a septiembre de 2015, el chófer de la familia Bárcenas cobró de los fondos reservados del ministerio del Interior más de 50.000 euros. A cambio, facilitó a la cúpula del ministerio información sobre el extesorero del PP y su familia y facilitó determinada documentación que guardaba Bárcenas en dos teléfonos móviles. Esta operación se llevó en secreto sin dar cuenta de sus resultados al juez que investigaba a Bárcenas y que había ordenado su ingreso en prisión provisional unas semanas antes de que la policía comenzara el espionaje ilegal a la familia del extesorero.
“El primer mes del que se tiene constancia documental de los pagos con fondos reservados a Sergio Ríos Esgueva es el mes de julio de 2013, coincidiendo temporalmente con la fecha del primer informe diario de vigilancias efectuado por el Área Especial de Seguimientos de la UCAO, que tiene dos objetivos a controlar; él mismo y Rosalía Iglesias Villar. La situación indica que, a pesar de estar acreditado ya ese mes como beneficiario de fondos reservados de la policía, no se percibía una entera confianza en el trabajo que estuviera realizando, como se deduce de algunos extractos sacados de los informes diarios de vigilancias que se desarrollará con posterioridad.
En resumen, de acuerdo con la información que obra en la causa, han quedado acreditados 25 abonos entre los meses de julio de 2013 y septiembre de 2015, no constando pagos todos los meses (agosto de 2013 y mayo de 2015) y existiendo pagos múltiples algunos de ellos. La periodicidad ha sido mensual, acumulando un total de abonos en el periodo completo analizado de cincuenta y tres mil doscientos sesenta y seis con veintidós (53.266,22) euros. De esa cantidad 50.000 euros corresponden a sueldos y salarios (epígrafe colaboradores) y el resto a gastos de comida (2.574,53 euros), transporte (496,65 euros) y un epígrafe que aparece un mes denominado total gastos (195,04 euros). Las entregas del dinero en efectivo fueron efectuadas por parte de José Manuel Villarejo Pérez entre julio de 2013 y abril de 2015 y de Andrés Gómez Gordo en los meses de junio, julio y agosto y septiembre de 2015 con fondos reservados procedentes de la Dirección Adjunta Operativa de la Policía Nacional.
En resumen, el objetivo de la investigación sobre Luis Bárcenas y su entorno familiar denominada Kitchen desplegada por el Ministerio del Interior se centró en la localización de documentos en poder de este relacionados con el objeto del procedimiento judicial DP 275/’08 PS Informe UDEF-BLA 22.510 con el fin de apoderarse de los mismos y sustraerlos a la investigación judicial en curso.
La investigación criminal, en el sentido del ejercicio de las funciones de averiguación del delito y descubrimiento y aseguramiento del delincuente, corresponde a la policía judicial que depende funcionalmente por mandato constitucional de los Jueces, Tribunales y del Ministerio Fiscal –art. 126 CE– permitiendo que la actividad de la policía se realice con la “neutralidad del investigador” exigida tanto por el Tribunal Supremo (STS 1207/95) como por el Tribunal Constitucional (STC 36/95). De esta forma, las normas de desarrollo, tanto la LO 2/1986 de Cuerpos y Fuerzas de Seguridad como el RD 769/1987 sobre regulación de la Policía Judicial, recogen la exclusiva dependencia de la autoridad Judicial y del Ministerio Fiscal en la investigación y averiguación de los delitos. Con este esquema se pretende evitar la posible injerencia del Poder ejecutivo en una investigación judicial a través de los cuerpos de seguridad”.
5. Una operación “extramuros del procedimiento judicial”
El informe policial concluye que la operación de espionaje a la familia Bárcenas, orquestada desde el ministerio del Interior y pagada con fondos reservados, pretendió eludir el control del juez Pablo Ruz, que entonces investigaba al extesorero, y a espaldas de la unidad policial que trabajaba en esta causa por encargo del instructor.
“Por ello, esta actuación se sitúa extramuros del procedimiento judicial y pretende eludir el control del Juez de instrucción sobre la práctica de las diligencias dirigidas a la averiguación de los hechos que corresponde de manera exclusiva y excluyente al Juez de Instrucción derivando en una ausencia permanente y total de control mediante la omisión de la posición del Juez así como de la Unidad policial a la que por mandato judicial se comisionó en exclusiva para la práctica de diligencias y propuesta de actuaciones”.
EL INSPECTOR DEL 'CASO GÜRTEL' CONFIRMA QUE EL ESPIONAJE A BÁRCENAS EN 2013 FUE ILEGAL PORQUE NO PASÓ POR SUS MANOS
Manuel Morocho cita un "informe paralelo" sobre Bárcenas de 2015 entre las barreras que se pretendían poner a la investigación
Confirma que cualquier seguimiento o intervención telefónica al extesorero del PP y su entorno familiar no fue solicitado ante la Audiencia Nacional
El inspector principal del caso Gürtel, Manuel Morocho, ha detallado este jueves en la comisión de investigación por la operación Kitchen del Congreso de los Diputados las diferentes "barreras" a las que se ha enfrentando durante estos años, citando un traslado de destino dentro de la Policía, pasando de la UDEF a la Dirección Adjunta Operativa (DAO) bajo las órdenes de Eugenio Pino, y la aparición de un "informe paralelo" sobre Luis Bárcenas. También ha confirmado que cualquier seguimiento o intervención telefónica al extesorero del PP y su entorno familiar en las fechas en que se desplegó el operativo, a partir de 2013, tuvo que ser irregular, esto es, sin control judicial porque él, que era el investigador que estaba al frente en ese momento de las diligencias sobre los papeles de Bárcenas, no los solicitó a la Audiencia Nacional.
El diputado del PSOE David Serrada le ha preguntado si estando en la DAO tuvo alguna sospecha de investigaciones paralelas, mencionando la operación Kitchen. En un principio, Morocho ha dicho que no porque su función fue "decorativa", aunque acto seguido ha pedido perdón y ha relatado que "hubo un momento que tuvo la constatación material de la existencia de una investigación paralela sobre el entorno de Luis Bárcenas". Se trata de una cuestión de la que Morocho –que ha reconocido amenazas y presiones por su investigación, incluso actualmente– ya testificó en la Audiencia Nacional en 2019, cuando habló de esta investigación "secreta" sobre el extesorero que era "coincidente" con el caso Gürtel, pero incluida posteriormente en las bases de datos policiales usando información descontextualizada.
Este jueves en el Congreso ha abundado sobre ello para mencionar este informe en formato Word del que tuvo conocimiento cuando estuvo destinado en la DAO, entre 2015 y mediados de 2016, recordando que el "apogeo" de la operación Kitchen para supuestamente sustraer documentación sensible del extesorero del PP Luis Bárcenas fue entre julio de 2013 y octubre de 2015. En concreto, se ha referido a una base de datos dentro de una herramienta de inteligencia criminal, un archivo en formato Word, que abrió y leyó tras ser advertido por sus superiores de su existencia, dando cuenta al juez de ello.
"El encartado definía el contenido", ha señalado, explicando que llevaba por título "Luis Bárcenas Gutiérrez". En el mismo se hacía referencia a cuestiones temporales de "personas vinculadas" al extesorero del PP y "su entorno familiar". Luego ha indicado que ese documento fue motivo de desclasificación del Consejo de Ministros, dentro del caso Kitchen. "Los elementos que aparecían allí eran conocidos por nosotros", ha añadido en referencia a este documento que apareció en bases de datos policiales al margen de la investigación del caso Gürtel, una información "sesgada" y que "produjo un cruce buscado sobre una investigación en curso".
"Se graba por un órgano superior que su función es de coordinación, no tiene encomendada la investigación per se, y menos en procedimientos judiciales. Esa investigación se hizo fuera del control judicial", ha enfatizado sobre ese informe de 2015 que, ha insistido, "no era relevante, no aportaba nada" y que "se comunicó a la autoridad judicial". "Como todo lo que yo hago", ha apostillado.
Informes sobre Villarejo, PISA o Pujol
Morocho ha relatado que, siendo Eugenio Pino director adjunto operativo, fue destinado a este lugar, por lo que tuvo que compatibilizar su labor de policía judicial con la revisión de informes remitidos desde la DAO y que afectaban al patrimonio del comisario jubilado José Manuel Villarejo –de quien ha dicho que "no formó parte en ningún momento" de la investigación Gürtel– o el informe PISA, en este caso sobre el líder de Podemos, Pablo Iglesias. También ha citado unos documentos en inglés sobre créditos de la familia Pujol.
Del informe PISA, el inspector ha sido preguntado por el diputado de Unidas Podemos Enrique Santiago, al que ha contado que se trataba de un documento "apócrifo" que le entregaron en la DAO, aunque no sabe quién o quiénes fueron los autores, para que evaluara. Las conclusiones a las que llegó es que estaba repleto de información en fuentes cerradas a las que sólo se puede acceder con mandamiento judicial o fiscal y en el que se incluían "notas, titulares con una visión no neutral desde el punto de vista político". Era una "construcción de algo", ha añadido, "con el fin de provocar el inicio de algo más". No tenía, ha apuntado, "las formalidades o protocolos oficiales" que exige la Policía Nacional y fue eso lo que manifestó a sus superiores, que "no cumplía los protocolos mínimos para poder investigar" porque además "no había noticia criminis" y sólo ofrecía una "información desdibujada".
Como ya contó en la Audiencia Nacional, Morocho fue destinado a la DAO en 2015 para "tratar de condicionar" su posición en el grupo de policía judicial que investigaba la Gürtel, pues el objetivo era sacarle de la UDEF y "trasladar el mensaje de que ya no trabajaba ahí a los órganos superiores" del Ministerio del Interior "con el fin de calmar la problemática que se generaba con la elaboración de los informes" sobre la macrocausa de corrupción.
Ataques del PP
El PP ha aprovechado su turno para cuestionar la labor de investigación de Morocho. "Lleva trece años investigando al PP, a nadie se le ha dado tanto tiempo, ¿cuánto tiempo más necesita para cerrar la investigación?", le ha espetado el diputado de este partido Eloy Suárez Lamata. "Yo actúo como policía judicial bajo dirección de tribunales y fiscales, no abro ni cierro investigaciones", ha replicado el inspector.
El diputado del PP ha citado los informes que afectaron a Francisco Camps y también las querellas que motivaron la imputación de Morocho –luego archivadas, según ha recordado éste–. Suárez Lamata le ha acusado de incluir "juicios de valor en sus informes", en concreto mencionando un informe sobre la caja B de la formación conservadora, repitiendo Morocho que sus escritos tienen "un valor de atestado sometido a valoración de órganos judiciales".
Esta intervención del PP ha llevado a la diputada de Vox Macarena Olona a reprender el intento de poner en duda la actuación de un "servidor público", algo que ha repetido luego otro abogado del Estado como ella, el diputado de Ciudadanos Edmundo Bal. Además, han recordado que el inspector fue condecorado tanto por gobiernos socialistas como conservadores.
EL POLICÍA DE LA CAJA B RELATA CÓMO EL JEFE DE LA BRIGADA POLÍTICA DEL PP BOICOTEÓ SU INVESTIGACIÓN CON UN TRASLADO FORZOSO
"El objetivo era sacarme de la unidad y trasladar al Ministerio que yo ya no trabajaba en la UDEF para calmar", ha dicho el inspector jefe Manuel Morocho ante la comisión de investigación de Kitchen, donde también ha señalado que el informe PISA contra Podemos "no era neutral"
El inspector jefe Manuel Morocho, responsable policial de las investigaciones Gürtel y caja B, ha relatado esta tarde en el Congreso cómo el jefe operativo de la Policía en tiempos del PP, Eugenio Pino, jefe de la brigada política, le obligó a compatibilizar su destino en la UDEF, a cargo de los casos de corrupción de la formación conservadora, con una nueva ocupación en la Dirección Adjunta Operativa. "Suponía una barrera más al curso de la investigación", ha dicho ante la comisión de investigación de Kitchen sobre lo que ha definido como una intencionada "sobrecarga de trabajo".
Morocho es un testigo clave en el caso de espionaje a Bárcenas porque cualquier investigación acerca de dónde escondía el dinero el ex tesorero del PP o sus testaferros debería haberse puesto en su conocimiento y el del juez Pablo Ruz si de verdad esos fueran sus objetivos, como defienden los imputados, y no un operativo "parapolicial" para sabotear la investigación de la financiación irregular del PP en beneficio de dirigentes del PP, como considera el juez y la Fiscalía Anticorrupción. "El objetivo era sacarme de la unidad y trasladar al Ministerio que yo ya no trabajaba en la UDEF para calmar", ha dicho Morocho.
Los policías imputados intentaron blanquear la maniobra de espionaje a Bárcenas introduciendo datos "sesgados", según el término utilizado por Morocho, en una base de datos policial. Esa maniobra de blanqueo es así denunciada por Fiscalía y juez. Sin embargo, el portavoz del PP, Eloy Suárez, se ha alineado con ese proceder de los imputados y de su condición exculpatoria de los mismos durante su intervención de ataque al compareciente, al que ha acusado de trabajar contra el Partido Popular.
El inspector jefe Morocho ha explicado que puso aquel traslado en conocimiento del juez Ruz y la Fiscalía. También ha explicado que el comisario Pino no le dio ninguna opción y que aquella "sobrecarga de trabajo" dificultó mucho su trabajo de investigación en los casos de corrupción del PP.
El policía ha dicho que en tiempos del PP se le ofrecieron tres destinos desde la cúpula policial para que dejara el caso de corrupción del Partido Popular, incluso en la empresa privada.
El informe contra Podemos "no era neutral"
El traslado fue a la Brigada de Análisis de Revisión de Casos (BARC) de la DAO, uno de los instrumentos de la brigada política que fue disuelto con el cambio de Gobierno. Allí se le encargó, entre otros asuntos, analizar el documento Pablo Iglesias Sociedad Anónima (PISA), que Morocho ha dicho que incluía fuentes "cerradas y abiertas" que le impedían construir una "trazabilidad" de las mismas y que desconfió de su procedencia.
"Se incluían una serie de notas, informaciones, titulares con una visión no neutral ante el punto de vista político de lo que se manifestaba", ha dicho sobre el documento "apócrifo" sobre Podemos y Pablo Iglesias. Además, descartó delitos que allí se apuntaban porque Podemos, partido al que no llegó a mencionar, estaba en fase de formación en el periodo aludido y no le afectaba la Ley de Partidos Políticos. El informe PISA contra Podemos, ha dicho, se redactó "con el fin de provocar el inicio de algo más". "Se me dijo que si (el informe) iba con mi carnet profesional iba a tener más credibilidad", ha añadido.
"Presiones" durante el mandato de Marlaska
Morocho ha denunciado la situación actual de la UDEF, ya con el Gobierno del PSOE. Edmundo Bal, de Ciudadanos, le ha preguntado por una información de elDiario.es acerca de que su petición de destino en Huesca se produce después de que los actuales jefes de la Unidad y de la Policía no le han ofrecido ningún puesto en su especialidad. Morocho ha contestado con "un dato revelador" y ha explicado que el juez De la Mata el año pasado, 2020, ordenó que sus informes sobre la caja B del PP no fueran puestos en conocimiento de sus superiores y entregados directamente al juzgado.
A preguntas del portavoz de EH Bildu, Morocho ha dicho que ha tenido "presiones" en su trabajo hasta la actualidad y que el grupo de una decena de agentes que trabajaron con él ya solo quedan cuatro. "No hay un reconocimiento a la labor que se ha hecho, con sus defectos y virtudes. Hay una desafectación y no hay un estatutos (en la UDEF) atrayente a personas que quieran ir allí", ha añadido.
EL INVESTIGADOR POLICIAL DE 'GÜRTEL' DICE QUE LA 'TRAMA KITCHEN' DIO "DATOS ERRÓNEOS" PARA CONFUNDIRLES
Manuel Morocho afirma que tuvo en agosto de 2015 la "constatación material" de que se investigaba al entorno de Bárcenas en una operación "fuera de control judicial" y asegura que la información que se grabó en la base de datos policial era "sesgada"
El inspector jefe Manuel Morocho asegura que la trama Kitchen introdujo «datos erróneos» sobre el espionaje al ex tesorero del PP Luis Bárcenas en la base de datos policial con objeto de «generar confusión» a la brigada que, comandada por él, investigaba en aquellas fechas el caso Gürtel a instancia del Juzgado Central de Instrucción 5 de la Audiencia Nacional.
Morocho ha declarado este jueves ante la comisión que investiga en el Congreso de los Diputados si el Ministerio del Interior -en la etapa de Jorge Fernández Díaz como titular- destinó de manera ilegal recursos humanos y económicos para favorecer los intereses políticos del PP y anular pruebas inculpatorias en casos de corrupción. Es la operación que investiga el juez García-Castellón en una pieza separada del caso Villarejo.
Tras asegurar que la Operación Kitchen «se hizo fuera del control judicial», el policía ha indicado que tuvo la «constatación material» de la existencia de una investigación paralela al entorno de Bárcenas en el verano de 2015, después de haber sido requerido por Eugenio Pino para que apoyara en cuestiones económico-financieras en la Dirección Adjunta Operativa (DAO). Esa labor la tuvo que compaginar con su labor en la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), lo que ha enmarcado en una «estrategia» con la que supuestamente se pretendía «poner una barrera al avance de la investigación judicial» del caso Gürtel mediante la «sobrecarga de trabajo».
Uno de los encargos que recibió fue analizar la información que había facilitado el Servicio de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (Sepblac) sobre las actividades del entramado empresarial controlado por el comisario Villarejo, para lo que llegó a elaborar un informe que nunca se tuvo en cuenta. Otro fue evaluar el conocido como informe PISA -un documento pseudopolicial que tomaba el acrónimo de Pablo Iglesias SA y con el que se pretendía demostrar que Podemos se financió irregularmente a través de los gobiernos de Irán y Venezuela- y un tercero sobre operaciones de cobertura de crédito de carácter financiero de la familia Pujol.
A preguntas del diputado del PSOE David Serrada, el inspector jefe ha detallado que en agosto de 2015 recibió de la DAO un correo electrónico con un archivo en formato ‘word’ cuyo encartado era «Luis Bárcenas Gutiérrez». En opinión de Morocho, ese documento le permitió constatar lo que venía intuyendo desde hacía «mucho tiempo». «Leí el texto y tuve constatación material en una base de datos policial de una serie de circunstancias personales, temporales y objetivas de personas vinculadas al señor Luis Bárcenas y a su entorno familiar», ha relatado.
Información «sesgada»
El agente ha dicho que la información que se grabó en la base de datos procedente de las pesquisas de lo que Villarejo bautizó como Kitchen -cuyo inicio tuvo lugar en julio de 2013, tras la entrada en prisión preventiva del ex tesorero del PP- estaba «sesgada» y «en un 90%» ya constaba en las actuaciones del caso Gürtel. «No aportaba nada, todo lo contrario. Se introducían datos erróneos con objeto de generar confusión. La información no era relevante, no aportaba nada y no incrementaba la que ya teníamos, y menos en el estadío de 2015», ha añadido.
En este sentido, el funcionario ha llamado la atención sobre la fecha en la que le cedieron aquella información, muy «relevante» para él; tres meses después de que el magistrado hubiera dictado auto de apertura de juicio oral en la pieza en la que se investiga la presunta contabilidad B del Partido Popular. Es la causa que enjuicia actualmente la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional.
Morocho ha señalado que el documento que le facilitaron no ofrecía «datos precisos» de cómo se había obtenido la información y ha añadido que la nota en la que se inducía su incorporación al sistema era muy «escueta» y «ni evaluaba la fuente ni la información». Sólo aparecía «una fecha» y el número del «carné profesional» del agente que la volcaba a la base de datos policial.
La trama Kitchen ocultó pistas sobre el botín de Bárcenas a los investigadores de Gürtel
La trama Kitchen ocultó «deliberadamente» a los investigadores policiales del caso Gürtel la existencia del «zulo» en el que Luis Bárcenas ocultaba supuestamente documentación comprometedora para altos cargos del PP […]
En relación con las dificultades que miembros de la Policía pusieron al inspector Morocho para que realizara su trabajo, el portavoz de Ciudadanos, que es abogado del Estado de profesión, le ha preguntado: «Le hacen trabajar de forma estéril y luego le dicen que no es su interés. ¿Lo sintió como un caso de acoso laboral? Porque esto es un caso de acoso laboral de libro. ¿Está resignado? ¿Se siente castigado? ¿Cuál es su estado de ánimo ante esta situación?».
«Mire, mi estado de ánimo se basa en defender lo que un día prometí. La Constitución y el ordenamiento jurídico. Y se basa en tener unos principios de integridad claros y definidos y en saber que dependo de un ámbito judicial al que tengo que reportar. Tengo que guiarme bajo una tendencia de ejemplaridad, buscar el bien público sobre los demás y actuar de forma imparcial aún a costa de mi propio beneficio o rédito personal o las propias dificultades que pueda sentir», contestó. El diputado Bal le agradeció su labor y le dio la enhorabuena por ser un funcionario ejemplar.
«Tres destinos» para que dejara de investigar
El inspector jefe explicó que las injerencias policiales para tratar de enterarse del curso de la investigación hicieron al «juez instructor dar la orden taxativa de que los informes policiales una vez se finalizaran se presentaran directamente en el juzgado y después directamente en los sistemas informáticos de mi grupo, sin que pasaran por nadie más en el Cuerpo, por nadie de la Cúpula de la Policía».
En su interrogatorio, el portavoz de Bildu, Jon Iñarritu, ha tratado de conocer si altos mandos le hicieron ofrecimientos atractivos para que cambiara de destino y dejara de investigar el caso Gürtel. «Me han ofrecido tres destinos, incluso a la carta, incluso irme a lo privado. Algunas venían de la Dirección Adjunta Operativa y otras de otras personas». Morocho estuvo bajo el mando directo de la DAO entre enero de 2014 y agosto de 2015.
El policía concluyó su intervención con una reivindicación de la labor de sus compañeros y suya: «No hay un reconocimiento a la labor y al desarrollo del trabajo que ha habido con sus defectos y sus virtudes. Hay una afectación y no hay un estatus atrayente hacia personas que quieran ir allí».
PP Y VOX APROVECHAN LA DECLARACIÓN DE PÉREZ DE LOS COBOS PARA ATACAR A MARLASKA
El coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos y el portavoz de ERC en la Comisión de Investigación 'Kitchen', Gabriel Rufián, han protagonizado un momento de tensión a cuenta del despliegue policial durante el referéndum ilegal en Cataluña
La comparecencia del coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos en la comisión de investigación sobre la denominada operación Kitchen en el Congreso de los Diputados se ha convertido en escenario de reproches políticos.
De los Cobos, al que el ministro de Interior Fernando Grande-Marlaska decidió cesar por negarse a dar información de la investigación que abrió y archivó la jueza Carmen Rodríguez Medel al delegado del Gobierno en Madrid por permitir la manifestación del 8-M y otras cuando se conocía la incidencia de la pandemia, estaba citado por los diputados para hablar del uso de fondos reservados del Estado en la mencionada operación policial.
El coronel ha rechazado aportar ninguna información al respecto dado que el Consejo de Ministros no le ha autorizado a hablar de la utilización de fondos reservados, materia secreta. Ha afirmado que nunca oyó hablar de la operación Kitchen ni del comisario José Manuel Villarejo. Pero, de distintas formas, se ha mantenido una y otra vez en que no podía declarar sobre asuntos confidenciales. «Llámeme usted a una comisión de secretos oficiales y vengo», «no puedo declarar aquí, en el Parlamento, sobre asuntos clasificados» o «recuerde que declaré ante el juez instructor [del caso Villarejo de la Audiencia Nacional] porque se desclasificó expresamente para la declaración cierta información», contestó a las preguntas del portavoz del PSOE, Felipe Sicilia.
En la Audiencia Nacional se investiga al ministro de Interior durante el Gobierno de Rajoy, Jorge Fernández Díaz, y a su número dos, el exsecretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez como máximos responsables de la cúpula policial que entre 2013 y 2015 desplegó un operativo de espionaje alrededor del extesorero del Partido Popular Luis Bárcenas para requisarle información de la financiación irregular del partido que podía ser comprometedora para altos cargos de éste y evitar que llegara al juez que investigaba Gürtel, según los investigadores. Para ello, dispusieron de fondos reservados con los que se pagó al chófer de Bárcenas como confidente, como ya ha quedado demostrado.
Sin poder hablar De los Cobos del funcionamiento de los fondos reservados por el conocimiento que pudo tener de éstos como director del Gabinete de Coordinación y Estudios del Ministerio de Interior, la comisión se ha convertido en un escenario de ataques hacia Marlaska y en un enaltecimiento de su labor por parte de PP y Vox.
«Le odian por defender a España»
La portavoz del Partido Popular, Ana Vázquez, ha preguntado al compareciente si es cierto que los números dos, tres y cuatro del Cuerpo que aspiraban a ascender a general como él le «saltaron» para el cargo, lo que se ha considerado un segundo castigo después de haber recurrido su destitución. Se refería así la parlamentaria a la decisión de Interior de cerrarle la puerta a la promoción sin respetar el orden que arrojó la evaluación previa elaborada por el Consejo Superior del Cuerpo, siendo el coronel el candidato mejor posicionado.
Ante la anterior pregunta de la portavoz popular, Pérez de los Cobos asintió. Ante la siguiente: «¿Le ha dado a usted la directora general de la Guardia Civil alguna explicación?», contestó también con un escueto «no» el compareciente.
«La escalada de destituciones que ha hecho el ministro Marlaska al frente del Ministerio del Interior ha sido el mayor ataque a la Guardia Civil en democracia. Los despidos que Marlaska vendió como un impulso a la Guardia Civil en realidad fue un pulso a la neutralidad e independencia de la Guardia Civil. Hoy le trae aquí PSOE y Podemos a comparecer para que sus socios independentistas y nacionalistas se despachen a gusto con usted. Le odian por defender a España, la democracia y a los españoles arriesgando su propia vida», afirmó la diputada Vázquez.
Por su parte, la portavoz de Vox, Macarena Olona, también hizo varias preguntas al compareciente para dejar en evidencia que su destitución no tiene precedente en ningún otro cambio de Gobierno anterior y para considerar que en Interior ha habido «indignos mandos de un color y de otro, de PP y de PSOE», para terminar pidiendo disculpas a Pérez de los Cobos por traerle a una comisión de investigación «inútil» que «Vox trató de paralizar porque ya avisó de que sólo serviría para el «descrédito de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado».
Tensión con Rufián y Mayoral
Durante las intervenciones de los portavoces de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), Gabriel Rufián, y de Podemos, Rafael Mayoral, ha habido cierta tensión con el compareciente.
Con el primero en relación al papel de coordinador de la Guardia Civil, Policía y Mossos que tuvo Pérez De los Cobos el día del referéndum ilegal de Cataluña del 1 de octubre de 2017.
Al segundo, el coronel le reprochó que no acotara las preguntas y quisiera que le hablara del uso de los fondos reservados, que ya había insistido en que era materia clasificada, planteándole cuestiones de manera genérica.
LA COMPARECENCIA DEL CORONEL PÉREZ DE LOS COBOS EN EL CONGRESO DERIVA EN BRONCA
El interrogatorio al alto mando en la comisión de investigación sobre la Operación Kitchen termina en un cruce de acusaciones con el diputado de ERC Gabriel Rufián sobre el referéndum ilegal del 1-O
La comparecencia del coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos en la comisión parlamentaria que investiga la Operación Kitchen de espionaje a Luis Bárcenas ha derivado en una bronca que ha obligado a interrumpir la sesión en varias ocasiones. Los momentos más tensos se han vivido durante el interrogatorio al que han sometido al alto mando los representantes de Unidas Podemos, Rafael Mayoral, y sobre todo de ERC, Gabriel Rufián. Este último, que ha acusado a Pérez de los Cobos de “mentir” por negarse a responder a sus preguntas sobre el uso de los fondos reservados por parte de miembros de la trama parapolicial, le ha recriminado al coronel su papel como coordinador del dispositivo policial que hizo frente a la celebración del referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017 y que derivó en graves incidentes. Rufián ha afirmado en su intervención que aquel día las fuerzas de seguridad “apalearon” a los que acudían a votar. El coronel ha rechazado la utilización de ese término ante lo que él considera que fue una actuación que ha calificado de “dignísima y extraordinaria” en una situación “dificilísima”.
—1.000 heridos. 1.000 heridos. Vergüenza debería darle —le ha respondido el diputado de ERC.
—Si hablamos de vergüenza..., —ha replicado Pérez de los Cobos.
—Sí, dígame.
—Vergüenza alguna cosa que estamos viendo.
El coronel Pérez de los Cobos ha acudido al Congreso en su condición —en el momento en el que ocurrieron los hechos— de director del Gabinete de Coordinación y Estudios de la Secretaria de Estado de Seguridad, desde la que se fiscalizaba el uso de los fondos reservados, utilizados de manera irregular por la trama para financiar la Operación Kitchen. Sin embargo, ante las preguntas de los diferentes grupos sobre el uso y gestión de esta partida, cercana a los seis millones de euros anuales, el alto mando de la Guardia Civil se ha escudado en su consideración de materia clasificada como secreta por la ley para no contestar. “No puedo responder a esa pregunta”, ha respondido de modo casi mecánico.
Esa negativa a responder ha provocado los primeros roces durante la intervención del representante de Unidas Podemos, Rafael Mayoral, que ha acusado al coronel de “falta de colaboración” con la investigación parlamentaria y “obstruccionismo”. Tras su negativa a responder a las preguntas, Mayoral le ha planteado si tenía “conocimiento de algo” sobre la Operación Kitchen. “No me pida a mí que haga yo su trabajo”, ha sido la contestación del coronel, que inmediatamente después ha recriminado al diputado que lo interrumpiera. El incidente ha obligado a intervenir a la presidenta de la comisión, la socialista Isaura Leal. No sería la última vez.
Inmediatamente después de Mayoral ha tomado la palabra el representante de ERC, cuyos 15 minutos de intervención han sido un constante cruce de recriminaciones mutuas por no dejarse hablar el uno al otro. “Otra vez me interrumpe”, le ha recriminado el coronel en una ocasión. “Sí, todas las veces que mienta… es que miente flagrantemente”, ha sido la respuesta de Rufián. “Le agradecería que no me interrumpiera. Voy a intentar contestar por quinta vez”, ha sido la contestación del alto mando. El diputado de ERC ha terminado su intervención con una última pregunta: “¿Cómo se lleva no haber descubierto ninguna urna?”. No ha obtenido respuesta por parte del coronel.
La tensión ha descendido con las intervenciones de los siguientes grupos parlamentarios hasta que ha tomado la palabra Mireia Vehí, de la CUP. Esta ha llamado al coronel “memoria viva de las cloacas del Estado”, lo que ha llevado a este a exigir que se retirase esa expresión del diario de sesiones. Idéntica situación se ha vivido al final. Tras preguntarle por la intervención de las fuerzas de seguridad durante el 1-O, Vehí ha tildado a Pérez de los Cobos de ser “un mero mercenario del Estado que no se merece ni la vergüenza”. El coronel ha pedido amparo a la presidenta de la comisión, que ha pedido a la representante de la CUP que retirase esas palabras. Esta se ha negado.
En su declaración en la Audiencia Nacional, celebrada el pasado noviembre, el alto mando de la Guardia Civil había asegurado que él nunca tuvo conocimiento ni de la Operación Kitchen ni de otras y que su misión era, exclusivamente, autorizar las entregas de dinero a las diferentes unidades de la Policía Nacional y el instituto armado para el pago de confidentes y otros gastos previa justificación de las mismas, aunque sin entrar en los detalles pormenorizados de esas partidas. El coronel ―cesado en mayo como jefe de la Guardia Civil en Madrid por orden del ministro Fernando Grande-Marlaska― también aseguró que, las veces que despachó con Jorge Fernández Díaz, nunca hablaron de seguimientos sin control judicial a Bárcenas y su entorno.
Tras su comparecencia, está prevista la intervención del inspector jefe de la Policía Nacional Manuel Morocho, el máximo responsable de la investigación del caso Gürtel, que intentó ser torpedeada por los mismos agentes que participaron en la Operación Kitchen. Morocho declaró como testigo ante el juez de la Audiencia Nacional, Manuel García-Castellón, instructor del ‘caso Kitchen’, en febrero de 2019, cuando esta aún estaba secreta. El policía —que como responsable del grupo de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) encargado del caso Gürtel firmaba los informes más sensibles de la investigación— aseguró entonces al magistrado que, cuando estas pesquisas estaban en plena ebullición, fue convocado al despacho del comisario Eugenio Pino, máximo mando uniformado de la Policía Nacional en su condición de director adjunto operativo y señalado por el muñidor de la policía patriótica. El alto mando, según Morocho, le ordenó en enero de 2015 trasladarse a la Dirección Adjunta Operativa y ponerse bajo su dirección directa. “Se me dijo que era para apoyar investigaciones o análisis de documentación financiera que estaban trabajando allí y que necesitaban un experto para evaluarlo”, añadió Morocho
UN ALTO MANDO POLICIAL CONFIRMA QUE LA TRAMA KITCHEN TUVO ACCESO LIBRE A FONDOS RESERVADOS
El comisario Lacasa, que tuvo entre 2013 y 2015 el control de esta partida en la Policía Nacional, detalla en el Congreso la entrega de dinero a seis imputados por el espionaje a Bárcenas
El comisario jubilado Felipe Lacasa ha descrito este jueves, en su comparecencia ante la comisión de investigación del Congreso sobre la Operación Kitchen, la falta de control estricto en los fondos reservados que permitió a los integrantes de la llamada policía política acceder a dinero de esta partida para financiar el espionaje ilegal al extesorero del PP Luis Bárcenas iniciado en 2013. Lacasa ocupó, entre septiembre de 2013 y mayo de 2015, el puesto de secretario general de la Dirección Adjunta Operativa (DAO) de la Policía Nacional, desde el que se encargaba de entregar a agentes y unidades estos fondos, destinados al pago, entre otros fines, de confidentes. El alto mano ha confirmado que en ese tiempo dio fondos reservados a seis de los mandos policiales imputados por el caso Kitchen y que lo hizo siempre tras recibir “una orden verbal” del que entonces era el máximo responsable operativo de la Policía, el comisario Eugenio Pino, señalado como el muñidor del grupo parapolicial que operó en el Ministerio del Interior en la etapa de Jorge Fernández Díaz, también imputado en la causa.
Lacasa, que ya ha declarado como testigo en dos ocasiones ante el juez del caso Kitchen, Manuel García-Castellón, ha identificado a los receptores de estos fondos. Se trata de los comisarios Enrique García Castaño (entonces jefe de una unidad especializada en seguimientos y que en la actualidad colabora con la justicia), Andrés Gómez Gordo (que fue asesor de María Dolores de Cospedal cuando esta presidía Castilla-La Mancha), José Manuel Villarejo (presunto cabecilla de la trama desmantelada en la Operación Tándem) y Marcelino Martín Blas (máximo responsable en aquellos años de la Unidad de Asuntos Internos), así como a los inspectores José Ángel Fuentes Gago y Bonifacio Diez Sevillano, ambos agentes de la máxima confianza del comisario Pino. El alto mando policial ha asegurado que Pino nunca le explicó el destino de esos fondos: “No me tenía que dar ninguna explicación”.
Según la investigación judicial, la trama Kitchen desvió 53.266 euros de los fondos reservados, la mayor parte para abonar 2.000 euros al mes a Sergio Ríos Esgueva, chófer de Bárcenas que se convirtió en el confidente de la policía política. Además, las pesquisas han destapado otros gastos en restaurantes (2.574 euros), transporte (496 euros) y abonos de diferente naturaleza (195 euros), así como la utilización de 700 euros para comprar una pistola y la adquisición de un ordenador con el que el entonces número dos de Interior, Francisco Martínez, también imputado en la causa, presuntamente consultó la documentación que supuestamente consiguieron arrebatarle de manera irregular al extesorero del PP.
En su comparecencia en el Congreso, Lacasa ha detallado que él nunca tuvo conocimiento de la existencia de una operación bautizada como “Kitchen o cocina”, pero que al saltar el escándalo recordó que en uno de los recibís que le entregó uno de los implicados, el comisario García Castaño, aparecía la palabra “cocinero”. Aunque no ha podido concretar la cantidad, el policía ha asegurado que recordaba que aquella fue una “cantidad extra” y que, para ello, su superior, el comisario Pino, tuvo que hablar previamente con el entonces secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez.
Lacasa también ha dicho que entregó dinero a los comisarios Villarejo y, sobre todo, a Gómez Gordo para que estos pagaran mensualmente a Sergio Ríos, cuyo nombre figuraba en varios recibos. El comisario ha asegurado que poco antes de jubilarse, en mayo de 2015, supo que Ríos era una persona “del entorno del señor Bárcenas”, pero que creyó que se le pagaba por facilitar información sobre el supuesto lugar donde el extesorero del PP podía esconder dinero, en línea con lo que algunos de los agentes imputados han esgrimido ante el juez para justificar su participación en la Operación Kitchen.
Un simple ‘cajero pagador’
El comisario ha insistido a los diputados con que él era un simple “cajero pagador” que recogía en “un libro bastante antiguo” todo el dinero de los fondos reservados que recibía y que, posteriormente, entregaba esas cantidades siguiendo las instrucciones del entonces director adjunto operativo. “Pino es un hombre muy hermético. Los operativos despachaban con él”, ha asegurado. También, con que nunca le preguntó a este por el destino de los fondos que entregaba a aquellos agentes que formaban parte de lo que definió como equipo “habitual” de su jefe, pese a que la mayoría nunca justificó con facturas a qué destinaban esos fondos.
Lacasa ha detallado que el más “meticuloso” era Villarejo, que presentaba recibos “hasta del aparcamiento”. De los otros cinco agentes ha asegurado que no recordaba si le llegaron a entregar justificantes. Así, del inspector Díaz Sevillano afirmó que creía que le entregó dinero en pocas ocasiones. De Fuentes Gago, que era jefe del Gabinete de Pino, que le dio fondos para abonar un billete de avión y la estancia del hotel, aunque no recordaba a qué ciudad. Del comisario Gómez Gordo, que entonces era inspector jefe y que se había reincorporado a la Policía tras dejar su puesto de asesor de Cospedal, que solo firmaba el recibí y nunca aportó facturas. En su declaración como imputado en la Audiencia Nacional, Gómez Gordo admitió que con ese dinero pagó al chófer del extesorero.
El silencio del actual gestor de la partida
Tras el comisario Felipe Lacasa, ha comparecido el también comisario José Antonio Rodríguez, actual director general del Gabinete de Coordinación y Estudios del Ministerio del Interior, responsable de gestionar los seis millones de euros que anualmente destina este departamento a fondos reservados. Rodríguez, que ocupa el cargo desde la llegada de Fernando Grande-Marlaska al ministerio, ha declinado responder a la mayoría de las preguntas sobre el uso y gestión de esta partida que le han planteado los diputados tras alegar que está sometida a la ley de secretos oficiales. Sin embargo, en el sumario figuran dos escritos remitidos por él a instancias del juez García-Castellón en el que se detalla la supuesta existencia de graves irregularidades en el control de este dinero y que apuntan a presunta ocultación delibera de las cantidades desviadas por la trama para espiar a Bárcenas.
UN AGENTE CLAVE AFIRMA QUE LA SECRETARÍA DE ESTADO DE SEGURIDAD DEBIÓ LLEVAR "EL CONTROL POLÍTICO" DE KITCHEN
El comisario jubilado Felipe Lacasa, que repartía los fondos reservados, sostiene que la cúpula política de Interior "era informada de los pormenores" de cada operación y que le correspondía "el control político" de esas acciones
El comisario jubilado Felipe Lacasa fue hasta 2015 el albacea de la caja de los fondos reservados. A él acudían Villarejo, los comisarios Andrés Gómez Gordo o Enrique García Castaño y otros agentes a pedir dinero para la operación Kitchen. Este jueves ha comparecido en la comisión del Congreso de los Diputados que investiga este operativo y ha desmontado el cortafuegos que en ocasiones ha establecido el PP respecto a que era un operativo exclusivamente policial.
Ha afirmado que, a la Secretaría de Estado de Seguridad, que dirigía el imputado Francisco Martínez, le correspondía "el control político" y "era informada de los pormenores" del gasto de cada operación de las respectivas unidades policiales. También la comisión de estudios, que dirigía el coronel de la Guardia Civil, Diego Pérez de los Cobos, era informada de los operativos, ha recalcado Lacasa, porque este departamento le concedía los fondos que con posterioridad y desde su caja, él repartía a los agentes para las distintas operaciones.
Felipe Lacasa admite que supo del operativo de espionaje a Bárcenas pero creía que era legal, para "investigar si el tesorero se lo había llevado del PP". Ha dicho que entregó los sueldos de 2.000 euros mensuales para el chófer del extesorero o "el cocinero", como en alguna ocasión le justificó en un recibí el comisario Enrique García Castaño.
Lacasa ha manifestado que el entonces Director Adjunto Operativo de la Policía, Eugenio Pino, le dijo que diera a Villarejo aquello que pidiese, y que este comisario justificaba, a "diferencia de otros" en las distintas unidades, "hasta el aparcamiento del coche".
https://cadenaser.com/ser/2021/03/18/tribunales/1616095390_356139.html
MARLASKA NO SE PLANTEA REFORMAR EL SISTEMA DE FONDOS RESERVADOS QUE FACILITÓ EL ESPIONAJE A BÁRCENAS
El alto cargo de Interior José Antonio Rodriguez comparece en la comisión del Congreso que investiga la Operación Kitchen y admite que únicamente se estudia "alguna modernización" sin cambiar el protocolo
Uno de los principales hallazgos de la Fiscalía Anticorrupción en el caso Villarejo, el descontrol sobre los fondos reservados que existe pese a la Ley aprobada en 1995, no tendrá consecuencias en la gestión del Ministerio del Interior. Un alto cargo del actual departamento, José Antonio Rodríguez, ha confirmado esta tarde en el Congreso que el sistema cuya laxitud permitió a los responsables del espionaje a Bárcenas sufragar la operación “parapolicial” con fondos reservados no será reformado por el el titular de la cartera, Fernando Grande-Marlaska.
El comisario jubilado José Antonio Rodríguez es jefe del Gabinete de Coordinación de la Secretaría de Estado de Seguridad y hoy ha comparecido ante la comisión de investigación del espionaje a Bárcenas. A preguntas del portavoz del PP, Luis Santamaría, Rodríguez ha dicho: “Estamos trabajando en medidas de modernización, pero no hay nada decidido”. Cuando el diputado le ha insistido si se modificará el actual sistema, que deriva de una Ley orgánica, Rodríguez ha confirmado que no se hará .
Los fondos reservados se distribuyen según la orden firmada el 12 de septiembre de 1995 por el entonces ministro de Justicia e Interior, Juan Alberto Belloch, y que desarrollaba a su vez de la Ley de Fondos Reservados aprobada por unanimidad en el Congreso de los Diputados siete meses antes. El poder legislativo reaccionaba entonces a las revelaciones sobre los asesinatos de los GAL, una operación gestada y sufragada desde el Ministerio del Interior entre 1983 y 1989.
La Fiscalía Anticorrupción, en el escrito que solicitó la imputación del ministro del Interior Jorge Fernández, concluía que la documentación remitida a la Secretaría de Estado no se ajustaba a la normativa legal y que desde este órgano del Ministerio se libraban los fondos antes de comprobar la documentación remitida desde la Dirección Adjunta Operativa de la Policía.
Luego se ha comprobado que en las partidas no siempre se incluye, por ejemplo, el nombre de la operación o el detalle del reparto del dinero en distintas funciones que se deben escribir en las casillas de los anexos de la citada instrucción de Belloch, unos criterios ya bastante laxos de por sí. A Sergio Ríos, el chófer de Bárcenas, no se le anotó en la casilla de colaboradores fijos, pese a estar dos años cobrando todos los meses 2.00 euros.
Esta misma tarde, el antiguo secretario general de la Dirección Adjunta Operativa, comisario jubilado Felipe Lacasa, ha descrito como el jefe de la brigada política, Eugenio Pino, daba órdenes “verbales” para el reparto de los fondos a sus policías de confianza sin que el sistema fuera capaz de detectar una operación encubierta en ese proceder.
Tras Lacasa ha llegado el turno de Rodríguez que, pese a comparecer a propuesta del PSOE, no ha contestado apenas a las preguntas formuladas por ese grupo amparándose en la Ley de Secretos Oficiales. Tras esta situación, PP y Vox han tenido la oportunidad de reprochar a Rodríguez su histórica vinculación al PSOE en sus turnos de preguntas. Grande-Marlaska acaba de reformar la estructura del Ministerio para que el cargo de jefe del Gabinete de Coordinación pase a ser una dirección general y que Rodríguez pudiera seguir al frente pese a su jubilación como funcionario.
UN MANDO DESCRIBE EL CONTROL ABSOLUTO SOBRE LOS FONDOS RESERVADOS DEL JEFE DE LA BRIGADA POLÍTICA DEL PP: "DALE LO QUE PIDA"
El comisario jubilado Felipe Lacasa declara ante la comisión de Kitchen en el Congreso y relata cómo el jefe de la brigada política, Eugenio Pino, tenía un grupo de policías que, ajenos a cualquier unidad, recibían dinero de los fondos reservados. Confirma que son el policía asesor de Cospedal o Villarejo, entre otros
El comisario jubilado Felipe Lacasa ha descrito esta tarde en el Congreso de los Diputados el funcionamiento de los fondos reservados en la Policía en el periodo en el que él fue secretario general de su Dirección Adjunta Operativa (DAO), a las órdenes de Eugenio Pino. Lacasa ha explicado cómo Pino, el jefe operativo que el PP eligió para el Cuerpo cuando Rajoy llegó al Gobierno, tenía absoluto control y decisión sobre esas partidas y que no solo las dedicaba a las distintas unidades sino también a un grupo de policías escogidos por él y del que Lacasa ofreció uno por uno los nombres. No son otros que la primera línea de la brigada política del PP.
“Dale lo que le pida”, le decía Pino a Lacasa, “cajero pagador” de los fondos reservados entre 2013 y 2015, fecha de su jubilación, según él mismo se ha descrito. Esa es la expresión que Pino utilizaba para José Manuel Villarejo, Enrique García Castaño y el resto de investigados en la pieza 7 del caso Villarejo, la que investiga la Operación Kitchen: Andrés Gómez Gordo, José Ángel Fuentes Gago, Marcelino Martín-Blas y Bonifiacio Díaz Sevillano. Todos esos nombres fueron confirmados por Lacasa como perceptores de fondos reservados a decisión de Eugenio Pino, igualmente imputado.
En el caso de los fondos reservados con destino al chófer de Bárcenas, Lacasa ha dicho que los recibía en un principio Villarejo y luego Gómez Gordo, el policía asesor de María Dolores de Cospedal en Castilla-La Mancha. Ahí, el compareciente se ha contradicho en parte. “El señor Pino tenía su confianza depositada en profesionales de policía de distinta categoría”, ha asegurado Lacasa en referencia a esos miembros de la brigada política. Las entregas, ha añadido, se producían en presencia del receptor, de él mismo y en ocasiones de Pino y las secretarias.
En un primer momento, Lacasa había declarado que supo de la Operación Kitchen por la prensa y, probablemente, estando ya jubilado. Después ha reconocido que cuando veía el nombre de Sergio Ríos lo vinculaba a Bárcenas porque, según él, antes de que estallara el caso Kitchen ya salía el nombre del chófer en la prensa. También ha explicado que en una de las partidas que entregó se mencionaba a un “cocinero”, pero que entonces él no supo vincularlo.
El comisario jubilado Lacasa ha declarado que pensó, como hipótesis, que ese dinero para el chófer era para una investigación acerca de que Bárcenas podría estar robando dinero al PP y que éste lo hubira denunciado, si bien no ha aclarado cómo la Policía podría llevar a cabo una investigación así sin autorización judicial. Descartó, ha añadido, que tuviera nada qeu ver con la política. “Cuando la policía se mezcla en política, nos patina el embrague”, ha añadido.
En todo caso, Lacasa ha declarado que “el dinero estaba muy controlado”, en referencia a los fondos reservados y que todos los que recibían fondos le firmaban un recibí. “Me parecía que el uso era el correcto”, ha añadido. La mayoría de los grupos le han agradecido su colaboración en contraste con el facultativo Miguel Ángel Bayo, el "hombre de los maletines" que compareció ayer y que le sucedió como "cajero pagador".
A preguntas de Enrique Santiago, de Unidas Podemos, Lacasa ha admitido que una vez entregó dinero formalmente a Fuentes Gago para un viaje. “¿A Nueva York?”, le ha preguntado el diputado, a lo que el comisario jubilado ha respondido afirmativamente. Se refiere al viaje que el inspector jefe hizo a la ciudad estadounidense para intentar conseguir una declaración firmada contra Podemos de un exministro de Hugo Chávez para evitar en 2016 que el partido morado llegara al Gobierno. En una grabación publicada por moncloa.com, Fuentes Gago asegura al exministro venezolano que acude a él con un “mandato” de Mariano Rajoy.
EL "HOMBRE DE LOS MALETINES" EN LA POLICÍA SALE DE LA COMISIÓN DE KITCHEN CON UNA DENUNCIA POR MENTIR
El portavoz de Unidas Podemos Enrique Santiago aprecia indicios de delito en la comparecencia del facultativo jubilado Miguel Ángel Bayo, colaborador del jefe de la brigada política, Eugenio Pino. El compareciente confiesa que estuvo accediendo a material clasificado sin la habilitación legal y expresa del CNI
Miguel Ángel Bayo, un facultativo de la Policía que antes de funcionario sin placa fue agente, comenzó su comparecencia ante la comisión del Congreso por el caso Kitchen declarándose "un cajero de cuarta" y se marchó reconociendo que, como reveló elDiario.es en marzo de 2019, era el "hombre de los maletines" en el Cuerpo y actuaba como mano derecha en diferentes cuestiones para el jefe de la brigada política, Eugenio Pino.
En palabras del propio Bayo, él hizo de "transportista" del dinero que salía del Ministerio del Interior hacia la Policía para sufragar las operaciones secretas y no se limitaba a llevar y traer papeles, sino que los leía y se pronunciaba sobre ellos, también sobre las notas informativas que elaboraba el comisario José Manuel Villarejo.
Para eso tuvieron que pasar cuatro horas de preguntas que Bayo había sorteado "vehemente", como él mismo se describió, y con un mantra: no hablaba de nada porque todo era material reservado. Así sobrevivió a las preguntas del PSOE o de Vox, pero no a las del portavoz de Unidas Podemos, Enrique Santiago, que se plantó a la excusa del material reservado por ser falsa.
Santiago recuperó la orden del Gobierno de desclasificar las cuestiones por las que se le estaba preguntando a Bayo, a petición en su momento de la Audiencia Nacional, y terminó invocando el artículo 502.3 del Código Penal para que se informe a la presidenta de la Cámara de que el diputado apreciaba "claramente indicios de criminalidad" en el facultativo jubilado. El citado artículo recoge que "el que convocado ante una comisión parlamentaria de investigación faltare a la verdad en su testimonio será castigado con la pena de prisión de seis meses a un año o multa de 12 a 24 meses."
Cerró el turno de preguntas, el portavoz de EH Bildu Jon Iñarritu, quien logró que Bayo, descentrado, dejara de hablara de "cajero de cuarta" para reconocer que él llevaba y traía el dinero de los fondos reservados, que era el "transportista" del dinero y que, como dijo Pino en sede judicial, le llevaba las notas informativas de Villarejo sobre cuestiones como la Operación Catalunya a otro destacado miembro de la policía política, Marcelino Martín-Blas. Y no solo que las llevaba, que también las leía y opinaba sobre su contenido.
Pero las preguntas de Iñarritu provocaron que Bayo cometiera otro error. El facultativo jubilado aseguró que él accedía a documentación confidencial sin autorización expresa para ello, una grave irregularidad. El CNI es la autoridad nacional para la protección de la información clasificada, a partir de la Ley que regular el propio Centro desde 2002. Como tal, emite unas normas que debe cumplir cada Ministerio para que su personal acceda y maneje información clasificada, según una norma de 2012.. Para que cualquier funcionario pueda acceder a esa documentación eso tiene que haber una resolución positiva del CNI. Esa es la “habilitación personal de seguridad” que Bayo ha reconocido que nunca tuvo.
Colaboración con el comisario Villarejo
En su turno, el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, había recuperado el historial de Miguel Ángel Bayo. Se trata del funcionario que firmaba los documentos que eximían a Villarejo de comparecer en rueda de reconocimiento en la causa por el apuñalamiento de la doctora Pinto, alegándose viajes al extranjero.
La medalla pensionada que le concedió el comisario Pino a Bayo, como le había recordado el diputado socialista David Serrada, fue defendida oficialmente por el director adjunto operativo por ser "el encargado de la gestión y control de todo lo relativo a los fondos o gastos reservados del Cuerpo Nacional de Policía, a nivel nacional, teniendo la información que maneja en este ámbito carácter secreto, de acuerdo a la normativa de secretos oficiales”. Una imagen ésta muy alejada del "cajero de cuarta" que había intentado ofrecer el compareciente.
Tras hacerle incurrir en varias contradicciones, el diputado Rufián concluyó: "Un patriota tiene que ponerse a temblar y desear que alguien como usted nunca esté en las instituciones".
BÁRCENAS VUELVE A SEÑALAR A RAJOY COMO MUÑIDOR DE LA OPERACIÓN KITCHEN
El PP saca los GAL, ETA y la corrupción de los otros partidos para defenderse del espionaje ilegal a su extesorero
Su comparecencia este miércoles en el congreso como víctima de la operación de espionaje supuestamente orquestada en 2013 por el Ministerio del Interior para arrebatarle documentación comprometedora para los entonces dirigentes del PP ha servido a Luis Bárcenas para volver a apuntar al entonces presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y otros miembros de la cúpula del partido como principales instigadores de aquella trama parapolicial. “Es una suposición, pero así lo creo”, ha recalcado en varias ocasiones. El PP ha utilizado su intervención, en la que no ha hecho preguntas a su extesorero, para citar a los GAL, ETA y los casos de corrupción de otros partidos para defenderse de las acusaciones del espionaje ilegal.
El comienzo de la comparecencia de Luis Bárcenas auguraba muchos silencios y pocas respuestas. El extesorero, que declaraba por videoconferencia acompañado por su abogada desde el Centro Penitenciario de Soto del Real (Madrid), donde cumple condena por el caso Gürtel, ha asegurado al tomar la palabra que se iba a acoger a su derecho a no declarar “por imperativo legal”, ya que en sus últimas declaraciones ante el juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón, instructor del caso Kitchen, este le había advertido de que la causa tenía aún “carácter reservado” y, por tanto, su contenido no se podía hacer público. “Una vez que se abra el juicio oral, el primer interesado en declarar soy yo”, ha añadido.
Sin embargo, el extesorero ha terminado contestando a buena parte de las preguntas, gran parte de las cuales no tenían que ver directamente con el espionaje ilegal que sufrió, y que es el objeto de la comisión, sino sobre la caja b del PP y la “contabilidad extracontable”, como él se refiere a los apuntes manuscritos conocidos como los papeles de Bárcenas. Así, ha señalado desde el primer momento “al PP de Rajoy” y a los entonces máximos responsables del Ministerio del Interior, Jorge Fernández Díaz y Francisco Martínez, ambos imputados en la causa, como el origen de las órdenes para poner en marcha la trama policial para espiarle. Más adelante, ha concretado esas acusaciones en el propio expresidente del Gobierno y la que fuera su número dos en el partido, María Dolores de Cospedal, y ha añadido a una tercera persona, cuya identidad ha declinado concretar. “Es evidente que eso [la orden del espionaje] tiene que ser de una persona del máximo nivel” dentro del PP, ha dicho.
Además, como ya ha hecho tanto en el escrito que envió recientemente a la Fiscalía Anticorrupción para mostrar su disposición a colaborar como durante su declaración como acusado en el juicio que se celebra en la Audiencia Nacional por la caja b que él gestionaba, Bárcenas ha asegurado que durante aquella operación le sustrajeron documentos comprometedores, entre ellos varios “de campañas [electorales]” que no ha querido especificar. Solo ha asegurado que esa documentación le hubiera sido muy útil para defenderse tanto en el juicio por la primera etapa de la trama Gürtel, por la que cumple una condena de 29 años y un mes de cárcel, como en la vista que se está celebrando.
Audio de Rajoy
Lo que sí ha vuelto a reiterar es que entre esa documentación sustraída había un audio supuestamente incriminatorio para el entonces líder del PP. “¿Hay una grabación en la que se demuestra que Rajoy destruyó los papeles de la contabilidad que usted le entregó?”, le ha preguntado el portavoz del PSOE en la comisión, Felipe Sicilia. “Eso es así, pero desconozco ahora quién tiene esta grabación... lo grabé yo, evidentemente”, ha dicho en referencia al detalle que ya había aportado en el juicio por la caja b de que en ese encuentro el entonces presidente del Gobierno destruyó en una trituradora de papel las dos últimas hojas de la declaración. Cuando el parlamentario socialista le ha inquirido si había también grabaciones de la entonces secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, que se convirtió en su bestia negra dentro del partido, Bárcenas se ha escudado en su derecho a no declarar.
Sobre la caja b que recogía los llamados papeles de Bárcenas que publicó EL PAÍS en 2013, Bárcenas ha mantenido lo que viene declarando desde julio de 2013 ante el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz, instructor del caso Gürtel. “Son ciertos completamente. Todo lo que hay apuntado ahí es real”, ha contestado al diputado de ERC Gabriel Rufián. Preguntado por sus cuentas bancarias en Suiza, donde llegó a acumular 47 millones de euros. Bárcenas ha insistido reiteradamente que él era el único titular, en respuesta a la diputada de Vox Macarena Olona, que ha asegurado que, en una reciente visita al comisario José Manuel Villarejo cuando este estaba en la cárcel, el policía le había asegurado que esos fondos pertenecían supuestamente a otros dirigentes del PP, entre ellos el exsecretario general Javier Arenas. “Ese dinero es exclusivamente mío y no hay ningún otro titular en la cuenta”, ha respondido tajante.
El interrogatorio de la representante de Vox ha sido, de hecho, uno de los momentos más tensos de la comparecencia. Olona ha llegado a acusar al extesorero del PP de “mentir” en sus últimas declaraciones judiciales y le ha recriminado ser “más colaborativo” en la comisión con el PSOE, como supuesto pago por el reciente permiso penitenciario de 12 días que le ha concedido el juez de vigilancia Penitenciaria.
El otro momento lo ha protagonizado el representante del PP, el diputado Luis Santamaría, quien ha declinado preguntar a Luis Bárcenas para dedicar los 15 minutos de su intervención a intentar desmarcar al actual PP del espionaje a su extesorero. “Hace dos años que nuestras bases optaron por la regeneración, la renovación, la ejemplaridad y el relevo generacional que representa, aplica y exige Pablo Casado”, señaló. Santamaría, que ha tildado la comisión de “juicio paralelo e inquisitorial”, ha criticado que su partido tuviera que “recibir lecciones de partidos como Bildu, los independentistas, Podemos y el PSOE”, a los que ha recriminado los GAL, los atentados de ETA, los casos Pujol y del 3% en Cataluña, el escándalo de los ERE o la investigación sobre la financiación del partido de Pablo Iglesias. El diputado ha pedido al resto de grupos que reflexionen “sobre las mochilas que cargan sobre sus espaldas y comparen el peso de ellas”.
BÁRCENAS RECONOCE UNA "ESTRATEGIA COMÚN DE DEFENSA" CON EL PP PARA HACER FRENTE A LA JUSTICIA DESDE MEDIADOS DE 2016 A OCTUBRE DE 2020
Insiste en que un abogado vinculado al partido le quiso comprar prometiéndole el cese de Gallardón como ministro de Justicia
Sobre la caja B, afirma: "Son los papeles del PP, no mis papeles"
Sitúa a Rajoy en la cúspide de la 'operación Kitchen' por el interés que tendría en recuperar documentación comprometedora
''Este Gobierno, el PP y el presidente no aceptan chantajes''. Así lo dijo la ex secretaria general del partido María Dolores de Cospedal a finales de febrero de 2013, durante la recordada rueda de prensa en la que explicó que la indemnización a Luis Bárcenas había sido "en diferido" y anunció que la formación presentaría acciones judiciales derivadas de la publicación en prensa de los llamados papeles de Bárcenas, la documentación de la contabilidad opaca y pagos de sobresueldos a dirigentes y a la que el PP no daba ninguna credibilidad. Tres años después, ya con el primer juicio del caso Gürtel en ciernes, comenzaron los contactos entre el extesorero y un abogado de la formación política para buscar un "intercambio de información y en algún momento una estrategia común de defensa".
Estas últimas palabras son del propio Bárcenas, quien ha comparecido este miércoles en la comisión de investigación del Congreso sobre la operación Kitchen, el operativo policial sin control judicial que se puso en marcha en 2013 para sustraerle documentación que se pudo llevar del PP y que podía comprometer judicialmente al partido o algunos de sus dirigentes. "Esas reuniones empiezan a mediados de junio de 2016 y tienen una intensidad mayor antes del comienzo del juicio. Participa incluso alguna otra persona en esas conversaciones, y se mantiene la relación prácticamente hasta la sentencia del Tribunal Supremo que confirma la sentencia de instancia (de Gürtel)", ha relatado el extesorero.
Por videoconferencia desde prisión y sentado junto a su abogada, Bárcenas ha remarcado que no se trató de una negociación por la que el PP le ofreciese algo a cambio de no colaborar con la justicia, sino que fue "intercambio de informaciones exclusivamente y en algún momento pues una estrategia común de defensa" consistente en la "no agresión", pero que nunca se negoció nada a cambio. Lo único, ha dicho, fue cuando él personalmente pidió al exconsejero madrileño Alfredo Prada que intercediera en su nombre ante Mariano Rajoy para que su mujer, Rosalía Iglesias, entrara por el garaje cuando tuviera que declarar en la Audiencia Nacional y así evitar el paseíllo ante la prensa. "Se concedió", ha recordado.
Y, en este sentido, ha cambiado de versión alegando un error de su abogado en el escrito que hizo llegar hace un mes y medio a la Fiscalía Anticorrupción en el que afirmaba que hace años firmó "la paz" con su partido al creer "inocentemente" en la "promesa" que se le hizo llegar sobre que su mujer no entraría en prisión. Tal y como ha matizado ahora, en el escrito no se "precisa" bien este asunto y ha recalcado que él "en ningún momento" pensó que su esposa fuese a ser condenada, al contrario de lo que finalmente ha ocurrido. "No pedí nada y nadie se comprometió en ese sentido. Son planteamientos generales de estrategia de defensa exclusivamente", ha reiterado sobre los contactos con abogados del PP.
Comprar su silencio a cambio de echar a Gallardón
Eso fue a mediados de 2016, según la versión de Bárcenas. Pero años antes, tras la publicación de los papeles de la contabilidad B y su declaración judicial de julio de 2013, asegura que el abogado Javier Iglesias, vinculado al PP, le visitó en la cárcel de Soto del Real para transmitirle que si no colaboraba con la investigación, echarían al entonces ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, y que su caso acabaría en nulidad. El letrado siempre ha negado tales acusaciones.
"¿Se siente difamado por el PP?", ha preguntado el diputado de ERC Gabriel Rufián. Bajando la voz, Bárcenas ha respondido que no porque "en estos momentos" está "en otra dimensión". En este punto, el extesorero ha repetido varias veces que él está en prisión por sus delitos fiscales y blanqueo, condenado por la primera época de actividades de la trama Gürtel, y que en eso el PP "no tiene ninguna responsabilidad". Ya ha cumplido más de cuatro años de cárcel y acaba de obtener su primer permiso penitenciario. Cosa diferente será la causa sobre la caja B que aún está en instrucción, en la que se investiga un presunto delito de cohecho por las donaciones de empresarios, y que podría ponerle a él y al partido, otra vez, contra las cuerdas.
Aunque la comisión de investigación se refiere al espionaje financiado por fondos reservados que se inició en 2013 y que se investiga en la Audiencia Nacional, las intervenciones de los portavoces de los grupos parlamentarios para preguntar al extesorero han derivado hacia la caja B del PP que gestionó Bárcenas desde principios de los años noventa así como los sobresueldos en negro que habría pagado a algunos dirigentes. De hecho, en algunos momentos el propio extesorero ha tenido que recordar a los diputados el objeto de la comisión, pero todos han justificado sus preguntas en el hecho de que lo que se le sustrajo en la operación Kitchen sería documentación sobre esa contabilidad opaca.
Documentos "útiles" para el caso Gürtel y la causa de la caja B
Aunque Bárcenas ha empezado su intervención en el Congreso diciendo que no iba a declarar al estar secreta parte de la pieza sobre la Kitchen y había sido advertido de ello por el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón, el extesorero finalmente ha accedido a responder. Tras afirmar que no tiene "duda" de que la operación ocurrió y admitir que no sabe a ciencia cierta quién fue el "autor ideológico", ha señalado que éste debió ser "una persona del máximo nivel" porque se había llevado del PP documentación sobre campañas electorales y recibos de la compra de acciones de Libertad Digital con dinero de la caja B. No ha querido continuar, a pesar de la insistencia de los diputados, porque aún está en instrucción una causa penal sobre la contabilidad B, además de la ya mencionada sobre Kitchen. En todo caso, ha dicho que se trataba de documentos que hubieran resultado "útiles" para el juicio de la primera época de Gürtel y para la causa de los papeles de Bárcenas.
El portavoz socialista, Felipe Sicilia, le ha pedido que diera algún nombre sobre quién cree que puede ser ese posible autor ideológico. Para empezar, considera que el secretario de Estado de Seguridad en 2013, Francisco Martínez –imputado en Kitchen–, no tenía "un interés personal" en ordenar seguimientos contra su persona y que por tanto debía contar con el respaldo de su superior jerárquico, el entonces ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz –también imputado–, y éste, de "alguien preocupado" que, "en términos de suposición", ha dicho, "sería Mariano Rajoy". "Puede haber una tercera persona incluso", ha apuntado, aunque se ha negado a pronunciar el nombre de esa persona porque, dice, no lo tiene acreditado y es lo que trata de dilucidar la investigación de la Audiencia Nacional.
El extesorero grabó a Rajoy
Ese interés que, según el extesorero, tenía el exjefe del Ejecutivo en hacerse con información comprometedora se debería, aparte de los documentos ya mencionados, a los dos audios que, tal y como ya ha asegurado varias veces, tenía en su poder y en los que se escucha cómo entregó la liquidación de la caja B a Rajoy en su despacho junto a varias hojas de esa "contabilidad extracontable", y que el entonces presidente del PP procedió a destruir esos papeles en su presencia. Esta vez, ha revelado que fue él quien grabó la conversación.
Siguiendo la línea que ha mantenido en sus últimas declaraciones en el juicio sobre el supuesto pago con dinero negro de la reforma de la sede central del PP, Bárcenas ha insistido en que "no cabe en la cabeza de nadie" pensar que él fuese el único que conocía la contabilidad B del partido, crear "toda esa estructura" sin que lo supiesen sus superiores. A la sazón, Mariano Rajoy y María Dolores de Cospedal. "Son los papeles del PP, no mis papeles", ha espetado.
Pero eso sí, ha querido dejar claro que en las anotaciones contenidas en sus papeles sobre la caja B no quedaban reflejadas contraprestaciones para empresarios que realizaran donaciones al partido, esto es, las supuestas donaciones finalistas que investiga el juez Santiago Pedraz en la causa todavía abierta sobre la contabilidad opaca del PP. "Contraprestaciones claras no existían, nunca ha sido así de claro", ha llegado a decir Bárcenas. En el escrito a Anticorrupción, el extesorero ya mencionaba que la "inmensa mayoría" de los donativos "no tenían una naturaleza finalista", esto es, como "contraprestación por porcentaje a la adjudicación de la obra o servicio público adjudicado", aunque sí aseguraba que existieron "algunos casos concretos en los que sí concurrió aquella motivación".
Las donaciones, ha apuntado, eran más abundantes cuando el PP estaba en el Gobierno, ya que la mecánica, que según dice se repite en "todos los partidos políticos", es que empresarios aporten cantidades esperando algo a cambio, esto es, adjudicaciones de obras públicas.
BÁRCENAS SITÚA A RAJOY EN LA CÚSPIDE DE LA OPERACIÓN KITCHEN
Aclara que "en términos de suposición", el expresidente "sería" quien "estaba preocupado y ordenó" al ministro Jorge Fernández Díaz la operación para robarle documentos y grabaciones comprometedoras para el PP
El extesorero del Partido Popular, Luis Bárcenas, ha señalado en la comisión de investigación del Congreso de los Diputados sobre la operación Kitchen, al expresidente del Gobierno, Mariano Rajoy, como el inductor del operativo destinado a robarle documentos y grabaciones, además del "secuestro" a su familia, que pudieran perjudicar al partido y a sus dirigentes en el caso de su caja b.
Después de iniciar su comparecencia comunicando a los diputados que iba a ejercer su derecho a no declarar porque el juez de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, les ha advertido del secreto de las actuaciones, ha respondido al portavoz socialista, Felipe Sicilia, que la operación no pudo partir del Secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, porque "ni le conocía ni sabía nada" de él, sino que a su juicio recibió "ordenes" de su inmediato superior, el ministro Jorge Fernández Díaz, y este de "alguien preocupado" que "en términos de suposición", ha dicho, "sería Mariano Rajoy".
Bárcenas ha asegurado que entre el supuesto material robado había "documentación que hubiera sido muy útil" en los procesos sobre financiación ilegal en los que está involucrado el PP, sin citar qué papeles amparándose de nuevo en el carácter reservado de las investigaciones, ha corroborado que también había una grabación al expresidente del Gobierno Rajoy. El extesorero del PP ha aseverado que es "el primer interesado" en saber si "el PP de Rajoy" está detrás del robo de documentación ejecutado por la policía política del Ministerio del Interior de Fernández Díaz.
https://cadenaser.com/ser/2021/03/17/politica/1615994332_918883.html
BÁRCENAS APUNTA A QUE EL PP QUISO ESTABLECER "UNA ESTRATEGIA EN COMÚN" ANTE EL CASO GÜRTEL
Comparece por videoconferencia en la comisión del Congreso que investiga la operación Kitchen
Luis Bárcenas compareció este miércoles por videoconferencia ante la comisión del Congreso que investiga la operación Kitchen, el dispositivo parapolicial que se puso en marcha en 2013 para robarle documentación sensible sobre el PP. Nada más arrancar la sesión, el extesorero anunció que se acogía a su derecho a no declarar, pero las preguntas del socialista Felipe Sicilia no tardaron en abordar cuestiones que iban más allá de esta investigación. En concreto, hacia la 'caja B'. El extesorero aceptó contestar a las mismas y, entre una y otra, apuntó a que el PP quiso establecer "una estrategia común de defensa" con él ante el juicio del caso Gürtel.
Su afirmación llegó en la parte final del interrogatorio de Sicilia: "¿El Partido Popular le ha pedido a usted últimamente algún acuerdo más?". El diputado se refería a las citas de 'emisarios' del PP con un contacto de Bárcenas, encuentros que, como él mismo confirmó, se prolongaron hasta 2020: "Esas reuniones empiezan a mediados de junio de 2016 y tienen una intensidad mayor antes del comienzo del juicio. Participa incluso alguna otra persona en esas conversaciones, y se mantiene la relación prácticamente hasta la sentencia del Tribunal Supremo que confirma la sentencia de instancia [de Gürtel]. Pero, insisto, en ningún momento se ha estado negociando nada a cambio, ha sido intercambio de informaciones exclusivamente y en algún momento pues una estrategia común de defensa".
Como adelantó El Confidencial, una de las cuestiones que se abordaron en estas citas fue la de que el extesorero pidiera apartar al juez Juan José Ricardo de Prada del tribunal que iba a enjuiciar el caso Gürtel. En septiembre de 2016, un mes antes de que comenzara la vista oral por la primera época de actividades de la red que lideraba Francisco Correa, el PP desconfiaba ya de De Prada. Era público que era un magistrado progresista, pero consciente de que atacarle podía ser contraproducente, la formación decidió intentar una vía lateral: sugirió que vería con buenos ojos que fuera Bárcenas u otra acusación quien intentara eliminarle de la ecuación mediante una recusación, estrategia que el extesorero llevó a cabo sin éxito.
Pese a ello, Bárcenas trató de quitar peso a estas citas durante su declaración ante el Congreso. Reconoció que en 2012 pidió al exconsejero madrileño Alfredo Prada que intercediera para que su mujer entrara por el garaje cuando tuviera que declarar en la Audiencia Nacional y que así "se concedió", pero apenas fue más allá: por mucho que el abogado del PP Javier Iglesias supuestamente fuera a verle a prisión en julio de 2013 para advertirle de que su esposa podía acabar en prisión, él mantiene que no le prestó atención porque consideraba que ella "no debía tener ningún problema". Se equivocó. También sugirió que pusieron sobre la mesa la caída del exministro de Justicia Alberto Ruiz Gallardón a cambio de su silencio: "Se me ofreció pero yo no pacté nada".
Vuelve a disparar contra Rajoy
Pero antes de mencionar la "estrategia común de defensa", Bárcenas dejó caer alguna idea sobre la operación Kitchen. Dijo que, aunque se trate de una "especulación", entiende que el operativo partía de Rajoy y de la "cúpula del PP". Basó esta idea en que uno de los investigados es Francisco Martínez: "El secretario de Estado no puede tener un interés personal en ordenar unos seguimientos de esas características sin contar con el respaldo de un superior jerárquico", argumentó. "Siguiendo con las suposiciones", al entonces ministro de Interior y también imputado, Jorge Fernández Díaz, el encargo de la Kitchen se lo hace la persona "de quien dependía".
También cargó contra el expresidente siguiendo la misma línea que en el juicio de la 'caja B': apuntó a que existe un audio de una reunión con Rajoy en el que se le escucha hablar de la contabilidad paralela y destruir documentación sobre la misma. "Yo no sé si existe ya la grabación, eso se lo preguntan al comisario Gómez Gordo que allanó el estudio de mi mujer y se llevó los audios y la documentación", lanzó en referencia a la operación Kitchen. "El de Javier Arenas y el de Mariano Rajoy, no hay más audios". Pero sobre el ahora senador del PP, ha asegurado que no tenía nada que ver con las cuentas que él tenía en Suiza y en las que llegaron a acumularse 47 millones de euros, negando así el planteamiento de la diputada de Vox Macarena Olona.
A preguntas de Gabriel Rufián sobre el entramado de Villarejo, Bárcenas también mencionó un café que supuestamente mantuvo con el comisario sin saber quién era: "Era en los comienzos prácticamente de la instrucción del caso Gürtel, pero esa es la única vez que yo he estado cerca del señor Villarejo". "Yo no quedé con él, estaba comiendo en el restaurante, entró el señor González, comisario de la Policía, y entonces en presencia del tesorero, Álvaro Lapuerta, me dirigí a él recriminándole su sectarismo al investigar el caso", explicó.
Permiso de 12 días
La comparecencia de Bárcenas se produce el mismo día en el que el extesorero ha conocido que podrá disfrutar del permiso de doce días anuales que recomendó la Junta de Tratamiento Penitenciario de la prisión de Soto, donde cumple condena por la primera etapa de actividades de la trama Gürtel. El Juzgado de Vigilancia Penitenciaria de la Audiencia Nacional apoyo esta salida tras el cumplimiento de la cuarta parte de su condena, pero deniega que pase a disfrutar ya de un tercer grado y la aplicación del régimen flexibilizado del artículo 100.2.
En el auto en el que se aprueba el permiso, el magistrado destaca que la decisión se propuso por unanimidad por la Junta de Tratamiento, compuesta por “rigurosos profesionales penitenciarios que estudian y valoran las distintas variables que se dan en el penado”, y tiene en cuenta que ha pasado un periodo de tres años y cuatro meses en libertad provisional sin que se proujese incidencia alguna o intento de fuga.
El magistrado destaca, además, su situación familiar, y que cuenta con apoyo externo, especialmente de su hijo, lo que, entiende el juez, “anularía” la posibilidad de fuga en una persona consecuente. No obstante, el magistrado descarta que deban ampliarse los beneficios penitenciarios porque no queda “plenamente acreditada una evolución favorable más allá de circunstancias penales y penitenciarias de normal convivencia”.
https://www.elconfidencial.com/espana/2021-03-17/barcenas-congreso-kitchen-caso-gurtel_2996176/
GUÍA PARA NO PERDERSE EN LA COMISIÓN DEL CONGRESO SOBRE LA 'KITCHEN'
Son treinta las personas citadas en la comisión de investigación sobre la supuesta utilización ilegal de fondos públicos, efectivos y recursos del Ministerio del Interior de Mariano Rajoy para espiar al extesorero del PP Luis Bárcenas, quien abre este miércoles la ronda de comparecencias. La comisión parlamentaria no ha recibido documentación de la Audiencia Nacional por el carácter reservado de las diligencias de investigación.
Las comparecencias en la comisión de investigación sobre el espionaje a Luis Bárcenas por parte de la cúpula del Ministerio del Interior en los gobiernos de Mariano Rajoy con recursos públicos, entre 2013 y 2016, arrancan este miércoles y podrían durar hasta mediados del mes de mayo.
Son treinta las personas citadas para comparecer en el Parlamento, entre ex altos cargos del Partido Popular; la antigua cúpula del Ministerio del Interior, con el exministro Jorge Fernández Díaz a la cabeza; el comisario jubilado Villarejo; los jefes policiales que intervinieron; así como los policías que participaron en el operativo presuntamente ilegal.
También comparecerán los perjudicados: Luis Bárcenas (este miércoles por la tarde) y su esposa, Rosalía Iglesias, ambos en prisión por la condena por la primera época de la trama corrupta Gürtel. Cerrará la lista de intervinientes el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy. En cada sesión de la comisión (habrá una o dos cada semana) están citadas dos personas de esta lista que ofrece Público, en el orden de comparecencia acordado por el Congreso.
Los diputados encargados de investigar el uso fraudulento de los recursos del Ministerio del Interior para fines políticos del PP, en la llamada operación Kitchen, no han recibido del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional la documentación relativa a la causa, debido a que el juez Manuel García-Castellón no la ha permitido en base al carácter reservado de la misma. La causa sigue instruyéndose y existe una pieza secreta que podría quedar expuesta si la documentación llegase a los grupos parlamentarios, según el juez. Aunque dos de ellos, Unidas Podemos y PSOE están personados en la misma, y como tal tienen acceso al sumario.
La operación Kitchen tenía varios tentáculos, y cada funcionario policial implicado, por connivencia con diversos altos cargos del PP, buscaba el tesoro de Bárcenas: discos duros con vídeos de seguridad y con la documentación contable y bancaria que pudiera haberse llevado el extesorero de la sede del PP; sus teléfonos móviles con conversaciones tanto de texto como algunos audios, en especial de una comida entre el extesorero y Javier Arenas, entonces diputado del PP andaluz y que había sido secretario general del PP entre 1999 y 2003. Pretendían hallar también la grabación de una reunión con el presidente Mariano Rajoy. Todo ese material probaría la existencia de la financiación ilegal del PP y sus cuentas en paraísos fiscales.
Esta son las personas que van a comparecer en la comisión de la Kitchen.
Luis Bárcenas
El extesorero, que trabajó para el PP desde 1982 (cuando el partido se llamaba Alianza Popular) hasta 2009, inaugura la lista de comparecientes de la comisión sobre la operación en su contra puesta en marcha por el Ministerio del Interior de Rajoy. Lo hará por videoconferencia desde la prisión madrileña de Soto del Real, aunque es muy probable que se niegue a contestar preguntas que "pudieran afectar a la pieza secreta que se investiga en la causa Kitchen", según comentan a este diario fuentes cercanas a Bárcenas.
Ya ocurrió en la comisión de investigación sobre la financiación del PP, en 2017, cuando el extesorero se negó a contestar por encontrarse inmerso en varias causas judiciales.
En esta causa que se instruye en la Audiencia Nacional, Bárcenas está personado como perjudicado por el robo de documentación que probaba la caja b del PP, ocurrido en el estudio de pintura de su esposa, y por el espionaje a él y a su familia, a través de su propio chófer, ordenado por la cúpula de Interior.
Miguel Ángel Bayo Herranz
Comisario de Policía adscrito a la Secretaría General de la Dirección Adjunta Operativa (DAO). Se encargaba tanto de la recepción de las notas informativas de Villarejo (que, en un momento dado, según el entonces DAO Eugenio Pino, se destruyeron por su falsedad) como del pago de recibos, dietas y otras cuestiones de intendencia. Es muy importante saber si en realidad se destruyeron esas notas informativas, y sobre qué versaban tales notas, si era sobre la operación Cataluña o Kitchen. Y también habría que preguntarle a Bayo por el pago al chófer Sergio Ríos de 48.000 euros de los fondos reservados, que fueron entregados presuntamente tanto por Villarejo y el comisario García Castaño, a razón de 2.000 euros al mes.
Felipe Eduardo Lacasa Córdoba
Comisario ya jubilado que estaba adscrito, entre 2013 y 2015, a la Secretaría General de la DAO. Este destino tiene una función administrativa. Su declaración debería explicar, como en el caso anterior de Bayo, cómo se entregaban los fondos reservados.
José Antonio Rodríguez González
Más conocido como Lenin por su supuesta militancia de izquierdas, José Antonio Rodríguez González sustituyó a Diego Pérez de los Cobos como alto mando policial en la secretaria de Estado de Interior. Aunque a priori no tendría nada que ver con Villarejo, la agenda del comisario está plagada de citas con él, ya que comparten un estrecho amigo común (también con el imputado empresario Adrián de la Joya): Manuel González, empresario y abogado con el que Villarejo montaba esas comidas "a calzón quitado" de las que hablaba con Público.
De hecho, precisamente en las fechas en las que Villarejo iba a poner una querella o denuncia a este medio de comunicación o iba a quedar con los periodistas, el comisario jubilado preparaba primero el encuentro con "los rojos" de Manuel González, del despacho Medina Cuadros, y con el comisario José Antonio Rodríguez González, alias Lenin.
Sin embargo, no fue hasta la llegada de Fernando Grande-Marlaska al Ministerio del Interior cuando Lenin cogió relevancia en la Policía, puesto que en la época del Partido Popular y mientras se llevó a cabo la Operación Kitchen estaba relegado por su adherencia al PSOE.
Diego Pérez de los Cobos
El coronel de la Guardia Civil ostentaba el cargo de director del Gabinete de Coordinación y Estudios de la Secretaría de Estado de Seguridad cuando se desarrolló la operación Kitchen. Era el encargado de supervisar las peticiones de fondos reservados.
Pérez de los Cobos fue destituido como jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Madrid, en mayo de 2020, por "pérdida de confianza" del ministro del Interior, Grande-Marlaska, después de conocerse que el informe que envió a la jueza que investigaba al delegado del Gobierno en Madrid por permitir las manifestaciones del 8 M de 2020 estaba plagado de errores que apuntaban a la culpabilidad de José Manuel Franco.
El coronel ya declaró como testigo en la Audiencia Nacional por Kitchen. Entonces negó conocer que la operación de espionaje se financiara con cargo a los fondos reservados, con los que, entre otras cosas, se pagó un sueldo de 2.000 euros al mes al chófer de Bárcenas. Cuesta creer que no revisara los conceptos y destinos a los que iba destinado el dinero de los fondos reservados.
Manuel Morocho Tapia
El inspector Manuel Morocho es el hombre clave en las investigaciones de la UDEF y ya declaró en la anterior comisión de investigación del Congreso sobre la caja B del PP. Allí intentó dejar claro que el comisario José Luis Olivera se negó a que identificara en el informe que enviaría al juzgado a "M. Rajoy" como Mariano Rajoy y a "López Hierro" como a Ignacio López del Hierro, el empresario amigo de Villarejo desde hace más de 30 años y marido de la exministra y exsecretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, a pesar de que sus indicios indicaban que los apuntes del extesorero Luis Bárcenas hacían referencia a esas dos personas.
El exnúmero 2 de la policía, Eugenio Pino, echó mano de él para que realizara un informe sobre el patrimonio de de Villarejo que ascendía a 25 millones de euros y a 92 inmuebles, solamente con la identidad oficial del comisario, más de lo que hasta ahora ha encontrado la causa Tándem hasta el momento. El informe fue finalmente firmado y enviado a Fiscalía por Asuntos Internos.
Bonifacio Díaz Sevillano
Bonifacio Díaz Sevillano participó de lleno en la Operación Cataluña, no investigada por estar bajo secreto de Estado desde que en 2014 el Consejo de Ministros de Mariano Rajoy decretase las actuaciones de la Dirección Adjunta Operativa bajo este velo de ostracismo.
Estuvo destinado en Andorra, donde tuvo sus acercamientos a los hermanos Ramón e Higini Cierco de a Banca Privada de Andorra, cuando se obtuvo la cuenta de los Pujol. Sin embargo, nadie le relaciona con la Kitchen porque cuando llegó esta operación en concreto había acabado. Sólo estaba presente para Villarejo y su necesidad de sacar trapos sucios con los que defenderse de la investigación que tenía abierta en el Juzgado de Instrucción número 2 de Plaza de Castilla y por el presunto apuñalamiento de la doctora Elisa Pinto.
José Ángel Fuentes Gago
Era el jefe de gabinete de Eugenio Pino en la Dirección Adjunta Operativa (DAO) de la Policía, un puesto que no existía ni en el catálogo de la DAO para el que ejecutó con gusto y cobrando el plus de residencia (su vivienda habitual estaba en Santander). Fuentes Gago, como mano ejecutora, además de tratar con los sindicatos, también trataba con la prensa a la que incluso llegó a amenazar, como es el caso de este diario, cuando las informaciones no salían al gusto de la Policía o cuando los tribunales no admitían sus querellas.
Fue el compañero de elaboración de informes de dudosa autenticidad junto al comisario Andrés Gómez Gordo, Cospedín. Entre estos presuntos documentos fake se encuentra el de la compatibilidad del comisario Villarejo (que, según la investigación de la Audiencia Nacional, no tenía de cierto ni la carátula) o, según Villarejo, el informe PISA contra Pablo Iglesias.
Enrique García Castaño
Es una pieza esencial en la trama Kitchen. Apodado el Gordo, es amigo y socio del comisario jubilado Villarejo. La información obtenida por el chófer de Bárcenas le llegaba a él, como comisario jefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo de la Comisaría General de Información.
En su declaración judicial implica directamente al ex secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez Vázquez, al afirmar que fue a él a quien entregó el clonado de los móviles y del Ipad de Bárcenas.
El comisario jubilado Villarejo y García Castaño trabajaron con el traficante de armas Al Kassar (condenado a 30 años en EEUU) para hacer negocios con Riad y Damasco gracias a sus influencias en el Ministerio del Interior español.
Enrique Barón Castaño
Fue comisario general de Información de enero de 2012 hasta diciembre de 2017. No está imputado en la Operación Kitchen, solo ha ido a declarar en el juzgado en calidad de testigo. Tanto el exDAO Eugenio Pino como su subordinado el comisario jefe de la UCAO (Unidad Central de Apoyo Operativo) le dejan fuera de la Kitchen por una cuestión de falta de confianza. Es más, cuando le pregunta el juez Pino asegura que "el comisario general de Información no participaba porque yo estaba al cargo; si tenemos comisario general de Información para qué queremos DAO".
Los hombres de seguimiento que se utilizaron de la Comisaría General de Información dependían de García Castaño y los fondos reservados eran facilitados por la DAO al jefe de la UCAO, no por el comisario Barón.
Andrés Gómez Gordo
Otra pieza clave de la operación es el comisario Andrés Gómez Gordo, apodado por Villarejo como Cospedín, por su vinculación a la exministra de Defensa María Dolores de Cospedal.
Fue jefe de seguridad de Francisco Granados, cuando este fue consejero de Interior de la Comunidad de Madrid. Justo antes, Gómez Gordo había dirigido la seguridad de la Ciudad de la Justicia de Madrid, un proyecto ruinoso, por el que está imputado.
Tras su paso por la Comunidad de Madrid, fue fichado por Cospedal como director general de Documentación y Análisis de la Junta de Castilla-La Mancha entre 2011 y 2015.
En su etapa junto a Granados, Gómez Gordo conoció a Sergio Ríos, que más tarde se convertiría en chófer de la familia Bárcenas. Sergio era el conductor de confianza del consejero Granados y conoció a Cospedal en esa época, cuando ella era la consejera de Transportes de la Comunidad de Madrid.
Juan Antonio González García
Comisario conocido como J.A.G desde que sus iniciales aparecieron en los papales de la operación Malaya, de corrupción de Marbella. Policía considerado como hombre de Rubalcaba, en los inicios de la operación Gürtel era comisario general de Policía Judicial y tenía al comisario Olivera, siendo jefe de la UDEF, bajo sus órdenes.
Sus subordinados han declarado que González no hizo nada por parar los pies tanto a Olivera como a Villarejo, quien también dependió de su comisaría un tiempo hasta pasar a la DAO de Miguel Ángel Fernández Chico. Se hizo pública una conversación con él grabada en un restaurante acompañado por Olivera y Villarejo en la que Bárcenas se le acercaba para aclarar los asuntos de Gürtel. Su nombre aparece en innumerables ocasiones en las agendas del comisario recién salido de prisión.
Durante el tiempo que fue Comisario General de Policía Judicial el tándem Olivera-Villarejo campó a sus anchas con operaciones policiales poco claras como el caso Astapa de Estepona (Málaga), donde se mezclaban los intereses del comisario Villarejo con la detención del ex alcalde Antonio Barrientos; el caso del espionaje en el PP de la Comunidad de Madrid, donde el comisario Jaime Barrado denunció que Olivera estaba informando a los sospechosos; o el caso Interligare, donde se investigaba la corrupción policial que también quedó en nada.
Mariano Hervás Cuevas
Es el número dos del comisario Enrique García Castaño (alias Big o el Gordo) en la UCAO y es el "ingeniero" del que habla Castaño cuando dice que llevó un ordenador al secretario de Estado de Interior, Francisco Martínez, y mandó su ingeniero para que además le configurara un buscador con el que trabajara sobre la documentación descargada de los teléfonos que les había proporcionado el chófer de Luis Bárcenas. Lo sorprendente es que aún no ha ido a declarar a la Audiencia por Kitchen ni como testigo.
Mariano Hervás fue quien sustituyó a Enrique García Castaño al frente de la UCAO cuando este fue destituido tras desvelar Público una conversación con él en el que se destapaba el chantaje que la "brigada política" de la policía estaba haciendo al CNI y a la Casa Real para que parasen las investigaciones contra ellos.
Marcelino Martín Blas
Fue comisario de la Unidad de Asuntos Internos hasta que, en abril de 2015 y debido a la investigación sobre Villarejo dentro de la causa del pequeño Nicolás, fue destituido, y el juez de instrucción número 2 de Madrid, Arturo Zamarriego, se vio obligado a crear una comisión judicial que no respondiera a sus mandos dentro de Interior y tampoco a los políticos al frente del Ministerio.
Aunque está imputado en la Operación Kitchen, el propio chófer de los Bárcenas asegura que jamás habló con Marcelino Martín Blas y que con los únicos policías que trató fue con su amigo Andrés Gómez Gordo y con los comisario Enrique García Castaño y José Manuel Villarejo.
Javier Iglesias Redondo
El abogado Javier Iglesias es otra pieza clave en este caso y en otros relacionados con el PP y con el comisario Villarejo. Apodado el Largo, en estos momentos es el letrado de la mujer de Villarejo y antes lo fue del extesorero del PP Álvaro Lapuerta.
Precisamente con el encargo de María Dolores de Cospedal para que se encargara de la defensa de Lapuerta por el caso Gürtel, Javier Iglesias se convirtió en el abogado de confianza del PP, hasta el punto que se le encargó, según grabaciones incautadas al comisario Villarejo, un proyecto para remodelar el organigrama de los cargos de la Audiencia Nacional siguiendo los intereses del PP.
Pero en el proyecto estrella en el que participó presuntamente Iglesias, el Largo, fue en Andorra para salvar de sus problemas fiscales a los empresarios y hermanos Higini y Ramón Cierco, mediando entre la Banca Andorrana (BPA) y el Gobierno de Mariano Rajoy.
Villarejo y Javier Iglesias también se reunieron con Josep Pujol Ferrusola para hacerle "la oferta” de que si paraba a ERC se cerraría la investigación sobre su familia en la Audiencia Nacional.
Silverio Nieto Núñez
Sacerdote, exjefe de Asuntos Jurídicos de la Conferencia Episcopal Espola, Nieto hizo presuntamente de intermediario entre Francisco Martínez y el exministro Fernández Díaz cuando la operación Kitchen se dio a conocer en la prensa.
El sacerdote, que había sido confesor del exministro, recibió mensajes por WhatsApp del ex número dos de Interior, Francisco Martínez, detallando cómo había llevado ante notario los mensajes cruzados con Fernández Díaz sobre el supuesto operativo pagado con fondos reservados. Sin embargo, en su declaración como testigo, el sacerdote intentó desvincularse de cualquier conocimiento del operativo.
José Luis Olivera Serrano
José Luis Olivera, según las grabaciones de Villarejo, estaba informado de la operación Kitchen, Cataluña y de todas las operaciones al margen de la ley que efectuó Villarejo ya que tuvo un papel clave en favor del PP en 2009, cuando era jefe de la UDEF y estalló el caso Gürtel.
También lo tuvo en el caso del espionaje de la Comunidad de Madrid a favor de Francisco Granados y fue durante su mandato cuando no se incluyeron en Gürtel las grabaciones entregadas por José Luis Peñas que hubieran podido destapar lo que hoy conocemos como caso Púnica y que investiga la Guardia Civil.
En el sumario aparecen grabaciones de Villarejo y Olivera en 2017, cuando el segundo dirigía el Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO) hablando de Kitchen y de su papel para ayudar al PP en Gürtel.
Eugenio Pereiro Blanco
Comisario general de Información que sustituyó a Enrique Barón en su puesto tras ser destituido en diciembre de 2017. A priori no tiene relación con la causa Kitchen.
Eugenio Pino Sánchez
La trama Kitchen salpica de lleno a la cúpula policial de la época de Fernández Díaz, conocida como 'brigada política', con el entonces director adjunto operativo, Eugenio Pino, al frente, la implicación de subordinados como José Ángel Fuentes Gago o Bonifacio Díaz, y con Villarejo y García Castaño como principales operativos. Su relación con Eduardo Inda y otros periodistas receptores de los informes policiales ilegales también se ha investigado en los tribunales.
Rosalía Iglesias Villar
Rosalía Iglesias, esposa de Luis Bárcenas, cumple condena de trece años, en la cárcel de mujeres de Alcalá de Henares (Madrid) por su colaboración en la ocultación del patrimonio ilícito de su marido. Según la sentencia de la primera época de la trama Gürtel, confirmada por el Tribunal Supremo, Rosalía Iglesias tenía "pleno control y capacidad de gestión sobre las cuentas bancarias de su titularidad, suizas o españolas, a través de las que el matrimonio ocultó su patrimonio y lo hizo circular".
En la investigación que emprende ahora el Congreso, Rosalía Iglesias es la víctima de una operación para seguirle los pasos y localizar las pruebas sobre la caja b del PP y sobre las cuentas que cargos del partido, incluido su marido, poseían en Suiza, adonde había ido a parar buena parte de los donativos de empresarios al Partido Popular.
La operación arrancó en 2013, con la contratación por parte del matrimonio Bárcenas-Iglesias del chófer Sergio Ríos, que, en realidad, trabajaba para el comisario Villarejo y para el entonces jefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO), Enrique García Castaño, alias El Gordo, a las órdenes del director Adjunto Operativo (DAO) Eugenio Pino, dependiente del Ministerio del Interior.
Rosalía Iglesias y su hijo, Willy Bárcenas, sufrieron el asalto en su casa, en octubre de 2013, por parte de un falso cura, que le atacó y pidió los pendrives de la caja b.
Sergio Ríos Esgueva
Es el chófer de la Luis Bárcenas y Rosalía Iglesias que sirvió de topo de la policía bajo el alias de El cocinero, aunque sus conocimientos del Partido Popular son mucho más amplios ya que empezó como conductor de Francisco Granados en la Consejería de Interior de la Comunidad de Madrid.
Fue bajo las órdenes de Granados que se hizo amigo de Andrés Gómez Gordo, el hombre de María Dolores de Cospedal, y de ahí dio el salto a la Policía, el pago final por su participación en la Operación Kitchen, como publicamos en septiembre de 2015. Ahora es policía, una promesa que le había hecho presuntamente el comisario Villarejo como pago por sus servicios.
Jorge Sanchís Bordetas
El abogado Jorge Sanchís Bordetas fue nombrado director de gabinete de Francisco Martínez en 2015. El pasado mes de noviembre declaró como testigo en la causa abierta por la Kitchen, negando conocer el operativo, pese a ser una persona de confianza del secretario de Estado de Seguridad. Sí que admitió Sanchís haber hablado con Francisco Martínez del tema, cuando comenzaron a salir informaciones de prensa, pero de modo informal.
José Antonio Nieto Ballesteros
Secretario de Estado de Interior con el ministro Juan Ignacio Zoido, cuando ya estaba acabada la Operación Kitchen. Cordobés como Villarejo, el comisario intenta influirle a través de María Dolores de Cospedal como confesó en una comida con el marido de Ana Rosa Quintana y también procesado en la causa Tándem, Juan Muñoz.
Pero a priori, Nieto Ballesteros no tiene nada que ver con el Operativo de Kitchen que llevó en persona su antecesor en el cargo, Francisco Martínez, ya que Villarejo estaba jubilado cuando él entró en Interior.
José Manuel Villarejo Pérez
El comisario jubilado y recién salido de prisión comenzó su andadura en la policía en 1971 y desde su dudosa excedencia del cuerpo en 1983 ha ido de operación siniestra en operación siniestra hasta la cárcel de Estremera de la que acaba de salir.
En la Operación Kitchen, Villarejo recibía instrucciones de los empresarios Ignacio López del Hierro y Mauricio Casals, y no del ministro Fernández Díaz o del Secretario de Estado, Francisco Martínez, que parece que sí se las daban al comisario Enrique García Castaño.
Villarejo está investigado en la causa Tándem, que ya engloba 31 piezas separadas de diferentes proyectos de los que a formado parte desde 2004. Sin duda, con la cantidad de informes hallados en el registro de su casa, se pueden decir muchas cosas menos que no trabaja. De algún lado han tenido que salir los 25 millones de euros y 92 inmuebles que le detectó la UDEF en 2016 solo con su identidad real, porque con el salario de funcionario policial es imposible obtenerlo. Según las grabaciones de ese momento, solo se había localizado el 10% de todo su patrimonio. Sin duda todavía queda una gran investigación por hacer (para más información sobre Villarejo, ver aquí).
Ignacio Cosidó Gutiérrez
Fue director general de la Policía entre 2012 y 2016. Eugenio Pino, exDAO, declaró ante el juez de la Audiencia Nacional García-Castellón que Cosidó estaba al corriente de la operación Kitchen porque él mismo le informó sobre ello.
La defensa del comisario jubilado Marcelino Martín-Blas, exjefe de Asuntos Internos de la Policía, ha pedido que Ignacio Cosidó declare en la Audiencia Nacional sobre si fue él o Francisco Martínez, ex secretario de Estado de Seguridad, quien le habló a Eugenio Pino de lo poco conveniente que era que el jefe de Asuntos Internos fuera quien controlara al exchófer de Bárcenas, Sergio Ríos, como confidente. La petición de Martín-Blas aún no se ha resuelto.
Francisco Martínez Vázquez
Fue secretario de Estado de Seguridad, es decir, el número dos del Ministerio del Interior, entre 2016 y 2018. El entorno de Mariano Rajoy quiere que recaiga sobre él la responsabilidad por haber montado la operación Kitchen en connivencia con el comisario jubilado José Manuel Villarejo.
En unas notas halladas en su teléfono, Martínez afirmó que recibió instrucciones "muy concretas" y tuvo "presión diaria para obtener y transmitir la información". Está imputado en esta causa por presuntos delitos de prevaricación, revelación de secretos y malversación
Ignacio López del Hierro
En el sumario del caso queda constancia de que el marido de Cospedal, el empresario Ignacio López del Hierro, puso en contacto a Gómez Gordo con Villarejo para que éste contactara con Sergio Ríos y le convenciera de ser un topo. También participó presuntamente en los pagos al chófer en 2015.
María Dolores de Cospedal García
Secretaria general del PP, presidenta de Castilla-La Mancha y ministra de Defensa. A un paso de resultar imputada en la causa Kitchen al tener el juez sospechas de la ex número dos del PP tenía un "interés personal" en conseguir la documentación que guardaba Bárcenas y que supuestamente podría ser comprometedora tanto para ella como para otros exdirigentes del partido.
Amiga de Villarejo, como queda patente en las grabaciones incautadas al comisario jubilado.
Jorge Fernández Díaz
Ministro del Interior entre diciembre de 2011 y noviembre de 2016. Imputado en la causa por el espionaje a Bárcenas, el 18 de octubre de 2013 comunicó a su segundo, Francisco Martínez, en un mensaje: "La operación se hizo con éxito. Se ha volcado todo (2 iphone y 1 Ipad). Mañana tendremos el informe".
Mariano Rajoy Brey
Un informe de la Unidad de Asuntos Internos de la Policía Nacional, con fecha 29 de octubre de 2018 (que consta en el sumario de la operación Kitchen desde el pasado mes de septiembre), vincula al expresidente del Gobierno Mariano Rajoy con el espionaje a Luis Bárcenas. En dicho informe, los policías que participaron en la operación citan a Rajoy con el mote de El asturiano.
https://www.publico.es/politica/guia-no-perderse-comision-congreso-kitchen.html
¿QUIÉN ES LA X DE LA 'KITCHEN'? LA COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN ARRANCA EN EL CONGRESO CON RAJOY EN EL PUNTO DE MIRA
Los trabajos comenzarán con la declaración de Bárcenas, que ya ha apuntado a Rajoy y Cospedal como los interesados en poner en marcha el operativo parapolicial
El órgano parlamentario nace lastrado por el déficit de documentación tras la negativa del juez a dar traslado de partes del sumario
Uno de los policías imputados recuerda a la Mesa que los comparecientes no tienen autorización para hablar sobre el uso de los fondos reservados
Luis Bárcenas y su guerra abierta contra el expresidente Mariano Rajoy y lo que él llama "el PP antiguo" inaugurará las comparecencias de la comisión de investigación del Congreso sobre la operación Kitchen. Con la precampaña y, posteriormente, campaña electoral madrileña como telón de fondo político, este órgano parlamentario tratará de ahondar, con sesiones previstas hasta junio, en el operativo policial sin autorización judicial que se puso en marcha en 2013 para robar documentación que el extesorero se había llevado del PP cuando fue despedido y que podía comprometer tanto al partido como a algunos de sus dirigentes.
Los trabajos comienzan este miércoles con la víctima de la trama, Luis Bárcenas, quien la semana pasada ya ofreció un adelanto de lo que será su intervención en la Cámara Baja al señalar directamente a Rajoy y a la ex secretaria general del PP María Dolores de Cospedal como centro de sus acusaciones sobre quiénes estaban más interesados en poner en marcha el operativo parapolicial. La incógnita que está aún por despejar es si en las sesiones parlamentarias se podrá intuir quién es la X de la Kitchen, teniendo en cuenta que la Audiencia Nacional, que lleva investigando este caso desde hace más de dos años, aún no ha logrado aclararlo.
En el juicio que se celebra estos días por la caja B del PP, el extesorero insistió en que "el PP antiguo, no el actual de Pablo Casado, el antiguo, las personas y dirigentes del PP bajo el mandato de Mariano Rajoy, organizaron una operación parapolicial" para robarle documentos y audios que acreditarían la existencia de la "contabilidad extracontable", como él la llama, y habló de dos grabaciones sustraídas en las que se oirían conversaciones que mantuvo tanto con Rajoy como con el ex secretario general Javier Arenas, que probarían que ambos tenían conocimiento de esa caja B. "Si se ha destruido o no, no lo puedo afirmar", remarcó.
Según el relato de Bárcenas, primero habló con Arenas, a quien comentó que le quedaba "un saldo en la caja B" y que "dadas las circunstancias" entendía que ya no se iba a utilizar. El ex secretario general del partido le instó a "desentenderse de eso" y a entregarle ese "sobre" al entonces presidente del PP porque "él sabe lo que tiene que hacer". Siempre según el relato del extesorero, subió al despacho de Rajoy para entregarle esa cantidad y mostrarle las dos últimas hojas de la contabilidad opaca y el entonces jefe del Ejecutivo le espetó: "Pero Luis, ¿cómo podéis llevar esto?". El extesorero le explicó, según su narración, que "era una indicación de Álvaro Lapuerta y que era una garantía" para ellos, "por si alguna vez se ponía en duda una aportación de algún empresario, que nadie pudiera decir que había habido una apropiación indebida por parte de alguien". Ahí, dijo Bárcenas, terminó la conversación, pues Rajoy cogió los papeles, se "giró" y los "destruyó" en una máquina.
"Organizan una operación para sustraerme los documentos que servirían para respaldar el conocimiento de Rajoy de una contabilidad paralela extracontable", afirmó el extesorero del partido conservador.
Su otro gran objetivo: María Dolores de Cospedal. No es un secreto el enfrentamiento que ambos mantuvieron en el pasado en los tribunales. La semana pasada, Bárcenas también se ocupó de citarla en varias ocasiones durante el juicio, insistiendo en que también cobró sobresueldos en negro, pero también apuntando hacia ella al afirmar que el comisario Andrés Gómez Gordo, uno de los policías imputados en Kitchen y asesor de la ex secretaria general en el gobierno de Castilla-La Mancha, fue el que "se llevó" los audios que implicarían a Rajoy y "debería aportarlos".
La comisión de investigación del Congreso sobre Kitchen ha preparado una treintena de comparecencias que incluyen, después de Bárcenas, a mandos policiales imputados en esta pieza 7 del caso Villarejo, pero también otros nombres que aparecen en el sumario de la causa que habrían tenido conocimiento de la operación, como el exjefe de la UDEF José Luis Olivera o el abogado Javier Iglesias, ambos grabados por el comisario jubilado José Manuel Villarejo. También se citará al ex inspector jefe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional y principal investigador del caso Gürtel, Manuel Morocho, quien explicó ante el juez Manuel García Castellón cómo el ex director adjunto operativo (DAO) Eugenio Pino le apartó de esa causa en 2015.
Dos políticos imputados
Después, será el turno de los políticos. Aparte de Rajoy y Cospedal, que serán los últimos, también están en la lista de comparecientes el marido de ésta, Ignacio López del Hierro, por la relación con Villarejo; la antigua cúpula de Interior con Jorge Fernández Díaz y Francisco Martínez; el sucesor de éste último, José Antonio Nieto; y el exdirector de la Policía Ignacio Cosidó. De todos estos, sólo Fernández Díaz y Martínez están imputados por la operación Kitchen, al estar al frente del departamento que gestionaba los fondos reservados de la Policía. Ninguno de los dos ha apuntado hacia sus superiores en sus declaraciones ante el juez y mientras que el primero asegura que desconocía por completo este operativo, el segundo defiende que creía que era legal y que estaba en conocimiento del juzgado que investigaba el caso Gürtel.
Sin embargo, este órgano parlamentario, que prevé alargar sus sesiones hasta junio –sin perjuicio de que pueda haber más ampliaciones de plazos–, comienza lastrada por la falta de documentación del sumario de la causa que aún se investiga en la Audiencia Nacional y con limitaciones que podrían alegar los comparecientes para hablar sobre el uso de los fondos reservados, que es una de las claves puesto que la trama se financió con este dinero público.
Para realizar los trabajos con toda la información disponible y que los diputados puedan hacer las preguntas pertinentes a los comparecientes, la comisión de investigación, que preside la socialista Isaura Leal, solicitó tanto al juez instructor del caso Villarejo, Manuel García Castellón, como a la Fiscalía Anticorrupción documentación muy concreta del sumario de la causa. Según han informado fuentes parlamentarias, la petición se cursó a través del Tribunal Supremo y de la Fiscalía General del Estado, respectivamente. En el caso del Ministerio Público, no rechazaron hacer entrega de lo solicitado, si bien aclaraban que se trataba de copias, no de los documentos originales –los cuales están a buen recaudo en la Audiencia Nacional–, por lo que no podían asegurar que fueran "íntegras y completas". En lo que respecta al magistrado, éste contestó a la comisión que no remitirá la documentación debido a que "se encuentra en fase de instrucción y por tanto tiene un carácter reservado".
Los papeles que requirió la Mesa de la comisión abarcaban desde información relativa al comisario jubilado José Manuel Villarejo y sus agendas incorporadas a la causa, hasta las grabaciones efectuadas por el expolicía a Cospedal y a su marido en la sede nacional del PP, así como la conversación que Villarejo mantuvo con los empresarios Adrián de la Joya y Alberto Pedraza en febrero de 2017 en la que comentaron que Rajoy había sido grabado admitiendo conocer la financiación irregular del partido y los sobresueldos en negro. También solicitó tener acceso a los archivos del teléfono móvil del ex secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez y las dos actas notariales instadas por él sobre los mensajes que dice haber recibido desde el móvil del exministro Jorge Fernández Díaz y que hacían mención al operativo. Sumaba a esto todos los oficios policiales de la causa, el informe del inspector de la Policía Nacional José Ángel Fuentes Gago que declaraba incompatibles las actividades empresariales de Villarejo con el trabajo policial, los expedientes de concesión de medallas con las que se distinguió a algunos de los policías implicados, así como la relación de miembros del tribunal que aprobó el acceso de Sergio Ríos, el chófer de Bárcenas fichado como confidente, a la escala básica de la Policía.
Pues bien, el instructor respondió con un breve escrito, consultado por infoLibre, en el que recordaba que "las diligencias del sumario serán reservadas y no tendrán carácter público hasta que se abra juicio oral", y que hay "límites infranqueables que se verían afectados en el presente caso por la remisión de documentación judicial al órgano parlamentario". Por eso, incidía en que no remitía lo requerido por la Mesa de la comisión de investigación escudándose en "la necesaria preservación y garantía de la independencia judicial y de los derechos fundamentales de las partes y de terceras personas".
El otro hándicap de este órgano parlamentario es que muchos de los comparecientes son cargos policiales imputados en la Audiencia Nacional y todo aquel que esté investigado está exento de contestar a las preguntas de los diputados para no incriminarse. Además, las diligencias de la pieza 7 del caso Villarejo versan sobre la utilización de dinero público, al menos 53.000 euros provenientes de los fondos reservados, para financiar un operativo policial sin autorización judicial y con el objeto de destruir pruebas de la caja B del PP, un asunto sobre el que el Consejo de Ministros ya tuvo que dar autorización a los imputados para hablar de ello ante el juez.
Los fondos reservados
Sobre esto mismo envió un escrito a la Mesa de la comisión el comisario jubilado Enrique García Castaño, alias El Gordo, uno de los policías investigados y quien se habría hecho con dos dispositivos electrónicos de Bárcenas. Dos agentes han declarado en la Audiencia Nacional que fue el chófer del extesorero quien les facilitó los dispositivos en octubre de 2013 y que los clonaron sin ningún tipo de orden judicial y sin dejar registro de nada, todo por indicación de García Castaño, que entonces era su superior.
Según adelantó ABC y han confirmado fuentes parlamentarias, el comisario remitió un escrito en el que recuerda que no tiene autorización del Consejo de Ministros para revelar secretos oficiales a este órgano del Congreso, sino sólo a la Audiencia Nacional, lo que supone un obstáculo para que explique el uso de los fondos reservados en general, y en el caso de Kitchen en particular. Otros mandos policiales podrían alegar también este impedimento para declarar sobre la gestión de los fondos.
SECRETO JUDICIAL, DUDAS POLÍTICAS Y ESTRATEGIAS DE DEFENSA AMENAZAN LA COMISIÓN KITCHEN
La investigación en la Audiencia Nacional tiene aún partes secretas y los comparecientes están condicionados por sus citaciones ante el juez instructor
Salvo nuevos aplazamientos, el 17 de marzo arrancará en el Congreso la comisión de investigación de Kitchen, la operación parapolicial puesta en marcha durante el Gobierno de Mariano Rajoy para obstaculizar el proceso de Gürtel. Lo hará con la comparecencia del extesorero de Génova Luis Bárcenas, pero con muchas dudas políticas de los partidos y con frenos judiciales. Las intenciones de la comisión, impulsada por PSOE y Unidas Podemos, han chocado con las limitaciones impuestas desde la Justicia. El motivo es evidente, la pieza sobre el espionaje al extesorero es una de las muchas que instruye en la actualidad la Audiencia Nacional. Es decir, no hay nada cerrado, sino que la investigación está en pleno desarrollo.
Para complicar aún más el resultado, el sumario de Kitchen cuenta con una parte declarada secreta y la línea entre lo que es reservado y no es tremendamente fina. Prueba de ello es la decisión adoptada hace unos días por el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6, Manuel García-Castellón, de no remitir documentación alguna a las Cortes. El juez no pudo dejarlo más claro: "Las diligencias del sumario serán reservadas y no tendrán carácter público hasta que se abra juicio oral", dijo a la Cámara Baja. Para el magistrado, hay "límites infranqueables que se verían afectados en el presente caso por la remisión de documentación judicial al órgano parlamentario". La comisión pedía acceso a pruebas en pleno análisis de los investigadores, como las agendas de Villarejo o el contenido de los teléfonos incautados al exministro del Interior Jorge Fernández Díaz y su número dos, Francisco Martínez.
Esta contundencia del juez es un aviso para navegantes. En concreto, para aquellos de los comparecientes que tienen la condición de investigados. El propio José Manuel Villarejo, que acaba de salir de prisión, o el extesorero Luis Bárcenas, cuya declaración está prevista para el 17 de marzo, están obligados a guardar silencio. Sus defensas les aconsejarán que no hablen, ya que —más allá de una cuestión estética— hacerlo puede implicar la comisión de un delito. Lo mismo sucede con el exjefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO) Enrique García Castaño.
Los que no están imputados también medirán al máximo sus palabras. Algunos de ellos aún no han pasado por la sede judicial, como Mariano Rajoy o María Dolores de Cospedal, pero pueden ser citados; ya que, como destaca el juez, la instrucción se encuentra en pleno desarrollo. En lo político, la comisión ha sido planteada como una forma prolongada de debilitar y desgastar al PP. Sin embargo, algunos partidos no ocultan su preocupación por algunas consecuencias de esa investigación, porque supone abrir en canal de forma pública la seguridad del Estado y porque puede favorecer a partidos de los extremos del espectro, especialmente a Vox.
El partido de la extrema derecha ha planteado su participación como una ocasión única de debilitar al PP, con quien compite por liderar la oposición. Macarena Olona, abogada del Estado con experiencia en investigaciones judiciales, será la portavoz de Vox en los interrogatorios. El PP, por su parte, buscará desligarse de los hechos y, sobre todo, relacionar gobiernos del PSOE con las actividades de policías investigados, como el propio Villarejo. Este último punto preocupa a los socialistas, especialmente a los que proceden de gobiernos anteriores.
LA COMISIÓN KITCHEN DEL CONGRESO SE ATASCA AL NEGAR EL JUEZ LA DOCUMENTACIÓN
Los diputados prorrogan su primer plan de trabajo de tres meses sin tener aún ninguna documentación y sin haber organizado ninguna comparecencia
La comisión de investigación sobre la Operación Kitchen se creó hace dos meses en el Congreso, pero no acaba de arrancar. Los diputados encargados de indagar sobre actuaciones irregulares en el Ministerio del Interior durante los gobiernos de Mariano Rajoy no han recibido ninguna documentación, y la comparecencia inicial de Luis Bárcenas, el extesorero del PP, se vuelve a aplazar. El juez que instruye el caso, Manuel García-Castellón, ha notificado a la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, que no puede facilitar los documentos requeridos porque” las actuaciones judiciales tienen carácter reservado en sede de instrucción”.
La comisión Kitchen del Congreso parece gafada. La Mesa que debe organizar el plan de trabajo —aprobado no sin demoras y con discusión en enero— se citó este martes otra vez, pero para aprobar una prórroga de su funcionamiento. El plazo inicialmente previsto de tres meses casi se ha cumplido sin que se haya registrado actividad alguna.
El 24 de febrero, el presidente del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, remitió formalmente a la presidenta del Congreso la respuesta negativa del titular del juzgado de instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García-Castellón, a la solicitud de la comisión de investigación Kitchen de una serie de documentos y diligencias del caso. El magistrado basa su negativa en el “carácter reservado” de las actuaciones judiciales en sede de instrucción, “un principio fundamental” sustentado en el artículo 301 de la ley de Enjuiciamiento Criminal. Este artículo dispone “que las diligencias del sumario serán reservadas y no tendrán carácter público hasta que se abra el juicio oral”.
El magistrado recuerda que el actual procedimiento judicial del caso Kitchen en la Audiencia “se encuentra en fase de instrucción y por tanto con carácter reservado”. García-Castellón alude a ese momento procesal, y a “la necesaria preservación y garantía de la independencia judicial y de los derechos fundamentales de las partes”, para argumentar que suponen un “límite infranqueable” para remitir esa documentación judicial ahora al Congreso.
Villarejo y Rajoy
La Mesa de la comisión Kitchen discutió este martes esta situación de atasco en sus trabajos provocada por la respuesta judicial, y optó en cualquier caso por seguir adelante, pese a las críticas planteadas por los representantes del Partido Popular. El PSOE y otros partidos, como Vox, defendieron en las primeras discusiones sobre el sentido de la comisión Kitchen que, antes de requerir determinadas comparecencias muy mediáticas y probablemente polémicas (como las del comisario preso José Manuel Villarejo o de los responsables políticos en Interior de aquella etapa que tuvieron alguna relación con el reparto irregular de fondos reservados), podía resultar mejor centrarse en el estudio de las ordenes y las instrucciones policiales. Y así convenció el PSOE a Podemos de dejar para el final las citaciones al expresidente Mariano Rajoy, al exministro Jorge Fernández, a la exsecretaria general del PP, Dolores de Cospedal, y a su esposo, Ignacio López del Hierro, y a los exsecretarios de Estado de Seguridad. Podemos, a su vez, insistió con otros partidos en no descartar que se llamase a Villarejo, como querían los socialistas.
El PP fue en su día, el 1 de octubre, el único partido que rechazó en pleno crear esta comisión propuesta por PSOE y Unidas Podemos, y que concitó el apoyo de 206 parlamentarios de esas formaciones y de Ciudadanos, PNV, Junts, Más País, Compromís, BNG, EH-Bildu, CUP, UPN y Nueva Canarias, y 54 abstenciones de Vox, Coalición Canaria y Teruel Existe.
El PP volvió a intentar este martes, como hizo en enero cuando salió adelante el primer plan de comparecencias y de peticiones de documentos, que la comisión pospusiese de nuevo sus sesiones hasta poder recibir todos los partidos la misma información del caso. Los populares entienden que PSOE y Podemos, al estar personados en la causa, disponen de mayor acceso a cómo discurre la investigación judicial. Ese intento de aplazamiento no prosperó, pero sí se acordó postergar una semana más, hasta el 17 de marzo, la esperada primera comparecencia en la comisión, que debe ser la de Luis Bárcenas, el extesorero nacional del PP. Bárcenas ya tiene la semana que viene señaladas varias sesiones del juicio abierto en la Audiencia sobre la caja b del PP que él manejó tantos años y que se tuvieron que suspender al contagiarse de coronavirus uno de los investigados que tenía que declarar.
Un precedente en 2016 con el voto contrario de De Prada
En noviembre de 2016, la Audiencia Nacional ya rechazó entregar al Congreso documentación judicial sobre la financiación ilegal del PP. La sección segunda de la Sala de lo Penal decidió entonces negar lo que pedía la comisión de investigación del Congreso con el argumento de que el “acceso indiscriminado a los documentos y actuaciones judiciales pueden poner en riesgo los derechos” de los procesados. Según la Audiencia, la presunción de inocencia de los acusados “podría verse comprometida” por una “investigación paralela no sujeta a las garantías del proceso penal y a la tutela de los derechos propios de la función judicial”.
La sala argumentó que algunos de los informes demandados desde el Congreso se habían obtenido bajo “el control judicial y con el designio de investigar posibles conductas delictivas, permitiendo por ende la investigación de hechos y datos personales a los que no hay acceso por terceros”. Aquel rechazo de la Audiencia fue aprobado por cuatro de sus cinco magistrados, con el único voto particular en contra del juez José Ricardo de Prada, que defendió que se entregase la documentación bajo estrictas condiciones. De Prada es ahora el clavo al que se sujeta el PP para seguir bloqueando la renovación pendiente del caducado Consejo General del Poder Judicial. El PP le clasifica como uno de los vocales próximos a Unidas Podemos y le identifica como el autor de la frase más condenatoria para los populares y Mariano Rajoy en la sentencia del caso Gürtel.
La Mesa de la comisión Kitchen, controlada por la mayoría del PSOE y Unidas Podemos, resolvió ayer volver a reunirse la semana que viene para prorrogar su mandato agotado de tres meses y analizar por dónde deberían comenzar a trabajar, todavía sin documentos judiciales y sin un programa organizado de comparecencias.
EL JUICIO POR LA 'CAJA B' DEL PP OBLIGA A RETRASAR AL 17 DE MARZO LA COMPARECENCIA DE BÁRCENAS EN EL CONGRESO
El juicio por el caso de la caja b del PP, que tiene previsto retomar la próxima semana la Audiencia Nacional, ha obligado al Congreso a desplazar del 11 al 17 de marzo la comparecencia ante la comisión que investiga el caso Kitchen del extesorero del PP Luis Bárcenas.
La comisión había fijado inicialmente el 11 de marzo el arranque de las comparecencias, con la de Bárcenas, pero al coincidir con la vista oral, finalmente este martes la mesa de la comisión ha decidido retrasarla una semana. Según han precisado fuentes parlamentarias, ésta tendrá lugar por videoconferencia el día 17.
Y lo mismo ha hecho con la de Miguel Ángel Bayo Herranz, el funcionario encargado de gestionar y trasladar de Interior a la Policía los fondos reservados, quien sí acudirá al Congreso a prestar testimonio justo después de Bárcenas.
Para el día siguiente, el 18 de marzo, se mantienen las comparecencias de Felipe Eduardo Lacasa, colaborador en Dirección Adjunta Operativa del su entonces máximo responsable, Eugenio Pino, y a José Antonio Rodríguez González conocido como comisario Lenin.
En todas las comparecencias, cada uno de los grupos parlamentarios dispondrá de 15 minutos para formular preguntas al compareciente en un formato de interrogatorio, sin intervención inicial. la Presidencia, que ocupa la socialista Isaura Leal, irá moderando la sesión y los tiempos.
BATET PUENTEA AL JUEZ DEL CASO VILLAREJO Y SOLICITA DATOS RESERVADOS SOBRE KITCHEN A ASUNTOS INTERNOS
La presidente del Congreso de los Diputados, Meritxell Batet, ha girado una solicitud al la Unidad de Asuntos Internos para que le remita archivos que obran en el sumario de la operación Kitchen El PP exige que Iglesias comparezca en la ‘Comisión Kitchen’ y el PSOE no llama a Villarejo
La presidenta del Congreso de los Diputados, Meritxell Batet, ha girado una solicitud a la Unidad de Asuntos Internos de la Policía para que le remita archivos que obran en el sumario de la operación Kitchen –operativo policial desarrollado entre 2013 y 2015 para sustraer a Luis Bárcenas información sensible que afectaba al PP– y utilizarlos, de esta manera, en la comisión de investigación que tendrán lugar en las próximas semanas. La socialista Batet ha decidido preguntar a la Policía Nacional con el objetivo de puentear al juez Manuel García-Castellón que ha respondido que no atenderá dicha petición porque los documentos «se encuentran en fase de instrucción y por tanto tienen un carácter reservado».
El instructor del caso Villarejo indica en un informe fechado el 22 de febrero que esa reserva en las actuaciones judiciales es un principio fundamental al que alude el artículo 301 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Recuerda que el mismo señala que «las diligencias del sumario serán reservadas y no tendrán carácter público hasta que se abra juicio oral». Por tanto, insiste en que estas diligencias «como es público y notorio» se encuentran en fase de instrucción.
El titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional añade: «Hay límites infranqueables que se verían afectados en el presente caso por la remisión de documentación judicial al órgano parlamentario». Por ello, incide en «la necesaria preservación y garantía de la independencia judicial y de los derechos fundamentales de las partes y de terceras personas».
Fuentes consultadas por OKDIARIO aseguran que «tratar un asunto judicializado, que se está investigando, en las Cortes Generales puede conllevar a un juicio paralelo de los imputados y, por ende, también puede salpicar a aquellos otros que no están siendo investigados en este procedimiento pero que formaban parte del Gobierno durante el desarrollo del operativo policial montado para sustraer información sensible al ex senador Bárcenas». Prosiguen: «El uso de esa documentación podría afectar a la presunción de inocencia de los investigados».
Puentear al juez
La Mesa de la comisión Kitchen del Congreso de los Diputados, con mayoría del PSOE y Podemos, ha optado ahora por puntear al juez –tras la respuesta negativa de éste– y formular la misma petición a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, encargadas de la investigación y dirigidas por el ministro socialista Fernando Grande-Marlaska.
Tal y como adelantó OKDIARIO, PSOE y Podemos desde el principió pretendieron sortear al juez porque «conocían de antemano cuál sería el veredicto de acuerdo a la ley», explican fuentes consultadas por este periódico.
El problema es que sería ilegal que la Policía enviara los oficios y los informes que han solicitado si previamente el juez del caso no ha dado su beneplácito, pues es el único con autoridad para permitir que salga ningún papel del sumario. Fuentes consultadas por este periódico recalcan: «No pueden enviar ni un solo papel si el juez no lo autoriza. El magistrado es el único que puede decir qué papeles se pueden enviar al Congreso».
Las agendas y la cinta de Cospedal
La presidente del Congreso requirió al Juzgado información relacionada con el ex comisario José Manuel Villarejo, principal investigado en la macrocausa, así como sus agendas y las grabaciones efectuadas por éste a la ex secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, y su marido, el empresario Ignacio López del Hierro. Hay que recordar que el Ministerio Fiscal ha solicitado la imputación de ambos por presuntos delitos de prevaricación, descubrimiento y revelación de secretos y malversación de caudales públicos. Sin embargo, García-Castellón ha decidido no dar este paso por ahora.
También se ha solicitado la conversación que Villarejo mantuvo con los empresarios Adrián de la Joya y Alberto Pedraza en febrero de 2017. En esa fecha Villarejo ya estaba jubilado y le quedaban sólo nueve meses para que la Unidad de Asuntos Internos llamase a su puerta para detenerle y realizar un registro domiciliario en su casa de Boadilla del Monte (Madrid).
Acceso a archivos telefónicos
La socialista Batet además requería tener acceso a los archivos del teléfono móvil de Francisco Martínez, ex número 2 de Interior durante el mandato de Jorge Fernández Díaz, y las dos actas notariales instadas por él en relación a los mensajes en los que se mencionaba el operativo, que dice haber recibido desde el móvil del ex ministro del Interior de Rajoy. Los investigadores acaban de incorporar un informe con estas conversaciones.
Por último, la comisión también solicitaba todos los oficios policiales de la causa; el informe por el cual el inspector José Ángel Fuentes Gago declaraba incompatibles las actividades empresariales de Villarejo con el trabajo policial; los expedientes de concesión de medallas con las que se distinguió a algunos de los agentes implicados; y la relación de miembros del tribunal que aprobó el acceso de Sergio Ríos, ex chófer de Bárcenas y que realizó una labor de infiltrado en el operativo, a la escala básica de la Policía.
OKDIARIO adelantó que en el operativo se pagaron sobornos con dinero de los fondos reservados – partida presupuestaria destinada para combatir el terrorismo y el crimen organizado– al chófer de Luis Bárcenas. A cambio, éste debía ejercer la labor de ‘topo’ y conseguir los documentos sensibles que escondía el ex tesorero. El conductor fue premiado con 48.000 euros (2.000 euros mensuales durante dos años) y el acceso a una plaza de la Policía Nacional, según apuntan las investigaciones.
EL JUEZ GARCÍA-CASTELLÓN SEÑALA AL CONGRESO QUE NO REMITIRÁ LA DOCUMENTACIÓN DE LA 'KITCHEN' POR SU "CARÁCTER RESERVADO"
El magistrado de la Audiencia Nacional también sostiene que la "necesaria preservación y garantía de la independencia judicial y de los derechos fundamentales de las partes y terceras personas suponen límites infranqueables que, en el presente caso, se verían afectados por la remisión de documentación judicial".
El juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón, que instruye la causa de la Operación Kitchen, ha enviado al Congreso un escrito en el que confirma que no remitirá a la comisión de investigación sobre la trama la documentación que obra en el sumario de la causa judicial, ya que el procedimiento se encuentra en fase de instrucción y por lo tanto, "con carácter reservado", tal como aseguran fuentes parlamentarias a este medio.
El órgano parlamentario acordó por unanimidad el pasado 28 de enero la comparecencia del excomisario José Manuel Villarejo y del resto de cargos policiales y políticos presuntamente implicados en la trama sobre la operación parapolicial organizada por el Ministerio de Interior, a instancias del PP y pagada con fondos reservados, para espiar al extesorero del partido Luis Bárcenas y eliminar pruebas incriminatorias sobre la corrupción de la formación. Asimismo, los grupos aprobaron la documentación que se debía requerir al Gobierno, sobre asuntos relaciones con Interior, a la Fiscalía Anticorrupción y a la Audiencia Nacional.
En este sentido, el Ministerio Público trasladó a la Cámara Baja que, "en cumplimiento de su deber de colaboración institucional", cedería los datos de los que dispone sobre las causas existentes y órganos que las investigan. Si bien, advirtió que, de la documentación solicitada, "el fiscal solo dispone de copias para su propio uso, sin que pueda asegurar que las mismas sean íntegras y completas, pues la custodia de las actuaciones judiciales corresponde a los tribunales y la fe de su autenticidad a los letrados de la Administración de Justicia".
Ahora, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional ha respondido al Congreso que no cederá la información requerida debido al "carácter reservado de las actuaciones judiciales en sede de instrucción", según los datos trasladados a Público. Asimismo, el juez ha dado otro motivo: "La necesaria preservación y garantía de la independencia judicial y de los derechos fundamentales de las partes y terceras personas, dado el momento procesal en el que nos encontramos y el buen fin del procedimiento, suponen límites infranqueables que, en el presente caso, se verían afectados por la remisión de documentación judicial al órgano parlamentario".
En concreto, la omisión de investigación solicitó los informes de la UDEF sobre las causas de corrupción contra el PP vinculadas a la Gürtel, los papeles de Bárcenas, Púnica, Lezo o la propia operación Kitchen, "sin vulnerar la reserva de los sumarios que se están instruyendo". Además, la grabación de Villarejo a Cospedal y López del Hierro, en la que éste último aseguró que Rajoy aprobaba los trabajos que encargaba al excomisario; la conversación de Villarejo con sus socios, los empresarios Adrián de la Joya y Alberto Pedraza; la agenda del excomisario; la documentación acreditativa de la financiación de la Operación Kitchen con cargo a los fondos reservados; y los archivos del móvil del número dos de Fernández Díaz. Sobre éste último, también se solicitó dos actas notariales en las que Francisco Martínez certificó los mensajes intercambiados con el exministro de Interior, evidenciando que sabía del espionaje a Bárcenas.
También, se requirió, entre otros documentos, el informe elaborado por Fuentes Gago sobre la incompatibilidad de trabajo de comisario con las actividades empresariales de Villarejo, así como los expedientes de concesión de medallas de oro, plata o roja entregadas, bajo los mandatos de Fernández Díaz y Juan Ignacio Zoido al frente de Interior, a comisarios, inspectores jefes, inspectores y a otras personas ajenas al cuerpo.
Cabe destacar que el juez García-Castellón levantó el secreto de sumario de la pieza 7 del caso Tándem —más conocido como caso Villarejo—, por lo que gran parte de la información se ha hecho pública a través de los medios de comunicación. "Hay una parte que es aún secreta, pero ninguno de los papeles que ha pedido el Congreso forma parte de esa información secreta", sostienen a Público estas fuentes.
Mientras tanto, queda menos de dos semanas para la comparecencia de Luis Bárcenas, que será quien abra el turno de declaraciones en sede parlamentaria el próximo 11 de marzo. Lo hará por videoconferencia, desde la prisión de Soto del Real, a petición de su abogada. Los grupos parlamentarios tendrán 15 minutos para formular las preguntas y ser respondidas por el compareciente que no tendrá intervención inicial, tal como acordó este jueves la mesa y los portavoces de la comisión Kitchen. El expresidente del Gobierno y del PP Mariano Rajoy será el último en comparecer.
BÁRCENAS COMPARECERÁ EN EL CONGRESO EL 11 DE MARZO Y RAJOY CERRARÁ LA COMISIÓN KITCHEN
El excomisario Villarejo será el último en comparecer de los mandos policiales. A Rajoy lo precederán Jorge Fernández Díaz y María Dolores de Cospedal
El extesorero del PP, Luis Bárcenas, será el primero en comparecer en la comisión de investigación del caso Kitchen. Lo hará el próximo 11 de marzo, en una sesión en la que también está previsto que comparezcan el que fue secretario general de la DAO entre septiembre de 2013 y mayo de 2015, el comisario Felipe Eduardo Lacasa, y el facultativo adscrito a la Policía Nacional Miguel Ángel Bayo. Así lo ha ratificado este miércoles la mesa de la comisión, que ha aprobado el orden de comparecencias según lo previsto, primero los mandos policiales, a excepción de Bárcenas, y en una segunda fase los cargos políticos. De este modo, el expresidente del Gobierno, Mariano Rajoy, será el último en comparecer, después del exministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, y la exsecretaria general del PP, María Dolores de Cospedal. El excomisario Villarejo será el último en comparecer de los mandos policiales.
El objetivo de los socialistas era que la comparecencia del comisario ahora en prisión no convirtiera la comisión de investigación en un efecto 'boomerang' contra el partido, e incluso contra Unidas Podemos, embarrando los trabajos y desvirtuando su objeto, según indicaba. Sería lo que buscaría el principal partido de la oposición, indicaban fuentes del grupo, ya que el propio Villarejo anticipó en un escrito dirigido al magistrado que instruye su caso sus intenciones, asegurando tener pruebas comprometedoras contra PSOE y Unidas Podemos y acusándolos de ofrecerle "la libertad a cambio de testificar contra adversarios políticos, exculpando a otros afines, sobre hechos que constan en el sumario". Las declaraciones que realice Bárcenas en la comisión, quien ya mostró su disposición a colaborar con la Fiscalía Anticorrupción y apuntando al expresidente Mariano Rajoy como "perfecto conocedor" del funcionamiento de la contabilidad paralela del PP, serán fundamentales para decidir si finalmente se llama a comparecer al actual líder del PP, Pablo Casado. Este último no figura en la lista de comparecientes de la comisión de investigación en el Congreso sobre el caso Kitchen, pero las últimas informaciones sobre los contactos del abogado del partido con un enlace de Luis Bárcenas han llevado a los grupos parlamentarios a reconsiderarlo.
Desde el PSOE dejaron la puerta abierta a que comparezca el líder de la oposición, a la espera de que el extesorero del PP ratifique la versión sobre sus contactos con emisarios del partido hasta el pasado mes de septiembre. Otros grupos, como Unidas Podemos, ya han avanzado que pedirán la comparecencia de Casado, al igual que las formaciones que ya lo incluyeron en sus listas, pero que no recibieron los votos suficientes para que saliese adelante. En el grupo socialista explican que todavía no se ha planteado formalmente este extremo, pero recuerdan que en la comisión se reservó la posibilidad de llamar a nuevos comparecientes si así se decidía por mayoría y en función del relato de otros comparecientes. Estas mismas fuentes insisten en dejar la puerta abierta a la comparecencia de Casado.
El secretario de Organización del PSOE y ministro de Transportes, José Luis Ábalos, ya exigió a Casado que explicase qué emisario de la actual dirección del PP se reunió con Bárcenas. "No puede pasar ni un minuto más sin que Casado dé la cara y diga qué tejemanejes se trae con el extesorero del partido", afirmó, al tiempo que lanzaba la pregunta de "con qué emisario de la actual dirección se reunió Bárcenas y qué se le ofreció a cambio de su silencio".
Las citas del 'emisario' del PP con un contacto de Luis Bárcenas, como publicó este diario, se prolongaron hasta semanas antes de que se conociera la sentencia del Tribunal Supremo, que en el mes de octubre confirmó las penas para el extesorero y su mujer, Rosalía Iglesias. En estas citas participaron, por un lado, el abogado que representa al PP en los procedimientos penales en los que está implicado el partido, Jesús Santos, y, por otro, un estrecho amigo de Bárcenas, Agustín de Diego.
Las fuentes consultadas aseguraron que la formación aprobó los contactos y se limitó a vetar una propuesta de Bárcenas para encontrarse personalmente con Santos. El primero de los encuentros fue facilitado por el entonces juez de la Audiencia Nacional y ahora consejero de Interior de la Comunidad de Madrid y miembro del comité ejecutivo del PP, Enrique López. Para el vicepresidente de la comisión de investigación y portavoz adjunto de Unidas Podemos, Enrique Santiago, estas revelaciones "incrementan los argumentos para que Casado comparezca". "Para nosotros, esas declaraciones ameritan que dé explicaciones", añadía Santiago, recordando que su formación ya se había mostrado dispuesta a incluirlo en su lista de comparecientes, aunque lo retiraron para intentar llegar a un acuerdo de lista conjunta con sus socios.
VOX ENTREVISTA A VILLAREJO EN LA CÁRCEL Y EL EXCOMISARIO LE DA ESTE TITULAR: "LAS CLOACAS NO GENERAMOS MIERDA, LA LIMPIAMOS"
Tras dos horas de entrevista con el comisario, Macarena Olona asegura que las condiciones impuestas para la entrevista son un "atropello" del poder ejecutivo al legislativo por no permitir haber grabado el encuentro
"Habrá una serie de comparecencias a la vista de la numerosa información de la que dispone. No es que le demos veracidad, pero el pueblo español tiene derecho a saber y es importantísimo acceder a fuentes que tengan información relevante", incide la portavoz del grupo de extrema derecha
La portavoz de Vox en el Congreso de los Diputados, Macarena Olona, ha anunciado tras reunirse en la cárcel de Estremera con el excomisario José Manuel Villarejo que emprenderán acciones contra el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska y contra el secretario general de Instituciones Penitenciarias (IIPP), Ángel Luis Ortiz, por no permitirle haber grabado el encuentro.
Tras dos horas de entrevista con el comisario, que permanece en prisión preventiva desde noviembre de 2017 como principal investigado en la causa Tándem, Olona ha atendido a los medios concentrados a las puertas de la prisión, recoge Europa Press, para explicar que uno de los tres diputados, vocales de Vox en la comisión de investigación Kitchen, no ha podido acceder finalmente al encuentro y que además les han intervenido la comunicación.
Así, a pesar de agradecer el trato dispensado por el director del centro penitenciario, ha calificado las condiciones impuestas para la entrevista de "atropello" del poder ejecutivo al legislativo. "Es absolutamente improcedente que cuando a unos periodistas de El País se les permitió grabar, esa misma posibilidad se le haya prohibido al poder legislativo, más cuando el objeto de la grabación era aportarla a la comisión de investigación", ha comentado.
La visita de Olona a Villarejo se enmarca en los trabajos para documentarse para la comisión que analizará el operativo parapolicial Kitchen, que se armó, según el juez instructor, para sustraer información sensible del PP al extesorero del partido Luis Bárcenas, con el objetivo de que no llegara a ser judicializada.
Habrá más encuentros
Pero este primer contacto no ha sido suficiente ya que sólo les ha servido para hacerse una composición de lugar (no han tratado realmente el caso Kitchen) por lo que desde Vox ya avanzan que, como éste, habrá múltiples encuentros con el comisario en Estremera.
"Habrá una serie de comparecencias a la vista de la numerosa información de la que dispone. No es que le demos veracidad, pero el pueblo español tiene derecho a saber y es importantísimo acceder a fuentes que tengan información relevante", ha explicado a la salida, para afirmar acto seguido que, por lo que les ha dicho el comisario, han contactado tanto PP como PSOE y Podemos con él pero de manera "oculta" y que el único partido que ha ido de forma abierta y "transparente" ha sido Vox.
Este extremo le ha "sorprendido" a Olona, quien ha comentado además que la finalidad del PSOE y Podemos ha sido tratar de convencer a Villarejo para que "sacara a la luz toda la porquería que tuviese de adversarios políticos" mientras que los contactos por parte del PP iban encaminados a que "no les perjudicase con su declaración".
“Las cloacas no generamos mierda, la limpiamos”
Si bien se ha guardado lo que han charlado durante las dos horas de encuentro, la portavoz de Vox sí que llevaba dos frases literales de Villarejo. "Nos ha transmitido que las cloacas no generamos mierda, la limpiamos, y que él va a saltar al abismo pero no va a caer solo", ha leído de sus apuntes.
Tras comentar esto, ha apuntado que le ha llamado la atención que hablando con el comisario éste le ha trasladado que su mujer, Gemma Alcalá –encausada en varias de las piezas de Tándem–, está siendo asistida por un abogado vinculado al PP. Por ese motivo, Olona concluye que PSOE y Podemos "tienen que estar muy preocupados" porque la información que maneja afecta a todos los partidos, pero la actitud de Villarejo "es muy diferente" con unos y con otros.
Al hilo, ha indicado que esto puede explicar la "resistencia" de PSOE y Podemos a que el comisario comparezca en la comisión, algo que finalmente sí se ha aprobado por la Mesa, aunque antes de abandonar el lugar, y dejando en el aire la sospecha, ha afirmado que en el caso de los 'papeles de Bárcenas' algún dirigente del PP "del sur" debería estar preocupado.
LA DIPUTADA DE VOX MACARENA OLONA SE ALINEA CON VILLAREJO Y SIEMBRA DUDAS SOBRE EL TRATO QUE RECIBE EN PRISIÓN
La portavoz de Vox en el Congreso de los Diputados ha arremetido contra el ministro del Interior por mantener el protocolo de vigilancia de las comunicaciones respecto a la reunión, este viernes, entre diputados del partido ultra y el excomisario Villarejo, en la prisión madrileña de Estremera.
La entrevista, este viernes, en la prisión madrileña de Estremera entre el recluso José Manuel Villarejo y la portavoz de Vox en el Congreso, Macarena Olona, que ha estado acompañada por otro miembro del partido ultraderechista, ha visibilizado la postura que Vox mantendrá en la comisión de investigación sobre la pieza 'Kitchen' en el Congreso de los Diputados: la victimización del excomisario Villajero. Olona ha declarado, a la entrada de la prisión, respecto a Villarejo: "Quieren que comparezca dentro de dos años, que ya veremos como está y si está, a la vista de las informaciones tan preocupantes que conocemos sobre el trato que recibe en el centro penitenciario".
Se suma, así, Macarena Olona a la tesis seguida por el abogado de Villarejo, Antonio José García Cabrera, que anunció la petición de una investigación sobre el "trato penitenciario" que está recibiendo Villarejo. El excomisario fue trasladado al Hospital Gregorio Marañón, de Madrid, el pasado 2 de febrero, por sufrir molestias en un ojo y fue dado de alta al cabo de cuatro días. Su letrado se quejó de que había sido dado de alta, pese a que "persisten los síntomas que obligaron al ingreso hospitalario". Y difundió un comunicado en el que decía que Villarejo sufría "una intensa cefalea, sensación de mareo, gran dolor en la cuenca del ojo izquierdo, visión doble, pérdida de la movilidad del ojo izquierdo y caída del párpado izquierdo que sólo puede levantar con ayuda de la mano". Según expuso, tras realizársele varias pruebas, "no ha podido ser establecida la causa exacta de las lesiones que presenta, «aunque se relacionan en principio con la hipertensión arterial crónica que padece, así como con una situación de estrés profundo".
La portavoz de Vox en el Congreso de los Diputados ha aprovechado la visita a Villarejo para cargar contra el ministro del Interior por no haber admitido su petición, a la que se sumó el propio Villarejo, de que la reunión dentro de la prisión no fuera intervenida. Ha dicho Olona que "teniendo en cuenta que esta visita se realiza con la finalidad de incorporar el resultado a nuestros trabajos en la Comisión del Congreso, la grabación de la misma por nuestra parte resulta esencial". Y considera que "bajo ningún concepto pueden intervenirse las comunicaciones con autoridades y tampoco limitar el derecho de quienes acudimos a grabar el encuentro".
También ha advertido la diputada de Vox antes de entrar en la prisión de que trataría de grabar la reunión para luego poder trasladarla al Congreso, y que en caso de que no se les permita, irán a los juzgados. El Juzgado de Vigilancia Penitencia decidió este jueves permitir el acceso sólo a dos personas, y no a los tres vocales de Vox más el abogado de Villarejo, tal y como solicitaban en sus alegaciones.
Las tesis de Vox no le deben resultar ajenas a José Manuel Villarejo. Hay que recordar sus vínculos en la juventud con el partido ultra Fuerza Nueva, liderado por Blas Piñar. De hecho, trabajó a las órdenes del comisario Roberto Conesa, jefe de Antonio González Pacheco, Billy el Niño, en la Brigada Político-Social del franquismo. También su amigo y mano derecha, el comisario Enrique García Castaño, alias El Gordo, trabajó con Conesa y se le llegó a conocer a García Castaño como el 'blasillo' por su estrecha relación con Blas Piñar.
Macarena Olona ha insistido en la necesidad de que su reunión con Villarejo no fuera grabada por Instituciones Penitenciaras y ha recordado que "existe un precedente en la figura del abogado Miguel Durán", quien se entrevistó con Villarejo en la cárcel y que, tras un intento de que se grabara su comunicación, "citó la norma penitenciaria que dice que es ilegal". "Tendrán que considerar qué medidas adoptan, porque recordemos que hay un juez inhabilitado por hacer algo como lo que se pretende hacer --en referencia al exjuez Garzón--", ha dicho Olona.
LA JUSTICIA ORDENA QUE LA ENTREVISTA DE VOX Y VILLAREJO SEA GRABADA POR INTERIOR
El abogado del comisario jubilado confirma a la cadena SER que no acudirá al encuentro en Estremera
El juzgado de Vigilancia Penitenciaria ha dado la razón a Instituciones Penitenciarias en las condiciones que había marcado para el encuentro que se va a celebrar mañana entre el ex comisario jubilado, José Antonio Villarejo y la formación política de Vox. El encuentro se celebra mañana a las 09:45 horas en la cárcel de Estremera donde se encuentra Villarejo.
La jueza de Vigilancia Penitenciaria determina en un auto al que ha tenido acceso la cadena SER una serie de condiciones que Prisiones había marcado para celebrar la entrevista. En contra de lo que pedía Vox, Prisiones va a grabar el encuentro porque, según confirma el juez de Castro, Villarejo tiene intervenidas las comunicaciones en prisión.
"La citada condición de diputada de la señora Olona, ni siquiera como diputada vocal de la citada Comisión de Investigación parlamentaria puede condicionar el concreto régimen de control de las comunicaciones del interno puesto que la prohibición de suspensión, intervención o restricción administrativa de ningún tipo predicada por el artículo 49.2 del reglamento penitenciaria no resultaría aplicable a los parlamentarios" subraya el auto.
Además como había marcado Prisiones, solo podrán acudir al encuentro dos personas y no tres como había pedido la formación liderada por Santiago Abascal y el abogado solo podrá ir como una de esas dos personas y nunca en calidad de letrado defensor. "La presencia del abogado que no es preceptiva para la validez de todas y cada una de las diligencias de instrucción, sino solo de las legalmente previstas, carece de todo apoyo constitucional y legal en una actuación como la presente, de naturaleza estrictamente extraprocesal, por lo que la exigencia de que se autorice la presencia del letrado defensor del interno debe ser rechazada".
Ante estas condiciones el letrado de Villarejo confirma a la cadena SER que no va a acudir a este encuentro. Critica que Interior grabe la entrevista y por otro lado, otra de las condiciones que marca Prisiones avalada por el juez: que la entrevista se haga a través del locutorio.
https://cadenaser.com/ser/2021/02/18/tribunales/1613660608_542623.html
VOX ADVIERTE AL DIRECTOR DE LA CÁRCEL DE ACCIONES LEGALES SI GRABA EL ENCUENTRO DE SUS DIPUTADOS CON VILLAREJO
“Bajo ningún concepto pueden intervenirse las comunicaciones con autoridades y tampoco limitar el derecho de quienes acudimos a grabar el encuentro”
Macarena Olona, la secretaria general y portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Vox en el Congreso de los Diputados, ha remitido una carta al director de la cárcel de Estremera, donde tiene revisto mantener el próximo viernes una entrevista con el ex comisario José Villarejo, en la que le advierte que “bajo ningún concepto pueden intervenirse las comunicaciones con autoridades y tampoco limitar el derecho de quienes acudimos a grabar el encuentro”.
La portavoz adjunta de Vox -abogada del Estado de profesión- le adelanta al director del centro penitenciario de que de no atenerse a su solicitud ejercerá las acciones legales “de todo orden para preservar los derechos y funciones de la representación de la soberanía nacional”. En caso de que las medidas restrictivas sean adoptadas por el Ministerio del Interior, el grupo parlamentario de Vox le exigirá al director de Estremera la entrega de las instrucciones cursadas por el departamento de Fernando Grande-Marlaska.
La reunión de Olona y otros dos diputados de Vox con Villarejo se producirá el próximo viernes a las 10 horas. El ex comisario se convertirá en el invitado estrella de la Comisión de Investigación sobre la operación policial, conocida como Kitchen, encaminada a sustraer y destruir los documentos que guardaba el tesorero del Partido Popular, Luis Bárcenas.
Una grabación esencial
Olona, que estará acompañada en la cita con Villarejo del abogado del comisario, le recuerda al director de la cárcel que Villarejo ya mantuvo una entrevista en Estremera con redactores de El País y que “la grabación del encuentro por parte de los periodistas le fue autorizada”.
Así mismo, la portavoz de Vox le explica al director de la prisión: “Teniendo en cuenta que esta visita se realiza con la finalidad de incorporar el resultado a nuestros trabajos en la Comisión del Congreso, la grabación de la misma por nuestra parte resulta esencial”.
El director de la cárcel apeló a la seguridad del Estado y a la calificación de Villarejo como preso FIES-4 (Fichero de Internos de Especial Seguimiento, módulo de Fuerzas de Seguridad del Estado) para justificar la grabación del encuentro del comisario con los diputados. Olona, sin embargo, rechaza con contundencia tal intención: “Las condiciones de celebración del encuentro no pueden regirse por el mismo régimen que les fue aplicado a los diputados de EH Bildu, tal como me indica en su email, porque la misma legislación establece un régimen diferenciado y peculiar para quienes cumplen condena por terrorismo. En el caso presente hablamos de un intento preventivo por presuntos delitos que nada tienen que ver con el terrorismo”.
Villarejo permanece en la cárcel madrileña de Estremera desde la primera semana de noviembre de 2017 acusado de los delitos de falsedad documental, trafico de influencias, extorsión en grado de conspiración, revelación y descubrimiento de secretos y cohecho activo y pasivo, entre otros. Durante su actividad profesional no sólo se infiltró entre las bases de ETA sino que la combatió durante años.
Acudirán como autoridades
Hay que recordar que el ex magistrado Baltasar Garzón fue condenado y apartado de la carrera judicial por ordenar la grabación de los encuentros de algunos de los encarcelados de la Gürtel con sus abogados en la cárcel de Soto del Real. Se da la circunstancia de que en la cita con el ex comisario también estará presente su letrado en la causa Tándem, Antonio García Cabrera.
La secretaria general de la formación de Santiago Abascal le recuerda al director de la cárcel de que los diputados visitarán el centro penitenciario en calidad de “autoridades” por lo que está obligado a aplicar el artículo 49 del reglamento penitenciario sobre “comunicaciones con autoridades o profesionales”. Así mismo, está obligado a respetar los derechos de los tres diputados de Vox, previstos en el artículo 23.2 de la Constitución.
A todo ello habría que contemplar el derecho de defensa del interno, que estará secundado por su letrado para preservar todos sus derechos constitucionales y legales, reclama Vox.
LA COMISIÓN 'KITCHEN' NO HA RECIBIDO TODA LA DOCUMENTACIÓN SOLICITADA A INTERIOR Y A LA FISCALÍA SOBRE EL ESPIONAJE A BÁRCENAS
Una vez que los grupos tengan toda esta información en sus manos, se dará un plazo de "varias semanas" para que la estudien y analicen a fin de preparar los interrogatorios, por lo que los primeros comparecientes no desfilarán en el Congreso hasta marzo, como mínimo.
La comisión de investigación sobre la Operación Kitchen está a la espera de recibir toda la documentación solicitada al Gobierno, sobre asuntos del Ministerio de Interior, a la Fiscalía y a otras autoridades para poder fijar un calendario de comparecencias. Fuentes parlamentarias apuntan que aún no se ha recibido toda la información requerida desde que se aprobó la solicitud de documentación y la lista de comparecientes, esto es, hace dos semanas.
En concreto, el órgano parlamentario acordó por unanimidad el pasado 28 de enero la comparecencia del excomisario José Manuel Villarejo y del resto de cargos policiales y políticos presuntamente implicados en la trama sobre la operación parapolicial organizada por el Ministerio de Interior, a instancias del PP y pagada con fondos reservados, para espiar al extesorero del partido Luis Bárcenas y eliminar pruebas incriminatorias sobre la corrupción de la formación.
La lista de solicitud de comparecencia del PSOE, que salió adelante además de la del PNV —planteó sólo los nombres de Villarejo y ex jefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO) Enrique García Castaño—, incluye a Bárcenas y su esposa, Rosalía Iglesias; al expresidente del Gobierno Mariano Rajoy; la ex secretaria general del PP y exministra María Dolores de Cospedal y su marido, el empresario Ignacio López de Hierro; el exministro del Interior Jorge Fernández Díaz; y el ex secretario de Estado Francisco Martínez.
Asimismo, se requerirá la comparecencia de Eugenio Pino, ex jefe de la Dirección Adjunta Operativa (DAO); el ex comisario jefe de Asuntos Internos Marcelino Martín-Blas; Andrés Gómez Gordo, ex comisario jefe de seguridad de Cospedal cuando era presidenta de Castilla-La Mancha, y los policías José Ángel Fuentes Gago y Bonifacio Díaz Sevillano.
La comisión estudiará las grabaciones de Villarejo
Además de esta lista, el PSOE, grupo impulsor de la comisión de investigación junto a Unidas Podemos, propuso solicitar varios documentos al Gobierno relacionados con el Ministerio de Interior, como la orden de 1995 que desarrollaba la Ley de Fondos Reservados y la relación de miembros que formaron parte del tribunal que aprobó el acceso de Sergio Ríos, exchófer de Bárcenas y captado posteriormente por Villarejo para espiar a Rosalía Iglesias, a la escala básica de la Policía Nacional.
También, el grupo socialista requirió, entre otros documentos, el informe elaborado por Fuentes Gago sobre la incompatibilidad de trabajo de comisario con las actividades empresariales de Villarejo, así como los expedientes de concesión de medallas de oro, plata o roja entregadas, bajo los mandatos de Fernández Díaz y Juan Ignacio Zoido al frente de Interior, a comisarios, inspectores jefes, inspectores y a otras personas ajenas al cuerpo.
En cuanto al Ministerio Fiscal, el PSOE solicitó los informes de la UDEF sobre las causas de corrupción contra el PP vinculadas a la Gürtel, los papeles de Bárcenas, Púnica, Lezo o la propia operación Kitchen, "sin vulnerar la reserva de los sumarios que se están instruyendo". Además, la Fiscalía tendrá que aportar la grabación de Villarejo a Cospedal y López del Hierro, en la que éste último aseguró que Rajoy aprobaba los trabajos que encargaba al excomisario; la conversación de Villarejo con sus socios, los empresarios Adrián de la Joya y Alberto Pedraza; la agenda del excomisario; la documentación acreditativa de la financiación de la Operación Kitchen con cargo a los fondos reservados; y los archivos del móvil del número dos de Fernández Díaz. Sobre éste último, el PSOE pidió dos actas notariales en las que Francisco Martínez certificó los mensajes intercambiados con el exministro de Interior, evidenciando que sabía del espionaje a Bárcenas.
Según establece el plan de trabajo del órgano parlamentario, la documentación será "demandada con la mayor celeridad posible, recibida y puesta a disposición inmediata de todos los miembros de la comisión". Una vez que los grupos tengan toda esta información en sus manos, se dará un plazo de "varias semanas" para que la estudien y analicen a fin de preparar los interrogatorios — señalan fuentes parlamentarias—, por lo que los primeros comparecientes no desfilarán en el Congreso hasta marzo, como mínimo.
Bárcenas declarará "de los primeros"
En cuanto al orden de comparecencias, los partidos que impulsaron la comisión se han mostrado abiertamente favorables a que Luis Bárcenas declare "de los primeros". En esta línea, el secretario general del grupo socialista en el Congreso, Rafael Simancas, señaló el pasado martes que el exgerente del partido, que supuestamente fue víctima de la Operación Kitchen, sea una de las primeras personas en comparecer ante la comisión de investigación relativa a esa trama. "Tiene muchas cosas que aportar para que luego respondan Rajoy y Cospedal", apostilló Simancas.
Si bien, el grupo socialista sigue manteniendo que los responsables políticos sean los últimos en comparecer en sede parlamentaria para que se les pueda preguntar por lo que antes hayan dicho los policías que montaron el operativo. No obstante, "cada día parece más interesante" que el extesorero sea uno de los "primeros" en desfilar ante este órgano, remató Simancas.
Y es que, según una información adelantada por El Mundo, el actual secretario de Justicia del PP, Enrique López, puso en contacto al abogado del PP en la causa por la caja b del partido, Jesús Santos, con un empresario que hizo de enlace con el extesorero Luis Bárcenas. El propio Enrique López, también consejero de Justicia de la Comunidad de Madrid, admitió que ejerció de intermediario siendo juez de la Audiencia Nacional.
El portavoz adjunto de Unidas Podemos y vicepresidente de la comisión de investigación, Enrique Santiago, también comentó en rueda de prensa que su grupo ya ha planteado una propuesta al PSOE sobre el orden de las comparecencias. "Propusimos que Bárcenas fuera de los primeros en comparecer, incluso antes de que se supiera esta información. Es obvio que si vamos a investigar una operación sobre alguien a quien se le ha espiado y robado, él y su esposa sean de los primeros", añadió Santiago.
Ya la semana pasada, varios partidos —Unidas Podemos entre ellos— expusieron a este medio que la declaración de Bárcenas se vuelve "más necesaria" en la comisión después del escrito remitido por el extesorero a la Fiscalía en el que señalaba que Mariano Rajoy destruyó en su despacho los papeles que acreditaban la caja B de su partido "sin saber" que el propio Bárcenas guardaba una copia. El extesorero apuntó que "gran parte" de la documentación que se guardó "fue sustraída" del estudio de su mujer "cuando entraron a robar". También señaló que el comisario Andrés Gómez Gordo, "a resultas de la instrucción en la Operación Kitchen, mantuvo contacto con José Manuel Villarejo en relación a los pendrives y papeles" que presuntamente se habían sustraído.
Se deja abierta la comparecencia de Casado
Asimismo, los grupos que sostienen el Gobierno coinciden en que Villarejo "no sea de los primeros" en declarar en sede parlamentaria. "Siempre hemos sido conscientes de que no conviene que un señor que miente tanto venga el primero a llenar de fango la comisión", sostuvo la portavoz socialista en la Cámara Baja, Adriana Lastra, hace unos días. Su partido cedió ante la presión del resto de grupos para llamar a declarar a Villarejo, ya que el PSOE fue la única formación que no incluyó el nombre del excomisario en las propuestas de comparecencias. Unidas Podemos, que sí reclamó al policía encarcelado, también defiende que "lo sensato" es que no sea de los primeros en ser interrogados.
En cuanto a una posible comparecencia del actual presidente del PP, Pablo Casado, quien ha optado por desvincularse de la formación cuando Rajoy estaba al frente, pese a que ocupaba el cargo de vicesecretario general de Comunicación del partido, el PSOE no descartó que se le acabe citando al recordar que la comisión se reservó la posibilidad de abrir una nueva lista de comparecencias. "Ahí lo dejo", zanjó Simancas tras hacer hincapié en que la ciudadanía "tiene derecho a conocer el contenido de las negociaciones del PP de Casado con el delincuente Bárcenas". "¿Qué le pedían a Bárcenas los intermediarios de Casado, qué silencios le reclamaban, a quién protegían esos intermediarios enviados por Casado, qué le ofrecían a cambio de sus silencios y qué papel jugaba en todo esto Enrique López?", cuestionó el pasado martes.
Unidas Podemos ha defendido desde un primer momento que Pablo Casado desfile ante la comisión. El grupo confederal ha insistido siempre en que el objeto de la trama no se trata de un caso aislado, sino de "manzanas podridas" en el seno del partido que actualmente lidera, como llegó a decir el portavoz del grupo, Pablo Echenique, hace unas semanas. "Nos parece evidente que el señor Casado tiene que comparecer. Por ello, cuando acabe la primera ronda de comparecencias, volveremos a plantear al PSOE la necesidad de que comparezca", avisó Enrique Santiago.
LOS PARTIDOS VEN "MÁS NECESARIA" LA DECLARACIÓN DE BÁRCENAS EN 'KITCHEN' TRAS SUS REVELACIONES SOBRE LA CAJA B DEL PP
El calendario de las comparecencias en la comisión parlamentaria se decidirá en dos semanas. No obstante, los cargos políticos vinculados a la presunta trama serán los últimos en comparecer. Antes lo harán Villarejo y el resto de policías que participaron en el operativo diseñado para espiar al extesorero y robar pruebas incriminatorias para el partido de Casado.
La comparecencia del extesorero del PP Luis Bárcenas en la comisión de investigación sobre la trama Kitchen fue una de las más solicitadas por los distintos grupos del Congreso, ya que la investigación parlamentaria tiene por objeto indagar sobre la presunta operación parapolicial organizada por el Ministerio de Interior, a instancias del PP y pagada con fondos reservados, para espiar a Bárcenas y eliminar pruebas incriminatorias sobre la corrupción de partido.
El calendario de las comparecencias se decidirá en dos semanas, después de la elecciones catalanas del 14 de febrero, según han confirmado a Público fuentes de la mesa de la comisión. No obstante, tal como han señalado los grupos impulsores de la investigación en el Congreso, PSOE y Unidas Podemos, los cargos políticos vinculados a la trama serán previsiblemente los últimos en comparecer en sede parlamentaria para que se les pueda preguntar por lo que antes hayan dicho los policías que montaron el operativo.
Por tanto, el expresidente del Gobierno y del PP Mariano Rajoy, la ex secretaria general del PP y exministra María Dolores de Cospedal, el exministro del Interior Jorge Fernández Díaz, el ex secretario de Estado Francisco Martínez, y hasta el propio Bárcenas acudirán al Congreso después del interrogatorio al excomisario José Manuel Villarejo, cuya declaración se aprobó por unanimidad pese a las reticencias del PSOE.
Si las previsiones no fallan, aún faltan unos meses para que los antiguos responsables del PP desfilen en el Congreso, unas comparecencias que sin duda alguna generarán gran expectación ante los hechos que se investigan en la Audiencia Nacional, en el marco de la pieza siete de la macrocausa Tándem. No en vano, los grupos ven "más necesaria" la declaración de Bárcenas en sede parlamentaria después del escrito remitido por el extesorero a la Fiscalía en el que señalaba que Mariano Rajoy destruyó en su despacho los papeles que acreditaban la caja B de su partido "sin saber" que el propio Bárcenas guardaba una copia.
Seis días antes del comienzo del juicio por la contabilidad B del partido presidido actualmente por Pablo Casado, Bárcenas, en prisión desde hace cuatro años y medio, envió este escrito con varias revelaciones acerca de la presunta corrupción de la formación, materializando así sus advertencias de colaborar con la Justicia después de que su mujer, Rosalía Iglesias, entrara en la cárcel el pasado mes de noviembre para cumplir condena por el caso Gürtel.
El extesorero apuntó que "gran parte" de la documentación que se guardó "fue sustraída" del estudio de su mujer "cuando entraron a robar". También señaló que el comisario Andrés Gómez Gordo, que también declarará en la comisión, "a resultas de la instrucción en la Operación Kitchen, mantuvo contacto con José Manuel Villarejo en relación a los pendrives y papeles que presuntamente se habían robado en el estudio de mi mujer".
El líder del Partido Popular, Pablo Casado, asiste este miércoles, a la primera sesión de control al Gobierno en el Congreso desde el mes de diciembre.
Estos hechos apuntan directamente al objeto de la comisión, por ello, los diferentes partidos del arco parlamentario subrayan que la comparecencia del extesorero en el Congreso es imprescindible. En este sentido, Unidas Podemos defiende que desde un primer momento solicitaron su declaración y votaron la lista que incluía su nombre. "Está claro que nos parece necesario que pase por la comisión", añaden fuentes de la formación morada.
Sobre el escrito de Bárcenas, el ministro de Transportes y secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, destacó este jueves en la Cámara Ata que, no es el que tema "sea grave", sino que "es siniestro, no tanto por la financiación, por el reparto de comisiones entre las direcciones, sino incluso por la destrucción de todo tipo de pruebas de ordenadores y la sustracción de papeles comprometedores", en referencia a la operación Kitchen.
EH Bildu insiste en que la comparecencia de Luis Bárcenas es ahora "más necesaria porque demuestra que no son casos aislados y sin vinculación alguna entre ellos, sino que la corrupción es sistémica en el PP". En este sentido, su portavoz en el Congreso, Oskar Matute, comentó que las declaraciones del extesorero señalan lo que "algunos intuíamos y veíamos cada vez con más certeza, que es que M. Rajoy era Mariano Rajoy, que la corrupción era sistémica en el PP desde hacía más de una década y que ésta servía para financiar al partido a costa de la concesión de obra pública a grandes empresarios", criticó para después rematar: "Es el momento de que le entremos a saco a toda la corrupción que hay en el Estado español".
Desde el PNV comentan que es "lógico" que Bárcenas, "como sujeto pasivo de la trama Kitchen", declare en el Congreso. "Es lo más razonable. Algo tendrá que decir sobre una presunta actividad del Ministerio del Interior para hacerse con sus papeles", apostillan fuentes de la formación jeltzale. Asimismo, Más País sostiene que las revelaciones de Bárcenas son "gravísimas" y, por ello, "debería explicar en comisión si existe o ha existido, y en ese caso su relación con ella, ese uso de la policía en favor de los corruptos y en contra de la Justicia".
Desde el PP se remiten a las declaraciones realizadas por su actual presidente este viernes en la Cadena Cope. "La credibilidad de un señor que está en la cárcel y que intenta defenderse cambiando su versión diez veces en diez años es absolutamente nula", ha relatado Pablo Casado, quien había evitado en los últimos días hacer valoraciones sobre este asunto. A colación del escrito, el líder del PP ha acusado sin pruebas al presidente del Gobierno de estar detrás de las afirmaciones de Bárcenas: "Tenemos ciertas sospechas de que esto surja justo en campaña electoral, que esto lo cocine la Fiscalía que depende, como el propio Sánchez dijo, de él mismo, con una ministra socialista liderando la Fiscalía", ha apuntado en relación a Dolores Delgado, actual fiscal general del Estado.
El PP incluyó el nombre de la exministra de Justicia en su lista de comparecencias. Así, en un intento de despejar balones fuera, el grupo popular propuso además otros nombres ajenos al PP y al Gobierno de Rajoy y, en definitiva, a los hechos que la comisión trata de indagar. En esta línea, aunque su propuesta no salió adelante, llegó a solicitar el interrogatorio del actual vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias; la ministra de Defensa, Margarita Robles; el titular de Interior, Fernando Grande-Marlaska; la exministra de Justicia y actual fiscal general del Estado, Dolores Delgado; la vicepresidenta tercera del Congreso y diputada de Unidas Podemos, Gloria Elizo; el abogado que acusó a Podemos de supuesta financiación ilegal –cuya causa se archivó–, José Manuel Calvente; o el juez Baltasar Garzón, entre otros. Y es que, la intención del partido conservador pasa por utilizar la comisión Kitchen, que le pondrá contra las cuerdas, para "investigar a Podemos".
LA COMISIÓN 'KITCHEN' APRUEBA POR UNANIMIDAD LA COMPARECENCIA DE VILLAREJO
Todos los grupos, a excepción del PSOE, habían solicitado llamar a declarar al excomisario. Finalmente, el grupo socialista ha cedido y ha votado a favor de su interrogatorio a través de la lista presentada por el PNV.
La comisión de investigación Kitchen ha acordado por unanimidad la comparecencia de José Manuel Villarejo. Todos los partidos, a excepción del PSOE, habían solicitado llamar a declarar al excomisario, entre otros nombres. Si bien, la presión de los nueve grupos parlamentarios que han votado este jueves la lista de comparecencias ha obligado al PSOE a ceder y dar el visto bueno a su interrogatorio a través de la lista presentada por el PNV.
Así las cosas, han salido adelante las listas cerradas con más apoyos mediante voto ponderado. Esto es, la del PSOE, por 183 votos, y la del PNV, que sólo pedía la comparecencia de Villarejo y de Enrique García Castaño, ex jefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO). Esta última ha tenido el apoyo de todos los diputados de la Cámara Baja: 350 votos.
"Nosotros no llamamos a Villarejo a comparecer porque viene solo a mentir, pero es una comisión suficientemente importante para que si nueve grupos parlamentarios piden la comparecencia de Villarejo, la votemos", sostienen fuentes del PSOE. En este sentido, el portavoz de la comisión del grupo socialista, Felipe Sicilia, ha remarcado tras el término de la reunión que nunca se han negado a convocar al excomisario, sólo que priorizaban otros testimonios con "más credibilidad", en palabras de Sicilia.
Rajoy y Cospedal también comparecerán
La lista de los socialistas que también ha salido adelante contempla las comparecencias del expresidente del Gobierno Mariano Rajoy; la ex secretaria general del PP y exministra María Dolores de Cospedal y su marido, el empresario Ignacio López de Hierro; el exministro del Interior Jorge Fernández Díaz; y el ex secretario de Estado Francisco Martínez.
Asimismo, aparte de Enrique García Castaño, tendrán que acudir en sede parlamentaria Eugenio Pino, ex jefe de la Dirección Adjunta Operativa (DAO); el ex comisario jefe de Asuntos Internos Marcelino Martín-Blas; Andrés Gómez Gordo, ex comisario jefe de seguridad de Cospedal cuando era presidenta de Castilla-La Mancha, y los policías José Ángel Fuentes Gago y Bonifacio Díaz Sevillano.
Villarejo, "el Vito Corleone de la película"
Con todo, el Congreso investigará la presunta utilización ilegal de efectivos, medios y recursos del Ministerio de Interior, durante los mandatos del Gobierno de Mariano Rajoy, con la finalidad de favorecer intereses políticos del PP y anular pruebas inculpatorias para este partido en casos de corrupción. Y, en este sentido, Villarejo ha sido el más reclamado por todos los partidos.
El policía retirado, "el Vito Corleone de la película" y el "perejil que está en todas estas salsas putrefactas" –como han calificado Gabriel Rufián y Joan Baldoví, respectivamente–, es una de las piezas claves de esta trama que se investiga judicialmente en la Audiencia Nacional, enmarcada en la macrocausa Tándem. Y es que, se le considera el ejecutor de la operación parapolicial organizada por el Ministerio de Interior, a instancias del PP y pagada con fondos reservados, para espiar al extesorero de la formación conservadora Luis Bárcenas y eliminar pruebas incriminatorias sobre el partido.
Además, se han aprobado las listas de documentos del PSOE y Unidas Podemos, que recogen peticiones de información al Gobierno y al Ministerio Fiscal, para arrojar luz en la investigación que se desarrollará en la comisión parlamentaria, la cual tendrá que fijar ahora la fecha de estas comparecencias aprobadas.
https://www.publico.es/politica/comision-kitchen-aprueba-unanimidad-comparecencia-villarejo.html
EL PSOE ACEPTA QUE COMPAREZCA VILLAREJO EN EL CONGRESO TRAS LA PRESIÓN DE LOS SOCIOS Y LA OPOSICIÓN
Los partidos votaron la presencia del comisario en la comisión Kitchen planteada por el PNV y que pedían tanto Podemos, ERC, PP, Cs y Vox
El PSOE ha aceptado finalmente, tras múltiples presiones al Gobierno tanto de algunos de sus socios principales en el Parlamento como de los partidos en la oposición, que el polémico comisario jubilado José Manuel Villarejo acuda a comparecer a la comisión de investigación Kitchen, sobre el uso irregular de medios desde los ministerios del Interior de los gobiernos de Mariano Rajoy para tapar casos de corrupción del PP. El PSOE ha esperado hasta la reunión de la comisión este jueves, tras el pleno, para corregir su posición de partida y asumir el argumento de que la presencia de Villarejo puede ser polémica y ruidosa, pero también clave para esclarecer cómo se montó esa operación que llegó a promover el espionaje desde Interior al extesorero nacional del PP, Luis Bárcenas. La solución se encontró en que los partidos votaron el planteamiento del PNV para citar a Villarejo y al comisario García Castaño. El listado planteado por el PSOE con otros comparecientes también salió adelante.
La propuesta de comparecencias del PNV era muy escueta y sencilla, para comenzar. Los nacionalistas vascos solo querían, de entrada, que acudieran a la comisión por un lado Villarejo, como la gran pieza central de los entramados de las cloacas policiales del Estado, y el comisario Enrique García Castaño, conocido como El Gordo, otro de los elementos habituales de esa trama. García Castaño planteó en su última declaración ante el juez Manuel García-Castellón por el caso Kitchen, el pasado 14 de diciembre, que la cúpula de Interior del Gobierno de Mariano Rajoy estuvo informada sobre “otros” operativos clandestinos más allá del espionaje a Luis Bárcenas.
Los partidos tenían de plazo hasta este miércoles para presentar sus propuestas de comparecientes a las sesiones de la comisión Kitchen. El PSOE registró la suya y en la misma no estaba Villarejo. El PSOE sí creía conveniente que vaya a la comisión el expresidente del Ejecutivo del PP en aquellos años, entre 2013 y 2016, Mariano Rajoy, pero no muchos más políticos por ahora que los que estaban a cargo del Ministerio de Interior, como el propio ministro, Jorge Fernández Díaz; los ex secretarios de Estado de Seguridad Francisco Martínez y José Antonio Nieto, y el ex director general de la Policía Ignacio Cosidó.
Los socialistas también proponían llamar a Dolores de Cospedal, ex secretaria general del PP entonces, y a su marido, Ignacio López del Hierro, pero sobre todo a comisarios y mandos policiales que participaron supuestamente en la operación de espionaje ilegal a Bárcenas para saber de quiénes recibían las órdenes. El PSOE entendía que citar a Villarejo y concederle la plataforma mediática y política de una reunión en el Congreso ante los principales portavoces de todos los partidos podría resultar un regalo demasiado arriesgado. Y argumentaban que el comisario jubilado podría aprovechar para mentir, intoxicar y provocar ruido más aportar aclaraciones.
Algunos partidos aliados permanentes o habituales del PSOE, como Unidas Podemos, pero también ERC, concedían que ese riesgo de sobreexposición es más que posible con Villarejo pero razonaban que también se puede provocar con las comparecencias del exministro Jorge Fernández o su exnúmero dos y ahora principal enemigo en este caso, Francisco Martínez. Y, además, sostenían para intentar convencer a los socialistas que el papel de Villarejo en este caso y en varios relacionados con las llamadas cloacas del Estado le hacía absolutamente imprescindible para conceder algún crédito al trabajo de la comisión.
Dirigentes como Gabriel Rufián, el portavoz de ERC, y otros de Unidas Podemos, desde el anonimato, confesaron durante este jueves en el Congreso que estaban trabajando en privado y a varias bandas con el Gobierno y el PSOE para que asumieran sus razones. Y aunque las listas de comparecientes ya estaban registradas y cerradas debatían soluciones para consensuar algún tipo de enmienda durante la sesión de trabajo de la comisión en la que se aceptase llamar a Villarejo.
Vox, por su parte, también consideró que la presencia del comisario en sus trabajos en la comisión era “clave y nuclear” y anunció por la mañana, antes de la sesión, que si Villarejo era finalmente vetado, por el PSOE con lo que ellos concluyen como la complicidad de Unidas Podemos, llevarían adelante una iniciativa negociada con el abogado defensor del comisario para interrogarle en la cárcel de Estremera (Madrid) en la que lleva preso desde noviembre de 2017 y que grabarían esa charla y la aportarían íntegra a los diputados.
En una entrevista con EL PAÍS, ya en prisión, Villarejo respondió así cuando se le preguntó por quién le ordenó la Operación Kitchen: “Me lo dicen desde la señora Cospedal hasta el ministro, el secretario de Estado... El único con el que no hablo personalmente es con Rajoy, pero sí a través de intermediarios”.
Podemos, al igual que el PSOE, también quiere escuchar a Rajoy, al extesorero Bárcenas, a su esposa, Rosalía Iglesias, y los otros mandos de Interior, pero también a su exvicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría —como ha solicitado Vox—, y al general y exdirector del CNI Félix Sanz Roldán. La formación que lidera Pablo Iglesias incluyó en su último punto de su lista la solicitud para llamar al director de OK Diario, Eduardo Inda, una propuesta que no ha respaldado el PSOE, que no ha querido incluir tampoco a otros representantes de medios de comunicación que han investigado sobre esa operación.
El PP, que es el partido que gobernaba y mandaba en Interior durante el montaje de la Operación Kitchen, se siente ahora liberado de las ataduras con ese pasado, porque sus protagonistas políticos ya no están en primera fila, y metió en su listado a Villarejo, en prisión desde noviembre de 2017. Pero no introdujo a ninguno de los exaltos cargos populares de aquella época porque entiende que ya asumieron responsabilidades políticas al perder en las últimas elecciones o fueron apartados de sus listas electorales. Lo que sí hizo el PP fue confeccionar una lista con dirigentes del PSOE y de Unidas Podemos para contrarrestar lo que entienden que es un intento del actual Ejecutivo de fiscalizar desde el Gobierno a su formación, que ahora está en la oposición.
El PP querría que pasasen por la comisión Kitchen, así, el vicepresidente segundo y líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias; la dirigente de ese partido y vicepresidenta tercera del Congreso, Gloria Elizo; varios ministros actuales y pasados socialistas —como Fernando Grande Marlaska (Interior), Margarita Robles (Defensa), Juan Alberto Belloch (Interior y Justicia) o Mariano Fernández Bermejo (Justicia)—, pero también la fiscal general del Estado, Dolores Delgado (exministra de Justicia), el exmagistrado de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, y hasta un exjefe policial nombrado por el PSOE que investigó los atentados del 11-M. Los populares solicitaron también la presencia de Marta Flor Núñez y José Luis Calvente, exabogados de Podemos relacionados con la investigación judicial del caso del robo del móvil de la exasesora de Iglesias Dina Bousselham. Nada de eso se ha tenido en cuenta.
EL PP BUSCA LAS CLOACAS DEL PSOE PARA TAPAR EL ESCÁNDALO DEL ‘CASO KITCHEN’
Los populares no citan a ninguno de sus cargos y proponen que comparezcan ministros y exministros socialistas de hace 20 años y Pablo Iglesias
El PP acusa al PSOE y Unidas Podemos de acudir “con las cartas marcadas y el rodillo” a la comisión de investigación Kitchen sobre el espionaje ilegal al extesorero del PP Luis Bárcenas desde el Ministerio del Interior durante los gobiernos de Mariano Rajoy. En su lista de comparecientes, el PP no pide a ningún cargo popular de esa etapa y sí a Pablo Iglesias y ministros socialistas o exministros de hace más de 20 años. El PP busca evitar con sus apelaciones a las cloacas del PSOE y a los supuestos trapos sucios internos de Podemos que se les fiscalice ahora desde el Gobierno cuando ya están en la oposición.
PSOE y Podemos han propuesto la comparecencia del expresidente Mariano Rajoy, pero difieren sobre citar al polémico comisario jubilado José Manuel Villarejo, uno de los protagonistas principales de la Operación Kitchen. El PSOE quiere evitarlo por ahora y Podemos, tras unas dudas iniciales, apoya sin embargo que se le cite ya como varios otros partidos.
”En las democracias normales lo que sucede es que la oposición fiscaliza al Gobierno desde el Parlamento pero aquí se pretende lo contrario, aquí desde los partidos que están en el Gobierno van a utilizar la comisión Kitchen para fiscalizar al PP, que ya está en la oposición y con las cartas marcadas porque ambos ya están personados en la causa judicial abierta en la Audiencia Nacional”, denuncia Luis Santamaría, portavoz popular.
El diputado del PP insiste mucho en el argumento de que su partido ya no gobierna y por lo tanto entiende que ya pagó con su derrota en las urnas la responsabilidad política de lo que hubiera podido suceder entre 2013 y 2016 en el Ministerio del Interior durante la etapa que lo dirigió el exministro Jorge Fernández, amigo y uno de los colaboradores más estrechos durante lustros del expresidente Rajoy.
El PP sostiene así que esas responsabilidades políticas están depuradas en las urnas porque recuerda que los afectados “ya no están en primera línea de su partido”. Rajoy dejó la política y volvió a su registro de la propiedad y el PP abandonó y apartó de sus listas al exministro Fernández Díaz y a su ex número dos, Francisco Martínez, exsecretario de Estado de Seguridad.
PSOE, Unidas Podemos, pero también ERC, Más País, Compromís y hasta Ciudadanos no comparten esa visión y entienden que Rajoy deberá comparecer para explicar qué sabe de ese montaje en el que se utilizaron medios y recursos de Interior para intentar tapar sus casos de corrupción y espiar al extesorero nacional de ese partido, Luis Bárcenas.
Las formaciones socias de Gobierno llevan semanas negociando las primeras comparecencias de esta comisión aprobada en octubre, que acaba de comenzar sus trabajos, y este miércoles registraron sus peticiones con algunas notables divergencias. El PSOE cree conveniente que acuda Rajoy, pero no más políticos por ahora que los que estaban esos años a cargo del Ministerio de Interior, como el propio ministro, Jorge Fernández Díaz; los exsecretarios de Estado de Seguridad Francisco Martínez y José Antonio Nieto, y el exdirector general de la Policía, Ignacio Cosidó. Los socialistas también quieren llamar a Dolores de Cospedal, exsecretaria general del PP entonces, y a su marido, Ignacio López del Hierro, pero sobre todo a comisarios y mandos policiales que participaron supuestamente en la operación de espionaje ilegal a Bárcenas.
Podemos, al igual que el PSOE quiere escuchar a Rajoy, al extesorero Bárcenas, a su esposa, Rosalía Iglesias, y los otros mandos de Interior, pero también a su exvicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría —como ha solicitado Vox— y al general y exdirector del CNI Félix Sanz Roldán. La formación de Iglesias ha incluido en el último punto de su lista al director de OK Diario, Eduardo Inda, una propuesta que no respalda el PSOE, que no quiere incluir tampoco a otros representantes de medios de comunicación que han investigado sobre esa operación.
El PP demanda en su listado, además de Villarejo, en prisión desde noviembre de 2017, que pasen por la comisión el vicepresidente segundo y líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias; la dirigente de ese partido y vicepresidenta tercera del Congreso, Gloria Elizo; varios ministros actuales y pasados socialistas —como Fernando Grande Marlaska (Interior), Margarita Robles (Defensa), Juan Alberto Belloch (Interior y Justicia) o Mariano Fernández Bermejo (Justicia)—, pero también la fiscal general del Estado, Dolores Delgado (exministra de Justicia), y el exmagistrado de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, y hasta a un exjefe policial nombrado por el PSOE que investigó los atentados del 11-M. Los populares han solicitado también la presencia de Marta Flor Núñez y José Luis Calvente, exabogados de Podemos relacionados con la investigación judicial del caso del robo del móvil de la exasesora de Iglesias Dina Bousselham.
El PP sostiene que no tiene miedo a lo que pueda exponer Villarejo en la comisión. Apunta que ese temor lo deben tener el PSOE y Podemos cuando han tardado casi cinco meses en activar la investigación por discrepancias sobre la citación del comisario y recuerda ahora una frase de Villlarejo, recogida en alguna de sus charlas grabadas, en la que habla de su relación con los dos grandes partidos: “A mí el PSOE me ha hecho ganar pasta, me ha dado honores... y el PP nada más que me ha dado por culo”.
Villarejo apunta arriba
En una entrevista con EL PAÍS, ya en prisión, Villarejo respondió así cuando se le preguntó por quién le ordenó la Operación Kitchen: “Me lo dicen desde la señora Cospedal hasta el ministro, el secretario de Estado... El único con el que no hablo personalmente es con Rajoy, pero sí a través de intermediarios”.
El portavoz del PP, Luis Santamaría, justifica así llamar a antiguos ministros del Interior y Justicia socialistas para hablar del manejo en aquellos tiempos de los fondos reservados: “Las investigaciones sobre Kitchen tienen una trayectoria. Pero hay que saber lo qué pasó antes con el uso de fondos reservados”. Y sobre la citación de Pablo Iglesias señala: “Él siempre ha estado muy interesado sobre las cloacas y por lo que piden se ve que han tenido acceso a documentos, porque están personados en la causa judicial”.
Las comparecencias se votarán este jueves en conjunto, no compareciente a compareciente, y con voto ponderado. Lo más probable es que la lista con más apoyos sea la socialista y que Villarejo no acuda a la comisión en un primer momento.
PODEMOS Y PP PIDEN CITAR A VILLAREJO EN LA COMISIÓN DEL CONGRESO SOBRE EL ESPIONAJE ILEGAL A BÁRCENAS
Los socios del Gobierno coinciden en la necesidad de que Rajoy comparezca y el PP reclama que se escuche a Pablo Iglesias y a varios ministros socialistas
Podemos y el PP han descubierto finalmente sus cartas y coinciden en reclamar la comparecencia del polémico comisario jubilado José Manuel Villarejo en la comisión de investigación del Congreso sobre el espionaje al extesorero del PP Luis Bárcenas, también conocido como caso Kitchen. El PSOE no lo considera necesario. Los socialistas quieren que acuda el expresidente Mariano Rajoy, pero no más políticos por ahora, porque prefieren centrarse en los cargos policiales. Podemos ha demandado que vaya la exvicepresidenta de Rajoy, Soraya Sáenz de Santamaría, como ha hecho Vox, y también el exresponsable del CNI Félix Sanz Roldán. La Operación Kitchen fue montada presuntamente desde el Ministerio del Interior en los Gobiernos del PP entre 2013 y 2016 para destruir pruebas sobre asuntos relacionados con la corrupción en ese partido y el espionaje al que fue su tesorero nacional, Luis Bárcenas.
El PP ha presentado un listado en el que además de Villarejo, en prisión desde noviembre de 2017, demanda que vayan a la comisión el actual vicepresidente segundo y líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias; la dirigente de ese partido y vicepresidenta tercera del Congreso, Gloria Elizo; varios ministros actuales y pasados socialistas —como Fernando Grande Marlaska (Interior), Margarita Robles (Defensa), Juan Alberto Belloch (Interior y Justicia) o Mariano Fernández Bermejo (Justicia)—, pero también la actual fiscal general del Estado, Dolores Delgado (exministra de Justicia), y el exmagistrado de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón. Los populares han solicitado también la presencia de Marta Flor Núñez, exabogada de Podemos relacionada con la investigación judicial del caso del robo del móvil de la exasesora de Iglesias Dina Bousselham.
Los listados de comparecencias en las comisiones de investigación se votan en conjunto, no compareciente a compareciente, y con voto ponderado en la comisión por lo que, en este caso y con respecto a la presencia de Villarejo, Podemos tendrá que decidir cuando llegue la votación si mantiene su vigente mayoría con el PSOE o apoya o se deja apoyar por otros partidos y la oposición. Lo más probable ahora es que la lista que tenga más apoyos sea la socialista y que el comisario Villarejo no acuda al Congreso en un primer momento. Fuentes parlamentarias precisan que durante el transcurso de los trabajos de la comisión cualquier partido puede plantear la necesidad de llamar específicamente a más personas, como Villarejo, y ahí Podemos sí podría sumarse a esa reclamación. Eso está por dilucidar.
Lo que sí parece bastante seguro es que el expresidente Rajoy tendrá que comparecer para explicar qué es lo que sabe sobre la llamada Operación Kitchen. PSOE y Unidas Podemos llevan semanas negociando cuáles deberían de ser las primeras comparecencias de esta comisión aprobada en octubre, y que acaba de comenzar sus trabajos, y este miércoles han registrado sus peticiones oficialmente con algunas notables divergencias, aunque no sobre Rajoy. El PSOE cree conveniente que acuda Rajoy, pero no más responsables políticos por ahora que los que estaban en aquellos años a cargo del Ministerio de Interior, como el propio ministro, Jorge Fernández; los exsecretarios de Estado de Seguridad Francisco Martínez y José Antonio Nieto, y el exdirector de la Policía Nacional Ignacio Cosidó. Los socialistas también quieren llamar a Dolores de Cospedal, exsecretaria general del PP entonces, y a su marido, Ignacio López del Hierro, pero sobre todo a comisarios y mandos policiales.
Podemos, al igual que el PSOE quiere escuchar a Rajoy, al extesorero Luis Bárcenas, a su esposa, Rosalía Iglesias, y los otros mandos de Interior, pero también a su exvicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría ―comparecencia que también ha pedido Vox― y al general y exdirector del CNI, Félix Sanz Roldán. La formación de Iglesias ha incluido en el último punto de su lista al periodista y director de OK Diario Eduardo Inda, una propuesta que no respalda el PSOE, que no ha querido incluir tampoco a otros representantes de medios de comunicación que han investigado sobre esa operación.
La comisión de investigación Kitchen empezó a funcionar la semana pasada tras ser aprobada en pleno en octubre, con el dibujo del calendario de trabajo. En un primer momento se ha puesto la meta de llegar a algunas conclusiones en los próximos tres meses. La Mesa de la comisión fijó para este miércoles el plazo para que los partidos planteasen sus peticiones de comparecientes y en esos primeros listados, que estarán abiertos a incorporaciones en el futuro
VILLAREJO LAMENTA QUE NO LE CITEN A DECLARAR EN EL CONGRESO: "ALGUIEN TEME QUE CUENTE LA VERDAD"
El excomisario de la Policía, José Manuel Villarejo, ha emitido un comnunicado desde prisión después de que ni PSOE ni Unidas Podemos le citaran para comparecer en la comisión del Congreso de los Diputados que investiga el espionaje a Bárcenas (Operación 'Kitchen). "Alguien teme que cuente la verdad", sentencia en el escrito.
PSOE y Unidas Podemos no han alcanzado un acuerdo en el marco de la lista de comparecientes de la comisión de 'Kitchen'. La formación morada solicitaba más declaraciones que los socialistas, entre las que figuraba la del ex comisario en prisión, José Manuel Villarejo.
En el escrito remitido desde la prisión de Estremera, Villarejo subraya que "alguien teme que cuente la verdad" y que ésta llegue "a la sede de la soberanía popular".
El excomisario argumenta que en el momento "en el que se pretende crear la comisión 'Kitchen para su esclarecimiento en sede parlamentaria" alguien se dedica a "poner vetos". "¿Quién los pone y por qué? ¿A quién le tiemblan las piernas? ¿Quién busca por enésima vez defraudar a los gobernados? ¿Cuáles son sus espurios pero evidentes intereses?", se cuestiona Villarejo.
En este sentido, el expolicía siembra la duda sobre la "transparencia" del PSOE. "¿Han tenido alguna vez compromiso con la verdad o sólo con la táctica y sus intereses partidistas?", continúa el comunicado.
Villarejo asegura que "es la hora de la verdad" y agrega que "pueden ver cómo actúan tapando y ocultando todo lo que no les interesa que se conozca, su cloaca, que, por cierto, he denunciando ante los tribunales sin ningún éxito".
EL PSOE PIDE LA COMPARECENCIA DE RAJOY Y COSPEDAL EN LA COMISIÓN SOBRE KITCHEN Y UNIDAS PODEMOS INCLUYE A VILLAREJO
Los socios presentan listados separados porque los de Iglesias incorporaran a Villarejo y Soraya Sáenz de Santamaría, y van un paso más adelante que el juez de la Audiencia Nacional
PSOE y Unidas Podemos piden la comparecencia de Mariano Rajoy, María Dolores de Cospedal en la comisión de investigación sobre el espionaje a Luis Bárcenas -conocida como 'comisión Kitchen'- en el Congreso. Los grupos que sustentan al Gobierno han registrado listados separados porque Unidas Podemos apuesta por incluir, además, al excomisario José Villarejo, a la exvicepresidenta Soraya Saénz de Santamaría en su calidad de antigua responsable del CNI y al director de Okdiario, Eduardo Inda. Además de la cúpula del Gobierno, los dos grupos quieren que comparezcan en el Congreso los máximos responsables policiales durante la 'Operación Kitchen' - Ignacio Cosidó y Eugenio Pino- así como el requerimiento de documentación al Ministerio del Interior, a la Fiscalía y también a los notarios que recogieron las comunicaciones entre Fernández Díaz y el que fue su número dos, Francisco Martínez. El PP, que ha tratado de aplazar el arranque de la comisión para que no le perjudiquen las revelaciones en plena campaña catalana, también incluye a Villarejo y miembros del actual Ejecutivo, entre ellos, el vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, y los ministros de Defensa e Interior, Margarita Robles y Fernando Grande-Marlaska.
La idea inicial de los socialistas era que la dirigencia del PP figurara en un segundo listado de comparecientes una vez que los cargos con perfil más técnico apuntaran a la cúpula del Gobierno, pero consideran ahora que, además de Fernández Díaz, Cospedal y Rajoy forman parte de esa trama de utilización de fondos reservados para espiar al extesorero del partido. El objetivo, en todo caso, es que declaren primero los mandos policiales y técnicos. Ahora los grupos tienen que debatir y fijar las comparecencias.
El PSOE se opondrá a llamar a Villarejo
El grupo confederal había dejado la puerta abierta a posponer la citación a Villarejo. El portavoz adjunto de Unidas Podemos, Enrique Santiago, señaló la semana pasada la poca fiabilidad que tienen las declaraciones del expolicía y apostó por iniciar los trabajos de la comisión con otros testimonios y dejar para más adelante el de Villarejo. Pero en ningún caso, según fuentes consultadas por elDiario.es, se planteó dejarle fuera de la lista.
Los socialistas directamente rechazan que acuda al Congreso porque "no está colaborando con la justicia" y no va a aprovechar la comisión "para esclarecer nada", según las fuentes consultadas. "No va a arrojar ninguna luz", aseguran. Tras haber analizado los pros y contras de su paso por el Congreso, el PSOE se opondrá a llamar a Villarejo. No obstante, la mayoría de grupos -incluido el PP- solicitan que acuda al Parlamento por lo que podría hacerlo por mucho que los de Pedro Sánchez se opongan.
En cuanto a la exvicepresidenta, los mensajes incautados al ex número dos de Interior, Francisco Martínez, abrieron una línea de investigación nueva sobre el espionaje a Bárcenas: la posible implicación del CNI. El organismo dependía de la Vicepresidencia de Soraya Sáenz de Santamaría, pero el juez que instruye la causa, Manuel García Castellón, eludió profundizar en esa línea de investigación, algo que sí parece querer hacer Unidas Podemos. Fuentes socialistas dicen en este caso que los listados no son algo cerrado y que se podría incluir su declaración más adelante si los trabajos acaban apuntando a Sáenz de Santamaría. Ese mismo argumento utilizan en Unidas Podemos, que finalmente ha dejado fuera a Pablo Casado de su listado inicial.
Los dos socios han negociado hasta el último momento dado que la intención era presentar un listado conjunto, pero las diferencias sobre Villarejo y Sáenz de Santamaría han impedido el acuerdo, por lo que cada grupo ha registrado su petición. Con todo, fuentes de unos y otros destacan que se ha hecho informando a la otra parte y sin conflicto entre ellas.
Un paso más que la Audiencia Nacional
Los listados de PSOE y Unidas Podemos, que son en lo demás prácticamente calcado, supone en la práctica un paso adelante en la investigación que dirige en la Audiencia Nacional García-Castellón. El magistrado lleva desde septiembre de 2020 sin decidir la petición que entonces le hizo la Fiscalía Anticorrupción para que cite como investigados a De Cospedal y su marido, Ignacio López Hierro, que también figura en el listado. El instructor fio esa posibilidad al contenido de la declaración de Francisco Martínez, el que fuera número dos del Ministerio, pero luego no le preguntó por ninguno de los dos referidos en hora y media de preguntas que le formuló el 29 de octubre pasado.
Algo parecido pasa con el que fuera director general de la Policía Ignacio Cosidó, sobre el que también pesa una petición de comparecencia por la defensa de uno de los investigados, aunque en su caso como testigo. Cosidó no ha sido llamado a declarar durante toda la instrucción de la pieza, pese al cargo que ocupaba, y ahora el PSOE quiere que de explicaciones en el Congreso.
En el campo policial se produce igualmente una ampliación de la investigación con la propuesta del PSOE. El comisario José Luis Olivera, al que el Grupo Socialista se negó a llamar a comparecer en la comisión de la actuación de la policía política, pasa a formar parte de sus peticiones en la de Kitchen. Olivera, jefe de la UDEF que arrancó en tiempos de Zapatero, ha emergido en la investigación como comisario muy próximo a Villarejo y en varios audios el policía encarcelado alude a cómo ambos habrían saboteado el caso Gürtel para que no alcanzara a los dirigentes del Partido Popular. Anticorrupción ha desarrollado una investigación patrimonial de Olivera, pero el policía tampoco ha sido llamado a declarar aún.
Completan la lista los investigados que pertenecieron a la primera línea de la brigada política del PP adquiriendo especial relevancia el artífice de ese grupo, el comisario Eugenio Pino. También el policía que fue asesor de Cospedal, comisario Andrés Gómez Gordo, o el que actuó como mano derecha de Pino y viajó a Nueva York en contra de un testimonio de un exministro de Chávez contra Podemos, el inspector José Ángel Fuentes Gago, quien dijo actuar por mandato de Rajoy y Fernández Díaz.
El objetivo de Kitchen, sabotear el caso de la caja B del PP, está presente en la propuesta del PSOE para la comisión. Así, los socialistas piden que declare el jefe de aquella investigación judicial, Manuel Morocho, a quien se le hurtaron las maniobras en torno a Bárcenas y su familia. Morocho es el investigador principal de Gürtel y de la caja B y entonces trabajaba a las órdenes directas de Pablo Ruz.
La falta de explicaciones claras en el juzgado, sumadas a los mensajes intercambiados con Francisco Martínez, han hecho que PSOE y Unidas Podemos se decida por pedir la comparecencia del padre Silverio Nieto, ‘fontanero’ de la Conferencia Episcopal y comisario honorario por decisión de Fernández Díaz. Nieto emerge como una figura con ascendente sobre los protagonistas políticos del espionaje a Bárcenas con fondos reservados. Han incluido, igualmente, al extesorero del PP, su esposa, Rosalía Iglesias, y el que fuera su conductor, Sergio Ríos, a quien presuntamente captó la Policía para espiar a Bárcenas.
La falta de explicaciones claras en el juzgado, sumadas a los mensajes intercambiados con Francisco Martínez, han hecho que PSOE y Unidas Podemos se decidan por pedir la comparecencia del padre Silverio Nieto, ‘fontanero’ de la Conferencia Episcopal y comisario honorario por decisión de Fernández Díaz. Nieto emerge como una figura con ascendente sobre los protagonistas políticos del espionaje a Bárcenas con fondos reservados.
La utilización de los fondos reservados también centra la petición de documentación y algunas peticiones de comparecencia, como la del que fuera ‘hombre de los maletines’, el facultativo Miguel Ángel Bayo, clave en sus respuestas a Anticorrupción para que ésta destapara el descontrol sobre los gastos reservados en el Ministerio del Interior. El entonces jefe del Gabinete de Coordinación, organismo de la Secretaría de Estado, desde el que se repartían los fondos, el coronel Diego Pérez de los Cobos también es llamado a declarar por Podemos y PSOE. El comisario de Policía que ocupa su cargo en la actualidad, José Antonio Rodríguez, también es requerido por socialistas y Unidas Podemos.
El PP apunta al Gobierno
Además de incluir a Villarejo, el PP apunta directamente al Gobierno, en su listado de comparecencias en el que incluyen a miembros del actual Gobierno como el vicepresidente Pablo Iglesias, la ministra de Defensa, Margarita Robles, el de Interior Fernando Grande- Marlaska, la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, o la vicepresidenta del Congreso y dirigente de Unidas Podemos Gloria Elizo. Los populares también quieren que declaren del exministro del Interior Juan Alberto Belloch, el extitular de Justicia Mariano Fernández Bermejo o el comisario Enrique García Castaño, entre otros.
En el campo policial se produce igualmente una ampliación de la investigación con la propuesta de PSOE y Unidas Podemos. El comisario José Luis Olivera, al que el Grupo Socialista se negó a llamar a comparecer en la comisión de la actuación de la policía política, pasa a formar parte de sus peticiones en la de Kitchen. Olivera, jefe de la UDEF que arrancó en tiempos de Zapatero, ha emergido en la investigación como comisario muy próximo a Villarejo y en varios audios el policía encarcelado alude a cómo ambos habrían saboteado el caso GÜRTEL PARA que no alcanzara a los dirigentes del Partido Popular.
Completan la lista los investigados que pertenecieron a la primera línea de la brigada política del PP adquiriendo especial relevancia el artífice de ese grupo, el comisario Eugenio Pino. También el policía que fue asesor de Cospedal, comisario Andrés Gómez Gordo, o el que actuó como mano derecha de Pino y viajó a Nueva York en contra de un testimonio de un exministro de Chávez contra Podemos, el inspector José Ángel Fuentes Gago, quien dijo actuar por mandato de Rajoy y Fernández Díaz.
El objetivo de Kitchen, sabotear el caso de la caja B del PP, está presente en la propuesta del PSOE para la comisión. Así, los socialistas piden que declare el jefe de aquella investigación judicial, Manuel Morocho, a quien se le hurtaron las maniobras en torno a Bárcenas y su familia. Morocho es el investigador principal de Gürtel y de la caja B y entonces trabajaba a las órdenes directas de Pablo Ruz.
Fondos reservados y el padre Silverio
La falta de explicaciones claras en el juzgado, sumadas a los mensajes intercambiados con Francisco Martínez, han hecho que el PSOE se decida por pedir la comparecencia del padre Silverio Nieto, ‘fontanero’ de la Conferencia Episcopal y comisario honorario por decisión de Fernández Díaz. Nieto emerge como una figura con ascendente sobre los protagonistas políticos del espionaje a Bárcenas con fondos reservados.
La utilización de los fondos reservados también centra la petición de documentación y algunas peticiones de comparecencia, como la del que fuera ‘hombre de los maletines’, el facultativo Miguel Ángel Bayo, clave en sus respuestas a Anticorrupción para que ésta destapara el descontrol sobre los gastos reservados en el Ministerio del Interior. El entonces jefe del Gabinete de Coordinación, organismo de la Secretaría de Estado, desde el que se repartían los fondos, el coronel Diego Pérez de los Cobos también es llamado a declarar por Podemos y PSOE. El comisario de Policía que ocupa su cargo en la actualidad, José Antonio Rodríguez, solo lo es a petición de Unidas Podemos.
PSOE Y PODEMOS ECHAN EL FRENO A LA 'COMISIÓN KITCHEN' Y NO PIDEN AÚN COMPARECENCIAS
Los socios de Gobierno quieren que la primera fase se dedique a pedir "documentos" e "informes" y, en la segunda, se escuche a los presuntos implicados
Los morados dicen ahora que no es necesario escuchar a Villarejo, uno de los participantes de la operación para beneficiar al PP
Los populares reclaman que este órgano del Congreso no se active hasta que pasen las elecciones en Catalunya
Al PSOE y Unidas Podemos se le han pasado las prisas por activar a fondo la comisión de investigación sobre la operación 'Kitchen', con la que, presuntamente, el Gobierno de Mariano Rajoy intentó obstaculizar la instrucción del 'caso Bárcenas' y otros que afectaban al PP. El viernes, la comisión se reunirá por primera vez y pactarán el plan de trabajo. Los grupos parlamentarios han ido registrando estos días sus propuestas y llama la atención que los dos principales impulsores de esta comisión hayan decidido no pedir comparecencias y quieran que en la primera fase este órgano del Congreso se centre en la petición de "documentos, informes, antecedentes o datos que sean necesarios para investigar, esclarecer y analizar las actuaciones e informaciones que constituyen el objeto" de la investigación. Ya, más tarde, llegarán las comparecencias que se acuerden, apuntan, aunque socialistas y morados tienen mayoría en la mesa de la comisión y, por tanto, la última palabra en decidir a quién se llama y en el ritmo de trabajo.
Otros grupos sí que han presentado la lista de nombres de las personas que consideran necesario que deben pasar para aportar información sobre la 'operación Kitchen', que todavía está siendo investigada en los tribunales. Ciudadanos ha solicitado que acudan Rajoy, el excomisario José Manuel Villarejo, la exsecretaria general del PP María Dolores de Cospedal y el extesorero de ese partido Luis Bárcenas, entre otros. ERC también incluye a todos ellos y añade al expresidente José María Aznar, al exministro Jorge Fernández Díaz y Pablo Casado.
El factor Villarejo
Además, Unidas Podemos ha sorprendido este miércoles al anunciar que ya no ve urgente que Villarejo acuda a la comisión. El expolicía, encarcelado desde hace tres años por una causa que se ha tenido que dividir en 28 piezas por la cantidad de información y escándalos diferentes que se han ido identificando, no tiene la "mínima credibilidad", ha afirmado el diputado de Unidas Podemos Enrique Santiago, vicepresidente también de la comisión. "Las declaraciones de Villarejo varían cada día en función de sus intereses. No creo que sea bueno empezar por Villarejo; habrá que decidir si comparece o no. (...) Lo que ha ocurrido puede reconstruirse sin él", ha declarado en una rueda de prensa.
La portavoz del PSOE, Adriana Lastra, sugirió en diciembre que su grupo pediría la comparecencia del comisario y, en aquel momento, coincidía con su socio de Gobierno, que lo reclamaba con ahínco. Ahora, los morados se retraen. Entre las múltiples investigaciones a Villarejo se encuentra una que lo relaciona con el vicepresidente y líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias: el llamado 'caso Dina', sobre el robo del móvil de su exasesora, Dina Bousselham El juez está investigando si el político usó de forma fraudulenta el procedimiento abierto contra el excomisario y fingió ser "víctima de un hecho que sabía inexistente".
A quien sí querrá escuchar en la comisión Podemos es a Casado, un apellido que el PSOE no incluirá en su propia lista de comparecientes, porque, argumentan los socialistas, no tenía ningún cargo relevante en los años en los que, presuntamente, el Ejecutivo y el PP intentaron destruir pruebas que les perjudicaban.
Dudas legales del PP
En su plan de trabajo, el PP ha rechazado dar a conocer a qué comparecientes propone y exige que la comisión no eche a andar hasta que pasen las elecciones catalanas, para que los debates que se puedan dar no interfieran en la intención del voto. Además, ha solicitado informes a la Audiencia Nacional y a los servicios jurídicos del Congreso sobre la comisión. Se da la circunstancia de que las formaciones del PSOE y Podemos están personadas en la causa y, por tanto, tienen acceso a toda la documentación sobre la 'operación Kitchen'. Entre las numerosas preguntas que creen que debe responder el juzgado que lo investiga se incluye una sobre si socialistas y morados pueden "utilizar los documentos que son parte del expediente judicial".
Fuentes del PP han asegurado estas semanas atrás que estaban pensando pedir que pasaran por la comisión Dolores Delgado, fiscal general del Estado y exministra de Justicia, o al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.
https://www.elperiodico.com/es/politica/20210120/psoe-echan-freno-comision-kitchen-11466199
PSOE Y UNIDAS PODEMOS NO PIDEN AÚN COMPARECENCIAS PARA LA COMISIÓN KITCHEN Y PREFIEREN QUE ANTES SE RECLAMEN DOCUMENTOS
El PSOE y Unidas Podemos han optado por no solicitar aún comparecencias para la comisión del Congreso que va a investigar la operación 'Kitchen' dado que prefieren que los trabajos arranquen con la petición de documentación sobre el presunto espionaje al extesorero del PP Luis Bárcenas, en busca de pruebas que pudieran implicar a dirigentes del partido en casos de corrupción.
Así consta en el somero plan de trabajo que han registrado en el Congreso, al que ha tenido acceso Europa Press, y que se someterá a votación este viernes en la que será la primera reunión de la comisión de investigación.
A diferencia de otros grupos, que sí incluyen ya una primera lista de comparecientes, los dos que apoyan al Gobierno y que promovieron esta investigación parlamentaria el pasado mes de octubre, son partidarios de esperar un poco más para que en una primera fase la comisión se centre en la petición de documentos.
Así, plantean que sea la Mesa de la comisión, donde PSOE y UP tienen mayoría, la que acuerde la solicitud de "documentos, informes, antecedentes o datos sean necesarios para investigar, esclarecer y analizar las actuaciones e informaciones que constituyen el objeto" de la investigación.
Y, según este plan de trabajo, será ya en una segunda fase cuando se celebren las comparecencias que acuerde en este caso la comisión en pleno. No obstante, las solicitudes de comparecencia se podrán ir ampliando en función del desarrollo de los trabajo, como sucede habitualmente en este tipo de investigaciones parlamentarias.
El PSOE y Unidas Podemos puntualizan, en el documento que han registrado, que cuando la Cámara se dirija a las personas que cite a comparecer tendrá que concretar el tema sobre el que debe versar su testimonio y pudiendo detallar los aspectos concretos que, a priori puedan resultar más interesantes a los comisionados.
Como es habitual, fijan un plazo inicial de tres meses de duración de la comisión que se podrá ampliar por otros tantos si así lo acuerda el Pleno. La tercera fase se dedicará a la redacción de las conclusiones, pudiendo registrarse votos particulares por parte de los grupos, que también se someterán a votación en el hemiciclo.
Por último, puntualizan, como se hace tradicionalmente en todas las comisiones de investigación, que el Pleno podrá acordar, en su caso, que la Mesa del Congreso dé traslado al Ministerio Fiscal de sus conclusiones para el ejercicio de las acciones que sean procedentes.
PSOE Y UP BLOQUEARÁN LA COMPARECENCIA DE VILLAREJO EN LA COMISIÓN KITCHEN
Desde Unidas Podemos han justificado su cambio de posición aduciendo la "falta de credibilidad" de Villarejo. Los socios de Gobierno siguen negociando una lista conjunta
Las peticiones de distintos grupos parlamentarios como Ciudadanos, ERC, PNV o EH Bildu para que el excomisario José Villarejo comparezca en la comisión de investigación sobre Kitchen, quedarán sin efecto. PSOE y Unidas Podemos han dado marcha atrás en sus intenciones y no consideran ahora que sea idóneo llamar a declarar al comisario jubilado, al menos en el primer tramo de la investigación. Los socialistas ya unieron sus votos al PP en 2017 para vetar su presencia en la comisión de investigación sobre la denominada "policía patriótica", pero en el caso de los morados siempre habían sostenido la necesidad de que compareciese al considerarlo una parte central en la trama de espionaje orquestada desde el ministerio de Interior del Ejecutivo de Mariano Rajoy contra el extesorero del partido, Luis Bárcenas, para eliminar pruebas sobre la presunta caja B del partido. Desde Unidas Podemos han justificado su cambio de posición aduciendo "falta de credibilidad" de Villarejo y que sus declaraciones "varían en función de sus intereses” para concluir que “cuanta menor intoxicación, mejor”. Fuentes del grupo parlamentario recalcan que no ven prioritario que sea de los primeros en declarar, como reclaman otros grupos. Los socialistas, si bien evitaron descartar esta comparecencia, ya defendieron desde un primer momento que se debía arrancar la investigación llamando en primer término a los técnicos de Interior y exdirigentes del PP en base a la información recabada perfilar el resto de comparecencias.
Fuentes parlamentarias del PSOE argumentan en línea con Unidas Podemos que se pedirá la comparecencia de "todos aquellos que puedan arrojar información". Primero debe interrogarse a las personas que han declarado ya en la Audiencia Nacional, y que tienen un “conocimiento parcial” de lo que ocurrió, a los que se puede dar mayor “credibilidad” que a otros acostumbrados a “inventar y manipular”, explicaba el vicepresidente de la comisión y portavoz adjunto de Unidas Podemos, Enrique Santiago. Villarejo ya mostró sus intenciones en un escrito dirigido el pasado viernes al magistrado que instruye su caso en la Audiencia Nacional, donde cargaba las tintas tanto contra el PSOE como contra Unidas Podemos. A ambos partidos los acusaba, entre otras cuestiones, de ofrecerle "la libertad a cambio de testificar contra adversarios políticos, exculpando a otros afines, sobre hechos que constan en el sumario" y aseguraba tener pruebas comprometedoras contra ambos. Previamente, ya habían dejado caer en una entrevista en 'El País' la posibilidad de revelar, si comparecía, los trabajos que hizo para Gobiernos del PSOE.
La formación liderada por Inés Arrimadas fue la primera en presentar sobre el plan de trabajo y las comparecencias solicitadas. Además de Villarejo, el expresidente del Gobierno, Mariano Rajoy; la ex secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, o el exministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, pero también mandos policiales. En los escritos presentados este miércoles por ERC, PNV y Bildu destaca también la prioridad que todos estos grupos otorgan a la comparecencia del excomisario ahora en prisión. Los nacionalistas vacos, de hecho, han solicitado solo dos, la de Villarejo y la de Enrique García Castaño, conocido dentro de la Policía como El Gordo, ex Comisario de la Unidad Central de Apoyo Operativo de la Comisaría General de Información del Cuerpo Nacional de Policía. Los republicanos catalanes aportan una lista en la que incluyen, al igual que EH BIidu, al actual ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, o a los expresidentes José María Aznar y Felipe González. Unidas Podemos coincide con ERC en la necesidad de que comparezca el actual presidente del PP y líder de la oposición, Pablo Casado, por formar parte de la cúpula del partido en el periodo investigado como responsable nacional de Comunicación.
Casado no será citado en la comisión de investigación de Kitchen
PSOE y Unidas Podemos presentarán este viernes un plan de trabajo conjunto, pero no aportarán por el momento la lista de comparecientes, como sí han hecho otros grupos. Ambos partidos siguen negociando una lista consensuada y se centrarán de momento en la petición de documentación sobre el espionaje realizado por Interior en los últimos Gobiernos del PP a Bárcenas. Si finalmente no se aplazan las elecciones del 14-F, la comisión de investigación se convertirá en un altavoz en plena campaña electoral de las catalanas que beneficiará especialmente a Vox, formación que mantiene un particular pulso con los populares en Cataluña ante las pretensiones de un sorpaso. No en vano, la formación de ultraderecha ha colocado en esta comisión a una de sus principales caras en el Congreso, la portavoz adjunta y secretaria general del grupo, Macarena Olona, a quien acompañarán los diputados Víctor González Coello de Portugal y José María Figaredo. Por parte de los populares estarán presentes el portavoz adjunto del partido, Carlos Rojas, y los diputados Luis Santamaría y Ana Belén Vázquez, el primero, portavoz en la comisión de Justicia y, la segunda, un valor en alza de los populares para enfrentarse a sus rivales políticos en materias delicadas para el partido, en la de Interior.
TODO EL CONGRESO, DE VOX A ERC, CARGA CONTRA PODEMOS POR SALVAR A VILLAREJO DE IR A LA 'COMISIÓN KITCHEN'
El PP denuncia una "causa general" en su contra y el PSOE culpa a los populares de "demorar" la investigación parlamentaria.
El viraje de Podemos en la comisión de investigación sobre la Operación Kitchen para salvar al comisario Villarejo de acudir a la misma le ha ocasionado a los de Pablo Iglesias el reproche de la práctica totalidad del arco parlamentario.
De Vox a ERC, pasando por Ciudadanos o Más País y otras formaciones minoritarias, todos arremetían este viernes contra esta decisión de la formación morada, que hasta hace poco defendía que era "evidente" que Villarejo tenía que ser interrogado. Así lo sostuvo Pablo Echenique el pasado 9 de diciembre, antes de que su formación cambiase de postura.
Tirando de símiles tanto reales como cinematográficos, el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, e Íñigo Errejón, aludían a "Vito Corleone" y a "Al Capone", respectivamente, para concluir que ni se podría hablar "de la mafia" sin ellos ni se puede investigar a las cloacas del Estado sin Villarejo.
La secretaria general del grupo de Vox, Macarena Olona, por su parte, aseguraba que se trata de un "testimonio vital si se quiere cumplir con la finalidad propia de esta comisión de investigación". Miguel Gutiérrez, de Ciudadanos, afirmaba que "me extrañaría que aquellos que han propiciado esta comisión, que son los partidos del Gobierno, digan ahora que el señor Villarejo no tiene nada que decir".
El partido naranja también incluyó al comisario, en prisión provisional desde 2017, en el listado de comparecientes que presentó el miércoles. Ese mismo día Podemos confirmaba su viraje. El diputado morado Enrique Santiago, nombrado vicepresidente de la comisión de investigación sobre el espionaje llevado a cabo en Interior bajo el Gobierno de Mariano Rajoy, aseguró entonces que era fundamental tanto la comparecencia del ex presidente del Gobierno como la del actual líder del PP, Pablo Casado. Para Santiago, sería extraño que Casado, que cuando se produjeron los hechos era vicesecretario de Comunicación de su partido, no estuviera al tanto.
PP y PSOE
Los populares denuncian un intento de convertir la comisión en una "causa general" en su contra. Por la Kitchen -uno de cuyos objetivos fue el ex tesorero del PP Luis Bárcenas- están imputados el ex ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, y el que fuera su número dos, Francisco Martínez Vázquez.
Mientras, el designado portavoz del PSOE para la comisión, Felipe Sicilia, acusaba al primer partido de la oposición de poner "excusas" para eludir su responsabilidad en el escándalo, algo que harían "demorando" los trabajos mediante la petición de informes que, a su juicio, no serían necesarios.
En una reunión a puerta cerrada, se aprobaba el plan de trabajo del PSOE con el apoyo de Podemos y sin que otros grupos se opusieran. En principio la comisión extendería sus trabajos durante tres meses aunque prorrogables. Según fuentes conocedoras de la reunión, Ciudadanos propuso infructuosamente un sistema de cupos para las comparecencias en función del peso de cada grupo. Una vía que permitiría llamar a Villarejo, pues bastaría que uno de los grupos que reclama su presencia lo incluyera entre su listado.
Será la semana que viene cuando se apruebe el primer listado de comparecencientes. Pese al veto inicial, incluso Podemos no cierra del todo la puerta a que Villarejo termine acudiendo, aunque relegado a otros testimonios.
EL ESPIONAJE A BÁRCENAS LLEGA AL CONGRESO: CASADO INTENTA EVITAR OTRO CALVARIO EN LA CAMPAÑA CATALANA
El PP ha solicitado aplazar los trabajos de la comisión de investigación sobre la Operación Kitchen a después de los comicios en Catalunya en los que el líder de los populares esperaba lograr un buen resultado
Desde su llegada a la presidencia del Partido Popular, Pablo Casado ha tratado de distanciar su mandato con los casos de corrupción en los que se ha visto involucrado su partido, consierándolos cosa del "pasado" con el objetivo de paliar la división del centro derecha en tres partidos –PP, Vox y Ciudadanos– a la que abocaron esas corruptelas al final del mandato de Mariano Rajoy. "El PP ha vuelto", dijo Casado cuando ganó las primarias, en 2018, tratando de hacer borrón y cuenta nueva a una etapa convulsa en las filas populares, que estuvo marcada por distintos procesos judiciales y que concluyó precisamente a raíz de uno de ellos: la condena del PP a título lucrativo dentro del caso Gürtel, que motivó la moción de censura que presentó Pedro Sánchez contra Rajoy, desbancándolo de la Moncloa.
Ahora, cuando han pasado dos años y medio de su discurso en el XIX Congreso Nacional de su partido, Casado sigue sin lograr desprenderse de ese lastre de la corrupción. Este viernes se pone en marcha en el Congreso de los Diputados la comisión de investigación sobre el supuesto espionaje al extesorero del PP Luis Bárcenas –conocida como Operación Kitchen–, perpetrado presuntamente por el Ministerio del Interior del Gobierno de Mariano Rajoy.
El inicio de los trabajos del órgano parlamentario por el que previsiblemente pasarán el propio Rajoy –así lo han solicitado varios partidos– y otros excargos del PP –Unidas Podemos y el PSOE debaten incluso la posibilidad de que comparezca el propio Casado– coincide además con el inicio de la campaña de las elecciones catalanas que, por el momento y a la espera de la decisión definitiva del TSJ catalán sobre el aplazamiento al 30 de mayo solicitado por la Generalitat, tendrán lugar el próximo 14 de febrero.
Casado se ha fijado esos comicios como un punto de inflexión en su mandato, que hasta ahora ha estado marcado por continuas derrotas electorales. Con unas encuestas que auguran un leve crecimiento del PP catalán, que en los comicios anteriores tocó suelo con el peor resultado de la historia –logró solo cuatro escaños en el Parlament–, el líder de los populares confía en conseguir el sorpaso a Ciudadanos, que en 2017 logró ser la primera fuerza en Catalunya aunque no pudo gobernar por la alianza de los independentistas, y ahora se hunde en las encuestas. También quiere superar en votos a Vox, volviendo a convertir al PP en la fuerza hegemónica del constitucionalismo de derechas en Catalunya.
"No interferir en la intención de voto"
El líder del PP no quiere por ello que esa campaña catalana en la que, según sus más estrechos colaboradores, Casado se pretende volcar sean cuando sean los comicios, se vea de nuevo ensombrecida por el fantasma de la corrupción de su propio partido. Esa es la razón por la que este miércoles los populares registraron en el Congreso una propuesta de trabajo para la citada comisión de investigación de la Operación Kitchen en la que solicitan que su actividad no comience hasta que se celebren las elecciones en Catalunya.
"No podrán ser convocadas las sesiones de trabajo [de la comisión de investigación] hasta que finalice el proceso electoral en Cataluña, al objeto de no interferir en la intención de voto del cuerpo electoral", aseguran los populares en el escrito presentado en el registro del Congreso. En ese mismo texto, el PP pide un plazo de cinco días para presentar su listado de comparecientes a partir de que se apruebe el plan de trabajo de la comisión, lo que sucederá, previsiblemente, el mismo viernes, día en el que se constituirá este órgano parlamentario solicitado por la izquierda y al que siempre se opuso el PP.
Por el momento, ni PSOE ni Unidas Podemos han registrado tampoco su listado de comparecientes. Los socialistas apuestan ahora por comenzar las comparecencias por los cargos técnicos y, a partir de ahí, decidir qué políticos tienen que dar explicaciones. Pero en los últimos meses los dos partidos en el Gobierno se han mostrado partidarios de llamar al menos a Rajoy, la exsecretaria general del PP y exministra de Defensa, María Dolores de Cospedal –la Fiscalía ha pedido su imputación en el caso– y al exministro del Interior Jorge Fernández Díaz, máximo responsable político cuando se produjo el presunto espionaje a Bárcenas, y que está imputado por ello en la causa abierta en la Audiencia Nacional. Grupos como Ciudadanos y EH Bildu ya han solicitado formalmente que los tres declaren en la comisión.
Que tres personalidades que tuvieron cargos de la máxima responsabilidad en el PP declaren en el Congreso sobre un supuesto caso de corrupción que afecta directamente al partido no es, para la dirección del PP, el mejor escaparate para las elecciones en Catalunya. Todo ello a pesar de que la estrategia de la dirección del PP siempre ha sido la de desvincular a su máximo jefe de la Operación Kitchen.
Casado, citado en el careo entre Martínez y Fernández Díaz
El entorno de Casado admite que el currículum de Casado está estrechamente ligado al partido, donde fue primero presidente de Nuevas Generaciones –las juventudes del PP– de la Comunidad de Madrid, entre 2005 y 2013, después diputado en el Congreso (desde 2011) y luego por último vicesecretario de Comunicación de la dirección del expresidente Mariano Rajoy, entre 2015 y 2018, hasta su triunfo en las primarias. Pero, al tiempo, esos mismos dirigentes alegan que en ninguno de esos puestos Casado ejerció labores ejecutivas que puedan vincularle a los asuntos, como el del espionaje a Bárcenas, que se investigan en los tribunales.
El líder del PP, sin embargo, no pudo evitar que su nombre fuera citado en el careo que mantuvieron en la Audiencia Nacional el exministro del Interior Jorge Fernández Díaz y quien fuera su número dos, el exsecretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez, ambos imputados en la trama, el pasado noviembre.
Durante la tensa conversación en la que hubo un duro cruce de acusaciones, Martínez expresó su disgusto con la dirección de Casado por la sensación de abandono que dice que siente, pese a no haber cometido ningún delito, según su versión. El exsecretario de Estado de Seguridad considera que Génova 13 contribuyó a que pareciera culpable cuando dejó de llevarle en las listas electorales. A este respecto y, según pudo reconstruir elDiario.es de varias fuentes presentes presentes en la declaración, Martínez dijo: "Es una actitud indigna e inmoral del PP. Si el PP del señor Casado no sabe cuidar a la gente que ha trabajado bien, mucho me temo que no sabrán cuidar nunca a los españoles que no conocen".
El líder del PP siempre ha sostenido que cuando se produjo el supuesto espionaje al extesorero él no tenía responsabilidades orgánicas, ya que en ese momento tan solo era "un diputado por Ávila" y su designación como vicesecretario de Comunicación se produjo después de la salida de Fernández Díaz y Martínez del Gobierno, que además no repitieron en las listas electorales. Génova 13 insiste en que Casado ha prometido mano dura ante cualquier implicación de dirigentes o exdirigentes en el espionaje a Bárcenas. "Caerá quien tenga que caer", ha solido recalcar el propio presidente de los populares cada vez que se le ha preguntado por este asunto.
Unos casos que "abochornan" a Génova 13
El equipo de Casado remarca también que los hasta ahora principales implicados en la trama, Martínez y Fernández Díaz, forman parte "del pasado" del PP y que desde su elección como líder del partido, su máximo jefe siempre ha realizado un ejercicio de "regeneración" tratando de romper con algunas de esas prácticas que, según la dirección de los populares, les "abochornan".
El núcleo duro del equipo de Casado insiste en que Martínez "ya no está en el partido", que a Fernández Díaz se le abrió un expediente informativo en cuanto se conoció su imputación, tal y como establecen los estatutos, y que por el momento no temen la imputación de la exsecretaria general del PP y exministra de Defensa María Dolores de Cospedal solicitada por la Fiscalía. Cospedal fue uno de los principales apoyos de Casado en las primarias, que decantó su victoria frente a la archienemiga interna de la exdirigente, la exvicepresidenta del Gobierno Soraya Sáenz de Santamaría.
Esas mismas fuentes recalcan, en todo caso, que si finalmente Cospedal fuera imputada el partido seguiría la misma vía que con Fernández Díaz, siempre que en ese momento la también exministra siguiera militando en el PP. Sobre su vinculación con el triunfo de Casado, la dirección popular insiste en que el actual líder del PP planteó "un nuevo tiempo" al ganar las primarias y que desde entonces se han renovado todos los órganos internos con la premisa de "no pasar ni una" en materia de corrupción.
LAS CLAVES DE LA 'COMISIÓN KITCHEN'
PSOE y Unidas Podemos propondrán que comparezcan Rajoy, Fernández Díaz, Cospedal y Villarejo, entre otros
Los populares piden que las sesiones arranquen tras las elecciones catalanas para no influir en la campaña
Los casos judiciales del PP vuelven al Congreso. Tras la sentencia del caso Gürtel que precipitó la moción de censura con Mariano Rajoy, la Cámara baja del Congreso será escenario de la conocida como 'comisión Kitchen'. Una iniciativa del PSOE y Unidas Podemos para investigar los presuntos tejemanejes en el Ministerio del Interior durante el Gobierno de Rajoy para proteger al PP. La idea de los socios de coalición es que exaltos dirigentes conservadores –y de las llamadas 'cloacas del Estado'- desfilen por el Congreso. Pero ¿quiénes serán estos protagonistas?, ¿qué intereses persigue cada partido?, ¿cuándo arrancarán las sesiones? A continuación desvelamos las claves para comprender la 'comisión Kitchen':
¿Qué es el 'caso Kitchen'?
Se trata de una investigación judicial sobre una supuesta trama de espionaje en el Ministerio del Interior entre 2013 y 2015 para sustraer información comprometedora sobre las finanzas del PP al extesorero del partido, Luís Bárcenas. Los principales investigados son el excomisario José Manuel Villarejo, el exnúmero dos de la policía, Eugenio Pino y el antiguo chofer de Bárcenas, Sergio Ríos. A estos nombres, el juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón añadió a mediados de septiembre la imputación del exministrio del Interior Jorge Fernández Díaz por su posible relación con el espionaje.
¿Qué se pretende investigar?
La propuesta que presentaron PSOE y Unidas Podemos [Aquí en PDF] en septiembre y que fue aprobada por el Congreso tiene como objeto "investigar la utilización ilegal de efectivos, medios y recursos del Ministerio del Interior y otras instituciones del Estado”. Según detallan socialistas y morados, es necesario esclarecer si los conservadores supuestamente llevaron a cabo estas prácticas “con la finalidad de favorecer intereses políticos del PP, perseguir ilícitamente a personas y de anular pruebas inculpatorias para este partido en casos de corrupción”.
¿Qué propósitos persiguen?
La 'comisión Kitchen' podría dar un poco de aire al Ejecutivo. A nadie se le escapa que el paso de altos exdirigentes del PP, entre ellos un expresidente del Gobierno, por la Cámara baja serviría a socialistas y morados para alejar el foco mediático de su gestión de la pandemia y para desgastar a los conservadores y, sobre todo, a su líder, Pablo Casado.
No obstante, los populares no parecen dispuestos a aceptar sin más esta comisión de investigación y también se preparan para sacar partido. Entre sus planes está solicitar la comparecencia de dirigentes del PSOE e investigar la presunta financiación irregular de Podemos.
¿Quién comparecerá?
La comisión, presidida por la socialista Isaura Leal, ha comenzado ya los trabajos para establecer la lista de comparecientes. Una tarea en la que los partidos, incluido el PP, deberán ponerse de acuerdo, pese a que socialistas y morados tendrán la última palabra al ser mayoría en la mesa de la comisión.
Uno de los pesos pesados que PSOE y Unidas Podemos están de acuerdo con que acuda al Congreso es Rajoy. El expresidente del Gobierno sería una de las mayores bazas para atacar al PP. Además, los socios del Ejecutivo parecen estar de acuerdo en llamar también a Fernández Díaz y al que fuera su número dos, Francisco Martínez, y a la exsecretaria general del PP, María Dolores de Cospedal. Fuera de dudas está también la asistencia de Villarejo como pieza clave de este entramado. Pese a la insistencia de los ‘podemistas’, los de Sánchez han salvado a Casado al considerar que no tuvo relación directa con el escándalo.
Por su parte, los conservadores tienen en mente solicitar la comparecencia de la actual ministra de Defensa, Margarita Robles, ya que entienden que tuvo relación con Villarejo durante su etapa como secretaria de Estado de Interior entre 1994 y 1996, y de la fiscal general del Estado y exministra socialista de Justicia, Dolores Delgado, tras conocerse que se reunió en varias ocasiones con el excomisario. Además, la exdirigente del PSOE mantiene una relación personal con Baltasar Garzón, cuyo bufete de abogados coordina la defensa de varios mandos policiales en el ‘caso Villarejo’.
¿Cuándo arrancará la comisión?
La idea que barajan socialistas y morados es que a lo largo de enero se pueda concretar la lista de comparecientes y que la primera sesión de la comisión tenga lugar a comienzos de febrero. No obstante, los conservadores piden que se retrase hasta después de las elecciones catalanas, que se celebrarán el 14 de febrero, para que la acción del Congreso no interfiera en la campaña electoral.
https://www.elperiodico.com/es/politica/20210106/claves-comision-kitchen-congreso-11436045
CIUDADANOS Y BILDU PIDEN QUE RAJOY Y COSPEDAL DECLAREN EN LA COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN SOBRE EL ESPIONAJE A BÁRCENAS QUE EL PP BUSCA APLAZAR
PSOE y Unidas Podemos confirmaron que también solicitarían las comparecencias del expresidente del Gobierno y la exministra, aunque aún no han presentado su listado, al que podrían sumar a Casado
Varios grupos del Congreso de los Diputados han registrado este miércoles sus respectivos listados de los comparecientes que quieren que acudan a declarar a la comisión de investigación sobre el supuesto espionaje realizado al extesorero del PP Luis Bárcenas –la conocida como Operación Kitchen– por parte del Ministerio del Interior del Gobierno de Mariano Rajoy, que se va a poner en marcha el próximo viernes. Formaciones antagónicas como Ciudadanos y EH Bildu han solicitado que entre los comparecientes estén, entre otros, el propio Rajoy y la exsecretaria general del PP y exministra de Defensa María Dolores de Cospedal, además del exministro del Interior Jorge Fernández Díaz, máximo responsable político cuando se produjo el espionaje, y que está imputado por ello en la causa abierta en la Audiencia Nacional.
Por el momento, ni PSOE ni Unidas Podemos han registrado su listado de comparecientes, a la espera de que ambas formaciones socias en el Gobierno acuerden los nombres de quienes, a su juicio, deberían declarar ante el Congreso. Los dos partidos se han mostrado partidarios de llamar a Rajoy, Cospedal y Fernández Díaz, aunque discrepan a la hora de incluir entre los comparecientes al actual líder del PP, Pablo Casado. Unidas Podemos ha manifestado su intención de convocar al máximo jefe de la oposición, algo que no tienen tan claro en las filas socialistas.
El PP tampoco ha registrado aún su listado de comparecientes. Por el momento, los de Casado han presentado en el registro de la Cámara Baja un plan de trabajo para la comisión, pidiendo aplazar sus trabajos hasta después de las elecciones catalanas cuya fecha sigue sin estar clara por la decisión del Govern de aplazarlas al 30 de mayo, ante el agravamiento de la pandemia, y por la paralización cautelar de ese aplazamiento dictada el martes por el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya que, atendiendo a varias denuncias, las ha vuelto a situar en la fecha inicialmente prevista, el 14 de febrero.
"No podrán ser convocadas las sesiones de trabajo [de la comisión de investigación] hasta que finalice el proceso electoral en Cataluña, al objeto de no interferir en la intención de voto del cuerpo electoral", aseguran los populares en el escrito presentado en el registro del Congreso. En ese mismo texto, el PP pide un plazo de cinco días para presentar su listado de comparecientes, a partir de que se apruebe el plan de trabajo de la comisión, lo que sucederá, previsiblemente, el mismo viernes, día en el que se constituirá este órgano parlamentario solicitado por la izquierda y al que se opuso el propio PP.
El PP denuncia "intereses políticos"
Los populares consideran que la comisión de investigación "no persigue otro fin diferente al de fiscalizar al anterior Gobierno de España, cuyos principales protagonistas están alejados de la de la actividad política, lo que incide en la clara intencionalidad político/electoral de esta comisión". A su juicio, el PSOE y Unidas Podemos quieren "poner los trabajos de la comisión al servicio de sus intereses políticos", como, sostienen, se demuestra en el propio enunciado de la comisión, donde se habla de "ilegalidades con la finalidad de favorecer al PP.
"Dicha intención resulta aún más evidente al proponer los grupos Socialista y de Unidas Podemos que los trabajos de la comisión sean coincidentes con un periodo electoral en Cataluña donde es evidente que los trabajos de la comisión serán puestos al servicio de los intereses políticos de ambas formaciones en la mencionada cita con las urnas", añaden en el texto registrado este martes.
El PP exige que antes de citar a los comparecientes la comisión haya podido recibir una serie de informes aclaratorios que reclama a los servicios jurídicos del Congreso y también al juez instructor de la Operación Kitchen, Manuel García Castellón.
PSOE Y PODEMOS LLEGAN DESPUÉS DE TRES MESES A LA COMISIÓN KITCHEN SIN ACORDAR LOS COMPARECIENTES
Los grupos parlamentarios del Gobierno prefieren empezar por la fase de recopilación de documentación
Vox y Ciudadanos reclaman la presencia de José Manuel Villarejo
El PSOE y Unidas Podemos (UP) no han cerrado todavía la lista de comparecientes para la comisión de investigación del Congreso de los Diputados sobre la Operación Kitchen que propusieron en octubre. Así lo han comunicado Sofía Castañón, portavoz de UP, y Enrique Santiago, vicepresidente primero en el órgano y diputado morado.
Podemos y PSOE han chocado en las últimas semanas durante la negociación de nombres. El Grupo Confederal insistió en citar al expresidente del Gobierno Mariano Rajoy, al presidente del Partido Popular, Pablo Casado, y al excomisario preso José Manuel Villarejo, ante las reticencias de los socialistas.
Curiosamente, el diputado de UP Enrique Santiago ha señalado este martes que «las declaraciones del señor Villarejo varían en función de sus intereses», así que «cuanta menor intoxicación del señor Villarejo, mejor». Y ha abundado: «No creo que sea bueno empezar por él, pero tendrá que llegar el momento decidir si comparece o no».
En relación con Rajoy y Casado, también con cierto grado de ambigüedad, Santiago y Castañón han explicado que «es evidente que la Kitchen fue una operación política conocida y permitida por la cúpula del PP, que era el señor Rajoy y donde también estaba el señor Casado por ser responsable de Comunicación». En UP buscarán un acuerdo con el PSOE en este sentido para que comparezcan «todos los que permitieron que la Operación Kitchen se llevase adelante».
Otros grupos, como Ciudadanos y Vox, por ejemplo, ya han presentado su listado. Pero PSOE y UP prefieren que la primera etapa se centre en los trabajos de documentación sobre el espionaje del PP a su extesorero Luis Bárcenas.
Después, en la segunda fase, los partidos podrán presentar sus propuestas sin límites y, finalmente, se redactarán las conclusiones. Todo en un plazo de tres meses. Será entonces cuando el Pleno decida si la Mesa del Congreso eleva el informe al Ministerio Fiscal.
El plan de trabajo que han registrado este miércoles se votará el viernes, en la primera reunión del órgano. «Se define perfectamente el objeto de esta comisión de investigación sobre la utilización ilegal de efectivos, medios y recursos del Ministerio del Interior y otras instituciones para favorecer los intereses políticos del PP para perseguir ilícitamente a personas y anular pruebas inculpatorias», ha expresado Santiago. «De confirmarse esto que está siendo además investigado por los tribunales y que tiene todos los indicios de verosimilitud, el PP habría actuado como una auténtica organización criminal utilizando las instituciones para perseguir ilegalmente a personas», ha añadido.
Listados del resto de grupos
No tienen dudas en Ciudadanos (Cs), partido que sí pedirá que den explicaciones en el Congreso tanto el expresidente Rajoy como el excomisario Villarejo, cuyo testimonio podría incomodar tanto al PSOE como al PP porque trabajó con gobiernos de ambos signos políticos. Desde el grupo parlamentario de Cs sostienen que llaman a declarar con los «mayores deseos de luchar contra la corrupción, llegar al fondo de la cuestión y avanzar en la imprescindible regeneración democrática».
El partido, que recuerda y lamenta que el PSOE y Unidas Podemos tumbaron todas las comisiones de investigación que les concernían -como las de los casos Delcy o Dina-, pide que en la que afecta a la Operación Kitchen sean llamados Mariano Rajoy, Luis Bárcenas, Rosalía Iglesias -mujer de Bárcenas-, José Manuel Villarejo, María Dolores de Cospedal, Jorge Fernández Díaz y Sergio Ríos -antiguo chófer de Bárcenas-.
El listado de Vox es más largo, aunque deja fuera al expresidente Rajoy. Los de Santiago Abascal coinciden con Cs en Jorge Fernández Díaz, José Manuel Villarejo y Sergio Ríos, pero añaden al exnúmero dos de Interior Francisco Martínez y a los exfuncionarios del Cuerpo Nacional de Policía Eugenio Pino, Enrique García Castaño, Andrés Gómez Gordo, José Ángel Fuentes Gago, Marcelino Martín-Blas, Bonifacio Díaz Sevillano y José Francisco González.
La formación independentista radical EH Bildu aporta un listado mucho mayor, que incorpora, además de los nombres solicitados por Vox y por Cs, a otros exministros y exsecretarios de Estado, pero también a empresarios como Ignacio López del Hierro, al coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos, al exdirector del CNI Félix Sanz Roldán, a fiscales, a policías y a abogados.
EL PP PIDE QUE SEA GARCÍA-CASTELLÓN QUIEN AUTORICE EL USO DEL SUMARIO EN LA COMISIÓN DE KITCHEN
El Partido Popular entregará, esta mañana, una cuestión previa a la Mesa del Congreso en la que solicita que sea el magistrado del caso Tándem, Manuel García-Castellón, quien marque las líneas sobre qué documentación oficial se puede utilizar en la Comisión de Kitchen. Es decir, quieren que el Congreso pida permiso para saber si se puede hacer uso del sumario, sobre todo porque en la comisión hay dos partidos, el PSOE y Podemos, que están personados y ya tienen acceso a todo el sumario, lo que implica una desigualdad evidente para el resto de formaciones políticas.
En el escrito, al que he tenido acceso OKDIARIO, los ‘populares’ afirman que, “llama poderosamente la atención que en la exposición de motivos del acuerdo votado por el Pleno del Congreso, se haga referencia expresa a documentos que forman parte de las citadas diligencias», y que en consecuencia son parte del expediente de instrucción y de las actuaciones que se siguen en el citado Juzgado como es el caso del informe de la Fiscalía Anticorrupción”, que es la base de la exposición de motivos, y cuyo contenido «se desglosa detalladamente llegándose a entrecomillar palabras y expresiones en él contenidas, e incluso recogiendo el nombre de las personas que son citadas en éste, lo que en todo caso, no sólo es una espuria utilización del contenido del informe de la Fiscalía, sino también una grave vulneración del derecho constitucional a la presunción de inocencia que asiste a las personas mencionadas en el mismo”.
Juzgado
Por ello, solicitan que se remita escrito al Juzgado Central de Instrucción número seis y a la atención de su titular Manuel García-Castellón solicitando aclaración sobre los varios extremos. En primer lugar, piden que el juez de Kitchen diga “cuáles son los derechos constitucionales que afectan a las personas que están siendo investigadas en el proceso judicial, y cuál es el alcance del deber de salvaguarda de los citados derechos por parte de la Comisión de Investigación constituida en el Congreso de los Diputados”.
En cuanto a la documentación, también solicitan que se responda, “si pueden las fuerzas políticas personadas en el proceso que se sigue en la Audiencia Nacional utilizar los documentos obrantes en el expediente judicial, en los trabajos de la comisión de investigación.
Y en cualquier caso ¿con qué límites?, y las eventuales responsabilidades en las que podría incurrir si no se produce un adecuado uso del material en su poder”.
Así, apostillan que, respecto a la utilización de los documentos del expediente judicial de Kitchen en las labores de la Comisión de Investigación, y dado el carácter público de los trabajos de ésta, si pudiera, esto, “redundar en una vulneración de los derechos constitucionales que asistan a las personas investigadas en sede judicial cuya presunción de inocencia pudiera verse comprometida”. Y apostillan que se pregunte al magistrado “cuáles son las obligaciones de la Mesa de la Comisión para evitar que tal circunstancia pudiera producirse. Y también cuáles son las responsabilidades en las que podrían incurrir caso de no evitar el que, durante los trabajos de la comisión, pudieran vulnerarse los citados derechos que asisten a las personas investigadas”.
Información
Más allá de la parte referida a la documentación para que se pronuncie el juez de Kitchen, desde el PP también entran en otro punto escabroso, el posible mal uso de la información contenida en el sumario. Así, recuerdan un antecedente sobre la inadecuada utilización de la información judicial en sede parlamentaria.
En este caso, se refiere a la sucedida en el marco de la Comisión de Investigación sobre la utilización partidista en el Ministerio del Interior, bajo el mandato del ministro Jorge Fernández Díaz de los efectivos, medios y recursos del departamento y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado con fines políticos con motivo de la comparecencia del inspector jefe de la Policía, José Ángel Fuentes Gago, por la portavoz de Podemos, Gloria Elizo, hoy vicepresidenta tercera del Congreso de los Diputados.
Recuerdan los ‘populares’ que Elizo “hizo uso de información procedente de sumarios judiciales en curso y en concreto caso conocido como del ‘pequeño Nicolás’ en el que Unidas Podemos estaba personada lo que fue considerado un ‘uso fraudulento’ de la información Judicial lo que llevó al Grupo Parlamentario Popular a solicitar la “imposibilidad de utilizar tales documentos” en un escrito dirigido a la Mesa del Congreso al existir un “evidente abuso de autoridad” por parte de Podemos y una “evidente lesión” a los derechos constitucionales del compareciente.”
Por tanto, dice el escrito que: “Este antecedente justificaría ya de por sí, la necesidad de remitir al Juzgado que instruye las diligencias coincidentes con el objeto de la comisión de investigación el escrito aclaratorio que solicita el Grupo Parlamentario Popular con carácter previo al inicio de los trabajos, unos hechos agravados además por el contenido incluido en la Exposición de Motivos que justificó la creación de la Comisión de Investigación al que ya se ha hecho referencia”.
Sentencia
Por último, el PP recuerda al Congreso que hay una sentencia, en este caso la referida a la Comisión de investigación de Las Cortes Valencianas sobre el accidente del metro, que tumbó las conclusiones de la misma por hacer valoraciones jurídicas sobre personas que, ni si quiera estaban investigadas en el procedimiento judicial.
Sobre este hecho, recuerdan los populares, que las conclusiones de la Comisión Kitchen han de buscar dirimir responsabilidades políticas, pero nunca judiciales, por lo que no se deben incluir delitos o presuntos delitos dentro de las mismas.
CS TOMA LA DELANTERA EN KITCHEN: PIDE CITAR A RAJOY Y VILLAREJO Y DEJA FUERA A CASADO
La formación naranja registra su petición de comparecencias y se centra en los testigos clave de la operación. Consideran que Casado no debe acudir y ven indispensable a Villarejo
Ciudadanos pedirá que el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy; la ex secretaria general del PP María Dolores de Cospedal, y el exministro del Interior Jorge Fernández Díaz acudan al Congreso a comparecer en la comisión de investigación sobre la operación Kitchen, la supuesta trama de espionaje orquestada desde el Ejecutivo popular contra el extesorero del partido Luis Bárcenas, que tenía en sus manos información sensible del PP. También solicitará la comparecencia del comisario José Villarejo.
La formación de Inés Arrimadas quiere poner el foco en aquellos actores que realmente puedan arrojar luz sobre lo sucedido. Por eso, aseguran, no han incluido en su propuesta la comparecencia de Pablo Casado, actual líder del PP: “En aquel momento, él no estaba al frente, ni tuvo nada que ver. No vamos a contribuir a un circo político. Vamos a centrarnos en llamar a quienes pueden aportar cosas como si fueran los testigos en un juicio penal. No es política, ni buscar la foto. Es intentar averiguar la verdad”, aseguran desde el grupo parlamentario.
Este miércoles a las 10 de la mañana, los grupos deben presentar sus propuestas de planes de trabajo para la comisión de investigación, que decidirá el plazo de duración de la misma y otras cuestiones técnicas para su funcionamiento. Ciudadanos ha decidido adelantarse y presentar ya una propuesta de comparecientes para dejar claras sus intenciones, aunque será el viernes cuando previsiblemente, a puerta cerrada, los partidos pacten la hoja de ruta de la comisión. No está claro si habrá una lista de consenso sobre las personas que deben ir a declarar o cada grupo hará la guerra por su cuenta. El partido naranja, como ya hizo en la comisión de reconstrucción, insistirá en buscar consensos para el plan de trabajo.
Aun así, la formación naranja insiste en ondear una de sus principales banderas políticas: la regeneración de las instituciones. Critican que otros nuevos partidos como Podemos “ya solo apoyen las comisiones de investigación que les interesan”, dice el diputado Edmundo Bal, recordando que vetaron la planteada sobre la supuesta financiación irregular de su partido, apoyados por el PSOE.
Además de la ex plana mayor del PP, también pedirán que vayan a la comisión el exsecretario de Estado de Interior Francisco Martínez (también imputado); el propio extesorero; su mujer, Rosalía Iglesias, y el exchófer de Bárcenas Sergio Ríos, testigo clave. Como otros grupos parlamentarios, los naranjas también ven indispensable que acuda el comisario jubilado, pieza fundamental de la trama, José Villarejo. PP y PSOE coincidían en que debía acudir, pero algunos partidos desconfían de que esa sea su verdadera intención.
Los mandos policiales también figuran en la petición a la que ha tenido acceso este diario. Tanto Enrique García Castaño, exjefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO), como Eugenio Pino, exdirector adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional, e Ignacio Cosidó, ex director general del cuerpo policial. Igual que a Rosalía Iglesias, Ciudadanos llama a declarar a Ignacio López del Hierro, empresario y marido de Cospedal, por entender que, pese a que ambos figuran como piezas secundarias en la trama, su aportación podría ser significativa.
A la espera de conocer los listados que proponen el resto de grupos, como publicó este diario, el PP pretende llamar a la actual ministra de Defensa, Margarita Robles, y a la fiscal general del Estado, Dolores Delgado.
EL PSOE QUIERE QUE LOS SEGUNDOS NIVELES DE INTERIOR DECLAREN EN LA COMISIÓN 'KITCHEN' ANTES QUE RAJOY Y FERNÁNDEZ DÍAZ
Si la nieve que aún congela la actividad laboral en Madrid no lo impide, la mesa de la comisión de investigación sobre la llamada Operación Kitchen prevé comenzar la próxima semana con los trabajos del órgano parlamentario que pondrá contra las cuerdas al PP de Casado, según afirman fuentes parlamentarias del grupo socialista. Si bien, desde Unidas Podemos reconocen que la presidenta de la comisión, la socialista Isaura Leal, "aún no se ha puesto formalmente en contacto con los grupos para establecer un calendario".
La Mesa del Congreso calificó este miércoles la petición del PSOE y Unidas Podemos, que sumó el apoyo de ERC, Bildu, Junts, PDeCAT, Más País, Compromís y Nueva Canarias, para que el Congreso celebrara sesiones extraordinarias en enero, un mes que está fuera del calendario de sesiones, para dar salida a los trabajos de la comisión de investigación.
El órgano parlamentario se constituyó a finales de diciembre, casi tres meses después de que la mayoría del Pleno de la Cámara Baja aprobara su creación. La socialista Isaura Leal fue elegida presidenta de la mesa de la comisión que tiene por objeto indagar sobre la presunta utilización ilegal de efectivos, medios y recursos del Ministerio del Interior, durante los mandatos de Gobierno de Mariano Rajoy, con la finalidad de favorecer intereses políticos del PP y de anular pruebas inculpatorias para este partido en casos de corrupción.
Fuentes socialistas explican a Público que el órgano rector decidirá el plan de trabajo. "El objetivo es llevar la comisión con la máxima garantía", ahondan estas fuentes. En este sentido, la intención del PSOE, cuya representación en la mesa se completa con la diputada Andrea Fernández, pasa por llamar a comparecer primero a "los responsables técnicos [de Interior] que recibieron las órdenes" para llevar a cabo la presunta operación parapolicial que investiga el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón.
Aunque el PSOE insiste en que aún "no tiene una lista de comparecientes", estas fuentes aclaran que citarán en primer lugar a las personas que desempeñaron funciones "por debajo del secretario de Estado" en aquella época, como podría ser el ex director general de la Policía, Ignacio Cosidó, o el jefe del cuerpo con el Gobierno de Rajoy, el comisario Eugenio Pino.
Después de que los segundos escalones de Interior rindan cuentas en sede parlamentaria, la mesa llamará a declarar a los "responsables políticos" de esta operación. Todo apunta a que el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy, la ex secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, el exministro Jorge Fernández Díaz y el ex secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, estos dos últimos imputados en la pieza siete de la macrocausa judicial Tándem, no se librarán de comparecer en la Cámara Baja.
La incógnita de las posibles comparecencias del actual líder del PP, Pablo Casado y el excomisario José Manuel Villarejo, actualmente en prisión, aún sigue sin despejarse. En el PSOE sólo se limitan a señalar que deberán declarar "todos los personajes que puedan aportar claridad a la hora de determinar qué ocurrió y qué responsabilidades podemos atribuir", mientras que Unidas Podemos, que continúa trabajando en la lista definitiva -tal como señalan fuentes del grupo a Público-, defiende citar a ambos.
"El Congreso levantará la tapa de esa cloaca para ver hasta dónde llega la infección mafiosa del PP en el Ministerio de Interior, la utilización de lo público para hacerle la guerra sucia a los adversarios del PP y destruir pruebas de su corrupción", señaló el portavoz de Unidas Podemos en la Cámara Baja, Pablo Echenique, el día que se constituyó la comisión parlamentaria. En este sentido, añadió: "Pensamos que Cospedal, Rajoy, Villarejo y Casado deberían comparecer".
Por su parte, el PP no descarta "la comparecencia de nadie" y, aunque no aclara si debe citarse a Villarejo, sí abre la puerta a recabar el testimonio "de todos aquellos que hayan podido tener relación". Según ha señalado la portavoz del grupo, Cuca Gamarra, en varias ocasiones, en esta ecuación entraría la actual fiscal general del Estado y exministra de Justicia, Dolores Delgado, quien compartió una comida con el excomisario, el exjuez Baltasar Garzón y otros mandos policiales cuyas grabaciones se publicaron hace meses.
Los grupos se arman con sus principales portavoces
Ante este hecho "tan grave" y que apunta a prácticas "censurables", los grupos políticos han escogido a sus principales portavoces como vocales de la comisión parlamentaria para poner contra las cuerdas a la formación conservadora. De esta forma, el portavoz adjunto del grupo socialista Felipe Sicilia y su homólogo en la comisión de Interior, David Serrada, completarán la representación del PSOE en la comisión. Unidas Podemos ha designado a Echenique y a su portavoz adjunta, Sofía Fernández Castañón.
Gabriel Rufián, portavoz de ERC, representará a su grupo junto a la diputada Pilar Vallugera. Íñigo Errejón (Más País) y Miriam Nogueras (Junts) harán lo propio por el Grupo Plural; el portavoz de Ciudadanos, Edmundo Bal, representará a su grupo; Mikel Legarda lo hará por el PNV; Oskar Matute, por EH Bildu, y Carlos García Adanero, de UPN, será el representante del Grupo Mixto.
El PP llevará a al portavoz de la comisión de Justicia, Luis Santamaría, mientras que la formación de extrema derecha está representada por la secretaria general del grupo, Macarena Olona, y los diputados Víctor González Coello de Portugal y José María Figaredo.
A pesar de los intentos de la actual dirección del PP de alejarse de los casos de corrupción que sobrevuelan Génova, el "fantasma que siempre vuelve", los trabajos de la comisión que incomoda a la formación de Pablo Casado coincidirán con la campaña y celebración de las elecciones catalanas, una cita prevista en principio para el 14 de febrero, pendiente de la evolución de la tercera ola del coronavirus.
PSOE Y UP BUSCAN ACORRALAR AL PP CON LA COMISIÓN KITCHEN EN PLENA CAMPAÑA
Una de las primeras paradas del nuevo curso político 2021 en el Congreso de los Diputados lleva el nombre de operación Kitchen, la trama parapolicial orquestada, supuestamente, desde el Ministerio del Interior –durante la última era del Partido Popular en el Gobierno– para espiar y robar información comprometedora a, precisamente, su extesorero Luis Bárcenas. Ante la mediática trama, ya en sede judicial, que llega a sede parlamentaria, el PSOE y Unidas Podemos cerrarán filas al unísono contra el PP como único enemigo común para determinar el alcance de la trama corrupta e intentar depurar las responsabilidades políticas del asunto. Y es que, además de socios de gobierno, tienen la mayoría de la Mesa: controlarán el contenido y los comparecientes que asistan.
“Ya sabemos que las cloacas del Estado se dedicaron, no solo a fabricar basura contra los adversarios del PP, sino que también fue utilizada para destruir pruebas de la corrupción”, explica desde Unidas Podemos, Pablo Echenique, a La Vanguardia .
Los populares se niegan a ser un “simple saco de boxeo” y pasarán a la acción, aunque aún no desvelan sus cartas
Esas pruebas a las que se refiere el portavoz de la formación morada son los documentos que, supuestamente, sustrajo el chófer de Bárcenas al extesorero tras ser captado –con fondos reservados– por un grupo de mandos policiales, algunos en activo y otros jubilados como el comisario preso José Manuel Villarejo. Todo ello, tal y como se investiga, bajo la supervisión de la cúpula del Ministerio del Interior: tanto el extitular de la cartera Jorge Fernández Díaz como su ex número dos, Francisco Martínez, están imputados en la Audiencia Nacional.
Según las fuentes consultadas, tanto Fernández Díaz como Martínez serán uno de los comparecientes que serán llamados a declarar en la comisión que la próxima semana echa a rodar definitivamente. Primero se compartirán los documentos de trabajo, se cerrarán lista de comparecientes, quienes, previsiblemente, empiecen a ser interrogados a principios de febrero, coincidiendo con la campaña de las elecciones en Catalunya.
Desde el grupo socialista aseguran que no llevarán a la Mesa de la comisión ninguna lista de comparecientes y están dispuestos “a escuchar” al resto de grupos y, por supuesto, a Unidas Podemos, grupo con el que están preparando la comisión de manera conjunta. El grupo parlamentario de Pablo Iglesias sí ofrece una enumeración de comparecientes. Fuentes de los morados aseguran que, además de Fernández Díaz, no debe faltar la ex secretaria general del PP María Dolores de Cospedal –aunque no está imputada en la causa– y apuntan a las más altas esferas: pretenden que se siente en la comisión el expresidente del PP Mariano Rajoy y su sucesor en el cargo, Pablo Casado.
Por su parte, ERC sacará también su artillería más mediática y ha nombrado como portavoz a Gabriel Rufián, quien a preguntas de este periódico ha señalado que la operación Kitchen “parece ser una cara más del poliedro del deep state, nada más y nada menos que una trama para usar a la Policía para hacer chantajes, desprestigiar, amenazar y, en definitiva, proteger de su propia corrupción al Partido Popular”.
Desde las filas populares no han desvelado aún a quiénes les gustaría sentar en los interrogatorios con luz y taquígrafos en una trama que les salpica de lleno, pero, según las fuentes consultadas, no se resignarán a ser un “simple saco de boxeo”, por lo que estudian pasar al ataque y cerrar su lista de comparecientes con nombres como la actual fiscal general del Estado, Dolores Delgado, a quien también grabó el excomisario Villarejo en unas cintas que salieron a la luz cuando era ministra de Justicia.
EL PP PRETENDE INVESTIGAR A PODEMOS EN LA 'COMISIÓN KITCHEN' AUNQUE NO TIENE CLARO QUE DEBA COMPARECER VILLAREJO
Cuca Gamarra asegura que la creación de la 'comisión Kitchen' es una maniobra para "hacer oposición a la oposición"
La portavoz del PP considera que se debe investigar a podemos porque "es un partido que gobierna hoy" y que tiene "un abanico importante de casos"
El PP pretende que la comisión creada en el Congreso sobre la llamada operación Kitchen investigue los casos relativos a la financiación de Podemos, ya que, según remarca su portavoz, Cuca Gamarra, quien gobierna ahora no es el PP, sino la formación morada en coalición con el PSOE.
En declaraciones a Europa Press, la portavoz del Grupo Popular ha asegurado que la creación de esta comisión de investigación sobre el Ministerio del Interior del primer gobierno de Mariano Rajoy es "una maniobra para hacer oposición a la oposición". "Quieren impedir que la oposición controle al gobierno", sostiene.
Según Gamarra, el objetivo del Grupo Popular será por tanto "desmontar y desnudar" esa estrategia de los partidos del gobierno de coalición de crear "una causa general" contra los populares para "tapar sus mentiras e ineficacia".
Quieren una causa general contra el PP
A su juicio, serán los tribunales los que dicten sentencia sobre la supuesta trama organizada en Interior para tratar obstaculizar la investigación de casos contra el PP, y en todo caso las conclusiones de la comisión de investigación "no tendrán trascendencia".
La dirigente del PP considera que lo que se debe investigar es a Podemos, que es "un partido que gobierna hoy", que está imputado por financiación ilegal y que está involucrado en casos de "corrupción" que señalan incluso al vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, que en próximas semanas se sabrá si es llamado por el tribunal Supremo.
"En Podemos hay un abanico importante de casos -ha señalado-. Además de Iglesias, su portavoz, Pablo Echenique, ha sido condenado por defraudar a la Seguridad Social y su número tres, Alberto Rodríguez, está siendo investigado por el Supremo por apalear a un policía".
Gamarra ha recordado que el PP ya pidió una comisión de investigación sobre los casos que afectan a Podemos, pero el PSOE y la formación morada vetaron siquiera que llegara a debatirse en el Pleno del Congreso. "El PSOE es el colaborador necesario y abogado defensor de Podemos para tapar sus asuntos de corrupción", asegura.
Por todo ello, la dirigente del Partido Popular considera que estos temas de Podemos deben ser también "de interés" para la comisión Kitchen para ver qué opinan sus protagonistas.
No descartan comparecencias
De entrada, el PP no descarta "la comparecencia de nadie" y, aunque no se pronuncia sobre si debe citarse al excomisario José Manuel Villarejo, epicentro de las llamadas cloacas de Interior y ctualmemnte en prisión, sí abre la puerta a recabar el testimonio "de todos aquellos que hayan podido tener relación" con él.
En ese punto se encuadraría, como ya avanzaron hace semanas, la actual fiscal general del Estado y exministra de Justicia, Dolores delgado, quien compartió un almuerzo con Villarejo, el exjuez Baltasar Garzón y otros mandos policiales cuyas grabaciones se publicaron hace meses.
EL PSOE EVITA POR AHORA LLAMAR A RAJOY Y OTROS POLÍTICOS A LA COMISIÓN KITCHEN Y CITA SOLO A POLICÍAS
Podemos presenta una lista, que no será aceptada por los socialistas, en la que llamaría incluso al exdirector del CNI
Ni el expresidente Mariano Rajoy, ni el líder del PP actual, Pablo Casado, ni la ex secretaria general popular, Dolores de Cospedal, ni el comisario jubilado José Manuel Villarejo ni el exdirector del CNI Félix Sanz Roldán. La comisión parlamentaria de investigación del caso Kitchen, sobre las presuntas actividades irregulares de la actividad de las cloacas en el Ministerio del Interior bajo mandato del PP, empezará a trabajar en enero, pero no citará a políticos. Comenzará con cargos policiales. Esa es la intención del PSOE, que no comparte, sin embargo, su socio de Unidas Podemos.
El martes pasado se constituyó en el Congreso la Mesa que dirigirá los trabajos de la comisión de investigación de la Operación Kitchen, sobre actuaciones irregulares en el Ministerio del Interior en distintos Gobiernos del PP relacionadas con la trama de corrupción del caso Gürtel. Esa jornada apenas quedó conformada la mesa, que tendrá una mayoría de tres componentes del PSOE y Unidas Podemos frente a dos del PP, y quedó pendiente de volver a reunirse ya en enero para presentar un plan de funcionamiento, un calendario y una lista de comparecientes.
Pero el PSOE y Unidas Podemos, que en el Congreso hablan a diario, contactaron inmediatamente para cuadrar una propuesta conjunta de personas a llamar para esclarecer las supuestas irregularidades.
Desde Unidas Podemos enviaron de forma inmediata al PSOE una lista de comparecientes que, en su opinión, deberían pasar por la comisión, encabezada por el expresidente Mariano Rajoy —que supuestamente se benefició de las maniobras policiales para ocultar pruebas contra él— y el exministro del Interior, su amigo de muchos años Jorge Fernández Díaz, jefe del departamento que espió ilegalmente al extesorero Luis Bárcenas.
El grupo de Pablo Iglesias también propone llamar a los exsecretarios de Estado de Seguridad y, dentro del PP, a Pablo Casado, a Dolores de Cospedal y el marido de esta, Ignacio López del Hierro, al exdirector de la Policía Ignacio Cosidó, a un amplio catálogo de cargos policiales y, como novedad de última hora, también al exdirector durante lustros del Centro Nacional de Inteligencia, el general Félix Sanz Roldán, que trabajó para gabinetes del PSOE y el PP.
En el grupo parlamentario socialista estudiaron este miércoles esas peticiones y concluyeron que la mayoría son ahora inviables. Dirigentes socialistas y de Unidas Podemos entablaron contactos discretos y comprobaron que no tienen la misma visión de cuáles deben ser las prioridades, al menos al inicio, de esa comisión.
El PSOE no acordará una lista conjunta de comparecientes a la comisión Kitchen con Unidas Podemos, según fuentes de su dirección. Es más, no tiene pensado presentar de partida una lista propia. Querría acudir a las primeras sesiones y que fuera en el seno de la comisión donde se consensuara cuáles son las personalidades y comparecientes más apropiados para aportar luz sobre el funcionamiento del Ministerio del Interior esos años.
Sin programa cerrado
El PSOE, por tanto, no quiere que acudan en un primer momento, que podría alargarse a todo el mes de enero, ni Rajoy, ni Casado, ni Cospedal, ni Villarejo, ni Sanz Roldán. Los socialistas optarán por pactar con los demás grupos que en las primeras sesiones se presenten los cargos y directores policiales operativos que recibían las órdenes, para que expliquen qué políticos les daban las instrucciones y para qué.
Sobre la petición de Unidas Podemos de llamar al exdirector del CNI, en el PSOE sostienen que ahora no es oportuna y que, si en su momento se constata que tiene sentido, tendría que acudir, en todo caso, a la comisión de Secretos Oficiales, como hacía cuando estaba en el cargo y como hace ahora su sustituta, Paz Esteban, y no a la comisión Kitchen. La comisión de Secretos Oficiales no es pública y los asuntos allí discutidos son reservados.
Lo que sí han pactado socialistas y Unidas Podemos, y que podría concitar consenso con más partidos, es que la comisión empiece en enero con una serie de peticiones de documentos y comparecientes, pero sin un programa cerrado. Con la idea de que, si durante ese mes los cargos policiales que declaren implican a políticos, exista la posibilidad de añadir a nuevos comparecientes.
El PP ya ha avanzado que espera una comisión de contraataque a la oposición por parte de los dos partidos del Ejecutivo y se reserva así la opción de citar por su parte a personalidades como la actual fiscal general del Estado y exministra, Dolores Delgado, y otros responsables del PSOE que hayan tenido conocimiento en el pasado del uso de fondos reservados en Interior.
EL PP CONTRAATACA EN LA COMISIÓN KITCHEN Y PEDIRÁ QUE COMPAREZCAN ROBLES Y DELGADO
El PP no está dispuesto a que la comisión de investigación sea un saco de boxeo para sus rivales y apuesta por llamar a dirigentes del PSOE que expliquen el origen de Villarejo
La comisión de investigación sobre la operación Kitchen —la trama sobre el supuesto espionaje que llevó a cabo el Ministerio del Interior del PP contra Luis Bárcenas para sustraerle información comprometida a través del uso de fondos reservados— quedó constituida este martes en el Congreso con la elección de los miembros de la Mesa que ordenará los trabajos. PSOE y Unidas Podemos tienen la mayoría (tres puestos frente a los dos del PP), lo que supone de facto el control del calendario y de los comparecientes que asistirán. Los populares, sin embargo, insisten en que “no permitirán que se convierta en una caza de brujas” contra su formación, y preparan un elenco propio de peticiones en el que pretenden incluir a la actual ministra de Defensa, Margarita Robles, y la fiscal general del Estado, Dolores Delgado.
El pleno del Congreso aprobó el pasado octubre la creación de esta comisión a la que solo se opuso el PP, insistiendo en que la responsabilidad de la Cámara es “controlar al Gobierno y no a la oposición” y recordando que los hechos que se pretenden investigar afectan al Ejecutivo de otra legislatura en el que, además, no estaba el actual líder del PP. Pero en vista de que la comisión sale adelante, el partido de Casado pasará al contraataque para evitar que todo el contenido se centre en su formación.
El grupo popular tiene claro que José Manuel Villarejo tiene que acudir como pieza esencial de todo el caso. Y, a partir de ahí, continúan, otras personas del PSOE “que deben explicar los orígenes” del comisario. “Que al PSOE no se le olvide quién creó a Villarejo”, apuntan.
Uno de los objetivos es la actual ministra de Defensa por su etapa como secretaria de Estado de Interior entre 1994 y 1996 bajo el mando de Juan Alberto Belloch. Entienden que todas las operaciones relacionadas con el comisario parten de ese punto temporal. Incluso el propio Villarejo aseguró en una entrevista en ‘Salvados’, el programa de La Sexta, que Robles le “dio la orden para hacer el informe contra Baltasar Garzón” (en referencia al llamado informe Veritas).
La intención del PP también pasa por que comparezca la fiscal general del Estado, a la que se ha vinculado estrechamente con el polémico comisario, que se encuentra en prisión desde noviembre de 2017. Cuando en 2018 Delgado todavía ocupaba la cartera de Justicia, la publicación de varios audios en los que charlaba con Villarejo la pusieron en la diana. Ciudadanos y Podemos pidieron insistentemente su dimisión. El comisario, además, se refirió a ella como “muy amiga mía”.
A la espera de saber si finalmente el PSOE se unirá al partido morado en la petición de que acuda como compareciente Mariano Rajoy (los socialistas descartarían en principio exigir la presencia de Casado, tal y como publicó este diario), el PP tiene claro que moverá ficha y no permitirá que la comisión sirva como saco de boxeo para los partidos del Gobierno y el resto de la oposición. En todo caso, socialistas y Unidas Podemos tienen la sartén por el mango y podrían oponerse a las comparecencias que pida el PP. La formación de Casado asegura que sería muy difícil de explicar ante la opinión pública que solo permitieran las intervenciones de las personas elegidas por los grupos del Ejecutivo.
Por otro lado, el PP quiere solicitar que los trabajos no arranquen oficialmente hasta después de las elecciones catalanas. Entienden que el calendario y el listado de las personas a las que llamarán podrían estar listos en las próximas semanas (si finalmente se habilita el mes de enero esta comisión y otras funcionarían ese mes en el que normalmente queda suspendida la actividad parlamentaria), pero se proponen convencer a los grupos de que las comparecencias no comiencen hasta después del 14 de febrero, ya que el contenido podría interferir en la campaña.
Alegarán, precisamente, que en vísperas de un periodo electoral no puede tener lugar una comisión de investigación de este tipo. Para el PP la campaña de las catalanas es fundamental y los partidos a su izquierda y derecha preparan toda la artillería pesada. Los trabajos podrían durar al menos tres meses.
Finalmente, la constitución de la Mesa ha dejado como presidenta a la socialista Isaura Leal (que también preside la comisión de Justicia del Congreso desde febrero), mientras que los vicepresidentes elegidos han sido el secretario general del PCE y portavoz de IU en el Congreso, Enrique Santiago; y el portavoz adjunto del PP, Carlos Rojas. Las secretarías recaen en la socialista Andrea Fernández y la popular Ana Vázquez.
PSOE Y PODEMOS SE PROPONEN DESTAPAR “LAS CLOACAS DEL PP” EN LA COMISIÓN DE KITCHEN
Los dos partidos del Gobierno tendrán mayoría en la Mesa
La comisión de investigación sobre la Operación Kitchen se constituyó este martes en el Congreso y, aunque sus trabajos no comenzarán hasta enero, los responsables del PSOE y de Unidas Podemos sí dejaron claro por dónde quieren que se desarrolle. Ambos grupos tendrán mayoría en la Mesa que regulará esa comisión y avanzaron que pretenden centrarse en destapar “las corruptelas” y “la infección de las cloacas del PP en el Ministerio del Interior”. Las comparecencias aún no están definidas. Vox no quiere llamar a Rajoy.
Lo primero que resolvió ayer la comisión —surgida a raíz del caso judicial por el presunto espionaje ordenado por Interior al extesorero del PP Luis Bárcenas para neutralizar documentos comprometedores para el partido— fue la selección de los cinco miembros de su Mesa, que serán los que decidirán sobre el calendario, plan de trabajo y comparecencias. La mayoría la formarán dos diputados del PSOE y uno de Unidas Podemos, y el PP se quedará con los dos restantes. La presidenta será la socialista Isaura Leal, que ganó esa votación por 168 votos a favor frente a los 88 que sumó el aspirante del PP (los de su grupo).
El portavoz de Podemos, Pablo Echenique, fijó sus objetivos en “levantar la tapa de esa cloaca para ver hasta dónde llega la infección mafiosa del PP en Interior”. Y reiteró que querrían ver pasar por la comisión al expresidente Mariano Rajoy, al actual líder del PP, Pablo Casado, a la exsecretaria general del partido Dolores de Cospedal y al polémico excomisario José Manuel Villarejo, pero aceptó que ahora se sentarán con el PSOE para negociar sus discrepancias. El PSOE no quiere convocar ni a Casado ni a Villarejo.
El portavoz socialista, Felipe Sicilia, abogó por que la cita sirva para “mejorar y reforzar la calidad democrática” del ministerio y la Policía que, sostuvo, los Ejecutivos del PP usaron para “beneficiarse y ocultar sus corruptelas”. Y agregó: “La trama de corrupción Kitchen quiso tapar a la trama corrupta de Gürtel”.
El portavoz del PP, Luis Santamaría, no aclaró nada sobre qué comparecientes reclamarán, pero sí atacó a PSOE y Podemos por montar “una causa y caza de brujas inquisitorial y anticonstitucional” contra su partido, investigar desde el Gobierno a la oposición y planear “una estrategia de ataque global contra las instituciones del Estado”. Los responsables de Vox no descartaron nada ante “el horror” que han visto en los sumarios del caso, pero sí avisaron de que serán “escudo y dique de contención” si se persigue a los cuerpos policiales, y rechazarán citar a Rajoy porque no está imputado.
LOS PARTIDOS DESPLIEGAN SUS PRINCIPALES BAZAS PARA ACORRALAR AL PP EN LA COMISIÓN KITCHEN
Desde la mayoría de grupos, se coincide en señalar la "trascendencia" de una comisión que investigará la caja B del PP y el supuesto dispositivo policial clandestino para encubrirla
El Congreso arrancará este martes los trabajos de la comisión de investigación sobre el caso Kitchen, nombrando en su primera sesión constitutiva a los miembros de la mesa. Este órgano rector estará presidido por la diputada socialista Isaura Leal y contará con mayoría de PSOE y Unidas Podemos. A la espera de consensuar la lista de comparecientes, cuyo plato fuerte, según la lista que están negociando los diferentes grupos, será el líder de los populares y expresidente del Gobierno Mariano Rajoy, los partidos han colocado a sus pesos pesados en una comisión que celebrará sus primeras comparecencias coincidiendo con la campaña de las elecciones catalanas. Un altavoz adicional en plena campaña del 14-F que beneficiará especialmente a Vox, formación que mantiene un particular pulso con los populares en Cataluña ante las pretensiones de un sorpaso. No en vano, la formación de ultraderecha ha colocado en esta comisión a una de sus principales caras en el Congreso, la portavoz adjunta y secretaria general del grupo, Macarena Olona, a quien acompañarán los diputados Víctor González Coello de Portugal y José María Figaredo. Por parte de los populares estarán presentes el portavoz adjunto del partido, Carlos Rojas, y los diputados Luis Santamaría y Ana Belén Vázquez, el primero, portavoz en la comisión de Justicia, y la segunda, un valor en alza de los populares para enfrentarse a sus rivales políticos en materias delicadas para el partido, en la de Interior.
La comisión relativa "a la utilización ilegal de efectivos, medios y recursos del Ministerio del Interior, con la finalidad de favorecer intereses políticos del PP y de anular pruebas inculpatorias para este partido en casos de corrupción, durante los mandatos de gobierno del Partido Popular", se atisba como un espacio ideal para los intereses del partido de Santiago Abascal de presentarse como la alternativa a los populares al ponerse el foco en la corrupción de este partido coincidiendo con el arranque de la campaña electoral. Desde Ciudadanos, que busca taponar fugas electorales hacia diferentes direcciones, esperan también que la comisión ahonde en el "desgaste" del PP. Por su parte, participará en la comisión su portavoz adjunto, Edmundo Bal. Desde la mayoría de grupos, se coincide en señalar la "trascendencia" de una comisión que investigará la caja B del PP y el supuesto dispositivo policial clandestino para encubrirla. Un caso que también está judicializado. La importancia que se otorga a esta comisión se deja entrever por el hecho de que la lista de comparecientes depende del visto bueno de Moncloa. La constitución de esta comisión se realizará al mismo tiempo que la del accidente aéreo de Spanair en 2008, cuyas conclusiones quedaron pendientes de elaborar en la legislatura pasada.
Psoe y UP prevén citar a Rajoy y a Villarejo a la comisión de Kitchen
A falta de consensuar el calendario de los trabajos, que durarían al menos tres meses, la intención de socialistas y morados pasa por habilitar el mes de enero hábil e iniciar así las primeras comparecencias entre finales de ese mes y principios de febrero. Una de las principales incógnitas sigue siendo que se llame o no a comparecer al comisario ahora encarcelado José Luis Villarejo, por las reticencias que genera especialmente en el PSOE, ante el temor a las acusaciones que pueda lanzar. El propio Villarejo, en prisión preventiva, advirtió en una entrevista en 'El País' sobre ese supuesto veto y, al tiempo, dejó caer la posibilidad de revelar, si comparece, los trabajos que hizo para gobiernos del PSOE. En julio de 2016, en la comisión de investigación sobre la llamada policía patriótica, los socialistas ya se aliaron con el PP para evitar su comparecencia, pese a la presión de Unidas Podemos y otros grupos. Desde Unidas Podemos, empujarán para que también comparezca el líder de los populares, Pablo Casado, pero en principio tampoco está en la lista que los socialistas barajan proponer al resto de grupos. El exministro de Interior Jorge Fernández Díaz, su secretario de Estado, Francisco Martínez, o María Dolores de Cospedal son algunos de los nombres que con total seguridad comparecerán en el Congreso.
https://www.elconfidencial.com/espana/2020-12-22/comision-kitchen_2881863/
PSOE Y UNIDAS PODEMOS CONTROLARÁN LA COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN SOBRE EL 'CASO KITCHEN'
La comisión debería emprender sus trabajos en enero ya que la mayoría de PSOE y Podemos más sus aliados pedirán que el primer mes de año se habilite a efectos parlamentarios
PSOE y Unidas Podemos coparán los principales puestos que conformarán la Mesa de la Comisión de investigación relativa a la utilización ilegal de efectivos, medios y recursos del Ministerio del Interior, con la finalidad de favorecer los intereses políticos del PP y de anular pruebas inculpatorias para este partido en casos de corrupción, durante los mandatos de Gobierno del Partido Popular, más conocida como la comisión del "caso Kitchen".
La Comisión estará presidida por la socialista Isaura Leal, también presidenta de la Comisión de Justicia, que se ha impuesto con 168 respaldos en segunda votación (para haber resultado elegida en una primera ronda era necesaria la mayoría absoluta). La vicepresidencia primera la ocupará el diputado de Unidas Podemos Enrique Santiago y la segunda, el popularCarlos Rojas.
Por su parte, las secretarías primera y segunda corresponderán a la diputada del PSOE Andrea Fernández Beneitez y a la popularAna Belén Vázquez, respectivamente.
La Comisión de Investigación debería emprender sus trabajos el próximo mes de enero ya que la mayoría conformada por PSOE y Unidas Podemos más sus aliados de investidura pedirán que el primer mes de año se habilite a efectos parlamentarios.
Será entonces cuando las fuerzas de la Cámara decidan el calendario de trabajos de la comisión así como el listado de comparecientes que serán llamados a declarar a la misma.
Unidas Podemos se mantiene firme en su exigencia de que a la misma acuda, por considerarlo "pieza clave" del caso Kitchen, el ex presidente del Gobierno Mariano Rajoy. También reclamarán la asistencia del actual presidente del PP y líder de la oposición, Pablo Casado; no obstante, los morados deberán negociar con los socialistas la lista de comparecientes.
Comparecientes
El portavoz de UP en el Congreso, Pablo Echenique, celebró la creación finalmente de esta comisión asegurando que con la misma se va a "levantar la tapa de la cloaca para ver hasta dónde llega la infectación mafiosa del PP en el Ministerio del Interior".
Entre los nombres que sin duda serán llamados a comparecer figuran el ex ministro del Interior Jorge Fernández Díaz y el ex secretario de Estado Francisco Martínez, así como, previsiblemente, el ex comisario José Manuel Villarejo
Desde Vox, su portavoz en la comisión, Macarena Olona, ha planteado una opción flexible y actualizable de la lista de comparecientes. Ha pedido llamar primero a los investigados y que se vaya renovando la lista según vayan produciéndose los testimonios. Es por ello que todavía no considera relevante que acuda Rajoy.
Vox afirma que acude a la comisión de investigación con el objetivo de "buscar la verdad" ante la "película de terror" que se está viendo sobre el caso en las actuaciones judiciales. "No queremos perjudicar a nadie, pero tampoco vamos a favorecer a nadie", ha señalado Olona, que ha avisado a Unidas Podemos y los partidos independentistas que no permitirá que la comisión sea "causus belli contra las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado".
https://www.elmundo.es/espana/2020/12/22/5fe1f1a0fc6c8383768b46a9.html
EL CONGRESO PONE EN MARCHA LA COMISIÓN 'KITCHEN', LA INVESTIGACIÓN QUE PONDRÁ CONTRA LAS CUERDAS AL PP DE CASADO
Los grupos llevan a sus principales portavoces a una comisión que incomoda a la formación conservadora. Los trabajos comenzarán a partir de enero, coincidiendo con la campaña de las elecciones catalanas, así como el desarrollo de la investigación sobre la 'operación Kitchen' y el inicio del juicio por el 'caso Bárcenas'.
El Congreso de los Diputados se prepara para albergar una de las últimas actividades programadas para este año, la constitución de la comisión de investigación sobre la Kitchen, una operación relativa a la presunta utilización ilegal de efectivos, medios y recursos del Ministerio del Interior, durante los mandatos del Gobierno de Mariano Rajoy, con la finalidad de favorecer intereses políticos del PP y de anular pruebas inculpatorias para este partido en casos de corrupción.
La constitución de esta comisión, que llega casi tres meses después de que el Congreso aprobara su creación por mayoría absoluta, pondrá contra las cuerdas al partido liderado por Pablo Casado, al que le "incomoda" esta investigación a pesar de los intentos para separase de los casos de corrupción que sobrevuelan Génova. Y es que, la duración de los trabajos de esta comisión será, como mínimo, de tres meses desde su constitución, coincidiendo con la campaña y celebración de las elecciones catalanas, una cita prevista para el 14 de febrero.
Esta será la última gran prueba de fuego para el líder de los conservadores, quien ha multiplicado su agenda en Catalunya para impedir un adelanto de Vox por la derecha. Asimismo, mientras el PP confía en mejorar sus resultados en Catalunya -cuentan con tan solo cuatro diputados en el Parlament-, el partido también tendrá que lidiar con el calendario judicial para 2021, que acoge varias citas relacionadas con la presunta corrupción del PP, un "fantasma que siempre vuelve".
El PSOE propondrá a la diputada Isaura Leal para presidir la comisión de investigación sobre la 'operación Kitchen'
Citas judiciales para 2021 que involucran al PP
En este sentido, los trabajos de la comisión de investigación, que comenzarán a partir de enero, se desarrollarán paralelamente a la investigación que el juez Manuel García Castellón lleva a cabo en la Audiencia Nacional sobre la operación Kitchen, caso por el que están imputados, hasta el momento, el exministro de Interior Jorge Fernández Díaz y el ex secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez. Esta pieza siete de la macrocausa judicial Tándem trata de arrojar luz sobre el dispositivo policial presuntamente ideado por el PP, organizado por el Ministerio de Interior, ejecutado por el excomisario José Manuel Villarejo y pagado con fondos reservados para espiar al extesorero del PP Luis Bárcenas y eliminar pruebas incriminatorias sobre el partido.
También, la sección segunda de lo Penal de la Audiencia Nacional fijó para el 8 de febrero de 2021 el inicio del juicio del caso Bárcenas, cuya causa investiga el presunto pago de las obras de la reforma de la sede nacional del partido en la calle Génova (Madrid) con dinero de la caja B del PP. Y, si los trabajos de la comisión de investigación en el Congreso se extienden más de lo previsto, como pasó con la comisión de investigación relativa a la financiación ilegal del Partido Popular -duró cerca de dos años-, las comparecencias por Kitchen podrían coincidir con el el inicio del juicio de la segunda época del caso Gürtel, previsto para septiembre de 2021, una trama de corrupción vinculada al PP por la que el partido ya ha sido condenado a título lucrativo en la sentencia de la primera época.
La diputada Isaura Leal, posible presidenta de la Mesa
En cuanto a la constitución de la comisión, la presidenta de la Mesa del Congreso, Meritxell Batet, ha convocado para el próximo martes la puesta en marcha de este órgano. Así, en esa sesión constitutiva se elegirá a la mesa que dirigirá los trabajos de investigación, un órgano que aspira a presidir la diputada socialista Isaura Leal, la candidata propuesta por el PSOE y que Unidas Podemos, socio del Gobierno y partido con el que presentó esta iniciativa, ve con buenos ojos.
Fuentes parlamentarias de ERC y Bildu, aliados del Gobierno, tampoco tienen "ningún problema" en que sea Leal quien presida la mesa de la comisión. "Sólo pedimos que sea justa porque va a ser duro", añaden. Isaura Leal, miembro de la Ejecutiva del PSOE y muy cercana a Pedro Sánchez, ya cuenta con experiencia en este campo, pues lleva presidiendo la Comisión de Justicia desde febrero. En cuanto al resto de miembros del órgano de gobierno de la comisión, el plan es que los partidos que sostienen al Ejecutivo cuenten con tres de los cinco votos, dejando las dos plazas restantes al PP.
Por otra parte, los grupos parlamentarios, que tenían de plazo hasta este jueves para registrar los nombres de los diputados que les representarán en este órgano, llevarán a sus principales portavoces para poner contra las cuerdas a la formación conservadora, pues el objeto de la investigación es "muy grave" y apunta hacia prácticas "censurables", defienden varias fuentes de los partidos.
De esta forma, el portavoz adjunto del grupo socialista Felipe Sicilia, la portavoz adjunta en la Comisión de Justicia, Andrea Fernández, y su homólogo en la de Interior, David Serrada, completarán la representación del PSOE en la comisión. Unidas Podemos ha designado a su portavoz adjunta, Sofía Fernández Castañón, y al portavoz de IU y secretario general del PCE, Enrique Santiago.
El portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, charla con la portavoz del PSOE, Adriana Lastra, antes de la celebración de la Junta de Portavoces en la Sala Mariana Pineda de la Cámara Baja, en Madrid (España), a 11 de noviembre de 2020. E
El portavoz de ERC, Gabriel Rufián, representará a su grupo junto a la diputada Pilar Vallugera. Íñigo Errejón (Más País) y Miriam Nogueras (Junts) harán lo propio por el Grupo Plural; el portavoz de Ciudadanos, Edmundo Bal, representará a su grupo; Mikel Legarda lo hará por el PNV; Oskar Matute, por EH Bildu, y Carlos García Adanero, de UPN, será el representante del Grupo Mixto.
Por su parte, el PP ha elegido a su portavoz adjunto Carlos Rojas y sus portavoces en Justicia, Luis Santamaría, y en Interior, Ana Belén Vázquez. La formación de extrema derecha estará representada por la secretaria general del grupo, Macarena Olona, y los diputados Víctor González Coello de Portugal y José María Figaredo.
Lista de comparecientes
Después de que se constituya la comisión de investigación, la Mesa acordará el plan de trabajo y la lista de comparecientes en enero, aunque los interrogatorios no empezarían hasta febrero, una vez que comience el periodo ordinario de sesiones. Y en este aspecto es donde hay más discrepancias entre los grupos que impulsaron la comisión. Mientras que Unidas Podemos defiende que hay que citar al excomisario Villarejo y de Casado, en el PSOE sólo se limitan a señalar que deberán declarar "todos los personajes que puedan aportar claridad a la hora de determinar qué ocurrió y qué responsabilidades podemos atribuir", tal y como sostuvo el pasado martes el portavoz adjunto socialista, Rafael Simancas.
Lo que sí parece bastante claro es que se llamará a declarar al expresidente del Gobierno Mariano Rajoy, la ex secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, el exministro Jorge Fernández Díaz y quien fuera su número dos en Interior, Francisco Martínez.
La Mesa del Congreso ha decidido este martes activar la comisión de investigación sobre la denominada 'operación Kitchen', la supuesta trama organizada desde el Ministerio del Interior del Gobierno de Mariano Rajoy para obstaculizar los casos contra el PP. Así, se ha dado de plazo hasta el jueves para que los grupos inscriban diputados a la comisión con el fin de proceder a constituirla antes de fin de año.
La Mesa del Congreso ha decidido este martes activar la comisión de investigación sobre la denominada 'operación Kitchen', la supuesta trama organizada desde el Ministerio del Interior del Gobierno de Mariano Rajoy para obstaculizar los casos contra el PP. Así, se ha dado de plazo hasta el jueves para que los grupos inscriban diputados a la comisión con el fin de proceder a constituirla antes de fin de año.
Esa sesión constitutiva, según acordaron el PSOE y Unidas Podemos, se celebrará en algunos de los dos próximos martes, o el día 22 o el 29 de diciembre, y en ese acto se elegirá a la mesa que dirigirá los trabajos de investigación.
La activación de los prolegómenos de la sesión constitutiva de la comisión indica que puede haber ya un acuerdo mayoritario sobre el reparto de los cinco puestos de la mesa, tres de los cuales se calculan para el bloque de PSOE y Podemos y los otros dos para el PP.
EL PSOE QUIERE PRESIDIRLA
El PSOE ya trasladó su deseo de presidir esta nueva comisión de investigación, renunciando a delegar esa tarea en un diputado de un grupo minoritario, como sí ocurrió en la penúltima legislatura con la del caso Gürtel, que estuvo dirigida por el diputado de Nueva Canarias, Pedro Quevedo.
Constituida la comisión de investigación, e siguiente paso será a acordar el plan de trabajo y sus comparecencias, y ahí aún no acaba de haber pleno consenso entre el PSOE y Unidas Podemos. Los de Pablo Iglesias quiere sentar en la comisión al excomisario Villarejo, al expresidente Mariano Rajoy y al actual líder del PP, Pablo Casado, pero los socialistas evitan confirmarloPSOE y Podemos discrepan sobre llamar a Villarejo a la comisión parlamentaria del ‘caso Kitchen’
PSOE y Unidas Podemos se reunieron en la tarde de este miércoles para impulsar finalmente la comisión de investigación sobre el caso Kitchen, y el mal uso de fondos reservados en el Ministerio del Interior en los Gobiernos del PP, y acordaron que la sesión se constituya en la última semana del año y que en la misma debería comparecer el expresidente popular, Mariano Rajoy. Podemos y otros partidos querrían que a la comisión acudiesen, además, el polémico excomisario José Manuel Villarejo, cerebro de la trama, y el actual líder del PP, Pablo Casado. El PSOE tiene sus dudas y quiere escuchar antes a otros de sus socios.
Los portavoces parlamentarios del PSOE y de Unidas Podemos, Adriana Lastra y Pablo Echenique, llevaban varias semanas de intercambios de llamadas y mensajes sobre la comisión Kitchen, que se aprobó en el Congreso el pasado 1 de octubre para indagar sobre el uso de fondos reservados de Interior en los Gobiernos del PP para el espionaje ilegal al extesorero popular, Luis Bárcenas. Pero en el camino se les habían cruzado otras urgencias, como los debates sobre el estado de alarma, medidas contra la pandemia y, sobre todo, la negociación a múltiples bandas de los primeros presupuestos de la coalición.
Superados todos esos hitos, que tanto en el PSOE como en Unidas Podemos, consideran las bases que justifican la razón de ser de su mayoría progresista en el Ejecutivo y en la Cámara, Lastra y Echenique quedaron este miércoles para cumplir con otro compromiso del capítulo que denominan “regeneración democrática” del país, tras los ajustes observados y denunciados en los últimos ejecutivos del PP.
Los dos dirigentes intentaron cerrar la presidencia y la composición de la Mesa de esta comisión de investigación, el órgano clave para determinar la organización y duración de sus trabajos. Y también pretendían pactar la lista de comparecientes que deberán acudir obligatoriamente a la Cámara baja a explicar lo que pudieran conocer sobre el funcionamiento de las llamadas cloacas del Estado en el Ministerio del Interior. Pero no lograron ayer todos esos objetivos.
Lastra y Echenique sí pactaron que la comisión se constituya el día 22 o el 29 de diciembre, y siempre en cualquier caso antes de que concluya este año, pero no consensuaron ni quién ejercerá la presidencia, ni los demás componentes de la Mesa, ni el calendario o la lista de las comparecencias. PSOE y Unidas Podemos, tras comprobar sus diferentes puntos de vista en algunos aspectos relevantes para la comisión, decidieron abrir una ronda de contactos con otros partidos que estuvieron a favor de su creación, como otros socios o incluso Ciudadanos, para recibir más propuestas sobre nombres para su formación y sobre aspirantes a participar en la misma. Esa ronda se completará entre esta semana y la siguiente.
Los dos portavoces parlamentarios habían avanzado por la mañana, antes de reunirse, que debería ser obligada la presencia en la comisión de “todas aquellas personas que tuvieron una vinculación directa” durante aquellos años con esa trama. Y de esa frase se interpretó que ambas formaciones estaban de acuerdo en llamar al comisario Villarejo, en prisión desde noviembre de 2017. Unidas Podemos así lo concluyó incluso tras la reunión vespertina con Lastra. El PSOE matizó, sin embargo, que ese punto no está todavía cerrado y que no puede darse por hecho hasta culminar los sondeos con todos los partidos que estuvieron en su momento a favor de la comisión, que fueron todos menos el PP.
En la reunión entre Echenique y Lastra sí se convino que deberán pasar por la comisión los máximos responsables políticos y policiales de distintos Gobiernos de Mariano Rajoy. Y en ese último cupo incluyen, además de Rajoy, a la exsecretaria general del PP en aquella época, María Dolores de Cospedal, su marido, Ignacio López del Hierro; y exaltos cargos de Interior, como el exministro Jorge Fernández Díaz o su entonces número dos, el secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, con el que ahora Díaz ha mantenido duros careos sobre sus respectivas implicaciones en el caso en la Audiencia Nacional.
El PSOE también tiene dudas sobre si Pablo Casado, el actual presidente del PP, debe pasar por ese trámite porque entonces no tenía responsabilidades en el Gobierno y solo ocupaba el cargo de vicesecretario de comunicación en el partido. Echenique, sin embargo, explicó que Casado fue apoyado para ser presidente de su partido por Cospedal “y tendría mucho qué explicar sobre qué ha hecho realmente para limpiar ahora al PP”.
Delicada posición del PP
La portavoz del PP en el Congreso, Cuca Gamarra, aclaró que su formación no ha decidido aún qué harán ni quiénes estarán en esa delicada comisión, ni qué comparecencias solicitarán: “No descartamos llamar a nadie, a priori”. La dirección popular ve esta comisión como una estrategia del Gobierno actual, del PSOE y Unidas Podemos, para atacar al Ejecutivo anterior de Mariano Rajoy.
El portavoz de Vox, Iván Espinosa de los Monteros, no anticipó tampoco su lista de comparecientes, pero sí apuntó que el PP deberá aclarar “hasta la cocina” el desarrollo en su seno de aquella trama corrupta.
PSOE y Unidas Podemos registraron la petición de la comisión el 10 de septiembre. La portavoz socialista, Adriana Lastra, la justificó entonces en la necesidad de que el PP de Pablo Casado rindiera cuentas y asumiera responsabilidades. La comisión se aprobó en pleno el 1 de octubre con un respaldo mayoritario: 206 votos afirmativos (PSOE, Podemos, ERC, PNV, BNG, EH Bildu, la CUP, UPN y Ciudadanos), 88 noes (PP y Foro Asturias) y 54 abstenciones (Vox y Coalición Canaria).PODEMOS Y VOX PIDEN CITAR A RAJOY Y VILLAREJO EN LA COMISIÓN KITCHEN FRENTE A LOS RECELOS DE PSOE Y PP
Los socios del Gobierno y la formación ultra presionan para que arranquen los trabajos frenados de una sesión aprobada hace más de un mes
Vox y Unidas Podemos han avanzado a este periódico que pedirán las comparecencias del comisario José Manuel Villarejo, preso desde noviembre de 2017 por dirigir una trama policial corrupta, y de los máximos responsables políticos del Gobierno de Mariano Rajoy en la comisión Kitchen, creada en el Congreso para investigar el espionaje ilegal ordenado por el Ministerio del Interior al extesorero del PP, Luis Bárcenas. “En todo caso, coinciden ellos”, subrayan fuentes de Vox al hablar del interés que les une con Podemos al considerar “claves e imprescindibles” las comparecencias de Villarejo y Rajoy frente a las dudas y recelos de PSOE y PP.
Las últimas novedades judiciales del caso Kitchen, con acusaciones cruzadas entre los máximos responsables del Ministerio del Interior de los Gobiernos de Mariano Rajoy, y las declaraciones del excomisario José Manuel Villarejo este lunes en EL PAÍS, en las que apuntó contra el expresidente popular, han activado de nuevo a varias formaciones políticas para poner en marcha cuanto antes la comisión de investigación sobre ese escándalo.
Unidas Podemos y otros socios de investidura del Ejecutivo de Pedro Sánchez, como ERC o PNV, reclaman aclaraciones sobre qué sucedió durante años en esa trama pagada con fondos reservados para espiar al extesorero del PP, Luis Bárcenas, la pieza nuclear del caso Gürtel que tanto ha perjudicado a ese partido.
PSOE y Unidas Podemos presentaron el escrito con la petición de la comisión el 10 de septiembre y la portavoz socialista, Adriana Lastra, lo justificó en la necesidad de que el PP de Pablo Casado diera explicaciones, rindiera cuentas y asumiera responsabilidades. El PSOE no avanzó mucho más sobre sus intenciones en esa comisión y la misma se aprobó finalmente en pleno el 1 de octubre con un respaldo mayoritario: 206 votos afirmativos (PSOE, Podemos, ERC, PNV, BNG, EH Bildu, la CUP, pero también UPN y Ciudadanos), 88 noes (PP y Foro Asturias) y 54 abstenciones (Vox y Coalición Canaria).
Desde entonces no se ha dado un paso más en el Parlamento sobre la formación de esa comisión tan relevante, pese a que el caso no para de ofrecer novedades judiciales. El exministro popular, Jorge Fernández Díaz, amigo personal de Rajoy, y su secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, ya han declarado ante el juez.
Martínez apuntó a EL PAÍS, y aportó varios mensajes ante notario para demostrarlo, que quién le ordenó ese montaje fue el ministro Fernández Díaz, aunque éste lo negó. El magistrado ha requerido un careo y el móvil del exministro. Villarejo también señaló en EL PAÍS a Fernández, y “mucho más arriba”, entre los responsables de la “chapuza” de la Operación Kitchen. Y agregó otra enigmática acusación cuando se le preguntó si había hecho algún trabajo para el PSOE: “Muchísimas cosas. Se ha creado la comisión Kitchen y se han puesto de acuerdo el PP y el PSOE para que yo no vaya”.
En la dirección del PSOE en el Congreso rechazan como infundada esa imputación de Villarejo, niegan que la puesta en marcha de la comisión se haya frenado por ningún pacto de silencio con el PP y explican oficialmente que el motivo del retraso es que la presidenta de la Cámara baja, la socialista Meritxell Batet, les ha planteado que querría activar al mismo tiempo otra comisión de investigación pendiente, la del accidente del avión de Spanair que sucedió en Barajas en agosto de 2008. Los trabajos de esa comisión se han interrumpido varias veces en los últimos años por distintas convocatorias electorales.
En Podemos y en Vox, sin embargo, no se acaban de creer esas justificaciones oficiales. El portavoz de Unidas Podemos, Pablo Echenique, ha intercambiado varios mensajes en los últimos días con su homóloga del PSOE para requerir explicaciones y apenas ha conseguido el compromiso de que ambas comisiones se crearán “en breve” y “pronto”. Fuentes de Podemos reconocen que para ellos la comparecencia en esa comisión del excomisario Villarejo es “evidente” e inexcusable “porque es una pieza central de esa trama de corrupción en las cloacas del Estado”. Villarejo es quién captó al confidente para espiar a Bárcenas, le grabó y le pagó un salario mensual con cargo a los fondos reservados. Podemos también ha avanzado que solicitará la presencia de Rajoy y de Casado.
Vox, sin quererlo, coincide. La secretaria general de ese grupo en el Congreso, Macarena Olona, ya apuntó que pedirán que vayan, junto a Villarejo y los altos cargos de Interior del Gobierno Rajoy, el actual ministro de esa cartera, Fernando Grande Marlaska y el llamado comisario Lenin, José Antonio Rodríguez, jefe del Gabinete de Coordinación y Estudios de la Secretaría de Estado de Seguridad. El PP, según fuentes de su dirección, no quiere saber nada de esa cita y no ha planificado aún ni los componentes que enviará a la misma. En Vox acusan al PP y al PSOE de “orquestar” juntos un pacto secreto para aguar esa comisión a cambio de distintos acuerdos judiciales.
https://elpais.com/espana/2020-11-04/podemos-y-vox-piden-citar-a-rajoy-y-villarejo-en-la-comision-kitchen-frente-a-los-recelos-de-psoe-y-pp.html
EL GOBIERNO CONGELA LA COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN DE KITCHEN
Los socialistas dudan sobre las comparecencias de Rajoy, Casado y Villarejo. La del policía jubilado ya fue vetada por el PSOE en 2016 en la comisión sobre la 'policía patriótica'
El Gobierno mantiene congelada la comisión de investigación sobre la operación Kitchen que fue aprobada el pasado 1 de octubre en el pleno del Congreso de los Diputados, con algunas dudas sobre su funcionamiento.
Formalmente, el argumento es que antes debe constituirse otra comisión de investigación sobre el accidente aéreo que en 2008 sufrió un avión de Spanair en el aeropuerto de Madrid-Barajas. Esa comisión, continuidad de otra que trabajó en la anterior legislatura, fue creada a mediados de abril, pero su constitución se ha ido demorando desde entonces. Y los partidos no han mostrado especial voluntad de ponerla en marcha desde abril.
En ambos casos, falta que los grupos pidan a la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, que ponga en marcha su constitución, para que se elijan su presidencia, su mesa y sus normas de funcionamiento, y para que los grupos pidan comparecencias y documentación.
Fuentes socialistas explican que la comisión de Kitchen está pendiente del visto bueno de la Moncloa, en función de la estrategia del Gobierno. Incluso, admiten que es posible que se demore hasta el principio de 2021, ya que ahora el Congreso está dedicado a la elaboración de los Presupuestos. Los portavoces parlamentarios de los grupos que sostienen el Gobierno, PSOE y Unidas Podemos, abordaron la cuestión de la constitución de la comisión, ante la urgencia expresada por los morados, pero sin llegar a concretar plazos.
De Moncloa depende también la decisión política del Grupo Socialista sobre las comparecencias que se autoricen. Especialmente controvertidas por diferentes motivos son las del comisario José Manuel Villarejo, el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy y el actual líder del PP, Pablo Casado. Los dos últimos dependen de una decisión del propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por las implicaciones políticas e institucionales. El de Villarejo provoca muchas más dudas por las acusaciones que puede lanzar en su comparecencia. Para empezar, habría que pedir autorización al juez para que sea citado en la comisión.
Casado, obligado a romper con Rajoy para salvar su liderazgo
La explosión del escándalo que afecta a Cospedal y Jorge Fernández Díaz rompe la agenda y el discurso del líder del PP
En julio de 2016, se constituyó y trabajó una comisión de investigación sobre la llamada policía patriótica. Entonces, el PSOE se alió con el PP para evitar la comparecencia de Villarejo, pese a la presión de Unidas Podemos y otros grupos. Para los morados, es una línea roja que comparezca Villarejo, además de otros "policías presuntamente corruptos", y consideran también fundamental que lo haga Rajoy.
Ahora, ha vuelto a haber fuertes presiones para que no comparezca el policía jubilado, por temor a las acusaciones que pueda lanzar. Otras fuentes parlamentarias explican que no pueden entenderse Kitchen y el resto de las llamadas cloacas del Estado sin la declaración de Villarejo.
El propio Villarejo, en prisión preventiva, ha advertido en una entrevista en 'El País' sobre ese supuesto veto y, al tiempo, dejó caer la posibilidad de revelar si comparece los trabajos que hizo para gobiernos del PSOE. Ese temor es el que puede frenar la comparecencia.
https://www.elconfidencial.com/espana/2020-11-05/gobierno-congela-comision-investigacion-kitchen_2819643/EL CONGRESO APRUEBA LA COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN SOBRE EL ESPIONAJE A BÁRCENAS CON LOS APOYOS DE LA INVESTIDURA DE SÁNCHEZ, CS Y EL PNV
El PP reclama a PSOE y a Podemos que también se les investigue a ellos
El Congreso indagará sobre la trama parapolicial y política del caso Kitchen, que también se está investigando en la Audiencia Nacional, que supuestamente trató de tapar y destruir pruebas de delitos de financiación ilegal en beneficio de la cúpula popular durante el Gobierno de Mariano Rajoy. La mayoría parlamentaria que propició la investidura de Pedro Sánchez ha vuelto a unirse este jueves para crear la comisión de investigación, junto a Ciudadanos y PNV. El PP la ha rechazado porque considera que todavía no hay nada probado y el país está para otras ocupaciones. Los números llevaban inexorablemente a la comisión así que los investigados, el PP, han arremetido durante la sesión contra el PSOE y Unidas Podemos. Ciudadanos, ha votado a favor, pero ha exigido que también se investigue el caso Neurona, abierto tras una denuncia por financiación irregular en Podemos, y que puede afectar al partido de Pablo Iglesias.
Ahora falta decidir fechas para que eche a andar la comisión, con una duración de tres meses. Así lo que han querido el PSOE, Unidas Podemos, Ciudadanos, PNV, ERC, JxCat, EH Bildu, BNG, Más País y la CUP. En contra han votado el PP, Foro Asturias y Coalición Canaria. Vox se ha abstenido. En total: 206 votos a favor, 88 en contra y 54 abstenciones.
La sesión ha registrado duros enfrentamientos y cada grupo ha llevado el discurso a su terreno para no hablar solo de la corrupción, sino, como continuación del debate del miércoles, de la Corona, la gestión de la pandemia y, por parte de los portavoces independentistas, de la conmemoración del tercer aniversario del referéndum que convocaron por la independencia de Cataluña.
Los argumentos del portavoz del PSOE, Felipe Sicilia, se han resumido en que con dinero público el Ministerio del Interior ocultó y destruyó pruebas que involucraban a la cúpula del partido en presunta financiación ilegal. Desde el aparato del Estado, al menos con la participación imprescindible del Ministerio del Interior, que dirigía Jorge Fernández Díaz, se despojó al extesorero del PP Luis Bárcenas de pruebas comprometedoras para la dirección del partido, presidido por Mariano Rajoy. Los dirigentes populares habrían recibido sobresueldos de una caja b del PP, nutrida con dinero de origen ilegal.
Nada está probado, ha argumentado la portavoz del PP en este debate, Ana Vázquez ―policía de profesión, como Felipe Sicilia―, para considerar innecesaria la comisión. En un discurso airado y encendido no ha entrado en el fondo del asunto sino que ha arremetido contra el PSOE y Unidas Podemos, con cita expresa e individual de varios diputados de la cámara presentes, que, a su juicio, sí debían ser investigados. Además de enumerar los nombres de los casos de corrupción del PSOE que están judicializados. La diputada popular no se ha referido a los de su partido, sino a casos de los demás. En su listado ha mezclado asuntos procedentes de informaciones periodísticas, otros en incipiente fase judicial y otros, avanzados o culminados.
“¡Qué vergüenza!”. Esta expresión ha sido muy repetida por la diputada de Coalición Canaria, Ana Oramas, y con fruición por el portavoz de Ciudadanos, Edmundo Bal. Este último preguntó al PP por qué se oponía a esta investigación sobre asuntos tan graves en los que “se verá que el señor Casado seguramente no tendrá nada que ver, y ya se verá sobre Rajoy”. Con escepticismo sobre los resultados, el portavoz del PNV, Aitor Esteban, ha anunciado su voto favorable. A Esteban, para quien el reproche judicial “no anula el reproche político”, lo que más le preocupa es “el clima de intolerancia” del país y la crisis institucional reinante, con cita expresa al Poder Judicial.
Los apoyos de Ciudadanos a la comisión, y la abstención de Vox o el no de Coalición Canaria, llevaron consigo el recordatorio de que ellos quieren investigar la financiación de Podemos, como le han requerido a su portavoz, Pablo Echenique. La petición ya se ha formulado, pero el PSOE, y los otros grupos de investidura de izquierda y nacionalista han impedido que se tramite.
El comienzo de la sesión, a las 9.00, ha sido bronco pero no solo entre el PSOE y el PP. Edmundo Bal, de Ciudadanos, ha conseguido encender a la Cámara tras la sugerencia de que PP, PSOE y Unidas Podemos, podían montar un seminario sobre “como corromperse y qué hacer cuándo te pillan”. Lo peor acogido ha sido la apostilla: “Nosotros no somos corruptos, no todos somos iguales, no somos corruptos como ustedes”. Esta generalización absoluta ha sido respondida con sonoras protestas. La presidenta del Congreso, Meritxell Batet ha echado una mano al portavoz de Ciudadanos. “Señor Bal, se entiende que su acusación de corrupción a toda la Cámara es en sentido figurado”. Bal ha respondido: “En sentido completamente figurado, señora presidenta”.
Se verá si es figurado o no el ahínco anunciado por Gabriel Rufián de ERC y Macarena Olona de Vox en sus actuaciones en esta comisión. El portavoz republicano aspira a que se sepa quién es “el Barbas, y la pequeñita”, y otros que cita el comisario jubilado José Manuel Villarejo. Pero Olona no quiere quedarse atrás.“Yo seré la portavoz en esa comisión y van a ver ustedes lo que es un interrogatorio”, ha avisado la portavoz de Vox, abogada del Estado de profesión.
https://elpais.com/espana/2020-10-01/el-congreso-aprueba-la-creacion-de-la-comision-de-investigacion-sobre-el-espionaje-a-barcenas.htmlDE LA CAJA B A LA COMISIÓN 'KITCHEN': LA CORRUPCIÓN DEL PP VUELVE AL CONGRESO
Este jueves está previsto que el Pleno de la Cámara apruebe la creación de la comisión de investigación sobre el supuesto uso de recursos y del Ministerio del Interior por parte del PP para intereses partidistas. Hace dos legislaturas los grupos no lograron cerrar unas conclusiones en la comisión que investigaba la supuesta financiación irregular de los conservadores.
Los casos de corrupción del PP volverán a ser una vez más objeto de una comisión de investigación parlamentaria. Este jueves el Pleno de la Cámara Baja debate la creación de una comisión para investigar "la utilización ilegal de efectivos, medios y recursos del Ministerio del Interior, con la finalidad de favorecer intereses políticos del PP y de anular pruebas inculpatorias para este partido en casos de corrupción, durante los mandatos de Gobierno del Partido Popular".
El PSOE y Unidas Podemos son los dos grupos que registraron la petición para crear este órgano, que ha sido bautizado como la comisión de la operación Kitchen, en referencia a a la denominación que recibió el operativo supuestamente desplegado desde el Ministerio del Interior para espiar al extesorero del PP Luis Bárcenas.
En la exposición de motivos, las dos formaciones proponentes explican que el levantamiento del secreto de sumario de la investigación "ha sacado a la luz hechos muy graves de utilización ilegal y partidista" de los recursos de Interior entre los años 2013 y 2015, por lo que consideran necesario que el Parlamento esclarezca las responsabilidades políticas de algunos de los altos cargos que en ese momento formaban parte de la cúpula del PP o de la estructura del Gobierno.
La mayoría de las formaciones de la Cámara, incluido Ciudadanos, han manifestado su apoyo para que la iniciativa salga adelante. Durante las últimas semanas, a medida que se han ido desvelando elementos de la investigación, el Parlamento ha sido el escenario de debates e intervenciones parlamentarias que se han centrado en señalar los supuestos casos de corrupción que estarían cercando al PP en uno de sus momentos políticos de mayor debilidad.
La portavoz del PSOE en el Congreso, Adriana Lastra, ha dedicado buena parte de sus ruedas de prensa relativas a la Junta de Portavoces a denunciar la existencia de estos escándalos, acusando al PP de tener "una cultura de depredación de las instituciones" y de protagonizar casos de corrupción "en 20 de sus 30 años de historia".
Por todo ello, está previsto que este jueves se apruebe la creación de la comisión de investigación. Si esto sucede, los grupos comenzarán una negociación para establecer la dinámica de trabajos que seguirá el órgano y para designar una Mesa y una presidencia, que dirigirá su actividad. En la iniciativa registrada está previsto que la comisión tenga una duración de tres meses, un tiempo que se podría prorrogar si así lo decide el Pleno del Congreso.
Aunque todavía no se ha constituido, desde hace semanas las formaciones de la Cámara apuntan hacia algunos de los ex altos cargos que podrían comparecer en el órgano; de hecho, en la petición de creación de la comisión ya se mencionan algunos de estos nombres. En concreto, el PSOE y Unidas Podemos recuerdan que el informe de la Fiscalía recoge "contundentes indicios de la presunta puesta en marcha de una trama parapolicial dirigida por el exministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, el que fuera su secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, y el antiguo máximo responsable de la Policía, Eugenio Pino".
Unidas Podemos quiere que comparezca Pablo Casado
Además, añaden que algunas de las "pruebas" aportadas en el informe apuntan a que el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy podría tener conocimiento de la trama, así como la ex secretaria general del partido, María Dolores de Cospedal, por su "interés personal" a raíz de la presunta existencia de documentación "comprometedora para ella misma".
Este martes, el portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, aseguró que, a su juicio, la comparecencia de Rajoy es ineludible, y apuntó hacia la posibilidad de que también compareciera el actual líder del PP, Pablo Casado. "Fue elegido presidente del PP con los votos de María Dolores de Cospedal y pactó la ejecutiva con ella", alegó el portavoz.
La comisión sobre la operación Kitchen no sería el primer órgano del Congreso monográfico sobre los escándalos de corrupción de los conservadores. Hace dos legislaturas, la Cámara mantuvo abierta durante casi dos años una comisión de investigación sobre la "presunta financiación irregular del PP", un espacio dedicado a investigar la supuesta existencia de la denominada caja B del partido por el que pasaron nombres como el de José María Aznar, el considerado cabecilla de la trama Gürtel, Francisco Correa, o el extesorero de la formación Luis Bárcenas.
La comisión sobre la supuesta financiación ilegal se cerró sin conclusiones. Sí que tuvo conclusiones la del uso partidista del Ministerio del Interior
En esta comisión también compareció Cospedal, y estuvo a punto de ser citado Mariano Rajoy tras la moción de censura que forzó su salida del Gobierno, pero el PSOE, el propio PP y el Grupo Mixto rechazaron que compareciese. A pesar de que los trabajos de la comisión duraron casi dos años, el adelanto electoral de abril de 2019 y el desacuerdo entre los grupos provocó un cierre en falso del órgano, que no sacó adelante unas conclusiones sobre la supuesta financiación irregular de los conservadores.
La que sí pudo sacar adelante unas conclusiones fue la comisión, también protagonizada por el PP, sobre el "uso partidista del Ministerio del Interior, bajo el mandato del ministro Fernández Díaz, de medios y recursos del Departamento y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado con fines políticos". De hecho, el contenido de esta investigación parlamentaria se asemeja en algunos aspectos a los hechos que investigaría la comisión de la operación Kitchen, que también apunta hacia un uso partidista del Ministerio del Interior, en este caso para "anular pruebas inculpatorias del partido".
En septiembre de 2017 el Congreso concluyó que el Ministerio de Interior que dirigía Jorge Fernández Díaz empleó fondos y recursos públicos, así como funcionarios del Estado para fabricar investigaciones fraudulentas contra sus adversarios políticos entre los años 2012 y 2017. El dictamen de la comisión fue aprobado en sesión plenaria por 172 votos a favor (Unidos Podemos, PSOE, ERC, PDeCAT, PNV y EH Bildu) y la abstención de Ciudadanos.
https://www.publico.es/politica/caja-b-comision-kitchen-corrupcion-pp-vuelve-congreso.html
LA MESA DEL CONGRESO DA LUZ VERDE A LA TRAMITACIÓN DE LAS DOS COMISIONES DE INVESTIGACIÓN SOBRE EL ESPIONAJE A BÁRCENAS
El PP vota en contra de las iniciativas presentadas por los partidos del Gobierno y los grupos independentistas y Vox se abstiene
La Mesa del Congreso de los Diputados ha calificado en su reunión de este martes las dos solicitudes de creación de sendas comisiones de investigación sobre la Operación Kitchen, la pieza separada del caso Villarejo en la que se investiga el presunto espionaje del Gobierno de Mariano Rajoy al extesorero del Partido Popular, Luis Bárcenas, en la que la Fiscalía Anticorrupción ha pedido la imputación del exministro del Interior Jorge Fernández Díaz y la exministra y exsecretaria general del PP, María Dolores de Cospedal.
La calificación del máximo órgano de gobierno de la Cámara Baja supone el aval para comenzar la tramitación de las citadas propuestas, cuya inclusión en el orden del día del Pleno deberá ser acordada por la Junta de Portavoces de la semana que viene. Fuentes parlamentarias explican que previsiblemente ambas comisiones se debatirán en el Pleno previsto para última semana de septiembre.
Durante la votación de la Mesa del Congreso los grupos que tienen mayoría en dicho órgano, PSOE y Unidas Podemos, han votado a favor de calificar las comisiones, Vox se ha abstenido y el PP ha votado en contra.
El texto registrado por socialistas y Unidas Podemos solicita que la Cámara investigue "la utilización ilegal de efectivos, medios y recursos del Ministerio del Interior, con la finalidad de favorecer intereses políticos del PP y de anular pruebas inculpatorias para este partido en casos de corrupción, durante los mandatos de gobierno del Partido Popular".
https://www.eldiario.es/politica/mesa-congreso-avala-tramitacion-comisiones-investigacion-espionaje-barcenas_1_6221797.html
LA COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN SOBRE EL ESPIONAJE DEL PP A BÁRCENAS LLAMARÁ A DECLARAR A MARIANO RAJOY Y A PABLO CASADO
El PSOE y Unidas Podemos quieren que se investigue al partido conservador “por anular pruebas inculpatorias” desde el aparato del Estado
No hay marcha atrás para la comisión de investigación de las actuaciones del PP en el espionaje a su extesorero Luis Bárcenas. Los socialistas tienen ya elaborado el texto en el que solicita a la Mesa del Congreso que se investigue al PP “por la utilización ilegal de efectivos, medios y recursos del Ministerio del Interior y otras instituciones del Estado, con la finalidad de favorecer intereses políticos del PP, perseguir ilícitamente a personas y de anular pruebas inculpatorias de ese partido en casos de corrupción, durante los mandatos del gobierno del PP”. Este es el objeto de la comisión, según señalan fuentes del PSOE y del grupo socialista. Unidas Podemos propone a sus socios que comparezca el actual presidente del PP, Pablo Casado, además del anterior, el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy, y la ex secretaria general del PP, Dolores de Cospedal.
La duración de los trabajos de esta comisión será de tres meses “prorrogables”. Por tanto, si sale adelante, que es prácticamente seguro, al menos, durante 90 días, en el Congreso se debatirá sobre las actuaciones de la cúpula del PP y de su Gobierno, presidido por Mariano Rajoy, para despojar al extesorero del PP Luis Bárcenas de todas las pruebas que pudiera tener sobre una caja b en el partido.
En este asunto pueden estar implicados el exministro del Interior Jorge Fernández Díaz, aunque el partido trató de que solo resultara incriminado el número dos de ese ministerio, Francisco Martínez, para quien su error fue “confiar en miserables Rajoy, Fernández Díaz y Cospedal”. Hay “contundentes indicios”, de la presunta puesta en marcha de una “trama parapolicial” dirigida por el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, junto al ex secretario de Estado Francisco Martínez y el exresponsable de la policía, señalan en el PSOE. Esta operación irregular “pagada presuntamente con fondos reservados” tenía como finalidad obtener “material comprometedor para altos dirigentes del PP”, añaden.
Algunas de las declaraciones aportadas en el informe de la Fiscalía Anticorrupción “apuntan presuntamente al conocimiento de la trama del entonces presidente del Gobierno, Mariano Rajoy”. El informe señala también a la ex secretaria general del PP Dolores Cospedal, que dejó la política tras conocerse su relación con el comisario jubilado José Manuel Villarejo, actualmente en prisión, presuntamente conocedor y mediador en numerosas operaciones ilegales. A Cospedal se le atribuye “interés personal”, además de político en que desaparecieran las pruebas que Bárcenas tenía en su domicilio.
Los nombres de los comparecientes tendrán que ser pactados, aunque la cúpula del anterior PP tendrá que pasar por el Congreso y el debate girará irremediablemente sobre el actual presidente, Pablo Casado. En Unidas Podemos no tienen duda de la necesidad de que acuda Casado porque en su elección como presidente obtuvo el apoyo de Cospedal en la segunda vuelta para que no saliera Soraya Sáenz de Santamaría, que era la candidata de Rajoy. Si Casado no tuvo apego alguno con Rajoy, tampoco mostró una especial relación con Cospedal una vez que obtuvo su apoyo.
https://elpais.com/espana/2020-09-10/la-comision-de-investigacion-sobre-el-espionaje-del-pp-a-barcenas-llamara-a-declarar-a-mariano-rajoy-y-a-pablo-casado.html
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